La angustia política, acelerada y bajo toda presión, es ya una seña de identidad de los cierres prevacacionales. La sensación de un posible colapso ya se vivió antes de Navidad y tras conocerse el informe sobre Santos Cerdán el pasado julio. Ahora, el Gobierno está en ese revival, en una cuenta atrás marcada por una pregunta recurrente: ¿aguantará el verano? La diferencia respecto al julio pasado está en la cascada de casos que se han ido materializando y en la creciente dificultad de los socios para justificar determinados comportamientos. Todo sumado al propio fin de ciclo, con unas elecciones que, aun respetando la fecha natural de la legislatura, serían en un año. Y la que se mantiene idéntica es la negativa de los socios a pulsar el botón nuclear que facilite un dominio absoluto de PP-Vox y arrase en lo político con todos los demás.  

El viacrucis del Gobierno pasa por que hayan confluido todos los frentes en una misma semana. Los tres golpes que sacuden al presidente —ya sin cortafuegos políticos eficaces— son la primera sentencia a José Luis Ábalos, agravada por lo obsceno de los audios sobre el uso de mujeres; el caso Plus Ultra por la neutralización de la capacidad del expresidente para ejercer como activo político y referente moral; y el escándalo de Leire Díez, con la amenaza de que no pueda encapsularse en el entorno de Santos Cerdán. 

La izquierda sigue digiriendo el réquiem del Zapatero político mientras emerge el Zapatero imputado, dedicado íntegramente a su defensa penal. Como reconoce en su último comunicado tras declarar por primera vez ante el juez, su mayor preocupación es “devolver la confianza a quien ahora duda”. Y es lógico, por lo que tiene de líder moral de un espacio político, ajeno además a las contingencias de estar en el Gobierno. Pero el regreso del político tendrá que esperar. Su promesa de demostrar que es inocente evoca inevitablemente aquel “No os fallaré” de 2004. Por delante queda un largo y complejo recorrido judicial para el expresidente. El regalo de las joyas tiene un daño reputacional de difícil reparación que sigue sin explicar de forma convincente. Tiene derecho a dar explicaciones cuando lo considere, pero, en términos públicos y políticos, el silencio es difícil de sostener. La incapacidad para ofrecer una versión clara de los hechos alimenta la sospecha de que la explicación sea más comprometedora que el propio regalo.

Más allá de la ética y la estética, la empresa de sus hijas recibió transferencias por unos 700.000 euros. El alcance del resto de acusaciones dependerá en gran medida de cómo evolucionen las declaraciones de los testigos y las nuevas diligencias. Por ahora, ni en el caso Plus Ultra ni en la consultora venezolana Inteligencia Prospectiva hay implicaciones directas de interceder ante funcionarios públicos o de una actuación encaminada a influir en sus decisiones. El juez no se ha creído las versiones de Zapatero y mantiene los indicios. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Que el expresidente tiene por delante el difícil reto de demostrar la inocencia que defiende. 

En lo político, para Pedro Sánchez el efecto acumulación alimenta la sensación de desgaste y refuerza la percepción de que la crisis se ha convertido en un desafío estructural para el Ejecutivo. Tanto, que los socios nacionalistas quieren jugar. Eso sí, presión sin ruptura. La premisa es amagar sin dar. Ni Sánchez convocará una cuestión de confianza, el único con esta prerrogativa, ni habrá moción de censura. Junts y el PNV le están dando una vía política para manejar un calendario de convocatoria alejado de lo judicial y acotado al Ejecutivo. Los presupuestos, por el propio recorrido que tienen, son un margen para llegar al otoño. Los de Puigdemont escenifican alejarse de un “PSOE tóxico”, como dicen en off, pero lejos de querer acordar nada con el PP. Y esto nos devuelve a Gabriel Rufián y su brillante capacidad de síntesis. “Las elecciones se van a celebrar”, ha dicho Pedro Sánchez. Y el de ERC apostilla: "Las legislaturas duran lo que diga el PNV".

Convivimos con distintas realidades jurídicas que lo empañan todo y dificultan la claridad y el peso de cada una. Por un lado, están las que afectan al hermano y a la esposa del presidente; por otro, los casos de corrupción de calado que van desde el caso Ábalos/Koldo/Cerdán al caso Leire Díez; luego está el debate paralelo sobre las velocidad de la Justicia y, finalmente, la reacción política e institucional que están dando el PSOE y el Gobierno.

La 'operación cercar a la familia' está coordinada por la marca ultra Manos Limpias. Atacar la línea de flotación más personal de Pedro Sánchez, el punto de mayor desestabilización. Resulta muy difícil encontrar explicaciones a por qué se piden 26 años de prisión para Begoña Gómez o cuáles son exactamente los hechos penales que la llevarán al banquillo con semejante pena. Es igual de difícil de explicar cómo la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez ha terminado en una causa penal con seis años de cárcel en juego cuando la vía es la contenciosa administrativa. El caso está visto para sentencia y, como en el de Gómez, se da por hecha una condena. La UCO ha aportado su interpretación de unos correos electrónicos. Esa interpretación fue desmontada por sus autores durante el juicio y no fue refutada más allá del terreno interpretativo. 

El enchufe, como en el caso de Jéssica Rodríguez y José Luis Ábalos, apunta a quien enchufa, no a quien es enchufado. Jéssica Rodríguez nunca fue imputada, aun reconociendo que ni siquiera apareció por su puesto de trabajo y que fue colocada. La responsabilidad se dirigió hacia el ministro, no hacia la beneficiaria. Frente a la machacona estrategia sincronizada de la oposición con Manos Limpias —el "es la primera vez que el hermano de un presidente..."—, una evidencia: si no fuera el hermano del presidente, no habría habido juicio. La dirección de la Oficina del Español de Ayuso para Toni Cantó se creó para colocar al ex de tres partidos, en ese momento la mochila de Ciudadanos de Génova 13. Cuando la presidenta madrileña decidió soltar lastre, desapareció la plaza. A nadie se le ocurrió plantear que Cantó pudiera acabar en la cárcel por ese motivo.

La lista de volantazos temerarios del juez Peinado es tan larga, y se ha escrito tanto (léase aquí o en esta otra columna, entre otras), que basta un ejemplo para mostrar la pulsión que la mueve. El 24 de junio de 2025 solicitó imputar a Félix Bolaños elevando exposición razonada al Supremo. El 15 de julio, el Alto Tribunal lo rechazó al no apreciar “el más mínimo indicio”. ¿Qué pasó entre tanto? Las lindezas del PP en sesión de control fueron desde el “Sánchez le llamó a mentir, y a eso se le llama falso testimonio” hasta las peticiones de dimisión. Miguel Tellado habló de “fase terminal” del Ejecutivo y exigió su salida del Gobierno. Feijóo calificó la situación de “grave”. De nada sirve que instancias superiores corrijan la conducción temeraria del juez si el objetivo es precisamente crear el caldo de cultivo, caldear el ambiente y echar leña al fuego del PP. No había nada contra Bolaños, pero la mera petición bastó para que Feijóo y el PP hicieran oposición sobre una imputación basada en la ficción de Peinado.

Luego están las causas profundas, las verdaderas tramas. El juicio de las mascarillas mostró el esperpento de la gestión de Ábalos y Koldo al frente de Transportes. No le han encontrado comisiones al ministro. Tanto da. La descomposición moral del político, reflejada en su utilización de las mujeres a costa del dinero de Aldama y en poner los recursos y la influencia de su cartera al servicio de sus vicios, fue el retrato de su etapa al frente del ministerio con mayor presupuesto y como número tres del PSOE. Si era fácil o no de encapsular, lo cierto es que se consiguió. Ábalos acabó en el Grupo Mixto, nunca hubo una manta de la que tirar y el Ejecutivo apartó esa corrupción del Gobierno.

Y ahora viene lo serio. La trama que el Gobierno no es consciente de cuánto le afecta y de la que peor respuesta está dando. Los cuadernos de Leire Díez son desordenados, caóticos, una suerte de diario indistinguible en muchos episodios entre las meras anotaciones y las citas reales. Lo que está comprobado es que tenía conexiones al máximo nivel, se movía como quería con Santos Cerdán al mando —según el juez— y está investigada por llevar a cabo acciones ilegales para obstruir causas judiciales o neutralizar a quienes están al mando. Fernando Grande Marlaska ha acabado mintiendo a cuenta de las reuniones de la directora de la Guardia Civil, a quien mantiene a pesar de haber negado encuentros con Leire Díez (tres, según el sumario) y tras reconocer que hablaron de la trama. ¿Qué pintaba una “militante” en calidad de amiga pidiendo que repusiera en su cargo a un comandante de la UCO investigado por la corrupción de Ábalos/Koldo? Ahora sabemos que Díez también pudo reunirse con el número dos de la Fiscalía General, pero no como Leire Díez, sino como acompañante del abogado investigado Jacobo Teijelo en calidad de (falsa) abogada. A ambos les pagaba Ferraz, un rastro del dinero que puede acabar en la imputación de las siglas como persona jurídica. 

El PSOE y el Gobierno han decidido tener un papel reactivo. Solo reconocen o aclaran algo cuando se publica en los medios o salta en los sumarios. La peor estrategia si quieres evitar que parezca un encubrimiento o que realmente te escandaliza lo ocurrido desde el corazón del partido. 

Presunción de inocencia por delante, dando por hecho que Pedro Sánchez no sabía nada, faltan muchas explicaciones en una causa que afecta al presidente como secretario general del PSOE y beneficiario —al menos subsidiario— de la operativa de Leire Díez y Santos Cerdán. Ninguna de estas causas tiene el alcance y la profundidad de Gürtel o Kitchen. Pero si comparamos la reacción del PP en ambas, tapar la primera les llevó a una operativa más delictiva que la financiación ilegal. En el momento judicial más delicado para Sánchez, encubrir o mentir, no reaccionar, es tan grave como lo que ocurrió en Ferraz y no se vio o no se quiso ver. Si se conocía, la dimensión ya es Game Over. Mientras dure la instrucción, la única salida es la transparencia.

La moción de censura para retirar la confianza al presidente del Gobierno suele ser un instrumento ganador. Retrata la debilidad de quien la sufre o fuerza su cese. Desde las dos últimas semanas, del caso Zapatero al estallido de la trama Leire Díez, el momento político está lo suficientemente convulsionado para que el PP vuelva con el fantasma del aldabonazo de la moción. Si tiramos de hemeroteca, en las comunidades autónomas, de Madrid a Extremadura, de Guillermo Fernández Vara a Ángel Gabilondo, sirvieron para preparar el terreno del triunfo. Ambos ganaron en las siguientes elecciones: en una, el PSOE obtuvo mayoría absoluta y, en Madrid, Ciudadanos, el partido que utilizó la regeneración como un tongo, dejó al putrefacto PP al frente con los principales escuderos de Esperanza Aguirre en prisión. 

