Algunas acusaciones niegan la prescripción de los delitos y estudian pedir la imputación de Rajoy

Varias acusaciones personadas en el caso de los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas estudian recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de imputar solo a los extesoreros y al exgerente del PP por la financiación ilegal, con la intención de incluir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al predecesor de esta en el cargo, Ángel Acebes.

Estas acusaciones y las defensas de los imputados tienen tres días para presentar el recurso de reforma ante el juez y cinco días ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En esos recursos están obligados a incluir la petición de nuevas imputaciones, como la de Rajoy o Cospedal. Si al final se decidiera cualquier imputación, el procedimiento tendría que paralizarse para que pudieran declarar ante el juez. También habría que tener en cuenta que el presidente del Gobierno está aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que la causa debería abandonar la Audiencia Nacional.

Asimismo, los querellantes (Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad); el PSOE; Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) consideran que la decisión del magistrado de cerrar el caso ha sido "apresurada" y aseguran que la instrucción está "incompleta".

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha especificado que el PSOE, como parte personada en esta causa, va a recurrir el auto del juez Pablo Ruz para que, además de sentar en el banquillo a los extesoreros del PP, se impute a los secretarios generales de quienes dependían, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal.

Imputar a Rajoy

A consecuencia de eso, el abogado del PSOE se plantea si también pedirán imputar a Rajoy en su condición de presidente del PP desde hace más de diez años. Según ha dicho, tomarán una decisión en los próximos cinco días. Por el momento, adelantó que creen que "puede haber motivos suficientes" para ampliar este recurso al jefe del Ejecutivo.

Por su parte, el letrado del PSM-PSOE, Wilfredo Jurado, echa de menos una mayor contundencia en la calificación jurídica realizada por el juez: "En los hechos lo dice todo, pero al final me falta algo. Creo que el juez Ruz podría haber sido más contundente", sostiene Jurado, que valorará pedir nuevas imputaciones. 

En este sentido, el abogado José Mariano Benítez de Lugo, de ADADE, asegura que en los próximos días decidirán su postura sobre la imputación de Rajoy: "El problema es que el juez Ruz marcó una línea roja, que consistía en no citar a Mariano Rajoy, pero paradójicamente ahora da a entender que es el máximo responsable. Yo pedí su declaración como testigo y se negó. Pero ahora viene a darme la razón al asegurar que Bárcenas y los demás eran empleados".

"Apresurado e incompleto"

Izquierda Unida y otras cuatro asociaciones que ejercen la acusación popular en la causa quieren que todos los responsables de la caja B del PP y los constructores que "realizaron los pagos presuntamente ilegales a cambio de contratos públicos sufran un duro reproche penal". No obstante, IU no adelanta si reclamará la imputación de Mariano Rajoy.

Los querellantes consideran que el auto de Ruz ha dado por acreditados indiciariamente una serie de delitos que deberían desencadenar "decisiones políticas drásticas" en la formación de Rajoy.

El letrado de la asociación Observatori DESC, Gonzalo Boye, recalca, en este punto, que los estatutos del PP determinan quiénes tienen la responsabilidad penal no son los extesoreros sino los que tenían, en ese momento, la condición de administradores de hecho o de derecho de la persona jurídica del Partido Popular.

Prescripción de los delitos

Asimismo, estas acusaciones rechazan el criterio expresado por el juez Pablo Ruz en el que asegura que los delitos continuados de falsedad contable y delitos electorales descartados deberían incluirse en la acusación: "Nosotros consideramos que los delitos podrían no haber prescrito", especifica el abogado José Mariano Benítez de Lugo.

Este letrado, que hasta hace unos días estaba personado en la Audiencia Nacional en representación de ADADE, justifica esta postura por el artículo 666.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica que la prescripción de los delitos debería decidirse justo antes del juicio oral: "Por eso la consideración del juez de que los delitos habrían prescrito podría ser prematura", completa Benítez de Lugo.

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Falsedad contable

El representante legal del PSM-PSOE en Gürtel, Wilfredo Jurado, sostiene que la prescripción es "dudosa". En similares términos se expresa el letrado de la asociación Observatori DESC, Gonzalo Boye, que explica en un artículo publicado en eldiario.es que el delito de falsedad contable en periodo electoral podría impedir la prescripción de los delitos que estuvieran conectados.

Por su parte, los querellantes encabezados por IU aseguran sobre la vigencia de estos delitos: "La existencia de una caja B en el Partido Popular, la comisión de un delito electoral o de financiación ilegal y la falsedad contable tendrían que provocar dimisiones en masa", señalan las asociaciones antes de considerar "cuestionable" que el juez considere que estos delitos hayan prescrito.