Memoria democrática: ni victoria, ni desesperanza

Comenzaré este artículo por el final, con una frase que creo recoge en esencia lo que pretendo exponerles en esta reflexión. La frase es la siguiente: "No es tiempo todavía para cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos de las víctimas olvidadas de la guerra de España y el franquismo, pero tampoco es tiempo para la desesperanza".

La frase no es mía, como muchos habrán reconocido. La tomo prestada de Segundo Montes, uno de los jesuitas españoles asesinados en la UCA de El Salvador y fundador del IDHUCA, entidad con la que colaboro desde hace bastantes años.

¿Por qué elegí esta frase? Porque creo que refleja el estado de ánimo de la mayoría de todos, víctimas y defensores, ante el nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Ni victoria, ni desesperanza. Avanzamos, es cierto, nadie puede negarlo. Pero seguimos dejando las cosas a medias. Y así llevamos ya ochenta años, sin encontrarnos, sin aceptarnos y sin respetarnos, y sin que llegue nunca a superarse la dinámica de vencedores y vencidos, o lo que es lo mismo, de legales e ilegales. Los vencedores y sus herederos siguen siendo los legales, los que detentan la única verdad histórica. Todos los demás, incluso el Gobierno que nos representa democráticamente, todos somos ilegales. Y en ese paroxismo de prepotencia e ignorancia, ahora nos llaman “demócratas sin ley”. Como si la democracia no fuera precisamente eso, el respeto a ley que nos marca las reglas del juego a todos. Y en su delirante equidistancia, nos equiparan a los golpistas de 1936, a los que califican “defensores de la ley sin democracia”. Pero sin democracia no hay Estado de Derecho, y sin libertad, “aunque se pueda votar”, tampoco hay democracia.

Hubo tiempo para cambiar las cosas y declarar la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía para los crímenes contra la humanidad, como han hecho otros países con leyes similares (Argentina, Chile, El Salvador). Pero no se hizo. Y tampoco se hará ahora. De nuevo, seguimos dejando las cosas a medias.

Para las víctimas, recuperar públicamente su memoria de dolor es recuperar la vida. Porque, como señala José María Ruiz-Vargas, Catedrático Emérito de Psicología de la Memoria: “El tiempo vivido es una construcción de la memoria. Por eso, sin memoria no hay vida; no hay pasado, presente, ni futuro, porque… la memoria es la vida”.

Lo que nos permite afirmar que cualquier ejercicio de represión de la memoria histórica individual y colectiva, provenga de regímenes dictatoriales o de leyes de Amnistía para los victimarios de crímenes contra la humanidad, sea cual sea la razón y el contexto histórico en que se promulguen, son instrumentos contra la vida, son leyes contra la naturaleza humana que ninguna sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos puede permitir.

Sin embargo, presentado el Proyecto de Ley por el Gobierno, todavía hay quienes le acusan de “intervenir con él en la memoria de los ciudadanos, para imponer un pensamiento único, propio de los Gobiernos totalitarios”. A ver si se enteran de una vez de lo que es la memoria para todo ser humano. Nadie puede intervenir en nuestra memoria, porque es parte intrínseca de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestra vida. Ningún Gobierno o Ley democráticos, ninguna dictadura, ninguna ley de amnistía pueden intervenir en la memoria de los ciudadanos y mucho menos para construir artificialmente una sola visión de la historia. En cambio, una dictadura, una ley de amnistía sí pueden amordazar la memoria de los vencidos, como hizo el franquismo; sí pueden silenciarla y condenarla al olvido. Pero nunca podrán cambiarla; porque la memoria pertenece a cada persona y la suma de todas las memorias individuales genera una conciencia o memoria colectiva que se convierte en una forma de justicia anamnética (memorial) para las víctimas. Por eso, el Proyecto de ley ni pretende ni puede intervenir en la memoria de nadie. El Proyecto sólo es un instrumento liberador de la memoria de los vencidos; un estilete que viene a desatar su verdad y su memoria del yugo y las flechas del franquismo y del silencio de la transición, desde el reconocimiento paralelo a todas las víctimas inocentes que, lamentablemente, se produjeron durante la guerra en el lado después vencedor.

