Hay crisis de las que no se sale nunca del todo ni se vuelve. Y Ayuso no va a salir del último ático de lujo. Está Pablo Casado y aquel "la cuestión es si es entendible que, en plena pandemia, se puede contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas"; aquel "no me voy, me quedo. Voy a seguir siendo vuestra presidenta" de Cristina Cifuentes antes de las cremas, buena metáfora de la cabeza de caballo al despertar; o el “no he sido capaz de cumplir un encargo” de Alberto Ruiz Gallardón tras la retirada de la reforma del aborto. Hay sobrada hemeroteca de esa extraña manera de matar del PP. El polémico ático de lujo ha desplazado a Isabel Díaz Ayuso a una pantalla nueva de su tiempo político de difícil retorno. 

La gestión de la información está siendo tan reveladora como la propia compra. Desde ahí, los silencios permiten dejar abiertas las especulaciones. Las principales, si el ático de lujo iba a ser de uso y disfrute de de la presidenta, si compró esa mansión en diferido o el destino era una residencia oficial. Si hubiera una explicación digerible, se habría dado. Ahora sabemos que costó 6,3 millones de euros, según El País. El expediente de compra, aún desconocido, debe aclarar por qué era tan imprescindible ese piso que obligó a desembolsar solo 189.000 euros al vendedor, por qué se consideró necesaria una operación de esas características y qué criterios se utilizaron para justificarla. Por cada metro cuadrado de ese ático se pagaron unos 10.400 euros más que el tope de una vivienda protegida en la zona más cara de Madrid. Una administración que debe gestionar recursos públicos ante la mayor crisis de vivienda frente a una operación especulativa sin explicaciones comprensibles.

El Tribunal de Cuentas, tras la denuncia de un abogado, tendrá que analizar la operación y judicializarla si encuentra trazas de malversación, daño a los fondos públicos, prevaricación o si se utilizó una sociedad mercantil para evitar controles, publicidad o procedimientos que habría tenido la administración directa. En definitiva, determinar si los seis millones de dinero público se pagaron a una inmobiliaria de La Moraleja cumpliendo todos los controles exigibles y si la fórmula elegida fue la adecuada. 

Obsesionada con liderar el frente antisanchista, Ayuso ha menospreciado que el ciclo de desgaste de siete años en el Gobierno ha hecho mella. Lejos de reforzar el ejecutivo madrileño y los servicios públicos para llegar en condiciones a las elecciones de 2027, Ayuso ha dejado abiertas las vías de agua. Alberto González Amador, a través de su jefe de gabinete MAR, jugó demasiado fuerte para tumbar al fiscal general y dejaron sus miserias —ya se verá si corruptelas— a la intemperie.

La guerra cultural de Ayuso por conquistar el alma más ultra del PP —y de paso disputarle ese frente a Génova 13— ha servido de paraguas y cortina de humo para tapar capítulos mucho más opacos. No es cierto ni creíble que el ático de lujo se comprara como una buena inversión para el parque inmobiliario de Madrid. Entre otras razones, porque un gobierno no tiene entre sus funciones especular con áticos. Tampoco es cierto ni creíble que los viajes a EEUU y México costaran 400 y 600 euros. Ayuso decidió pagar con dinero público y no del partido su agenda en Miami para reforzar su alianza con Trump y unirse al escudo ultra latinoamericano en México contra Claudia Sheinbaum. Por eso los gastos publicados por la Comunidad de Madrid no están completos —ni pueden estarlo— y pueden acabar en el Tribunal de Cuentas junto a la operación del ático. 

A la presidenta de Madrid le van a perseguir este otoño las diligencias que afectan a tanto ático: una penal —el informe previsto de González Amador— y otra administrativa, el escándalo del casoplón en General Martínez Campos. La batalla política pasa por Ester Muñoz, la portavoz y mano derecha de Miguel Tellado, como ese PP que quiere ser Vox y una dirección nacional que gesticula apoyo en público mientras la deja caer.

Ayuso ha construido su liderazgo desde la confrontación con Sánchez, la batalla cultural y la sensación de que cada escándalo reforzaba su posición. El problema es que ahora las crisis son suyas. Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz Gallardón no cayeron por un único episodio pero sí lo hicieron con un movimiento en seco. El fantasma de los juguetes rotos apunta ahora a Madrid.

No hay un solo argumento de Isabel Díaz Ayuso para justificar la compra del ático de varios millones de euros que resista un análisis y tenga sentido. Y, una vez se ponen todos juntos, dibujan la anatomía forense de un posible desfalco político y de una impunidad temeraria. Ayuso ha tirado del manual victimista habitual: “Mi pareja se está defendiendo sola de toda la maquinaria del Estado”; “es una operación del Estado contra un adversario político”. También ha embestido contra la prensa sin aclarar una sola cuestión sobre la compra. Si fuera una “campaña de desprestigio”, la información sería falsa. Pero el ático de lujo ya está comprado y ha sido incapaz de explicar por qué y para qué. 

El ático, con 200 metros cuadrados de terraza y sin oficinas es, según Ayuso, para celebrar "temporalmente reuniones". Si la necesidad es provisional, ¿qué pretende hacer después con el ático? ¿Por qué comprar en vez de alquilar? ¿Qué uso está previsto para justificar el desembolso de varios millones de euros, cuyas escrituras tendrá que hacer públicas? Si se quieren convertir en oficinas, ¿por qué no se han comprado unas oficinas? Si todavía no hay un proyecto conocido para las obras en la Puerta del Sol y, además, esas obras son temporales, ¿qué justifica una compra permanente de varios millones de euros? ¿Y por qué adquirir precisamente un ático que necesita una reforma para adaptarlo mientras duren las obras? Si, además, el edificio no permite legalmente un uso administrativo, la pregunta ya no es sólo para qué se ha comprado, sino por qué se ha dado una explicación que resulta imposible. O, directamente, falsa.

Si la propia presidenta reconoce que todavía no sabe "cómo lo va a organizar" y habla indistintamente de recepciones institucionales, encuentros con los medios o incluso de trasladar allí a un consejero, la operación tiene todavía menos sentido. Para un traslado temporal, la presidenta tiene consejerías de sobra. La Comunidad de Madrid cuenta con numerosos inmuebles en propiedad —basta consultar su inventario patrimonial— en calles como Sagasta, Princesa o Miguel Ángel. Y, si la intención fuera trasladar la sede de la Presidencia, tendría más lógica buscar una ubicación próxima a la Asamblea que un ático en Chamberí.

“No es para mí”, dice la presidenta. Tampoco “le compete”. Es posible que en cuestión de horas cambie de versión. En el mejor de los escenarios, no se trataría de un chanchullo, sino de una operación especulativa de compra ejecutada con impunidad y alevosía. “Lo que no puede esta administración es despatrimonializarse. Me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y oficinas”. Sea por afán especulativo o por la razón que termine conociéndose, el responsable de Madrid Planifica debe comparecer, el Consejo de Gobierno tiene que explicar la operación y la Comunidad de Madrid debe hacer pública la escritura de compraventa con la vendedora. Cuando no hay una explicación convincente, normalmente es porque no la hay. Por lo pronto, la polémica exige una respuesta política y una transparencia documental absoluta sobre una operación inmobiliaria que la Comunidad ocultó hasta que El País la ha hecho pública. Aunque los áticos, en la política madrileña, acaban necesitando en demasiadas ocasiones una explicación judicial.

Hace bien Ayuso en preocuparse por lo que pensarán sobre el nuevo ático las personas que han perdido sus bienes en los incendios. O qué pensará Maricarmen, con 87 años, amenazada con un desahucio de la casa en la que ha vivido toda su vida. O qué pensarán las personas a las que, de un día para otro, les piden duplicar el precio del alquiler de la vivienda en la que llevan residiendo siete años porque Madrid se niega a aplicar los topes al alquiler. Y también debería preocuparse por lo que pensarán algunas asociaciones cívicas y jurídicas, porque las explicaciones pintan mal para justificar el objeto y el destino de la nueva inversión.

Con Ayuso, el gato blanco suele acariciarse desde Génova 13 y no en la oposición. Es una tradición. Con Esperanza Aguirre fueron las propias luchas internas del partido las que acabaron empujando a sus peones más corruptos. Pablo Casado fue sacrificado en ese enfrentamiento y Alberto Núñez Feijóo tampoco ha sido ajeno a envites y operaciones de desgaste desde Madrid. Nadie en el PP parece dispuesto a salir en defensa de la presidenta por sus dos áticos en Chamberí, por el tercer ático desvelado por El País o por el futuro informe de la UCO sobre Alberto González Amador. Quizá porque, cuando el silencio se impone entre los propios, también temen que la falta de explicaciones les salpique. 

No hay terreno más resbaladizo para el PP que la corrupción. Un arma arrojadiza con una regla sencilla: solo existe cuando la protagoniza el PSOE. La memoria se activa o se desactiva según convenga, en un ejercicio de amnesia selectiva que ha vuelto a marcar el discurso de cierre del curso político de Alberto Núñez Feijóo. Con todo lo que ha sucedido en España este año y con las turbulencias geopolíticas por venir, el líder del PP ha dedicado su balance previo al último Pleno del Congreso, una vez más, a la corrupción. El principal eje de su oposición. El asunto al que lleva meses —en realidad, años— reduciendo casi toda su estrategia política.

Feijóo ha recriminado al PSOE que no rompa amarras con Zapatero mientras se aclaran sus negocios y el millón de euros en joyas. Al expresidente socialista aún le quedan todas las explicaciones por dar, y tanto el PSOE como el Gobierno deben gestionar la respuesta a ese silencio. Pero a Feijóo no le preocupa lo más mínimo la corrupción, sino abatir a Sánchez. Eso o habría aplicado el mismo rasero a los suyos. No en vano, ha reivindicado sin matices: "Yo no puedo tener una sintonía mayor que con el señor Aznar y con el señor Rajoy".

Si la justicia hubiera funcionado antes como ahora, Aznar no se habría ido de rositas por aceptar que Francisco Correa pagara parte de la boda de su hija. Si Víctor de Aldama hubiera pagado parte de los estudios de la hija de Sánchez, el presidente estaría sobradamente imputado. Eran otros tiempos, otros presidentes. 

Sostiene Feijóo que “la corrupción de Sánchez lo impregna todo”. De nuevo, no será por el ejemplo que ha dado el gallego. Los casos de ese Rajoy con el que no habrá fisuras dejan los de hoy en una corrupción de Cash Converters, unas cloacas de AliExpress frente al calado de la trama Kitchen, de la que nadie en el PP ha pedido perdón. En la corrupción “sistémica”, en palabras de Feijóo, de la que nadie se hizo cargo, el Ministerio de Hacienda fue un chiringuito de consultoría previo pago; los fondos reservados —es decir, fondos públicos— engrasaron la operación dirigida por el ministro del Interior, el secretario de Estado y la cúpula policial para obstruir y sabotear la investigación judicial del caso Gürtel. 