Alberto Núñez Feijóo ha coqueteado con la idea varias veces en el último año. Hay veces en política que se gana perdiendo. Y, en este caso, Feijóo ha perdido la moción antes de presentarla. Con la vuelta a la casilla de salida una y otra vez y las carencias y contradicciones del PP al aire. Es la moción que nadie firmará. Su debilidad no es carecer de los votos. Es no ser capaz de ofrecer una alternativa de Gobierno con este parlamento. Es la incapacidad para interlocutar abiertamente con sus aliados naturales del independentismo y el nacionalismo vasco y catalán, antiguos amigos de Aznar. Es el intento de esconder a Vox. O de intentar colocarlo en diferido. Es no asumir la incompatibilidad de la ultraderecha con el resto de fuerzas políticas. 

La alternativa de Gobierno que ofrece Feijóo con una moción instrumental es un proyecto identitario, no de país. No se puede gobernar contra el País Vasco y Cataluña. Al menos, no es recomendable. La moción de censura sería la previa a un ciclo donde solo caben PP y Vox, de ahí la dificultad de los socios para firmar por anticipado su sentencia de muerte política en el Congreso. Es cuestión de tiempo, pero adelantarlo puede tener un precio. De momento, para los socios es más alto que apoyar a Pedro Sánchez. 

Ante la imposibilidad de sacar adelante una moción, hemos entrado en la fase de sus fórmulas tropicales. El PP ha intentado colar el argumento de que “para convocar elecciones no necesitamos a Vox en el Gobierno”, como si el problema de los socios fuera la convocatoria y no la entrada de Vox. Y todo, cerrando Castilla y León y en la previa del pacto en Andalucía. La prioridad nacional se impondrá allá donde el PP necesite a Vox; en definitiva, en todas partes donde ha convocado elecciones desde 2025. 

Quedan por delante dos meses clave para saber si la legislatura acaba abruptamente o Pedro Sánchez puede dominar en otoño la fecha de la convocatoria electoral. El sumario de esta semana deja al PSOE en una situación insostenible y obligado a salir a dar explicaciones. Los mensajes intervenidos a Leire Díez, por los altos cargos con quien interactuaba y en los términos que lo hacía, obliga al partido y al Gobierno a hacerlo. Los socios están dando a Sánchez una última oportunidad. Por muy revuelta que esté la militancia de izquierdas por la mezcla de casos de corrupción y causas más políticas que judiciales en fondo y forma, tirar de lawfare no le va a dar mucho aire.

El último auto del juez Pedraz apuntala por escrito esa descomposición en la Secretaría de Organización del PSOE. El primero al frente, José Luis Ábalos, acaba de dar un espectáculo bochornoso en un juicio donde se ha hablado más de mujeres que de mordidas; de cómo abusaron del consumo de prostitución y del pago en especie a mujeres. Ministro y asesor pusieron el ministerio, al corruptor Aldama y a quien pudieron —sobre todo Koldo García— a su absoluta disposición para satisfacer sus inmundos caprichos. El segundo, Santos Cerdán, es corrosivo para el corazón del PSOE. Cayó por conversaciones del tipo “¡Koldo, que de esto no se habla!” en enero de 2021 y aparece ahora como el responsable de poner “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”. El daño es irreparable. Pudieron haber aprendido de la Kitchen del PP y, en lugar de eso, montaron una Kitchen cutrísima en Ferraz, según Pedraz.

La dimensión no es comparable, pero la corrupción no va al peso. El juicio de la Kitchen está siendo testigo de cómo el PP intentó desbancar al inspector de la Gürtel Manuel Morocho; utilizaron fondos del CNI, la dirección de la Policía Nacional y la cúpula del Ministerio del Interior para destruir pruebas y alterar la instrucción de la Audiencia Nacional. Lo hicieron desde el aparato del Estado. Santos Cerdán, la exmilitante Leire Díez, el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y el turbio empresario Javier Pérez Dolset, a una escala menor, lo hicieron desde Ferraz 70. Veremos qué parte aterriza y en qué quedan los hilos sueltos del auto. Por qué se piden las cuentas de la última campaña del PSC o la diferencia entre los pagos: de los 300.000 euros que supuestamente ofrece un periodista al fiscal José Grinda a los 43.000 euros para Leire Díez, vía Zarrías y Ferraz, la única miembro de la red que cobra del PSOE para interferir en las causas que afectan al Gobierno, según el auto.

Falta que la causa aterrice y veamos en qué queda. De momento, la respuesta del PSOE es una huida hacia delante innecesaria y peligrosa para la frustración del espacio y sus votantes. Hay una pulsión soterrada contra el Ejecutivo en el caso Begoña Gómez o el del fiscal general. Han servido a la oposición desde hace tiempo para desgastar a Sánchez y desestabilizar donde más duele: la familia. Pero el resto de causas son graves y hay un efecto Rajoy en 2011: en lugar de hacerse cargo, se evitan o se niegan. 

De aquí a julio la presión aumentará. El foco estará puesto en la moción (imposible hoy) y el adelanto empujado por la presión (también imposible hoy). No sabemos cuánto va a durar la legislatura, si habrá algún cisne negro antes del verano. En principio, lo que quieran los socios. Al PNV le costará dar el paso, meter a Vox en el Gobierno, y cruzar los dedos para que en dos años no gane y gobierne Bildu (ya ganó en 2024). Junts está igual, romper no es un incentivo a futuro.

No sabemos cuántas vidas tiene una legislatura, pero sí que el PSOE tiene que depurar responsabilidades y explicar qué están pidiendo los jueces y qué saben. Solo así podrá empezar a separar la señal del ruido. Es un momento donde la oposición ha elevado a máximos el intento de destrucción del enemigo y arrasar a la izquierda. Pero hay señales. Y graves. El PSOE necesita empezar a verlas. Eso es más importante que debatir si se vota en otoño o en 2027, si habrá un superdomingo o se repetirá el adelanto de Zapatero. 

A la imputación de Zapatero le ha seguido el camino inverso. El día de la resaca ha sido peor que la explosión del urgente. La primera reacción fue de indignación, una defensa casi automática ante lo insólito de la imputación, los registros y esos cuatro delitos de corrupción. Una reacción de revuelta ante la sensación de “caza mayor” contra un referente ideológico de la izquierda. Despejado el paisaje de ese humo, se han ido asentando los titulares del auto. El “si esto es verdad, es una mierda” de Gabriel Rufián. Y las necesarias aclaraciones de una investigación donde no intervienen Manos Limpias, ni el corruptor Aldama.

En las 88 páginas del escrito, el juez eleva a Zapatero a líder de una trama internacional, vértice de una red de sociedades sin actividad, y como la persona que, a través de sus contactos, habría influido en operaciones por valor de dos millones de euros. El auto es indiciario. Y “es jodido”, en palabras de Rufián. Que sea indiciario significa que no está en fase probatoria ni de procesamiento. De hecho, si existieran delitos flagrantes, lo habitual sería la detención. Y a Zapatero no lo han detenido, ni le han intervenido el móvil, ni han entrado en su casa. Y esta red jerárquica manejada por el presidente Zapatero es también la que necesite dibujar en el futuro el juez —en el auto no está—.

Las mismas preguntas que surgen al leer el escrito son las que ahora tendrá que aclarar la instrucción y responder Zapatero. ¿Hizo gestiones con funcionarios públicos que demuestren el tráfico de influencias? Por ahora, tampoco aparecen. ¿Intervino en la sociedad de Dubái? ¿Ayudó a Julio Martínez con el rescate de Plus Ultra? ¿Los 240.000 euros que cobraron sus hijas fue por maquetar informes? ¿Los 350.000 euros del presidente corresponden a sus prospecciones geopolíticas? Lo que sí constata el auto es la catadura del personaje de Julio Martínez y su papel en el rescate de Plus Ultra. El 1% de comisión por el rescate. Ese “vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”. Y follaron. Y están por devolver los 53 millones del rescate.

Para quienes cuestionan si Zapatero debe ser investigado, basta comparar la figura de Julio Martínez, “Julito”, con un narco. Si te juntas con un narcotraficante, haces negocios con él y su empresa te paga, lo mínimo esperable es una investigación. Tratar con una red así, te arrastra, te salpica o acabas dentro. El juez tiene que investigar si las malas compañías de Zapatero le han jugado una mala pasada o si el presidente es realmente uno de “sus panas”. Si el 1% de comisión que “Julito” pudo embolsarse de Plus Ultra es parte o no de los pagos. 

Y luego está la credibilidad de la justicia, ya despejada en el caso del juez Calama. La conducción temeraria del juez Juan Carlos Peinado ha causado un daño profundo a la credibilidad de la institución. Su ánimo prevaricador —entendido, según la RAE, como el de quien "pervierte las obligaciones de su oficio", para evitar querellas de quien además acostumbra a amenazar a los medios— ha erosionado esa confianza pública. La actuación de Manos Limpias o el desequilibrio de la balanza. Ahí está la sombra del caso Montoro, archivado con el visto bueno del fiscal anticorrupción Luzón, sumado al capítulo polémico de la fiscal a la que se avasalló para que no siguiera la causa, con material de sobra para investigar a fondo el tráfico de un ministro y sus colegas de despacho. 

La imputación a Zapatero abre necesariamente el debate sobre la falta de transparencia en el negocio de la influencia. ¿Dónde empieza el lobby y dónde el tráfico? La ausencia de una regulación clara permite que una actividad legal, pero basada en lo más sensible —el intercambio de agendas, contactos, citas y la capacidad de influir en las decisiones de la Administración— se desarrolle en la sombra, sin mecanismos de control ni rendición de cuentas. La capacidad de penetrar en las decisiones del poder se hace en la sombra.

Falta también obligar a la transparencia de los presidentes de Gobierno. Nos hemos enterado en 2025 de que Zapatero cobraba como lobista. José María Aznar, Felipe González son como el rey emérito. Llegaron al poder en calidad de abogado e inspector de Hacienda y hoy son multimillonarios. Nadie sabe a cuánto asciende su fortuna, su patrimonio, ni por qué trabajos han cobrado tras dejar el cargo. 

Pero de momento la imputación del presidente Zapatero no juega en esa liga. Y el camino de la investigación puede ser lento y doloroso.  

El circuito iberoamericano de Ayuso por la nueva derecha ultra y populista probablemente no termine en México, pero será difícil que la gira permanente de la presidenta madrileña siga moviéndose con la opacidad que lo ha hecho hasta ahora. Lo más llamativo del viaje no es siquiera su duración. Es el vacío informativo de las reuniones, de los interlocutores, de los resultados concretos. Lo que se ha gastado Ayuso en México junto a su séquito sigue siendo una incógnita, a la espera de que las solicitudes al Portal de Transparencia obliguen a la Comunidad de Madrid a dar explicaciones. Diez días de agenda en off para reunirse con cuatro gobernadores conservadores, un puñado de empresarios y encadenar entrevistas en medios afines no justifican ni el despliegue institucional ni el gasto público. Entre otras cosas porque el principal objetivo nunca fue atraer inversiones. El viaje estaba pensado para alimentar la construcción política internacional de Ayuso y reforzar su agenda personal al margen de la dirección nacional del PP.

