Las reformas pendientes

El Gobierno amplía el perímetro de sus pactos y aísla aún más a un PP incapaz de llegar a acuerdos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presenta este miércoles los datos del avance quincenal de afiliación a la Seguridad Social.

El acuerdo cerrado en la madrugada del miércoles por el Ministerio de Seguridad Social con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) para establecer un nuevo sistema de cotización incorpora por segunda vez este año a los pactos con el Gobierno a un colectivo muy próximo al PP y agrieta uno de los principales argumentos con los que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha venido dirigiéndose a los ciudadanos. ATA era el último colectivo que faltaba por pronunciarse, después de que el martes dieran su aprobación la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).

ATA es una organización de autónomos que nunca ha disimulado su cercanía al PP y en más de una ocasión ha solicitado el apoyo de los conservadores a sus propuestas sobre cotizaciones, La última vez fue su presidente, Lorenzo Amor, quien se lo pidió personalmente a Núñez Feijóo el pasado 3 de mayo. ATA también apoyó en su día la modificación de la reforma laboral.

El pacto, un éxito del ministro José Luis Escrivá, debilita aún más la posición política del PP de Feijóo, que pese a su mensaje de supuesta moderación no ha atendido ninguna de las peticiones de acuerdo que le planteó el presidente Pedro Sánchez ni ha sido capaz de atraer al Ejecutivo para cerrar algún consenso en torno a sus propias propuestas. Algo que, por otra parte, no preocupa en absoluto en la calle Génova, donde siguen creyendo que serán la inflación y la crisis lo que les acabará dando las llaves de la Moncloa.

El caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación el PP bloquea desde hace más de tres años, es paradigmático. Feijóo abrió la puerta a negociar la renovación levantando las condiciones previas planteadas por su antecesor, Pablo Casado. Pero tras casi cuatro meses, y después de poner varias excusas para aplazar los contactos que no hicieron más que extender el bloqueo a una parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, volvió a trazar una línea roja para negarse a cumplir la ley. 

El acuerdo alcanzado por el ministro Escrivá se suma a otros muchos. La gran mayoría son políticos, se han cerrado en el Congreso de los Diputados, donde PSOE y Unidas Podemos están en minoría, y han permitido al Gobierno de coalición sacar adelante dos presupuestos generales consecutivos después de varios años de prórrogas forzadas por la dificultad de pactar. 

Los límites del PP

Las dificultades del PP a la hora de encontrar aliados, más allá de Vox, con quien gobierna en la Junta de Castilla y León, son evidentes, hasta el punto de que su única manera de recuperar la presidencia del Gobierno pasa por obtener mayoría absoluta o repartirse los ministerios con la ultraderecha.

Esa incapacidad de los conservadores de tener puentes se ha convertido en uno de los argumentos favoritos de los estrategas de la Moncloa, que siempre que tienen ocasión la contraponen a la disposición al pacto que el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos han demostrado durante toda la legislatura con partidos políticos y agentes sociales.

Entre esos acuerdos se cuentan desde de la convalidación de las sucesivas declaraciones de estado de alarma que permitieron el confinamiento en la primera ola de la pandemia y aprobar restricciones para luchar contra el virus a la aprobación de los decretos leyes que levantaron el escudo social para hacer frente a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. Con ello se pusieron en marcha los créditos ICO, los ERTE, las ayudas directas a los autónomos, la política de protección social y el apoyo al sistema sanitario. 

En el Ejecutivo tienen a gala que gracias a esas alianzas, mayoritariamente con formaciones de izquierdas, pero en ocasiones, pocas, con alguna de la derecha, como Ciudadanos, ha sacado adelante leyes de enorme trascendencia social como la que modificó la normativa laboral para corregir parcialmente la reforma laboral del PP, la reforma de las pensiones o la regulación de la eutanasia o una nueva ley de Educación que sustituyó a aprobada por el Gobierno de Rajoy con el rechazo no solamente de los demás partidos sino de toda la comunidad educativa.

Igualdad y crisis climática

La alianza PSOE-Unidas Podemos ha sido capaz de negociar y acordar con otros grupos textos tan relevantes como los que regulan la igualdad entre hombres y mujeres, impulsan medidas para hacer frente a la crisis climática, protegen a la infancia o ponen en marcha iniciativas para luchar contra la pobreza como la que dio lugar a la creación del ingreso mínimo vital.

En el congreso están en trámite en estos momentos otras iniciativas emblemáticas del Ejecutivo: la ley del solo sí es sí y la ley de Memoria Democrática, resultado ambas de largas y complejas negociaciones con organizaciones sociales y partidos políticos en las que la derecha no quiso participar. 

La capacidad de pactar del Gobierno fue uno de los argumentos que Sánchez puso encima de la mesa durante su reciente discurso del estado de la nación, en el que agradeció “a los representantes de la sociedad civil, a los agentes sociales, a los colectivos, a las ONG, a las organizaciones sectoriales, su voluntad para llegar a acuerdos, para pactar. Porque sobre esa voluntad se han cimentado muchas medidas del Gobierno y muchas leyes importantes”, reconoció.

Buena parte de la responsabilidad a la hora de llegar a acuerdos ha estado en manos de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La líder de Sumar, la plataforma se trata de reconstruir el espacio político a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones de 2024, ha sido capaz de cerrar notables acuerdos donde en principio era más difícil: en el diálogo social entre sindicatos y empresarios. 

Además de la ya citada modificación de la normativa laboral, cuya aprobación no únicamente ha impulsado la contratación, sino que ha disparado los contratos indefinidos, su departamento se anotó la subida del salario mínimo interprofesional —a la que todavía le queda recorrido para cumplir el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos al comienzo de la legislatura—, los reglamentos sobre igualdad e igualdad retributiva, la ley del teletrabajo o la reguladora de las condiciones laborales de los repartidores a domicilio en el mercado de las plataformas digitales.

Sánchez se propone continuar por ese camino. Por eso insiste en seguir alentando a los agentes sociales para que logren alcanzar un pacto de dividendos y de rentas. “Un acuerdo entre los trabajadores y las empresas que permita contener la subida de los precios, hacer un reparto justo de los costes y los beneficios de la actual crisis”, según el presidente.

 El Gobierno ha pedido a las grandes empresas “que cualquier beneficio suplementario derivado” de la crisis de precios “revierta en los trabajadores y en los consumidores que están soportando el azote de la inflación. Que cualquier beneficio indirecto de esta situación no engorde ni las cuentas de beneficios, ni tampoco los sueldos de sus altos directivos”.

“Es el momento”, emplazó Sánchez a las grandes empresas, “de demostrar que trabajan para crear valor para sus accionistas, y también crear valor a su sociedad. Así lo hicieron muchas durante la pandemia, y ahora, de nuevo, la sociedad, la mayoría social, necesita su compromiso. Este Gobierno no hará como hicieron los gobiernos del PP en anteriores crisis”, enfatizó: “Ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles”.

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