El “el nexo político corruptor” que ve Feijóo en Pedro Sánchez no lo ve en Mariano Rajoy. El PP ha colocado la corrupción, el asunto del que puede salir peor parado por comparación, como plato fuerte del balance de año.

Así que, a falta de atreverse con la moción de censura en el supuesto “peor momento de la democracia”, el balance tampoco ha servido para conocer el programa con el que quiere llegar a La Moncloa. Feijóo admite el volantazo del congreso que le ratificó hace un año, cuando se comprometió a no gobernar con Vox para después convocar un ciclo electoral de cuatro paradas autonómicas donde ha pintado el mapa de azul y verde para, después, anunciar que los españoles piden ese pacto con la ultraderecha que negó tantas veces. “Con Vox en el Gobierno no”, sentenció Miguel Tellado en el micrófono de Carlos Alsina este curso. Ahora hay Vox y hay Junts, de quien pidió la ilegalización hace dos años en las enmiendas de la ley de amnistía. Con el "pragmatismo parlamentario" que ahora reivindica Feijóo, el mismo que tanto demonizó en Sánchez, abrirá la puerta del Gobierno central a Santiago Abascal.

De las políticas conocidas hasta ahora, y obviadas en el discurso de cierre de curso, queda llamar fraude electoral a la llamada ley de nietos, que llevó en su programa del 23J. En la agenda laboral del PP, sabemos que el "absentismo laboral es un cáncer”, y que impulsará una ley nacional para considerar al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar, en línea con los postulados antiabortistas que el PP ya había desterrado. De momento, el programa es ese. Ha sido Feijóo quien ha elegido cerrar el curso hablando de Sánchez, no de hacia dónde va en ese rumbo a La Moncloa que da por hecho. Como ahora le gusta ironizar con la frase de su investidura fallida —«No voy a la Selección porque no quiero»—, igual no tiene programa porque no quiere. 

Es legítimo dudar. Y más aún analizar una sentencia tan inédita como la de David Sánchez. Se hizo con la de José Luis Ábalos, dentro de los cánones de la corrupción, y es necesario hacerlo con una resolución que comparte algunos rasgos con las causas abiertas contra el entorno familiar del presidente del Gobierno: denunciante ultra, años después de que sucedan los hechos, con argumentos bien razonados de la fiscalía en contra. Antes de la sentencia ya sabíamos varias cosas. Que a David Sánchez le crearon una plaza. Y que no fue por ser el hermano del presidente. Entre una plaza de libre designación y el enchufazo hay una frontera fina, muchas veces difícil de objetivar. David Sánchez tenía currículum de sobra para desempeñar su trabajo y el concurso se convocó con una razonable certeza de que la plaza era suya.

Sobre ese terreno tan difuso se ha conducido el procedimiento. La gran novedad es que el enchufe vaya por lo penal. Por eso Sánchez es el único caso de un enchufado condenado a nueve años de inhabilitación. En la práctica, una década de muerte profesional. No podrá trabajar en un conservatorio, una orquesta o una universidad pública, escenarios profesionales habituales de un músico. Tiene motivos para el recurso. 

La sentencia dice que no hay “hermanísimo”. Pedro Sánchez no influyó sobre el entonces presidente de la Diputación ni David Sánchez utilizó su apellido para conseguir el puesto. Nunca aparecieron indicios de ello durante la instrucción, por más que la organización ultra Manos Limpias, el PP y VOX lo utilizaran de ariete durante toda la causa. El fallo reconoce que no puede acreditarse que ninguna persona ejerciera “presión o influencia” aprovechando las “facultades de un cargo público” o una “relación personal o jerárquica”. Y, sin embargo, hay condena. La resolución tampoco puede entrar a valorar la creación de la plaza en 2017 porque ese posible delito ha prescrito. La condena se sostiene sobre una decisión posterior: el cambio de nombre y de funciones del puesto en 2022. Ahí se concentra toda la responsabilidad penal. En síntesis, tiene motivos de sobra para el recurso.   

Es un fallo con contradicciones. Los magistrados introducen una hipótesis que, al mismo tiempo, no pueden acreditar para sostener el tráfico de influencias: que Miguel Ángel Gallardo decidió adjudicar la plaza a David Sánchez en julio de 2017 para acercarse a Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias del PSOE. Pero la propia cronología de la sentencia sitúa el origen de la plaza en octubre de 2016, cuando ese escenario ni siquiera existía. Si la plaza nació como un enchufe, la decisión política estaba tomada desde el primer momento. Y, además, no hay un solo correo, mensaje, testimonio o cualquier otro indicio que respalde esa conjetura, que acaba incluida en la sentencia sin una base probatoria que la sostenga.

No hay pruebas de que David Sánchez utilizara la influencia de su hermano. O de que Pedro Sánchez moviera un dedo para favorecerle. No hay pruebas de que nadie influyera para que el hermano del líder socialista accediera a ese trabajo. No hay pruebas, pero aún así, hay una condena. 

No hay Pedro Sánchez, pero sí hubo enchufe. Y una causa penal atravesada desde el principio por la condición de "hermano de". Las sentencias se analizan y se discuten. Y esta tiene agujeros argumentales. Reducir cualquier crítica a un ataque al Poder Judicial es tan simplista como llamar a todo lawfare. Se ha citado mucho una frase del abogado de David Sánchez en una entrevista con Carlos Alsina: "No tengo razones para pensar que ha habido lawfare". La frase no terminaba ahí. Añadió: "Sí veo sesgo político".¿Y qué se hace con las causas judiciales de marcado sesgo político? Con esto, la judicatura mira hacia otro lado. 

Alberto Núñez Feijóo ha querido cerrar el curso político alardeando de perfil propio. Después de meses instalado exclusivamente en la matraca del antisanchismo, ha decidido sorprender con una batería de propuestas ideológicas para terminar patinando en cada debate. Revelando un perfil que incluso a Vox le ha parecido una invasión de competencias innecesaria. En el fondo, ha querido quitarle las banderas a la ultraderecha. En la forma, ha evidenciado un preocupante desconocimiento de los asuntos que ha puesto sobre la mesa. Una tras otra, las propuestas han acabado convertidas en rectificaciones, aclaraciones y marchas atrás.

Con la ley de nietos, Feijóo volvió a rescatar el viejo argumento del supuesto fraude electoral, un bulo que ya utilizó en Galicia mucho antes de que Donald Trump popularizara la idea del fraude masivo como estrategia política. Feijóo lo ha recuperado cada vez que se acerca una cita con las urnas: municipales, generales y ahora, de nuevo, ante la posibilidad de un adelanto electoral para 2027. Ni es ingeniería, ni hay compra de votos, pero sobre todo, el patinazo viene de cargar contra una ley que él mismo incluyó en su programa y unas nacionalizaciones de exiliados de la dictadura que ha terminado defendiendo. 

La misma secuencia se repitió al comienzo de la semana. Feijóo eligió una entrevista en Espejo Público para dejar un titular: el "concebido no nacido" debe tener derechos. El Feijóo que vino a buscar el centro, convertido en el defensor del nasciturus. No habló de conciliación, vivienda o fiscalidad. Tampoco de ayudas a la mujer, a todo tipo de familias o de igualdad. Decidió situar el foco sobre el feto como sujeto de derechos. Es un terreno que el Partido Popular lleva años evitando porque cada vez que convierte el aborto en un eje de confrontación política acaba pagando un coste electoral. A su derecha siempre hay quien reclama endurecer el discurso y la ley del aborto; en el centro, la mayoría percibe el debate como una batalla ya resuelta y un derecho amenazado por los ultras. Alberto Ruiz Gallardón cayó como ministro de Justicia de Rajoy por un coqueteo similar tras impulsar una reforma de la ley del aborto que terminó naufragando. 

El balance de estos días pasa por un Feijóo que cuando intenta abandonar el monotema del “peor Gobierno de la historia” para presentar una agenda propia, presenta unas prioridades que son las que alejan al PP del espacio moderado que le permitió ampliar mayorías en Galicia. El "concebido no nacido" como sujeto de derechos —solo el término lleva a la oscuridad de otros tiempos—, la ofensiva contra la ley de nietos —que el partido respaldó en su programa— o el recorte de determinados derechos laborales a propósito de las bajas y el absentismo, que llegó a calificar de "cáncer" antes de que la plana mayor del PP tuviera que salir a matizar sus palabras. Es la síntesis de la propuesta de país de Feijóo, alejada de la modernidad, más diseñada para competir con Vox que para recuperar al votante de centro. Con unos debates que incluso Santiago Abascal ha relegado de la primera línea porque, en su proceso de lepenización, ha ocultado parte de los ataques a los derechos de la mujer, la agenda LGTBI+ o los derechos de los trabajadores. 

Por temor a un adelanto electoral o por obra de los gurús de Génova, los temas elegidos por Feijóo recuerdan el progresivo abandono del espacio liberal y moderado frente a la apertura de debates que el partido había decidido cerrar hace tiempo. De momento, Feijóo sin Sánchez es esto. Propuestas propias de Vox, deslavazadas y confusas, donde el PP tiene que salir a explicar lo que quiso decir su líder porque los errores opacan el titular. Devolviendo la política a la época de los recortes de Rajoy y la revisión de derechos ya conquistados. Es el Feijóo sin Sánchez… o el nuevo PP de los gobiernos de coalición con Vox. El tiempo dirá si se vuelven indistinguibles. 

El Partido Popular ha pasado de hacer oposición a Pedro Sánchez a hacérsela al sistema. En modo juez Peinado, con los policías imaginarios que ayudan a Begoña Gómez a huir del país, Alberto Núñez Feijóo ha imaginado ahora un pucherazo electoral a cuenta de la nacionalización de los nietos de exiliados. El guion de cuestionar el sistema electoral y extender sospechas sobre el voto no es nuevo en el PP. Lo novedoso es hacerlo a propósito de una iniciativa que él mismo prometió.

Desde que Feijóo preside el PP, la dirección nacional ha recurrido con insistencia al lenguaje del fraude, el pucherazo o la corrupción electoral para embarrar campañas o deslegitimar al Gobierno. Lanzada la insidia, matiza o rectifica. El “todo a Sánchez” —el sátrapa, el dictador, el presidente “capaz de todo”— socava la confianza institucional y el propio sistema. Lo hizo en la recta final de las municipales y autonómicas de 2023 con la "corrupción electoral" y las denuncias de “ganar con trampas y engaños” a raíz de la compra de votos en Melilla y Mojácar; lo repitió en la campaña de las generales con el voto por correo y las insinuaciones sobre Correos; María Guardiola alimentó una polémica similar por un robo común en una oficina postal; y vuelve ahora con la ley de nietos, bajo la idea de que la ampliación del censo es “ingeniería electoral”, según Feijóo, para “fabricar socialistas”, según Ayuso.

