El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.

El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.

El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.

Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.

El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.

Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.

De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.

Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.

En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.

El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.

En la Sala de Vistas de la Audiencia Nacional en la sede de San Fernando de Henares ha sobrevolado un informe policial que, sin embargo, no se ha exhibido. Se trata del que elaboró la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre tres conversaciones entre la que fuera número dos del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario Villarejo. La ex secretaria general del PP, inculpada inicialmente y luego exculpada en la causa, ha rechazado que acudiera a Villarejo para destruir los papeles de Bárcenas, en los que se contenía la contabilidad B del partido. Ha negado, incluso, que hablara en alguna ocasión con el comisario por teléfono, el medio por el que se produjeron las conversaciones más comprometedoras entre ambos, según el informe policial.

Antes de iniciar su declaración como testigo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha informado de que, dado que el caso se archivó provisionalmente para ella (y por tanto podría volver a reabrirse si aparecieran nuevos indicios en su contra) si se le planteara alguna pregunta que ella considerara incriminatoria, podría dejar de contestarla. Pero Cospedal ha asegurado que iba a responder a todo lo que se le planteara. En caso de que el instructor volviera a imputarla, sus respuestas de hoy en el juicio de Kitchen –sean falsas o veraces– no podrán ser usadas contra ella debido a que los imputados y acusados, a diferencia de los testigos, no están obligados a responder a todas las preguntas que se les planteen ni a decir verdad.

La entonces número dos del PP ha asegurado a preguntas del PSOE que conoció a Villarejo en 2009 y que fue su entonces marido, Ignacio López del Hierro, quien se lo presentó. El motivo de que lo recibiera, ha declarado, era que el comisario, que se presentó como "policía en excedencia", tenía interés en conocerla. Cospedal ha corregido declaraciones anteriores en las que afirmó haber hablado con él cuatro veces para elevarlas a "ocho o nueve ocasiones". La testigo ha justificado que lo recibiera inicialmente porque estaba "recién condecorado por el ministro del Interior y parecía muy bien considerado en su cuerpo".

La ex secretaria general, expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, ha afirmado que todos esos encuentros se produjeron en su despacho salvo uno, que ha situado en una cafetería de la calle de José Ortega y Gasset de Madrid, y que esos encuentros siempre se producían a iniciativa del comisario, que se ponía en contacto con su jefe de gabinete o su secretaria para confirmar las visitas a la sede del PP de Génova. Y ha negado haber hablado por teléfono con Villarejo "ni por fijo ni por móvil", una afirmación con una importancia central, porque contradice el informe policial de Asuntos Internos.

De las tres conversaciones de las que da constancia ese documento policial, dos de ellas, que se produjeron 20 de enero de 2013 y el 26 de abril de ese mismo año, se mantuvieron a través de un teléfono fijo. En la primera, que se produjo solo dos días después de que El Mundo publicara la existencia de los sobresueldos y a solo 10 días de que El País publicara los papeles en los que se recogían (31 de enero), la dirigente popular le pregunta por "la libretita" donde estarían recogidos esos pagos y le dice que "sería mejor logralo parar". Villarejo le responde que hará "todo lo posible".

En la llamada del 26 de abril, según el informe, Cospedal transmitió a Villarejo que no le había llamado antes porque "no tenía un fijo a mano", es decir, que evitaba conversar con él a través del móvil. En la charla telefónica, Cospedal transmitió al alto cargo policial que el exministro del Interior y ahora acusado Jorge Fernández Díaz, le había entregado a ella antes que al instructor del caso de la caja B del PP, Pablo Ruz, un informe de la UDEF. Durante las investigaciones penales, la policía judicial solo está sometida a las órdenes del juez. En su interrogatorio, Cospedal ha negado que hablara de estos temas con el exministro acusado con el que, ha dicho, solo charlaba "de la actividad del partido en Cataluña".

En estas conversaciones telefónicas que Cospedal ha negado ante el tribunal, Villarejo le habría informado adicionalmente sobre sus gestiones para obstaculizar el caso de los 'papeles de Bárcenas'. Como sus conversaciones y las de su compañero José Luis Olivera (también acusado en el juicio), con Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación. El objeto, según Asuntos Internos, habría sido eliminar el nombre del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de uno de los informes elaborados por Morocho, que ha confirmado públicamente las presiones a las que fue sometido.

Cospedal ha dado una versión alternativa de sus encuentros con el comisario. "Era una persona que tenía unas magníficas relaciones con la prensa", ha afirmado. "En aquel entonces se estaban produciendo una serie de filtraciones sobre [la exalcaldesa de Valencia] Rita Barberá y dice que puede ayudarme". Cospedal, sostiene, quería enterarse de la procedencia de esas filtraciones. "También teníamos la sospecha de que el PP, que entonces estaba en la oposición, estaba siendo espiado o seguido o observado por alguien que tenía que ver con Interior", ha añadido.

Pero la ex número dos del partido ha negado que Villarejo le informara sobre Gürtel. "No tenía por qué hacerlo y no creo que tuviera capacidad de hacerlo", ha declarado. También ha rechazado que el cargo policial hubiera elaborado algún informe sobre la evolución del caso Gürtel o que le solicitara a ella o al partido algún tipo de pago porque "no tenía por qué", ha dicho. Además, ha asegurado que no conocía a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que los cargos policiales implicados en Kitchen captaron para espiarle. Andrés Gómez Gordo, quien fuera el responsable de seguridad del Gobierno castellanomanchego durante la presidencia de Cospedal, fue quien pagó al espía con cargo a los fondos reservados, según su propia declaración en la instrucción.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha impedido que se mostrara en la Sala el informe policial de Asuntos Internos sobre Cospedal o que se escucharan sus conversaciones con el comisario, como solicitaba la letrada de la acusación popular del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción, pese a que no descarta en su escrito de acusación la implicación del PP en el caso y se opuso a que la ex secretaria general del partido quedara fuera del juicio, no ha planteado ninguna pregunta. Tampoco lo ha hecho la Abogacía del Estado.

La cúpula de Interior con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se sienta ya este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relativo al espionaje al extesorero Luis Bárcenas, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre los principales acusados, según informa EFE.

El juicio, que se prolongará hasta el 30 de junio, ha arrancado a las 10.18 horas en la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares, donde esta semana está previsto que se centre hasta el jueves en las cuestiones previas que planteen los acusados.

A su llegada al tribunal, los diez acusados en este juicio han declinado hacer declaraciones ante los medios, a excepción del excomisario José Manuel Villarejo, que ha atribuido este caso a una "jugarreta" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con algunos mandos de la Guardia Civil para "desprestigiar" a la Policía Nacional. 

Ataviado con una corbata de la Policía Nacional, Villarejo se ha reivindicado como comisario, aunque ya jubilado, y ha pedido explicaciones sobre la actuación del CNI de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una de las testigos citadas en este juicio, y ha tildado de "impresentable" al exdirector de dicha institución Félix Sanz Roldán, al tiempo que ha insistido en que los casos en su contra eran "humo".

Fernández Díaz y su número dos comparten banquillo con el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, y varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal cuando presidía Castilla-La Mancha, y el citado Villarejo, dado que este juicio es por una de las numerosas piezas del caso Tándem, la número 7.

El exministro de Interior y su secretario de Estado de Seguridad están acusados de dar la orden de espiar al extesorero del PP por medio de este operativo para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido y algunos de sus entonces dirigentes, hechos por los que la Fiscalía pide que sean condenados a 15 años de cárcel. 

Para el resto de los acusados, las peticiones de pena del fiscal oscilan entre 2 años y medio y 19 años de cárcel, la petición más elevada, que es la que afronta Villarejo.

Los diez acusados (eran once, pero uno -el comisario Enrique García Castaño, El Gordo- ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, un engranaje de espionaje parapolicial con el fin de sustraer a Bárcenas y a su familia documentos que pudieran comprometer al que fuera su partido en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del PP, para lo que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los testigos llamados a declarar figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada en este caso y después decayó su imputación, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas declarará el 20 de abril en el juicio junto a su mujer Rosalía Iglesias como perjudicados y ha pedido una condena de 41 años de cárcel para Fernández Díaz y para su número dos.

Se equivocó Feijóo cuando dio luz verde a la ocurrencia de fijar la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo para este jueves, 30 de octubre, pocas horas después del homenaje de Estado a las víctimas de la dana en el primer aniversario de la tragedia. 

Resulta obvio que en el PP pensaron que colocar todos los focos de la sospecha sobre el presidente del Gobierno haría olvidar ipso facto los que evidenciaban la negligencia política de un Carlos Mazón que costó vidas (no me atrevo a decir cuántas, pero entre 55 y 229). No valoraron Feijóo ni su núcleo gallego de confianza (y adulación) lo que supondría reunir en una fecha tan sensible a familiares de víctimas mortales que en un año no han recibido un solo gesto de empatía por parte de quien hace mucho tiempo que demostró una indecencia superlativa a la hora de afrontar responsabilidades políticas por una gestión negligente. Todo ha sido una retahíla de mentiras, contradicciones, infamias puestas en evidencia por los autos de la jueza de Catarroja, por los vídeos y audios ocultados y por los testimonios que hacen asomar una verdad indiscutible: Mazón no estaba donde debía estar ni su equipo fue capaz de cumplir lo que su presidente no cumplía. Y esta incompetencia dolosa costó muchas vidas.

El impacto emocional que la expresión indignada de las víctimas de la dana causaba en cualquier ser humano que viera y escuchara lo que ocurría en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València el jueves por la tarde no entraba en los cálculos de un PP que se ha permitido durante un año sostener a Mazón al frente de la Generalitat con la excusa de que tenía que “dirigir la reconstrucción”. Ha sido una ofensa tras otra a las víctimas, a la sociedad civil valenciana y a la inteligencia de cualquiera que aún no haya caído en el fanatismo de las burbujas sectarias que tan buenos réditos le ofrece a la extrema derecha (ver aquí).

