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La Escuela pública y los ladrones de leche

Guillermo Meijón

Corría el año 1945 cuando Clement Attlee, primer ministro de Gran Bretaña, estableció la medida del reparto de leche en las escuelas. Concretamente, media pinta de leche para cada estudiante de 7 a 11 años. De esa forma se aseguraba que los niños y niñas de las familias más vulnerables mejoraran su nutrición.

Recordemos que hablamos de una época, recién acabada la 2ª Guerra Mundial, en la que la pelagra o el raquitismo, debido a los escasos aportes de vitaminas, hacían estragos en la población infantil en los barrios más pobres de las ciudades y en los pueblos agrícolas, industriales y mineros.

Llegamos al año 1970 y nos encontramos con Margaret Thatcher incorporada al gobierno del Partido Conservador en el Reino Unido como Ministra de Educación y Ciencia. Una ministra que rápidamente entendió que era preciso reducir los gastos del Estado y, por supuesto, recortar también en la educación pública que tenía a su cargo.

Una de las medidas más recordadas de Margaret Thatcher en ese período tuvo que ver con esa media jarra de leche diaria. Algo que entendió como un elemento totalmente prescindible, de un regusto comunista, por lo que procedió a ordenar la paralización de su distribución a las niñas y niños de las escuelas británicas. Esa medida generó un gran odio entre una población que no tardó en adjudicarle un apodo: "Thatcher, the milk snatcher" (Thatcher, la ladrona de leche).

Pues bien, pareciera que ahora en nuestro país, en España, están creciendo las políticas de nuevos “ladrones de leche” en contra de la Escuela Pública. En aquellas comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, bien en solitario, bien en coalición o con el apoyo de VOX, las políticas en contra de la escuela de todas y todos no dejan de sucederse.

El caso del Madrid de Ayuso es paradigmático. Becas públicas para el alumnado que cursa sus estudios en escuelas privadas a familias que ganan más de 100.000 euros al año. Cesión de suelo público a colegios privados de forma gratuita durante 75 años, en el último concurso se ceden de este modo dos parcelas valoradas en 11 millones de euros. Recortes de plazas en la escuela pública año tras año, CCOO denuncia para este curso un recorte de 5.350 plazas de Infantil a Bachillerato para dirigir la demanda de las familias hacia centros concertados y privados. 

En Andalucía, la actitud de Moreno Bonilla es, permítaseme la ironía, cuando menos curiosa. Por un lado, el presidente de la comunidad andaluza remite al Tribunal Constitucional un recurso contra el Impuesto a las Grandes Fortunas, firma seis bajadas de impuestos y no dudó en viajar a Madrid para presentar la supresión del impuesto de Patrimonio que pagaban los 20.000 andaluces más ricos.

Por otro lado, Moreno Bonilla, anunciaba para el presente curso escolar el incremento de los precios públicos escolares, concretamente las tasas del comedor escolar, de las aulas matinales y de las actividades extraescolares.

La libertad de educar a nuestras hijas e hijos según nuestros principios y valores supone dotarlos de herramientas para analizar el mundo, para pensar, reflexionar y decidir en un marco de libertad y contraste

En Galicia, no está de más recordar la herencia de Feijóo de sus años de gobierno. 164 colegios y 841 profesores menos, según dato de la propia Xunta de Galicia, a lo que habría que añadir la supresión de la gratuidad de los libros de texto o la reducción de las horas destinadas a la lengua gallega. Eso sí, mientras tanto aumentaba el número de conciertos con centros privados, así como el presupuesto destinado a este fin, cuyo incremento aumentó el doble que el registrado para centros públicos.

Pero a la escuela pública no se le ataca únicamente a través de la reducción de recursos, ya sean materiales o humanos. La escuela pública también recibe un ataque mortal cuando se pretende eliminar su carácter intrínseco de espacio común. Y ahí tenemos los pactos que con mayor o menor transparencia están firmándose entre el Partido Popular y VOX, de forma más que evidente en Aragón o Murcia, a favor del veto parental.

El veto parental ataca la esencia misma de la escuela pública al implicar la supresión de ese espacio común donde todas y todos se educan juntos en una convivencia plural espejo de la sociedad en la que discurren nuestras vidas y que supera, enriqueciéndolo, el ámbito familiar. 

La escuela pública supone el encuentro con la diversidad, es el comprender y entender al otro, es el lugar de la empatía hacia el distinto a nosotros. Es, en definitiva, el aprendizaje vital para nuestro ser-en-sociedad.

Renunciar a ese espacio común de aprendizaje y encuentro, reducir el contacto con el otro, convertir el aula en una suma de burbujas privadas, supone eludir la construcción de una sociedad asentada en los principios de la diversidad, de la convivencia y del respeto mutuo.

La libertad de educar a nuestras hijas e hijos según nuestros principios y valores supone dotarlos de herramientas para analizar el mundo, para pensar, reflexionar y decidir en un marco de libertad y contraste. Esa es nuestra responsabilidad y de ahí debe derivar nuestra confianza en las decisiones que tomen. Esa libertad para educarlos no ha de servir para secuestrar su mente en el reducido ámbito de nuestras creencias, algo a lo que sí se puede llamar, con todas las letras, adoctrinar.

Así pues, tomemos nota de los nuevos ladrones de leche, de los diletantes de los recortes y de los secuestradores de mentes. Confiemos en la escuela pública y apostemos por la escuela pública que es la escuela de todas y todos.

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Guillermo Meijón, exdiputado del PSOE en el Congreso.

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