Hay una pulsión de fondo. Asumir que si vota una minoría de nuevos nacionalizados por huir de la dictadura no pasa nada; si lo hace una mayoría —más de un millón de potenciales electores— es un problema. La “prioridad nacional”, los “españoles primero”, en versión del derecho al voto. Se preguntan además qué pasaría si unas elecciones se decidieran por el voto CERA en una circunscripción. El pronóstico es fácil. La derecha hablaría de golpe de Estado… salvo que le favoreciera.

No es un desliz. Feijóo maneja dos lenguajes. Uno es sistémico, otro antisistémico. Con el primero actúa como un presidente en potencia; el segundo compite en el terreno más duro y lo despliega en las poltronas ultras donde no le replican, o crecido en los mítines. Alimenta la sospecha y luego la matiza. Empuja el marco al límite y, cuando llega la crítica, se refugia en una interpretación más moderada de sus propias palabras. No es consciente de que ambos discursos se escuchan en la misma habitación y, al final de cada rectificación, unos y otros le han visto entrar y salir.  

En la competición de arrastre entre el PP y Vox sabemos a quién arrastran. La ultraderecha no tiene nada que perder; los populares se juegan el espacio liberal-conservador. La “amplia mayoría” que Aznar reivindica para no hablar con Junts cuando de donde les aleja es de su mayoría natural. El PP sabe que ha tocado techo —cuatro citas electorales, cuatro gobiernos de azul y verde—. Vox tampoco llega al 20% de voto. Solo pueden restarse entre ellos. Disputar el mismo electorado. Si eso significa llevarse por delante la credibilidad del sistema… ¡A por ello!

Hay un salto cada vez más pronunciado entre la instrucción y el escarnio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entre vulnerar las garantías —ya ni siquiera la presunción de inocencia— y el derecho a la información.

Zapatero tiene una larga lista de explicaciones pendientes: sobre su relación con Julio Martínez, qué negocios hizo y cómo se llevaron a cabo; las sospechas sobre testaferros, empresas pantallas y trabajos simulados de los que tendrá que dar cuenta penalmente; de momento, el rescate de Plus Ultra, los ingresos de Análisis Relevante e Información Prospectiva; a falta también de documentar unas joyas que hoy siguen siendo un misterio. Y la última, de este mismo miércoles: la mediación para un grupo empresarial con el gobierno de Bolivia para frenar una multa de 107 millones que cobró presuntamente a través de una sociedad pantalla (la mediación, no los 107 millones). 

Luego está el escarnio al que, en muy poco tiempo, están contribuyendo la UDEF y el juzgado. Por descuido, deliberadamente o por la aceleración de la instrucción, es una anomalía procesal que un volcado íntegro de un teléfono móvil llegue a las partes sin filtrar, sin analizar ni depurar la información relevante para la investigación. Tirando de hemeroteca, ocurrió en el caso del empresario Javier López Madrid: una diligencia policial defectuosa, que el juez instructor no corrigió, permitió que se incorporaran al procedimiento mensajes privados e intrascendentes para la causa, entre ellos conversaciones con la reina Letizia. Fue un episodio excepcional; el juzgado tomó nota y no volvió a repetirse. También sucedió con los correos de Miguel Blesa. Su difusión durante la instrucción dio lugar a una investigación contra el exjuez Elpidio José Silva por presuntos delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. El juez, por cierto, acabó condenado por prevaricación por una conducción de la instrucción con demasiados parecidos a la del juez Juan Carlos Peinado.

Un mes después del registro policial en el despacho de Zapatero, el teléfono de Gertrudis Alcázar ha acabado íntegro en manos de las partes y ha circulado como la pólvora por los chats de WhatsApp. Dos años completos de comunicaciones, de 2024 a 2025. Hay conversaciones relevantes para la investigación, como los movimientos que hizo el expresidente una vez detuvieron a Julio Martínez y cómo preparó su defensa desde la detención: “Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”. Las citas con Santos Cerdán. O que a Zapatero le gustara Leire Díez días después de su declaración ante el juez y de escuchar en los medios aquel “Quiero a Balas muerto”. Luego están las gestiones con periodistas, las medicinas del expresidente, las cenas con amigos, catarros sobrevenidos, los restaurantes favoritos, las citas con presidentes del IBEX, de Indra, BBVA, Telefónica… toda una serie de detalles que alimentan el escarnio por redes. 

La UDEF intervino miles de mensajes entre el expresidente y su secretaria. Una diligencia necesaria para la investigación. El volcado sin filtros, no. En ese material ni siquiera se han ocultado el teléfono, la dirección o los números de cuenta. El derecho a la intimidad a la que cualquier imputado tiene derecho a preservar sin que vuele por los aires apenas un mes después de estallar la causa. 

El volcado íntegro y su posterior difusión constituyen una excepción que agentes especializados en investigación policial califican de «demencial». Por qué la UDEF no incorporó únicamente lo relevante en un informe es una cuestión que el juez debería haber valorado antes de dar traslado. Por qué el contenido ha llegado íntegro a las partes remite a una responsabilidad de custodia que recae, en última instancia, sobre el propio juzgado.

En plena guerra, a nadie le importan las garantías. Pero si asumimos que el Estado de derecho y los límites procesales deben permanecer intactos e impermeables a las pulsiones políticas —más allá de las ganas que puedan tener a Zapatero—, la instrucción será más sólida y se evitarán sospechas sobre la intencionalidad política de cualquier actuación judicial. Siempre acaba mal cuando se fuerzan las costuras. El ejemplo más extremo se vivió en los años del procés. El Supremo lo frenó con una sentencia. Más allá de lo que cada uno opine sobre el fallo, lo que no hacía falta era una policía sucia fabricando informes para eliminar adversarios políticos o perseguir a quienes fueron señalados como enemigos.

La angustia política, acelerada y bajo toda presión, es ya una seña de identidad de los cierres prevacacionales. La sensación de un posible colapso ya se vivió antes de Navidad y tras conocerse el informe sobre Santos Cerdán el pasado julio. Ahora, el Gobierno está en ese revival, en una cuenta atrás marcada por una pregunta recurrente: ¿aguantará el verano? La diferencia respecto al julio pasado está en la cascada de casos que se han ido materializando y en la creciente dificultad de los socios para justificar determinados comportamientos. Todo sumado al propio fin de ciclo, con unas elecciones que, aun respetando la fecha natural de la legislatura, serían en un año. Y la que se mantiene idéntica es la negativa de los socios a pulsar el botón nuclear que facilite un dominio absoluto de PP-Vox y arrase en lo político con todos los demás.  

El viacrucis del Gobierno pasa por que hayan confluido todos los frentes en una misma semana. Los tres golpes que sacuden al presidente —ya sin cortafuegos políticos eficaces— son la primera sentencia a José Luis Ábalos, agravada por lo obsceno de los audios sobre el uso de mujeres; el caso Plus Ultra por la neutralización de la capacidad del expresidente para ejercer como activo político y referente moral; y el escándalo de Leire Díez, con la amenaza de que no pueda encapsularse en el entorno de Santos Cerdán. 

La izquierda sigue digiriendo el réquiem del Zapatero político mientras emerge el Zapatero imputado, dedicado íntegramente a su defensa penal. Como reconoce en su último comunicado tras declarar por primera vez ante el juez, su mayor preocupación es “devolver la confianza a quien ahora duda”. Y es lógico, por lo que tiene de líder moral de un espacio político, ajeno además a las contingencias de estar en el Gobierno. Pero el regreso del político tendrá que esperar. Su promesa de demostrar que es inocente evoca inevitablemente aquel “No os fallaré” de 2004. Por delante queda un largo y complejo recorrido judicial para el expresidente. El regalo de las joyas tiene un daño reputacional de difícil reparación que sigue sin explicar de forma convincente. Tiene derecho a dar explicaciones cuando lo considere, pero, en términos públicos y políticos, el silencio es difícil de sostener. La incapacidad para ofrecer una versión clara de los hechos alimenta la sospecha de que la explicación sea más comprometedora que el propio regalo.

Más allá de la ética y la estética, la empresa de sus hijas recibió transferencias por unos 700.000 euros. El alcance del resto de acusaciones dependerá en gran medida de cómo evolucionen las declaraciones de los testigos y las nuevas diligencias. Por ahora, ni en el caso Plus Ultra ni en la consultora venezolana Inteligencia Prospectiva hay implicaciones directas de interceder ante funcionarios públicos o de una actuación encaminada a influir en sus decisiones. El juez no se ha creído las versiones de Zapatero y mantiene los indicios. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Que el expresidente tiene por delante el difícil reto de demostrar la inocencia que defiende. 

En lo político, para Pedro Sánchez el efecto acumulación alimenta la sensación de desgaste y refuerza la percepción de que la crisis se ha convertido en un desafío estructural para el Ejecutivo. Tanto, que los socios nacionalistas quieren jugar. Eso sí, presión sin ruptura. La premisa es amagar sin dar. Ni Sánchez convocará una cuestión de confianza, el único con esta prerrogativa, ni habrá moción de censura. Junts y el PNV le están dando una vía política para manejar un calendario de convocatoria alejado de lo judicial y acotado al Ejecutivo. Los presupuestos, por el propio recorrido que tienen, son un margen para llegar al otoño. Los de Puigdemont escenifican alejarse de un “PSOE tóxico”, como dicen en off, pero lejos de querer acordar nada con el PP. Y esto nos devuelve a Gabriel Rufián y su brillante capacidad de síntesis. “Las elecciones se van a celebrar”, ha dicho Pedro Sánchez. Y el de ERC apostilla: "Las legislaturas duran lo que diga el PNV".

Convivimos con distintas realidades jurídicas que lo empañan todo y dificultan la claridad y el peso de cada una. Por un lado, están las que afectan al hermano y a la esposa del presidente; por otro, los casos de corrupción de calado que van desde el caso Ábalos/Koldo/Cerdán al caso Leire Díez; luego está el debate paralelo sobre las velocidad de la Justicia y, finalmente, la reacción política e institucional que están dando el PSOE y el Gobierno.