Creyeron en Génova que lo que ocurriera a las seis de la tarde en València estaría olvidado a las nueve de la mañana siguiente en el Senado (y en toda España). Se equivocaron. En los cristales de esas enormes gafas de presbicia que portaba Pedro Sánchez seguía reflejada la imagen de un Mazón teatralmente conmocionado ante los insultos de familiares directos de víctimas de la dana. De hecho, fue tal el grado de tensión vivido en ese acto de recuerdo colectivo a las 237 víctimas (de ellas 229 en Valencia), que traspasaba pantallas y kilómetros de distancia. Y no, pese a la velocidad de estos tiempos en los que casi todo se fagocita en minutos para pasar al siguiente “espectáculo”, no se olvidan tan fácilmente los testimonios que encogen el corazón de cualquier humano que aún conserve el don de la empatía y la solidaridad. 

De modo que el objetivo que perseguía colocar bajo los focos de un Senado mayoritariamente de derechas al presidente del Gobierno fracasó de plano, hasta el punto de que sonaba a ópera bufa, a un mal sainete, a un show digno de mejor guion, a una frivolidad supina… esa pretensión de que la atención ciudadana sucumbiera hipnotizada al caótico aluvión de acusaciones e hipérboles contra Pedro Sánchez. La indignidad causa indignación, y esa carga emocional no se archiva en unas horas.

De modo que este jueves asistimos a un lamentable espectáculo en el que los portavoces del PP, de Vox y de UPN (como mínimo) no pudieron ocultar que les interesaban un pepino las respuestas de Sánchez. Sólo buscaban escucharse a sí mismos para que sus equipos de redes lanzaran un tuit, un corte para TikTok, un entrecomillado para provocar mensajes virales. Con esa premisa, no es extraño que se deslizara un caótico serial de hipérboles, de interrupciones constantes, de insultos (el senador de Vox batió cualquier récord de Trump en una noche hiperactiva en las redes). Si la cosa no fuera para llorar, sería muy risible. “¡Respóndame a la pregunta!”, era la exigencia reiterada de quienes no permitían responder al interrogado. El inefable “acusador” del PP, Alejo Miranda –alto cargo de Ayuso durante los momentos álgidos de la pandemia y gestor del invento marquetiniano del Zendal– llegó a preguntar a Sánchez: “¿Pero usted cree que Venezuela es una dictadura o no?”. A saber cuál sería la conexión de este asunto con el caso Koldo. Cualquiera diría que el mismísimo MAR colocó como preguntador a este individuo para seguir haciéndole pupa a un Feijóo que no ha sido capaz en un año ni de hacer caer a Mazón ni de lograr que Ayuso deje de disparar en el pie –o más arriba– a un liderazgo más que enclenque.

No calcularon en Génova –quizás tampoco en la Puerta del Sol– que en el otro cristal de las enormes gafas de Sánchez se reflejaría constantemente la Gürtel, es decir, la corrupción sentenciada del PP, completamente actual cuando alguien osa hablar de “sobres”, de “dinero negro” o de “financiación ilegal”. Cada vez que repetían esa letanía los portavoces de las derechas estaban poniéndole una alfombra roja a Sánchez para acusarles de clamorosa hipocresía, puesto que –como todo el mundo sabe– es el Partido Popular el que ha sido condenado por beneficiarse “a título lucrativo” de toda una trama de corrupción y de financiación ilícita que le permitió –a menudo se olvida la importancia de esto– competir en desigualdad clamorosa en distintas citas electorales durante dos décadas. Uno se pregunta cómo se atreven aún desde la derecha a ejercer como látigos inquisitoriales anticorrupción. ¿No les sería más fructífero mirar al futuro en lugar de dar lecciones sobre un pasado propio que huele a podrido? Durante ¡cinco horas! escuchamos la reiterada acusación de que Sánchez estaba mintiendo. ¿A qué esperan para trasladar a fiscalía esa acusación? Porque mentir ante una comisión parlamentaria puede ser delito (ver aquí). Si no dan ese paso, después de una mañana entera de devaneos e hipérboles, es que se trata de una engañifa más que hace ruido pero sin la menor sustancia.

De modo que acaba una semana que desde las derechas pronosticaban fructífera para sus intereses y más bien intuímos que les ha salido rana. Las mentiras tienen las patas cortas y las difamaciones se vuelven en contra de los inquisidores aficionados. Andan ahora las tropecientas cabeceras conservadoras dedicando editoriales a pedir la dimisión de Mazón como si no hubiera un mañana, pero sobre todo como si no hubiera un ayer, en el que todas y todos asistimos a una estrategia político-mediática que arropaba a un Feijóo que defendía la gestión de Mazón e intentaba desviar la responsabilidad de su incompetencia al Gobierno central o a la entonces aspirante a número dos de la Comisión Europea, Teresa Ribera. ¿Qué importan los intereses de España cuando se trata de ocultar la indignidad de la negligente gestión de los tuyos? Feijóo tiene tan llena su mochila de responsabilidad política sobre la dana que es de entender su incapacidad de señalarle a Mazón la puerta de salida.

Lo más triste y preocupante, en términos de salud democrática, es que ha pasado un año de la dana y no hay elementos para confiar en que el siguiente episodio agresivo de la emergencia climática no tuviera otra vez consecuencias catastróficas, a pesar de que la más obvia demostración de la negligencia de Mazón es el hecho de que los protocolos de prevención de riesgos han funcionado al menos dos veces después de aquel mortífero 29 de octubre. Como sostiene el profesor Innerarity –aunque lo diré con mis propias palabras–, la democracia debe implementar resortes institucionales suficientes para que cualquier inútil o imbécil que llegue al poder haga el mínimo daño posible. Yo al menos no tengo la seguridad –al contrario– de que estemos hoy más protegidos que hace un año de un inepto mentiroso como Mazón y de un equipo de confianza absolutamente adulador e incompetente. 

Por último, ni siquiera a un borracho que ha armado una bronca en un bar se le ocurre clamar contra los destrozos que el alcoholismo provoca en un bar. No des lecciones de lo que no puedas presumir, o no presumas de lo que no puedes dar la más mínima lección. Debería aplicarse esta obviedad Feijóo: con la mochila de la Gürtel, de la Kitchen, de la “Policía patriótica”, de los sobresueldos cobrados y no declarados, de la sede en la que ubica su despacho pagada con dinero negro… pierde enormes oportunidades de callarse. Hay gafas enormes que reflejan realidades incómodas. 

Veinte de los 25 acusados en la pieza principal del caso Gürtel han comunicado a la Audiencia Nacional que reconocen los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero obtenido por la trama de corrupción relacionada con el PP, entre ellos los dos cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, según informa EFE.

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el último juicio del caso Gürtel, una macrocausa que fue dividida en un total de trece, en el que se enjuician delitos fiscales y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.

Los veinte acusados que reconocen los hechos buscan rebajar la pena que se les pueda imponer y en concreto Correa y Crespo se enfrentan a una petición provisional de la fiscal de 77 años de prisión, las más elevadas.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este miércoles sobre la anulación de sus acuerdos de febrero de 2012 que supusieron la expulsión de la carrera de Baltasar Garzón tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Sus 20 miembros –diez conservadores y diez progresistas– junto a su presidenta, Isabel Perelló, han rechazado la reclamación del juez pese al acuerdo del Comité de Derechos Humanos de la ONU que obligó a España en 2021 a otorgarle una "reparación integral" por considerar que, durante el proceso contra él, se vulneraron derechos fundamentales y garantías procesales básicas.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces considera que mientras la sentencia del Tribunal Supremo "no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula" es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española, según ha informado. El CGPJ mantiene abierto un expediente de rehabilitación de Garzón tras el cumplimiento de su inhabilitación que, sin embargo, no lo restituirá en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el destino que tenía cuando se decretó su expulsión.

La resolución adoptada por el Pleno del Consejo ha tenido como ponente al vocal conservador Alejandro Abascal, el mismo que redactó el acuerdo de la Comisión Permanente del pasado julio con el que ese organismo rechazó la revisión de oficio de esos acuerdos. Contra esa decisión, Garzón presentó un recurso administrativo ante el Pleno recordando que el comité de la ONU, en su dictamen del 13 de julio de 2021, consideró que se había violado su derecho "a un tribunal independiente e imparcial", su derecho fundamental "a una doble instancia o apelación en caso de condena penal y el de obtener "una resolución no arbitraria y previsible".

Como consecuencia, el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas reclamaba una "reparación integral". La Comisión Permanente, en su resolución del pasado julio, ordenó iniciar un procedimiento para su vuelta a la carrera, pero al haber estado suspendido por más de seis meses, su rehabilitación le obligaría a concursar por la primera plaza disponible, perdiendo su anterior destino en la Audiencia Nacional.

El motivo que los vocales esgrimen para no otorgar a Garzón esa reparación en los términos en los que la reclama es que, en opinión de la mayoría de ellos, no existe un procedimiento para hacerlo. Su separación de la carrera se produjo días después de que la Sala de lo Penal del Supremo lo condenara por prevaricación, por haber grabado las declaraciones de varios letrados del caso Gürtel con sus clientes en prisión, grabaciones que el juez que siguió instruyendo la causa tras la expulsión, Pablo Ruz, prorrogó sin ninguna consecuencia penal.

Fuentes del Consejo explican que esa salida forzosa de la judicatura fue "un acto reglado" del Consejo –es decir, sin discusión posible, impuesto– cuyo único motivo fue la sentencia del Alto Tribunal, que establecía una pena de 11 años de inhabilitación para el magistrado, sanción penal que fue impuesta el 9 de febrero de 2012, por lo que ya se ha cumplido íntegramente.

Los vocales consideran que la revisión de los acuerdos del CGPJ que supusieron su expulsión de la carrera días después solo podría conseguirse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisara previamente su sentencia de acuerdo con lo que estableció el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2021.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese mismo tribunal declaró el pasado mayo que los dictámenes de ese organismo son obligatorios para los tribunales españoles. Garzón no ha presentado hasta el momento el recurso extraordinario de revisión que podría permitir que se anulara su condena, a día de hoy plenamente vigente. La mayoría del Consejo cree que declarar nula su expulsión supondría desobedecerla.

El Consejo, sin embargo, sigue adelante con su proceso de rehabilitación. El órgano de gobierno de los jueces debe darse prisa para llegar a tiempo, ya que Garzón alcanzará los 70 años (la edad de jubilación de los jueces) el próximo 26 de octubre. Esa rehabilitación, sin embargo, no supondrá, casi con total seguridad, su regreso a la Audiencia Nacional, algo que, según los recursos presentados por el juez, sí cumpliría los requisitos de esa "reparación integral" que exige Naciones Unidas.