Si para algo ha servido este enésimo viaje al extranjero es para hacer el ridículo en México, en Madrid y en las embajadas. Mientras la Casa Real y el Gobierno trataban de recomponer puentes con gestos institucionales y prudencia diplomática, Ayuso aterrizaba en México con un dispositivo organizado al margen de las embajadas y apoyado por el PAN para convertir a Hernán Cortés en arma arrojadiza cultural.

Su periplo mediático por los medios amigos tampoco ha conseguido que la escasa agenda pública sea creíble. Nunca existió un peligro real para la presidenta, la amenaza diplomática la ha propiciado Ayuso y el show de Hernán Cortés ha terminado en un error de cálculo. En México, el revisionismo colonial convertido en provocación identitaria incomoda tanto a la izquierda como a buena parte de la derecha. Ayuso viajó creyendo que podía exportar su batalla cultural —de la mano de Nacho Cano— y acabó proyectando una caricatura de la derecha española en el exterior.

Pero más grave que el ridículo político es la normalización del uso de las instituciones para fines partidistas. Lo que hay detrás del viaje a México es la consolidación de una red de alianzas ideológicas con la derecha ultra iberoamericana financiada desde la Presidencia madrileña. Lo hizo en Ecuador, en Miami y ahora lo replica en México. Viajes que debería asumir el Partido Popular y que, sin embargo, terminan sufragándose con recursos públicos. La internacionalización del ayusismo no es diplomacia madrileña: es la construcción de un liderazgo político personal financiado desde las instituciones.

Tampoco se entiende por qué Ayuso eligió un país al que su propio espacio político describe reiteradamente como un narcoestado para atraer inversiones. Ni con qué empresarios se reunió exactamente. Ni por qué lo hace al margen de las cámaras comerciales y los canales institucionales habituales. España es el segundo inversor en México y mantiene unas relaciones bilaterales especialmente delicadas. Precisamente por eso sorprende aún más que la frivolidad política del viaje no haya sido frenada por el PP nacional.

No es oficial que Ayuso se diera un fin de semana de vacaciones en la Riviera Maya, pero ni la presidenta, ni su jefe de gabinete, ni el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, se han atrevido a negarlo con claridad. Este lunes, en Espejo Público, Serrano lanzaba un “sí ha tenido agenda”, sin ser capaz de detallar dónde había estado el fin de semana. 

A los ayusistas no les salta ninguna alarma con la falta de transparencia ni el uso de los recursos de la comunidad para la agenda personal de su presidenta. Los mismos que denuncian una supuesta corrupción sistémica porque una asesora de Moncloa trabajara para Begoña Gómez consideran irreprochable que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña participe activamente en la personalísima estrategia judicial y mediática de Alberto González Amador. Los mismos que ven golpes al Estado de derecho en cada decisión del Gobierno jamás aplican a los suyos el mínimo estándar de exigencia. Al juez Juan Carlos Peinado tampoco le llegará un recorte de titulares de Manos Limpias de la presidenta de Madrid alertando de la gestión. Porque en el ayusismo, la corrupción siempre ocurre lejos de casa. 

Ese es el verdadero éxito político de Ayuso: haber construido un ecosistema donde la transparencia se interpreta como una agresión y donde pedir explicaciones equivale a ser sospechoso de conspiración. El victimismo habitual para evitar la rendición de cuentas. México ha sido la última metáfora de esta dinámica. Diez días de ruido, propaganda y opacidad para volver exactamente al mismo sitio. A una política convertida en espectáculo personal financiado desde las instituciones.

¿Hasta dónde se puede recompensar a un corrupto sin convertirlo en un agravio? ¿Cuántos beneficios se le pueden conceder sin que el mensaje contra la corrupción acabe siendo que delinquir sale gratis? La corrupción tiene un coste altísimo. El primer responsable es el corrupto, y también su entorno por no detectarlo. Se exigen responsabilidades políticas precisamente por la falta de celo, dejación o incapacidad deliberada para leer las señales —siempre las hay— y dejarles hacer hasta que es tarde. Sabemos que hace falta la prensa y el engranaje de la Justicia para destaparla. Por esa dificultad para destaparla, la reparación también es el mensaje. Se condena a los corruptos para que el siguiente sepa que pagará por lo mismo, para dejar claro que el poder no protege y nadie es impune.

El Fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón no es impermeable al debate social. Y es positivo. En su alegato final ha alabado la figura del arrepentido. Pero Aldama no encaja en ese traje. El concejal del PP José Luis Peñas llevó voluntariamente a la Policía las grabaciones que originaron el caso Gürtel. Aquel “yo le he llevado a Génova un millón de euros”, con el piano de fondo. Pudo no hacerlo y le habría cambiado la vida —probablemente para bien—. Sin embargo, lo hizo, entregó las pruebas y fue condenado a 4,9 años de prisión.

A Víctor de Aldama le detuvieron como presunto capo de una red criminal de fraude de hidrocarburos por más de 183 millones de euros, y solo así encendió un ventilador averiado. Ha confesado lo que la UCO ya tenía en la causa y, aun siendo relevante, no ha destapado la trama. Hasta el teniente coronel Antonio Balas lo señaló en su declaración del caso mascarillas. 

Pero además de no destaparla, ha utilizado su declaración para elevar el espectáculo a sabiendas de no tener pruebas ni ser cierto. El jefe de la trama no era Pedro Sánchez, como “con notable desahogo le otorga ese papel Víctor de Aldama”, ha dicho Alejandro Luzón en su informe final. Colaborar con la Justicia no es mentir a la Justicia. Si Aldama lo hace, debería tener consecuencias. El comisionista acumula una buena ristra de acusaciones falsas. Que se sepa, las que afectan a ministros y presidencia. Ángel Víctor Torres nunca estuvo en el piso con Koldo García y varias mujeres. Félix Bolaños no intentó sobornarle. Sus acusaciones a María Jesús Montero, Teresa Ribera o Reyes Maroto han servido al ruido político y mediático, no al judicial. Están pensadas para eso. Un extorsionador que sirve comida basura a la derecha y la oposición lo utiliza sin importarle lo más mínimo cuánto se puede reparar de esta corrupción mediante el castigo al trío del ministro, el asesor y el corruptor.

En la lógica de hacer oposición entra todo. Un partido como el PP, que salió del Gobierno con una moción de censura por la Gürtel y tiene el caso Kitchen en la otra pantalla, no puede permitirse pedir menos pena para un corrupto. La dirección letrada del PP en el caso Ábalos debería centrarse en exigir una pena ejemplarizante para toda la trama, no en facilitar beneficios a quien corrompió un Gobierno. No es ejemplarizante, ni debería salir gratis. Porque mientras clama contra Delcy Rodríguez, ensalza al corruptor que la trajo a España y tenía negocios con su entorno mucho antes de que Ábalos fuera ministro, según la UCO y el propio comisionista. El papel del PP no es salvar a Aldama por más que le resulte útil para desgastar a Sánchez. La causa ya es suficientemente grave para exigir responsabilidades y presionar en el juicio, antes que premiarlo con libertad y halagos. 

Si Aldama sigue paseándose por los platós y es capaz de mentir en el Tribunal Supremo es porque, desde la instrucción, se lo permiten. Desde que salió de prisión, Víctor de Aldama no se ha arrepentido. Su estrategia ha sido declararle la guerra a Pedro Sánchez desde el momento en que fue detenido. Le iba a meter en la cárcel, amenazaba, escoltado por el extorsionador de Desokupa. 

La corrupción política —la de los contratos públicos y sus mordidas— es líquida. Deja poca prueba, cuesta seguir el rastro del dinero y ni siquiera la UCO logra siempre reconstruirlo. Ha ocurrido en Lezo, en Púnica y también en el caso mascarillas. De este último sabemos que Aldama se embolsó 5,5 millones en lo peor de la pandemia, repartió sobres en efectivo para engrasar a la pareja Ábalos-Koldo y lo intentó en decenas de ocasiones con otras administraciones que le dieron portazo. ¿Qué mensaje se lanza si su condena acaba siendo similar a la del concejal Peñas, quien denunció pudiendo callar?

Se puede —y se debe— rebajar la pena a quien admite los delitos. El límite está en la proporcionalidad y medir el mensaje. Porque la lucha contra la corrupción también pasa por la amenaza del Código Penal. En eso consiste la Justicia, en temerla. Aldama, el corruptor protegido, encarna la peor mutación de los corruptores. Convertido en el protagonista de un Sálvame ultra, violento y agresivo, que puede mentir sin consecuencias y amedrentar con impunidad. Arropado en los platós, cuidado en la causa por una confesión que no ha sido tal y ensalzado por la derecha como el héroe contra el villano Sánchez. La mutación corrupta alentada por el partido para quien Aldama pide en público el voto. Solo por eso deberían de apartarse y no premiarle. 

Si hay unos responsables de que no se prorroguen los alquileres a miles de familias ahogadas por la presión económica y los precios voraces de la vivienda estos son PP, Vox y Junts. Los populares, por partida doble. No haría falta el decreto de prórroga si se aplicara la ley de vivienda. El muro levantado por el PP en las comunidades autónomas pasa por rechazar los topes de precios a los más vulnerables en zonas tensionadas. La medida no resolvería la totalidad de los casos, pero sí la mayoría. En las zonas de alta especulación es donde más se mueven los precios hacia arriba, donde más aprietan los fondos buitre para doblar la rentabilidad a costa de las rentas medias. 

De la culpa de la derecha, a la responsabilidad de la izquierda. La prórroga de los alquileres venida abajo deja lecciones vitales para el Gobierno y su socio. Ambos subestimaron el daño de su estrategia. Si empezamos por Sumar, presionaron para impulsar un decreto que nació muerto y sin la mayoría suficiente. Lo hizo el ministro Pablo Bustinduy sin tener las competencias y en oposición a la ministra Isabel Rodríguez. Mostrando una división interna que en un contexto de fragilidad parlamentaria les debilita. El ministro tiene legitimidad para hacerlo, pero desde fuera, para quien está pendiente de renovar su alquiler, la imagen es un Ejecutivo que confronta sin encontrar salida. Ahondando en la sensación del ‘yo me estoy ahogando y tú me hablas de competencias o mayorías’. Prometer algo que no puedes cumplir aumenta la frustración de quien lo sufre… y el cabreo. El ciudadano y el votante se quedan con el que remanga y a favor de quien lo hace cuando está en juego lo más elemental. Salud, educación, vivienda. No importa el orden. 

