Memoria histórica

Ley de memoria histórica: diez años de un logro a medias

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica entrega en el Congreso 218.600 firmas que reclaman la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Marzo de 2007. Aún podía usarse sin temor a enfadar a nadie, porque el bipartidismo lucía en todo su esplendor, aquel cargo informal de "jefe de la oposición". Lo ostentaba Mariano Rajoy, presidente del PP, que se plantó en un acto en Huelva con un mensaje contra la anunciada intención de José Luis Rodríguez Zapatero de legislar para la reparación de determinados colectivos de víctimas del franquismo y la dictadura. "¿A quién le importa eso de la memoria histórica?", preguntó con extrañeza el político.

Rajoy puso aquel día sobre el tapete dos elementos clave del discurso de la derecha española sobre la cuestión. Uno, la crítica a quienes se ocupan "del pasado, la historia, los abuelos y otras cosas", en lugar de "mirar al futuro". Dos, la apelación a la "gente normal", que –en contraste con los ciudadanos preocupados "por el pasado"– estarían interesados en temas igualmente "normales", como la economía. Rajoy situaba entonces la "normalidad", y aún sigue haciéndolo, justo en el punto en el que la democracia ignora a las víctimas de una dictadura criminal. Es una actitud marca de la casa del PP, un partido que casi 40 años después de la aprobación de la Constitución aún cuenta con numerosos dirigentes que mantienen un discurso abiertamente despectivo con las víctimas del franquismo. ¿Quién no recuerda a Rafael Hernando, portavoz del PP, acusando a hijos de asesinados por el franquismo de actuar movidos por el interés en las subvenciones públicas cuando piden buscar sus cuerpos? Como ha dicho Pablo Casado, gran esperanza del ala neoliberal del PP, "hay que olvidar la historia".

Es verdad que en el PP sobreviven elementos de este discurso, con amplia aceptación en medios conservadores, según el cual la memoria histórica no sería más que un tardío intento de revancha de una izquierda rencorosa incapaz de pasar página. No obstante, sería equívoco afirmar que nada ha cambiado en la relación de la derecha con el franquismo en los últimos diez años. En 2007, con el PP subido a un discurso contra la "reapertura de heridas", hubiera sido impensable que se aprobase sin votos en contra, como ocurrió en marzo de 2017, la ley andaluza de "memoria democrática". La norma incluye esta materia en el currículo educativo, pese a lo cual el PP renunció al voto en contra y se abstuvo. La andaluza se encuentra entre las leyes consideradas más avanzadas de las normas autonómicas aprobadas desde 2009, a raíz de la ley de memoria histórica estatal de 2007.

Sin ley estatal, no hubiera habido impulso autonómico: Navarra, Valencia, Aragón, Asturias, Castilla la Mancha, Extremadura... Es uno de los efectos de la ley impulsada por Zapatero que el movimiento memorialista considera más positivos: derribó puertas, rompió tabúes, abrió caminos. Y situó al principal partido de la derecha española, fundado por el exministro de Franco Manuel Fraga, en la incómoda posición de debatirse entre la defensa de lo democráticamente indefendible o la fricción con amplios sectores de su electorado natural, situados en lo que se ha conocido con el término –más intuitivo que científico– de "franquismo sociológico". Hace diez años, el PP reaccionó al envite con una brutal oleada de tremendismo. Diez años después ha votado en el Parlamento de Cataluña a favor de una ley que ha declarado "ilegales" los tribunales del franquismo, si bien la norma no despliega efectos prácticos porque la anulación de las sentencias requeriría de la movilización de competencias estatales.

La pedrada en el estanque que supuso la aprobación en 2007, con el rechazo de PP y ERC, de la conocida como "ley de memoria histórica", que en realidad no se llamaba así, se ha dejado notar en múltiples círculos concéntricos. "No sólo fue una ley importante. Era una ley necesaria. Además es muy sintomático cómo ocurrieron las cosas. No era una ley de memoria histórica, sino de reconocimiento de determinados colectivos. Pero la opinión pública demandaba una ley de memoria histórica y acabamos llamándola así", explica el filósofo Manuel Reyes Mate, uno de los intelectuales ocupados con mayor profundidad en el fenómeno de la memoria. Y añade: "El problema es que la ley se queda a medio camino. En el propio preámbulo establece que es fiel al espíritu de la Transición, cuando la Transición se hizo precisamente bajo el signo del olvido. Ésa es una contradicción muy seria". Este miércoles 27 de diciembre se cumplen diez años de la entrada en vigor de la "ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura", más conocida como "ley de memoria histórica". infoLibre hace balance de la norma.

