La Fiscalía acusa a Peinado de adoptar decisiones "con gran sonoridad" pero sin ningún "sustento"

El Ministerio Público impugna la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el marco del llamado caso Begoña. Lo hace de forma directa ante la Audiencia de Madrid ante el "evidente retraso" del instructor, Juan Carlos Peinado, a la hora de resolver los recursos interpuestos por las partes. Y a través de un escrito en el que acusa al titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid de admitir una querella que se basa en un "presupuesto erróneo". "Parece acudirse a una imputación cuasi automática u objetiva por razón del cargo", lanza la Fiscalía. Y culmina: "Se vuelve a adoptar una decisión desde el juzgado con gran sonoridad, pero sin sustento fáctico y respaldo de razonamiento jurídico que merezca tal consideración".

El nuevo frente del caso Begoña, en el que se indaga sobre un posible delito de malversación, se abrió por sorpresa a finales de enero, cuando el instructor decidió citar como investigada a María Cristina Álvarez, la asesora que envió algunos correos electrónicos en nombre de Gómez relacionados con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. En el marco de esta pieza separada, Peinado citó a declarar como testigo a quien fuera vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González, quien firmara la propuesta de nombramiento en el verano de 2018. Y luego al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien también se desvinculó del fichaje, aunque defendió su legalidad.

Una línea de investigación que dio un nuevo giro el lunes, cuando el juez decidió citar como investigado por un delito de malversación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Lo hizo en base a una querella –otra más– interpuesta por Vox a finales del año pasado, en la que solo se mencionaba a Martín en una ocasión, cuando se le citaba como la persona que ostentaba el cargo de secretario general de Presidencia entre 2021 y 2023, siendo "responsable y superior jerárquico" de la asesora. Suficiente para que Peinado aprecie una "aparente participación" de Martín en el "nombramiento" de Álvarez "para el ejercicio de funciones privadas" de Gómez "con cargo a los presupuestos generales del Estado".

Una imputación que recurre ahora el Ministerio Público. En su escrito, adelantado por El País y al que ha tenido acceso infoLibre, el fiscal considera que no es "asumible" el relato contenido en la querella. Y no lo es porque, dice, se ha visto superado por las diligencias de investigación posteriores. Así, recuerda que la documentación remitida con posterioridad a la denuncia de la ultraderecha ya ha puesto de manifiesto que el nombramiento se produjo en 2018 –cuando Martín todavía no era secretario general de Presidencia– y que la propuesta del mismo fue firmada por Alfredo González. "Es por ello que admitir esta querella por los motivos que lo hace y contra la persona señalada resulta incomprensible", lanza San Baldomero.

El fiscal, al que también resulta incomprensible que la decisión se haya incorporado a la pieza principal –y no a la separada, la que se centra precisamente en el nombramiento de Álvarez–, sostiene que si ya resulta "forzado" llamar "inmediatamente" a alguien como investigado "por el mero hecho de ostentar un cargo", más lo es "decir que se le llama" por razón de un cargo que ostentó en el año 2021 para investigar un nombramiento que tuvo lugar tres años antes. "En nuestra opinión, no hay indicios de la comisión de hecho delictivo alguno. Pero imputar a una persona de esta forma directa, por unos presuntos hechos vagos e imprecisos y sin la elemental exposición o motivación, y con incoherencias evidentes, no nos resulta asumible", continúa.

Y completa: "Se vuelve a adoptar una decisión desde el juzgado con gran sonoridad, pero sin sustento fáctico y respaldo de razonamiento jurídico que merezca tal consideración". En lugar de cursar el habitual recurso de reforma, el fiscal del caso ha preferido interponer apelación directa ante la Audiencia de Madrid. Y lo ha hecho en consideración a "la ausencia de respuesta real en cuanto al fondo a los recursos de reforma interpuestos con anterioridad, así como también en atención al evidente retraso en la resolución de los mismos". "No se ha resuelto ni un solo recurso antes de la materialización de lo decidido en la resolución", recrimina el representante del Ministerio Público.