La Generalitat valenciana da la gestión de una residencia modelo a un grupo multado varias veces: “No queremos a estos piratas”

La familia de Ascensión Gracia es una más de esas tantas que durante la primera ola de la pandemia vivieron con miedo el azote del coronavirus en las residencias. Con una madre de 96 años interna en uno de estos centros sociosanitarios de la Comunitat Valenciana, no es de extrañar que no hubiera día que no estuviese pendiente de cómo se desarrollaban los acontecimientos en la región. Afortunadamente, ese geriátrico, el de Velluters, supo superar la primera ola sin ningún sobresalto. La empresa encargada entonces de la gestión, supo capear a la perfección el temporal. “Todo estaba bien protocolarizado. Hacían lo posible para que pudiéramos estar continuamente en contacto con nuestros familiares”, cuenta a este diario. Sin embargo, su tranquilidad se ha convertido ahora en desesperación. La multinacional DomusVi se acaba de hacer con la adjudicación para controlar este centro estrella de la región. A pesar de las sanciones que tiene sobre sus espaldas y de estar investigada por malos tratos a los residentes en uno de los geriátricos que controlan.

Asunción Ros, la madre de Ascensión, entró en el centro de Velluters en 2016, hace ahora cuatro años. La mujer tiene un grado de dependencia alto. Con demencia senil, su hija cuenta que ni puede comunicarse, ni comprende, ni reconoce. “Lo que puede hacer ahora mismo es caminar cincuenta metros y comer por sí sola alimentos triturados. Depende por completo de las trabajadoras del centro”, cuenta al otro lado del teléfono. La entrada en la residencia, como suele ser habitual, fue muy complicada. Pero llegados a ese punto, era la única salida posible. No obstante, cuenta que el centro consiguió “estabilizarla” muy rápido y que se adaptase a la nueva realidad. Sólo tiene buenas palabras cuando se le pregunta por los entonces gestores del centro, la empresa valenciana Gesmed. “Estoy muy agradecida. Nunca tuvimos ningún problema. Siempre existía la posibilidad de plantearle necesidades para mejorar la situación de nuestros familiares y siempre encontrábamos entre todos una solución. Había una confianza total y eso es muy importante para nosotros”, asegura la hija.

Coincide Eduard Gisbert. Director de colegio jubilado, hace tres años que va a visitar a su madre al centro de Velluters. Con 94 años, Charo Sampedro tiene alzheimer. Ya ni siquiera reconoce a sus familiares. No obstante, su hijo cuenta que la ha visto feliz en todo momento. “Ha estado llena de amor, de atención médica, sanitaria, bien alimentada…”, relata su hijo. Tanto Gisbert como Ros recuerdan, además, que en plena pandemia el centro se convirtió en una referencia en la lucha contra el covid. Prácticamente, desde el primer día se contó con protocolos de actuación. Las familias, relatan, estuvieron en todo momento en contacto con los residentes. Ya fuera a través de medios telemáticos como al otro lado de una ventana. En cuanto se detectaba a un mayor con síntomas compatibles con la enfermedad, se le aislaba inmediatamente. Y así fueron haciendo frente, poco a poco, a la primera ola. El examen se superó con nota. “No se detectó ni un solo caso de coronavirus”, explica Gisbert. “Fue un centro verde, totalmente limpio de covid durante los meses más complicados”, relata Gracia.

Protesta de los familiares de la residencia de Velluters, en València. | Europa Press

Pero la alegría se ha convertido en desesperación. A partir de ahora, ya no será Gesmed la que se encargue de llevar las riendas del centro. Con el contrato cumplido, la Generalitat ha vuelto a sacar a concurso la adjudicación para la gestión de Velluters. Y, según adelantó Levante-El Mercantil Valenciano, la licitación se la ha llevado la multinacional de residencias DomusVi. La empresa quedó en la parte técnica por detrás de la propia Gesmed y la firma Sacyr. Sin embargo, la balanza se inclinó de su lado cuando puso sobre la mesa la oferta económica. Con un presupuesto base de licitación de 9,77 millones de euros, la firma francesa planteó que se podía hacer cargo del centro por 8,89 millones de euros, un 9% menos. La anterior gestora propuso la segunda oferta más baja en el concurso. Con estos ingredientes, y el peso que tiene el precio en el proceso de valoración, la multinacional se hizo con el contrato. “Si se ofrece un servicio por mucho menos dinero –en este caso casi un millón menos– es porque hay algo detrás. Se invertirá menos en la calidad de la comida, en la atención a nuestros familiares…”, apunta Gracia, que cuenta que cuando entró su madre había en el centro más de ocho decenas de personas.