El Gobierno no creía en la iniciativa forzada por el plantón de Sumar en el Consejo de Ministros y dejó hacer al socio a sabiendas de que se estrellaría. Al final del camino, Pablo Bustinduy hizo un buen discurso y forzó el debate. Pero a ese buen combate le siguió el llanto de los afectados. Al lucimiento y la victoria en corto sobre el PSOE (ausente en un debate fundamental), una mujer afectada lloraba en la puerta, fotografiada por Olmo Calvo como símbolo del millón de familias afectadas. El grito en tribuna “¡Haced algo ya, coño!” fue un clamor a toda la bancada. 

Sumar prometió lo que iba a ser imposible y el ministerio de Vivienda ha tenido que asumir la necesidad de hacer más. Tenía razón la ministra Isabel Rodríguez en defender medidas garantistas y tenía razón Sumar en presionar. La estrategia, ir separados, fue el error. Y como en política no hay nada imposible, Junts ya ha aceptado sentarse a negociar. Si aprueban parte de la prórroga de alquileres es más de lo que había antes de que el PSOE renunciara al decreto. Lo inconcebible es que sea Junts y no el PP quien se sienta interpelado para buscar soluciones. 

El Gobierno progresista está obligado a sacar adelante como sea políticas públicas para aliviar y resolver una crisis profunda que ha tocado fondo. Por su transversalidad, hunde a la sociedad en la desigualdad y condena a generaciones a una discriminación intrínseca. Más allá de la riqueza, el ascensor hoy es tener o no vivienda. Todos los partidos y gobiernos se han dado cuenta, salvo PP y Vox, incapaces de impulsar propuestas de consenso. Isabel Rodríguez tiene razón en el relato ganado. Casi nadie se atreve a defender abiertamente la vivienda como producto especulativo. Quienes lo hacen, el ala más liberal de los populares, buscan subterfugios para hablar de los derechos de los propietarios y el libre mercado. Más allá de la obviedad del daño de los fondos, los coliving y tantas otras fórmulas similares, un tenedor de diez viviendas es un profesional del negocio y mercadea con un bien de primera necesidad. Quienes exigen el cumplimento de la Constitución con la presentación de presupuestos, se lo saltan por partida doble con la "prioridad nacional" y la vivienda. La Carta Magna es explícita con la regulación del suelo, la bestia negra de la derecha desde la primera ley de Aznar. “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Más claro, imposible. Por eso ha hecho bien Pedro Sánchez en reivindicar esa regulación como condición obligada. Lo hizo hasta el rey Felipe VI hace dos discursos navideños. 

La crisis de la vivienda es la espada de todos los partidos y gobiernos. Vox perdió la oportunidad de lepenizarse y votar a favor, descolocando al PP. Al final demostró que el discurso de Carlos Quero es propaganda electoral, el abono de sus mítines, PPC más. A la hora de votar, entre las familias y los fondos extranjeros, eligió el negocio. Igual que ante el soldado español y Netanyahu prefirió defender al segundo. El debate destapó la falsa disyuntiva populista de Vox. Las casas que faltan no las tienen los inmigrantes. No hay un ellos extranjeros y un nosotros nacional. La sesión demostró que tras el eslogan xenófobo y discriminatorio no hay medidas ni soluciones. Al PP no le ha ido mejor: hasta Ayuso tuvo que aceptar el fondo estatal de más de mil millones para vivienda social blindada a la especulación. Ni con esas Alberto Núñez Feijóo se ha sentido aludido para sumarse a las negociaciones de un futuro decreto.

Tras la derrota, se ha tomado nota. La agenda de vivienda está viva y todo es posible. Es más, debería serlo. Las movilizaciones sociales están en marcha. Hay un millón de contratos de alquiler en el aire. Un fraude de ley con el alquiler temporal y turístico por donde se cuelan las subidas abusivas y los desahucios. Desgravaciones necesarias. Fondos y ayudas pendientes. Y un consenso imprescindible. Quien no lo lea, sufrirá.

El PP sabe perfectamente lo que ha firmado en Extremadura y en qué consiste la “prioridad nacional” reproducida en Aragón. Lo sabe hasta tal punto que en la enmienda parlamentaria a la moción de Vox lo escribe negro sobre blanco elevándolo a debate nacional. Ni Santiago Abascal habría sabido cuadrarlo mejor. La prioridad ultra está en el pacto extremeño y ha llegado al Congreso de la mano del PP, aunque el objetivo no es que saliera sino asumirlo como propio. Si fuera una cuestión de arraigo lo habrían llamado prioridad de arraigo. Por más que cada día hayan intentado vestirlo con un ropaje distinto –incluido el “vecinal” de Alberto Núñez Feijóo–, el triunfo de Vox es triple. Captura la agenda del PP, marca por dónde van a ir todos los gobiernos autonómicos y remata el camino de la coalición nacional con un debate de fondo ilegal y prevaricador, impensable en el arco ideológico popular antes de Vox. 

Es falso que la “prioridad nacional” sea una ficción o un marco dialéctico sin traducción real como pretenden vender. Es un infantilismo político comprar ese argumento. Vox pide competencias para hacer algo con ellas. Para quienes solo ven relato y palabrería, cuál sería la reacción si habláramos de prioridad heterosexual, prioridad del hombre o prioridad del catalán. La Constitución salta por los aires con cada discriminación.  

Con el aval de la dirección de Génova, María Guardiola le ha dado a Vox dos de las consejerías con mayor peso. La de Agricultura, Ganadería y Medio Natural es de las carteras con más empleados públicos de dicho Gobierno. La portavoz de Vox lo ha dejado claro en el debate de investidura: su intención de retirar las ayudas a empresas, sindicatos y cooperación. Y Óscar Fernández también: “Hay que elegir y elegimos a los españoles primero”. La cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Familia es la importación trumpista de Elon Musk y Javier Milei, la motosierra de Vox en palabras de José María Figaredo, pensada para hacer recortes y pasar por su cepillo todas las leyes del Consejo de Gobierno. La imagen de Guardiola es significativa de lo que le espera a la presidenta extremeña esta legislatura. En 2023 entró por la puerta de la Asamblea y se paró a dialogar con las organizaciones sociales que protestaban en la puerta. En 2026 ha tenido que entrar por la puerta de atrás. El destino de una presidenta que va a tener muchas dificultades para liderar nada. 

Vox no ha venido a hacer ficción. Vuelve a los gobiernos para dejar huella y ser influyente a costa del PP. Aprendieron de las coaliciones con Podemos que o consiguen imponer discurso y políticas a nivel autonómico, o el grande se come al pequeño. La ficción es que el PP regale el marco ideológico de la "prioridad nacional" con todas sus competencias y Vox no vaya a hacer nada con ellas. Las Comunidades no pueden gestionar la inmigración, pero los servicios sociales incluyen toda la cartera de políticas públicas dirigidas a proteger a las personas vulnerables. La lista de ayudas es larga e incluye la dependencia, integración laboral, protección de menores, acogimiento familiar, viviendas sociales, rentas mínimas, ayudas al transporte, comedores, mediación intercultural, tramitación de ayudas…  

A la espera de que se publique este viernes el decreto de estructura del Ejecutivo extremeño, la Desregulación unida a Servicios Sociales y Familia es una declaración de intenciones, con toda la función pública en manos de Vox para llevar a cabo lo que se proclama en la primera denominación de esa consejería. 

El pacto gemelo en Aragón va más allá con una consejería extra. Alejandro Nolasco, vicepresidente de Vox, y Jorge Azcón han firmado la misma prioridad nacional, como ya justifica Feijóo. El plato obligatorio con sello aragonés no puede ser compatible con la legalidad, como dice Azcón, porque los supuestos de arraigo o residencia (que ya existen hoy) no tienen encaje si pretenden poner al fondo de la cola a quienes son iguales ante la ley. 

Más peligroso que la practicidad del PP de vender como humo lo que son competencias es el destilado del discurso ultra que justifican. Cómo lanzan un mensaje sobre qué tipo de sociedad quiere el PP. Trump no puede llevar a cabo las bravuconadas que lanza, pero da luz verde a quien quiera conducirse por la vida contra el otro, ya sea inmigrante, mujer feminista u homosexual. Legitima una ideología que persigue y discrimina. Lo que demuestra el cierre de los gobiernos autonómicos es cómo en la batalla ideológica de la derecha, el mayoritario claudica ante la ultraderecha. Con más escaños y porcentaje de votos, el PP ha sido incapaz de liderar las negociaciones. Nada de lo impuesto por Vox lo han tumbado. El PP podría apuntarse el tanto de haber doblegado al socio en las negociaciones. Al contrario, le ha perseguido y puesto alfombra roja durante meses. E igual que no puede presumir de los pactos autonómicos porque los ha perdido, no puede hacerlo con las victorias sobre Vox porque no las ha habido.

A Juan Moreno en Andalucía le quita el sueño el acuerdo extremeño. A Feijóo ya no.

El peor momento de Vox ha llegado. Los iconos de su ecosistema ideológico están hundidos y tocados, el partido vive un shock interno sin saber si lo próximo será otra dimisión o la explosión de un escándalo –a los críticos los carga el diablo– y la cita andaluza juega a la contra. En solo una semana ha caído el régimen húngaro de Viktor Orbán —financiador y anclaje en la UE—, y Trump, valedor absoluto, está aislado incluso dentro de la ultraderecha europea. La acumulación de salidas de fundadores y cargos clave —responsables de gobiernos autonómicos incluidos— tiene un denominador común: la denuncia de irregularidades en las cuentas y la gestión interna. Están metidos en un sándwich demoscópico a la baja, tras el frenazo en Castilla y León y la posibilidad de no llegar al 15% en Andalucía. Donde todo parecían éxitos se abre ahora la incertidumbre de cómo llegarán a las generales. No hay un colapso como tal, pero sí cierto derrumbe. 

El último episodio de Vox encaja con la frase de Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo: “Nos tratan como salvajes”. Exactamente el tipo de comportamiento que tuvo el diputado José María Sánchez en el Congreso. El incidente de Muñoz bebe de la cultura política del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Igual que Trump contemplaba a la turba a unos metros, Abascal siguió desde su escaño la embestida de Sánchez sin inmutarse. Nunca antes había ocurrido un asalto a la Mesa del Congreso. Esa amenaza prácticamente física a un centímetro del vicepresidente. Y ante la gravedad de unos hechos sin precedentes, la falta de arrepentimiento. Para que no sigamos normalizando comportamientos inaceptables, el Grupo Popular pudo haber salido en tromba a condenar el incidente, presionar al socio, forzarle a rectificar. Demostrar que en la derecha manda el PP. La respuesta ha sido tibia y el “y tú más” hacia el Gobierno la neutraliza. 

Feijóo está aliviado ante un Abascal más débil. Lejos de aprovecharlo, no hay signos de que vaya a beneficiarse de esa debilidad. No consigue imponerse, ni salir de la agenda de Vox, que es precisamente donde gana el original. Ojalá no estuviera librando esa batalla ideológica a costa de los migrantes. Dijo que no les daría la espalda al aceptar la tramitación de la regularización extraordinaria, pero ahora se refiere a ella como un coladero “a granel” de agresores de mujeres y delincuentes. Una cosa es la letra pequeña del Consejo de Estado para reforzar el trámite, y otra, una criminalización cogida del molde de Vox e impropia de un partido liberal. 