  El balance oficial

La ley, que no contó con memoria económica, se centra especialmente en cuatro aspectos: medidas de reparación; exhumación de fosas comunes; eliminación de símbolos franquistas y prohibición de exaltación de la dictadura, y acceso a los archivos. "La ley nace débil. La propia insistencia, la repetición hasta en cinco ocasiones de la coletilla de la 'memoria personal y familiar', da idea de su fragilidad. El propio Gobierno que la presenta es el primero en incumplirla, con actos de exaltación franquista en el Valle de los Caídos permitidos desde el principio", señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Cualquier entusiasmo político en el desarrollo de la norma se evaporó con la llegada del PP al Gobierno en 2011. El cierre de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura fue inmediato. Todas las líneas de financiación se suspendieron.

Antes de la congelación, en el periodo 2006-2011, fueron subvencionados 833 proyectos con 25,15 millones de euros, según una respuesta del Gobierno a una pregunta del diputado del PSOE Odón Elorza. También se desarrolló un mapa de fosas con un total de 2.457 enterramientos colectivos. La ley, de la cual parten los protocolos de actuación sobre enterramientos, no preveía nada en cuanto al apartado genético de la identificación, que la experiencia de las asociaciones de familiares ha demostrado fundamental. La aplicación informática del mapa de fosas ha registrado más de 910.000 visitas desde 2011. "El mapa de fosas fue una realidad gracias a la ley y supuso un gran paso adelante", señala Alejandro Peinado, miembro del Foro Ciudadano de Memoria de Córdoba e investigador de políticas públicas en este campo. Una base de datos –de interés para investigadores– ha reunido información sobre 4.400 españoles muertos en los campos de concentración nazis. El Gobierno ha emitido además 2.446 declaraciones de reparación y reconocimiento desde la entrada en vigor de la norma, 497 de ellas en 2017. Dichas declaraciones no dan derecho a compensaciones económicas. La ley sirvió también para la concesión de la nacionalidad española a 24 brigadistas internacionales entre 2009 y 2013, según datos del Ministerio de Justicia.

  La ley no inventó la pólvora

¿Pero todo esto se hace por la ley de 2007? Es más que discutible. Por ejemplo, las exhumaciones no necesitan la ley de memoria histórica. La mayor excavación de una fosa del franquismo en España permitió extraer los restos de 2.840 personas del enterramiento colectivo en el cementerio de San Rafael de Málaga, de las casi 4.500 que –según las investigaciones históricas– fueron asesinados y enterradas allí entre 1937 y mediados de los años 50. La excavación arrancó en 2006, antes de la ley, y terminó en 2009. "La ley fue un refuerzo, pero el impulso de nuestra excavación venía de antes y estaba determinado por la exigencia de las asociaciones y la voluntad política. Eso es más importante que la ley, la voluntad política", señala Francisco Espinosa, uno de los máximos impulsores de aquel proceso de exhumación y referente del asociacionismo en este campo en Málaga.

La democracia ya empezó de hecho a ocuparse del resarcimiento de las víctimas antes de la ley, que no inventó la pólvora. La comisión interministerial para el estudio de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que precedió al debate de la ley cifra en 16.361 millones de euros la cantidad destinada entre 1976 y 2005 a resarcir “en la medida de lo posible los efectos económicos más adversos de la Guerra Civil en el sector republicano”. La cifra de 574.000 expedientes resueltos favorablemente da idea del alcance y la dimensión de la población afectada. De la espectacular cifra económica, la mayoría (15.965 millones) fue destinada a pensiones. 

  Falta de una política de Estado

"La ley no establece una política de Estado en relación con la memoria histórica. Lo que hace es apoyar a las asociaciones a través de subvenciones. Esto lo que ha hecho es que el Estado se lave las manos de su responsabilidad. Nosotros, cuando nos hemos reunido con el Gobierno antes y después de la ley, jamás le hemos pedido subvenciones, sino que se responsabilice. Por eso siempre nos hemos negado a financiar exhumaciones con crowdfunding, incluso ahora que el PP ha parado toda la financiación, porque eso liberal al Estado de su responsabilidad", señala Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. "En la práctica lo que se ha hecho con la ley es privatizar las exhumaciones", añade Jacinto Lara, uno de los impulsores de la conocida como "querella argentina" de víctimas del franquismo.

