El caso de abuso sexual en Granada que conmovió al papa llega a juicio

"Sólo sentía amor fraterno por él", declaró en el juzgado 4 de Granada el 11 de diciembre de 2015. Pero el juez no lo creyó. Ni la Policía. Ni la Fiscalía. Ni siquiera el papa parece creerlo. Ni por supuesto Daniel –nombre ficticio–, el chico que denunció en 2014 que, siendo un adolescente de 14 años, empezó a sufrir los abusos sexuales de Román Martínez, el padre Román, que este lunes se sentará en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia Provincial. Será el único acusado, porque los supuestos delitos sexuales contra menores cometidos por otros once seglares y religiosos –miembros del conocido como clan de los Romanones– fueron declarados prescritos, a pesar de que el juez instructor apreciaba indicios de criminalidad.

La Iglesia también está en el punto de mira. La Fiscalía y el juez apuntan al Arzobispado de Granada como responsable civil subsidiario de las supuestas agresiones sexuales contra Daniel al haber incumplido supuestamente los deberes de vigilancia recomendados por el Vaticano y la Conferencia Episcopal. El arzobispo, Francisco Javier Martínez, adscrito a la línea dura de la jerarquía e infatigable batallador contra la "ideología de género" (el feminismo), declarará como testigo. El juez llegó a dar un ultimátum al Arzobispado durante la instrucción del caso por su falta de colaboración a la hora de facilitar información. El papa Francisco, al que Daniel escribió en 2014, llamó por teléfono al joven tras leer su carta para decirle que informara de inmediato al arzobispo. También escribió al propio arzobispo para que investigara. "Recibí la noticia con gran dolor, con grandísimo dolor. Pero la verdad es la verdad y no debemos esconderla", declaró Francisco en diciembre de 2014 a un grupo de periodistas. infoLibre solicitó este viernes información al Arzobispado, que declinó realizar cualquier comentario.

La Fiscalía solicita para Román Martínez, suspendido como sacerdote por la diócesis granadina, nueve años de prisión y una indemnización de 50.000 euros por abusos sexuales contra un menor con agravante de acceso carnal. Martínez se declara inocente. Los hechos supuestamente ocurrieron entre 2004 y 2007, cuando el chaval tenía entre 14 y 17 años. En principio fueron imputadas 12 personas, pero el juez Antonio Moreno declaró prescritos los posibles delitos cometidos por once de ellas: abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo, encubrimiento. "Por supuesto", escribió el juez en un auto, "sin declaración de falta de indicios". Sólo permaneció en pie la imputación del padre Román, de 63 años en la actualidad, que siempre ha negado los hechos.

El caso arrancó con la denuncia, en octubre de 2014, de Daniel, miembro del Opus Dei de 24 años, que puso en conocimiento de la Fiscalía que había sido víctima de abusos sexuales de un grupo de sacerdotes dependientes de la Diócesis de Granada. Román Martínez lideraba un hermético grupo de curas y seglares, llamados informalmente Los Romanones, que conocían a Daniel desde que éste, con siete años, empezó a ayudar como monaguillo en la Iglesia San Juan María Vianney, en la zona más nueva del emblemático y popular barrio del Zaidín. El grupo que encabezaba el padre Román se reunía en una vivienda de la cercana calle Pavía para merendar, descansar, realizar actividades de convivencia... Tanto David como un amigo empezaron a acudir las tardes de domingo, según la instrucción.

El juez y la Fiscalía inciden en la ascendencia moral de Román Martínez sobre Daniel, que empezó a pasar cada vez más tiempo con Los Romanones en la casa parroquial y, a partir de 2003, en un chalé adquirido por esta comunidad religiosa –sin naturaleza formal como grupo– en la urbanización Los Pinillos, en Cenes de Vega, a las afueras de la capital, donde se estableció una rutina de descanso comunitario entre las tardes de los domingos a los mediodías de los martes. Allí ocurrieron supuestamente los hechos más graves.

Dominación psicológica

El chaval empezó a quedarse a dormir en Los Pinillos. La Fiscalía, en su acusación, describe varios asaltos sexuales: tocamientos con propósito sexual, masturbación obligada, introducción de un dedo en el ano, intento de penetración genital anal... La acusación particular, que pide 26 años de prisión, sostiene que se llegó a producir penetración anal e intentos de obligar a Daniel a practicarle felaciones. Y también destaca que el menor presenció sexo con penetración entre algunos de los curas de la comunidad. "Han sido además numerosos los episodios de masturbaciones y prácticas homosexuales en las que de manera activa y pasiva fue obligado a participar" el chico, "so pretexto de vivir su sexualidad de manera plena y debido al ascendente moral y espiritual" de Román y sus compañeros, añade. El juez instructor incide en la dominación psicológica y el chantaje emocional, con base en su autoridad religiosa, que supuestamente ejercía el sacerdote.