La 'operación cercar a la familia' está coordinada por la marca ultra Manos Limpias. Atacar la línea de flotación más personal de Pedro Sánchez, el punto de mayor desestabilización. Resulta muy difícil encontrar explicaciones a por qué se piden 26 años de prisión para Begoña Gómez o cuáles son exactamente los hechos penales que la llevarán al banquillo con semejante pena. Es igual de difícil de explicar cómo la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez ha terminado en una causa penal con seis años de cárcel en juego cuando la vía es la contenciosa administrativa. El caso está visto para sentencia y, como en el de Gómez, se da por hecha una condena. La UCO ha aportado su interpretación de unos correos electrónicos. Esa interpretación fue desmontada por sus autores durante el juicio y no fue refutada más allá del terreno interpretativo. 

El enchufe, como en el caso de Jéssica Rodríguez y José Luis Ábalos, apunta a quien enchufa, no a quien es enchufado. Jéssica Rodríguez nunca fue imputada, aun reconociendo que ni siquiera apareció por su puesto de trabajo y que fue colocada. La responsabilidad se dirigió hacia el ministro, no hacia la beneficiaria. Frente a la machacona estrategia sincronizada de la oposición con Manos Limpias —el "es la primera vez que el hermano de un presidente..."—, una evidencia: si no fuera el hermano del presidente, no habría habido juicio. La dirección de la Oficina del Español de Ayuso para Toni Cantó se creó para colocar al ex de tres partidos, en ese momento la mochila de Ciudadanos de Génova 13. Cuando la presidenta madrileña decidió soltar lastre, desapareció la plaza. A nadie se le ocurrió plantear que Cantó pudiera acabar en la cárcel por ese motivo.

La lista de volantazos temerarios del juez Peinado es tan larga, y se ha escrito tanto (léase aquí o en esta otra columna, entre otras), que basta un ejemplo para mostrar la pulsión que la mueve. El 24 de junio de 2025 solicitó imputar a Félix Bolaños elevando exposición razonada al Supremo. El 15 de julio, el Alto Tribunal lo rechazó al no apreciar “el más mínimo indicio”. ¿Qué pasó entre tanto? Las lindezas del PP en sesión de control fueron desde el “Sánchez le llamó a mentir, y a eso se le llama falso testimonio” hasta las peticiones de dimisión. Miguel Tellado habló de “fase terminal” del Ejecutivo y exigió su salida del Gobierno. Feijóo calificó la situación de “grave”. De nada sirve que instancias superiores corrijan la conducción temeraria del juez si el objetivo es precisamente crear el caldo de cultivo, caldear el ambiente y echar leña al fuego del PP. No había nada contra Bolaños, pero la mera petición bastó para que Feijóo y el PP hicieran oposición sobre una imputación basada en la ficción de Peinado.

Luego están las causas profundas, las verdaderas tramas. El juicio de las mascarillas mostró el esperpento de la gestión de Ábalos y Koldo al frente de Transportes. No le han encontrado comisiones al ministro. Tanto da. La descomposición moral del político, reflejada en su utilización de las mujeres a costa del dinero de Aldama y en poner los recursos y la influencia de su cartera al servicio de sus vicios, fue el retrato de su etapa al frente del ministerio con mayor presupuesto y como número tres del PSOE. Si era fácil o no de encapsular, lo cierto es que se consiguió. Ábalos acabó en el Grupo Mixto, nunca hubo una manta de la que tirar y el Ejecutivo apartó esa corrupción del Gobierno.

Y ahora viene lo serio. La trama que el Gobierno no es consciente de cuánto le afecta y de la que peor respuesta está dando. Los cuadernos de Leire Díez son desordenados, caóticos, una suerte de diario indistinguible en muchos episodios entre las meras anotaciones y las citas reales. Lo que está comprobado es que tenía conexiones al máximo nivel, se movía como quería con Santos Cerdán al mando —según el juez— y está investigada por llevar a cabo acciones ilegales para obstruir causas judiciales o neutralizar a quienes están al mando. Fernando Grande Marlaska ha acabado mintiendo a cuenta de las reuniones de la directora de la Guardia Civil, a quien mantiene a pesar de haber negado encuentros con Leire Díez (tres, según el sumario) y tras reconocer que hablaron de la trama. ¿Qué pintaba una “militante” en calidad de amiga pidiendo que repusiera en su cargo a un comandante de la UCO investigado por la corrupción de Ábalos/Koldo? Ahora sabemos que Díez también pudo reunirse con el número dos de la Fiscalía General, pero no como Leire Díez, sino como acompañante del abogado investigado Jacobo Teijelo en calidad de (falsa) abogada. A ambos les pagaba Ferraz, un rastro del dinero que puede acabar en la imputación de las siglas como persona jurídica. 

El PSOE y el Gobierno han decidido tener un papel reactivo. Solo reconocen o aclaran algo cuando se publica en los medios o salta en los sumarios. La peor estrategia si quieres evitar que parezca un encubrimiento o que realmente te escandaliza lo ocurrido desde el corazón del partido. 

Presunción de inocencia por delante, dando por hecho que Pedro Sánchez no sabía nada, faltan muchas explicaciones en una causa que afecta al presidente como secretario general del PSOE y beneficiario —al menos subsidiario— de la operativa de Leire Díez y Santos Cerdán. Ninguna de estas causas tiene el alcance y la profundidad de Gürtel o Kitchen. Pero si comparamos la reacción del PP en ambas, tapar la primera les llevó a una operativa más delictiva que la financiación ilegal. En el momento judicial más delicado para Sánchez, encubrir o mentir, no reaccionar, es tan grave como lo que ocurrió en Ferraz y no se vio o no se quiso ver. Si se conocía, la dimensión ya es Game Over. Mientras dure la instrucción, la única salida es la transparencia.

La moción de censura para retirar la confianza al presidente del Gobierno suele ser un instrumento ganador. Retrata la debilidad de quien la sufre o fuerza su cese. Desde las dos últimas semanas, del caso Zapatero al estallido de la trama Leire Díez, el momento político está lo suficientemente convulsionado para que el PP vuelva con el fantasma del aldabonazo de la moción. Si tiramos de hemeroteca, en las comunidades autónomas, de Madrid a Extremadura, de Guillermo Fernández Vara a Ángel Gabilondo, sirvieron para preparar el terreno del triunfo. Ambos ganaron en las siguientes elecciones: en una, el PSOE obtuvo mayoría absoluta y, en Madrid, Ciudadanos, el partido que utilizó la regeneración como un tongo, dejó al putrefacto PP al frente con los principales escuderos de Esperanza Aguirre en prisión. 

Alberto Núñez Feijóo ha coqueteado con la idea varias veces en el último año. Hay veces en política que se gana perdiendo. Y, en este caso, Feijóo ha perdido la moción antes de presentarla. Con la vuelta a la casilla de salida una y otra vez y las carencias y contradicciones del PP al aire. Es la moción que nadie firmará. Su debilidad no es carecer de los votos. Es no ser capaz de ofrecer una alternativa de Gobierno con este parlamento. Es la incapacidad para interlocutar abiertamente con sus aliados naturales del independentismo y el nacionalismo vasco y catalán, antiguos amigos de Aznar. Es el intento de esconder a Vox. O de intentar colocarlo en diferido. Es no asumir la incompatibilidad de la ultraderecha con el resto de fuerzas políticas. 

La alternativa de Gobierno que ofrece Feijóo con una moción instrumental es un proyecto identitario, no de país. No se puede gobernar contra el País Vasco y Cataluña. Al menos, no es recomendable. La moción de censura sería la previa a un ciclo donde solo caben PP y Vox, de ahí la dificultad de los socios para firmar por anticipado su sentencia de muerte política en el Congreso. Es cuestión de tiempo, pero adelantarlo puede tener un precio. De momento, para los socios es más alto que apoyar a Pedro Sánchez. 

Ante la imposibilidad de sacar adelante una moción, hemos entrado en la fase de sus fórmulas tropicales. El PP ha intentado colar el argumento de que “para convocar elecciones no necesitamos a Vox en el Gobierno”, como si el problema de los socios fuera la convocatoria y no la entrada de Vox. Y todo, cerrando Castilla y León y en la previa del pacto en Andalucía. La prioridad nacional se impondrá allá donde el PP necesite a Vox; en definitiva, en todas partes donde ha convocado elecciones desde 2025. 

Quedan por delante dos meses clave para saber si la legislatura acaba abruptamente o Pedro Sánchez puede dominar en otoño la fecha de la convocatoria electoral. El sumario de esta semana deja al PSOE en una situación insostenible y obligado a salir a dar explicaciones. Los mensajes intervenidos a Leire Díez, por los altos cargos con quien interactuaba y en los términos que lo hacía, obliga al partido y al Gobierno a hacerlo. Los socios están dando a Sánchez una última oportunidad. Por muy revuelta que esté la militancia de izquierdas por la mezcla de casos de corrupción y causas más políticas que judiciales en fondo y forma, tirar de lawfare no le va a dar mucho aire.

El último auto del juez Pedraz apuntala por escrito esa descomposición en la Secretaría de Organización del PSOE. El primero al frente, José Luis Ábalos, acaba de dar un espectáculo bochornoso en un juicio donde se ha hablado más de mujeres que de mordidas; de cómo abusaron del consumo de prostitución y del pago en especie a mujeres. Ministro y asesor pusieron el ministerio, al corruptor Aldama y a quien pudieron —sobre todo Koldo García— a su absoluta disposición para satisfacer sus inmundos caprichos. El segundo, Santos Cerdán, es corrosivo para el corazón del PSOE. Cayó por conversaciones del tipo “¡Koldo, que de esto no se habla!” en enero de 2021 y aparece ahora como el responsable de poner “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”. El daño es irreparable. Pudieron haber aprendido de la Kitchen del PP y, en lugar de eso, montaron una Kitchen cutrísima en Ferraz, según Pedraz.

La dimensión no es comparable, pero la corrupción no va al peso. El juicio de la Kitchen está siendo testigo de cómo el PP intentó desbancar al inspector de la Gürtel Manuel Morocho; utilizaron fondos del CNI, la dirección de la Policía Nacional y la cúpula del Ministerio del Interior para destruir pruebas y alterar la instrucción de la Audiencia Nacional. Lo hicieron desde el aparato del Estado. Santos Cerdán, la exmilitante Leire Díez, el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y el turbio empresario Javier Pérez Dolset, a una escala menor, lo hicieron desde Ferraz 70. Veremos qué parte aterriza y en qué quedan los hilos sueltos del auto. Por qué se piden las cuentas de la última campaña del PSC o la diferencia entre los pagos: de los 300.000 euros que supuestamente ofrece un periodista al fiscal José Grinda a los 43.000 euros para Leire Díez, vía Zarrías y Ferraz, la única miembro de la red que cobra del PSOE para interferir en las causas que afectan al Gobierno, según el auto.

