En tiempos de incertidumbre perpetua como los actuales, las redes están pobladas de una constelación de terapias y decálogos de consejos, o tips, sobre cómo vivir una buena vida, ser más productivo o resiliente. Esta carcasa inspiracional ha sido ya criticada desde numerosas perspectivas, que han advertido de las consecuencias que puede tener responsabilizar a las personas de su bienestar.  

Pero en pocas ocasiones nos detenemos a estudiar las raíces de esta punta del iceberg psicológico, de este paradigma de autoadiestramiento que guarda similitudes con los productos de IKEA, y, en consecuencia, con las formas de producción y comercialización actuales. De no pararnos a pensar, corremos el peligro de convertirnos en startups. 

Según afirma la psicóloga clínica Inmaculada Amador, se trata de un discurso que no viene, en realidad, de la psicología, sino del ámbito empresarial y en especial del marketing. “Hay muchos ejemplos”, afirma esta experta, que desde la pandemia advierte una transformación en los síntomas de sus pacientes. “Por ejemplo, ser tú mismo: no conozco a ninguna persona que no sea ella misma. Esta insistencia probablemente venga a indicarnos que lo que tienes que hacer es convertirte en una marca y diferenciarte del resto. Con la zona de confort pasa algo parecido: conozco a mucha más gente que lo que quiere es entrar en esa zona de confort, porque no parece que haya muchas zonas así”.  

“Creo que todos estos términos entroncan, además, con el marco ideológico del neoliberalismo. Ya no se trata, como antes, de limitar la intervención estatal en la economía, sino de extender la lógica del mercado más allá. El denominado crecimiento personal es un pilar estratégico de todo ello, una subjetividad en la que el poder se sustenta a base de la autoexplotación”. 

Estos discursos se han reforzado tras la pandemia: “Ha habido mucha gente que, en lugar de pensar en cómo hacer para gestionar la frustración de una manera saludable, se han creído culpables de lo que les pasaba. Ahora hay una diferencia notable en las consultas, con gente que lo está pasando mal precisamente porque se culpabiliza totalmente de lo que le pasa: por tener menos resiliencia, por no estar haciendo las cosas como debe, porque las cosas les estén yendo mal…”.  

La autoexplotación no viene precisamente de la pandemia. “A finales de los noventa salió un librito que fue un bombazo, Quién se ha llevado mi queso. Era un cuento que reflejaba un camino para que incorporáramos a nivel psicológico el despido libre. Según este, uno tiene que calcular los riesgos, adelantarse a ellos, conocer a sus competidores y salir de la empresa antes de que prescindan de uno. En base a esta idea de escapar de la zona de confort, de reinventarse continuamente, uno cambia de empleo cada dos por tres para seguir creciendo profesionalmente. Este es otro elemento más de lo que está pasando y de lo que se ofrece desde determinada manera de entender lo psicológico y el crecimiento personal”. 

Autoexplotación y exigencia muchas veces disfrazadas de términos ambiguos como autocuidado y gestión emocional remiten a un discurso que, para el sociólogo Luis Enrique Alonso, incluye trazas de autoritarismo. Se trata de uno de los temas presentes en su libro Poder y sacrificio: los nuevos discursos de la empresa (Ed. Siglo XXI), coescrito con Carlos Fernández. Ante la pregunta de si la inflación de términos psicológicos puede entenderse como un desbordamiento del discurso del management, Alonso afirma que psicologización y management tienen la misma matriz ideológica: la individualización. 

“Estos mensajes reflejan una crisis de la sociabilidad en la que te tienes que defender tú mismo y buscarte las herramientas autoconstructivas para salir del atolladero. De la sociedad no puedes esperar demasiado y tú eres un sujeto de talentos y capacidades individuales que debes explorar y que te pueden llevar al éxito”.  

“Asistimos a una pérdida de vínculos que eran propios de la modernidad industrial”, continúa Alonso. “Eran identidades fabricadas a lo largo de la historia, bases de reflexión, de consuelo, para compartir, o incluso para militar. Y todo esto, además, se ha acelerado con el cambio tecnológico”.  

“A veces en grupos de discusión nos sale lo de las herramientas psicológicas para resistir problemas sociales, como el acoso laboral y sexual. Y desde esta perspectiva se dan estas herramientas, pero se descuida totalmente el ambiente institucional. ¿Cómo vas a defenderte en un campo solo con herramientas de blindaje emocional? Y nos aparece también gente que acababa culpándose y para las que las recidivas eran superiores. Es un tema social e institucional en el que unos tienen poder y otros no. El remedio parece peor que la enfermedad”.

Otro factor que incrementa los problemas derivados de esta terapia 24/7 es que, en el ecosistema de las pantallas, todos trabajamos de manera más o menos continua para ponernos a punto: “Ahora mismo el productivismo en el consumo es altísimo: el ocio, en muchísimas ocasiones, acaba siendo indistinguible del trabajo. Cuando compras billetes de Ryanair en el trabajo: ¿trabajas o consumes? ¿Y cuando trabajas a las cuatro de la mañana?”. 

Detrás de todo este fenómeno late una profunda crisis institucional que se manifiesta también en forma de corrientes conspiratorias diversas que pueden guardar también relación con el discurso individualista sobre el crecimiento personal. “Son fenómenos también ligados a la pérdida de institucionalidad de lo moderno y lo colectivo. Ahora estas teorías te permiten ser el dueño del secreto: tú sabes algo que los otros no, y eso te da un supuesto poder. A los otros los están engañando. En vez de pensar que el saber es una cosa colectiva, que se comparte, se pasa a una privatización de las esferas de la información”.

Huelga decir que el problema no son las terapias en sí mismas. Inmaculada Amador lo resume certeramente: “El problema es el uso que de la terapia se hace. Estrategias que pueden ser muy útiles en la vida de alguien, si se usan con determinados fines para lograr cosas que no nos interesan a nosotros, sino a otros, pierden su esencia. La psicología está para facilitar y ver cómo podemos avanzar y construir juntos, pero no para todos estos fines empresariales y mercantilistas".

Las alternativas no están claras. “La buena noticia es que ahora hay mayor consciencia de que el verdadero desarrollo implica una mejora del bienestar y de la calidad de vida. No que te leas un libro para reinventarte o gestionar tu marca. Aunque no es nada fácil, ahora lo estamos viendo con el tema de la sanidad pública, ya que, ante políticas que recortan y que hacen que haya menos acceso a todo lo sanitario, la gente está saliendo a la calle y diciendo que la sanidad no se vende, sino que se defiende. Ahí puede empezar a pararse esta espiral tan desgarradoramente individualizada y a recuperar la dignidad del ser humano, aflorando lo que sabemos que ayuda verdaderamente”, concluye Amador. 

Luis Enrique Alonso ha detectado cierta incredulidad entre los sujetos estudiados, pero que, carentes de alternativas claras, caen en una continua adaptación resignada. “La lógica de que no te quejes, de que la responsabilidad la tienes tú, está detrás de este tipo de discursos lacrimógenos y preautoritarios. Lo que puede parecer un discurso de aliento es, en realidad, algo muy represivo, muy parecido al darwinismo social del siglo XIX”.

A veces, una anécdota, por pornográfica que pueda resultar, sirve para fotografiar una realidad poco iluminada. Esta foto, revelada por una voz del ámbito jurídico que prefiere mantener su anonimato, describe una escena en un juzgado: la jueza ponente, al saludar en un corrillo al abogado defensor, experto en llegar a acuerdos con la fiscalía, le espeta: “Contrátame en tu despacho, que yo quiero ganar dinero”. Quizá por casualidad, la sentencia de este caso fue absolutoria. 

La caricatura nació para mostrarnos con sorna las costuras más incómodas de la realidad. La independencia judicial, en pugna hoy contra un supuesto asalto político, se debe examinar también desde este punto de vista. Los grandes bufetes de abogados se comportan, a menudo, como una bisagra: asesoran legítimamente a grandes empresas e individuos privilegiados contra sus problemas judiciales; pero, para ello, reclutan a una parte de la élite que en el pasado ha dictado sentencias decisivas.  

El problema de este tipo de puerta giratoria, poco conocida y, a veces, carente de restricciones, no radica en que jueces o fiscales no puedan, tras una jubilación o una excedencia, pasar al ámbito de los bufetes. “Se trata de aprovechar el capital humano”, afirma otra fuente de la judicatura que advierte sobre el peligro de las generalizaciones sobre un colectivo judicial que mayoritariamente hace bien su trabajo. “No hay nada necesariamente malo en que uno se jubile y pase a un despacho, porque eso no implica que vayan a influir en compañeros que están resolviendo un recurso”. 

Pero las excepciones a esta regla deberían atraer la atención de los observadores. El conflicto de interés derivado de estas puertas giratorias, y, con ello, el riesgo para la separación de poderes, registra muchas variantes: que un magistrado asesore a clientes a los que haya tratado anteriormente desde la otra orilla judicial; o que mantenga contacto con compañeros de promoción o salas de tribunales que puedan verse influidos por este en sus sentencias.  

En este tipo de movimientos, las remuneraciones son más atractivas: “Es en la vía penal donde ganas dinero: en un bufete puedes generar en un día lo que en un mes como juez”, afirma otra fuente. En un mundo pequeño y relacionalmente denso de 5.000 jueces y 2.000 fiscales, es frecuente que estos movimientos profesionales provoquen tirones en la telaraña jurídica. Y que los renglones de las sentencias puedan resultar, al menos, un poco torcidos.  

Los fichajes más galácticos son los integrantes de la élite judicial, es decir, los magistrados, los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o del Constitucional, a veces, con participación en el CGPJ.  

Destaca José María Macías. Juez y magistrado, integró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2015 y 2024 a propuesta del Partido Popular, manteniendo un papel de liderazgo activo contra la amnistía. Al mismo tiempo ejercía como jefe de litigios especiales ante el Tribunal Supremo y el Constitucional por cuenta del bufete Cuatrecasas, del que era, además, socio.  

Esta simultaneidad de papeles obligó a Macías a dimitir de la Comisión Permanente del CGPJ con dos años de retraso, lo que no le excluyó, sin embargo, del órgano de gobierno de los jueces. Como consecuencia de la renovación del CGPJ, Macías ha pasado a ser uno de los delegados del poder político conservador en el Tribunal Constitucional, y ha abandonado Cuatrecasas. 