El reglamento de la Carrera Judicial establece que las separaciones superiores a seis meses suponen la pérdida de destino, por lo que, en teoría, Garzón estaría obligado a concursar para cualquier plaza correspondiente a su categoría. Un juez con más de 30 años de antigüedad, tendría que empezar prácticamente de cero.

Hay que elevar el tono, dice la oposición, que ha debido creerse el mito de esos cantantes de ópera capaces de hacer estallar las copas de champán dando una nota muy aguda –se dice que Caruso rompió con su voz los vidrios del teatro de La Scala– y así lo mismo les gusta la fruta que su portavoz se sube a la parra y suelta que hay que "cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió existir.” Vaya, sabíamos que a Queipo de Llano lo exhumaron de la basílica de La Macarena, pero no que lo habían enterrado en Miguel Tellado.

La clave de tanta crispación está en eso, en el champán: en la calle de Génova lo tenían ya abierto en las últimas elecciones y se le fue el gas mientras se daban cuenta de que a Pedro Sánchez no lo echaban de La Moncloa ni con agua caliente, así que lo acusaron de ilegítimo y de brindar con cava catalán marca Puigdemont. Desde entonces, Núñez Feijóo, que ya había repartido ministerios y promesas a derecha y ultraderecha, sólo sale al balcón para echarles migas a las palomas, sin darse cuenta de que el pan también atrae a los cuervos.

La pregunta de estos días, con el inicio del llamado año judicial, es si entre los soldados del acoso y derribo contra el Gobierno, además de policía bueno –el PP– y malo –Vox–, algunos de los asaltantes van vestidos con toga de magistrados. El presidente lo denunció en una entrevista y se armó el Belén, los conservadores –un adjetivo que ya les queda corto de mangas– ponen el grito en el cielo y niegan la mayor, aseguran que la justicia es independiente y pura como la mirada de un cervatillo. Veremos si con el alud de causas penales que empiezan contra ellos en un abrir y cerrar de ojos, todas ellas por sus casos de corrupción, siguen pensando lo mismo y se lo toman con deportividad al recibir las condenas. Si es que llegan, dado el empeño de la formación en teledirigir la sala del Supremo que juzga esas tramas. “La controlaremos desde detrás”, aseguraba su portavoz en el Senado.

Se ve que ya nadie recuerda, y menos que nadie ellos mismos, cuando criticaban por tierra, mar y aire a los jueces De Prada y De la Mata, dudaban de su “idoneidad” para instruir sobre la Gürtel y los papeles de Bárcenas y pedían al CGPJ que “los vigilase”, mientras Rajoy consideraba que aquello no era “una trama del PP sino contra el Partido Popular” y una “maniobra orquestada” por jueces afines al PSOE. O si quieren retrocedemos hasta Aznar y sus sermones admonitorios sobre este asunto: “Los jueces no deben dar lugar a pábulos o escándalos, y mucho menos a conflictos entre ellos. Las pasarelas al estrellato no pasan por los tribunales.” Hay mil ejemplos, las hemerotecas no perdonan.

¿Pero existe o no una conjura de jueces contra el Gobierno y, más en general, contra la izquierda? ¿Existe la imparcialidad necesaria en ese terreno o la balanza está trucada? Podríamos recordar, por ejemplo, a aquel presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, que era afiliado del PP, fue nombrado en 2010 y siguió pagando sus cuotas hasta 2011. Podríamos también hablar del juez Peinado y su pesca de arrastre contra Begoña Gómez, recordar que archivó causas contra el PP –entre otras una por malversación que acusaba a un alto cargo del alcalde de Madrid– cuando su hija es concejal de ese partido, lo cual no demuestra nada pero resulta equívoco. Podemos hablar del juez Ruiz de Lara, que llamó al presidente Sánchez “psicópata” y “golpista” y a su esposa “Barbiegoña” o de su colega Eloy Velasco, que describía a la entonces ministra Irene Montero como “una cajera del Mercadona.”

Podríamos hablar también de Beatriz Biedma, la jueza que instruye el caso contra David Sánchez, el hermano del presidente, que acaba de manifestarse en Badajoz, junto a algunos cargos de Vox… contra el Gobierno de Pedro Sánchez. O podemos recordar cómo el juez Hurtado no vio ninguna forma de relacionar a Mariano Rajoy con el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, y encontró el apoyo del juez García Castellón, que estuvo de acuerdo con él y en otros casos actuó de forma beneficiosa para Cospedal sobre la Kitchen, a Esperanza Aguirre sobre la Púnica y a Ignacio González, al que sacó de la cárcel.

Pero no hace falta, para qué vamos a decir nada, si ya lo dijo todo su alto cargo Enrique López, que pasó del Constitucional y la Audiencia Nacional a consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Ayuso en la Comunidad de Madrid y en una entrevista afirmó lo que ahora niegan los suyos, para disimular. “El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial.” Qué pena, se dirán algunos de sus compañeros en ese barco, que las declaraciones no puedan destruirse a martillazos, como los ordenadores.

La jefa del CGPJ, Isabel Perelló, pidió en su discurso inaugural “que cesen las críticas a los jueces”, por el daño que estas hacen a la democracia al cuestionar el sistema de separación de poderes. Muy bien, aceptemos hasta que Sánchez se equivocara aunque tenga razón, por el peso institucional de su cargo y demás; pero también sería bueno repetir la frase con un “de” en el lugar del “a” y que el respeto vuelva a ser una carretera de dos sentidos: que también se lo tengan los jueces a la Justicia y recuerden su deber de ecuanimidad.

El caso Koldo, o Ábalos, o Cerdán, como quiera llamarse, ha impactado de lleno en el PSOE afectando al corazón de la organización y a uno de los ministerios del Gobierno de coalición con Sumar que mayor presupuesto maneja, el de Transportes. A la espera de la evolución de la instrucción que dirige el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, es todavía prematuro tratar de avanzar el daño que en términos electorales causará al partido de Pedro Sánchez. El caso Montoro, relacionado con los supuestos pagos al despacho de asesores que fundó el exministro de Hacienda del PP a cambio de legislar a medida de algunos empresarios, ha levantado el foco de La Moncloa y de Ferraz generando una situación que, según la percepción más extendida entre los analistas, solo beneficia a la formación ultra Vox, el único partido con el que los populares podrían volver al Gobierno en caso de que, en el momento en que se celebren elecciones, se produjera un vuelco. Pero el caso del exministro de Hacienda es solo uno más en el escenario de corrupción generalizada que rodeó al PP durante el mandato de Mariano Rajoy y que terminó llevándose por delante a su Ejecutivo. Muchos de estos casos siguen vivos a día de hoy en los tribunales. Este es el momento procesal en que se encuentran a día de hoy.

Han pasado más de 16 años desde febrero de 2009, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio luz verde a la Operación Gürtel para desarticular un entramado ligado al PP desde los gobiernos de José María Aznar. La sentencia del juicio a la llamada "Época I" de este dragón de mil cabezas que representa al mayor caso de corrupción que afecta al PP dio lugar a la condena del PP como responsable a título lucrativo y a la constatación de que el propio Rajoy, que tuvo que declarar en el proceso como testigo, faltó a la verdad durante su testimonio. La trascendencia del tal fallo es conocida de todos: una moción de censura que, por primera vez en democracia, supuso en 2018 la destitución del entonces presidente del Gobierno tras el abandono de sus principales socios y su sustitución por Sánchez.

El pasado mayo concluyó el proceso en la Audiencia Nacional de la pieza relativa al pago de comisiones ilegales en pelotazos urbanísticos –el mayor de todos ellos, de 25 millones de euros, lo desembolsó el expresidente del Real Madrid y de la constructora Martinsa– en el municipio madrileño de Arganda del Rey, en el que 18 de los 19 acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para obtener importantes reducciones en sus condenas. Pero todavía permanece viva la pieza principal del caso, cuya instrucción no se cerró hasta marzo de 2020. El juicio, salvo aplazamientos imprevistos, está previsto para noviembre. Entre los acusados se encuentran los principales dirigentes de la trama: su líder, Francisco Correa, el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, y varios empresarios y testaferros que participaron en el entramado durante las diferentes épocas de su recorrido. Se les acusa de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Está directamente relacionado con la trama Gürtel. Los mandos políticos y operativos del Ministerio del Interior y la Policía que organizaron el operativo de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para sustraerle el material probatorio que tenía contra el partido y evitar que colaborase con la Justicia se sentarán en el banquillo a finales del curso que está a punto de comenzar. El juicio se iniciará el próximo 3 de mayo y entre los principales acusados están el exministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Junto a ellos, tendrán que responder ante la sección cuarta de la Audiencia Nacional el ex Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, y el comisario y máximo exponente de las cloacas de Estado, José Manuel Villarejo, al igual que los también mandos policiales Bonifacio Díaz, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Andrés Gómez Gordo. A todos se sumará Sergio Ríos, el chófer del extesorero, que lo espió para la trama policial a cambio de convertirse en un agente del cuerpo.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado, el PSOE y Podemos (acusación popular) y la familia de Bárcenas (perjudicados) recogen entre su repertorio de delitos los de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, delitos contra la intimidad y obstrucción a la justicia. PSOE, Podemos y la familia del extesorero reclaman además que se les condene también por organización criminal o asociación ilícita. Los magistrados Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Francisca María Ramis confirmaron a las partes en septiembre de 2024 las pruebas a practicar en el proceso. Entre ellas se han aceptado los testimonios del expresidente Mariano Rajoy, de la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, de la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exvicesecretario del partido y exministro de Trabajo Javier Arenas y del exministro del Interior que sustituyó en esa cartera a Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido.

El uso ilícito de la policía al servicio del partido también se dio en el caso de la guerra sucia contra Podemos. El caso de la Policía Patriótica se encuentra todavía en fase de instrucción en el Juzgado Central 5, que dirige Santiago Pedraz. Se investigan múltiples maniobras ordenadas desde el Ejecutivo a la cúpula policial contra la formación que entonces dirigía Pablo Iglesias. Entre ellas, la confección del informe policial apócrifo PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) para desacreditar al exvicepresidente filtrándolo a la prensa y en el que se aseguraba sin pruebas que Irán había financiado su formación. También están bajo la lupa las negociaciones con ex altos cargos del Gobierno de Venezuela para que declararan contra el partido a cambio de ofrecerles refugio y protección en España.