La exageración absurda hace imposible que se escuche al PP. Mientras toda Europa celebra la caída de Orbán, su lectura pasa por llamar a Sánchez el Orbán del sur, una etiqueta ridícula hacia fuera. La realidad desmantela cada intento de descrédito burdo desde enero. Génova apuesta por desechar el liderazgo de España y que sean los socios europeos quienes hablen primero. Ahora que Trump ha cargado contra el socialista británico Starmer, el liberal Macron en Francia y la ultraconservadora Meloni, ¿qué tiene que decir el PP?  

En la etapa más tóxica de Vox (los verdaderos Orbán del sur), a Feijóo le toca cerrar los gobiernos autonómicos, lo que sitúa al PP en la peor coyuntura para esa fiesta. En la otra pantalla internacional, Trump carga cada día contra un nuevo aliado. Lo que demuestra que Sánchez se anticipó y habló primero. La derecha no está sabiendo leer el pulso del país. Por eso gana Sánchez desde la izquierda y Meloni desde la ultraderecha. 

El patinazo de la portavoz Ester Muñoz dejando solo al soldado español mientras Italia y España defendían que “un casco azul” nuestro “no se toca” es la imagen de un PP en tierra de nadie por no molestar ni a Israel ni a Trump. Igual tienen razón los estrategas de La Moncloa. Con ese pulso no se ganan elecciones autonómicas, pero es el necesario para las generales. Y, sobre todo, para anclar la cita en 2027. El debate del adelanto electoral ha desaparecido por algo.

El penultimátum de Trump, el penúltimo gran TACO que anunciaba la muerte de “toda una civilización”, fue la antesala de la tregua frágil con Irán. Necesita ese acuerdo más que el régimen iraní. Si Trump quiere salvar algún mueble para las elecciones de noviembre y frenar el desmoronamiento de su propia base electoral, urge esa “victoria rápida” con un acuerdo –limitado, parcial– en pro de desactivar el polvorín encendido de Oriente Próximo. Más allá de los malentendidos y la precariedad de las conversaciones, EEUU e Irán tienen incentivos para ponerle fin. El problema de la política exterior de Trump es el “dedo en el gatillo” de Israel, el exterminio indiscriminado que va de Gaza al sur del Líbano tiene en común cómo Netanyahu consigue arrastrar a Trump. 

La operación Eterna oscuridad en el Líbano es buena metáfora de cómo Israel es el mayor actor de inestabilidad. Lanzada el día del acuerdo para sabotearlo, con el mayor número de bombardeos desde febrero, después de atacar el mayor yacimiento de gas y amenazar infraestructuras civiles. ¿Quién puede parar a Israel? El mismo que da alas y cobertura a Benjamin Netanyahu. Europa tampoco puede seguir evitando posicionarse frente a un vecino que arrasa con el derecho internacional. Netanyahu va por libre: no necesita la paz ni la estabilidad. Con una agenda expansionista, de ocupación de territorios y vulneración permanente de los derechos humanos, ha embarcado a Trump en una aventura que puede hundirlo.

El crimen de guerra es la manera de conducirse de Israel. Uno de los grandes aciertos de la UE, con todos sus titubeos, es haber dejado solo a Trump. Ahora tiene que repensar cómo dirigirse a Israel. El “No a la guerra” de Pedro Sánchez en Irán va seguido de la petición de sanciones a Israel por la masacre en Líbano. Otra apuesta, con resistencia de los socios, pero necesaria.

Es tan evidente la voracidad de Israel para abrir guerras como inexplicable la posición del PP. Por cargar contra Sánchez menosprecia y se ríe del ejército español. Ni Vox. El último capítulo de la portavoz Ester Muñoz demuestra la frivolidad con la que se mueve Feijóo en política internacional. En un momento geopolítico de alto riesgo en el que España ha conseguido tener voz, prefiere defender a las tropas israelíes antes que al “casco azul” español. Elige los intereses de Israel antes que los patrios. Comparar la detención del soldado, en misión internacional en Líbano, con un control de tráfico desacredita al PP.

Y hay algo peor en las declaraciones de su portavoz: reconocer que no tiene ni idea de lo ocurrido y decir que Israel no bombardea el Líbano, si no a Hezbolá. O desconoce que hay víctimas civiles en esos ataques o pretende justificar los crímenes de Netanyahu. Sabemos de la posición del PP por las palabras de Muñoz; de nuevo, el “no es legal pero es legítimo”. Y cada vez que parece moverse de ahí, vuelve al mismo sitio. 

El antisanchismo más que una estrategia es una obsesión desmedida. Y, como todos los excesos, resulta más contraproducente para quien lo padece. Desde el ‘No a la guerra’ del Gobierno por el conflicto en Irán, el PP reacciona tarde y mal, rectifica a remolque de los acontecimientos y, por oponerse a Sánchez en todo y sin medida, acaba yendo contra sí mismo. Practicando una oposición que descarrila en la agenda internacional, en un contexto de creciente complejidad geopolítica y donde la voz de España ha logrado ser relevante por la apuesta política del Gobierno. 

El “Europa no pinta nada” es tan falso como ese “España no tiene voz”. La UE tiene múltiples debilidades, pero la realidad, como demuestra la guerra de Irán, pasa por Donald Trump llamando a esa puerta, pidiendo ayuda y buscando la legitimidad de unos aliados a los que nunca consultó y ahora llama cobardes. La reacción de Trump contra Sánchez es síntoma de cómo la posición de España ha calado. Verbalizó antes que nadie la posición que ahora siguen los principales socios europeos. 

El portazo de Pedro Sánchez a una guerra ilegal, que arrastra a una crisis humanitaria y económica, ha sido coherente desde el principio. Desde ese primer día, el PP ha cargado contra la prohibición del uso de las bases y el cierre del espacio aéreo. Feijóo tiró en el Congreso de los supuestos misiles iraníes con la cara de Sánchez: la peor propaganda como argumento, hasta verse superado por la realidad, cuando Francia, Italia y Reino Unido han hecho lo mismo. Solo hacía falta esperar. Después de España, la ira estéril de Trump ha llegado a Starmer y Macron.

No es la única realidad que supera al PP. Ha perdido otra oportunidad de oro para colocarse en posición de gobierno al salir en defensa del Domingo de Ramos. Pudo haberlo hecho antes que Sánchez, que el ejecutivo italiano, francés, británico e incluso desde Washington. Pero han preferido la performance de Ester Muñoz: “Sánchez está en su despacho grabando un TikTok con la gorra Make Catholicism Great Again”. Ante la evidencia de realidades que se imponen, el PP ha intentado a destiempo desmarcarse de su posición original. Aquel no será legal pero es legítimo (matar al ayatolá). Y de ahí a intentar situar la crítica en la “escenificación”. Como si una guerra no fuera también guerra de posiciones. Igual le parece bien no escenificar en todo lo posible la condena a matar iraníes, palestinos y propagar un conflicto sin rumbo ni legitimidad por toda la región. 

Hay algo más preocupante. Que el descarrilamiento en el posicionamiento del PP en la agenda internacional responda —además del antisanchismo— a la incapacidad de tener posición propia y defenderla. Un descartar por sistema el liderazgo patrio. Al seguidismo del más fuerte como postura oficial sin medir cómo el seguidismo a Trump perjudica a España. Al PP le parece extemporáneo sacar a colación la guerra de Irak. Viene a cuento porque comparte hilo conductor y es pertinente saber si el PP de Feijóo rompe con Aznar. 

Solo hay una manera para que Donald Trump ponga fin a la guerra en Irán. Soltar la mano de Netanyahu. Romper con la estrategia de Israel donde pretende reforzar su seguridad a costa de invadir países, imponer la ilegalidad internacional y aprobar leyes criminales que permitan ahorcar a palestinos. Solo si Trump se desmarca podrá frenar la guerra. Necesita una coartada, la construcción ficticia de una supuesta victoria, para no llegar a las elecciones de noviembre sin opciones. En cuanto a la amenaza de romper la Alianza Atlántica, ya lo hizo en campaña. Si EEUU está en la OTAN es porque la necesita. La andanada no tiene fácil materialización y coloca a Europa en un debate interesante sobre su autonomía en defensa y energía. Sobre su autodefensa cuando el aliado histórico amenaza con irse. El PSOE no se ha movido desde Irak, sin embargo, es fácil imaginarse al PP defender a Trump también en su amenaza de salida. Por no molestar. Por no romper lazos diplomáticos. Por defender lo opuesto a Sánchez. 

Escribe Sergio del Molino en El País recordando la memoria de Álvaro Cunqueiro cómo “Feijóo se traiciona cada vez que se arrima a Abascal y le hace los coros a los gritos racistas”. Y acaba pidiendo restringir la sanidad a los inmigrantes, evitar las regularizaciones de miles de residentes sin documentación que viven en España y vincula terrorismo con las mismas regularizaciones. Ajeno a la realidad — sus votantes conocen bien el perfil de quien trabaja en España desde hace años sin los dichosos papeles— especula con la entrada camuflada de supuestos yihadistas. Como si las células terroristas se activaran por los papeles que tengan. 

En ese ataque sin brújula a cualquier decisión de Sánchez en política exterior, el PP acaba alineado en el rincón de esta historia con Israel y defendiendo no molestar a Trump. Desmarcándose incluso de Giorgia Meloni o los conservadores europeos. VOX ya está instalado en la contradicción absoluta de una guerra contraria a los intereses de España y  Europa. De nuevo, los patriotas. Y el PP se está empeñando en ganar terreno también ahí. 

El PP no puede presumir de coherencia en las guerras abiertas en Oriente Medio ni de haber conseguido colocar a España en primera línea de política internacional durante sus mandatos. Aznar lo hizo en el lado equivocado de la historia; Rajoy, en la irrelevancia. En las filas del PP habrá quien reste importancia a cómo Aznar arrastró a España a la guerra ilegal en Irak. Veinte años después, Tony Blair pidió disculpas por su papel —por los errores de inteligencia y la profunda tragedia humanitaria—; George Bush aceptó su responsabilidad en la información falsa que sirvió para justificarla; y Aznar, ahí sigue, solo, con los pies sobre la mesa. Con este historial, el PP debería haber leído mejor lo que sucede en Irán, una guerra de coordenadas más fáciles de interpretar. Es ilegal, fuera del marco de la ONU y, por tanto, descolgada de los tratados europeos, sin planificación y de espaldas a sus aliados. Que el desastre ya está aquí se mide en la comparecencia del presidente a un día de tener que aprobar un escudo social de 5.000 millones de euros.