El papel de Macías, exmiembro de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, lo colocaba en una posición de potencial influencia sobre sentencias que afectaran a clientes suyos –sin olvidar que es el CGPJ, al que pertenecía, el encargado de nombrar a los jueces para determinados tribunales y rangos–.  

En una posición de especialización similar en Cuatrecasas figura otro juez, Juan Antonio Xiol, de extracción más progresista e independiente. También el magistrado Joaquín Huelin, cercano al expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes, y reclutado bajo la influencia de otro magistrado y exCGPJ afincado en Cuatrecasas, Javier Laorden. Este gran bufete ha contado también con el exjuez y fiscal Santiago Milans del Bosch, abogado de los Franco y de Eduardo Zaplana; y con la exvicepresidenta conservadora Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado.  

Otro de los grandes bufetes que ha reclutado a magistrados es Uría y Menéndez. Carlos Bueren, exjuez de la Audiencia Nacional conocido por su independencia y su papel en juicios contra el terrorismo y el narcotráfico, defendió desde este despacho a la familia Botín. Desde la Audiencia Nacional había archivado sentencias como la de las cesiones de crédito del Banco Santander.  

Otra casuística afecta a jueces de lo mercantil que participaron en concursos de acreedores de grandes empresas y que han desembocado en despachos especializados. Daniel Irigoyen, que ejerció en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el juzgado mercantil número 5 de la misma ciudad, asesora desde Cortés Abogados al presidente de Celsa en un conflicto con sus acreedores cuya resolución ha quedado asignada al juzgado barcelonés mencionado.

Bernardo Pinazo, exjuez de lo mercantil malagueño, fue reclutado por el Málaga Club de Fútbol durante su concurso de acreedores, pasó efímeramente por la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga (PP) y por el consejo del Málaga CF. No fue su primera experiencia futbolística: en 2004 fue asignado como administrador concursal de la UD Las Palmas en un juicio cuyo titular, Juan José Cobo, también ejercería durante un tiempo la actividad privada en Cobo Planas Abogados Asociados.  

El caso de José Luis González Armengol refleja una red más tupida de influencias: antiguo juez decano de los juzgados de Madrid, ha sido considerado contacto judicial del policía José Villarejo, y habría mediado para que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre no tuviera que declarar por haberse dado a la fuga tras haber aparcado ilegalmente en la Gran Vía. Después de ejercer el decanato de los juzgados madrileños durante tres periodos y la portavocía de la conservadora Asociación Francisco de Vitoria, fue reclutado por la asesoría jurídica de El Corte Inglés, habitada por otros compañeros del Tribunal Supremo, de distintas Audiencias Provinciales y de juzgados mercantiles. 

El plato fuerte es el exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán. Redactor de la sentencia del caso Banesto, Choclán ha evolucionado hacia una especie altamente demandada por perfiles con influencia. Ha defendido a Cristina Cifuentes, a Rita Barberá, a Francisco Correa o a Víctor de Aldama. También a la familia Carceller, propietaria, entre otras empresas, de Cervezas Damm; al Banco Popular, a Cristiano Ronaldo, a Imanol Arias, y a José Mourinho, entre otros. “Igual que todos los ricos quieren tener un Dior, ahora quieren tener su Choclán”, relata con acidez una antigua compañera suya en los juzgados.  

En otros casos, la potencialidad del conflicto de interés es menos clara, y procede remitirse a un movimiento de puerta giratoria: el exjuez del Tribunal Supremo Javier Gómez Bermúdez, protagonista de la sentencia del 11M, trabaja en Ramón y Cajal Abogados, firma de la que es socio el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina; por el despacho Martínez Echeverría pasó ruidosamente el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, colaborador del extinto partido Ciudadanos; e Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional, abogado de Mario Conde, José María Ruiz Mateos y Ángel María Villar, y martillo jurídico contra Garzón en el caso de las escuchas del caso Gürtel, estuvo en Tax and Law, y, después, en Peláez Abogados hasta su fallecimiento en 2017. 

Este tipo de movimientos afecta también a jueces y fiscales progresistas. Antonio Camacho, quien fuera ministro de Interior con José Luis Rodríguez Zapatero y fiscal, es asesor especializado en Pérez Llorca. Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial y al que se le ha impedido este año retornar, ha defendido al activista Julián Assange desde su despacho, Ilocad, donde también interviene en pleitos que afectan a distintas figuras de la política y los negocios en Latinoamérica. El bufete de Garzón ha defendido, por ejemplo, a Enrique Castaño, a Carlos Salamanca y a Eugenio Pino, socios del policía Villarejo.  

Pese a que las anécdotas corran el riesgo de llevar a generalizaciones, todos estos casos exigen una reflexión. Si bien instituciones internacionales como el Consejo de Europa y la Comisión Europea, que se han pronunciado contra la injerencia política en la judicatura, también han hecho referencia a este tipo de movimientos éticamente cuestionables, estos casos no forman parte del debate mediático. Una de las fuentes consultadas sentencia: “Cuando vas a una sala y tienes de magistrado a quien ha compartido lugar y, mucho más que eso, deliberaciones contigo, conoces sus debilidades. Este es un mundo opaco en el que, muchas veces, no hay que pedir nada a nadie. No debemos olvidar que esos bufetes son una gran bisagra entre la empresa y el poder judicial”.

El debate sobre la independencia judicial está en auge en el inicio de este curso político, pero tiene múltiples dimensiones y un largo historial. No comenzó en esta legislatura: en 1997, Felipe González, por entonces secretario general del Partido Socialista y expresidente del Gobierno, advertía de que “hay cosas que no funcionan y que tiene que parar el espectáculo diario de la justicia". 

Parece que el tiempo no haya transcurrido. Tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa, a través de su asamblea y de los informes del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), han criticado en numerosas ocasiones el sistema de elección de los jueces para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que, según estas instancias, el Parlamento ejerce un peso excesivo y preocupante.   

Pero esta preocupación sobre la independencia judicial no suele extenderse a otros ámbitos en los que la separación de poderes puede correr también riesgos. Como afirmara la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en la apertura del año judicial, “independencia no equivale a libre arbitrio”. 

Pese a que la cooptación política de jueces y fiscales ocupa un lugar central dentro del debate político, poco se dice sobre los contactos que una parte de la élite judicial y fiscal establece con el poder económico: por una parte, a través de las jornadas y cursos organizados por instituciones y entidades privadas; por otra, en las actividades que jueces y fiscales jubilados y en excedencia realizan para grandes bufetes y firmas de abogados, cuando no por cuenta propia.  

Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces y magistrados ejercer actividades mercantiles más allá de la gestión de su patrimonio, y que los miembros del CGPJ deben declarar todas sus propiedades y actividades, dicha exigencia no se ha extendido, por ahora, a los magistrados del Tribunal Supremo, un componente esencial de la élite judicial. 

Algunas de estas conexiones pasan desapercibidas por su sutileza y, cuando son reveladas periodísticamente, se deben mayoritariamente a lo llamativo de los vínculos que salen a la luz, por lo que la mayoría permanece, todavía, bajo un oscuro desconocimiento. 

La existencia de cursos, jornadas y conferencias financiados por distintas entidades del sector privado es una forma muy habitual de establecer este tipo de contactos. El supuesto vínculo entre Baltasar Garzón y el Banco Santander –que habría pagado una serie de cursos del entonces juez en Nueva York– fue citado cuando sus oponentes trataban de expulsarlo de la carrera judicial, casualmente cuando éste encabezaba una causa general contra el franquismo y, además, instruía la trama Gürtel, una red de corrupción y financiación ilegal del Partido Popular. El juez quedó inhabilitado por las escuchas del caso Gürtel, mientras que el asunto de los cursos sería finalmente archivado por el Tribunal Supremo. 

Pese a que esta relación copó los titulares, ha causado mucho menos revuelo la presencia de determinados exponentes de la élite judicial en otro tipo de eventos generalmente organizados por el sector privado, cuando no por organizaciones de la sociedad civil abiertamente politizadas. 

Entre estos pueden destacarse los debates de la fundación FAES, cercana al Partido Popular y presidida por José María Aznar, a los que asistieron magistrados como Manuel Marchena, máximo responsable del juicio del proceso independentista catalán y miembro del tribunal que condenó a Garzón por el caso de las escuchas a miembros de la trama Gürtel, consideradas ilegales. Marchena recibió, además, un premio por parte de la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo asesor se sentaban los exministros José María Michavila y Ángel Acebes. 

A los eventos de FAES también asistieron, además de otros exministros del PP, como Alberto Ruiz Gallardón o Federico Trillo, el exmiembro del CGPJ y del Tribunal Constitucional dimitido por conducción ebria y actual consejero de Justicia madrileño, Enrique López, o el exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce. 

Contaron, también, con otros magistrados próximos a Marchena, y relacionados con la destitución de Garzón, como Adolfo Prego o Miguel Colmenero, ponente tanto en el caso de las escuchas de Gürtel como en el de los cursos de Nueva York. También con Pablo Llarena, instructor del procés y contrario a aplicar la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont.  

Si bien impartir cursos es una actividad que se puede ejercer previo permiso del CGPJ y no tiene por qué implicar incompatibilidad alguna, la escuela sede de dichos cursos puede indicar conexiones directas e indirectas. Precisamente fue la persistencia de esta red de vinculaciones la que llevó al exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo a presentar en 2014 una denuncia ante el CGPJ. 

En ella, Jiménez Villarejo señalaba a siete jueces del Tribunal Supremo y a seis abogados de la trama Gürtel por haber compartido aulas y remuneraciones en jornadas patrocinadas por empresas como El Corte Inglés, Repsol, Banesto, Enagás, Telefónica, Gas Natural, Caixa Galicia, Cajamar o Caja 7.

El exfiscal mencionaba también a otra entidad algo menos conocida pero no menos relevante: el Instituto Europeo de Práctica Judicial Schola Iuris, propiedad del empresario Ángel Benseny Pellicer, socio de dos de las personas de confianza del comisario jubilado José Manuel Villarejo. 