Sanciones

DomusVi, que controla más de un centenar de geriátricos por toda España, cuenta con un expediente negro en la región. Durante la primera ola de la pandemia, en la residencia que gestiona en Alcoy murieron nada menos que 73 de sus 140 residentes, más de la mitad. La tasa de contagio, además, rondó el 90%, y la Unidad Militar de Emergencias (UME) se vio obligada a intervenir para desinfectar las instalaciones. De hecho, se contagió casi un 90%. Fue la residencia más castigada de la zona durante los meses más duros de la crisis sanitaria, lo que ha llevado al Ejecutivo valenciano a estudiar cuál podría ser el procedimiento más adecuado para recuperar la gestión de ese centro sociosanitario, cedida por un tiempo de 45 años. “La cifra de fallecidos en esta residencia resulta inasumible”, aseveró el pasado mes de julio la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

No es el único geriátrico bajo su batuta en el que se han registrado deficiencias graves. A una hora y media de allí se encuentra DomusVi Jardines de Llíria, un centro que el pasado septiembre saltó a los medios de comunicación por un vídeo en el que se veía un abandono total de los ancianos. El asunto llegó a la Fiscalía, que a comienzos de octubre mandó un escrito al juzgado en el que apreciaba indicios de delito. “A raíz de las actuaciones llevadas a cabo, existen indicios de que el trato dispensado a los residentes por la directora, en su posición de garante, y por los encargados del cuidado, vigilancia y atención de los mismos, socavó gravemente su dignidad e integridad moral”, recogía el texto. Algo que, sin embargo, rechaza la compañía. La investigación abierta entonces, y cuyas conclusiones se han conocido esta semana, sostiene que dichas imágenes están “sacadas de contexto”, negando de esta manera cualquier tipo de malos tratos.

La multinacional francesa, además, acumula varias sanciones impuestas por la Generalitat valenciana. Semanas antes de que se desvelaran las imágenes en la residencia de Lliria, el Ejecutivo regional le impuso una sanción de 174.000 euros por el trato a los ancianos en este centro y por deficiencias de infraestructura. A esta se le sumó el pasado 27 de octubre una segunda multa de 40.000 euros. En concreto, por “no disponer del personal establecido por la normativa reguladora de cada servicio, tanto en la dedicación como en la calificación profesional exigida y necesaria para el ejercicio de sus funciones”. Es decir, por no cumplir con la ratio de personal exigida. La resolución señala que “se ha producido reiteración de infracciones”, que “constan advertencias previas” y que “se ha obtenido beneficio económico”. “Se demuestra que no son casos aislados ni puntuales sino que confunden la atención a mayores con tener un fondo de inversión para ganar dinero, y en el ámbito social, no cabe la mentalidad empresarial”, señaló con esta empresa en el punto de mira Oltra a comienzos de septiembre.

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“Mala gestión como tarjeta de visita”ala gestión como tarjeta de visita

Con este expediente sobre sus espaldas, las familias de Velluters están aterrorizadas. “Es horrible e incomprensible que una empresa sancionada en firme haya podido concurrir a esta licitación”, se queja Gracia. “Es indignante. Tienen la mala gestión como tarjeta de visita, por lo que no nos fiamos un pelo”, coincide Gisbert. Por eso, se han puesto en pie de guerra y dicen que no piensan admitir “bajo ningún concepto” la adjudicación. Este sábado, estuvieron a las puertas del centro protestando. Ya han pedido también una reunión con la vicepresidenta. Avisan de que no piensan dejar “desprotegidos” a sus familiares y que no van a permitir que esa tranquilidad que tenían con los anteriores gestores se vaya a convertir ahora en “incertidumbre”. “No queremos que vengan esos piratas”, prosigue Gisbert. Se muestran defraudados con los responsables públicos. Entendían que desde el Gobierno valenciano se tenía “otra sensibilidad” con este asunto. “No lo entiendo después de los discursos que hemos escuchado”, remata Gracia.

En julio de 2019, Oltra insistió en que uno de los retos del Pacto del Botànic era “abordar un cambio de modelo residencial” para “humanizar” estos centros y que “se parezcan cada vez más a un hogar”. “Una atención de calidad y dedicación a los residentes”, explicó la número dos del Ejecutivo madrileño durante una visita al centro de Velluters, que señaló como “un claro ejemplo” de esta gestión por la que se apuesta desde el Govern. Ahora, un año después, ese geriátrico modélico cambiará de manos. Oltra entiende “perfectamente” el cabreo de los familiares. Sin embargo, dijo este miércoles que poco podían hacer con la ley en la mano. Por eso, volvió a insistir en la necesidad de cambiar la norma de contratación en el ámbito de los servicios sociales para que deje de pesar tanto el precio y tenga más importancia la calidad técnica y la asistencial, “de lo que depende el bienestar y la dignidad de los residentes”. Algo que también exigen los familiares: “No se puede priorizar el tema económico cuando hay necesidades muchos más importantes”. Es el problema de convertir el cuidado de los mayores en un negocio como otro cualquiera.