Pedro Sánchez acertó al escanear con rapidez, coherencia y precisión las coordenadas de Trump y Netanyahu sobre Irán, y colocó un “No a la guerra” disruptivo desde las primeras horas. Un “No a la guerra” ganador que atravesó Europa y Estados Unidos en cuestión de horas. Emmanuel Macron, Georgia Meloni, Friedrich Mertz ya están ahí. El diagnóstico es tan claro que la comparecencia de Sánchez podía haber servido al PP de plataforma para Feijóo. Podía haber aprovechado el foco del monográfico sobre Irán para explicar de una vez las líneas estratégicas en política exterior del aspirante a presidente. Lejos de eso, Feijóo ha dejado escapar otra oportunidad. Ver al PP difundir el “No a la guerra” ya es una capitulación: un reconocimiento a Sánchez. Ese es el lema y el lugar. El “No a la guerra y no a usted” reconoce el acierto; y el “no a usted”, por repetitivo, queda en sordina.

Es casi ridículo el intento de vincular a Sánchez con los grupos terroristas en Irán. De las seis horas de comparecencia sobre lo más importante que mantiene al mundo en vilo, Feijóo destaca en X su apuesta por una frase: “Difícilmente puedes personificar la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles”. De nuevo, el subconsciente habla: un reconocimiento implícito de cómo Sánchez, en esa némesis de Trump, ha sabido erigirse en esa resistencia global. Feijóo ha perdido una oportunidad de ocupar la agenda del Gobierno con la suya propia: explicar la posición del PP, grupo mayoritario en Europa. Alejarse del error de los primeros días, cuando defendieron que lo ilegal era legítimo. En su indefinición, a la victoria dialéctica y política de Sánchez se suma cómo le compromete Santiago Abascal.

El PP tiene que explicar por qué no exige a Vox romper su alianza estratégica con Viktor Orbán. ¿Cómo pretende gobernar con un partido que en Europa pertenece al grupo del autócrata húngaro? ¿Cómo es compatible defender a Ucrania y tener a su socio en la mesa de Orbán? Si tanto preocupa al PP la posición de España, ¿en qué lugar queda si su aliado de gobierno va a lomos del caballo de Troya de la UE y del movimiento ultra global capitaneado por Trump? Hungría ha bloqueado las ayudas a Ucrania, está acusada de espiar para Rusia y defiende en Europa la agenda MAGA.

Mientras Vox se impone en los pactos autonómicos, coloca su decálogo de medidas ultras y arrebata consejerías y vicepresidencias, enfrente tiene un PP sin exigencias ni victorias sobre su socio menor. Los autores del “gobernar a cualquier precio” no le han pedido que rompan con el seguidismo trumpista y el ultra antieuropeo de Orbán. Una incompatibilidad democrática que el PP tendrá que abordar pronto.

Sobre lo material y la respuesta inmediata, si al PP le faltan medidas anticrisis en el escudo social —que faltan— tiene una decena de gobiernos autonómicos para ampliarlas. Las comunidades del PP tienen competencias de sobra para desplegar sus escudos en forma de decretos leyes. Ampliar las ayudas a transportistas, hosteleros, agricultores. Y de momento, ni uno. Es paradójico que Junts haya sido más responsable y transparente que el PP con el escudo anticrisis. Míriam Nogueras ha dado el sí hace días. Feijóo ha preferido callar. Y ocultar el voto es como reconocer que se vota una cosa en el Congreso para decir otra en público. 

En esta convulsión geopolítica a la que nos arrastra Trump, se sabe dónde está el PSOE. ¿Y el PP cuándo lo explicará a fondo? Si está en el mismo sitio, ¿no tiene nada que decirle a Abascal? 

Por falta de liderazgo o de cuadros, Alberto Núñez Feijóo carece de coordenadas para posicionarse y seguir con soltura la política exterior. Más allá del trazo grueso, los conflictos internacionales estallan, el líder del PP se obsesiona con atacar al Gobierno, y después llega la rectificación. Obsesionarse por tener clara la posición propia es una mezcla imbatible para el error. Con más o menos disimulo, se acaban notando la planicie de argumentos, la ausencia de profundidad en las reflexiones y los patinazos continuos en los conflictos clave. Feijóo tuvo que desdecirse al celebrar la democracia en Venezuela tras la deposición de Nicolás Maduro al tiempo que criticaba la supuesta tibieza de Exteriores. Cuando Trump cargó contra María Corina Machado —”no representa a nadie”—, ya era tarde y el ridículo se produjo en público. En la operación de Trump y Netanyahu en Irán ha pasado de acusar a Pedro Sánchez de aislar a España por el “No a la guerra” a posicionarse con un “todos estamos en contra de la guerra”. 

Es la misma falta de coordenadas de Feijóo para relacionarse con la Casa Real. Si tiramos de hemeroteca, todo empezó con la investidura, en septiembre de 2023. Quiso anticiparse y abrió el debate sobre el papel del rey. Puso en una tesitura difícil a la Casa Real, que finalmente emitió una nota para aclarar una interpretación de la Constitución innecesaria. Lo que debió hacer con sigilo se hizo en público. Después acusó a Sánchez de presionar a la Corona y de poner al rey en una situación complicada con la ley de amnistía o los pactos con Junts, e insinuó que firmaría a la fuerza. El defensor de la monarquía no ha dejado de comprometer la neutralidad de la Casa Real y el rey.

Decidió dar plantón al acto solemne de apertura del año judicial porque entendía que perjudicaba a Sánchez y se inventó (o eso vino a decir después) aquello de “el rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición”. La neutralidad, comprometida una vez más. La Casa Real tuvo que reaccionar recordando que no comenta conversaciones privadas. El adalid de la Constitución rompió una regla no escrita esencial del sistema constitucional: todo lo que se habla con el rey en consultas públicas es confidencial. Ni republicanos ni independentistas cruzaron antes esa línea con el rey.

Mismo patrón y mayor lío a razón del emérito. Feijóo llamó para comunicar un tuit vinculando el regreso de Juan Carlos I a la desclasificación de los papeles del 23-F. La Casa Real salió al paso para aclarar que el emérito puede volver cuando quiera mientras cumpla con el fisco, la verdadera razón de la fuga a Abu Dabi. 

A menudo, el líder del PP habla y la extrema derecha agita el lema falangista y ultra de "Felpudo VI", ese que la grada de Vox desenterró a gritos en Ferraz. Un historial que hace más incomprensible la última polémica por sus declaraciones sobre México y el perdón, al confrontar directamente con el gesto del rey. No hace falta que Feijóo opine lo mismo, pero redujo el gesto de Felipe VI a una conversación informal, minimizando la operación diplomática de la Casa Real y las funciones del jefe del Estado. Feijóo dio alas a los ultras, que enseguida llamaron al rey "vasallo del Gobierno".

Tras las palabras del rey reconociendo "muchos abusos" en la Conquista, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dejó abierta la posibilidad de acudir a la cumbre de Madrid. Un hito, porque México no envía a sus presidentes desde 2018. La crítica de Feijóo al perdón histórico boicotea la estrategia del Gobierno de convertir la Cumbre en el gran escenario de reconciliación con México. Pero además le aleja de todo sentido común y sensibilidad con la historia. Alemania pidió perdón por el Holocausto; Japón se arrepintió de sus abusos en la Segunda Guerra Mundial (crímenes de guerra y violación de mujeres, entre otros); Austria y Canadá pidieron perdón a los pueblos indígenas; Reino Unido hizo lo propio por los abusos coloniales. Incluso el papa pidió perdón "por las ofensas de la propia Iglesia" y "por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada Conquista de América".

Cuando Feijóo se coloca con soberbia por encima del perdón por los crímenes que ha dejado cada pueblo en su historia, si se cree superior a la empatía del papa, el síntoma es más grave que la mímesis con Vox o la capacidad de arrastre de Federico Jiménez Losantos sobre el líder del PP.

Como si León XIV negara la existencia de dios, así cayó la frase de Ursula von der Leyen en el corazón de Europa. La presidenta excedió sus competencias (no las tiene en Exteriores) pero, sobre todo, abrió un debate de calado que debía ser contestado. Lo hicieron su homólogo en el Consejo, António Costa; su número dos, Teresa Ribera; o el propio José Manuel Albares. Si Europa no puede ser “la guardiana del orden mundial”, entonces ¿qué es? Si no es salvaguarda, ¿para qué sirve? Si damos ese mundo por muerto, ¿no debería dar la presidenta alemana un paso atrás?

Bienvenida la rectificación de Von der Leyen –”compromiso inquebrantable” ha llegado a decir– y más todavía el hecho de colocar la discusión en su sitio. Hemos escuchado a conservadores de España y Europa afirmar que la ilegalidad de la guerra en Irán está avalada por su legitimidad. Un axioma imposible. Alguien puede merecer la muerte por sus crímenes, y matarlo nunca sería legítimo. La legitimidad sin legalidad no existe. O sí, es la barbarie. 

Si la presidenta de la Comisión cae en la capitulación del orden mundial basado en reglas tiene un camino más rápido, dar la razón a los ultras. Porque asumir esa desaparición es rendirse a la ultraderecha. A la antipolítica del ‘pueblo salva al pueblo’ en ausencia del Estado. El mantra de Vox, los Patriots, AfD y tantos otros propagandistas del sistema podrido. Agitan el descontento con el ‘no hay nada que hacer’ para recogerlo en votos –y subvenciones, esas que en campaña dicen rechazar–. 

Si frente a un Trump que apela a su moralidad como único límite de su poder hay una presidenta de la Comisión que renuncia al orden del derecho en Europa, el resultado a medio plazo es el hundimiento de la Unión. Es de suponer que Von der Leyen pretendía hacer cierto guiño a Estados Unidos e Israel, y su declaración se le fue de las manos en toda su literalidad. Primero, porque dar por muerto el orden y sus reglas es dar luz verde a quien lo ha demolido. Segundo, porque nadie “llora” la caída del régimen en Irán, como llegó a decir. Ahí otro guiño. Es una buena señal el revulsivo que ha despertado la frase desafortunada que encierra una tensión real en Europa. Pero que la defiendan los más descreídos, no puede arrastrar a la élite de las instituciones. Si ellos no son garantes, sobran ellos. Titulaba El Mundo en su portada “La división de Europa estalla con el No a la guerra de Sánchez”, como si fuera malo para España y Europa ese “no” como dique de contención a la decisión unilateral de Trump y Netanyahu. 

Más allá de que Francia, Italia e incluso Alemania se han movido hacia esas posturas de contención, Europa es quien más necesita esas reglas. Y además es mentira que ese orden haya muerto. Lo fuerzan las grandes potencias pero lo limitan sus contrapoderes. Entre ellos, el de las democracias europeas. Para los conservadores, Europa no puede caer en el buenismo de las Naciones Unidas. Como si la UE pudiera entenderse fuera de la ONU. Hay numerosos tratados europeos vinculados directa e indirectamente al cumplimiento de sus resoluciones. Desde el Tratado Fundacional al de Lisboa, en materia de Exteriores, cooperación y seguridad es donde más opera ese vínculo de las instituciones comunitarias con las resoluciones del Consejo de Seguridad. EEUU abrió una guerra ilegal en Irak y todavía lo está pagando por saltarse ese mismo engranaje. 