Schola Iuris acogió sesiones formativas por parte de magistrados como el ya mencionado Manuel Marchena, José Manuel Maza Martín, fiscal general del Estado de un Gobierno de Mariano Rajoy, y de Manuel Moix, quien fuera fiscal anticorrupción del mismo Ejecutivo.  

Marchena y otros jueces del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional también estuvieron presentes en el Foro de la Justicia, organizado por Ausbanc entre los años 2010 y 2016, en el que se trataron problemas como las cláusulas suelo y otras consecuencias jurídicas de la crisis financiera, como las estafas de las preferentes. Las remuneraciones iban de los 800 a los 1.500 euros por intervención. Algunos de los asistentes donaron dichas cantidades a ONG. El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, sería posteriormente encarcelado por presunta extorsión, aunque absuelto por el Tribunal Supremo. 

Pineda reconocería que, más que para aprender, este tipo de eventos se organizaban para “hacer amigos”. El caso de Ausbanc desembocó en un debate sobre este tipo de remuneraciones y pagos, que podían suponer conflictos de interés. 

Como consecuencia de este y de otros casos, han sido muchos los debates en el seno de la élite judicial y de su órgano de gobierno, que ha elaborado un código ético y creó en 2018 una comisión de ética judicial para dirimir estos posibles conflictos. Esta última es la única compuesta a partir de la elección de los propios jueces y tiene predominio conservador.  

El desarrollo de normas para evitar este tipo de conflictos no parece suficiente. El CGPJ autorizó al juez Luis María Díez-Picazo a impartir clases en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), centro vinculado a la patronal bancaria Asociación Española de la Banca. Díez-Picazo fue decisivo en un cambio de normativa sobre el impuesto hipotecario de Actos Jurídicos Documentados, que terminó siendo favorable a la banca. Esta vinculación provocó en su momento una protesta por parte de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, presidida por Elisa de la Nuez.  

A estos cursos y conferencias hay que añadir la participación de miembros de poder judicial como socios o colaboradores de bufetes, un género que merece un espacio propio. Y a todo ello se debería sumar la coincidencia de los exponentes de la reducida élite judicial en otro tipo de foros de carácter más informal, como determinados clubes de élite. 

Si bien se hace necesario que la injerencia política en el poder judicial se minimice (también la de una derecha que no parece querer abandonar su activismo durante este curso), es igualmente exigible un ejercicio de transparencia para que dicha independencia pueda cumplirse en todos sus ámbitos.

En 1988, tras la muerte de Carmen Polo y Martínez-Valdés, la viuda del dictador Francisco Franco, Mariano Sánchez Soler, por entonces, un redactor de la revista Tiempo con una peligrosa atracción por la novela negra, recibió el encargo de investigar las propiedades de la familia que había regido España durante cuarenta años. 

Pocos se habían atrevido a penetrar en los pasillos de un laberinto accionarial protegido durante décadas por la propaganda y el oscurantismo. Esta investigación dio lugar a la publicación de Villaverde. Fortuna y caída de la casa Franco (Planeta) y de Los Franco, S.A. (Oberon). Coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, se reedita La familia Franco S.A. Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente (Roca Editorial). Una actualización revisada del trabajo de toda una vida que llega en un momento en el que la nostalgia ignorante y orgullosa se esgrime como una dudosa medalla.  

Algunos mitos franquistas han demostrado ser resistentes en el imaginario popular. ¿Era Franco tan austero como se contaba y como todavía muchos creen?

Este mito forma parte de la propaganda del Ministerio de Información, que durante décadas y dos generaciones de españoles se refirió a Franco como al padre de la patria y de todos los españoles. Que no le gustara beber ni se le conociera ningún devaneo sexual forma parte del perfil de un militar africanista con una personalidad misteriosa y reservada, de la que en realidad no se sabe nada. Pero él se enteraba de todo lo que ocurría a su alrededor y, además, salió en auxilio, por ejemplo, de su hermano Nicolás con el escándalo de Manufacturas Metálicas Madrileñas, o de su yerno, Cristóbal Martínez-Bordiú, el marqués de Villaverde, con el caso de las importaciones de las Vespas.  

Como documenta el libro, él manejaba mucho dinero para la época y vivía en palacios. Una anécdota refleja esta pretensión: él quería al principio instalarse en el Palacio Real, y fue su cuñado, Ramón Serrano Súñer, que por entonces formaba todavía parte de su núcleo duro, el que le dijo que debía ser más discreto.  

Y, además, sus nietos disfrutaron de cabalgatas privadas en su propia vivienda…  

Los nietos del Generalísimo vivían como si fueran reyes de una monarquía absolutista. En palacio, con la guardia mora, con la servidumbre, con la gente que formaba parte del núcleo del régimen… Los mayores vivieron ese momento mágico en el que se les hacían todo tipo de halagos y regalos. 

¿Qué era ‘el clan de El Pardo’?

El Palacio de El Pardo se convirtió en un centro de tráfico de influencias para que los miembros de la familia Franco entraran en negocios. El delito no existía siquiera en el Código Penal. Lo que pasó fue muy sencillo: José María Sanchiz Sancho, secretario de El Pardo, y tío del marqués de Villaverde, hizo grandes negocios para la familia, logrando que tuvieran múltiples propiedades a través de Sociedades Anónimas. De ahí tenemos que descontar los regalos directos a Franco: el palacio de Cornide, el Canto del Pico y el Pazo de Meirás. Cuando yo comencé a investigar todo esto comprobé que la residencia habitual de los Franco en la calle Hermanos Bécquer, en Madrid, pertenecía en realidad a una empresa llamada Ursaria, que, además, era propietaria del edificio entero, y que estaba en manos de testaferros de la familia. La finca favorita del dictador, Valdefuentes, en Arroyomolinos, no estaba a nombre de Franco, sino de otra S.A., y así todo lo demás. A la fecha de la muerte del dictador, pude constatar la existencia de 52 empresas ligadas a la familia. 

A dicho clan pertenecían también banqueros relevantes: Coca, Fierro, Barrié de la Maza… ¿Cómo de interrelacionadas estaban las finanzas con la política?

Los banqueros eran procuradores en Cortes, vocales en los planes de desarrollo, o incluso directores generales. Saltaban de las entidades financieras públicas a las privadas y a las mixtas. El padre del marqués de Villaverde montó el Banco de Madrid. Los que iban mucho al Pardo por amistad eran Ignacio Coca, el banquero del régimen, o los Fierro –que tenían negocios con Nicolás Franco–, o los hijos de Juan March. Aguirre Gonzalo, de Banesto, no quiso ser ministro porque tenía mejores cosas que hacer. Barrié de la Maza, del Banco Pastor, fue uno de los grandes beneficiarios de la dictadura… 

Lo público y lo privado se unían, y los ministros pasaban del consejo de ministros al consejo de administración. Todo el capitalismo español se desarrolló bajo la dictadura, con un oligopolio de pocas personas que lo controlaban todo.  

Ese control político tan extremo llevaba a determinados empresarios a colocar a personalidades del régimen en sus consejos de administración como forma de prosperar. Pasó, por ejemplo, con Nicolás Franco en FASA Renault…

Para montar una empresa de automoción, el general Gambara, que capitaneó las últimas fuerzas italianas que tomaron Alicante, fue a El Pardo para ofrecer a un miembro de la Casa Militar o la Casa Civil de Franco un puesto en el consejo de administración. El pasado les beneficiaba. Les regalaban acciones de Galerías Preciados, como pasó con Carmen Polo, o terrenos urbanizados en Benidorm. Sus apellidos pesaban mucho: ¿quién iba a negarse a concederles un crédito?  

En la segunda parte del libro se narra la decadencia de la familia Franco: muere el dictador, se producen incendios en sus propiedades y la clase política empieza a darles la espalda.  

Nunca se sabrá la causa del incendio del Hotel Corona de Aragón (donde murieron 83 personas), que estaba lleno de militares que habían jurado el cargo y que se quiso vender como un atentado sin pruebas de ningún tipo, como tampoco las hubo de los que ocurrieron en el Pazo de Meirás o en el Canto del Pico, posiblemente debidos al puro abandono.  

En cuanto al cambio político que se produjo después, recordemos que fue el último ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, quien organizó la Transición. La cosa cambió en cuestión de meses, y si tú estudias la composición de las primeras Cortes, verás la cantidad de procuradores y ministros procedentes de la dictadura. Como durante todas estas décadas no se ha querido molestar a nadie, ahora tenemos que explicar algo que estaba claro desde el minuto cero. 

Ahora se habla mucho de memoria histórica, pero hay ciertas señales de que la sociedad española parece querer seguir olvidando.  

Creo que durante mucho tiempo no se ha querido tocar el tema porque parte de los socios de la Transición y la democracia venían del aparato del poder político franquista. En las escuelas e institutos apenas se habla de la dictadura. Y eso trae consigo que haya gente que siga manteniendo hoy día las mentiras del Ministerio de Información de Manuel Fraga, que fue ministro en el Gobierno franquista mientras se firmaban órdenes de fusilamiento, y que, después, fue uno de los padres de la Constitución. Este país es increíble… 

Pero lo del olvido no lo veo tan claro: la generación de mis padres tenía metido el miedo de la guerra y la miseria en el cuerpo, algo que les paralizaba. Tenían terror a que se volviera a una época violenta, sin derechos. También les daba miedo la política. Y, más que ese deseo de olvidar, lo que pasa es que no se les ha dejado recordar.  

¿Ve preocupantes los gestos o síntomas franquistas que se observan hoy día?  

Estamos muy atentos a los síntomas, pero estos son, por ahora, muy pequeños. Los prebostes franquistas se han muerto casi todos. Y lo que hay es mucho miedo a lo diferente, al feminismo, a la diversidad sexual… Todos estos miedos a lo nuevo hacen que algunos se aferren a un mito, a una leyenda que en realidad desconocen. Y hay que tener en cuenta, por supuesto, la aparición de la extrema derecha en las instituciones democráticas, con un discurso de miedo al diferente, contra la inmigración… Pero, para muchos, es solamente una pose amplificada por las redes sociales, que muchas veces hacen de una mera conversación de bar un foro.  