Falta que la causa aterrice y veamos en qué queda. De momento, la respuesta del PSOE es una huida hacia delante innecesaria y peligrosa para la frustración del espacio y sus votantes. Hay una pulsión soterrada contra el Ejecutivo en el caso Begoña Gómez o el del fiscal general. Han servido a la oposición desde hace tiempo para desgastar a Sánchez y desestabilizar donde más duele: la familia. Pero el resto de causas son graves y hay un efecto Rajoy en 2011: en lugar de hacerse cargo, se evitan o se niegan. 

De aquí a julio la presión aumentará. El foco estará puesto en la moción (imposible hoy) y el adelanto empujado por la presión (también imposible hoy). No sabemos cuánto va a durar la legislatura, si habrá algún cisne negro antes del verano. En principio, lo que quieran los socios. Al PNV le costará dar el paso, meter a Vox en el Gobierno, y cruzar los dedos para que en dos años no gane y gobierne Bildu (ya ganó en 2024). Junts está igual, romper no es un incentivo a futuro.

No sabemos cuántas vidas tiene una legislatura, pero sí que el PSOE tiene que depurar responsabilidades y explicar qué están pidiendo los jueces y qué saben. Solo así podrá empezar a separar la señal del ruido. Es un momento donde la oposición ha elevado a máximos el intento de destrucción del enemigo y arrasar a la izquierda. Pero hay señales. Y graves. El PSOE necesita empezar a verlas. Eso es más importante que debatir si se vota en otoño o en 2027, si habrá un superdomingo o se repetirá el adelanto de Zapatero. 

A la imputación de Zapatero le ha seguido el camino inverso. El día de la resaca ha sido peor que la explosión del urgente. La primera reacción fue de indignación, una defensa casi automática ante lo insólito de la imputación, los registros y esos cuatro delitos de corrupción. Una reacción de revuelta ante la sensación de “caza mayor” contra un referente ideológico de la izquierda. Despejado el paisaje de ese humo, se han ido asentando los titulares del auto. El “si esto es verdad, es una mierda” de Gabriel Rufián. Y las necesarias aclaraciones de una investigación donde no intervienen Manos Limpias, ni el corruptor Aldama.

En las 88 páginas del escrito, el juez eleva a Zapatero a líder de una trama internacional, vértice de una red de sociedades sin actividad, y como la persona que, a través de sus contactos, habría influido en operaciones por valor de dos millones de euros. El auto es indiciario. Y “es jodido”, en palabras de Rufián. Que sea indiciario significa que no está en fase probatoria ni de procesamiento. De hecho, si existieran delitos flagrantes, lo habitual sería la detención. Y a Zapatero no lo han detenido, ni le han intervenido el móvil, ni han entrado en su casa. Y esta red jerárquica manejada por el presidente Zapatero es también la que necesite dibujar en el futuro el juez —en el auto no está—.

Las mismas preguntas que surgen al leer el escrito son las que ahora tendrá que aclarar la instrucción y responder Zapatero. ¿Hizo gestiones con funcionarios públicos que demuestren el tráfico de influencias? Por ahora, tampoco aparecen. ¿Intervino en la sociedad de Dubái? ¿Ayudó a Julio Martínez con el rescate de Plus Ultra? ¿Los 240.000 euros que cobraron sus hijas fue por maquetar informes? ¿Los 350.000 euros del presidente corresponden a sus prospecciones geopolíticas? Lo que sí constata el auto es la catadura del personaje de Julio Martínez y su papel en el rescate de Plus Ultra. El 1% de comisión por el rescate. Ese “vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”. Y follaron. Y están por devolver los 53 millones del rescate.

Para quienes cuestionan si Zapatero debe ser investigado, basta comparar la figura de Julio Martínez, “Julito”, con un narco. Si te juntas con un narcotraficante, haces negocios con él y su empresa te paga, lo mínimo esperable es una investigación. Tratar con una red así, te arrastra, te salpica o acabas dentro. El juez tiene que investigar si las malas compañías de Zapatero le han jugado una mala pasada o si el presidente es realmente uno de “sus panas”. Si el 1% de comisión que “Julito” pudo embolsarse de Plus Ultra es parte o no de los pagos. 

Y luego está la credibilidad de la justicia, ya despejada en el caso del juez Calama. La conducción temeraria del juez Juan Carlos Peinado ha causado un daño profundo a la credibilidad de la institución. Su ánimo prevaricador —entendido, según la RAE, como el de quien "pervierte las obligaciones de su oficio", para evitar querellas de quien además acostumbra a amenazar a los medios— ha erosionado esa confianza pública. La actuación de Manos Limpias o el desequilibrio de la balanza. Ahí está la sombra del caso Montoro, archivado con el visto bueno del fiscal anticorrupción Luzón, sumado al capítulo polémico de la fiscal a la que se avasalló para que no siguiera la causa, con material de sobra para investigar a fondo el tráfico de un ministro y sus colegas de despacho. 

La imputación a Zapatero abre necesariamente el debate sobre la falta de transparencia en el negocio de la influencia. ¿Dónde empieza el lobby y dónde el tráfico? La ausencia de una regulación clara permite que una actividad legal, pero basada en lo más sensible —el intercambio de agendas, contactos, citas y la capacidad de influir en las decisiones de la Administración— se desarrolle en la sombra, sin mecanismos de control ni rendición de cuentas. La capacidad de penetrar en las decisiones del poder se hace en la sombra.

Falta también obligar a la transparencia de los presidentes de Gobierno. Nos hemos enterado en 2025 de que Zapatero cobraba como lobista. José María Aznar, Felipe González son como el rey emérito. Llegaron al poder en calidad de abogado e inspector de Hacienda y hoy son multimillonarios. Nadie sabe a cuánto asciende su fortuna, su patrimonio, ni por qué trabajos han cobrado tras dejar el cargo. 

Pero de momento la imputación del presidente Zapatero no juega en esa liga. Y el camino de la investigación puede ser lento y doloroso.  

El circuito iberoamericano de Ayuso por la nueva derecha ultra y populista probablemente no termine en México, pero será difícil que la gira permanente de la presidenta madrileña siga moviéndose con la opacidad que lo ha hecho hasta ahora. Lo más llamativo del viaje no es siquiera su duración. Es el vacío informativo de las reuniones, de los interlocutores, de los resultados concretos. Lo que se ha gastado Ayuso en México junto a su séquito sigue siendo una incógnita, a la espera de que las solicitudes al Portal de Transparencia obliguen a la Comunidad de Madrid a dar explicaciones. Diez días de agenda en off para reunirse con cuatro gobernadores conservadores, un puñado de empresarios y encadenar entrevistas en medios afines no justifican ni el despliegue institucional ni el gasto público. Entre otras cosas porque el principal objetivo nunca fue atraer inversiones. El viaje estaba pensado para alimentar la construcción política internacional de Ayuso y reforzar su agenda personal al margen de la dirección nacional del PP.

Si para algo ha servido este enésimo viaje al extranjero es para hacer el ridículo en México, en Madrid y en las embajadas. Mientras la Casa Real y el Gobierno trataban de recomponer puentes con gestos institucionales y prudencia diplomática, Ayuso aterrizaba en México con un dispositivo organizado al margen de las embajadas y apoyado por el PAN para convertir a Hernán Cortés en arma arrojadiza cultural.

Su periplo mediático por los medios amigos tampoco ha conseguido que la escasa agenda pública sea creíble. Nunca existió un peligro real para la presidenta, la amenaza diplomática la ha propiciado Ayuso y el show de Hernán Cortés ha terminado en un error de cálculo. En México, el revisionismo colonial convertido en provocación identitaria incomoda tanto a la izquierda como a buena parte de la derecha. Ayuso viajó creyendo que podía exportar su batalla cultural —de la mano de Nacho Cano— y acabó proyectando una caricatura de la derecha española en el exterior.

Pero más grave que el ridículo político es la normalización del uso de las instituciones para fines partidistas. Lo que hay detrás del viaje a México es la consolidación de una red de alianzas ideológicas con la derecha ultra iberoamericana financiada desde la Presidencia madrileña. Lo hizo en Ecuador, en Miami y ahora lo replica en México. Viajes que debería asumir el Partido Popular y que, sin embargo, terminan sufragándose con recursos públicos. La internacionalización del ayusismo no es diplomacia madrileña: es la construcción de un liderazgo político personal financiado desde las instituciones.

Tampoco se entiende por qué Ayuso eligió un país al que su propio espacio político describe reiteradamente como un narcoestado para atraer inversiones. Ni con qué empresarios se reunió exactamente. Ni por qué lo hace al margen de las cámaras comerciales y los canales institucionales habituales. España es el segundo inversor en México y mantiene unas relaciones bilaterales especialmente delicadas. Precisamente por eso sorprende aún más que la frivolidad política del viaje no haya sido frenada por el PP nacional.

No es oficial que Ayuso se diera un fin de semana de vacaciones en la Riviera Maya, pero ni la presidenta, ni su jefe de gabinete, ni el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, se han atrevido a negarlo con claridad. Este lunes, en Espejo Público, Serrano lanzaba un “sí ha tenido agenda”, sin ser capaz de detallar dónde había estado el fin de semana. 

A los ayusistas no les salta ninguna alarma con la falta de transparencia ni el uso de los recursos de la comunidad para la agenda personal de su presidenta. Los mismos que denuncian una supuesta corrupción sistémica porque una asesora de Moncloa trabajara para Begoña Gómez consideran irreprochable que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña participe activamente en la personalísima estrategia judicial y mediática de Alberto González Amador. Los mismos que ven golpes al Estado de derecho en cada decisión del Gobierno jamás aplican a los suyos el mínimo estándar de exigencia. Al juez Juan Carlos Peinado tampoco le llegará un recorte de titulares de Manos Limpias de la presidenta de Madrid alertando de la gestión. Porque en el ayusismo, la corrupción siempre ocurre lejos de casa. 

Ese es el verdadero éxito político de Ayuso: haber construido un ecosistema donde la transparencia se interpreta como una agresión y donde pedir explicaciones equivale a ser sospechoso de conspiración. El victimismo habitual para evitar la rendición de cuentas. México ha sido la última metáfora de esta dinámica. Diez días de ruido, propaganda y opacidad para volver exactamente al mismo sitio. A una política convertida en espectáculo personal financiado desde las instituciones.

¿Hasta dónde se puede recompensar a un corrupto sin convertirlo en un agravio? ¿Cuántos beneficios se le pueden conceder sin que el mensaje contra la corrupción acabe siendo que delinquir sale gratis? La corrupción tiene un coste altísimo. El primer responsable es el corrupto, y también su entorno por no detectarlo. Se exigen responsabilidades políticas precisamente por la falta de celo, dejación o incapacidad deliberada para leer las señales —siempre las hay— y dejarles hacer hasta que es tarde. Sabemos que hace falta la prensa y el engranaje de la Justicia para destaparla. Por esa dificultad para destaparla, la reparación también es el mensaje. Se condena a los corruptos para que el siguiente sepa que pagará por lo mismo, para dejar claro que el poder no protege y nadie es impune.

El Fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón no es impermeable al debate social. Y es positivo. En su alegato final ha alabado la figura del arrepentido. Pero Aldama no encaja en ese traje. El concejal del PP José Luis Peñas llevó voluntariamente a la Policía las grabaciones que originaron el caso Gürtel. Aquel “yo le he llevado a Génova un millón de euros”, con el piano de fondo. Pudo no hacerlo y le habría cambiado la vida —probablemente para bien—. Sin embargo, lo hizo, entregó las pruebas y fue condenado a 4,9 años de prisión.

A Víctor de Aldama le detuvieron como presunto capo de una red criminal de fraude de hidrocarburos por más de 183 millones de euros, y solo así encendió un ventilador averiado. Ha confesado lo que la UCO ya tenía en la causa y, aun siendo relevante, no ha destapado la trama. Hasta el teniente coronel Antonio Balas lo señaló en su declaración del caso mascarillas. 

Pero además de no destaparla, ha utilizado su declaración para elevar el espectáculo a sabiendas de no tener pruebas ni ser cierto. El jefe de la trama no era Pedro Sánchez, como “con notable desahogo le otorga ese papel Víctor de Aldama”, ha dicho Alejandro Luzón en su informe final. Colaborar con la Justicia no es mentir a la Justicia. Si Aldama lo hace, debería tener consecuencias. El comisionista acumula una buena ristra de acusaciones falsas. Que se sepa, las que afectan a ministros y presidencia. Ángel Víctor Torres nunca estuvo en el piso con Koldo García y varias mujeres. Félix Bolaños no intentó sobornarle. Sus acusaciones a María Jesús Montero, Teresa Ribera o Reyes Maroto han servido al ruido político y mediático, no al judicial. Están pensadas para eso. Un extorsionador que sirve comida basura a la derecha y la oposición lo utiliza sin importarle lo más mínimo cuánto se puede reparar de esta corrupción mediante el castigo al trío del ministro, el asesor y el corruptor.

En la lógica de hacer oposición entra todo. Un partido como el PP, que salió del Gobierno con una moción de censura por la Gürtel y tiene el caso Kitchen en la otra pantalla, no puede permitirse pedir menos pena para un corrupto. La dirección letrada del PP en el caso Ábalos debería centrarse en exigir una pena ejemplarizante para toda la trama, no en facilitar beneficios a quien corrompió un Gobierno. No es ejemplarizante, ni debería salir gratis. Porque mientras clama contra Delcy Rodríguez, ensalza al corruptor que la trajo a España y tenía negocios con su entorno mucho antes de que Ábalos fuera ministro, según la UCO y el propio comisionista. El papel del PP no es salvar a Aldama por más que le resulte útil para desgastar a Sánchez. La causa ya es suficientemente grave para exigir responsabilidades y presionar en el juicio, antes que premiarlo con libertad y halagos. 

Si Aldama sigue paseándose por los platós y es capaz de mentir en el Tribunal Supremo es porque, desde la instrucción, se lo permiten. Desde que salió de prisión, Víctor de Aldama no se ha arrepentido. Su estrategia ha sido declararle la guerra a Pedro Sánchez desde el momento en que fue detenido. Le iba a meter en la cárcel, amenazaba, escoltado por el extorsionador de Desokupa. 

La corrupción política —la de los contratos públicos y sus mordidas— es líquida. Deja poca prueba, cuesta seguir el rastro del dinero y ni siquiera la UCO logra siempre reconstruirlo. Ha ocurrido en Lezo, en Púnica y también en el caso mascarillas. De este último sabemos que Aldama se embolsó 5,5 millones en lo peor de la pandemia, repartió sobres en efectivo para engrasar a la pareja Ábalos-Koldo y lo intentó en decenas de ocasiones con otras administraciones que le dieron portazo. ¿Qué mensaje se lanza si su condena acaba siendo similar a la del concejal Peñas, quien denunció pudiendo callar?

Se puede —y se debe— rebajar la pena a quien admite los delitos. El límite está en la proporcionalidad y medir el mensaje. Porque la lucha contra la corrupción también pasa por la amenaza del Código Penal. En eso consiste la Justicia, en temerla. Aldama, el corruptor protegido, encarna la peor mutación de los corruptores. Convertido en el protagonista de un Sálvame ultra, violento y agresivo, que puede mentir sin consecuencias y amedrentar con impunidad. Arropado en los platós, cuidado en la causa por una confesión que no ha sido tal y ensalzado por la derecha como el héroe contra el villano Sánchez. La mutación corrupta alentada por el partido para quien Aldama pide en público el voto. Solo por eso deberían de apartarse y no premiarle. 

Si hay unos responsables de que no se prorroguen los alquileres a miles de familias ahogadas por la presión económica y los precios voraces de la vivienda estos son PP, Vox y Junts. Los populares, por partida doble. No haría falta el decreto de prórroga si se aplicara la ley de vivienda. El muro levantado por el PP en las comunidades autónomas pasa por rechazar los topes de precios a los más vulnerables en zonas tensionadas. La medida no resolvería la totalidad de los casos, pero sí la mayoría. En las zonas de alta especulación es donde más se mueven los precios hacia arriba, donde más aprietan los fondos buitre para doblar la rentabilidad a costa de las rentas medias. 

De la culpa de la derecha, a la responsabilidad de la izquierda. La prórroga de los alquileres venida abajo deja lecciones vitales para el Gobierno y su socio. Ambos subestimaron el daño de su estrategia. Si empezamos por Sumar, presionaron para impulsar un decreto que nació muerto y sin la mayoría suficiente. Lo hizo el ministro Pablo Bustinduy sin tener las competencias y en oposición a la ministra Isabel Rodríguez. Mostrando una división interna que en un contexto de fragilidad parlamentaria les debilita. El ministro tiene legitimidad para hacerlo, pero desde fuera, para quien está pendiente de renovar su alquiler, la imagen es un Ejecutivo que confronta sin encontrar salida. Ahondando en la sensación del ‘yo me estoy ahogando y tú me hablas de competencias o mayorías’. Prometer algo que no puedes cumplir aumenta la frustración de quien lo sufre… y el cabreo. El ciudadano y el votante se quedan con el que remanga y a favor de quien lo hace cuando está en juego lo más elemental. Salud, educación, vivienda. No importa el orden. 

El Gobierno no creía en la iniciativa forzada por el plantón de Sumar en el Consejo de Ministros y dejó hacer al socio a sabiendas de que se estrellaría. Al final del camino, Pablo Bustinduy hizo un buen discurso y forzó el debate. Pero a ese buen combate le siguió el llanto de los afectados. Al lucimiento y la victoria en corto sobre el PSOE (ausente en un debate fundamental), una mujer afectada lloraba en la puerta, fotografiada por Olmo Calvo como símbolo del millón de familias afectadas. El grito en tribuna “¡Haced algo ya, coño!” fue un clamor a toda la bancada. 

Sumar prometió lo que iba a ser imposible y el ministerio de Vivienda ha tenido que asumir la necesidad de hacer más. Tenía razón la ministra Isabel Rodríguez en defender medidas garantistas y tenía razón Sumar en presionar. La estrategia, ir separados, fue el error. Y como en política no hay nada imposible, Junts ya ha aceptado sentarse a negociar. Si aprueban parte de la prórroga de alquileres es más de lo que había antes de que el PSOE renunciara al decreto. Lo inconcebible es que sea Junts y no el PP quien se sienta interpelado para buscar soluciones. 

El Gobierno progresista está obligado a sacar adelante como sea políticas públicas para aliviar y resolver una crisis profunda que ha tocado fondo. Por su transversalidad, hunde a la sociedad en la desigualdad y condena a generaciones a una discriminación intrínseca. Más allá de la riqueza, el ascensor hoy es tener o no vivienda. Todos los partidos y gobiernos se han dado cuenta, salvo PP y Vox, incapaces de impulsar propuestas de consenso. Isabel Rodríguez tiene razón en el relato ganado. Casi nadie se atreve a defender abiertamente la vivienda como producto especulativo. Quienes lo hacen, el ala más liberal de los populares, buscan subterfugios para hablar de los derechos de los propietarios y el libre mercado. Más allá de la obviedad del daño de los fondos, los coliving y tantas otras fórmulas similares, un tenedor de diez viviendas es un profesional del negocio y mercadea con un bien de primera necesidad. Quienes exigen el cumplimento de la Constitución con la presentación de presupuestos, se lo saltan por partida doble con la "prioridad nacional" y la vivienda. La Carta Magna es explícita con la regulación del suelo, la bestia negra de la derecha desde la primera ley de Aznar. “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Más claro, imposible. Por eso ha hecho bien Pedro Sánchez en reivindicar esa regulación como condición obligada. Lo hizo hasta el rey Felipe VI hace dos discursos navideños. 

La crisis de la vivienda es la espada de todos los partidos y gobiernos. Vox perdió la oportunidad de lepenizarse y votar a favor, descolocando al PP. Al final demostró que el discurso de Carlos Quero es propaganda electoral, el abono de sus mítines, PPC más. A la hora de votar, entre las familias y los fondos extranjeros, eligió el negocio. Igual que ante el soldado español y Netanyahu prefirió defender al segundo. El debate destapó la falsa disyuntiva populista de Vox. Las casas que faltan no las tienen los inmigrantes. No hay un ellos extranjeros y un nosotros nacional. La sesión demostró que tras el eslogan xenófobo y discriminatorio no hay medidas ni soluciones. Al PP no le ha ido mejor: hasta Ayuso tuvo que aceptar el fondo estatal de más de mil millones para vivienda social blindada a la especulación. Ni con esas Alberto Núñez Feijóo se ha sentido aludido para sumarse a las negociaciones de un futuro decreto.

Tras la derrota, se ha tomado nota. La agenda de vivienda está viva y todo es posible. Es más, debería serlo. Las movilizaciones sociales están en marcha. Hay un millón de contratos de alquiler en el aire. Un fraude de ley con el alquiler temporal y turístico por donde se cuelan las subidas abusivas y los desahucios. Desgravaciones necesarias. Fondos y ayudas pendientes. Y un consenso imprescindible. Quien no lo lea, sufrirá.