La confrontación y la intolerancia siempre como sistema. Porque no es cierto, como dijo el líder de la oposición, que “los españoles ya nos reencontramos en 1978”. El pueblo español lleva muchas décadas buscándose a sí mismo. El mismo tiempo que los familiares de las víctimas olvidadas de la Guerra de España y del franquismo llevan buscando a sus muertos y a sus hijos robados.

Esa crispación, ese odio y ese proceso creciente de amnesia que contamina Europa es el caldo de cultivo de los partidos políticos de extrema derecha que utilizan la democracia para destruirla. Pero esta situación que vivimos ahora en nuestro país no es casual; es hija de la impunidad de los crímenes del franquismo. Porque la impunidad envalentona al criminal y se transmite, como el dolor de las víctimas, a las nuevas generaciones, educadas en la mentira y en el desprecio a las víctimas, a los vencidos.

Pensemos un momento sobre el significado de esta palabra, impunidad, en nuestro país. La impunidad no es sólo un concepto jurídico que determinó la circunstancia de no recibir castigo los crímenes de la Guerra de España y del franquismo. La impunidad constituyó el modo social y político del franquismo y se convirtió en una sombra amenazadora de toda la vida social que todavía pervive hoy en gran parte del cuerpo social. La impunidad no es solo perdón y olvido. La impunidad no es neutra ni casual; existe y ha existido para tener consecuencias premeditadas. Y esas consecuencias son la ruptura de la convivencia y de las reglas del juego de la democracia. Porque la impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción, de la quiebra de la separación de poderes, de la política como medio para enriquecerse, de la instrumentación de los tribunales y los medios de comunicación para hacer política, en algunos casos con resoluciones que provocan alarma social, del uso de las redes sociales para difundir bulos, incluso poniendo en peligro la salud de todos; en definitiva, y entre otros muchos ejemplos, de convertir nuestro país, como decía hace unos días Carlos Castresana en la Cadena Ser, “en una lavadora de capitales”. Y así, la impunidad se convierte en el salvoconducto con el que se mueven entre todos nosotros, los que la periodista Rosa María Artal calificaba como “delincuentes de cuello blanco y mano sucia y los perturbadores de la democracia”, que desde el franquismo sociológico siguen extendiendo falsedades y mentiras interesadas sobre la memoria histórica con clara voluntad revisionista que es necesario denunciar.

Por eso creemos que es ahora cuando se dan las circunstancias históricas, sociales y políticas para que nuestra sociedad asuma el objetivo del cierre de esa fractura de dolor, silencio y olvido, en un proceso de encuentro restaurativo tanto a nivel político como ético y social. Y para lograr ese objetivo, es necesario un ejercicio de justicia que restaure la dignidad de las víctimas olvidadas, que garantice su derecho a la verdad, que repare en lo posible el daño producido y sane o alivie el dolor de las heridas que siguen abiertas.

Todo ello es posible en el marco del nuevo Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Por primera vez, un intento serio y fundado de promover un Modelo Integral de Políticas de Memoria Democrática. Por ello, creo que el Proyecto de Ley es un documento de trabajo necesario y útil en la lucha de las víctimas y las entidades memorialistas por la verdad, la justicia y la reparación.

Por eso creo que no es tiempo de cantar victoria, ni tampoco es tiempo para la desesperanza. No comparto la idea de que con “Ley de Amnistía no hay memoria histórica que valga la pena”. Mi experiencia en el Tribunal de El Salvador me ha demostrado que incluso a pesar de la Ley de Amnistía hay mucha verdad y memoria que es posible recuperar; hay mucho dolor que se puede aliviar; hay muchas heridas que pueden empezar a sanar y hay mucha dignidad que se puede restaurar. Presionar para mejorar el Proyecto de Ley. Ese debe ser el objetivo.