Fernando Martínez, secretario de Memoria Histórica de la Ejecutiva Federal del PSOE, defiende la "vigencia y utilidad" del texto de 2007, pero cree que hay aspectos que se deben superar. Entre ellos, la búsqueda de víctimas. "Esto no lo deben liderar las asociaciones, sino el Estado. Y hacerlo a través de los tribunales ordinarios, con la ley de enjuiciamiento criminal", señala Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería. Desde una óptica mucho más crítica, Xulio García, portavoz del Foro por la Memoria, afirma: "Nosotros, como Foro, hemos hecho exhumaciones, pero siempre denunciando en el juzgado. Aunque se archive, siempre hay que denunciar".

Alejandro Peinado, del Foro Ciudadano de Memoria de Córdoba, ofrece una perspectiva más benévola que García. "La ley fue un hito. Fue criticadísima porque rompió un tabú que nadie había roto. Abrió la puerta a hacer políticas públicas de memoria desde el Estado, lo que permitió además que desde las comunidades autónomas se llevaran después a cabo políticas de segunda generación. Y supuso un acto de voluntad de restablecimiento de la memoria común", afirma. No obstante, Peinado cree que "se ha quedado corta", al haber sido "desactivada por el PP". Pero eso también es un problema. Si estableciese la obligación del Estado, su responsabilidad, no cabrían vaivenes en función del color político del Gobierno, subrayan los críticos.

  Ilegitimidad, no nulidad

La ley establece la ilegitimidad, no la nulidad, de los tribunales y sentencias franquistas. A efectos prácticos, la ilegitimidad no implica nada. Pura retórica. Tampoco crea nada parecido a una comisión de la verdad. "Hay un reconocimiento de la injusticia de los crímenes franquistas, pero de una manera muy discutible, porque los declara ilegítimos, pero no ilegales. Esto se suma a que el otro gran tema, el de los desaparecidos, no se convierte en una cuestión de Estado. Tiene que ser la sociedad la que se apañe con sus medios", analiza el filósofo Reyes Mate. A su juicio, queda pendiente "la tarea del proceso al franquismo", como intentó Baltasar Garzón, basándose en la imprescriptibilidad de las desapariciones. "Atreverse con ese tema sería objeto de una ley", añade.

Son ya varias las ocasiones en las que la ONU ha puesto evidencia al Estado español exigiéndole medidas de reparación de las víctimas del franquismo y sus herederos. Aquí es donde, según el abogado Jacinto Lara, más claramente se proyectan "sombras" en el balance sobre la ley. "Es una ley que no está orientada a la legislación internacional sobre derechos humanos. Tuvo su momento cuando se aprobó, pero a la larga sus efectos han sido sumamente limitados. Cuando se habla de violaciones de derechos humanos, no cabe una reparación moral. Hay que ir más allá", señala Lara.

La politóloga Paloma Aguilar, teórica y estudiosa de las políticas de memoria histórica, acaba de escribir junto a la profesora de Sociología Leigh A. Payne El resurgir del pasado en España (Taurus), que recoge los principales debates sobre el pasado en nuestro país, aportando además investigación original sobre las confesiones de los torturadores y verdugos del franquismo, y sobre el efecto que ha tenido la exhumación de fosas como detonante del cuestionamiento del relato de la transición. En sus páginas Aguilar y Payne abordan la ley de 2007, que "no llega a pedir que se rindan cuentas por los hechos del pasado". "Las familias de las víctimas del franquismo, profundamente traumatizadas después de décadas de humillación, no se han visto dignificadas por el reconocimiento oficial ni de los delitos cometidos por un régimen brutal e ilegítimo, ni de que no merecían el maltrato que sufrieron durante la dictadura", señalan las autoras. Y añaden: "Para saldar cuentas con el pasado, sería preciso, como mínimo, un proceso público de homenaje a las víctimas y sus familias. Ese proceso debería incluir la inhumación adecuada de los restos de quienes aún yacen en fosas no identificadas. Resulta sorprendente que las autoridades españolas hayan mostrado una insensibilidad tan continuada, incluso hacia esas necesidades tan básicas de las víctimas".

  Los restos del franquismo

Xulio García, del Foro por la Memoria, lleva más lejos su crítica a la norma de 2007. "La ley", afirma, "ha servido de cortafuegos ante la reivindicación del fin de la impunidad del franquismo. El franquismo en España sigue siendo legal. Ése es el gran problema. La ley es un eslabón más en la cadena de impunidad", afirma. Francisco Espinosa añade desde Málaga: "La idea inicial de la ley, la de acabar con todos los restos del franquismo en España, no se ha cumplido". Es difícil precisar lo que queda del franquismo. Desde luego resulta llamativo que fundaciones en honor a Franco, Queipo de Llano y Serrano Suñer homenajeen impunemente el alzamiento militar del 36 y la dictadura. También es difícilmente rebatible que algunos privilegios de la Iglesia católica y la ley de amnistía, máximo garante de la impunidad de los crímenes de la dictadura, tienen origen en la desequilibrada correlación de fuerzas con la que se gestó la Transición. La desconsideración del Estado hacia las víctimas del franquismo comparte un origen similar.