El último episodio fue la declaración como imputado del inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, también acusado en el caso Kitchen. Al policía retirado se le achaca haberse reunido con los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa en Washington (EE UU) en 2015. Durante el encuentro les enseñó biografías de los principales líderes de Podemos haciéndolas pasar por "fichas policiales", según dijeron los exmandatarios de ese país. Díaz Sevillano se negó a responder al instructor, la Fiscalía y al resto de acusaciones y negó su relación con el caso a preguntas de su abogado. Además de Díaz Sevillano, constan como investigados el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exDAO Eugenio Pino y otros cuatro excomisarios: Fuentes Gago, Gómez Gordo, García Castaño y Germán Rodríguez Castiñeira. El último de ellos, exresponsable de la brigada provincial de Información, confirmó ante el juez la existencia de la orden de investigar a los diputados de la formación morada, aunque aseguró que se negó a hacerlo.

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Mañana, segunda parte.

"Jamás, jamás ha habido nadie de mi gobierno ni nadie de mi equipo imputado por corrupción, y son 30 años, jamás". Esta frase la pronunció el domingo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Málaga apelando a su dilatada trayectoria como gestor público, tanto al frente de la Xunta como en sus anteriores responsabilidades en Correos, el Insalud o como conselleiro de Manuel Fraga. Sin embargo, durante su etapa al frente del Gobierno gallego, Feijóo relativizó condenas, obvió imputaciones y evitó perseguir casos de corrupción calificados así en sentencias judiciales.

La condena más significativa por corrupción durante los años de Feijóo al frente de la Xunta fue la del caso Campeón, centrado en la figura del empresario lucense Jorge Dorribo. En 2017, fueron condenados por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas el entonces diputado autonómico del PP Pablo Cobián, el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, y el subdirector de Información Especializada de ese mismo ente dependiente de la Conselleria de Economía, Carlos Silva.

En el caso Campeón, el propio Feijóo avaló que la Xunta no acusase a los tres cargos políticos a pesar de que sí que pidió penas contra otros nueve empresarios implicados. Lo hizo en contra del criterio de la Fiscalía, que había solicitado actuar contra todos ellos igual.

Según su visión del caso, Feijóo defendió que sus altos cargos podrían ser responsables de "una mala gestión", pero no consideró la "responsabilidad penal". Su visión fue un error y resultaron condenados. Pero el entonces líder del PP gallego no cesó su defensa de los delincuentes. Tiempo después, el propio presidente incluso llegó a hacer un reconocimiento público y expreso al director del Igape condenado, durante un acto institucional por el aniversario del organismo.

En la misma línea de inacción institucional, la Xunta tampoco presentó acusación en el caso Retablo, en el que fueron condenados por soborno en 2017 dos técnicos de la Consellería de Cultura y de la entidad que gestionaba el Xacobeo. Se trató de una trama vinculada a la rehabilitación de arte sacro financiada con fondos públicos, por la que se movieron cientos de miles de euros. El caso se saldó con la aceptación por parte de la Xunta de un acuerdo por el que dos técnicos autonómicos condenados vieron rebajadas sus penas a multas de solo 2.000 y 720 euros, respectivamente. “Delinquir no sale barato”, valoró Feijóo entonces.

Feijóo también negó este domingo que alguno de los miembros de sus gobiernos haya estado imputado. Sin embargo, sí que lo estuvo al comienzo del mismo el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández. Aunque el caso terminó en nada, siendo conselleiro fue imputado por falsedad documental por unos hechos ocurridos años antes, cuando trabajaba en la Diputación de Pontevedra y certificó como acabada una obra que no lo estaba, hecho que permitió a la Administración pagar a la empresa.

A esta lista se suman otros muchos altos cargos, como la entonces directora de Infraestructuras y posterior conselleira Ethel Vázquez, también imputada en la causa del caso Campeón.

Pero Feijóo también tiene en su pasado como presidente de la Xunta diversas declaraciones en las que relativizó casos de corrupción. Lo hizo con sus altos cargos, negó que el PP estuviese condenado por corrupción en el caso Gürtel y presentó al expresidente andaluz José Antonio Griñán como "víctima" cuando fue condenado por el caso de los ERE.

“Siento lo de Griñán porque no me parece una persona corrupta”, dijo en 2019. Según el líder conservador, el expresidente andaluz, condenado por corrupción, fue "víctima del aparato del PSOE" y "víctima de una sistemática del PSOE para mantenerse en Andalucía".

Además de estas declaraciones y de sus renuncias a perseguir delitos desde la Xunta, el Gobierno gallego también rechazó durante los años de presidencia de Feijóo que en Galicia se pudiese crear una Fiscalía Anticorrupción.

 La Audiencia Nacional ha condenado a los 19 acusados que se sentaron en el banquillo por el despliegue de la red Gürtel, con el consiguiente pago de comisiones, en el municipio madrileño de Arganda del Rey, entre ellos el exalcalde del PP Ginés López y el expresidente de Martinsa y del Real Madrid Fernando Martín, informa EFE.

Dieciocho de esos diecinueve acusados aceptaron en el juicio las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que rebajó sustancialmente sus peticiones iniciales ante las confesiones de todos ellos.

El único que no lo hizo y que negó haber participado en la trama fue un abogado, Luis B.T., exasesor jurídico de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, que, sin embargo, también ha sido condenado a un año y once meses de prisión y a nueve años de inhabilitación.

La Sección segunda de lo Penal -encargada de juzgar todas las ramas del caso Gürtel- ha impuesto asimismo 5 años y 7 meses de prisión para Ginés López y 3 años y 4 meses para Fernando Martín, penas que ya aceptaron.

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha sumado 8 años y 10 meses de prisión a la larga condena que lleva años cumpliendo por las diferentes piezas de la macrocausa, los mismos que su persona de confianza y exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Ambos están ya en tercer grado.

Otro de los condenados (a 6 años) ha sido el exconcejal de Arganda del Rey y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco.

La sentencia, conocida este miércoles, considera probado que Francisco Correa recibió 25 millones de euros de Fernando Martín y otros dos empresarios con intereses comunes en Martinsa -uno ya fallecido- por su intermediación para que el Ayuntamiento de Arganda del Rey adjudicara en 2004 a dicha empresa unas parcelas para construir unas viviendas.

Ambos acusados reconocieron esta comisión, una de las más elevadas de las conocidas en los procedimientos de la trama Gürtel.

Por su parte, Ginés López confesó que entre 2002 y 2008 recibió dádivas en efectivo y en especie por 545.328 euros por sus gestiones para adjudicar contratos de eventos y obras a empresas de Correa y a otras para las que este intermediaba, y Benjamín Martín Vasco reconoció que cobró de la trama 363.295 euros, habiendo devuelto ambos diversas cantidades para responder a su responsabilidades civiles.

Entre los condenados por esta rama del caso Gürtel también se encuentra María Josefa Aguado Olmo, exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid y que fue jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento, así como cargos municipales y empleados de Correa en su entramado empresarial.

Los magistrados consideran que se cometieron delitos como prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad en documento mercantil insolvencia punible, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública.

No obstante, han tenido en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y, para los 18 que aceptaron la tesis acusatoria, también la de confesión.

Este juicio, seguido por hechos cometidos hace más de veinte años, es el penúltimo del caso Gürtel y al mismo los cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo han comparecido ya en situación de tercer grado penitenciario -régimen abierto- tras haber cumplido más de una década en prisión por otras piezas del entramado.

El expresidente de Martinsa y del Real Madrid, Fernando Martín, ha declarado en el juicio del caso Gürtel que pagó 25 millones de euros al cabecilla de la trama de corrupción vinculada al PP, Francisco Correa, para que le adjudicaran unas parcelas en Arganda del Rey (Madrid) porque le dijo que "si no se pagaba no se tenían", según informa EFE.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio a 19 acusados en la causa referente a la actividad corrupta de la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, 18 de los cuales, entre ellos Fernando Martín y Correa, han confesado los hechos para rebajar las penas que se les impongan.

Durante su declaración este martes, Martín ha reconocido el abono de una comisión de 25 millones de euros a Correa para distribuir también a otros cargos públicos vinculados a la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey y su ayuntamiento por la adjudicación a Martinsa de unas parcelas y el incremento de viviendas que pudieran edificarse en las mismas.

Ha precisado que hubo un primer pago de 12 millones de euros en el año 2004, cuatro días antes de la firma de la escritura de compraventa de las parcelas a Martinsa, a una cuenta en el extranjero que le dio Correa.

Luego ha añadido que el segundo pago, de 13 millones de euros, se efectuó el 29 de junio de 2006, seis días antes de la aprobación del plan parcial de reforma interior de las parcelas que permitió incrementar el número de viviendas a edificar en más de un 70%, que envió a otra cuenta de Correa. En relación con este segundo pago Martín ha precisado que él puso 7 millones de euros, el también acusado Amando Mayo 2 millones y el resto otro empresario ya fallecido.

Martín ha recordado que "este proyecto nació cuando estaba en proceso de desarrollo con el anterior gobierno municipal y lo conocíamos suficientemente porque estuvimos un año y medio discutiendo". "Vinieron las elecciones, cambió el gobierno municipal y el nuevo dijo que iba a sacar adelante el proyecto, trabajamos para sacarlo y cuando estábamos en proceso de negociación hubo una petición expresa, que si no se pagaba no se tenía, que vino de Francisco Correa", ha manifestado.

Martín ha indicado que pagó la comisión desde sus cuentas personales en Mónaco sin que se viera afectada la compañía Martinsa. También ha confesado que entonces no declaró los fondos ni los dividendos a la Hacienda pública generando una cuota defraudada en el IRPF y en el impuesto sobre patrimonio de 2005 de 122.452 euros y 178.138 euros, pero ha añadido que ya abonó esas cantidades y los intereses por un importe total de 554.099 euros.