La contratación de la cantante Gloria Estefan para el Festival de la Hispanidad, que ha supuesto 484.000 euros a la Comunidad de Madrid, es algo más que una tardía serpiente de verano: la cultura en Madrid se concibe como una política de imagen para atraer inversores; también para captar determinados electorados en expansión; y para mantener una red clientelar que conforma una ‘ceja’ mucho más poblada que la que en su día denunciara el Partido Popular contra el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. 

El Festival de la Hispanidad, que desde 2021 trata de hacer de Madrid un centro multicultural en el que “caben todos los acentos” y en el que no sobra ningún flujo financiero, no ha escatimado nunca en gastos. La oposición ya criticó, como lo ha hecho en esta ocasión, la asignación de 847.000 euros destinada en 2023 a la actuación del colombiano Carlos Vives. Estos eventos han sido justificados como generadores de ingresos turísticos y financieros a corto y largo plazo.  

Una inversión que pretende pagarse sola, al menos en su vertiente electoral. En 2022, el congreso que dio a Isabel Díaz Ayuso el control del PP regional creó la Secretaría de Nuevos Madrileños, asignada al venezolano Gustavo Eustache. El compromiso de la Comunidad de Madrid con determinadas ramas de la oposición venezolana se ha materializado durante estos años en distintos actos, y la promoción de una visión aún más castiza de la hispanidad se ha visto reflejada en fiestas como ‘Europa es Hispana’, celebrada en marzo de 2023 con la presencia de Alberto Núñez Feijoo, poco antes de las elecciones municipales y autonómicas. 

La importación del voto conservador convive con la reinterpretación del pasado colonial. En este mestizaje de discursos emergen figuras como el actor Toni Cantó, encargado durante un año de la Oficina del Español, buque insignia de “la capital del español en Europa” y, desde 2021, impulsor del Festival de la Hispanidad.  

Dentro de esta doctrina del hermanamiento revisado ha destacado también el músico Nacho Cano, promotor del musical Malinche en Madrid, para el que el Ayuntamiento cedió una parcela de 19.000 metros cuadrados en el barrio de Hortaleza. La relación de este icono de la Movida madrileña con la presidenta ha tenido más de un hito. 

El fundador de Mecano, que cantó de manera gratuita y para una vacía Puerta del Sol Un año más en el cierre del fatídico 2020, recibió el día 2 de mayo de 2021 la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Durante el acto, celebrado dos días antes de las elecciones autonómicas en las que Ayuso obtuvo la mayoría absoluta, el músico homenajeó a la presidenta y reconoció su valentía durante la pandemia. Unos días después, Yogi Songs, una empresa vinculada al músico, ultimó los trámites para obtener una subvención que le fue concedida por considerarse negocio afectado por la pandemia. Ese mismo verano Ayuso se fotografió con Nacho Cano en Villatranquila, una residencia que el músico tiene en Ibiza.  

El papel de Nacho Cano, al que Ayuso considera perseguido por una justicia represora en un caso de irregularidad laboral que ha sido ya archivado, representa un esquema claro de la política cultural madrileña: la promoción y ayuda a determinadas figuras de la cultura popular que actúen voluntaria o involuntariamente como embajadores dentro y fuera de España. 

Uno de ellos es Alfonso Ussía, veterano columnista, ahora en el periódico digital El Debate, propiedad de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, y galardonado con el Premio de Cultura de Madrid en 2025; otro es David Bisbal, premiado en 2024 por su aportación a la música popular y protagonista en la Casa de Correos por su versión de la canción navideña El burrito sabanero.

También destacan otros ganadores de la Gran Cruz del 2 de mayo como el tenista Rafael Nadal; la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias –preceptora del rey y expresidenta de Unidad Editorial, editora del diario El Mundo–, el cantante Dani Martín, el boxeador Ilia Topuria, el campeón de Moto GP Jorge Martín, o el economista Pedro Schwartz, uno de los principales inspiradores políticos de Esperanza Aguirre. Dioni Martín, integrante del grupo musical Camela, también galardonado por la Cruz, afirmó “adorar” a la presidenta.  

A estos premios se añaden otros gestos de carácter más simbólico que construyen firmes puentes con determinados sectores del mundo cultural. Isabel Díaz Ayuso fue nombrada en 2022 presidenta en Madrid de Tabarnia, el ente político ficticio creado por el dramaturgo Albert Boadella –director de los Teatros del Canal con Esperanza Aguirre– para combatir el proceso independentista catalán. Ayuso nombró entonces como embajadores de su delegación a la televisiva Carmen Lomana, al locutor Javier Cárdenas, al torero José Ortega Cano y a los músicos Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, componentes del Dúo Dinámico. La Comunidad de Madrid prepara un homenaje a De la Calva, fallecido esta semana, pero no ha dedicado espacio alguno a otros artistas que, como Verónica Echegui y Eusebio Poncela, se han marchado también estos días.  

Otros lazos simbólicos son los establecidos con otro cantante, Bertín Osborne, que invitó a Ayuso a su rancho en Sevilla para el programa Mi casa es la tuya, de Telecinco, en 2021, y que la apoyó en su pelea política con Pablo Casado; con el cuestionado animalista Frank Cuesta en su santuario tailandés; o con Miguel Bosé, con el que la presidenta se fotografió este verano en el estadio Movistar Arena –que recibe subvenciones autonómicas– en un concierto al que asistieron también Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio o Alaska y Mario Vaquerizo, entre otros rostros conocidos. 

Este último es probablemente uno de los embajadores más recurrentes. El cantante de Nancys Rubias ha sido propuesto por la Junta Municipal de Chamberí para nombrar una de las salas del Teatro Galileo, un gesto que el gobierno autonómico y el consistorio han rechazado para artistas fallecidas como la actriz Marisa Paredes o la novelista Almudena Grandes. Vaquerizo, además, aparece como actor central de un vídeo promocional que la Comunidad de Madrid produjo por más de 50.000 euros para la edición de FITUR de 2023.  

Esta red de figuras populares y eventos de gran cuantía económica choca contra un desierto cultural denunciado repetidamente por la oposición en la Asamblea de Madrid. Marisa Escalante, diputada de Más Madrid, ha subrayado el contraste entre un dispendio que se produce a dedo y la precariedad que existe, por ejemplo, en un mundo del teatro en el que la alta demanda de espectáculos de calidad se enfrenta a la carencia de ayudas, convenios o condiciones suficientes para unos profesionales que trabajan muchas veces sin apenas descanso. 

En contraposición con esta selva laboral, Escalante denuncia que el sector taurino haya recibido millones de euros en ayudas extraordinarias, que el Centro de Asuntos Taurinos cuente con una asignación anual de 4,5 millones, o la Fundación Toro de Lidia con 1,7 millones. Y que, en paralelo, se hayan eliminado las subvenciones a museos como El Prado, el Reina Sofía y el Thyssen. La 'ceja' de la presidenta no deja de crecer: su proyecto político y económico para Madrid depende, en buena parte, de los embajadores.

*Pachanguero/ra (según la RAE):

De pachanga y -ero.

“Si lo dejamos a las fuerzas del mercado, solo quedará un banco en España”. Con esta frase, pronunciada el pasado uno de abril en un encuentro de Pimec, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, resumía su visión sobre la OPA que el BBVA mantiene sobre su entidad, y que en próximas fechas encarará su etapa final. Pero no se trata, como afirmó en su momento el exministro de Economía Rodrigo Rato, de un juego de mercado, sino más bien de un inacabable proceso de concentración en el que las élites financieras, la política y el Estado han jugado un papel difícil de ignorar. Los datos lo muestran. 

Oliu, catedrático de Economía y exponente de una burguesía catalana que, como ha afirmado el periodista Manel Pérez, gran experto en este ámbito, siempre ha anhelado un gran banco regional para su tejido industrial y comercial, resiste apoyado por patronales y think tanks como el Círculo de Economía y Foment del Treball. También por formaciones políticas como Junts, Esquerra Republicana y el PSC, que tiene a Salvador Illa al frente de la Generalitat catalana, y a David Vegara, exsecretario de Estado de Economía con José Luis Rodríguez Zapatero, en el consejo y en la dirección de riesgos de la entidad. 

Dichos riesgos son evidentes, por mucho que el BBVA quiera enmascararlos: menos sucursales y profesionales, especialmente en municipios donde aumentará la exclusión financiera. Por mucho que la consultora Deloitte, la principal encargada del proyecto de fusión entre ambas entidades, asegure que el ahorro de 850 millones de euros por ‘sinergias’ se vaya a deber mayoritariamente a las economías de escala tecnológica, se trata también de un problema de rentismo, y de generación de beneficios a cambio de nada. En una economía financiarizada como la española, el beneficio cierto y a corto plazo es un vector central de las decisiones; no en vano, los accionistas con mayor influencia en ambos bancos son fondos de inversión o gestoras de activos sin arraigo local alguno: Blackrock tiene más de un 3% en ambas y solo es una de las grandes marcas financieras implicadas.  

Poco ha podido hacer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, un regulador que ha dado el visto bueno a la OPA y al proyecto de la mal llamada fusión a cambio de una serie de promesas temporalmente asumibles. La Comisión Europea ha dado también su apoyo a esta absorción, una operación que va en dirección contraria a las fusiones transfronterizas que, según el ‘Informe Draghi’, fortalecerían Europa. Más exigente ha sido el gobierno, pero sus restricciones son solo de carácter temporal y han sido recurridas ya al Tribunal Supremo por el BBVA. 

Para el profesor de finanzas de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Laborda, se trata de un despropósito: “El gobierno debería prohibir este proceso de concentración. Si quieres tener más fuerza en Europa, necesitas bancos transnacionales, y esto que se quiere hacer es todo lo contrario. Se crean así grandes bancos subsidiados, los ‘too big to fail’, oligopolios que básicamente extraen rentas, y que cuando hay subidas de los tipos de interés no las trasladan a los depósitos”.  

Pero la historia de la concentración de la banca no comenzó precisamente con esta OPA. La cúpula del Sabadell, coaligada contra la absorción, ha aprovechado los últimos años y décadas para absorber tejido financiero: como documenta el analista empresarial Roger Vinton -autor de libros como ‘La telaraña catalana’ y ‘La telaraña azulgrana’-, en sus intestinos se encuentran entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el Banco Atlántico, el Banco Herrero, el Urquijo, el Guipuzcoano y el Gallego.  

