El escrache a Sáenz de Santamaría: ni ilegal, ni coactivo, ni ilegítimo

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación de la Fiscalía contra el archivo de las actuaciones y el sobreseimiento en la causa por el escrache de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en abril de 2013. Los tres magistrados que integran la sala dejan claro que "no se infiere que los hechos sean constitutivos de las infracciones penales que el Ministerio Fiscal pretende".

El acontecimiento al que se refiere el auto ocurrió el 5 de abril de 2013. Entonces, cientos de personas se concentraron ante el domicilio de Sáenz de Santamaría para pedir la dación en pago con carácter retroactivo y la paralización inmediata de los desahucios. Y aunque el PP lo calificó de acto de "acoso" y "coacción", de protesta "ilegítima" y "profundamente antidemocrática", la Audiencia Provincial deja claro que las manifestaciones y concentraciones constituyen "un mecanismo ordinario de participación democrática". 

No es la primera vez en la que la Justicia rechaza que la protesta fuera delictiva. Tras la denuncia del marido de la vicepresidenta, José Iván Rosa Vallejo, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero Iglesias, no halló indicios delictivos. "Este instructor no encuentra en la conducta de los denunciados un grave atentado contra la libertad, intimidad e seguridad de la vicepresidenta y su familia por la finalidad de la concentración o escrache era (...) expresar en la vía pública la información las ideas del colectivo concentrado", señaló.

Ahora, y tras recurrir la Fiscalía, la Audiencia Provincial hace suyas las tesis de Sexmero, cuya resolución se califica de "razonada y razonable". Sin embargo, los tres magistrados de la Sala van más allá, destacan las "evidentes razones de interés público" que concurren en el caso y entran a pronunciarse sobre "los argumentos de fondo planteados por el Ministerio Fiscal" y también por las defensas de los denunciados.

Desmonta la tesis de la Fiscalía

El auto conocido este martes [ver en PDF] rechaza punto por punto los argumentos del fiscal. Así, y sobre el posible delito o falta de amenazas, la Audiencia dice que no ocurrieron "actos o expresiones (...) indicativos de la intención de hacer objeto de algún perjuicio a la vicepresidenta, a su familia o a alguna otra persona".

En referencia a un posible delito de coacciones cuya existencia defendía el Ministerio Público –que recordó que el denunciante "tuvo que abstenerse de salir a pasear con su hijo"–, se resuelve que "la injerencia en la libertad" que supone la concentración "se ve matizada por el escaso tiempo en que se produjo [el escrache, se recuerda, duró apenas 20 minutos] y por la presencia policial que atemperaba la inquietud" de la familia de la vicepresidenta.

Finalmente, y sobre la posibilidad de que la preencia de manifestantes alteraran el sentido del voto de la vicepresidenta del Gobierno, los jueces consideran que sostener tal cosa es "una mera conjetura sin base alguna, que ni la propia afectada reconocería conforme al cargo y a la forma en que ejerce sus responsabilidades".

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Manifestación legítima

Tampoco acepta la Audiencia Provincial el argumento de que el escrache, por no comunicado, era ilegal: "Aun cuando la reunión se convocó se convocó sin comunicación administrativa previa, no puede ser descalificada como alegal o ilegítima, porque tal requisito no constituye elemento integrante del derecho fundamental de manifestación", sostienen los jueces.

En definitiva, los jueces aceptan que "una concentración suele resultar indudablemente molesta", pero concluyen que "las manifestaciones y concentraciones (...) se producen como medio de denuncia o protesta por las decisiones tomadas o que se van a tomar" y que no son sino "un mecanismo ordinario de participación democrática (...) y expresión del pluralismo de los ciudadanos". "Y lo mismo puede decirse del presente caso", sentencian los jueces.