Por su parte Amando Mayo también ha reconocido los hechos y ha recordado que fue Fernando Martín quien le invitó a participar en el proyecto y quién gestionó estos pagos. Ha dicho que también tenía cuentas en Mónaco y que entonces no declaró los fondos y dividendos pero que finalmente ha abonado 2.781.730 euros en concepto de toda la responsabilidad civil, incluyendo las cuotas y los intereses de los delitos fiscales que le atribuye el Ministerio Fiscal.

En sus conclusiones provisionales la fiscal pedía 29 años de prisión para Correa y su hombre de confianza en su entramado empresarial y exdirigente del PP Pablo Crespo, 17 años para el exalcalde popular de Arganda del Rey Ginés López, 20 para el exconcejal y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, 19 para Fernando Martín y 22 para Amando Mayo, entre otras penas para el resto de acusados. Tras la confesión de casi todos ellos verán reducidas la petición de penas por la fiscal al final del juicio.

Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid se salta todas las leyes de la democracia pidiéndoles a los bancos y las grandes empresas que boicoteen al Gobierno y lo hagan caer, los juicios de la Gürtel vuelven a poner en el escaparate la corrupción programática de su partido y el saqueo que llevó a cabo, robando en cada caja fuerte que se puso en sus manos y cobrándole mordidas de hasta dos millones y medio de euros a esos mismos empresarios a los que ahora Ayuso llama a las barricadas. Si quieren ahorrarse pagar sobornos, para llenarles los bolsillos y financiarlos irregularmente, no le harán mucho caso, y si desean seguir teniendo los beneficios históricos que tienen con el Ejecutivo actual, tampoco. Que en esta película de terror gótico haga de gurú o director espiritual Aznar, el presidente con más ministros encarcelados, juzgados o investigados de toda nuestra historia, da la medida del cinismo al que nos enfrentamos.

La Gürtel empezó con aquella comparecencia de M. Rajoy en la que dijo que esa mafia no era una trama del PP, sino contra el PP. A su espalda, asentían y brindaban apoyo incondicional a esa farsa sus mujeres y hombres de confianza, del mismo modo que ahora mismo justifican y mantienen a Mazón en Valencia, pese a saber de su indignidad e inutilidad patentes. El vínculo entre un episodio y el otro es claro: el todavía president ha repartido cada billete de la ayuda para la reconstrucción que ha llegado a sus manos entre, sorpresa sorpresa: ¡empresas condenadas por la propia Gürtel! "Eso mismo fue lo que yo le pregunté", decía el estribillo de Círculos viciosos, una canción de Chicho Sánchez Ferlosio. “Sánchez tenía que ser”, dirán en la calle de Génova.

Las y los ciudadanos asisten con perplejidad a este espectáculo en el que gente envuelta en una bandera que intentan hacer sólo suya dan lecciones, enriquecen a la familia y conspiran contra un Gobierno legítimo por tierra, MAR y aire, y hacen todo el ruido posible con sus trompetas del Apocalipsis para que no se oiga el ruido de los cristales que rompen mientras siguen colándose por las ventanas para llevarse lo que se pueda, que es lo que hicieron durante la pandemia de coronavirus aquí y allá, siempre en los alrededores del poder, y aprovechando el paso de los cortejos fúnebres para hacer buenos negocios con comisiones y trapicheos varios: mientras el resto contábamos víctimas, ellos contaban billetes. Les da igual, montan escándalos, culpan a los demás de sus tropelías, sobornan o casi a determinados medios y llegan hasta donde tengan que llegar con tal de salirse por la tangente.

Los juicios de la Gürtel revelarán hasta qué punto los gobiernos del Partido Popular de Aznar y Rajoy fueron delictivos, se llevaron lo que no era suyo, repartieron sobres de dinero negro, utilizaron en beneficio propio el dinero y las instituciones para tapar sus culpas y enturbiar el agua de la convivencia. Todo ello, convencidos de que a la gente se la puede engañar: si a un individuo como Donald Trump lo pueden llegar a votar setenta y siete millones y medio de personas, es que todo es posible. El mundo va mal porque está en malas manos. Y porque quienes podrían pararles los pies están usando las suyas para aplaudirles.

El cabecilla de la trama de corrupción Gürtel vinculada al PP Francisco Correa y el expresidente de Martinsa Fernando Martín han confesado que el segundo pagó al primero una comisión de 25 millones de euros por su intermediación para que el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) le adjudicara unas parcelas para construir viviendas. Fuentes jurídicas han señalado a EFE que es una de las mayores comisiones reconocidas en los procedimientos por la trama Gürtel.

La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio a una veintena de acusados de la expansión de este entramado en el Ayuntamiento de Arganda del Rey en el que un gran número de ellos han ratificado sus escritos de reconocimiento de hechos para ver rebajadas sus posibles condenas, entre ellos el expresidente de la constructora inmobiliaria Martinsa y del Real Madrid C.F. Fernando Martín.

Entre los acusados que han confesado ya este lunes en la vista se encuentra el exalcalde popular de Arganda del Rey Ginés López, que ha reconocido que entre 2002 y 2008 recibió dádivas en efectivo y en especie por 545.328 euros por sus gestiones para adjudicar contratos a empresas de Correa y a otras para las que este intermediaba, y ha recordado que ya ha devuelto casi 300.000.

Igualmente el exconcejal de Arganda del Rey y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco ha reconocido que cobró de la trama 363.295 euros de los que ya ha devuelto 175.000 y que pretende pagar el resto.

También han declarado Francisco Correa y Pablo Crespo, exdirigente del PP y persona de confianza del anterior en el grupo, ambos en tercer grado penitenciario tras haber cumplido más de una década de prisión por sentencias de otras piezas del caso Gürtel. Han reconocido el cobro de dicha comisión de Martinsa, la adjudicación por el Ayuntamiento de Arganda a empresas de Gürtel de contratos por más de un millón de euros y el pago a cambio de dádivas al exalcalde y a otros cargos del Ayuntamiento de Arganda de Rey.

Correa ha precisado que participó directamente en las gestiones para que el Ayuntamiento concediera a Martinsa los terrenos para construir viviendas y que a cambio Fernando Martín le realizó una entrega de 12 millones de euros cuando lo aprobó el pleno municipal y otra de 13 millones cuando la Asamblea de Madrid dio luz verde al plan urbanístico, que ingresó en una cuenta bancaria que tenía en Suiza.

Pablo Crespo ha añadido que la dinámica de tramitar contratos preadjudicados a diversas empresas sin cumplir los requisitos legales como en este caso la llevaba a cabo el grupo de empresas de Correa en varios ayuntamientos. Correa y Crespo han dicho que el entonces alcalde Ginés López no pidió nada a cambio pero decidieron gratificarle con 450.000 euros.

Al respecto Ginés López ha dicho: "Correa me hizo un ofrecimiento, primero lo rechacé y luego erróneamente lo acepté".

Por su parte Benjamín Martín Vasco ha comentado que "Correa se comportaba como el amo del ayuntamiento" y que para evitar controles municipales en las adjudicaciones de contratos por desarrollos urbanísticos y para la celebración de eventos crearon la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.

También han ratificado este lunes su reconocimiento de hechos el considerado 'contable' de Gürtel, José Luis Izquierdo, y la administradora del grupo Isabel Jordán (ambos condenados en otras piezas de Gürtel) y un comercial que la sustituyó durante la última etapa, además de otros cargos del Ayuntamiento y de la Sociedad de Fomento y el expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo.

La fiscal pedía en sus conclusiones provisionales 29 años de cárcel para Correa y Crespo, 20 para Benjamín Martín Vasco, 19 años y medio para Fernando Martín y 17 para Ginés López, además de penas de entre 2 y 29 años para el resto de acusados, si bien tras los pactos alcanzados verán reducidas las penas e incluso en su caso para evitar el ingreso en prisión.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional al extesorero del PP condenado por el caso Gürtel, Luis Bárcenas, una vez que ha cumplido las dos terceras partes de su condena, ha pagado la responsabilidad civil en su totalidad, ha mostrado su arrepentimiento y se ha sometido a programas para sentenciados por delitos económicos.

En un auto, contra el que cabe recurso ante la Sala de lo Penal, el juez José Luis Castro explica que la Junta de Tratamiento del Centro de Inserción Social Victoria Kent propuso la concesión de la libertad condicional, a la que Fiscalía no se opuso, al haber cumplido, el 20 de septiembre pasado, las dos terceras partes de la pena y concurrir los elementos objetivos y subjetivos necesarios para la obtención del último grado de cumplimento de la condena.

Por el caso Gürtel, Bárcenas fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a una pena que sumaba 29 años de cárcel, y que la Audiencia Nacional fijó en 12 años de cumplimiento por ser el triple de la pena más alta que le fue impuesta por este caso de corrupción, por el que también fue condenada su mujer, Rosalía Iglesias, entre otros.

El pasado mes de noviembre, el Supremo redujo su condena por el llamado caso Bárcenas, relativo al pago en B de la reforma de la sede del PP, de 2 años a 8 meses de cárcel, por el que en un principio se enfrentaba a una petición del fiscal de 5 años, pena que le fue rebajada al serle aplicada una atenuante por su colaboración en el esclarecimiento de estos hechos.

Según el auto por el que se le concede a libertad condicional, la propuesta reúne los requisitos exigidos por la ley, como que ha pagado la totalidad de la responsabilidad civil que se le impuso, por un total 4.535.254,92 euros, así como que ha cumplido las dos terceras partes de la condena, que quedará extinguida previsiblemente en septiembre de 2028.

En cuanto a los aspectos psicológicos, el magistrado destaca el arrepentimiento del penado, el reconocimiento de los hechos y la asunción de las consecuencias de sus actos, así como el abono de la responsabilidad civil derivada del delito junto con los intereses, el estilo de vida positivo, la ausencia de trastornos psicopatológicos y la elevada tolerancia a la frustración.

También valora que ha realizado el programa PIDECO para internos condenados por delitos económicos, que está motivado al cambio, al aprendizaje y al desarrollo personal, que no ha faltado a ninguna de las sesiones, que ha participado activamente en las reuniones, ha sido solidario con sus compañeros, se ha mostrado franco y ha realizado todas las tareas requeridas con actitud crítica y reflexiva.

