El coste oculto de alargar la vida de las nucleares: en Bélgica el Estado ha nacionalizado dos reactores
El debate sobre posponer el cierre de las nucleares en España está más vivo que nunca. El sector pro nuclear insiste en que su tecnología es segura y puede funcionar durante una o dos décadas más, pero que no han pedido formalmente la extensión de la vida del parque atómico porque la fiscalidad del Gobierno es demasiado alta y hace inviable la operación de las centrales de aquí a 2035. Pero en sus cálculos omiten una cifra clave: el coste de modernizar los siete reactores del país para que puedan trabajar otros diez o veinte años, una inversión que podría hacer imposible su negocio eléctrico, con o sin bajada de impuestos.
Un caso cercano, la extensión de la vida de dos reactores en Bélgica, está siendo extremadamente caro, e incluso ha derivado en una investigación de la Comisión Europea contra el Gobierno belga por posibles ayudas de Estado no permitidas. Bélgica tenía preparado el cierre de sus siete reactores en 2025, pero la guerra de Ucrania y la subida drástica del precio de la luz llevaron al Gobierno a replantearse la decisión, y en 2022 optaron por extender diez años la vida de dos de los reactores, Doel 4 y Tihange 3, hasta 2035.
Como la decisión de posponer el cierre de las centrales fue política, no empresarial, el país tuvo que negociar la operación con Engie y EDF, las eléctricas propietarias, y asumir parte del coste de la renovación y de la futura operación. El Gobierno se vio obligado a tomar el 50% de la propiedad de los dos reactores y a garantizar que el Estado comprará la luz a un precio por encima del mercado actual durante diez años para que las centrales sean viables económicamente. Las obras de modernización costarán en principio entre 2.000 y 2.500 millones de euros, a repartir entre el Estado belga y las compañías, durarán unos cinco meses y finalizarán en noviembre de 2025.
Para nacionalizar los dos reactores, los interesados acordaron crear conjuntamente una empresa propiedad del Estado al 50%, y el resto en manos de Electrabel (Engie) y Lumix (EDF). El acuerdo también incluyó que Bélgica adelantase con cargo a sus Presupuestos la inversión que corresponde a las compañías, y les extendió además un préstamo de 580 millones de euros
Otra de las condiciones, que subrayan los críticos del acuerdo, es que la Administración belga se hará cargo del desmantelamiento y la gestión de los residuos radioactivos de las dos centrales a cambio de un pago de 15.000 millones de euros de Engie. “Dado que las expectativas de costes de la gestión de residuos varían de forma tan abrupta, es crucial examinar ese pago”, advirtió en un comunicado la Oficina Europea de Medioambiente (EEB) el año pasado a la Comisión. La preocupación de las organizaciones civiles y ecologistas es que la factura sea muy superior a la calculada en 2022 y suba bruscamente en el futuro —como ha ocurrido en España con la tasa Enresa—, y que la diferencia la asuman los contribuyentes.
A raíz del pacto público-privado, la Comisión Europea inició en julio de 2024 una investigación para determinar si estas ayudas de Estado encajan en la legislación europea. “Aunque la medida belga parece justificada [desde el punto de vista energético], la Comisión tiene dudas sobre su compatibilidad con las normas de la UE sobre ayudas estatales, en particular sobre la creación de una joint-venture y su financiación, así como sobre el préstamo de 580 millones”, publicó Bruselas.
La Comisión también está estudiando la garantía de compra de luz a un precio casi fijo durante diez años mediante un contrato por diferencias (CfD), puesto que puede alterar los precios del mercado eléctrico nacional. Según el contrato firmado entre Bélgica y las dos compañías, el Estado pagará por la electricidad de las dos centrales una cantidad basada en dos parámetros: el precio del mercado diario de la luz y la cantidad necesaria para garantizar un retorno de la inversión del 7% a las eléctricas. La Comisión calcula que el Estado pagará por la luz entre 80 y 90 euros por megavatio hora, una cifra superior al precio medio del mercado diario belga en 2024, que fue de 70,20 euros por megavatio hora.
