El fiscal jefe de Anticorrupción dice que es "posible" la atenuante "muy cualificada" para Aldama

El juicio del llamado caso mascarillas, por el que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, ha entrado este miércoles en su fase final con la prueba documental y los informes de las partes. El encargado de dar el pistoletazo de salida a esta sesión, en la que se espera que el juicio quede visto para sentencia, ha sido el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. En una extensa exposición, el fiscal ha valorado, entre otras cosas, la colaboración de Aldama en la investigación, si bien ha rechazado alguna de sus afirmaciones durante el juicio –"No era el número uno el presidente del Gobierno–. Tanto, que ha llegado a decir que sería "posible" apreciar en este caso la atenuante "muy cualificada", que implicaría una rebaja de pena mayor que la que Anticorrupción, es decir, él mismo, solicita en su escrito final de conclusiones.

Durante más de una hora, Luzón ha ido poniendo sobre la mesa del tribunal todos los elementos que, a su juicio, acorralan a los acusados, apuntalando así la existencia de esa "verdadera organización criminal" de la que formaban parte no solo el trío sentado en el Supremo, sino también otras personas que orbitaban a su alrededor, que se encuentran investigados en la Audiencia Nacional y que han comparecido a lo largo del juicio. "Faltan varios actores con distinto grado de participación. La Sala debe valorar sus declaraciones y, sobre todo, sus silencios", ha lanzado el fiscal jefe de Anticorrupción, quien ha restado importancia a la "estructura jerárquica" de la misma: "No es una nota esencial de la organización criminal".

Esta referencia a la estructura jerárquica tiene mucho que ver con la declaración que hizo durante el juicio el jefe de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El teniente coronel Antonio Balas vino a colocar en la cúspide de la pirámide al empresario, si bien también dejó claro que sin Ábalos nada habría sido posible: "El que paga manda, y el que paga es Aldama". Luzón, sin embargo, ha señalado que el empresario "no" ha intervenido en "algunos de los delitos" de los que están acusados Ábalos y García, lo que explica a su vez la diferencia de penas solicitadas. "No se trata de establecer un uno, dos o tres. Desde luego, no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye Aldama", ha querido dejar claro el jefe de Anticorrupción.

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Sobre el papel del exministro en la trama, ha explicado que "en raras ocasiones descendía al terreno". Para eso, ha dicho, ya estaba su exasesor. "Ábalos no llama, para eso tiene a Koldo, tras el que está parapetado", ha resumido Luzón, quien ha explicado que si se aceptaban las órdenes o sugerencias que el exasesor daba era, precisamente, porque "se entendía" que estaba actuando en nombre del exministro. "Eso funcionaba en sentido descendente y ascendente", ha continuado el fiscal. Y luego estaba, ha completado, Aldama, "el elemento corruptor". Durante su comparecencia, ha ido exponiendo la abundante y "demoledora" prueba de cargo, al tiempo que ha despreciado las explicaciones de los acusados. "La de la reclamación por el coche es tan pueril que resulta entre patética y conmovedora", ha llegado a decir.

El jefe de Anticorrupción considera perfectamente acreditados los pagos a exministro y exasesor. "El hecho de que Koldo satisfaga gastos por cuenta de su jefe evidencia que ese dinero que maneja lo hace en nombre de Ábalos", ha lanzado Luzón, quien también ha dejado un recado a las entidades financieras al deslizar que los directores de las mismas deberían haberse preguntado de dónde salían esas "ingentes cantidades de dinero en efectivo" que se ingresaba en las cuentas. Por todo ello, ha completado, "llama la atención" que todavía se siga "escuchando" la pregunta de dónde está el dinero.

El fiscal ha dedicado parte de su intervención a resaltar la importancia que tiene la colaboración de imputados en este tipo de procedimientos. "La incentivación de la colaboración de personas que han tomado parte en el delito mediante la rebaja sustancial de la pena es una cada vez mayor necesidad de política criminal para conseguir la obtención de una prueba de unos delitos que de otra forma difícilmente podría haberse alcanzado", ha señalado Luzón, quien ha insistido que para combatir "las organizaciones criminales" y la "corrupción" se debe "compensar" a quien salga "de ese entorno criminal". "De otro modo, la ley del silencio, ya bastante extendida, se impondrá en cualquier investigación", ha completado.