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Tribunales

El juez del 'caso Villarejo' imputa al BBVA por tres delitos y rechaza la maniobra del banco de personarse como perjudicado

'La Vela', edificio BBVA en Madrid

El caso Villarejo azota con fuerza al segundo mayor banco de España. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado este lunes al BBVA como persona jurídica en el marco de la novena pieza separada de la conocida como Operación Tándem, en la que se investiga la relación comercial de la entidad financiera con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017. A través de un auto, el juez ha acordado investigar al BBVA por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Además, el instructor del caso ha decidido requerir al banco para que designe a la persona encargada de representarlo en la Audiencia Nacional y ha rechazado la maniobra de la entidad de personarse como perjudicada en la causa, que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario. El BBVA, por su parte, reitera que su prioridad es que se esclarezcan los hechos y colaborar con la justicia.

El magistrado García Castellón ha decidido dar este paso después de analizar el informe aportado la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción. En su escrito, el Ministerio Público solicitó al instructor la imputación del banco como persona jurídica al considerar que “el análisis de la documentación”, tanto la incautada en los registros de la Operación Tándem como la “aportada por el BBVA”, acredita “la contratación y los pagos presuntamente ilícitos” que la entidad hizo a la firma Cenyt, propiedad del comisario jubilado, para el desarrollo de “múltiples servicios de inteligencia” e “investigación de naturaleza patrimonial”. Trabajos que tendrían un carácter “ilícito” tanto por la “incompatibilidad” de los encargos con la condición de funcionario policial en activo de Villarejo –delito de cohecho activo– como por la “injerencia en los derechos fundamentales de personas” que se produjo por los “seguimientos personales” y el “acceso a comunicaciones o documentación bancaria” –delitos de descubrimiento y revelación de secretos–.

El Ministerio Público, además, deslizó en el escrito que “alguno de los directivos investigados” habría “percibido dádivas” del entorno del Grupo Cenyt a cambio de facilitar unas contrataciones que “afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo temporal”. Por el momento, en la novena pieza del caso están siendo investigados, además del BBVA, ocho directivos y ex altos cargos del banco. Si bien el expresidente Francisco González todavía no se encuentra bajo la lupa judicial, a pesar de que las contrataciones al entramado empresarial de Villarejo se produjeron durante su etapa al frente de la entidad, la causa sí que ha salpicado ya a algunos de sus más estrechos colaboradores. Es el caso, por ejemplo, del ex consejero delegado del banco Ángel Cano, que tuvo que acudir a la Audiencia Nacional a declarar como investigado a comienzos de julio. Ante el juez y los fiscales Anticorrupción, el que fuera número dos de González al frente de la entidad decidió acogerse a su derecho a no declarar.

Varios exdirectivos y altos cargos bajo la lupa

Silencio absoluto mantuvo también en sede judicial Julio Corrochano, exjefe de Seguridad de la entidad, para quien el magistrado García Castellón impuso una fianza de 300.000 euros. Nombrado jefe superior de Policía de Madrid en 1989, Corrochano dejó de lado el cuerpo en 2002 para dar el salto a la empresa privada de la mano del BBVA. Tres años después, la entidad financiera comenzó a trabajar con Villarejo, al que supuestamente se le habría encargado frustrar la operación puesta en marcha por la constructora Sacyr para desembarcar en el órgano de dirección del banco y forzar la salida de Francisco González. El nombre de Corrochano, a quien el comisario jubilado ha señalado en sede judicial como su interlocutor en el BBVA, aparece en algunos de los contratos suscritos entre la entidad financiera y la mercantil Cenyt. Y su voz, en las grabaciones que acostumbraba a realizar Villarejo. Audios en los que, incluso, se le puede escuchar asegurando que Cano estaba al día de los trabajos que realizaba el comisario jubilado.

Junto con Cano y Corrochano, también están siendo investigadas en la pieza otras seis personas relacionadas con el banco: la directora de Seguridad Corporativa, Inés Díaz; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo; el director de Red Banca Comercial, Ignacio Pérez; el exmiembro del Comité de Dirección Ricardo Gómez; el exdirector de Finanzas Javier Malagón; y el exjefe de Riesgos para España y Portugal Antonio Béjar. De todos ellos, el único que ha declarado ha sido Béjar, que hasta la fecha ha comparecido ante el juez en tres ocasiones. En la primera, reconoció los contratos con Cenyt pero negando cualquier irregularidad. En la segunda, explicó la destrucción de material informático en la empresa Distrito Castellana Norte, controlada por el BBVA y de la que fue cesado como presidente el pasado viernes. Y en la tercera, este lunes, ha detallado el contenido del material destruido y ha facilitado a los investigadores toda la documentación de su departamento que remitió a sus superiores cuando el caso Villarejo tocó al banco.

Con el nuevo paso dado por el magistrado García Castellón, el círculo alrededor del banco y de su expresidente se estrecha cada vez más. González todavía no ha sido citado a declarar como investigado en la causa. Por el momento, Anticorrupción no lo ha solicitado. Sin embargo, algunos audios de las conversaciones entre Corrochano y Villarejo también le ponen bajo el foco. “El tema del despacho y tal es del presi, es la misma historia de siempre porque no quiere que aparezcan pruebas”, dijo el exdirector de Seguridad del banco al comisario jubilado en una de las grabaciones publicadas por El Confidencial y Moncloa.com. A comienzos de julio, Villarejo declaró ante el juez y los fiscales, según apuntó su abogado, que su único enlace en el BBVA era Corrochano y que él era el encargado de hacerle los encargos y firmar los contratos. Sobre González, aseguró no haberse reunido ni hablado por teléfono nunca con él. El expresidente del BBVA decidió el pasado mes de marzo renunciar a su cargo de presidente de honor de la entidad mientras dure la investigación.