El PP sabe perfectamente lo que ha firmado en Extremadura y en qué consiste la “prioridad nacional” reproducida en Aragón. Lo sabe hasta tal punto que en la enmienda parlamentaria a la moción de Vox lo escribe negro sobre blanco elevándolo a debate nacional. Ni Santiago Abascal habría sabido cuadrarlo mejor. La prioridad ultra está en el pacto extremeño y ha llegado al Congreso de la mano del PP, aunque el objetivo no es que saliera sino asumirlo como propio. Si fuera una cuestión de arraigo lo habrían llamado prioridad de arraigo. Por más que cada día hayan intentado vestirlo con un ropaje distinto –incluido el “vecinal” de Alberto Núñez Feijóo–, el triunfo de Vox es triple. Captura la agenda del PP, marca por dónde van a ir todos los gobiernos autonómicos y remata el camino de la coalición nacional con un debate de fondo ilegal y prevaricador, impensable en el arco ideológico popular antes de Vox. 

Es falso que la “prioridad nacional” sea una ficción o un marco dialéctico sin traducción real como pretenden vender. Es un infantilismo político comprar ese argumento. Vox pide competencias para hacer algo con ellas. Para quienes solo ven relato y palabrería, cuál sería la reacción si habláramos de prioridad heterosexual, prioridad del hombre o prioridad del catalán. La Constitución salta por los aires con cada discriminación.  

Con el aval de la dirección de Génova, María Guardiola le ha dado a Vox dos de las consejerías con mayor peso. La de Agricultura, Ganadería y Medio Natural es de las carteras con más empleados públicos de dicho Gobierno. La portavoz de Vox lo ha dejado claro en el debate de investidura: su intención de retirar las ayudas a empresas, sindicatos y cooperación. Y Óscar Fernández también: “Hay que elegir y elegimos a los españoles primero”. La cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Familia es la importación trumpista de Elon Musk y Javier Milei, la motosierra de Vox en palabras de José María Figaredo, pensada para hacer recortes y pasar por su cepillo todas las leyes del Consejo de Gobierno. La imagen de Guardiola es significativa de lo que le espera a la presidenta extremeña esta legislatura. En 2023 entró por la puerta de la Asamblea y se paró a dialogar con las organizaciones sociales que protestaban en la puerta. En 2026 ha tenido que entrar por la puerta de atrás. El destino de una presidenta que va a tener muchas dificultades para liderar nada. 

Vox no ha venido a hacer ficción. Vuelve a los gobiernos para dejar huella y ser influyente a costa del PP. Aprendieron de las coaliciones con Podemos que o consiguen imponer discurso y políticas a nivel autonómico, o el grande se come al pequeño. La ficción es que el PP regale el marco ideológico de la "prioridad nacional" con todas sus competencias y Vox no vaya a hacer nada con ellas. Las Comunidades no pueden gestionar la inmigración, pero los servicios sociales incluyen toda la cartera de políticas públicas dirigidas a proteger a las personas vulnerables. La lista de ayudas es larga e incluye la dependencia, integración laboral, protección de menores, acogimiento familiar, viviendas sociales, rentas mínimas, ayudas al transporte, comedores, mediación intercultural, tramitación de ayudas…  

A la espera de que se publique este viernes el decreto de estructura del Ejecutivo extremeño, la Desregulación unida a Servicios Sociales y Familia es una declaración de intenciones, con toda la función pública en manos de Vox para llevar a cabo lo que se proclama en la primera denominación de esa consejería. 

El pacto gemelo en Aragón va más allá con una consejería extra. Alejandro Nolasco, vicepresidente de Vox, y Jorge Azcón han firmado la misma prioridad nacional, como ya justifica Feijóo. El plato obligatorio con sello aragonés no puede ser compatible con la legalidad, como dice Azcón, porque los supuestos de arraigo o residencia (que ya existen hoy) no tienen encaje si pretenden poner al fondo de la cola a quienes son iguales ante la ley. 

Más peligroso que la practicidad del PP de vender como humo lo que son competencias es el destilado del discurso ultra que justifican. Cómo lanzan un mensaje sobre qué tipo de sociedad quiere el PP. Trump no puede llevar a cabo las bravuconadas que lanza, pero da luz verde a quien quiera conducirse por la vida contra el otro, ya sea inmigrante, mujer feminista u homosexual. Legitima una ideología que persigue y discrimina. Lo que demuestra el cierre de los gobiernos autonómicos es cómo en la batalla ideológica de la derecha, el mayoritario claudica ante la ultraderecha. Con más escaños y porcentaje de votos, el PP ha sido incapaz de liderar las negociaciones. Nada de lo impuesto por Vox lo han tumbado. El PP podría apuntarse el tanto de haber doblegado al socio en las negociaciones. Al contrario, le ha perseguido y puesto alfombra roja durante meses. E igual que no puede presumir de los pactos autonómicos porque los ha perdido, no puede hacerlo con las victorias sobre Vox porque no las ha habido.

A Juan Moreno en Andalucía le quita el sueño el acuerdo extremeño. A Feijóo ya no.

El peor momento de Vox ha llegado. Los iconos de su ecosistema ideológico están hundidos y tocados, el partido vive un shock interno sin saber si lo próximo será otra dimisión o la explosión de un escándalo –a los críticos los carga el diablo– y la cita andaluza juega a la contra. En solo una semana ha caído el régimen húngaro de Viktor Orbán —financiador y anclaje en la UE—, y Trump, valedor absoluto, está aislado incluso dentro de la ultraderecha europea. La acumulación de salidas de fundadores y cargos clave —responsables de gobiernos autonómicos incluidos— tiene un denominador común: la denuncia de irregularidades en las cuentas y la gestión interna. Están metidos en un sándwich demoscópico a la baja, tras el frenazo en Castilla y León y la posibilidad de no llegar al 15% en Andalucía. Donde todo parecían éxitos se abre ahora la incertidumbre de cómo llegarán a las generales. No hay un colapso como tal, pero sí cierto derrumbe. 

El último episodio de Vox encaja con la frase de Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo: “Nos tratan como salvajes”. Exactamente el tipo de comportamiento que tuvo el diputado José María Sánchez en el Congreso. El incidente de Muñoz bebe de la cultura política del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Igual que Trump contemplaba a la turba a unos metros, Abascal siguió desde su escaño la embestida de Sánchez sin inmutarse. Nunca antes había ocurrido un asalto a la Mesa del Congreso. Esa amenaza prácticamente física a un centímetro del vicepresidente. Y ante la gravedad de unos hechos sin precedentes, la falta de arrepentimiento. Para que no sigamos normalizando comportamientos inaceptables, el Grupo Popular pudo haber salido en tromba a condenar el incidente, presionar al socio, forzarle a rectificar. Demostrar que en la derecha manda el PP. La respuesta ha sido tibia y el “y tú más” hacia el Gobierno la neutraliza. 

Feijóo está aliviado ante un Abascal más débil. Lejos de aprovecharlo, no hay signos de que vaya a beneficiarse de esa debilidad. No consigue imponerse, ni salir de la agenda de Vox, que es precisamente donde gana el original. Ojalá no estuviera librando esa batalla ideológica a costa de los migrantes. Dijo que no les daría la espalda al aceptar la tramitación de la regularización extraordinaria, pero ahora se refiere a ella como un coladero “a granel” de agresores de mujeres y delincuentes. Una cosa es la letra pequeña del Consejo de Estado para reforzar el trámite, y otra, una criminalización cogida del molde de Vox e impropia de un partido liberal. 

La exageración absurda hace imposible que se escuche al PP. Mientras toda Europa celebra la caída de Orbán, su lectura pasa por llamar a Sánchez el Orbán del sur, una etiqueta ridícula hacia fuera. La realidad desmantela cada intento de descrédito burdo desde enero. Génova apuesta por desechar el liderazgo de España y que sean los socios europeos quienes hablen primero. Ahora que Trump ha cargado contra el socialista británico Starmer, el liberal Macron en Francia y la ultraconservadora Meloni, ¿qué tiene que decir el PP?  

En la etapa más tóxica de Vox (los verdaderos Orbán del sur), a Feijóo le toca cerrar los gobiernos autonómicos, lo que sitúa al PP en la peor coyuntura para esa fiesta. En la otra pantalla internacional, Trump carga cada día contra un nuevo aliado. Lo que demuestra que Sánchez se anticipó y habló primero. La derecha no está sabiendo leer el pulso del país. Por eso gana Sánchez desde la izquierda y Meloni desde la ultraderecha. 

El patinazo de la portavoz Ester Muñoz dejando solo al soldado español mientras Italia y España defendían que “un casco azul” nuestro “no se toca” es la imagen de un PP en tierra de nadie por no molestar ni a Israel ni a Trump. Igual tienen razón los estrategas de La Moncloa. Con ese pulso no se ganan elecciones autonómicas, pero es el necesario para las generales. Y, sobre todo, para anclar la cita en 2027. El debate del adelanto electoral ha desaparecido por algo.

El penultimátum de Trump, el penúltimo gran TACO que anunciaba la muerte de “toda una civilización”, fue la antesala de la tregua frágil con Irán. Necesita ese acuerdo más que el régimen iraní. Si Trump quiere salvar algún mueble para las elecciones de noviembre y frenar el desmoronamiento de su propia base electoral, urge esa “victoria rápida” con un acuerdo –limitado, parcial– en pro de desactivar el polvorín encendido de Oriente Próximo. Más allá de los malentendidos y la precariedad de las conversaciones, EEUU e Irán tienen incentivos para ponerle fin. El problema de la política exterior de Trump es el “dedo en el gatillo” de Israel, el exterminio indiscriminado que va de Gaza al sur del Líbano tiene en común cómo Netanyahu consigue arrastrar a Trump. 

La operación Eterna oscuridad en el Líbano es buena metáfora de cómo Israel es el mayor actor de inestabilidad. Lanzada el día del acuerdo para sabotearlo, con el mayor número de bombardeos desde febrero, después de atacar el mayor yacimiento de gas y amenazar infraestructuras civiles. ¿Quién puede parar a Israel? El mismo que da alas y cobertura a Benjamin Netanyahu. Europa tampoco puede seguir evitando posicionarse frente a un vecino que arrasa con el derecho internacional. Netanyahu va por libre: no necesita la paz ni la estabilidad. Con una agenda expansionista, de ocupación de territorios y vulneración permanente de los derechos humanos, ha embarcado a Trump en una aventura que puede hundirlo.

El crimen de guerra es la manera de conducirse de Israel. Uno de los grandes aciertos de la UE, con todos sus titubeos, es haber dejado solo a Trump. Ahora tiene que repensar cómo dirigirse a Israel. El “No a la guerra” de Pedro Sánchez en Irán va seguido de la petición de sanciones a Israel por la masacre en Líbano. Otra apuesta, con resistencia de los socios, pero necesaria.

