Perelló abre el curso judicial con nuevas críticas a Sánchez y a las reformas judiciales de su Gobierno

Sus escasísimas manifestaciones públicas en el año transcurrido desde que fuera nombrada presidenta del Supremo y del Poder Judicial en septiembre de 2024 se han destinado, casi íntegramente, a criticar supuestas descalificaciones del Gobierno y su presidente a los jueces. También a cargar contra reformas judiciales que el Ejecutivo ha puesto en marcha, como la del acceso a la carrera para democratizarlo y abrirlo a candidatos de ingresos limitados; reforma que provocó una huelga judicial ilegal, irresponsable, descontrolada y sin merma salarial para los que la suscribieron el pasado julio. El segundo discurso de apertura solemne del año judicial, pronunciado este viernes por Isabel Perelló ante el rey, ha seguido ese mismo camino.

Las palabras de Sánchez en su entrevista en TVE del pasado lunes advirtiendo de que "una minoría de jueces" –entre ellos los que actúan contra su esposa y su hermano– "hacen política", son, según la presidenta del alto tribunal "impropias de un Estado de derecho avanzado". Perelló ha calificado de "alarmante" la escasez de jueces en España pese a que el ministro de Justicia, Félix Bolaños acaba de plantear la mayor convocatoria de la historia, con casi 2.500 plazas nuevas de jueces y fiscales para los próximos tres años. También ha mostrado comprensión hacia los jueces huelguistas, que tienen una "legítima preocupación" por las reformas judiciales del Ejecutivo.

Que Perelló volvería a cargar contra Sánchez pese a su muy matizada crítica a los jueces –dijo que confiaba en la justicia y subrayó que la inmensa mayoría hacen bien su trabajo– era lo esperado. Así se lo había reclamado toda la derecha judicial, empezando por los 10 vocales del Poder Judicial a propuesta del PP y las tres asociaciones profesionales de derechas –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente–. Durante su discurso, la presidenta ha tildado, de manera genérica, de "inoportunas y rechazables" lo que ha considerado "insistentes descalificaciones a la justicia".

La máxima representante de la judicatura ha sostenido que velar por "la confianza y la credibilidad en la justicia" es algo que no solo corresponde al Poder Judicial, "sino también a los demás poderes del Estado", ha dicho en clara referencia al Gobierno. Manifestaciones como las de Sánchez, según Perelló, socavan "la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces". Pero la apelación más directa a las declaraciones del jefe del Ejecutivo se ha producido al asegurar que, pese a que el desacuerdo y la crítica al Poder Judicial son legítimos, no lo es atribuirle "intenciones y objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional". "Hacer política", como afirmó Sánchez, no está entre ellos, según Perelló.

Tras defender la independencia e imparcialidad de los jueces, Perelló ha hecho por primera vez referencia a su responsabilidad, una apelación que le han reclamado reiteradamente los vocales progresistas. "El CGPJ tiene atribuida la potestad disciplinaria sobre los jueces y magistrados", ha dicho. "El Consejo puede sancionar las conductas inadecuadas de los jueces, la desatención o los retrasos de acuerdo con un catálogo de infracciones que se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial", ha añadido. Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez, tiene dos investigaciones de este tipo abiertas en este momento, aunque los vocales del Consejo dudan de que alguna pueda terminar en sanción, dada la proximidad de su jubilación, en agosto de 2026.

Comprensiva con los huelguistas

El Ministerio de Presidencia y Justicia anunció la pasada primavera que el Gobierno iba a lanzar para este año la mayor convocatoria de plazas de jueces y fiscales (480), que se repetirá en 2026 y 2027, lo que supone casi 1.500. Además, ha anunciado un proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos que dará entrada a otros 1.004 candidatos (673 de ellos, jueces). La contundencia de esos números, sin embargo, no ha convencido a la presidenta del alto tribunal, según su discurso de este viernes.

"Hace dos meses el CGPJ aprobó un informe que considera urgente la creación de 509 plazas judiciales", ha recordado Perelló. "Esta es una iniciativa que no puede demorarse ni quedar supeditada al incierto devenir de determinadas iniciativas legislativas", ha añadido en referencia al proyecto de ley del Gobierno que busca la democratización del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía, que actualmente tramita el Congreso.

Una reforma del sistema de acceso que, según su alocución, "no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional". La reforma del Gobierno, además de generalizar las becas y crear un centro público de preparación de oposiciones, introduce una prueba práctica para que los aspirantes muestren sus habilidades para razonar y motivar sus decisiones en lugar de recitar temas de memoria como un papagayo. Con esa afirmación, Perelló se suma a las críticas de las asociaciones judiciales de derechas. Estos colectivos han difundido el bulo de que la nueva prueba es en realidad una argucia del Ejecutivo para introducir a candidatos afines.

Esa modificación de la tradicional oposición y el proceso de regularización de jueces sustitutos que incluye (al que obliga la UE), fue uno de los motivos argüidos por los colectivos de la derecha judicial para convocar una huelga ilegal y formalmente prohibida por el CGPJ. Perelló, sin embargo, ha mostrado comprensión a los que secundaron esa protesta irregular.

Tras asegurar que los jueces no se oponen, en general, a las reformas, ha afirmado que "estas deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia y no pueden darse pasos que signifiquen un retroceso de estos dos elementos esenciales". Las modificaciones legales del Ejecutivo "afectan directamente a la carrera judicial y generan legítima preocupación en la judicatura", ha añadido. Por ello ha reclamado que se elaboren "mediante diálogo institucional y con la participación del CGPJ".

El órgano de gobierno de los jueces ha avalado todos los anteproyectos de ley en marcha con la propuesta de algunos cambios, de los que parte se han introducido en sus textos o podrán introducirse durante su tramitación parlamentaria, según el Ejecutivo.