Memoria histórica

El Gobierno se compromete a que la nueva ley de memoria saque a Queipo de Llano de la Macarena en cuestión de meses

Las tumbas de Gonzalo Queipo de Llano y su esposa, en el interior de la basílica de la Macarena.

Queipo de Llano puede tener, por fin, los días contados en la Macarena. La nueva ley de memoria democrática enfila la recta final de su tramitación parlamentaria y, una vez en vigor, el Gobierno garantiza que servirá para sacar definitivamente de la basílica al general golpista. El texto, de momento en plazo de enmiendas, va un paso más allá que la actual ley de memoria histórica y prohibirá expresamente que “dirigentes del golpe militar de 1936” puedan permanecer enterrados en lugares de acceso público en los que se le pueda rendir homenaje o exaltación.

Esta misma semana, el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, confirmó durante la presentación en Sevilla del libro Caídos por la República y por la patria que la ley saldrá adelante “en cuestión de meses” y que, una vez aprobada, “se darán todas las condiciones para que las administraciones públicas hagan cumplir el mandato legal”. El auditorio que lo escuchaba rompió en aplausos cuando Martínez López confirmó que, por tanto, “Queipo de Llano saldrá de la Basílica de la Macarena”.

La nueva ley de memoria hace referencia expresa a casos como el del golpista enterrado en Sevilla, acusado de “crímenes de guerra” por el asesinato masivo de ciudadanos durante el golpe de estado de julio del 36. En concreto, en el artículo 38.3 del texto al que ha tenido acceso infoLibre, se refiere que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”.

La Junta, reticente

También se insta en dicho artículo a que sean “las administraciones públicas” correspondientes las encargadas de “garantizar lo dispuesto en este apartado", un aspecto clave puesto que es el Gobierno autonómico el competente en última instancia de la exhumación. En este sentido, desde el Gobierno central se insta a la Junta de Andalucía a cumplir con el mandato legal de una exhumación que las asociaciones de víctimas y por la recuperación de la memoria ya le vienen reclamando al ejecutivo andaluz desde hace años. Muchas de ellas denuncian incluso dejadez de funciones por parte de la administración autonómica y sostienen que, a día de hoy, ya existen los instrumentos legales suficientes como para exhumar a Queipo de Llano sin necesidad de contar con el visto bueno ni de su familia, ni de la Hermandad. Algo que ha suscitado recurrentes debates jurídicos e incumplimientos que el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a zanjar ahora con el nuevo texto.

Desde la Junta de Andalucía, sin embargo, no parecen predispuestos a ello. En respuesta a una pregunta parlamentaria adelantada por eldiario.es, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, defiende que “las prioridades de los andaluces están en el futuro, no en el pasado", y que, por tanto, "no es bueno buscar el enfrentamiento o el conflicto desenterrando esos horrores". Las asociaciones por la memoria temen que el choque entre administraciones provoque un nuevo retraso en la exhumación del militar golpista y defienden que el Gobierno debería incluir “un inventario o catálogo” que especifique dónde hay que actuar y dónde no.

Tramitación parlamentaria

En el Gobierno dan por hecho que la ley culminará exitosamente la tramitación parlamentaria y que, por ello, estará lista para entrar en vigor a principios de 2.022. Sin embargo, algunos de los socios de Pedro Sánchez en el Congreso siguen poniendo reparos. Es el caso de ERC, que ha planteado una enmienda a la totalidad y que sigue negociando la norma con los socialistas.

Los republicanos catalanes consideran el nuevo texto insuficiente y reclaman la restitución de "todos los honores, bienes y documentos" incautados por el franquismo a la Generalitat, así como los fondos destinados a indemnizar a los represaliados del franquismo y un inventario de todos los bienes incautados por el régimen. Sobre esos bienes, en su texto de enmienda ERC exige también la devolución del dinero confiscado y que se facilite el intercambio de papel moneda republicano por euros. Y pide que el Gobierno vaya un paso más allá y declare la ilegalidad de los tribunales o jurados "ilegales" de la Guerra Civil que se constituyeron por motivos de ideología, así como de las sentencias que dictaron "por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual".

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