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BNP Paribas financiará hasta 2024 a un grupo de EEUU especializado en detención de migrantes

Sede de GEO Group, número uno de EE. UU. de las cárceles privadas en Boca Raton (Florida).

BNP Paribas, el primer banco de Francia y uno de los más grandes del mundo, se enorgullece de ser “el banco que ayuda a los refugiados” en Europa. “Desde 2015, BNP Paribas apoya una veintena de iniciativas sociales y asociaciones que se ocupan de la acogida de los refugiados. En total, el desembolso ascenderá a casi 12 millones de euros hasta 2021”, podía leerse en Le Journal du Dimanche el año pasado.

En su página web, el famoso banco del logotipo verde se compromete incluso a duplicar las donaciones realizadas por sus clientes a su propio fondo de ayuda a los refugiados, creado en 2012. “La tragedia de los refugiados es una gran catástrofe humanitaria que moviliza a numerosas asociaciones y voluntarios”, precisa Jean-Laurent Bonafé, director general del banco. “BNP Paribas está a su lado”.

En cambio, en Estados Unidos, el banco está más del lado de los que los encarcelan. Según In The Public Interest, un centro de investigación sobre privatizaciones radicado en California, la entidad bancaria ha participado activamente en la financiación del grupo GEO, el gigante estadounidense de las prisiones privadas, durante 16 años.

GEO, con sede social en Florida, representa el increíble crecimiento del sector de los complejos penitenciarios en Estados Unidos en los últimos 30 años, con 2,3 millones de presos (655 por cada 100.000 habitantes, un récord mundial).

Una quinta parte de la facturación anual de GEO (2.300 millones de dólares, 2.000 millones de euros) procede de la detención de inmigrantes en Texas, Luisiana o California, en nombre de la agencia gubernamental ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Desde 2003, esta actividad crediticia, de la que el banco nunca se ha jactado mucho, le ha hecho ganar mucho dinero. “Sin duda, decenas de millones de dólares”, dice Kevin Connor, investigador de Public Accountability Initiative, en Buffalo (Nueva York), que ha revisado los contratos de los bancos con los mastodontes de los arrestos privados en Estados Unidos. Una estimación conservadora, ya que las cláusulas de los contratos de financiación entre GEO y BNP Paribas siguen siendo secretas.

La Administración Trump, que ha criminalizado la inmigración, busca aterrorizar a los migrantes y poner fin a las demandas de asilo. En la actualidad, mantiene retenidos a 50.000 migrantes, muchos de ellos latinoamericanos, lo que constituye un récord histórico.

En 2018, 400.000 migrantes fueron detenidos por la guardia fronteriza y el ICE. Alrededor del 70% de los migrantes retenidos por el ICE están en manos de grupos privados como GEO, CoreCivic o Caliburn. En las dos últimas décadas, la industria penitenciaria privada, que perdió fuelle a finales de los 90, se ha beneficiado plenamente de la criminalización de los migrantes.

“La detención de migrantes en Estados Unidos prácticamente ha sido subcontratada al sector privado”, explica Lauren-Brooke Eisen, investigadora del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York y autora de Inside Private Prisons (Columbia University Press). Al agravarse la crisis en la frontera, las políticas de la Administración Trump han apoyado a esta industria. Tan pronto como resultó elegido, Trump canceló una orden de la Administración Obama que limitaba el uso de prisiones privadas.

Para estos grupos privados que dependen de los contratos públicos, agasajar a los políticos es una necesidad. Sólo en 2018, GEO gastó 2,8 millones de dólares en lobbying y donaciones a políticoslobbying, la mayoría de ellos republicanos.

El grupo también donó 250.000 dólares para la ceremonia de investidura de Trump e hizo una donación de 225.000 dólares al comité de acción política que financió la campaña del actual presidente, un gesto que la ONG Campaign Legal Center calificó de “ilegal” porque GEO es una subcontrata del Gobierno.

La industria conoce a la perfección la permeabilidad (de ida y vuelta) entre lo público y lo privado; el grupo Caliburn, al que Amnistía Internacional acusó recientemente de gestionar la gigantesca prisión de menores inmigrantes de Homestead, Florida, ha llegado a contratar al exsecretario de Seguridad Nacional John Kelly, que estaba directamente al frente de la política migratoria al comienzo de la Presidencia de Trump. Y continuó supervisándola cuando se convirtió en el jefe de gabinete del presidente...