Decimos que el Proyecto de Ley es un intento serio; porque presenta importantes avances, ya destacados en los medios; pero, lamentablemente, el resultado final presenta graves insuficiencias y carencias que acaban frustrando los objetivos tan brillantemente definidos en la Exposición de Motivos del mismo, a mi juicio más fruto de una perspectiva integral limitada de la protección de los derechos de las víctimas, de acuerdo con los estándares internacionales, que de una actitud política contraria a los mismos. Me referiré sólo a la que considero más importante.

El Proyecto señala de forma brillante en la Exposición de Motivos la aspiración de que las víctimas sean las protagonistas de este proceso de recuperación de la memoria y la convivencia democráticas. Pero lamentablemente no es así. Las víctimas sí son el objeto del Proyecto de Ley; pero no son en momento alguno las protagonistas del mismo. Las víctimas son objeto de definición, registro, censo, banco de ADN, búsqueda, exhumaciones, homenajes, reparaciones específicas y acciones de desagravio, con una función casi testimonial en el mecanismo de jurisdicción voluntaria, para la investigación de los hechos del pasado. Pero nada más. No hay espacios estables en el proyecto, judiciales o extrajudiciales, en los que se pueda escuchar la voz de las víctimas silenciada durante tantas décadas; no hay espacios en los que sentir y acercarse a su dolor, a las heridas permanentemente abiertas a través ya de varias generaciones. Y esta carencia de espacios para las víctimas, lamentablemente, puede convertir el Proyecto en una ley fallida en el objetivo de la convivencia democrática, por muy loables que puedan ser los avances que en el ámbito de la memoria democrática posibilite el mismo. En este sentido, el Proyecto, en su redacción actual, es más una norma académica y propicia para los historiadores que un proyecto humanitario para la convivencia de todos los españoles.

Si algo nos ha enseñado la lucha de las víctimas durante tantos años en cualquier proceso histórico, y en particular en mi experiencia personal en el Tribunal Internacional de El Salvador, es la necesidad de las víctimas de ser escuchadas, muy por encima de cualquier otra necesidad. Porque la dignidad se recupera sobre todo con la palabra, con el ejercicio público del derecho a la reparación popular. Como señala el filósofo Adorno: “Dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”; afirmación que, según Reyes Mate, “resume la idea de llevar a la práctica el significado del deber de memoria”; no se olvide, uno de los grandes objetivos del Proyecto de Ley. Tampoco debemos olvidar, como la experiencia de contacto con las víctimas me ha demostrado, que la palabra verbalizada y escuchada se convierte, además, en instrumento de sanación y reparación.

Por esta razón y por coherencia con los propios objetivos del Proyecto, es absolutamente necesario incorporar al mismo alguno de los mecanismos extrajudiciales que se aplican en los procesos de Justicia Transicional, en el marco complementario de la Justicia Restaurativa, como son las Comisiones de la Verdad. Un mecanismo independiente y autónomo cuya estructura, tareas y objetivos es muy variada; pero conocidos los efectos sanadores y restaurativos de la publicidad de los testimonios de las víctimas, nos decantamos para el caso español por una Comisión de carácter mixto, en la que la labor de investigación y estudio de los casos denunciados fuera compatible con el establecimiento de un espacio público en el que pudieran comparecer las víctimas o sus descendientes, y ¿por qué no? los victimarios y sus descendientes que lo deseen, para propiciar un encuentro restaurativo que conduzca a la verdadera convivencia democrática. La Comisión de la verdad de Colombia, que ahora finaliza sus trabajos, es un claro ejemplo de este tipo de Comisiones Mixtas. Un espacio de esta naturaleza, aunque sólo posibilitara este objetivo de recuperar el relato de cada víctima y el encuentro restaurativo de una sociedad crispada, ya sería un avance extraordinario en nuestro país.

Es necesaria una ley valiente que recupere la Comisión de la Verdad, porque —como algunos consideramos, por diversas razones— hoy parece más factible que la vía judicial penal.

Recuerdo, memoria y democracia

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En conclusión, ni victoria ni desesperanza. Seguiremos luchando por la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas.

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José Ramón Juániz Maya es expresidente y fundador de Abogados Sin Fronteras de España y Juez del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador.