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Víctimas del franquismo

La ONU exige al Estado que investigue los crímenes de Franco y que apoye a las víctimas de la dictadura

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Ibon Uría

"El sufrimiento de los familiares demuestra que los crímenes de desaparición forzada son delitos continuados". Con esta frase, Ariel Dulitzky, miembro del grupo de enviados de la ONU para evaluar las acciones emprendidas en España en materia de verdad, justicia, memoria y reparación resumía las sensaciones de los expertos tras una semana de trabajo: que aún hay mucho por hacer en este terreno, a pesar de lo que ha calificado de "tímidos" avances desde la reinstauración de la democracia.

Tras una semana de trabajo en diferentes ciudades españolas, el grupo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas ha recordado este lunes que todavía hay más de 2.500 fosas comunes del franquismo por abrir, más de 100.000 desaparecidos represaliados por la dictadura por encontrar y que se tiene conocimiento de que hasta 30.000 niños fueron robados.

Durante estos días han mantenido encuentros con familiares, activistas, juristasactivistas, representantes de Justicia, Interior, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las dos cámaras del Parlamento. También ha habido sesiones de trabajo con autoridades autonómicas de Cataluña, Euskadi y Andalucía y con el Defensor del Pueblo de estas mismas Comunidades.

Entre las propuestas del grupo de expertos figura la aplicación de la Ley de Memoria HistóricaLey de Memoria Histórica, un instrumento que califican de "clave" pero que en la actualidad se ha quedado sin financiación desde la llegada al Gobierno del PP. También reclaman el fin de la Ley de Amnistía, una norma preconstitucional que, recuerdan –como ya hicieron en su informe anual de 2012–, no puede suponer el punto final a la obligación del Estado a investigar unos crímenes que, han dicho, no prescriben. En la misma línea, se censura la inexistencia de un delito autónomo que tipifique los crímenes de desaparición forzada.

Ante este panorama, Naciones Unidas cree que lo más conveniente es articular una institución estatal que centralice los recursos, la información y que elabore un Plan Nacional de búsqueda de los desaparecidos. "El Estado debería asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política permanente", han señalado. Por el contrario, en la actualidad, son las asociaciones de Memoria Histórica las que llevan el peso de las tareas de búsqueda de los desaparecidos, algo que ha llamado la atención de los expertos: "Instamos a las autoridades a consultar a las víctimas y a darles más apoyo institucional y financiero", han concluido.

La causa argentina

Con respecto a la causa abierta recientemente en Argentina, en la que la jueza María Servini reclama la extradición de cuatro ex altos funcionarios –dos de los cuales siguen vivos–, los enviados de la ONU han explicado que no preguntaron directamente a las autoridades españolas, ya que el proceso se refiere a delitos de torturas y no a desapariciones forzadas. Sin embargo, sí han expresado su confianza en que el Gobierno cumpla con su compromiso de colaboración, y han instado a "jueces y fiscales a tomar en serio estas causas, a investigar aquí en España".

En este sentido, han recordado que "el Poder Judicial español ha estado al frente de la aplicación de la jurisdiccón internacional. Ahora, es el turno de España para brindar toda la cooperación a las autoridades judiciales de terceros países que están investigando en España". Finalmente, se han referido al caso del juez Garzón en la Audiencia Nacional. "Sin querer personalizar", han advertido, los miembros del grupo de trabajo han añadido a continuación que el fallo del Supremo, en el que se establecía la prescripción de los delitos y se presumía a todos los responsables muertos "no ha contribuido a asegurar el derecho a la Justicia en España".

"El de desaparición es un delito continuado hasta que se conoce el paradero de la víctima. La prescripción sólo puede comenzar a correr desde cuando se establece qué ha pasado con el desaparecido de forma clara", han dicho. Y mientras eso no se cumpla en España, han sentenciado "no habrá investigaciones efectivas ni derecho a un recurso justo".

Satisfacción entre las víctimas

Por su parte, Jaime Ruíz, portavoz de la Plataforma por una Comisión de la Verdad, ha valorado de forma positiva las conclusiones preliminares de los expertos de la ONU: "Tenemos la esperanza de encontrar un mayor eco en el marco internacional", ha asegurado en declaraciones a este medio a la conclusión de la rueda de prensa. Ruiz ha destacado especialmente dos aspectos.

En primer lugar, que los enviados de Naciones Unidas hayan podido realizar su trabajo sin limitaciones: "Han podido hacerse una idea próxima a la realidad", ha subrayado. Y en segundo lugar, que las recomendaciones preliminares estén en sintonía con la reivindicación fundamental del colectivo memorialista: la apertura de un proceso de exhumaciones e investigación que remueva los obstáculos a los que se enfrentan en la actualidad las víctimas y sus familiares.

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"Hemos visto que nuestras demandas encajan en el Derecho Internacional, no son una locura ni algo desfasado", ha añadido. Ruiz ha pedido que la Justicia "no se esconda tras la Ley de Amnistía" y ha reclamado la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y de los compromisos internacionales suscritos por España. Se trata, ha concluido, de que España "se enfrente a su pasado y recuerde a quienes lucharon por la democracia".

Las conclusiones preliminares de los expertos de Naciones Unidas se presentarán a modo de informe a principios de 2014. Antes, se trasladará el resultado definitivo de la visita al Ejecutivo, con quien los expertos han subrayado que se quieren mantener en todo momento los cauces de diálogo abierto. Aunque las recomendaciones finales no tienen carácter legalmente vinculante –"expresan el parecer de la ONU sobre una materia concreta", han dicho ante los medios–, los representantes del organismo internacional han enfatizado que España debería cumplirlas.

Finalmente, han indicado que en un plazo de dos años se revisarán nuevamente las iniciativas adoptadas por el Ejecutivo en materia de verdad, justicia, memoria y reparación.

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