No se queda atrás el BBVA. El antaño banco de las élites industriales vascas quedó unificado en 1988 tras haber engullido Banca Catalana. En plena etapa de euforia financiera y reconversión industrial, intercambió consejos y consejeros con el gobierno felipista, que le adjudicó la banca pública estatal, Argentaria, presidida por un directivo del Vizcaya, Francisco Luzón, compañero en dicho banco del ministro plenipotenciario Carlos Solchaga. 

A partir de 1996, y tras la derrota electoral de los socialistas, una oportuna revelación periodística cambió el signo político del banco. La publicación de un escándalo financiero que solo fue juzgado a medias, el de las cuentas de los consejeros del BBVA en las Islas de Jersey, permitió que un personaje ajeno a la banca, el bróker gallego Francisco González, designado por el presidente José María Aznar como primer ejecutivo de Argentaria, se hiciera con el control, en 2002, del BBVA, entonces el segundo banco por detrás del Santander. Fuera del cotarro quedaron los consejeros de Neguri y aquellos afines a la década y media de gobierno socialista. Cabe añadir, como curiosidad, que uno de los principales asesores de los consejeros investigados ejerció, en 2001, de secretario de Estado de Hacienda y, por tanto, de mano derecha de Cristóbal Montoro, un gran experto en metamorfosis fiscales. 

El poder bipartidista en el seno del BBVA no iba a cambiar a partir de entonces. En el año 2005 ardió el edificio Windsor y con este evento y la acción de un policía casi siempre ubicuo se evaporaron las últimas esperanzas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para recuperar la influencia sobre el banco. El gobernador del Banco de España durante la etapa de ascenso al BBVA de Francisco González, Jaime Caruana, es en estos momentos consejero de la entidad. La gestión de Francisco González se extendió prácticamente hasta el final de la segunda década del dos mil, cuando Carlos Torres, un ejecutivo procedente de la consultora McKinsey, le sucedió en el trono.  

Al manifiesto apoyo estatal al BBVA se debe añadir una gran carrera por el tamaño posterior a la digestión de Argentaria: en su haber están también antiguas cajas de ahorro catalanas, como Caixa Catalunya y el consorcio Unnim, resultante de fusionar entidades regionales como las de Manlleu, Sabadell y Terrasa. Tragarse al Sabadell extendería aún más la red catalana del BBVA, provocando redundancias, y, posiblemente, que la marca vallesana terminara despareciendo, como así lo hicieron las del Central o del Hispano, dos casos de fusiones que se convirtieron en digestiones lentas. 

La mal llamada fusión entra en su etapa final en este otoño que tanta tormenta promete. Los accionistas del Sabadell, a los que la cúpula ha prometido un reparto espectacular de 2.500 millones de euros tras la venta del banco TSB al Santander, parecen convencidos de que la defensa del tejido económico catalán es el mejor mantra para la victoria. Expertos como Laborda lo ven de otro modo: “Estas fusiones solo benefician a las distintas cúpulas. A falta de uniones transfronterizas, optaría por la solución de Roosevelt en los Estados Unidos: la de trocear bancos; solo así se podrá evitar una nueva crisis financiera”. 

No hace muchos años un periodista e historiador, el cordobés Juan Luis Valenzuela, publicó una noticia que en cualquier otro país habría producido un escándalo. Se trataba de una factura de unas 60.000 pesetas que una funeraria malagueña había emitido en 1959 a las autoridades franquistas. Esta enorme cantidad para aquel tiempo respondía al coste de transportar 924 cuerpos dentro de ataúdes al recién inaugurado Valle de los Caídos. 

En el envés de aquella nota podía verse la trampa de la reconciliación oficial: mientras los ataúdes destinados a los miembros del denominado bando nacional eran individuales, los que recogían a los republicanos eran fosas comunes de madera con diez cuerpos cada uno. El sello de la guerra civil y de la represión estaba también pegado en la contratación pública.  

Como relata Valenzuela en su libro ‘La factura de la democracia. De la guerra civil y la represión de la dictadura al franquismo sociológico en Andalucía’, la lucha que requiere transmitir la realidad materializada en documentos como este puede llevar una vida entera sin apenas consecuencias legales. 

Las cosas podrían comenzar a cambiar gracias a la posible aprobación parlamentaria de la Ley de Información Clasificada, que sustituiría una normativa de 1968 y que permitirá a periodistas e historiadores acceder con más facilidad a documentos hasta ahora considerados de alto secreto.  

De recibir el refrendo parlamentario, se produciría una desclasificación automática de los ficheros que fueron considerados de máxima seguridad antes de 1981. La brutal dominación franquista, y, detrás de ello, la enorme red empresarial que se benefició del totalitarismo podría quedar al descubierto. Un acceso más fácil a la Administración podría revelar los mecanismos más o menos oscuros de concesión o contratación administrativa que favorecieron la consolidación y el crecimiento de empresas que hoy pueblan el índice bursátil Ibex-35, como Iberdrola, Naturgy, Acciona, Ferrovial o Abengoa. 

Material hay de sobra para llenar la prensa de los próximos años. Mariano Sánchez Soler, que publica este mes de septiembre una reedición de su clásico ‘La familia Franco S.A. Negocios y privilegios de la saga del último dictador de Occidente’, y cuya obra versa precisamente sobre el tráfico de influencias que tuvo lugar durante la dictadura, señala la oportunidad que se abre: “En la dictadura, el oligopolio pasaba del consejo de ministros al de Administración. Se producía un tráfico de influencias bestial; los empresarios eran procuradores en Cortes, participaban en los Planes de Desarrollo y podían ser nombrados ministros y directores generales”. 

Para Sánchez Soler, “gracias a la nueva ley podrían, por ejemplo, abrirse documentos para saber cómo se hizo el Hotel Meliá de Alicante, o cómo se construyeron barrios completos en zonas no edificables”. Acceder a los contratos públicos, o a documentos que prueben cómo se hicieron los concursos de la época, podría ser de altísimo interés informativo. 

Pero muchos ya no están ni se les espera. A Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, le llama la atención que el histórico diputado de la Unión de Centro Democrático Óscar Alzaga dedicara el primer capítulo de su libro ‘La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas’ precisamente a la quema de documentos y ficheros policiales. 

Alzaga cuenta cómo el Ministerio de la Gobernación, presidido por Rodolfo Martín Villa, decretó en diciembre de 1977 la quema de millones de fichas policiales sobre la oposición, conservando aquellos que se consideraran de especial valor histórico. Esta medida, que coincidió con la aprobación de la ley de punto final, supuso la desaparición de buena parte de los testimonios escritos sobre la represión franquista.  

Por esta razón, entre otras, Silva no cree que la nueva ley "vaya a ser rompedora”. “Puede salir algo de Lorca, pero no de Rafael del Pino (fundador de la constructora Ferrovial) y de sus vinculaciones con las camisas azules; ni tampoco del verdadero origen de Naturgy; ni de los negocios de la familia Franco; ni de las cerveceras de Demetrio Carceller”. “Tampoco nada sobre que el Rey Emérito fue jefe de Estado dos veces, es decir, dictador, por enfermedad de Franco, y que en estas ocasiones firmó la ratificación de los acuerdos con los Estados Unidos y toleró que Hasan II iniciara la Marcha Verde. No es casualidad tampoco que Martín Villa, que no ha sido juzgado por los sucesos de Vitoria, haya sido presidente de Endesa y de Sogecable”.  

Las propias élites que impulsan la normativa estarían interesadas en una resolución controlada del problema de la memoria democrática: “Hay mucha gente afectada y no solo en un partido. Lo que se hace muchas veces es correr cortinas de humo para no llegar al tema económico. Recuerda que la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, una de las principales impulsoras de la primera ley de Memoria Histórica, había vendido sus participaciones de la Hidroeléctrica Vega (un grupo familiar) antes de acceder a este cargo”. 

La quema de documentos no afectó a José Luis Martín Palacín, exmilitante comunista y subsecretario de Estado de Interior en 1986, al que un comisario de la Policía mostró una parte de su expediente. Palacín alerta de que el verdadero problema es la existencia de elementos dentro de las fuerzas de seguridad a los que la transición no ha llegado y que pueden llegar a coordinarse para evitar cambios: “Hay que empezar a tratar quién tiene el poder y de quién dependen las fuerzas y los cuerpos de seguridad, y si lo que tenemos dentro del Estado puede llegar a convertirse en el germen de una especie de Stasi”. 

“Con esta ley pueden salir algunas cosas, claro que sí, como materiales indirectos que permitan investigar, pero también puede haber espacios de la ley que se queden sin efecto: ¿tú crees que alguien con poder que sepa que pueda haber algo que le perjudique no ha intervenido ya para eliminarlo?”

La pasarela entre determinados cargos de las fuerzas de seguridad y las grandes empresas ha demostrado ser amplia. Un caso reciente es el del comisario José Villarejo, presente en Interior desde la transición, y que ha colaborado en el ámbito de la seguridad de BBVA o Iberdrola, que no por casualidad pertenecen al oligopolio privilegiado por la etapa previa a la democracia. 

Las sombras del Estado parecen, por ahora, tapar las luces prometidas por esta reforma democrática: revelar contratos públicos y nombres de empresas y directivos receptores de tratos de favor podría suponer multas de hasta 2,5 millones de euros. La Ley de Protección de Datos también representa otro obstáculo para que determinadas marcas y nombres salgan a la superficie. 

Aún queda alguna salida, si, como afirma Sánchez Soler, los investigadores y periodistas se comprometen. Las dificultades y obstáculos normativos no podrían evitar que se publicaran, sin nombres, los distintos componentes de la continua red de intercambio y corrupción entre el sector público y el privado, subrayando el cómo por delante del quién, y la trama por encima de sus protagonistas. El esqueleto de lo que algunos ahora denominan la Marca España podría salir a la luz, y con este, la espina dorsal de la red político-económica del franquismo. Pendientes aún del trámite parlamentario, la nueva ley encara, nunca mejor dicho, el momento de la verdad. 

Más allá del estruendo mediático y de la trinchera judicial, numerosas asociaciones de altos funcionarios han formado también un amplio frente contra el Gobierno. El proyecto de reforma de la Administración Pública, mediante el que el ejecutivo pretende impulsar un cambio radical en el modelo de acceso a la Administración General del Estado, ha provocado una sonora respuesta en plena canícula veraniega.