Por el contrario, y como elementos negativos para la aprobación de la libertad condicional, el juez menciona la reiteración delictiva, la gravedad de los delitos, la alarma social y el tiempo de condena pendiente de cumplimiento. Pese a ello, considera que la gravedad delictiva ha sido tenida en cuenta por el tribunal sentenciador a la hora de imponer la pena, sin que esta circunstancia pueda constituir un elemento estático cuando, además, su evolución es favorable.

Respecto a la reiteración delictiva, señala que debe valorarse hacia un pronóstico de futuro y resulta prácticamente imposible que, a día de hoy, el interno reitere los delitos dados los años transcurridos. En cuanto a la alarma social, entiende que queda rebajada de forma notoria por la antigüedad de los hechos y el pronóstico favorable de reinserción.

Por último, sobre el tiempo pendiente de cumplimiento, explica que tanto la actitud de Bárcenas como el buen uso de los permisos de salida, así como su paso por el régimen 100.2 y el tercer grado, “permiten junto con el resto de variables considerar que es el momento adecuado para acceder a la libertad condicional que se propone”.

El auto destaca que no debe obviarse que al tratarse de un penado condenado por el Código Penal anterior a la reforma (LO 1/2015, de 30 de marzo) se aplica el régimen de libertad condicional vigente en dicho momento por resultarle más favorable.

Esto supone que la libertad condicional no es tiempo de suspensión de ejecución del resto de la pena, sino auténtico cumplimiento, por lo que se someterá a reglas de conducta que inciden en esa modalidad.

En atención a dichas reglas, el juez le impone la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, la presentación ante los servicios sociales del Centro de Inserción Social Victoria Kent, la obligación de comunicar si resulta detenido, implicado, imputado, acusado o condenado en un proceso penal, así como la obligación de continuar con la actividad laboral, con presentación cada trimestre de la documentación correspondiente.

Para el juez, en conclusión, "se dan los siguientes factores de adaptación: antigüedad de los hechos delictivos, escaso riesgo de reincidencia, participación destacada en actividades, conducta normalizada durante toda la condena, buen uso del régimen abierto, desarrollando actividad laboral en el exterior, (...), apoyo familiar y autoaval, determinando todos ellos un proceso de reinserción favorable".

El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto de las penas de inhabilitación para José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que desveló la trama Gürtel, después de que hace pocos días la Audiencia Nacional le diera por saldada la pena de cárcel tras suspender su ejecución.

El pasado 9 de octubre, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el macrojuicio de Gürtel dictó un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que señala que, transcurridos los tres años de suspensión de la pena de cárcel acordada para Peñas, se declara "la remisión definitiva de la pena de prisión impuesta" con el visto bueno de la Fiscalía. De este modo, Peñas nunca ha ingresado por estos hechos.

La Sala accedió a suspenderle la ejecución de la pena de cárcel el 5 abril de 2021, mientras su abogado, Ángel Galindo, tramitaba el indulto del exconcejal que fue clave para destapar esta trama de corrupción que se saldó con penas de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas, entre otros. Ahora el Gobierno atenderá esta petición en el Consejo de Ministros de este martes y dará luz verde al indulto, según han adelantado a EFE fuentes próximas a Peñas.

En febrero de 2021, el Tribunal Supremo ya informaba a favor de que el Gobierno le concediera el indulto parcial a José Luis Peñas, lo que le permitiría seguir trabajando de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. Peñas fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a 4 años y 9 meses de prisión; 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta; 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multa.

El Supremo avaló en concreto que se le conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta que le fueron impuestas por otras de inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación o elección, lo que le permitiría seguir trabajando como empleado público en el Ayuntamiento de Madrid y garantizar el sustento económico de su familia. Peñas pidió el indulto al Ejecutivo una vez que el Supremo modificó ligeramente algunas condenas cuando analizó los recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional, motivo por el cual es el órgano jurisdiccional que debe emitir el informe.

Argumentaba que gracias a su colaboración se había podido destapar la mayor trama de corrupción político empresarial conocida en España en los últimos años al presentar una denuncia y aportar conversaciones con el cabecilla de la trama, Francisco Correa. El Supremo siguió así el criterio de la Fiscalía, que respaldó el indulto parcial por razones de justicia, equidad y utilidad pública, como exige la Ley del Indulto, y por el arrepentimiento del condenado.

La Fiscalía expuso que el cumplimiento de inhabilitación absoluta en el caso de Peñas significaría la pérdida de su trabajo, lo que supondría para él una aflicción desmedida e innecesaria, mientras que el indulto parcial le permitiría no perder la condición de funcionario público y seguir como ordenanza en el ayuntamiento. El fiscal aludía en su informe a la falta de protección de los denunciantes en España, a diferencia de lo que sucede en el derecho comparado en el que la figura del whistleblower (delator o arrepentido) es reconocida y protegida, además de destacar una directiva comunitaria sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Ni el Supremo ni la Fiscalía se pronunciaron en sus informes sobre la pena de prisión a la que fue condenado y por la que no ha llegado a entrar en prisión, al haber sido suspendida a petición del propio condenado.

Siempre me ha gustado la conversación que, en la obra de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas, la protagonista entabla con el gato de Cheshire.

Alicia le pregunta al gato: 

- “¿Podrías decirme, por favor, ¿qué camino debo seguir para salir de aquí?

 – Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar –dijo el Gato–. 

 – No me importa mucho el sitio… –respondió Alicia. 

– Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes –concluyó el Gato.

En nuestra asfixiante vida política, especialmente agobiante si del Parlamento hablamos, el Partido Popular también busca salir de su papel de oposición, por cualquier camino, aunque, a diferencia de Alicia, sabe adónde quiere ir: La Moncloa. A eso obedecen, pienso, las retorcidas sendas que ha ido diseñando para lograr ese objetivo. Me parece, además, que dentro de la formación hay demasiadas facciones que tiran en direcciones divergentes, con lo que se puede explicar esa imagen de improvisación que a veces transmiten, caminando por senderos diferentes.

Esto es lo que ha debido pasar con la querella contra el PSOE presentada por el partido de la oposición por supuesta financiación irregular, sin base ni fundamento, inadmitida en la Audiencia Nacional, que debía obedecer al intento de enfangar a los socialistas en los males que los populares protagonizaron, para hacer ver que son peores que ellos. El refranero tiene un buen lema en ese sentido: “Cree el ladrón que todos son de su condición”. Frase que incluyo en este artículo como ejemplo de sabiduría del pueblo y sin ánimo de levantar ampollas ni apuntar a nadie con el dedo. Esta peregrina iniciativa, lo que sí demuestra es que la herida inferida por la sentencia en el caso Gürtel, en el que se le señaló como partido beneficiario de la corrupción, sigue siendo una herida abierta para algunos. Probablemente será por lo que queda todavía queda por llegar en las varias decenas de asuntos pendientes.

El camino que el PP ha tomado obedece a demasiados intereses. Casi tantos como militantes, simpatizantes y adheridos aguardan, con santa indignación, a que los que hoy son de Núñez Feijóo (no sabemos si el líder se mantendrá hasta el final), lleguen al poder y sus coadyuvantes consigan el cargo que merecen. En estos casos no podemos hablar de vocación de servicio público, pues ya se está viendo que el respeto a las instituciones les importa un bledo a todos, sino de pura y dura depredación de los sitios que ahora ocupan “los otros” en distintos lugares de la Administración y en las empresas públicas.

La importancia del marketing –mal entendido como comunicación– está dejándose notar en esta larga travesía por el desierto de la derecha, que debe invertir los ahorros y la financiación que puedan conseguir de quienes les apoyen en pagar asesores y alentar a determinados medios informativos para establecer un relato que se plasma en el papel, se vocea en las tertulias y salta de los digitales a las redes sociales hasta la saciedad. No les debe salir barato, pero todo vale y no hace falta ajustarse por completo a la realidad, ni mucho menos a la veracidad. El bulo y la mentira se han instaurado en el ADN de la derecha y se extienden por doquier, sin apenas cuidar las apariencias. “El que pueda hacer algo, que lo haga”, frase lapidaria de Aznar que el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, remachó en directo en una emisora de la órbita ultra hace menos de una semana: “Nuestra obligación es acabar con este Gobierno lo antes posible. Y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance. Y si los medios son los judiciales, también lo vamos a hacer” (ni más ni menos). En todo caso, si las cosas salen bien, el premio valdrá la pena.

Tal empeño funciona en base a un concepto publicitario básico: repetir un eslogan a los cuatro vientos acaba calando. Establecer una serie de supuestos hechos sin pruebas que atacan en la línea de flotación del rival acusándole de haber matado a Manolete funciona para crear una nube tóxica de dudas que acaban convirtiéndose en “certezas” en el imaginario popular y que, con la tenacidad de la gota de agua, hace que se horaden las convicciones incluso de los más sensatos, al punto de dar pie a un interrogante, por pequeño que sea.

Ahí también entra el rencor: Si te metes con mi hermano, por muy presidente del partido que seas, te vas a la calle. Si atacas a mi novio, prepárate con lo de tu esposa y el resto de tu familia, y si entra algún elemento judicial no afín a mis intereses a enmendarme la plana, que se prepare, que se va a ver de patitas en la calle con la inhabilitación per sécula seculorum. Así se las gastan, porque todo vale y nadie se atreve a pararles los pies. 

Y porque –esto me duele– la justicia ha tomado el gusto a entrar en política hasta el punto de convertirse, en determinados casos, en “cómplice” necesario para avanzar en este mundo proceloso en el que el fango se distribuye por doquier, si bien es verdad que en una sola dirección. No viene de ahora –ya se vio en 2010 en mi persona–; se afianzó con el procés y se ha ido extendiendo como el aceite sobre nuestros intereses cotidianos o, mejor dicho, los suyos. Ahora se diría que hay barra libre.

El caso del fiscal general del Estado resulta especialmente perverso. Álvaro García Ortiz es un excelente profesional. Tiene una personalidad tranquila, sin alharacas. Puede confundir a sus enemigos, que le toman por débil, cuando en absoluto lo es. Tiene bien amueblado su negociado y sabe cual es su función. Y desde luego, a diferencia de otros fiscales generales de hace años, no es un hombre que con la autoridad del cargo quiera ejercer el poder. Él tiene como objetivo desarrollar su función con honradez y dedicación. Por ello, lo que le están haciendo no es solo injusto, sino depravado.