Los actos cesaron cuando Daniel abandonó el contacto con el grupo a raíz de una discusión con el padre Román, en 2007, una vez éste descubrió que el chico mantenía una relación con una compañera del instituto, según la Fiscalía. A raíz de lo ocurrido, el denunciante desarrolló una personalidad psicopatológica, con fuerte ansiedad y estado generalizado de tensión psíquica, además de rasgos depresivos. Sus recuerdos de los episodios de supuesto abuso sexual son "recurrentes e intrusivos", según explicaron los psicólogos al juez durante la instrucción. Como resultado de ello, padeció falta de sueño, problemas de concentración e irritabilidad.

Un testimonio tardío pero "coherente", según el juez

No son hechos fáciles de probar, por el largo tiempo transcurrido entre el fin de los hechos y su denuncia, por su falta de ubicación temporal concreta, por haber ocurrido supuestamente en espacios íntimos, sin testigos que los acrediten. El juez considera que la declaración de la víctima es "coherente, aun cuando tardía [...], lógica, incriminatoria y persistente". Así lo reconoce en el informe pericial psicológico practicado en el Instituto de Medicina Legal de Pamplona. El juez también destaca que el informe del Servicio de Análisis de Conducta de la Policía concluye que su denuncia es "altamente compatible con un testimonio honesto".

En cambio, la Policía considera que el testimonio del padre Román "es altamente compatible con un testimonio deshonesto". El acusado "describe y explica con elocuencia todo tipo de situaciones [...], elocuencia que desaparece cuando se le interroga sobre los aspectos relevantes relacionados con la investigación judicial, y es sustituida por un esfuerzo por controlar sus verbalizaciones y su expresión corporal asociada". "No se aprecia frustración o ira para enfrentarse a la situación que supone para él ser acusado de algo sobre lo que es absolutamente inocente", apunta el juez en el auto de procesamiento, citando el informe. La defensa cuestiona la metodología del Servicio de Análisis de Conducta.

Ordenadores, teléfonos y correos electrónicos

El juez destaca que dispone de tres testimonios, uno de los cuales relata un intento de tocamiento del pene por parte del padre Román (en 1991), que son "acordes con lo denunciado por Daniel", si bien no se refieren a los hechos enjuiciados. En los aparatos informáticos y telefónicos intervenidos durante la instrucción, "si bien no constan archivos de contenido explícitamente pedófilo", sí aparecieron "múltiples archivos con documentos relativos a abusos sexuales [...], menores, penas, eyaculación precoz [...], prescripción", según el auto de procesamiento. En una conversación por correo electrónico de 2011 –siete años después de concluidos los hechos– Román Martínez invita a Daniel a "darse une vuelta" por la parroquia y afirma haberle entregado todos sus efectos cuando el joven (de 21 años entonces) le pregunta por sus calzoncillos. También le dice frases como: "Me interesas tú más que Lieja"; "Me gustaría revivir muchas cosas… pero ahora es presente"; "¿Quieres vivir con nosotros? Compartir todo como antes".

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El acusado "ya ha perdonado" a Daniel

El juicio se desarrollará en nueve sesiones, con 40 testigos y 14 peritos, informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El padre Román declarará en la primera sesión, este lunes. Hay una acusación popular, por parte de la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), que pide 15 años de prisión. La defensa de Román Martínez ha pedido su absolución y la solicitud de nulidad del expediente canónigo. También solicita que el denunciante pague las costas.

El abogado del padre Román, Javier Muriel, prefirió no realizar ningún comentario a este medio antes del juicio. En una entrevista con Granada Hoy en octubre, Muriel afirmó que el padre Román "ya ha perdonado a Daniel", del que afirma que persigue un beneficio económico. Muriel, en dicha entrevista, se muestra convencido de que no hay pruebas contra su cliente y pone en duda la credibilidad del denunciante. En su declaración ante el juez en diciembre de 2015, Román Martínez afirmó que es cierto que el chico dormía en la casa, pero negó que lo hiciera en su cama.