La intención del Ejecutivo consiste en convertir el dilatado proceso de oposiciones, caracterizado por un esfuerzo memorístico de utilidad cuestionable y por sistemas de preparación mayoritariamente privados —y en los que participan activamente los altos funcionarios—, en un máster público de dos años al que daría acceso una prueba selectiva, y que concluiría con otro examen. Los distintos cuerpos de máximo rango de la Administración, agrupados en la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), consideran que dicho cambio atentaría contra la equidad y el acceso meritocrático a una función pública que debe escoger a los mejores y carecer de sesgo ideológico y arbitrariedad.  

No tiene por qué faltarles razón —aunque la superioridad actual del sistema vigente está por demostrar—, pero hay mucho más. Pese a que estos cuerpos han sido invitados a proponer sus ideas este próximo martes con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el enfrentamiento viene de antes. Se trata del levantamiento intermitente de una primera línea del Estado, una confederación de élites corporativas de las que depende el funcionamiento de la maquinaria administrativa central.

Esta red de mecánicos estatales ha sido considerada por muchos estudiosos como una verdadera clase burocrática. Para expertos académicos y también funcionarios de primera línea como Mariano Baena del Alcázar, Narciso Pizarro, Juan Linz, Amando de Miguel o Miguel Beltrán, la élite de los altos funcionarios era la única manera de hacer política de manera alternativa al mal llamado partido único de la dictadura. Se trataba de una élite cerrada, dotada de un grado de movilidad social mínimo. 

La llegada de la política democrática no ha reducido el papel de lo que el sociólogo francés Pierre Bordieu denominaría la ‘nobleza del Estado’, una posición dominante en la que influye la meritocracia, la procedencia social, y, sobre todo, las ventajas que el espíritu corporativo de los distintos cuerpos otorga a sus miembros, muchas veces incluso desde las academias preparatorias.

Dichos cuerpos andan especialmente activos desde el principio de la legislatura. La declaración del expresidente José María Aznar –“el que pueda hacer que haga”—, realizada a principios del mes de noviembre de 2023, unos días antes de que las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios otorgaran a Pedro Sánchez la oportunidad de volver a ser presidente del gobierno, ha coincidido con una serie de movimientos que tienen su origen en la oposición a las consecuencias de la ley de amnistía, pero también en fuertes diferencias ideológicas muchas veces difíciles de disimular. 

Pocos días después del pronunciamiento del decano de la derecha española, distintos cuerpos de altos funcionarios realizaron comunicados contrarios a la medida de gracia, acordada para que el nuevo gobierno fuera posible. A los altos cuerpos de la judicatura se unieron las asociaciones mayoritarias de los abogados del Estado, de los técnicos comerciales, los inspectores de trabajo o los administradores civiles, entre otros. Sin embargo, no todos los altos burócratas integrados en estas estuvieron de acuerdo: en FEDECA, el colectivo que agrupa a todas las asociaciones, la presidenta, Laura Yuste, fue acusada de haber disuelto y rebajado la protesta. Unas semanas más tarde esta sería reclutada como asesora en el gabinete del ministro de Economía, y sustituida, a su vez, por Ana Ercoreca de la Cruz, de talante más crítico. Desde asociaciones como la Academia Española de la Administración Pública, de orientación progresista, se criticó entonces la ruptura de la neutralidad política por parte de unos altos funcionarios que teóricamente basan su acción en su saber técnico, pero que no pueden ignorar su ideología. 

Después de este intento de condicionar la investidura gubernamental ha habido un nivel de actividad política creciente. El 13 de marzo de 2024 se presentó en la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, centro perteneciente a la Asociación de los Propagandistas Católicos, el Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, firmado para luchar contra la supuesta injerencia del Gobierno en la Justicia y contra las consecuencias de las supuestas cesiones realizadas a Cataluña.

Entre sus portavoces se encontraban sindicatos de la Policía Nacional, de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del resto de cuerpos anteriormente mencionados. Destacaba Cristina Dexeus, perteneciente a la mayoritaria Asociación de Fiscales y furibunda crítica del proceso independentista catalán. El representante de APSITAL, la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Alberto Bravo Queipo de Llano, mostró su preocupación por la descentralización de competencias para la selección de altos funcionarios para los ayuntamientos catalanes, lo que podría convertirse en una fuente de clientelismo.

Como representante de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado estaba su presidenta, Ana de la Herrán Piñar, especialmente activa en las tribunas periodísticas, en las que ha denunciado la medida de gracia como un paso decisivo para la demolición del Estado y el proyecto de reforma funcionarial como un cambio lesivo para la Administración. De la Herrán es nieta e hija de altos funcionarios: su abuelo fue Blas Piñar Gutiérrez, notario y fundador de la corriente ultraderechista Fuerza Nueva; su padre, Pedro de la Herrán Matorros, también notario, se presentó como número uno por Valladolid en las elecciones de 1979 por la coalición de extrema derecha Unión Nacional Española; solo su suegro, Blas Piñar, logró escaño en el Congreso.

La asociación de técnicos comerciales y economistas del Estado también ha sido especialmente combativa. El presidente de este colectivo es, desde hace unos meses, Álvaro Rengifo Abbad, que ha publicado recientemente un artículo en The Objective sobre las amenazas contra el Estado de derecho. Rengifo fue compañero de promoción de Luis de Guindos; su segundo en la asociación es Íñigo Fernández de Mesa, antigua mano derecha de De Guindos en Lehman Brothers y actual vicepresidente de la CEOE. En 2017, Rengifo fue incorporado al equipo económico de De Guindos como presidente de la empresa CESCE. Su padre, Álvaro Rengifo Calderón, también fue técnico comercial del Estado, y figuró como subsecretario de comercio en los últimos años del tardofranquismo; en 1976 juró el cargo de ministro de Comercio con Adolfo Suárez. Emparentado con el marqués de Villaverde a través de su esposa, Álvaro Rengifo Calderón jugó un papel importante en el inicio de la transición democrática. 

La colonización de las asociaciones mayoritarias es solo una forma más de la captura del Estado a la que se puede hacer progresivamente frente. La nueva ley de acceso a la función pública podría incrementar a medio plazo la diversidad social de los altos cuerpos burocráticos, pero, entretanto, la politización y la polarización de todo asunto público prometen una cruenta batalla administrativa. La nobleza estatal continúa en rebeldía al borde del fundido a negro del verano. 

Cuenta un alto funcionario de la Administración que, en tiempos de Rajoy, se encontraba a un viejo conocido de la CEOE en el pasillo de una dirección general clave en los procesos regulatorios. “¿Qué haces aquí?”, le decía el primero. “¡Si esta es mi segunda casa!”, respondía, irónico, el segundo. El caso del exministro Montoro no debería alarmarnos, sino servirnos de fotografía pornográfica para asumir de una vez por todas la intermitente captura del Estado como política de clase.  

En el año 2012, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decretó una feroz austeridad. El ministro Luis De Guindos, el gran agente del banco de inversiones Lehman Brothers en España, impulsó una reforma laboral que vendió en Bruselas como “ambiciosa”. El titular de Hacienda, el exministro de Aznar Cristóbal Montoro, subió IRPF e IVA y recortó los presupuestos sanitarios y educativos para atornillar las cuentas públicas. Había que salvar España, y, al mismo tiempo, amnistiar a los defraudadores más o menos confesos. 

Su mano derecha, el secretario de Estado y presidente de la Agencia Tributaria, el inspector de Hacienda Miguel Ferre, había trabajado en la auditora PriceWaterHouseCoopers, precisamente en el periodo en que esta corporación había ayudado a otras a situar sus cuentas en Luxemburgo. Allí había coincidido precisamente con el ubicuo De Guindos. Los tiburones fiscales parecían haber quedado a cargo de los contribuyentes. Montoro no quiso dejarse a nadie fuera: cuando arreció el caso contra la infanta Cristina de Borbón, colocó a Santiago Menéndez, hermano de un preceptor del rey, como director de la Agencia Tributaria; y a Pilar Valiente, una de las grandes implicadas en el caso Gescartera, en la Oficina Antifraude.  

Al frente del equipo de la austeridad intensiva estaba también otra inspectora fiscal, Pilar Platero, que después pasaría a presidir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tanto Ferre como Platero han sido imputados, junto con el exministro y otras 25 personas, por trabajar en connivencia con Equipo Económico, una asesoría dedicada a la optimización fiscal que habría cobrado importantes cantidades de una serie de corporaciones interesadas en que las regulaciones estatales les afectasen lo mínimo posible. Pero, una vez vistos los datos, parece difícil saber dónde estaba el equipo económico: si en el sector privado o en el público. 

La red de Equipo Económico es un mapa transversal del poder conservador y de sus frecuentes conflictos de interés. Fue fundada en 2006 como Montoro y asociados asesores. El nombre sugiere la voluntad de aprovechar la inercia del último Gobierno de Aznar, en el que el inflado de la burbuja inmobiliaria fue confundido con un supuesto milagro que posteriormente se tornaría en masacre. Todos sus protagonistas pasaron a la gloria. Entre ellos, Rodrigo Rato, presidente del Fondo Monetario Internacional con el apoyo en 2004 del entonces nuevo jefe del ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.  

Para dicha empresa, Montoro contó con buena parte de los asesores del milagro: exsecretarios de Estado como José Manuel Fernández Norniella o el futuro ministro De Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo. Con el exdirector de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, con uno de sus principales asesores, Manuel Vicente Tutor, y con el expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas –que dedica numerosos estudios a analizar las actitudes fiscales de los españoles– Ricardo Montoro, su hermano. El máximo responsable de la política fiscal parecía haberse llevado las tripas del ministerio a su casa. 

La puerta giratoria tendría mucho más recorrido: para algo habían fundado el despacho. Montoro volvería en 2008 a la política y, en diciembre de 2011, sería nombrado, de nuevo, titular de Hacienda. Para ello abandonó la empresa que llevaba su nombre. Esta pasó a llamarse Equipo Económico y el exsecretario de Estado de Presupuestos y asesor de la cámara de comercio estadounidense, Ricardo Martínez Rico, a ser uno de sus principales directivos. 