Es tan evidente la voracidad de Israel para abrir guerras como inexplicable la posición del PP. Por cargar contra Sánchez menosprecia y se ríe del ejército español. Ni Vox. El último capítulo de la portavoz Ester Muñoz demuestra la frivolidad con la que se mueve Feijóo en política internacional. En un momento geopolítico de alto riesgo en el que España ha conseguido tener voz, prefiere defender a las tropas israelíes antes que al “casco azul” español. Elige los intereses de Israel antes que los patrios. Comparar la detención del soldado, en misión internacional en Líbano, con un control de tráfico desacredita al PP.

Y hay algo peor en las declaraciones de su portavoz: reconocer que no tiene ni idea de lo ocurrido y decir que Israel no bombardea el Líbano, si no a Hezbolá. O desconoce que hay víctimas civiles en esos ataques o pretende justificar los crímenes de Netanyahu. Sabemos de la posición del PP por las palabras de Muñoz; de nuevo, el “no es legal pero es legítimo”. Y cada vez que parece moverse de ahí, vuelve al mismo sitio. 

El antisanchismo más que una estrategia es una obsesión desmedida. Y, como todos los excesos, resulta más contraproducente para quien lo padece. Desde el ‘No a la guerra’ del Gobierno por el conflicto en Irán, el PP reacciona tarde y mal, rectifica a remolque de los acontecimientos y, por oponerse a Sánchez en todo y sin medida, acaba yendo contra sí mismo. Practicando una oposición que descarrila en la agenda internacional, en un contexto de creciente complejidad geopolítica y donde la voz de España ha logrado ser relevante por la apuesta política del Gobierno. 

El “Europa no pinta nada” es tan falso como ese “España no tiene voz”. La UE tiene múltiples debilidades, pero la realidad, como demuestra la guerra de Irán, pasa por Donald Trump llamando a esa puerta, pidiendo ayuda y buscando la legitimidad de unos aliados a los que nunca consultó y ahora llama cobardes. La reacción de Trump contra Sánchez es síntoma de cómo la posición de España ha calado. Verbalizó antes que nadie la posición que ahora siguen los principales socios europeos. 

El portazo de Pedro Sánchez a una guerra ilegal, que arrastra a una crisis humanitaria y económica, ha sido coherente desde el principio. Desde ese primer día, el PP ha cargado contra la prohibición del uso de las bases y el cierre del espacio aéreo. Feijóo tiró en el Congreso de los supuestos misiles iraníes con la cara de Sánchez: la peor propaganda como argumento, hasta verse superado por la realidad, cuando Francia, Italia y Reino Unido han hecho lo mismo. Solo hacía falta esperar. Después de España, la ira estéril de Trump ha llegado a Starmer y Macron.

No es la única realidad que supera al PP. Ha perdido otra oportunidad de oro para colocarse en posición de gobierno al salir en defensa del Domingo de Ramos. Pudo haberlo hecho antes que Sánchez, que el ejecutivo italiano, francés, británico e incluso desde Washington. Pero han preferido la performance de Ester Muñoz: “Sánchez está en su despacho grabando un TikTok con la gorra Make Catholicism Great Again”. Ante la evidencia de realidades que se imponen, el PP ha intentado a destiempo desmarcarse de su posición original. Aquel no será legal pero es legítimo (matar al ayatolá). Y de ahí a intentar situar la crítica en la “escenificación”. Como si una guerra no fuera también guerra de posiciones. Igual le parece bien no escenificar en todo lo posible la condena a matar iraníes, palestinos y propagar un conflicto sin rumbo ni legitimidad por toda la región. 

Hay algo más preocupante. Que el descarrilamiento en el posicionamiento del PP en la agenda internacional responda —además del antisanchismo— a la incapacidad de tener posición propia y defenderla. Un descartar por sistema el liderazgo patrio. Al seguidismo del más fuerte como postura oficial sin medir cómo el seguidismo a Trump perjudica a España. Al PP le parece extemporáneo sacar a colación la guerra de Irak. Viene a cuento porque comparte hilo conductor y es pertinente saber si el PP de Feijóo rompe con Aznar. 

Solo hay una manera para que Donald Trump ponga fin a la guerra en Irán. Soltar la mano de Netanyahu. Romper con la estrategia de Israel donde pretende reforzar su seguridad a costa de invadir países, imponer la ilegalidad internacional y aprobar leyes criminales que permitan ahorcar a palestinos. Solo si Trump se desmarca podrá frenar la guerra. Necesita una coartada, la construcción ficticia de una supuesta victoria, para no llegar a las elecciones de noviembre sin opciones. En cuanto a la amenaza de romper la Alianza Atlántica, ya lo hizo en campaña. Si EEUU está en la OTAN es porque la necesita. La andanada no tiene fácil materialización y coloca a Europa en un debate interesante sobre su autonomía en defensa y energía. Sobre su autodefensa cuando el aliado histórico amenaza con irse. El PSOE no se ha movido desde Irak, sin embargo, es fácil imaginarse al PP defender a Trump también en su amenaza de salida. Por no molestar. Por no romper lazos diplomáticos. Por defender lo opuesto a Sánchez. 

Escribe Sergio del Molino en El País recordando la memoria de Álvaro Cunqueiro cómo “Feijóo se traiciona cada vez que se arrima a Abascal y le hace los coros a los gritos racistas”. Y acaba pidiendo restringir la sanidad a los inmigrantes, evitar las regularizaciones de miles de residentes sin documentación que viven en España y vincula terrorismo con las mismas regularizaciones. Ajeno a la realidad — sus votantes conocen bien el perfil de quien trabaja en España desde hace años sin los dichosos papeles— especula con la entrada camuflada de supuestos yihadistas. Como si las células terroristas se activaran por los papeles que tengan. 

En ese ataque sin brújula a cualquier decisión de Sánchez en política exterior, el PP acaba alineado en el rincón de esta historia con Israel y defendiendo no molestar a Trump. Desmarcándose incluso de Giorgia Meloni o los conservadores europeos. VOX ya está instalado en la contradicción absoluta de una guerra contraria a los intereses de España y  Europa. De nuevo, los patriotas. Y el PP se está empeñando en ganar terreno también ahí. 

El PP no puede presumir de coherencia en las guerras abiertas en Oriente Medio ni de haber conseguido colocar a España en primera línea de política internacional durante sus mandatos. Aznar lo hizo en el lado equivocado de la historia; Rajoy, en la irrelevancia. En las filas del PP habrá quien reste importancia a cómo Aznar arrastró a España a la guerra ilegal en Irak. Veinte años después, Tony Blair pidió disculpas por su papel —por los errores de inteligencia y la profunda tragedia humanitaria—; George Bush aceptó su responsabilidad en la información falsa que sirvió para justificarla; y Aznar, ahí sigue, solo, con los pies sobre la mesa. Con este historial, el PP debería haber leído mejor lo que sucede en Irán, una guerra de coordenadas más fáciles de interpretar. Es ilegal, fuera del marco de la ONU y, por tanto, descolgada de los tratados europeos, sin planificación y de espaldas a sus aliados. Que el desastre ya está aquí se mide en la comparecencia del presidente a un día de tener que aprobar un escudo social de 5.000 millones de euros.

Pedro Sánchez acertó al escanear con rapidez, coherencia y precisión las coordenadas de Trump y Netanyahu sobre Irán, y colocó un “No a la guerra” disruptivo desde las primeras horas. Un “No a la guerra” ganador que atravesó Europa y Estados Unidos en cuestión de horas. Emmanuel Macron, Georgia Meloni, Friedrich Mertz ya están ahí. El diagnóstico es tan claro que la comparecencia de Sánchez podía haber servido al PP de plataforma para Feijóo. Podía haber aprovechado el foco del monográfico sobre Irán para explicar de una vez las líneas estratégicas en política exterior del aspirante a presidente. Lejos de eso, Feijóo ha dejado escapar otra oportunidad. Ver al PP difundir el “No a la guerra” ya es una capitulación: un reconocimiento a Sánchez. Ese es el lema y el lugar. El “No a la guerra y no a usted” reconoce el acierto; y el “no a usted”, por repetitivo, queda en sordina.

Es casi ridículo el intento de vincular a Sánchez con los grupos terroristas en Irán. De las seis horas de comparecencia sobre lo más importante que mantiene al mundo en vilo, Feijóo destaca en X su apuesta por una frase: “Difícilmente puedes personificar la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles”. De nuevo, el subconsciente habla: un reconocimiento implícito de cómo Sánchez, en esa némesis de Trump, ha sabido erigirse en esa resistencia global. Feijóo ha perdido una oportunidad de ocupar la agenda del Gobierno con la suya propia: explicar la posición del PP, grupo mayoritario en Europa. Alejarse del error de los primeros días, cuando defendieron que lo ilegal era legítimo. En su indefinición, a la victoria dialéctica y política de Sánchez se suma cómo le compromete Santiago Abascal.

El PP tiene que explicar por qué no exige a Vox romper su alianza estratégica con Viktor Orbán. ¿Cómo pretende gobernar con un partido que en Europa pertenece al grupo del autócrata húngaro? ¿Cómo es compatible defender a Ucrania y tener a su socio en la mesa de Orbán? Si tanto preocupa al PP la posición de España, ¿en qué lugar queda si su aliado de gobierno va a lomos del caballo de Troya de la UE y del movimiento ultra global capitaneado por Trump? Hungría ha bloqueado las ayudas a Ucrania, está acusada de espiar para Rusia y defiende en Europa la agenda MAGA.

Mientras Vox se impone en los pactos autonómicos, coloca su decálogo de medidas ultras y arrebata consejerías y vicepresidencias, enfrente tiene un PP sin exigencias ni victorias sobre su socio menor. Los autores del “gobernar a cualquier precio” no le han pedido que rompan con el seguidismo trumpista y el ultra antieuropeo de Orbán. Una incompatibilidad democrática que el PP tendrá que abordar pronto.

Sobre lo material y la respuesta inmediata, si al PP le faltan medidas anticrisis en el escudo social —que faltan— tiene una decena de gobiernos autonómicos para ampliarlas. Las comunidades del PP tienen competencias de sobra para desplegar sus escudos en forma de decretos leyes. Ampliar las ayudas a transportistas, hosteleros, agricultores. Y de momento, ni uno. Es paradójico que Junts haya sido más responsable y transparente que el PP con el escudo anticrisis. Míriam Nogueras ha dado el sí hace días. Feijóo ha preferido callar. Y ocultar el voto es como reconocer que se vota una cosa en el Congreso para decir otra en público. 

En esta convulsión geopolítica a la que nos arrastra Trump, se sabe dónde está el PSOE. ¿Y el PP cuándo lo explicará a fondo? Si está en el mismo sitio, ¿no tiene nada que decirle a Abascal?