Topes a los precios, ayudas o menos impuestos: pros y contras de las medidas ante la carestía en el súper

Los precios han vuelto a escalar en febrero, en parte, nuevamente, por los precios alimentarios. La lucha contra la inflación se ha instalado en toda Europa en el supermercado. El sobrecalentamiento de los precios energéticos han afectado a toda la cadena alimentaria y han llegado a las estanterías de los comercios con algunos meses de retraso, aunque, hace ya muchos meses que dichos precios energéticos han retrocedido, sin que esta oleada haya llegado al consumidor. 

El INE ha constatado este martes que la inflación subyacente, aquella que no incluye materias primas alimentarias ni energéticas, sigue creciendo con fuerza. Esto quiere decir que los precios están subiendo, por ejemplo, en los alimentos elaborados, al margen del comportamiento de los volátiles precios del cereal, el trigo, el gas o el petróleo en los mercados financieros. Estos han bajado considerablemente en los últimos meses, pero no se ha trasladado al consumidor. A falta del dato definitivo, que llegará en un par de semanas, la inflación subyacente de febrero ha alcanzado el 7,7%, una cifra sin parangón en la serie histórica de los últimos 21 años.

Este miércoles, la asociación de consumidores financieros Asufin ha revelado que la supresión del IVA en los productos básicos alimentarios ya se ha diluido: la cesta básica ya es más cara que el 30 de enero.

La asociación ha hecho un repaso de los productos de estas cinco grandes distribuidoras, que controlan casi la mitad del mercado 13 productos que incluyen pan, harina, leche, huevos, fruta, verduras, aceite y pasta. Es el caso de Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo comprar estos 13 productos hoy es más caro que a finales de enero: 2,13, 0,78 y 0,39 euros, respectivamente. En el caso de Dia y Mercadona, estos se han reducido 1,23 y 0,13 euros. El balance sale a perder para el consumidor: los precios han subido, de media, 39 céntimos. 

Esta situación es así, pese a que los precios ya deberían estar bajando. Esto ha provocado un gran malestar entre los consumidores, que ha tenido un efecto en el seno del Gobierno. Yolanda Díaz e Ione Belarra han hecho dos propuestas por separado: topar los precios y bonificarlos. Los ministros económicos implicados, Calviño, Montero y Planas, piden calma y tiempo para revisar todas las opciones. Hay varias medidas posibles, pero ninguna es palmaria: en todos los casos hay pros y contras.

“Obviamente hay que tomar medidas”, opina el economista Alejandro Inurrieta, que fue asesor del Ministerio de Economía. “La tendencia de los precios no es coyuntural, se ha echado la culpa a la guerra en Ucrania de todo, pero es un problema serio. Hay una disfunción entre el precio de origen y el precio final. Si antes había un 200% de diferencia, ahora es del 400%. Putin ya no tiene nada que ver con que el precio de la lechuga suba: tiene que ver con el poder de negociación de las empresas de distribución”, añade.

El analista financiero Javier Santacruz está de acuerdo en que hay que tomar medidas: “No solo porque los precios suban de una manera tan importante. España arrastra un problema grave desde hace décadas y es que hay un sindiós en el mercado alimentario. Es un mercado absolutamente fragmentado, donde hay diferentes ofertas, diferentes demandas. Donde es posible que un agricultor en Valencia decida no recoger sus naranjas o limones porque no le compense, porque los precios estén bajos, y a 30 kilómetros se estén descargando en el puerto valenciano naranjas de EEUU o limones de Sudáfrica. Hay un problema gravísimo de estructura de mercado”, explica Santacruz. 

Medida 1: fijar los precios de los alimentos 

Fijar precios es la propuesta que defiende la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Publicó un tuit en el que resaltaba el artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista, que habla de la capacidad de fijar precios que ostenta el Gobierno en los productos de primera necesidad o materias primas estratégicas. “Es una medida demasiado compleja. Podría toparse los precios para que no subieran más, como se hizo con el gas, pero fijarlos es algo muy complicado, habría que hacerlo en todas las grandes superficies, tiendas, mercados… En algunos casos podría ser incluso ilegal”, sostiene Inurrieta, en relación a las leyes de competencia. 

Esta idea de Inurrieta iría en línea de la situación fragmentada que denuncia el analista Javier Santacruz: el precio de una lechuga en Mercamadrid no es igual al de Mercasevilla. Poner el mismo precio en ambos sitios crearía una disfunción en el mercado. El mercado del gas no presentaba esta característica. “Fijar precios podría provocar mercado negro en los pueblos y en las ciudades pequeñas y medianas. Los productores, que se buscan la vida, buscarían vender un precio mayor que al que tendrían que vender sus productos a la gran distribución”, añade el analista. 

Sin embargo, el economista Inurrieta sí aprecia una medida que contempla la Ley de Comercio Minorista: en lugar de fijar precios, fijar márgenes de beneficios: “Sería más efectivo. Limitando los márgenes te apropias de ese excedente, esa diferencia del 400% que comentaba antes. Es más entendible, más fácil de abordar, mejor encaje legal y más eficiente. Ahora mismo no se sabe cuánto ha pagado un intermediario por la lechuga que está vendiendo. Sería exigir transparencia, desnudar a las grandes superficies, y establecer un límite al beneficio. Por supuesto, de manera temporal. Lo que no es admisible es que el precio de la lechuga caiga en origen un 20% y al consumidor final le esté subiendo el precio”, critica el economista. 