Pero que algo tenga origen en la dictadura –lo tienen las bases estadounidenses en suelo español o incluso la jefatura hereditaria del Estado– no significa que no haya pasado más tarde el filtro democrático. ¿Qué se propuso concretamente borrar la ley? La exaltación del franquismo y su rastro simbólico. Y el carácter de homenaje a los cruzados del Valle de los Caídos. Ahí cabe un balance de claroscuros. Desde luego se han cambiado de nombre miles de calles y plazas, se han retirado incontables monumentos y distinciones. Pero también se producen constantes incumplimientos. De hecho hay una extendida cultura de incumplimiento o cuestionamiento de la ley en este apartado. El propio presidente Rajoy afirma desconocer por qué le quitaron la calle a un militar golpista en Pontevedra. "Hemos interiorizado una idea increíble en democracia: que para que se cumpla una ley hay que aprobar una moción", señala Xulio García. Alrededor del cumplimiento de la ley se producen debates, en los que se opone la tradición al cumplimiento de la ley. "Claro, el problema es que en la ley no hay régimen sancionador", resume Cecilio Gordillo, responsable del grupo de trabajo sobre memoria histórica de la CGT y uno de los impulsores del proyecto Todos los Nombres. Si se incumple, no pasa nada. "Además se metió en la ley aquella coletilla de la excepción por motivos artísticos", señala Francisco Espinosa, del movimiento memorialista malagueño.

Los críticos con la ley creen que casos como la laxitud de la prohibición de exaltaciones franquistas son, más que el problema, síntomas del verdadero problema de fondo: la debilidad de la ley de memoria frente a la ley de amnistía. Como resultado de esto viene lo demás: no abordar la reparación completa de las víctimas, no examinar los resultados económicos de la represión, no mencionar siquiera a la Iglesia católica... La ley se queda corta en materias como trabajos forzosos, subraya Cecilio Gordillo, de la CGT. El censo de edificios construidos por los batallones disciplinarios que recogía la ley se ha quedado en papel mojado. En cuanto al Valle de los Caídos, la solución definitiva sigue pendiente. "El Gobierno no ha tenido nunca la menor intención real de tocar el Valle de los Caídos", señala el diputado de Compromís Carles Mulet, que se ha ocupado insistentemente del tema. "Este Gobierno cumple con las obligaciones impuestas en el artículo 16 referidas a la prohibición expresa de que se realicen en su interior actos de homenaje a la dictadura franquista", afirma el Ministerio de Justicia.

  Proliferación de leyes superadoras

La mejor prueba del envejecimiento de la ley de 2007 es que se multiplican en el presente las iniciativas legislativas con vocación superadora. El PDeCAT ha llevado al Congreso una ley para forzar la anulación de las sentencias del franquismo. Tanto Podemos y los nacionalistas como IU han lanzado iniciativas contra la ley de amnistía. Compromís presentó su propia ley de memoria histórica, aunque no ha prosperado. Y el PSOE tiene la suya. El texto socialista tiene un doble interés: de un lado, porque supone un intento, diez años después, de recuperar el liderazgo en una materia que fue distintiva en la gestión como presidente de José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura; de otro lado, los elementos nucleares del articulado apuntan a las principales áreas que la ley de 2007 dejó al descubierto.

Con la nueva ley del PSOE se pondría fin a la "externalización" de la búsqueda de desaparecidos, que sería asumida directamente por el Estado. El texto prevé la creación de un banco nacional de ADN, una comisión de la verdad, pleno acceso a los archivos históricos... Hay un apartado sobre la búsqueda de bebés robados, un escándalo de proporciones siderales que el Estado aún no se ha tomado suficientemente en serio. La norma prevé un censo nacional de víctimas, un reconocimiento de las personas que sufrieron incautaciones económicas entre 1936 y 1945, un régimen sancionador de aplicación a quienes incumplan la retirada de símbolos ofensivos y la transformación del Valle de los Caídos en un "centro nacional de memoria". Por último, establece la ilegalización de todas las asociaciones que exalten el franquismo. "Hay que dejar de ver este tema como una cuestión de izquierda y derecha. No lo es. Es una cuestión de dignidad nacional", señala Fernando Martínez, del PSOE, principal responsable de la redacción de la norma.

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