Tras jurar el cargo como ministro de finanzas en 2011, Montoro reclutó al hermano de Ricardo, Felipe, para dirigir su gabinete, y a Pilar Platero (consejera de Equipo Económico) como subsecretaria, es decir, como coordinadora del ministerio. El diario ABC publicó entonces las gestiones del mayor de los Martínez Rico para que las grandes empresas del Ibex-35 contratasen a Equipo Económico en vista de las reformas legales pendientes en manos de un Gobierno que iba a gestionar la economía con mayoría absoluta.  

Las pesquisas del juzgado de Tarragona –que han sido en repetidas ocasiones obstaculizadas por el fiscal Alejandro Luzón, el mismo que envió a prisión preventiva al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán– arrojan resultados que confirman lo que llevaba años publicándose: que la formación de una red que aprovecha los contactos en la Administración exprimió los recursos públicos y sus relaciones con el Gobierno conservador para favorecer a determinadas entidades. 

Empresas gasísticas y otras de energías renovables, juego online y constructoras vieron conveniente contratar a Equipo Económico para obtener beneficios fiscales y protección de la competencia. Abengoa, una de las presuntas beneficiadas, contaba en su consejo de Administración con Ricardo Martínez Rico; Solaria, otra de las que recurrió a Equipo Económico, había reclutado a Manuel de Vicente Tutor como consejero; Codere, a quien Bloomberg señaló como cliente predilecto de la consultora para lograr regulaciones favorables, había contado hasta 2011 con Rafael Catalá Polo, que sería ministro de Justicia y notario mayor del Reino en el año 2014, y que, según algunos medios, habría abierto las puertas de esta patronal del juego a Equipo Económico. 

No parece tampoco una casualidad que Antonio Beteta, también secretario de Estado del último Montoro, hubiera sido responsable de Madrid Network, la empresa de titularidad autonómica que contrató con Equipo Económico; o que Red Eléctrica, entonces presidida por el exsecretario de Estado José Folgado –otro colega de Montoro en Hacienda y en la Universidad Autónoma de Madrid– también la contratara, como lo había hecho el Ayuntamiento de Tres Cantos bajo su mandato. Red Eléctrica tenía ya por entonces al Estado como mayor accionista; la presidenta de la SEPI era entonces Pilar Platero.  

La investigación del juzgado tarraconense, que parece haber batido el récord de tiempo en secreto de sumario, va a continuar arrojando resultados. Pero los árboles no deberían impedirnos ver el bosque: el papel de unos altos funcionarios que, a cambio de suculentas comisiones más y menos regulares, pusieron las instituciones del Estado en manos de intereses privados, mostrando una red clientelar que supera cualquier separación de poderes. Este, y no otro, es uno de los principales problemas de la crisis de Estado que en el ecuador de este verano espera nuevos capítulos. 

Dos secretarios de Organización después, el Gobierno liderado por el Partido Socialista parece contra las cuerdas. El juez Leopoldo Puente dictó el lunes pasado prisión preventiva para Santos Cerdán, su antiguo número tres, y la acelerada instrucción del sumario nos ha prometido volver a los años noventa del siglo pasado, cuando el Telediario abría cada día con un nuevo encausado, a veces, entre rejas. 

Los registros se suceden bajo un espectáculo mediático que aturde. Sin embargo, no todas las piezas parecen tener que encajar igual. Servinabar 2000, la pequeña constructora navarra a la que se sitúa en el centro de la supuesta trama, ha recibido la visita de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Su socio, Acciona, mencionada numerosas veces en el sumario, no ha tenido, sin embargo, visita alguna. El mismo juez instructor que consideró probada la necesidad de enviar a Cerdán a Soto del Real dictaminó que un registro de la UCO en esta empresa sería desproporcionado.    

Distintas razones explican este doble rasero político y empresarial. Registrar Acciona perjudicaría el buen nombre de la denominada Marca España, ese conjunto de gigantes demasiado grandes para caer de los que la economía nacional parece estar siempre colgando. Dicha marca, con una fuerte raigambre en nuestro país, fue convertida en 2011 en Alto Comisionado del Gobierno por Mariano Rajoy –con rango de Secretaría de Estado– y adjudicada al giratorio Carlos Espinosa de los Monteros, marqués de Valtierra y, casualmente, exconsejero de Acciona. 

En sus orígenes podríamos situar a la SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, surgida en 1957, el año de constitución del primer Gobierno tecnocrático liderado por el Opus Dei, antesala de la eclosión desarrollista. Se trata de una patronal que, junto con UNESA, dedicada a la electricidad, y el Consejo Superior Bancario, coordinador de los grandes bancos, representaron la plana mayor de la economía franquista, con distintos exministros al frente.  

La transición a la democracia no alteró esta supremacía corporativa, y la explosión de obra pública financiada por los fondos europeos llevó a las grandes empresas de la construcción a organizarse en un cártel, un oligopolio capaz de coordinar las ofertas a las Administraciones Públicas y fagocitar la mayoría de los contratos. Dicha organización, inaugurada al tiempo que la Expo 92 y las Olimpiadas de Barcelona, les ha permitido sofisticar el rudimentario y tradicional método de la mordida: el escenario ahora es mucho más disperso y difícil de rastrear. Los tribunales no han podido encontrar, hasta el presente, una relación de causa-efecto entre las entregas de dinero a los responsables políticos y las adjudicaciones de obra pública, las principales fuentes de liquidez y resultados de estas empresas.  

Dada la dificultad que una legislación garantista como la española tiene para encontrar la pistola humeante, estas empresas han dado con múltiples vías para escapar. A veces se hace difícil probar el delito; en otras ocasiones se puede delimitar el daño señalando a un determinado directivo ya apartado, como ha sucedido con Acciona; si la justicia se demora, puede ocurrir que los supuestos delitos hayan prescrito... Para las dudas, estas corporaciones cuentan con una amplia nómina de abogados del Estado y expertos jurídicos especialmente hábiles con los ángulos muertos de la ley, y mucho mejor remunerados que en la Administración.  

Probablemente por estas razones, directivos investigados en los papeles de Bárcenas, como Juan Miguel Villar Mir, elevado a marqués por el rey Juan Carlos I y presidente de OHLA; Luis del Rivero, expresidente de Ferrovial y directivo del Real Madrid; o José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano de un exministro de Interior, no han tenido que cumplir condena alguna. Que estos u otros dirigentes, como los de empresas como ACS, Sacyr y Acciona, hayan figurado en tramas de corrupción tampoco les ha supuesto apenas coste judicial. 

Se trata de una mancha, y, al mismo tiempo, un reto para la separación de poderes. Que por la compuerta judicial no haya caído ninguna de estas grandes compañías, como tampoco lo han hecho las eléctricas ni las financieras, refleja un sesgo que quizá la más reciente reforma legislativa impulsada por este Gobierno aspira a paliar, pero que ha constituido, por ahora, un freno a que la corrupción, en su conjunto, pueda haber sido comprendida y perseguida en su esencia. 

Este cártel continúa operando con una cierta dosis de riesgo moral: a falta de penas cabe pensar que su conducta sea virtuosa y que, desde luego, continúe. En el año 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a las integrantes del cártel con 203,6 millones por concertar sus ofertas para copar los contratos del Ministerio de Fomento dedicados al mantenimiento de las carreteras. La multa parece calderilla en relación con sus resultados anuales. El Ministerio de Hacienda cuenta, gracias a la Ley de Contratos del Sector Público de 2015, con la potestad de prohibir a sus miembros volver a contratar con la Administración Pública. Pero este tipo de resoluciones pueden ser recurridas.

Visto lo visto, el estamento judicial parece haber dictado sentencia: por ahora, las condenas son solo para los políticos, protagonistas de la corrupción en España. En tanto no ampliemos el foco, seguiremos esperando al siguiente encausado en el próximo Telediario. 

El discurso periodístico mayoritario ha atribuido los más recientes escándalos de corrupción a una red de políticos sin escrúpulos. De los corruptores ya se va diciendo algo más que hace unos años. Pero se dedica escaso tiempo a estudiar el entramado entre ciertas corporaciones y el Estado, ese espacio relacional que da lugar a matrimonios de conveniencia con deslices pautados. Dicho espacio es profundamente político: tanto o más que un secretario de Organización.

Las constructoras se sitúan ahí. Oficialmente adalides del libre mercado, se organizan en torno a una patronal, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), por la que han pasado presidentes, como David Taguas, que habían sido asesores gubernamentales cualificados. El enorme flujo financiero desde la entrada en la actual Unión Europea y la importancia que se ha dado a la obra pública en España condujo, en 1992, a la formación de un cártel que agrupa a Acciona, ACS, FCC, OHLA, Ferrovial y Sacyr. Un repaso al origen y a algunos dirigentes de estas compañías revela que para tener éxito en el capitalismo español hay que creer en la política. 

Acciona fue fundada en 1997 a partir de la absorción de la empresa Cubiertas y MZOV por Entrecanales y Távora, originada en el desarrollismo primorriverista y concesionaria de obras públicas franquistas. El presidente de Cubiertas hasta 1995, Eduardo Serra, fue nombrado en 1996 ministro de Defensa del gobierno de Aznar; el aristócrata Carlos Espinosa de los Monteros, delegado de la Marca España con Rajoy, pudo haber sido presidente de Acciona pero tuvo que conformarse como consejero.

Acciona cuenta en su consejo de administración y en su alta dirección con todo tipo de apellidos ilustres: Fernández Cuesta, Fernández Villaverde, Vega-Penichet, Sanjurjo… En su estructura figura también un coronel, Manuel Sánchez-Corbí, antiguo número uno de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), precisamente la que investiga la supuesta trama dentro del Partido Socialista. Otros nombres son el exministro socialista y antiguo jefe de la OTAN, Javier Solana, y Pío Cabanillas, ministro portavoz con José María Aznar e hijo de un titular de Información del franquismo.

El carácter político de ACS tampoco puede pasarse por alto. Un exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Club de Fútbol, es el alma máter de este grupo, fundado a partir de la absorción de Dragados, que durante la dictadura había utilizado mano de obra forzosa. 

