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La Eurocámara denuncia que Hungría es un "régimen híbrido de autocracia" y critica la inacción de los 27

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora el 4 de agosto de 2022.

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El pleno del Parlamento Europeo ha denunciado este jueves que Hungría se ha convertido en un "régimen híbrido de autocracia electoral", en el que se celebran elecciones pero no se respetan los estándares democráticos, al tiempo que ha acusado a los Estados miembros de inacción por no avanzar en el Consejo con el procedimiento para sancionar a los socios que ponen en riesgo grave el Estado de derecho, según informa Europa Press.

El informe adoptado con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones recuerda que hace cuatro años que la propia Eurocámara inició el procedimiento que activa el Artículo 7 del Tratado de la UE y advierte de que durante este periodo la situación de los derechos fundamentales en Hungría se ha deteriorado por los "esfuerzos deliberados y sistémicos del Gobierno" de Viktor Orbán.

Entre las principales áreas que preocupan a los eurodiputados destacan el funcionamiento de los sistemas constitucional y electoral, la independencia de la judicatura, la corrupción y los conflictos de interés y la libertad de expresión, incluido el pluralismo informativo.

También alertan de amenazas para la libertad académica, de religión y de asociación, para el derecho a la igualdad de trato, incluidos los derechos de las personas LGBTIQ, los derechos de las minorías y en la situación de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.

Así las cosas, el pleno reunido en Estrasburgo afea la falta de medidas por parte de los Veintisiete a los que recalca que pueden avanzar en el procedimiento del artículo 7 sin necesidad de unanimidad, ya que ese nivel de consenso sólo es necesario para decidir sobre posibles sanciones al término del análisis del Estado de derecho por ese mecanismo.

Además reclaman que la deriva antidemocrática de Budapest tenga consecuencias en su acceso a los fondos europeos, por ejemplo excluyendo de financiación los programas de cohesión que contribuyan al mal uso de los fondos de la UE o a vulneraciones del Estado de derecho.

A juicio de los eurodiputados, tampoco se debe aprobar el plan de recuperación de Hungría hasta que el país cumpla plenamente todas las recomendaciones del Semestre Europeo y aplique todas las sentencias relevantes del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos.

La respuesta de Hungría ha llegado por boca del portavoz del Gobierno, Zoltan Kovacs, que ha instado al Parlamento Europeo a "centrarse" en la subida de los precios de la energía producto de las "sanciones fallidas" contra Rusia.

"Por culpa de las sanciones, los europeos son más pobres y Rusia está logrando enormes beneficios", ha dicho Kovacs en Twitter. "Cuando Bruselas aprobó las sanciones, esto no era lo que le prometió a la población europea", ha apostillado.

Congelar fondos de cohesión

Precisamente este domingo, la Comisión Europea prevé adoptar una propuesta para congelar "miles de millones de euros" en fondos de cohesión a Hungría por el riesgo de que el Gobierno de Orbán los utilice en programas que pongan en riesgo el Estado de derecho en el país, han indicado fuentes comunitarias.

El borrador de la propuesta que fue redactado el pasado julio por el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, estimó que dada la gravedad de la amenaza deberían bloquearse en torno al 70% de tres programas comunitarios, incluidos uno de energía.

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Aunque el documento del Ejecutivo comunitario no puso una cifra al valor de los fondos que podrían suspenderse, la prensa húngara ha estimado su valor en unos 8.800 millones de euros.

Con todo, las fuentes comunitarias advierten de que el porcentaje que finalmente proponga Bruselas, será menor que el recogido por el borrador atendiendo a las reformas que Budapest ha prometido en los últimos contactos con los servicios comunitarios, incluidas medidas para reforzar la lucha contra la corrupción.

En todo caso, la última palabra será de los Veintisiete que una vez recibida la propuesta que se dispone a adoptar el Colegio de Comisarios dispondrá de un mes para tomar una decisión, si bien puede prorrogar el plazo hasta los tres meses, por lo que la medida no será inmediata.

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