Pero no olvidemos que esta dinámica ya comenzó con su predecesora, Dolores Delgado, a la que, desde el minuto uno, se atacó sin misericordia, se la denunció, se le revocaron nombramientos de forma inverosímil, se la ha perseguido después con resoluciones tan carentes de motivación como plenas de intenciones de eliminación. Y todo ello, sin haber tenido en cuenta lo que la justificaba en cada uno de esos momentos judicialmente cuestionados: su currículum impecable como fiscal de larga data al servicio de todos nosotros. El problema de estos dos fiscales generales es que son progresistas, no se han acomodado en el pesebre de la derecha, y eso se paga.

Me preocupa porque veo como se ha ido adaptando la sospecha a la falta de pruebas. Si la nota de prensa no puede ser motivo para “cornear al objetivo”, alguien podría pensar que se está dando un rodeo para llegar a la misma conclusión con los correos. Que se hubiera publicado previamente su contenido en un medio, y el fiscal general los solicitara después, debería tener importancia.Totum revolutum. Ya saben: la presunción de inocencia y la necesidad de indicios solventes y racionales quedan para otros a quienes sí se les aplica la propia doctrina de la Sala Segunda. Lo lógico era devolver la causa al juez inferior para que siga haciendo su trabajo.

¿Qué hará el tribunal? En otros tiempos hubiera dicho con absoluta convicción: “hacer justicia”. Ahora, no sé. El hecho de que Manuel Marchena esté ahí aun cuando su retirada obligada como presidente de la Sala está próxima, no me inspira –como se pueden imaginar– ninguna tranquilidad. No se puede olvidar aquel whatsap del ínclito Cosidó a sus compañeros diputados, cuando para justificar el acuerdo con el PSOE sobre el Consejo General del Poder Judicial soltaba la famosa frase: “Controlando la sala Segunda (del Supremo) desde detrás”.

Cuando el PP o alguien vinculado a esta opción ideológica necesita algo, hay actores en la justicia española a los que no les cuesta nada ofrecerse como solución a los problemas que aquellos puedan tener y, posteriormente, recibir el premio en forma de posición o puestos estratégicos de relevancia, sea en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional o en cualquier otro organismo en el que sean precisos sus servicios. La estrategia del PP en el ámbito de la justicia viene de muy atrás, siendo una de las más necesarias, relevantes y en la que siempre han acertado para el mantenimiento o la recuperación del poder, único y permanente objetivo de esta formación política.

Todo ello no obsta para que en este cruce de vías y senderos haya temas de presuntas tropelías, delincuencia y mucha desvergüenza, como pueda ser lo referido al denominado Koldo y sus secuaces (que ya veremos cómo sigue), quienes hacían y deshacían al parecer bajo el paraguas del ministro Ábalos, repudiado por el PSOE como sana reacción cuando se conocieron los hechos. Desde ahí, el histrionismo popular también se dirige en varias direcciones porque no pueden evitar referirse a uno de los temas que, no sabemos por qué, más les interesan en este país y para este país: Venezuela. Ya saben, las famosas e inverosímiles maletas de oro de la vicepresidenta venezolana que a estas alturas tienen un carácter de desmesurada fábula, casi al nivel de la propaganda franquista sobre el muy buscado oro de la República española. Hablan, gritan, atacan sin mesura y convierten en un tema de política interna lo que ocurre en otra nación seleccionada por intereses políticos propios. Incluso algunos se querellan contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al que injurian, ni más ni menos que como autor de crímenes de lesa humanidad. El juez, en este caso, ha archivado recientemente esa querella, pero el ruido queda en el “debe” del Gobierno, al que aún siguen considerando ilegitimo desde 2018. 

Así, ponen a caldo al señor Ábalos, quien quizás tenga un problema de distracciones personales al estilo Casanova, y haya dejado hacer a un conseguidor y a un amigo de los contratos públicos, ambos parece que carentes de escrúpulos. Ello no le quitaría responsabilidad. Lo malo es que tal posible acción enfanga al Gobierno y a las instituciones, y provoca desánimo y enfado en la sociedad. El PP se frota las manos y utiliza el caso, aún sin juzgar, aplicando su experiencia adquirida en la manipulación y el descaro para ventilar la suciedad en dirección a los otros. 

Mientras tanto, el PP se sume en estas guerras, ajeno a lo que preocupa al ciudadano: a las necesidades del país; a los conflictos bélicos; al drama que estamos viviendo de las poblaciones acosadas por las bombas y la hambruna; a la inquietud por nuestros cascos azules; al sufrimiento de los menores que recalan como pueden en España… 

Viven en su propio país fantástico en el que todo se consigue si se saltan las fronteras de la verdad ya que el fin justifica los medios. ¿Cómo se lo cuento? El PP vive en un país de las maravillas, en un mundo en que solo existen ellos y su necesidad de gobernar. El gato de Cheshire se lo explicó muy claramente a Alicia: “No estoy loco, mi realidad es diferente a la tuya”. Y así estamos.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

Está el qué y el quién. Están la viga en el propio ojo y la paja en el ajeno. Está que el caso Koldo pinte mal para el ex ministro Ábalos, al que un informe de la UCO le hace un traje del que no le será fácil salir, y está el intento del Partido Popular de mezclar el ruido y los jueces para que no se oigan ni se vean las treinta causas abiertas a las que la formación de la calle Génova tendrá que enfrentarse en los tribunales desde este 2024 y Dios sabe hasta cuándo, ni se siga hablando de los comportamientos sospechosos de las familias Feijóo y Ayuso en Galicia y Madrid, donde no hay paraguas para semejante lluvia de millones públicos. Para echar una cortina de humo a tanto fuego, los conservadores preparan en su sede reformada con dinero negro una querella contra el PSOE por corrupción y la presentan en la misma Audiencia Nacional que les ha condenado ya tres veces como beneficiarios de la red Gürtel. Claro, que hablen de eso o de financiación ilegal quienes se sabe que han acudido dopados económicamente de manera ilegal a innumerables elecciones, con fondos logrados a cambio de adjudicaciones diversas, o que califiquen de gobiernos delictivos quienes los formaron con gente como Rato, Matas, Mato, Zaplana, Fernández Díaz y un largo etcétera, es un acto de cinismo superlativo, llevado a cabo en la confianza de que no les van a faltar altavoces, que para eso los pagan. Cualquier día convocan una rueda de prensa y comunican que ya han descubierto quién es M. Rajoy: Pedro Sánchez.

Al frente del PP no está el que va delante, que cada vez parece más cerca de dejar de no ser presidente porque él no quiere a no serlo porque no le van a dejar los suyos, que a este paso se lo quitarán de en medio igual que lo pusieron a él donde está: de un empujón por la espalda como el que le dieron a su antecesor, Pablo Casado. La que parece que manda ahí es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que huye hacia delante a grandes zancadas, tratando de dejar atrás la cifra que la persigue, siete mil doscientos noventa y uno, que es un ejército de fantasmas considerable, y las informaciones que señalan a madres, padres, hermanos, novios y ex novios suyos como presuntos beneficiarios de actos reprobables que la justicia decidirá si también fueron o son ilegales y en algún caso ya ha dicho que no, ya veremos en el resto y si eso la avala para seguir dando lecciones: su rasgarse las vestiduras, estando donde está y viniendo de donde viene, es de traca.

Si en el territorio de la política una palabra y un concepto han perdido aire en estos tiempos, es la ejemplaridad, que ni se produce ni se busca, al contrario, se echa tierra sobre ella con un cinismo superlativo que, como siempre ocurre en los reinos de la hipocresía, parte de la base de que quienes ven o escuchan sean fáciles de confundir y engañar: todo estafador cuenta con la ingenuidad o la inmoralidad de sus víctimas. Y ahí es la propia opinión pública la que debe aplicarse el cuento y no sentirse mera espectadora de la tragicomedia que representan las y los charlatanes, vendedores de mentiras y embaucadores que se acercan a los micrófonos a agitar el agua y enturbiarla para hacer pasar los tiburones por peces de colores y viceversa. Cuidado con ellos, que son el verdadero peligro. Que cada palo encienda su vela, hoy y siempre, pero que no se nos olvide quiénes son y qué han hecho quienes las encienden. A ver si vamos a confundir al envenenador con un médico.

No, no me refiero a ese run run que corre con insistencia desde hace unos días. El Partido Popular sabe que los socios del Gobierno están más cómodos con ellos de lo que lo estarían con él y la ultraderecha, al menos de momento, y siempre pendientes de lo que Puigdemont ordene. La sombra que realmente es alargada es la de la moción de censura de 2018, la que llevó a Sánchez a la Moncloa tras ganar la votación motivada por la sentencia de la Gürtel, esa que calificaba al PP como “organización criminal” acusándolo de organizar diversas tramas corruptas que llegaban al corazón de Génova.

Desde entonces, líderes de la derecha, tanto política como mediática, no han dejado de calificar a los diferentes ejecutivos presididos por Pedro Sánchez como “ilegítimos”, pidiendo su dimisión un día tras otro. Ayer fue la dirección nacional de los populares quien oficialmente lo hizo, tras una reunión urgente para analizar las últimas informaciones del caso Koldo y la implicación del ex-ministro Ábalos. Con Isabel Díaz Ayuso marcando el paso llamando a declarar a Begoña Gómez a la Asamblea de Madrid y líderes mediáticos de la derecha oliendo la sangre, los populares han escenificado un puñetazo en la mesa.

Junto a la petición de dimisión, los populares anunciaron la presentación de una querella contra el PSOE ante la Audiencia Nacional por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Acusan a Sánchez de estar en el epicentro de esa trama ilegal y al PSOE de haberse beneficiado de la misma. ¿Les suena? Cuca Gamarra lo ha dejado claro en su comparecencia ante los medios, refiriéndose a Pedro Sánchez como “el nexo de unión de todas las investigaciones que cercan a su partido". Para acabar de unir los puntos, lean lo que distintos diarios cuentan de los comentarios de Feijóo en los corrillos de los periodistas en la recepción de la Casa Real por el Día de la Hispanidad: “por menos” se desalojó a Mariano Rajoy del poder.