Esta medida sería lo equivalente a lo que hizo el Gobierno cuando limitó el precio de las mascarillas en lo peor de la pandemia. En la práctica, aunque no se trate de un impuesto, el resultado también es comparable al del gravamen extraordinario a las empresas energéticas y financieras. “Se puede invocar, pero tiene que estar muy bien justificado. Los márgenes en el sector del comercio minorista son mucho más pequeños que los de las empresas de energía o los bancos. Pero tiene sentido, sería exigir transparencia al mercado y acercarnos a un verdadero mercado único alimentario”, señala el analista. 

Medida 2: bonificar el precio de algunos alimentos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, propone una medida diferente: bonificar un 14,4% a 20 artículos básicos de la cesta de la compra. Es una medida similar a lo que se hizo al bonificar para todos los consumidores por igual 0,20 euros los carburantes. Sería una manera de aplacar una gran parte de la subida de los precios alimentarios en algunos productos elementales, que en enero habían subido un 15,5% respecto al mismo mes de 2022.

“Esta medida me parece más sencilla de aplicar”, aporta Javier Santacruz. “No constante, puede presentar un problema. En el caso de los carburantes, se constató una apropiación por parte de las gasolineras low cost, ya que parten de márgenes de beneficios más bajos. En la alimentación también compiten las marcas con marcas blancas. Podría ser una oportunidad para las marcas blancas para incrementar, aunque sea de manera mínima, sus márgenes”, explica Santacruz. 

“Ya subvencionamos los carburantes a la gente de más rentas. No me parece bien subvencionar a todos por igual”, critica Inurrieta. “También me parece complejo de ejecutar. ¿Aplicar un descuento a 20 productos que sean iguales en todos y cada uno de los supermercados, tiendas, etc? ¿Quién lo recauda? Me parece muy complicado de seguir cómo se implementa. Además, cuando das subvenciones, la tendencia es a aumentar los precios. Es lo que los economistas llaman ‘arbitraje’: si hay un producto subvencionado, las empresas acaban subiendo el precio para que se iguale a la subvención”, añade el economista.

Medida 3: cheques para las familias vulnerables

Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda) y Luis Planas (Agricultura) no ven con buenos ojos las dos primeras medidas propuestas por Yolanda Díaz e Ione Belarra. Habría otras medidas que, aunque no vayan a bajar la inflación alimentaria, sí ayudarán a las familias más vulnerables a capear el temporal: dar subvenciones directas a quienes más lo necesitan, algo más sencillo de hacer ahora, respecto a hace unos años, tras el ejercicio de cruce de registros entre administraciones que se hizo para identificar a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. 

“Sería partidario de cheques directos durante un tiempo determinado”, expresa Inurrieta. “Como los cheques de 200 euros, pero aumentando un poco el umbral, quizás hasta rentas de hasta 30.000 euros anuales. Creo que sería una medida razonable, se podría aprobar de manera inmediata. Se sabe lo que las familias gastan en alimentación y cuánto han subido los precios, es fácil deducir cuál ha sido la diferencia de la cesta y cuál sería el importe adecuado del cheque. Eso sí, no tendría impacto sobre la inflación, es para aliviar a las rentas bajas y medias”, añade el economista.  

El '155 de la alimentación': el poder para fijar precios que Yolanda Díaz evoca si no baja la cesta del súper

Ver más

Santacruz coincide en que es una medida adecuada: “Es más justa e inteligente. Es la menos distorsionante en términos de precios, que no produciría contaminación en la competencia entre marcas y marcas blancas, entre comercios pequeños y grandes… En los Ayuntamientos se lleva haciendo desde hace años. Políticas de este estilo funcionan bien, ayudaría a los que más lo necesitarían, lo cual tendría todo el sentido”, explica el analista financiero.

Medida 4: bajar más impuestos

Otra medida que podría plantear el Gobierno sería bajar otros impuestos que afectan a todos los actores de la cadena alimentaria, productores, intermediarios y distribuidores. “No hay un espacio tan grande para acometer bajadas de impuestos, como pasaba en el caso de la luz y el gas. En ese sentido, la medida era más eficiente porque bajó el precio final de manera proporcional y el consumidor final se benefició. Aquí terminaría siendo algo que beneficie a los actores intermedios”, critica Javier Santacruz.

Inurrieta coincide con el analista: “Desde mi punto de vista: no”, expresa, tajante. “Yo creo que nunca se debería haber bajado el IVA de los productos alimentarios, está demostrado que no sirve. Veo a Calviño y a Planas casi llorándole a las grandes superficies… Pidiéndoles, por favor, que sean buenos… Y, no. Esto es la selva. Las grandes superficies no están obligadas a repercutirlo y no lo hacen, a no ser que exista control, seguimiento y multas”, critica el economista.