Según un informe publicado en noviembre de 2016 por In The Public Interest, BNP Paribas, junto con los principales bancos estadounidenses, ha participado activamente en GEO durante 16 años.

“Riesgos inmediatos” para los migrantes

Desde 2003, BNP ha participado en varias rondas de financiación destinar a conseguir, a través de créditos revolving, préstamos a plazo o la compra de obligaciones, importantes líneas de crédito para GEO (cientos de millones de dólares cada vez) que el grupo utiliza para comprar empresas, hacerse con nuevas prisiones o financiar sus actividades corrientes.

Tras un nuevo acuerdo alcanzado el año pasado, GEO tiene ahora una línea de crédito renovable de 900 millones de dólares con seis bancosrenovable (BNP Paribas, Bank of America, Barclays, JPMorgan Chase, SunTrust, Wells Fargo). Y ha firmado con ellos un préstamo a plazo de 800 millones de dólares.

“Para las prisiones privadas, estos préstamos masivos son como tarjetas de crédito”, dice Shahrzad Habibi, directora de Investigación de In The Public Interest. “Para evitar el pago del impuesto de sociedades, grupos como GEO tienen un estatus de trust de inversión inmobiliaria (REIT) que les obliga a distribuir una gran parte de sus beneficios a sus accionistas”. Debido a la falta de efectivo disponible, dependen en gran medida de los créditos externos.

Por este servicio, los bancos están bien remunerados: según los documentos enviados al regulador estadounidense, el año pasado GEO pagó 150 millones de dólares en intereses a sus diversos acreedores.

Una parte desconocida de esta cantidad fue a parar a BNP, que también recibe importantes ingresos como “agente administrativo” por algunas de sus operaciones. “Estos ingresos, cuyos detalles se desconocen, ascienden a cientos de miles, potencialmente millones de dólares”, dice el investigador Kevin Connor.

Puestos al habla con BNP Paribas, la entidad asegura que no “comunica información relativa a los créditos de [sus] clientes”. Pero, según una portavoz, los préstamos del banco representan sólo “el 3% de la financiación total del grupo GEO” y “una parte menor” de los ingresos del BNP.

En los últimos meses, las imágenes de migrantes hacinados en centros de detención superpobladosy sórdidos han conmovido al mundo. Para evitar que su imagen de marca se vea empañada, gigantes de Wall Street (JPMorgan Chase, Bank of America, SunTrust, etc.), durante años deseosos de desentenderse del sector, anunciaron que iban a dejar de financiar el sector penitenciario privado.

BNP Paribas ha seguido recientemente su ejemplo. “BNP Paribas ha decidido, al igual que varios bancos estadounidenses, dejar de intervenir en el mercado de la financiación privada de prisiones. A partir de ahora, el banco dejará de financiar este sector”, confirma el banco, tras un artículo publicado a principios de julio en el diario belga L'Écho.

Sin embargo, “cumplirá” con su “compromiso contractual con GEO”, es decir, los créditos actuales, que expiran en 2024.

Así que durante los próximos cinco años, BNP Paribas seguirá financiando las inversiones y los gastos corrientes de un grupo contestado, cuyo nombre se ha visto empañado por múltiples escándalos.

Como señala The Miami Herald, GEO ha sido “juzgado repetidamente por obligar presuntamente a los detenidos a trabajar por comida”, acusado de “torturar a los detenidos en Arizona”, acusado durante años de la alarmante tasa de mortalidad en algunos de sus centros gestionados por el ICE, de las deplorables condiciones sanitarias, del abuso del uso del aislamiento, del no respeto de los derechos básicos de los presos. También detiene a familias con niños en su centro de Texas en Karnes, una actividad criticada desde los años de Obama por los defensores de los inmigrantes.

Un informe de la Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional de junio de 2019 recoge los “riesgos inmediatos y las violaciones escandalosas de las normas de detención” en algunos de los centros de migrantes de GEO, en especial en Adelanto, California, que acoge a 2.000 migrantes, tristemente conocido por sus repetidos abusos.

Varios candidatos demócratas, como Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Beto O'Rourke o Kamala Harris, han aseverado que les gustaría prohibir las prisiones privadas si resultan elegidos.

Pero si es Trump el reelegido en noviembre de 2020, BNP Paribas, Bank of America y los demás, que planean retirarse del negocio a partir de 2024, continuarán proporcionando a GEO los medios para operar y prosperar durante su segundo mandato, durante el cual las humillaciones contra los migrantes continuarán e, incluso, aumentarán. __________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: 

   

 

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