“No implica la acusación formal por ningún delito”

González decidió hacerse a un lado para, según explicó por carta, evitar que su nombre fuera usado para “dañar a la entidad”. Pero el segundo mayor banco de España se encuentra en la actualidad sumido en una profunda crisis. Y la opacidad con la que ha intentado capear el escándalo no ayuda a disipar la permanente sombra de duda. Hace seis meses, la entidad encargó una investigación a fondo sobre las relaciones mantenidas durante más de una década con el comisario jubilado. Tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo reclamaron entonces celeridad en las indagaciones. Por el momento, el BBVA se niega a aclarar si ya ha concluido el famoso informe forensic. Según trasladó la semana pasada a los empleados el presidente de la entidad, Carlos Torres, la investigación interna “avanza a buen ritmo”. Una vez Anticorrupción solicitó su imputación, el banco envió un comunicado en el que aseguró que estaba compartiendo con la justicia “de manera proactiva” los “hallazgos” relevantes que se iban desprendiendo de su investigación interna.

Desde que se iniciaron las pesquisas, la entidad, que entre 2004 y 2017 habría pagado a Villarejo unos 10 millones de euros, ha intentado desligarse de los movimientos realizados durante la época de Francisco González. De hecho, presentó un escrito pidiendo personarse en la causa como acusación particular, algo que ha rechazado este lunes el juez García Castellón. La defensa del banco, adelantada por El Mundo, ha pasado por erigirse como una “víctima” de los encargos –y los pagos– realizados al comisario jubilado, unos trabajos que tenían como objetivo “blindar la posición personal” de González. Pero no ha funcionado. A partir de ahora, el banco será investigado en la causa como persona jurídica, según establece el artículo 31 bis del Código Penal. En caso de que finalmente sea condenada, la entidad financiera podría enfrentarse a importantes sanciones económicas, a las que habría que sumar también el enorme daño reputacional.

Pocas horas después de conocerse su imputación, el BBVA ha remitido un comunicado en el que señala que la condición de investigado “no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito” y recalca que ha aportado información a la causa desde sus inicios. De hecho, la entidad financiera ha vuelto a destacar que ha compartido con la justicia de manera “proactiva” los hallazgos relevantes de la investigación forensic y ha subrayado que tanto en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción como el auto del juzgado de este lunes, que no se ha hecho público, “citan la colaboración activa del BBVA en la causa”. “Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”, ha completado la entidad en un comunicado suscrito por su presidente, Carlos Torres, y del que ha informado Europa Press.

El BCE se mantiene atento

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Ante la gravedad de un escándalo que pone en la picota a la segunda entidad financiera española más potente, el Banco Central Europeo no quita ojo al desarrollo de los acontecimientos. Sólo un día después del escrito de Anticorrupción, el supervisor europeo se limitó a pedir paciencia hasta que el juez tomara una decisión. Ahora, tras confirmarse la imputación, toda la atención se sitúa sobre el BCE, que según reveló El País está preparado para analizar las consecuencias financieras –pérdida de negocio, desplomes en la cotización o fuga de depósitos– de la decisión judicial. Preocupa, además, que la causa termine salpicando a la reputación de actuales altos directivos del banco. Por eso, ya han examinado las diferentes herramientas que tienen a su disposición. Una de ellas es el conocido como procedimiento Fit and Proper, con el que pueden evaluar, llegados a ese extremo, la idoneidad de que continúen en la entidad aquellas personas bajo sospecha.

La Audiencia Nacional comenzó a indagar en la relación empresarial entre el banco y Villarejo el pasado mes de enero, después de conocerse que la entidad financiera había contratado al comisario jubilado para desactivar el intento de la constructora Sacyr Vallehermoso de entrar en el órgano de dirección del BBVA y forzar la salida de su entonces presidente, Francisco González. La conocida como Operación Trampa consistió en un espionaje masivo para descubrir trapos sucios de los protagonistas de la maniobra de la constructora con el objetivo de filtrarlos posteriormente a los medios de comunicación. Para ello, se realizaron escuchas ilegales e, incluso, seguimientos. Entre los afectados, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe, el exvicepresidente del regulador bursátil Carlos Arenillas, el exministro de Industria Miguel Sebastián o la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.

Pero este espionaje político-empresarial no es el único encargo a Villarejo que está bajo la lupa de la justicia. La Audiencia Nacional también investiga otra supuesta operación orquestada por el comisario jubilado contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, para quien el Ministerio Público solicita 118 años y 5 meses de prisión en la causa abierta a raíz de la operación Nelson por haber ideado “un sistema para exigir la entrega de cantidades dinerarias importantes” bajo las advertencias de “arremeter” contra el “activo reputacional” de entidades financieras “por medio de la publicación de noticias desfavorables” o ejercitando “acciones judiciales”. De hecho, Pineda interpuso a principios de julio una querella contra el banco, su expresidente Francisco González, el comisario jubilado y uno de los colaboradores del policía por los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.

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