El deterioro de la sanidad pública disparó el negocio de la privada en 2024 hasta superar los 12.000 millones

Nunca antes habían hecho tanta caja. Las aseguradoras privadas continúan haciendo negocio con el deterioro de una sanidad pública cada día menos valorada por sus pacientes y más precarizada para sus profesionales. En 2024, según el último informe anual publicado por la patronal Unespa, los seguros de salud se embolsaron 12.059 millones de euros, una cifra con la que pulverizan todos sus récords y que supone ya un incremento del 28,5% en su facturación desde 2020. La pandemia no les afectó, al contrario: lo que viven desde entonces estas empresas son auténticos años dorados.

Su crecimiento es imparable. La facturación del negocio de la salud fue en 2024 un 7,4% superior al de 2023, el año en el que las ganancias alcanzaron cotas nunca antes vistas. Fue entonces cuando superaron por primera vez los 10.500 millones de euros de ingresos. Una cifra que ahora parecen migajas y que a todas luces quedará todavía más lejos este año.

A falta de los datos correspondientes a 2024, los últimos publicados por la Fundación IDIS —correspondientes a 2023— cifraban en 12,4 los millones de asegurados en nuestro país, un número que tampoco parece tocar techo. Un año antes eran 400.000 personas menos, pero es que en 2019, antes de la pandemia, la diferencia era de dos millones. En relación con la población, la penetración de los seguros privados en nuestro país ya se sitúa en el 25,9%, aunque en algunas comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares su presencia es muchísimo mayor. El 38,7% de los madrileños, el 32,4% de los catalanes y el 30,9% de los baleares ya tiene una póliza contratada.

Si a eso le sumamos que cada año se paga más, tenemos el cóctel perfecto para la lluvia de millones. Según el comparador sectorial Selectra, las aseguradoras de salud han subido un 10% sus precios este 2025. Pero es que en 2024 también lo hicieron otro tanto. Igual que en 2023. La explicación, al menos la que ofrecen las propias compañías, es que todo se ha encarecido —cosa que es cierta— y que se ha incrementado la siniestralidad, algo que la Fundación IDIS, que no es ni mucho menos imparcial en sus análisis, no reflejó en su último informe. Según sus datos, la asistencia sanitaria de aquellas personas aseguradas se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos años: era de un 71% en 2019 y de un 71,3% en 2023.

¿A qué se deben entonces los 12.000 millones? Pues los expertos lo tienen claro. Y lo confirmaron hasta mediante un estudio. La respuesta al cada vez mayor número de asegurados y al consecuente incremento imparable de la facturación sobre las empresas que hay detrás la tiene la sanidad pública. Bajo el título ¿Qué determina la elección público-privada en la sanidad española?, José Rama, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y los investigadores en el ámbito sanitario Javier Rama y Olalla Iglesias, concluyeron que "la preferencia por alternativas privadas sanitarias frente a públicas está fuertemente relacionada con la satisfacción del paciente con el SNS". Dicho de otro modo: cuanto peor concepto se tiene de la pública, más se tiende a ir a la privada.

Se puede comprobar con las estadísticas que hay disponibles. En concreto, con los barómetros sanitarios que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica periódicamente. Todos incluyen siempre una pregunta sobre el grado de satisfacción con el sistema sanitario público, una cuestión a la que se responde otorgando una nota de 0 a 10, siendo la primera un "muy insatisfecho" y la segunda un "muy satisfecho". Pues bien, en 2019 el porcentaje de encuestados que respondían en la escala de 0 a 4 era de 10,6%; en 2024, de 18,5%. Si miramos más de cerca, ahora hay un 4,6% que se declaran "muy insatisfechos"; antes de la pandemia, un 1,6%.

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Unespa no especifica quién se reparte el pastel de los 12.000 millones, pero la Fundación IDIS sí concreta en sus informes anuales quiénes son las empresas que más se benefician de estos números. Y siempre son las mismas. Según el último informe del lobby, SegurCaixa Adeslas, Sanitas y Asisa fueron las compañías que más dinero ingresaron en sus cajas. Por detrás, DKV, Mapfre y Axa. Sólo entre esas seis hablamos de 8.438 millones de euros.

Da la casualidad de que tres de ellas, además, llevan meses en el foco mediático. Se trata de SegurCaixa Adeslas, DKV y Asisa. El motivo: Muface, la mutua por la que los funcionarios del Estado pueden decidir si acogerse a la asistencia sanitaria por la vía pública o por la vía privada, escogiendo alguna de esas tres aseguradoras. El sistema lleva años cuestionado, y ha sido criticado hasta por la propia ministra de Sanidad, Mónica García, que lo ha tildado en no pocas ocasiones de "anacrónico". Aun así, iba a ser renovado este 2025 y hasta 2027, pero la primera licitación fue rechazada y la segunda todavía continúa en el aire.

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Todo está en manos de Asisa, que es la única de las tres compañías que, al menos por ahora, no se ha apartado de la segunda licitación del Gobierno, que ha ofrecido un incremento de la prima en un 33,5% para estos tres años, un porcentaje muy cercano al 40% que inicialmente pidieron las aseguradoras.

Este próximo lunes acaba el plazo para que dé una respuesta, pero el Ejecutivo ya ha dicho que podría compensar las pérdidas que la empresa asegura que tendría en el caso de aceptar la cantidad puesta sobre la mesa. Es lo que hicieron ya las otras dos que hasta este año ofrecían el servicio al millón y medio de funcionarios acogidos a esta modalidad de asistencia sanitaria.

Dijeron que no podrían aceptar las pérdidas que acarrearían, pero lo cierto es que nunca han tenido una oferta igual delante. Además ésta siempre ha ido en aumento. En los últimos diez años, el Gobierno ha incrementado la partida destinada a Muface en un 32%. Tanto es así que en 2023, destaca IDIS, lo obtenido a través del mutualismo administrativo —1.700 millones de euros— supuso un 16% del total de lo facturado ese año.