España se expone a 20 años más de litigios de grandes empresas y fondos aunque deje la Carta de la Energía
El Gobierno español ha anunciado esta semana su intención de abandonar la Carta de la Energía, uno de los principales tratados internacionales que ha protegido en los últimos treinta años las inversiones energéticas de grandes empresas y fondos de inversión.
La ruptura será áspera −cuando faltan semanas para la principal cumbre en la historia de la alianza− y no librará a España de sus obligaciones como miembro, ya que la cláusula de abandono obliga a los estados a proteger los intereses de las compañías extranjeras durante dos décadas. También los de las empresas que invierten en combustibles contaminantes.
La Carta de la Energía, firmada por 53 países, se aprobó en diciembre de 1994, en lo que Carlos Espósito, catedrático de Derecho Internacional de la UAM, describe como "un momento de euforia" en las relaciones internaciones, cuando se esperaba una fuerte síntesis entre Europa y la esfera soviética.
El objetivo del acuerdo era dar cobertura a las empresas europeas que se asentaban en los países del este, donde no había una base jurídica férrea, y gracias a ese tratado los empresarios podían llevar a un Estado ante un tribunal de arbitraje si consideraban que un Gobierno suscrito a la Carta amenazaba su negocio.
El problema es que el abanico de cobertura es tan amplio que permite a los fondos de inversión incluso exigir compensaciones si cambia la política medioambiental o energética de un país, como pasó después en Occidente. "Lo que no se imaginaron que es la Carta terminaría siendo utilizada contra Europa", afirma el profesor Espósito.
España es uno de los países que más ha sufrido esta alianza, ya que tras la crisis económica de 2008 el Gobierno acabó con los generosos subsidios a las renovables e hizo menos rentable el negocio de la energía solar. Esto se tradujo en una cascada de demandas de empresas extranjeras amparadas en la Carta de la Energía, con tres casos perdidos y medio centenar todavía pendientes por valor de cientos de millones de euros.
"Casi cualquier acción estatal que limite los beneficios de las empresas de combustibles fósiles puede ser impugnada con la Carta y los inversores pueden reclamar millones, a veces miles de millones de euros, en concepto de indemnización", subraya Cornelia Maarfield, experta en Políticas de Comercio de Climate Action Network Europe, una red que agrupa a cerca de 1.500 organizaciones medioambientales. "Esto encarece la transición energética y puede impedir que los gobiernos tomen las decisiones necesarias para frenar el cambio climático".
Esa excesiva protección llevó a los países de la Unión Europea a pedir una renegociación de la Carta de la Energía, ya que suponía un gran bache para las políticas de transición ecológica que siguieron al Acuerdo de París.
Tras dos años de negociaciones, el pasado junio se llegó a pacto para impedir que las compañías puedan reclamar una compensación por las políticas verdes y para evitar que las empresas europeas puedan litigar contra gobiernos del mismo continente, dos exigencias que planteaba Bruselas.
Sin embargo, el Gobierno español esta semana anunció sin previo aviso su salida del pacto, una decisión que sopesaba desde hace un año y que ya tomó en el pasado Rusia, Italia y recientemente Polonia. "A la vista de que no ha habido un acuerdo en las rondas de negociaciones para modernizar el Tratado, la vicepresidenta ha anunciado la retirada de España", explican fuentes del ministerio de Transición Ecológica.
La posición española contrasta con la que plantean desde la sede del organismo, donde no se esperaban la noticia. "Sí nos ha sorprendido porque habíamos cumplido con el mandato de la Unión Europea", declara Alejandro Carballo, consejero jurídico de la Carta de la Energía. "La propia Comisión ha reconocido que hay un acuerdo y creemos que cumple con lo que se pedía, ya que permitirá legislar en favor del cambio climático sin que surjan disputas o arbitrajes".
El Gobierno español también entiende que el tratado no está alineado con el Pacto Verde Europeo y los objetivos de neutralidad climática de 2050, y desde Climate Action Network también opinan así. "La reforma ha tenido un éxito muy limitado", opina Cornelia Maarfield. "Los países de la Unión Europea deben decidir si dan luz verde a la reforma o se retiran". La activista recuerda que Francia y Alemania ya han manifestado su descontento con los resultados del acuerdo de junio, y junto a otros socios podrían acordar una salida conjunta de la Carta en la reunión de noviembre.
Anna Herranz, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Maastricht, opina sin embargo que los argumentos de Transición Ecológica no convencen. "La modernización del tratado cumple con lo que pedía Europa", asegura por teléfono la experta, que cree que lo que busca España en realidad es desligarse de una alianza que ha sido un quebradero de cabeza jurídico en la última década.
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Los expertos subrayan también que la Carta de la Energía incluye una cláusula de salida que blinda a las empresas extranjeras a largo plazo. Como explica Carlos Espósito, una vez que se aprueba la salida de un país del acuerdo, las compañías tienen un año para seguir invirtiendo en infraestructuras o empresas nacionales, y después gozan durante dos décadas de la protección de los negocios que hayan hecho hasta la salida efectiva.
"Mi opinión es que podrían aparecer más demandas, incluso aunque España abandone la Carta, ya que se esperan cambios convulsos en el mercado energético", reconoce el catedrático. "Si hay cambios legislativos y las empresas ven que sus expectativas de ganar dinero se ven truncadas, claramente pueden acabar en nuevos arbitrajes".
Herranz, por su parte, no ve tan claro que vayan a aumentar los conflictos en el futuro. "Es verdad que cuando un estado abandona la Carta de la Energía, manda un mensaje a las empresas de que les va a costar mucho más emprender litigios, tanto en tiempo como en dinero. Claramente desmotiva que aparezcan nuevos casos", resume. Aunque siempre está la opción más práctica de no pagar si te declaran culpable. “Al fin y al cabo, los estados son soberanos”, resume la experta.