Doce días después de que comenzara el ataque contra Irán, está claro que los posicionamientos de los países europeos cuentan. No hay potencias pequeñas o medianas si el impacto trasciende, como el de España. El silencio o la complicidad sí empequeñecen. Porque, al contrario de lo que dijo Von der Leyen, saltarse ese orden internacional te hace más débil. Vivimos un momento político donde cualquier tibieza y debilidad será aprovechada por el más fuerte. Sin el “No a la guerra” de España, no sabemos qué revulsivo habría tenido el amago de capitulación de Von der Leyen.

España ha marcado oficialmente y ante el mundo su posición, sintetizada en dos mensajes: uno político y otro emocional. El ‘No a la guerra’ es el alambre umbilical de varias generaciones bajo la primera experiencia de guerra ilegal y sus consecuencias. Irak y el grito de protesta de aquellos años lo engloban todo. Marcó el fin del Gobierno de Aznar y un precedente que Estados Unidos ha pagado durante dos décadas. Todavía hoy se estudia la factura política y moral en las universidades americanas de élite. En cifras, un estudio de la Universidad de Brown elevó las muertes violentas en 315.000 en Irak; otro de la Universidad de Washington a 461.000. La democracia no se instauró tras la caída de Saddam Husein y la foto de las Azores de José María Aznar quedó en la ignominia de nuestra historia reciente. 

Aznar no sometió a votación en el Congreso la entrada de España en la guerra. La única votación fue a propuesta del PSOE para no enviar tropas sin una resolución expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, rechazada con la mayoría del PP (marzo de 2003). El PSOE de entonces no se ha movido con la postura de Pedro Sánchez de hoy. Si Estados Unidos quiere usar las bases de Rota y Morón en la guerra de Irán debe ser en base a las resoluciones y el tratado de cooperación. El mensaje político de la legalidad. Sin ello, la apuesta es la paz y la vía diplomática. El rechazo a Sadam Husein es equiparable al del régimen criminal del caído ayatolá Jamenei. Y es ofensivo tener que repetir la compatibilidad de condenar la represión atroz del régimen iraní contra los derechos humanos y pedir mantener el orden internacional en el polvorín abierto en Oriente Próximo.

Trump ha tomado una decisión unilateral junto a Israel sin contar con los socios europeos, a los que ahora amedrenta dando por hecho un apoyo sin condiciones. No pasó por el Congreso de EEUU, no informó en el Debate sobre el Estado de la Unión y el casus belli sobre la inminencia de la bomba nuclear y los misiles de largo alcance, no hay experto que lo sostenga. El Gobierno tiene pendiente una comparecencia parlamentaria del ministro José Manuel Albares y otra del presidente para detallar la postura de España y sus consecuencias. Pero es difícil imaginar quién votaría en contra de las exigencias de Pedro Sánchez. No hay partido de derechas que pueda permitirse un “no” a mantener las garantías de soberanía nacional en el uso de las bases. A no volar los consensos institucionales nacidos de la II Guerra Mundial. Sometidos como estamos en Europa al despliegue de la Estrategia de Seguridad Nacional americana, en enero tocó Venezuela y en febrero Irán. ¿Puede cualquier país europeo permitirse el seguidismo a ciegas en estas condiciones? ¿Se puede normalizar la ausencia de normas ante un Trump desatado y desleal con sus aliados históricos? 

El reto de Sánchez no es buscar la simpatía de Trump, sino arrastrar a los socios fundadores —Francia, Alemania, Italia…— a exigir a EEUU unos mínimos estándares para mantener el apoyo de la Unión. Si Trump quiere el respaldo de sus aliados europeos, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Alianza Atlántica tienen que, como mínimo, participar en las decisiones de un aliado que, desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, da signos de escasa fiabilidad. El canciller alemán Friedrich Mertz se olvidó de esa defensa del espacio común y, con ello, ha perdido la mejor oportunidad para asumir el liderazgo europeo. Tras su silencio en el Despacho Oval, el icónico espacio donde antes se humilló a Zelenksi, ha sido enmendado en cuestión de horas por el apoyo explícito de Emmanuel Macron, Antònio Costa, Úrsula von der Leyen. De ahí la rectificación y el supuesto off the record donde recordó a Trump la condición de bloque de la Unión Europea.

Para abrir una guerra hace falta un país y dos para cerrarla. Bajo esta máxima, no sabemos hacia dónde van EEUU e Israel en Oriente Próximo ni cuáles son los objetivos finales. Ni siquiera sabemos si será una guerra de días o meses. Como estamos en el terreno de la especulación, el impacto que pueda tener el conflicto dependerá de la duración de la guerra, del golpe a los precios de la energía y el petróleo. Y de cómo consiga Trump dividir la posición de la UE.

Trump puede arremeter contra España como medida de presión mediática y política. La amenaza tiene difícil anclaje con la realidad. No puede aplicar un embargo a España como a Cuba, Irán o Corea del Norte. Para ello debería romper tratados comerciales, asumir el arbitraje internacional, pasar por el Congreso y, por el camino, volar el paraguas diplomático que une a Estados Unidos con Europa. Con el tiempo, el aldabonazo del Supremo a los aranceles podría repetirse con un bloqueo similar. Aun así, el desgaste de confrontar con Trump es una posibilidad. Está por ver si desgasta a España o si, como parece, Europa se beneficia de tener un país miembro liderando la contención a decisiones que arrastran a los socios sin saber la factura a pagar. 

Si el PP de Feijóo no quiere apoyar a Sánchez, podría mirar a Giorgia Meloni. Desde las antípodas ideológicas del Gobierno está reivindicando al menos el respeto a Europa. Más allá de los cálculos electorales, toda posición debería contemplar la complejidad del momento geopolítico y no un puñado de votos en lo inmediato. Hay una tradición enraizada en España, “el lado bueno de la historia” al que se refería Susan Sarandon, en contra de la guerra y a favor de posiciones diplomáticas antes que bélicas. Pero incluso en el puro realismo político, ni España ni Europa tienen mucho que ganar en un conflicto que se dirige desde fuera y se paga dentro. 

Antes de lo esperado y con más generosidad de la que se acostumbra en política, Yolanda Díaz ha despejado el camino en el reciente pistoletazo electoral de las izquierdas. Su legado es amplio y hay que reconocerlo en un tiempo en el que los liderazgos se trituran sin miramientos. Su célebre “le voy a dar un dato” deja muchos en el currículum: como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda desde 2020 impulsó la mayor subida del salario mínimo, levantó el paraguas de los ERTE que, en lo más duro del covid, protegió el empleo de millones de trabajadores y empresas —ganando además esa batalla interna a Nadia Calviño— y sostuvo negociaciones ásperas con la patronal para ampliar permisos de conciliación, entre otras reformas. Cinco años de agenda coherente en un contexto de enorme dificultad para alcanzar consensos parlamentarios.

Como primera mujer candidata en unas generales que consiguió entrar en el Gobierno sumó 3 millones de votos. Desde entonces —y antes— nada fue fácil en lo orgánico. Candidata sin partido pero sí con movimiento, su punto débil ha sido la capacidad de mantener la unidad en ese bloque electoral. Podemos entró casi a la fuerza y el grupo parlamentario plurinacional se fue descomponiendo a la interna. Desde que entraron los 33, cada partido ha mirado más por sus intereses y en ocasiones en contra de ella. No ha sido fácil conciliar las aspiraciones de cada partido y las complejidades humanas en una red de relaciones donde no se reconocen autoridades. 

La salida de Yolanda Díaz acelera el "y ahora qué" de la izquierda. Todo el bloque compite con la abstención frente a una ultraderecha disparada y un PP fundido en Vox. Mientras el voto de derechas está hipermovilizado (60% en Extremadura), la unidad de los partidos de izquierdas tiene un reto mayor al de aglutinar marcas. Movilizar al votante, activar un espacio político adormecido, desorientado y desdibujado. Pelear por un 12% de voto —lo que obtuvieron en 2023— con una papeleta que articule la propuesta de Gabriel Rufián con la candidatura de IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns. Faltan todavía partidos por sumarse, pero sobre todo claridad en cómo articulan esa dirección y su propuesta. 

Las debilidades son mayores que en 2023. No pueden permitirse enfrentamientos en público que ahonden en el desgaste del votante. No sobran liderazgos que superen el conocimiento público de Yolanda Díaz. Tampoco partido alfa que domine el espacio. Podemos no tiene intención de sumarse y si tuviera que decidir hoy se quedaría fuera apostando por el 4-5% de voto que manejan en su demoscopia interna. Unos 6 diputados propios, si comparamos con el 2,3% de Más País en 2019 que supuso tres escaños. 

Pasarán muchas cosas por el camino y todo es posible en la nueva configuración. Para dibujar un espacio único electoral reconocible, un quién y un cómo con claridad, la izquierda tiene menos tiempo del que parece. La salida de Díaz acelera y despeja un camino —más de especulaciones que de otra cosa— que facilita el trabajo de quienes se quedan. Gabriel Rufián es quien mejor ha verbalizado la dimensión del reto. Una ultraderecha y un PP dispuestos a gobernarlo todo juntos y sin líneas rojas a los que necesitan enfrentar con unidad y contundencia. El documento marco de los populares se lo ha puesto fácil esta semana para armar un programa. Los diez puntos son una amenaza a los avances en derechos de la última década.  

La generosidad temporal de Díaz, dejarlo lejos de la cita de las generales, deja un debate al que nunca se quiere prestar suficiente atención. Las formas, la trituradora, el encanallamiento y desgaste permanente de los partidos. Una lógica que machaca el proyecto colectivo y arrasa parte de la vida personal de quien lo sufre. No se hablará de esto pero la dinámica de los actos fundacionales de la pasada semana transpiraba que algo se había aprendido.

Es tremendamente preocupante que hasta el último minuto no nos hayamos enterado de una denuncia de agresión sexual de tal gravedad nada menos que en la cúpula policial hasta que el testimonio de la víctima se ha hecho público. Es alarmante que el Director Adjunto Operativo (DAO), el máximo jefe operativo de más de 70.000 policías, pueda cometer presuntamente una agresión sexual y sea la víctima quien lo destape. La querella detalla una impunidad sin límite: una agresión sexual en el domicilio oficial y siete meses de acoso, persecución y presunto encubrimiento mientras la inspectora lo rechazaba, acababa dándose de baja y entregando el arma reglamentaria, hasta reunir el valor suficiente para recopilar pruebas y presentar una querella con un aparente acervo probatorio demoledor.