A la luz de las informaciones que se van conociendo, no sé si alguien es capaz de alcanzar a ver hasta dónde llega el caso Koldo y su potencial destructivo, pero lo que el PP pretende se ve con nitidez: convertir el caso Koldo en la Gürtel de los socialistas, poniendo al Presidente en el epicentro de diversos hilos que pasan por Begoña Gómez, Koldo, Ábalos, David Sánchez Pérez-Castejón, Barrabés, Air Europa….

Ante lo delicado de la situación, teniendo en cuenta lo que se juega, a quien llegó a la secretaría general del PSOE para dar una nueva vida al partido y a la presidencia del Gobierno izando la bandera anticorrupción, no le queda otra que mostrarse implacable. Para empezar, explicando por qué cesó en 2021 a Ábalos cuando aún no se conocían las informaciones que hoy se saben. Para seguir, extirpando de raíz no sólo a los protagonistas hoy conocidos, sino a todos los que pudieron tener algo que ver en todo aquello. Y para terminar, poniendo en marcha las medidas internas que permitan esclarecer lo ocurrido, que impidan cualquier atisbo de impunidad y que garanticen que los procedimientos de detección y castigo de la corrupción funcionan. Los más viejos del lugar se preguntan, ¿otra vez aquel PSOE? ¿Hay más Koldos campando a sus anchas? Sánchez se juega aquí no sólo una posible moción de censura si se dieran las circunstancias -que hoy no es el caso-, ni siquiera un castigo electoral o la pérdida de reputación, se juega la credibilidad de todo lo que su trabajo ha supuesto tanto dentro del PSOE como en el Ejecutivo, medidas de transparencia incluidas. Demasiado en juego, Presidente. 

La Audiencia Nacional ha acordado absolver al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, perteneciente a la trama, según ha recogido Europa Press. El exmandatario ha terminado de esta forma su periplo judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diversas causas en las que ha sido investigado y juzgado.

En una sentencia de 232 folios, la Sala condena a los integrantes de la misma, entre ellos a su líder, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, a 2 años y 3 meses de prisión por haberse conformado con el escrito de acusación de la Fiscalía.

Los magistrados también condenan a otros ocho acusados a penas de entre 10 meses de prisión, como la impuesta al jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort, hasta los 8 años de cárcel, como la que ha recaído sobre la del gerente de Orange Market Cándido Herrero.

Por contra, el tribunal absuelve a varios consellers y funcionarios de la Generalitat valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valencia para su exposición en FITUR.

En relación con la acusación contra Camps por su participación en las contrataciones de FITUR, la sentencia recoge que "no se ha acreditado por prueba alguna válida" que el expresidente "ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta" de la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars o en los órganos de gestión de las sociedades expositoras en el stand de Grandes Eventos de la Feria de FITUR de 2009.

"Pero es más, no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo, lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal", indica, incidiendo en que no hay "registro alguno que acredite conversación alguna al respecto con Ibars -a quien el tribunal absuelve- o cualquier de los organismos y sociedades expositoras".

El fallo también se refiere a uno de los elementos nucleares del juicio: las relaciones de Pérez con Camps. En concreto, los magistrados señalan que "no puede deducirse en absoluto que Camps fuera responsable de todos los actos de Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública".

Todo ello, continúan, "más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos durante navidades, y que el propio Camps fuera a actos de celebración personales" de 'El Bigotes', como la boda de su hija. Tanto en el juicio como a la salida de las diferentes sesiones Camps negó en repetidas ocasiones que tuviese una relación de amistad con El Bigotes. "Todo esto es un montaje espectacular que no hay por donde cogerlo", llegó a asegurar en declaraciones a los medios.

En cuanto a la boda, Camps aseguró que acudió de manera "absolutamente cortés", y en relación a la felicitación que ambos intercambiaron en Navidad, cuando 'El Bigotes' le llamó "amiguito del alma", el expresidente aseguró: "Esa tarde la gente con tranquilidad y el absoluto relax del hogar puede decir este tipo de cosas".

Cabe recordar que el expresidente solo ha sido juzgado por esta pieza de Gürtel y por el conocido como caso de los trajes, por el que fue absuelto. A pesar de haber sido investigado en otras causas judiciales, como la visita del Papa a Valencia o la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia, la Justicia archivó para él en todos los casos.

En el fallo también se estudian otros hechos de la época de Camps, como el Open de Tenis. Así, la Sala distingue los contratos de patrocinio de la Generalitat con los titulares de los derechos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), de los contratos realizados directamente por los titulares de las empresas IMT y ESEDOS, como empresas privadas, de los realizados por la Generalitat con otras empresas.

Los magistrados también analizan igualmente en la sentencia las contrataciones por razón de la salida de la Volvo Ocean Race en el puerto de Alicante y concluyen que no se aprecia que la Generalitat sufriera perjuicio alguno.

Respecto a las otras contrataciones realizadas por las distintas consellerías, la resolución desgrana la responsabilidad en la contratación de los distintos consellers, de sus jefes de gabinete y de los respectivos directores generales, en las distintas contrataciones con Orange Market y las otras empresas de la Gürtel.

Por otro lado, la sentencia también absuelve a varios altos cargos del gobierno de Camps como Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, Mary Patricia Callaghan, Alicia de Miguel, María Auxiliadora Hernández, David Francisco Serra, Rafael Peset, María de la Paz Aviñó, Manuel Cervera, Luis Eduardo Rosado, Inmaculada García, Paula de Cubas, José Manuel Vidal y Aránzazu Vallés.

Así las cosas, la sentencia estudia uno a uno los contratos en los que participaron y su adaptación a la legislación de la época, recogiendo la forma de trabajo en las distintas consellerías y quiénes eran los responsables de la contratación, así como la forma en que se procedía posteriormente al pago de las distintas facturas, examinando la legislación de la época sobre contratos menores.

En lo relativo a Gürtel, a la macrocausa le restan dos juicios: el relativo a la supuesta evasión fiscal y blanqueo de la trama -todavía sin fecha- y el referente a los adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

¿Estamos ya convencidos de que unos y otros han metido la mano en la caja de todos? O mejor esperamos a unas sentencias judiciales que nadie sabe si llegarán, pero todos sabemos que si llegan no servirán para arreglar nada.

Lo que usted y yo también sabemos es que el día 21 de abril se celebrarán elecciones en el País Vasco y, por tanto, no es necesario que me extienda sobre los porqués del título y del primer párrafo de este artículo. Aunque no aparezca la palabra ETA ni tampoco el nombre propio del periodista y del candidato de EH Bildu al que entrevistó ayer por la noche en la radio. Pero algo me dice que debemos seguir ayudando al periodismo preelectoral con ideas de nuevas preguntas que no escucho en las entrevistas que realizan a los principales protagonistas de las urnas que ya llegan.

¿Era el PSOE una organización cómplice de aquel Gobierno de Felipe González que estuvo practicando el terrorismo de Estado en “modo GAL” durante años, tal como certificaron las sentencias judiciales que condenaron a Vera y Barrionuevo? ¿Era el PP de Aznar una organización que avalaba los asesinatos cometidos por ETA cuando calificó a esa organización terrorista de Movimiento Vasco de Liberación tras ganar las elecciones de 1996, a pesar de que los del tal “MVL” seguían causando víctimas mortales con sus atentados?

 ¿Es el PP de Feijóo una organización blanqueadora de la dictadura franquista porque, junto con los de Vox, se están dedicando a derogar leyes autonómicas de Memoria que comenzaban a reparar algunos de los daños que sufrieron cientos de miles de inocentes a manos de aquellos españolistas criminales?

 ¿Está de acuerdo el PP de Feijóo con una de sus ex lideresas más influyentes, esa Esperanza Aguirre que acaba de afirmar que el PSOE fue el culpable de la Guerra Civil provocada por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936?

O, puestos a preguntar por unas siglas distintas pero muy vinculadas, al candidato del PP le podrían preguntar si la AP del ex ministro de la dictadura Fraga Iribarne era un partido franquista al que los tiempos obligaron a disfrazarse de demócrata. Por poner un ejemplo de personas que provocaron infinidad de víctimas inocentes. No terminaron en la cárcel y hasta ganaron elecciones, por ejemplo en Galicia. Tanto a usted como a mí nos están viniendo a la cabeza muchas más preguntas retóricas, pero necesarias cuando los periodistas preguntan a los políticos. Sobre todo, porque si sólo incomodan a unos y no les meten el dedo en la llaga también a los otros perderán su credibilidad profesional.

Ahora que usted ya sabe que todo esto ha venido a cuento de la pregunta que Aimar Bretos, de la SER, formuló ayer, 16 de abril, al candidato de EH Bildu Pello Otxandiano, la de que si “ETA fue o no una organización terrorista”. He decidido quedar a la espera para comprobar si el mismo Aimar, u otros periodistas, se atreven a preguntar a los líderes de otras candidaturas algunas de las preguntas que les puedan molestar de verdad, coincidan o no con cualquiera de las seis que se han propuesto en los párrafos anteriores. 

Mientras escribo hay dos dudas nuevas que me asaltan, aunque me conformaría con que Aimar Bretos se respondiera para sus adentros. ¿Le habrías hecho la misma pregunta al de EH Bildu si el CIS no estuviera avisando con sus encuestas que pueden ganar en votos y escaños?

¿Sentirías el mismo impulso de meter en esta campaña vasca un terrorismo que, derrotado, dejó de actuar hace más de una década, si la campaña para las catalanas no estuviera siendo envenenada por unas acusaciones de terrorismo contra Puigdemont y otros que, de momento, han llevado al exilio a nuevos perseguidos por jueces como García Castellón?

Lo dicho, Aimar, tantas veces excelente, no dejes de atender estas dos preguntas. Como solo son para ti, no pueden dolerte. Al cierre. Ahora que lo pienso, ¿estaré yo tan loco de haber comparado delitos de sangre con cualquiera de los otros? No lo creo y sigo pensando en voz alta. Las víctimas del GAL también sangraron.

Y, por otra parte, las siglas asesinas ETA no son idénticas a las de EH Bildu pero, en cambio, las siglas delictivas y/o cómplices del PP y PSOE siguen siendo idénticas, y no sienten la menor vergüenza. Conclusión: no cambiaré ni una letra de lo que acabo de escribir.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.