El coste de extender el calendario español
En España está descartado que el Gobierno entre en el capital de los reactores para garantizar la extensión de su vida útil. Pero ahora que el sector nuclear demanda más que nunca alargar la vida de las centrales, falta saber cuál sería el coste de las mejoras técnicas, que tendrían que pagar íntegramente las propietarias: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EdP.
Un informe de la consultora PwC de 2024 sobre fiscalidad nuclear calcula que en España producir energía atómica tiene unos costes fijos de 39,5 euros por megavatio hora (€/MWh), pero que entre impuestos y tasas aumenta hasta 66,90 euros. Como el análisis estima que el precio medio de la luz en la subasta diaria entre 2025 y 2035 será de 56,30 €/MWh, el sector pro nuclear culpa a los impuestos de hacer inviable su negocio. Pero en ese análisis no se incluye el coste que tendrá para el sector extender la vida de las nucleares, como reconoce su autor, y esta cantidad —miles de millones de euros— encarecería drásticamente los costes de producción, mucho más de lo que se ahorrarían con la bajada de impuestos que piden.
De hecho, la cifra que maneja Foro Nuclear es que necesitan deshacerse de entre 900 y 1.000 millones de euros al año en impuestos para ser rentables, pero en Bélgica solo mantener operativos dos rectores (en España hay siete) durante diez años más costará hasta 2.500 millones solo en las obras, más otros 15.000 millones en nuevos residuos, combustible y desmantelamiento. En España, la parte del desmantelamiento ya estaría cubierta con la tasa Enresa, pero habría que sumar la gestión de los nuevos residuos. Los costes de Doel 4 y Tihange 3 podrían ser similares a los que tendría modernizar Almaraz I y el resto de reactores españoles, porque tienen prácticamente la misma antigüedad, unos 40 años, y todos cuentan con una potencia de un gigavatio, como los belgas.
Óscar Barrero, socio responsable de Energía de PwC, autor del informe que ha servido de base para la ofensiva fiscal del sector nuclear, reconoce que en sus cálculos no se incluye el coste técnico de alargar la vida de los reactores. “Las cifras que recogemos en el informe incluyen el coste que tiene el mantenimiento anual de las centrales. Evidentemente, si se quiere ampliar la vida, habrá que sumar las nuevas inversiones, que dependerán del estado de cada central y de los años que se quieran ampliar, pero esa cifra es ahora indeterminada. De todas formas, lo que traslada el sector es que las inversiones no serían muy grandes porque ya están invirtiendo año a año y los reactores están al día”, explica a infoLibre.
La tasa Enresa no es un impuesto
La primera central en cerrar en España será Almaraz I (Extremadura) en noviembre de 2027 y el resto se desconectarían en los siguientes años, hasta culminar el plan en 2035. Si no están ahora de acuerdo con el calendario, son las cuatro compañías propietarias las que tienen que solicitar formalmente al Ministerio de Transición Ecológica una nueva negociación de los plazos, pero el Gobierno confirmó este viernes que no ha recibido ningún comunicado. Aunque de manera informal, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, pidió públicamente en enero "mantener encendidas" las centrales operativas "porque son absolutamente necesarias".
Según Foro Nuclear, la patronal nuclear en España, no han solicitado oficialmente renegociar el cierre porque sufren “una presión fiscal asfixiante" desde que el Gobierno, a petición de Enresa —la gestora pública del desmantelamiento y los residuos nucleares—, aumentó en 2024 la tasa Enresa de 6,69 €/MWh (la cifra pactada en 2019) a 10,36 €/MWh. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido esta semana en varias ocasiones que “el Gobierno no ha subido los impuestos” a las centrales en las últimas dos legislaturas, y que la tasa Enresa no es un impuesto, es el coste que tienen que asumir las compañías por sus residuos, bajo el criterio de “quien contamina, paga”.
La próxima semana el conflicto subirá de tono y llegará a la política. El Partido Popular llevará este martes 11 de febrero al Congreso una proposición no de ley para alargar la vida de las centrales, una forma de forzar al resto de partidos a posicionarse, aunque la votación no será vinculante. La discusión servirá para dar voz al sector pro nuclear, puesto que el PP defiende mantener activo el reactor extremeño más allá de 2027.