El letrado de la víctima asegura que el ministro se enteró la tarde en la que se hizo pública la denuncia. Si es así, la reacción política y moral es la que toca. Sobra decir que el DAO tenía que ser apartado de inmediato. Fernando Grande-Marlaska ha puesto su cargo a disposición de la víctima si considera que le ha fallado. Ha antepuesto su testimonio a cualquier presunción de inocencia del DAO. ¿Qué le falta por hacer a Interior? Tras apartar al comisario señalado —el asesor y colega del DAO, siempre hay un cómplice— la víctima habla de “otros altos cargos policiales”. El expediente interno tiene que abarcar a todo el círculo directo: quién pudo haber visto, oído o percibido algo. E investigar los chats policiales donde se han dedicado a destapar la identidad de la víctima y difundir la querella. Una investigación exhaustiva —al margen de la judicial— ejemplarizante ante cualquier encubrimiento y corporativismo —tan habitual en estos casos y entre altos mandos—.

Y toca revisar los protocolos. La inspectora no pudo acudir a ninguna instancia segura dentro de la Policía. Según la querella, fue a un Punto de Violencia municipal en junio de 2025. No sabemos si trasladó la identidad del agresor y, de ser así, qué se hizo para evitar una nueva agresión sexual hasta su baja el 28 de julio. Es evidente que las víctimas no los perciben como seguros. Y cuando lo hacen, como en el caso de la exconcejal de Móstoles, fallan repetidamente. A la exconcejal le falló el protocolo del ayuntamiento, el del PP de Madrid —donde denunció hasta en seis ocasiones—, y el Comité de Garantías de Génova 13, donde ni siquiera la llamaron para recopilar su testimonio. Una vez acudió a los medios, arroparon al alcalde.

El machismo es estructural en las organizaciones de poder pero los distintos baremos son preocupantes. Vox habla de denuncias falsas y mete a condenados por violencia machista en sus listas. El PP mira para otro lado y no cesa siquiera de militancia a sus altos cargos. En el PSOE falló el mecanismo interno con las denuncias contra Salazar pero en todos los casos ha habido cese inmediato. Expulsión del partido y del Gobierno. El testimonio de la víctima por delante. 

Los partidos no están para tirarse los casos a la cara. Pero sí hay que exigir una misma reacción ante hechos similares. ¿Puede decir lo mismo Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid? ¿Puede asegurar el Comité de Garantías del PP Nacional que, tras leer la denuncia de la exconcejal de Móstoles, no falló a la víctima? Alberto Núñez Feijóo pidió denuncia cuando esa vía es independiente de los protocolos internos. Una vez existe, el aplauso al alcalde continúa. Después del encubrimiento y la dejación, la actuación de Manuel Bautista denunciado sigue impune. Feijóo tiene que explicar por qué las denunciantes en el seno del Gobierno tienen más credibilidad que las propias. Por qué las mujeres del caso Paco Salazar son creíbles y las suyas no; por qué exige el cese de Marlaska y apoya a Manuel Bautista. 

El PP no tiene autoridad moral para pedir dimisiones mientras no haga lo propio con el alcalde de Móstoles. El mensaje a las mujeres no puede depender de la organización política a la que pertenezcan. Como firmantes del Pacto contra la Violencia de Género, PP y PSOE son responsables de los protocolos que se diseñaron para que la vía judicial no sea la única. Para que al margen de la justicia, tengan amparo en sus empresas y organizaciones. Si todas las víctimas son iguales, ¿por qué no todos los partidos reaccionan igual? No hacerlo convierte a las víctimas en munición política. Con Vox como socio de gobierno negando las políticas de género e igualdad, esta es la mínima línea roja que debería mantener el PP.

No hace falta irse a la genealogía de María Guardiola. Ahora el volantazo es más profundo y más rápido. Aun sin ser necesario, repasemos. Su primer viraje político la catapultó a la presidencia extremeña. El PP cargaba contra Pedro Sánchez por no ser la lista más votada y Guardiola se conjuraba para no meter en el gobierno a quienes “cuestionan la violencia de género, deshumanizan a inmigrantes y tiran a la papelera la bandera LGTBI”. Gobernó con menos votos que Guillermo Fernández Vara y estaban dentro en cuestión de días. Ahora solo pasan unas horas entre negarse a “travestirse de Vox” y decir que les separa “lo mínimo”. A ese primer Vox le concedió la consejería de Igualdad (se la cargó), derogó la Ley de Memoria Histórica (una de las pioneras) y las ayudas a la cooperación, entre otras. Hoy no sabemos hasta dónde puede llegar porque Guardiola oculta qué le piden. Solo así sabríamos qué les dará. 

En Extremadura pueden estar pasando varias cosas. Unas exigencias inasumibles de la ultraderecha que tienen paralizado al PP. Un PP temeroso de que Extremadura sea el Valencia de Carlos Mazón, aquel aldabonazo PP-Vox antes del 23J que hundió a Alberto Núñez Feijóo. También puede que Vox pretenda acabar con María Guardiola, forzar su caída (una humillación para el PP), debilitarla al máximo como candidata o futura presidenta pato-cojo. Todo con un machismo de fondo que no sufre Jorge Azcón. Qué se esperaba, es Vox. Es posible que Abascal haya decidido convertir Extremadura en la primera cabeza de caballo. Y puede que Guardiola termine por adelantar elecciones. De momento, la estrategia del PP pasa por aguantar y rogar por la coalición. De negarse en el Congreso Nacional de julio a estas simbiosis, a pedirlas. Del somos “realidades distintas” en palabras de Feijóo, al somos “hermanos”, según la portavoz Ester Muñoz.

María Guardiola tiene su presidencia en el buzón de spam. No por la ironía de Vox, ahí es donde supuestamente llegó el correo con la propuesta del PP. Ella misma se ha puesto en una posición de debilidad porque no sabe decir con claridad con qué carta quedarse. Luego está el debate interesado de la derecha intentando arrinconar al PSOE con la supuesta abstención. Guardiola no ha puesto las condiciones para pedirla. “La única verdad es que no negocio con este PSOE ni con el sanchismo”, dijo en X. “Pero sí te llamé y te pedí, por responsabilidad, que el PSOE debía abstenerse”, replicó al presidente de la gestora, José Luis Quintana. Sic. Guardiola ya está en apuntalar su relato ante la posible derrota de la repetición electoral. 

Todo lo que sucede con Vox hoy lo ha desencadenado el PP. Eligió el carrusel electoral de diciembre al próximo julio para debilitar al PSOE y ahora tiene una ultraderecha hiperdopada que escenifica su poder sobre Feijóo. Obsesionados con Sánchez, empiezan a reaccionar ante un Abascal que quiere la sustitución. El horizonte 2031 sin Feijóo. Aragón y Extremadura eran las dos citas anticipadas con la excusa de los presupuestos. Ahora Extremadura no tiene presupuestos ni presidenta. No hay fecha para esas cuentas que supuestamente no podían esperar. Tampoco hay estabilidad de gobierno a la vista. Se convocó a tres días de Nochebuena por la urgencia y ahora han perdido el control, los tiempos, las políticas, la agenda. "Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… “, decía el manido Churchill. Ahora María Guardiola tiene el deshonor y la guerra. Le quedan muy pocos días para remontar una jugada que le ha salido mal. Su cabeza puede acabar en Génova. Y Génova, ganando gobiernos, puede perder la fuerza de gobernar. 

Se están construyendo debates desde una deshumanización antes desconocida, instrumentalizando obligaciones sociales propias del Estado de bienestar en una suerte de persecución y desprotección contra los más débiles. Por puro marcaje al Gobierno, se habla de mayorías o debilidades parlamentarias cuando son asuntos que tendrían que resolverse por consenso. Y estamos viendo el avance de un tiempo político donde hay quienes eligen no ocuparse de nadie. El bloque de derechas supera el 50% en todas las encuestas y aterriza en la realidad en cada cita electoral de las comunidades autónomas. El PP se ha movido mucho en un año. La corriente ultra le ha llevado a abandonar la “generosidad” prometida por Alberto Núñez Feijóo con la regularización masiva a las posiciones más duras. Donde hay más de 500.000 nombres, rostros, familias e historias personales detrás de cada trámite de regularización, prefieren ver antecedentes policiales. Y se habla de ‘invasión’ y ‘seguridad’ cuando son personas que entraron hace años, la mayoría con visados de turistas, y viven aquí.  

En el caso del escudo social a los desahucios se dan dos circunstancias. Quien tiene que poner el fondo (Gobierno) sí aporta y quienes tienen que aportar esa compensación al propietario (comunidades autónomas) no lo hacen. Igual prefieren priorizar que se triplique el precio del alquiler a que haya personas que se queden sin vivienda. Cabe pensar que las comunidades autónomas han jugado a no pagar las compensaciones a propietarios para generar un cabreo justificado. Tienen los fondos y las competencias. La pregunta es con qué objetivo se inhiben de ellas. Un ejemplo es Madrid, donde de 700 reclamaciones de propietarios solo se han pagado 228. 

Podemos llamarlo bulos o interpretación torticera del texto legal. No son ‘inquiokupas’, aquellos que alquilan y dejan de pagar aprovechándose de las lentas resoluciones judiciales. El escudo está restringido a las familias que entraron pagando su fianza, su renta y bajo condiciones sobrevenidas, un traspiés de la vida, dejan de poder hacerlo. Para beneficiarse del escudo social necesitan un informe de servicios sociales con todas las garantías. Es mentira que sean ocupaciones, como dicen PP y Junts. Ni una “expropiación” al propietario, en busca de la expresión más exagerada por parte de Feijóo. 

Hace diez años al PP le costó votos las imágenes de los desahucios con las familias tiradas en plena calle. Fueron doscientas mil ejecuciones hipotecarias sin contar los alquileres. En lugar de escudo social se rescató a los bancos y se destinó una cantidad ridícula a viviendas sociales. Los reales decretos de escudo social de hoy, antes eran códigos de buenas prácticas a los bancos. La nada. Desde entonces, qué ha pasado para que defender los desahucios deje de ser un lastre para el PP, Junts y Vox. Más allá de si se troceó o no el ómnibus (un debate político que no afecta a los ciudadanos), la pregunta es cómo es posible que la derecha convencional no proponga qué hacer con 60.000 familias vulnerables. 

El Gobierno tiene un mes para conseguir los apoyos. Parece difícil porque a Junts solo le preocupa salvar sus muebles electorales. El blindaje no es tan completo como hace un año, pero a la crítica de Podemos del “asco absoluto” hay que recordar que este escudo al menos protege a los inquilinos vulnerables de los fondos buitre. Se puede decir que es poco (lo es), pero es lo posible. 

La urgencia de la vivienda es un debate en el que conviene que cedan todas las partes. El PNV lo ha hecho, el PSOE también. El PP prefiere inventar el contenido del Real decreto y cargar con toda la dureza contra una medida de la que se abstuvo hace un año. Es un escudo de mínimos. Y si los populares entienden que debe ser una política social solo tienen que dar orden a sus comunidades y ayuntamientos para que la cumplan.