Compañeros de aventuras políticas de Florentino Pérez como Miquel Roca, padre de la Constitución Española, han formado parte del consejo de ACS, donde han recalado asimismo numerosos abogados del Estado e ingenieros, como la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, aunque por un periodo breve. También ha recogido a Javier Monzón, aquel presidente de Indra imbricado en las entrañas estatales y cercano a la Familia Real.

Los reales habitantes de La Zarzuela han estado también cerca de Acciona y de la hoy llamada OHLA. José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de la primera, es patrono de la Fundación Princesa de Asturias, cuya directora, Teresa Sanjurjo González, es consejera independiente de Acciona.

Por su parte, OHLA nació impulsada por Juan Miguel Villar Mir (fallecido en 2024), franquista adscrito a los tecnócratas y ministro de Hacienda con Carlos Arias Navarro. A su salida de Hacienda, se hizo gratuitamente con la constructora Obrascón gracias a Altos Hornos de Vizcaya, entidad de la que había sido presidente. Años después fundiría Obrascón con Huarte, autora de la cruz del Valle de los Caídos, y con Laín, para conformar OHL.

El ya fallecido exministro de Industria Josep Piqué fue un gran colaborador de Villar Mir en esta larga marcha. Le vendió Fertiberia desde la presidencia de ERCROS, la subvencionó como titular industrial del Gobierno de Aznar y terminó como vicepresidente de OHL. Otro de sus puntales ha sido Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y amigo íntimo del rey Felipe VI.

Otra élite histórica anida en Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Originada en una concesión municipal, la otorgada al inmigrante judío Ernst Koplowitz, Construcciones y Contratas, y en coalición sostenida con El Corte Inglés, contó con el asesoramiento de uno de los cerebros de la modernización española, el exministro socialista Miguel Boyer. Boyer acabó siendo vicepresidente de la filial FCC Construcción y miembro del consejo de administración de la cementera Portland Valderribas, también perteneciente al grupo FCC.

Por la presidencia de la constructora ha pasado el exministro centrista Marcelino Oreja, antiguo comisario de Transportes de la Unión Europea, y por su consejo, el exdirigente socialista Nicolás Redondo Terreros.

Los contratos administrativos permitieron también el nacimiento de Ferrovial. Su fundador, Rafael del Pino, había hecho de la importación de innovaciones y de su participación en el ejército nacional sus principales credenciales para hacerse con contratos de RENFE. La compañía surgió con el apoyo de su cuñado, Leopoldo Calvo-Sotelo (segundo presidente del Gobierno en el posfranquismo); de su primo, José María López de Letona –futuro ministro de Industria con Franco y gobernador del Banco de España durante la Transición–, y de Claudio Boada, que sería presidente del Instituto Nacional de Industria hasta 1974, nombrado precisamente por López de Letona.

Ferrovial movió su sede fuera de España tras convertirse en la multinacional que hoy es al calor de la obra pública. Aunque basó su decisión en razones estratégicas y no fiscales, lo cierto es que su traslado a Países Bajos le puede haber supuesto un ahorro fiscal de hasta 40 millones anuales de euros por las distintas exenciones de dividendos de filiales extranjeras en un país y en otro.

Su presidente ejecutivo es Rafael del Pino Calvo-Sotelo, la tercera persona más rica del país en 2024, con un patrimonio estimado de 7.100 millones de euros (1.200 millones más que el año precedente), según Forbes. El cargo de vicepresidente lo ostenta el profesor Óscar Fanjul. Fanjul había sido alto cargo del ministerio de Industria con el socialista Carlos Solchaga, fundó Repsol y consta como uno de los cerebros de las privatizaciones. Su papel como gestor de la riqueza de la familia Koplowitz sugiere que los beneficios de las constructoras están en manos de una red de contactos reducidos. 

Este recorrido queda cerrado con una mención a la antigua Sociedad Anónima de Caminos y Regadíos, Sacyr, que entró en el olimpo constructor tras adquirir otra histórica como Vallehermoso. Su gran impulsor, Luis del Rivero, había sido dirigente regional de Alianza Popular. En su consejo se ha sentado Demetrio Carceller, nieto del dirigente falangista y ministro del primer franquismo que fue fundador de Cervezas Damm. También altos cargos del sector público, como Marta Silva de Lapuerta, abogada del Estado, sobrina del extesorero del PP Álvaro Lapuerta e hija de Federico Silva, que aprobó el Plan de Autopistas Nacionales de España. Silva de Lapuerta fue miembro de la Junta Directiva del Real Madrid, donde Del Rivero fue vicepresidente. Al frente de todos ellos, en ese palco que sugiere ser una tercera cámara parlamentaria, ha estado casi siempre Florentino.

El cártel de estas grandes multinacionales, armado con cemento, ha construido mucho más que carreteras y conexiones clave con las instituciones que se deben al voto de los electores.  

Detrás de la trama Ábalos-Koldo-Cerdán asoma el sistema. Una persistente red de intercambio entre la Administración y un puñado de grandes empresas. Una relación íntima que caracteriza el capitalismo español.

Se trata de un cártel que ha establecido una regulación paralela de los contratos con el Estado, y que rescata la vigencia del ensayo La lucha contra los monopolios, con el que el hoy nonagenario y regeneracionista oscuro Ramón Tamames empezó a hacerse célebre. Constructoras como ACS, FCC, Sacyr, OHLA, Ferrovial y Acciona se han enriquecido con el reparto de concesiones estatales desde 1992, en un periodo en el que la euforia financiera nos ha dotado de muchas infraestructuras que al menos nosotros no necesitábamos. Pero, desde mucho antes, varias de estas ahora gigantescas entidades ya reinaban en la carretera. 

Acciona, la marca que hasta ahora patrocina principalmente la mencionada trama, tiene una trayectoria ligada a la evolución del capitalismo nacional. Se trata de una de las empresas que han demostrado ser más innovadoras, pero, al mismo tiempo, más dependientes de lo público. La dinastía propietaria colinda con sectores dominantes de ayer, de ahora y de siempre, y ha trabado nexos con las élites políticas de todas las épocas.    

Para entender el origen de Acciona hay que retrotraerse a los años veinte del pasado siglo. A un periodo desarrollista como el de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. A finales de la década, un brillante ingeniero de Caminos, el bilbaíno José Entrecanales Ibarra, utilizó por primera vez en España el aire comprimido para reformar el puente sevillano de San Telmo. A partir de ahí, y en compañía del empresario Manuel Távora, fundaría Entrecanales y Távora, uno de los emblemas de la construcción de obra pública en el franquismo, que, con un eslogan de “excelencia técnica”, fue uno de los pilares de las obras públicas, como las de las bases militares de los Estados Unidos, las centrales nucleares o las térmicas, y numerosos embalses, puentes, presas, vías ferroviarias… 

Entrecanales y Távora siempre rivalizó con Ferrovial, la criatura de Rafael del Pino, otro importador de innovaciones, en conseguir contratos de obra pública en plena modernización autoritaria. Y, en una España en la que inventar o copiar no era suficiente para ser el elegido de la Administración, el “mestizaje” que el fundador ha defendido como principal legado técnico tuvo que aplicarse también a las relaciones institucionales. Pese a que los Entrecanales no figuraron nunca entre las ternas a ministros, sus miembros se conectaban con parte de la burguesía nacional, pero también de la republicana más moderada. 

José Entrecanales estaba casado con María de Azcárate, descendiente de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Su hermano Justino de Azcárate, exministro liberal de la Segunda República, era propietario de una finca en la Sierra de Gredos llamada La Dehesilla. Justino reunía los fines de semana a todo un elenco antifranquista alejado de la dirección del PCE. Sus nombres son relevantes, pues dirigieron la transición económica: Miguel Boyer, Mariano Rubio –entonces casado con Isabel, hija de Justino–, Manuel de la Concha, Pedro Schwartz, Alberto Oliart, los hermanos Garrigues-Walker, los Fernández Ordóñez, los Solana… Entrecanales, cuñado de Justino, figuraba, junto con Rafael Del Pino y algunos ministros franquistas (como José María López de Letona), entre los padrinos más discretos de este grupo modernizador. 

La familia Entrecanales, con la entrada de los dos vástagos, Juan y José María, colaboró con la modernización mediante el impulso al Círculo de Empresarios, la patronal menos reactiva contra el PSOE, y con la Asociación para el Progreso de la Dirección, foro inspirado por Estados Unidos. A finales de los noventa, José María fundó Acciona al fusionar la gran empresa familiar con la de Cubiertas y MZOV. Invirtió en telefonía y llegó a presidir Vodafone. 

El crecimiento y la internacionalización de Acciona no cesó durante los años dorados del boom bursátil y la liberalización financiera. La compañía se diversificó a sectores como las energías renovables, la gestión de residuos, los servicios, e incluso las bodegas, como prueba el matrimonio de José María con Blanca Domecq, de familia noble, latifundista y ganadera –y gran receptora de fondos de la Política Agraria Común–.

En 2006, y como ha sintetizado el sociólogo Rubén Juste, la burbuja de la construcción llevó a algunas de las constructoras a utilizar el excedente obtenido para acumular kilowatios: Acciona participó entonces en la lucha por el control de Endesa. Los Entrecanales acordaron con la italiana Enel una OPA conjunta para hacerse con la mayoría de las acciones de aquella y suturar una pugna que había hecho saltar en pedazos la Comisión Nacional del Mercado de Valores bajo el Gobierno Zapatero.  

La familia Entrecanales es una de las más ricas de España: controla hasta el 55% de Acciona. En su consejo se sientan apellidos eternos como los Sanjurjo, Sendagorta, Arango (familia fundadora de VIPS), Dancausa, o Vega-Penichet. Las finanzas de los Entrecanales están a buen recaudo, pues las dos ramas descendientes del fundador optimizan el pago de impuestos a través de instrumentos financieros refugiados en Holanda. En este aspecto coinciden con otra saga como la de los Del Pino en Ferrovial. 

Entender Acciona es comprender la esencia del capitalismo y del modelo productivo español. Las tramas corruptas que hoy chillan en las portadas de la prensa no son sino un residuo de estructuras más veteranas y estables, una cara de la que no se habla tanto. Junto a la accidentada evolución de la España del siglo pasado figura la trayectoria de una familia difícilmente separable del Estado. No es la única ni será la última.