Memoria histórica

Un abogado demanda a Tortosa por su negativa a retirar un monumento franquista

La CUP rechaza la votación ciudadana y pedirá la retirada del monumento franquista de Tortosa

El abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz presentó este martes una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Tarragona contra el Ayuntamiento de Tortosa en relación con el monumento franquista construido en el bajo Ebro a su paso por la localidad. El símbolo fascista, según Ranz, fue alzado para conmemorar la victoria del bando nacional durante la conocida como batalla del Ebro.

El pasado sábado, la localidad tarraconense celebró una votación ciudadana para consultar si los vecinos de Tortosa querían o no deshacerse del símbolo. El resultado denegó su retirada, generando el rechazo de la CUP y de ERC, quienes se comprometieron a trabajar "para retirar el monumento franquista, reformado o no, si cabe por la vía judicial".

Ranz, en consonancia con ambos grupos, consideró que la consulta nunca debió realizarse, “puesto que la verdadera votación se produjo hace 9 años en el Congreso con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica”. El principal argumento de la demanda presentada sostiene que, con la retirada del monumento, únicamente se solicita el cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, la cual indica que debe hacerse un catálogo de vestigios de exaltación de guerra civil y dictadura, para su posterior retirada o eliminación.

El escrito presentado ante el tribunal, Ranz solicita que se personen como declarantes el Secretario General Técnico, Ferran Bel I Accensi, el alcalde la localidad, y Meritxell Borràs i Solé, Consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat.

Demandó a ocho pueblos por no cambiar sus nombres franquistas

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No es la primera que Eduardo Ranz presenta una demanda para exigir el adecuado cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. El pasado 19 de mayo, Ranz demandó a ocho pueblos por negarse a modificar sus nombres franquistas, requisito establecido por la ley. 

Los pueblos demandados ante los juzgados de contencioso-administrativo de sus capitales de provincia fueron Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria) y Villafranco del Guadalhorce (Málaga). Todas estas demandas, salvo las de Llanos del Caudillo y Alcocero de Mola, fueron admitidas a trámite.

El abogado también denunció a varios alcaldes por no retirar la simbología franquista en sus municipios, incumpliendo así la ley. También denunció a 15 obispados y arzobispados por mantener los vestigios franquistas en sus propiedades.

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