Podemos retira su firma de la ley de vivienda alternativa para "mejorar" ahora la pactada con el PSOE

La alcaldesa Ada Colau y las ministras Ione Belarra y Yolanda Díaz e un acto conjunto en el Congreso el pasado 18 de octubre.

Las alianzas en política suelen implicar renuncias. Gobernar en coalición es, también, ceder. Ese ha sido el argumento que han utilizado los dirigentes de Unidas Podemos para justificar su paso atrás en la ley de vivienda alternativa que han presentado los socios del Ejecutivo en el Congreso y que no continuará su trámite por falta de apoyos. Una ley que fue registrada a finales del mes de septiembre con la firma del espacio confederal junto a ERC, EH-Bildu, Junts, Más País, la CUP, Compromís, el BNG y Nueva Canarias y que fue elaborada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. 

Este martes los morados han decidido descolgarse de esa firma y ya no constan como coproponentes, lo que ha irritado a formaciones como Esquerra Republicana y Bildu. Según ha podido saber infoLibre, la decisión de Unidas Podemos se ha producido con la intención de "facilitar" el entendimiento con el PSOE y "mejorar" su propia ley. "Nada más entrar al pleno en el PSOE nos han empezado a acusar de deslealtad", asegura un parlamentario del grupo confederal en conversación con este periódico. El conflicto de fondo es la ley pactada por la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aprobada el pasado mes de octubre en el Consejo de Ministros.

Dicha ley, la primera que regula el derecho a la vivienda, permite declarar zonas tensionadas a municipios y barrios donde el coste de la hipoteca supere el 30% de los ingresos de los hogares, limitar los precios de los contratos, recargas en el IBI de hasta el 150% por tener pisos vacíos o una batería de incentivos fiscales a los pequeños propietarios que alquilen bajo una serie de condiciones. 

Al mismo tiempo que el ala socialista cedía en el punto de reducir los precios de alquiler en base al índice de precios, los morados hacían lo propio con el alcance de la medida: el acuerdo firmado por el PSOE y UP únicamente obliga a los grandes tenedores, es decir, aquellos propietarios que tengan 10 o más viviendas, a bajar por ley los precios. Algunos socios del Ejecutivo creen que a este acuerdo le falta la "ambición" que sí tiene la norma redactada por los colectivos sociales y los sindicatos.

UP confía en que ERC y Bildu den un "empuje" a su propia ley

A juicio del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, la ley pactada por el Gobierno de coalición "se queda corta y no frena la especulación ni los desahucios". Una opinión compartida por Mertxe Aizpurua, de EH-Bildu, que la ha tildado de "insuficiente": "Tiene carencias para proteger el derecho a la vivienda", ha alegado en una comparecencia desde la Cámara Baja. En palabras de Joan Baldoví, diputado de Compromís, la ley alternativa de vivienda que se ha presentado este martes en el pleno es "más justa, social y avanzada que la que quiere presentar el Gobierno".

En Unidas Podemos, conscientes de las reticencias de sus socios parlamentarios, buscan "mejorar" el texto con enmiendas al articulado y alegan que los necesarios votos de ERC y Bildu podrán forzar cambios de calado. "Pueden lograr el empuje que le hace falta a la ley", han sido las palabras del portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique. El dirigente ha asegurado que la norma del Ejecutivo de coalición ha supuesto un "cambio de paradigma", pero ha remarcado que PSOE y UP, al igual que el resto de formaciones, tendrán que "ceder". "Tenemos que acostumbrarnos a no tener mayoría absoluta", ha remarcado.

Las fuentes consultadas por infoLibre en el espacio confederal aseguran que las demandas de ERC y Bildu van en consonancia con lo que plantean ellos mismos, por lo que creen que al PSOE no le quedará "más alternativa" que cambiar algunos aspectos de la ley si la quieren sacar la ley adelante. En ese sentido sugieren acortar el plazo legal para poner en marcha el índice de precios necesario para aplicar la regulación de precios, fijado por ahora en 18 meses. Los morados plantean reducirlo a 4 meses, aunque indican que pueden ser "flexibles" en este punto. También podrían tratar de redefinir qué es un "gran tenedor", es decir, que en lugar de 10 inmuebles sean 8 o incluso 5, como planteó inicialmente Belarra.

El PSOE se une a la derecha e impide el trámite de la ley alternativa

La ley de alternativa de vivienda no ha contado con los apoyos suficientes para seguir su trámite parlamentario por la negativa del PSOE. El resultado final ha sido 57 votos favorables, entre ellos los de Unidas Podemos, mientras que 280 parlamentarios han votado 'no'. En esta postura se incluye el PSOE, el PP y también Vox. Los socialistas han alegado que dicha norma "choca frontalmente" con la del Gobierno y con las competencias de las comunidades autónomas.

Por su parte, en el grupo confederal han defendido su voto favorable por el "compromiso con los colectivos de vivienda" ya que "sin su trabajo no se entendería ninguno de los logros que hemos alcanzado para garantizar el derecho a la vivienda", alegan. "Hemos retirado la firma como muestra de nuestro compromiso también con la ley del Gobierno, para no darle ninguna excusa al PSOE para romper el acuerdo", han zanjado.

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