El juez De Prada, paradigma de cómo la derecha cercena las carreras de los que investigan o juzgan al PP

Como miembro del tribunal internacional para los crímenes de Ruanda y de la antigua Yugoslavia, participó en el proceso internacional más importante desde los Juicios de Nüremberg por el holocausto perpetrado por el Gobierno nazi de Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada participó en la redacción de la sentencia contra el líder serbio de Bosnia, Radovan Karadžić, condenado en 2019 a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra contra la población musulmana y cristiana (croata) durante el conflicto que asoló ese país entre 1993 y 1995. Sin embargo no ha sido esa resolución tan relevante la que más ha condicionado su carrera, sino la del caso Gürtel, que condenó en 2018 al PP como partícipe lucrativo en el caso de corrupción más relevante que ha afectado a ese partido. Desde entonces, la derecha judicial y política no le ha perdonado. Lo veta en cada puesto al que intenta acceder. El último, una de las dos plazas vacantes de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

De Prada es uno de los magistrados penalistas más importantes de España y, según muchos, el máximo experto del país en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario. El tribunal de la ONU con sede en La Haya (Países Bajos) del que forma parte —que compatibiliza con su puesto en la Audiencia Nacional— lo conforman 25 magistrados internacionales de un prestigio incontestable. Perteneciente a Juezas y Jueces para la Democracia, este magistrado progresista tiene a sus espaldas una carrera de 30 años en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y contribuyó desde ese tribunal a la derrota de ETA, a la que se enfrentó con la toga en el período más negro de la banda terrorista. Frente al derecho penal de excepción que generó la actividad de esa organización durante décadas, De Prada se ha mostrado como uno de los miembros de la Audiencia más respetuosos con las garantías democráticas que establece la Constitución para todos los presuntos delincuentes, incluidos los más sanguinarios.

El veto a De Prada para el Supremo viene después de que, en 2021, el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo lo sacara de la lista de nuevos vocales para el Consejo General del Poder Judicial en la que había sido incluido tras las negociaciones de esa formación con el PSOE en 2018. De Prada llegó incluso a comparecer en el Congreso para exponer sus méritos y se sometió a los ataques furibundos de los populares. Esa renovación, que estaba totalmente cerrada, saltó por los aires después de que el magistrado conservador de la Sala de lo Penal del Supremo Manuel Marchena renunciara a la presidencia. Lo hizo tras trascender los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó en los que aseguraba que gracias a Marchena, el partido se aseguraba el control de esa sala del Alto Tribunal "desde detrás". Tras un bloqueo del PP de más de cinco años, el partido llegó a un acuerdo con los socialistas en junio de 2024, pero De Prada ya no estaba entre los elegidos.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial aseguran que detrás de la negativa del sector conservador de aceptar al magistrado progresista solo hay una razón: la sentencia de la Gürtel que terminó llevándose por delante al Gobierno del PP en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez. También su voto a favor de que, durante el juicio previo, acudiera a declarar como testigo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, una declaración apoyada por el conservador Julio de Diego, compañero de tribunal. La condena —que no solo estableció que el PP se lucró con la trama corrupta, sino que confirmó la existencia de la contabilidad b del partido contenida en los papeles de Bárcenas y concluyó que Rajoy había faltado a la verdad durante su comparecencia— fue íntegramente confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2020 incluso en sus fundamentos más relevantes.

El veto a uno de los penalistas más valorados entre sus compañeros contrasta con la promoción de dos de sus antiguos compañeros en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia —Ángel Hurtado y Concepción Espejel— que también tuvieron actuaciones relevantes relacionadas con el proceso contra la trama corrupta del PP. Hurtado fue el presidente del tribunal de la Gürtel del que formaba parte De Prada y fue designado ponente de la resolución. Durante el juicio, el magistrado conservador trató de evitar a toda costa la comparecencia de Rajoy como testigo.

Tras el proceso, Hurtado se opuso a condenar al PP al considerar que sus dirigentes actuaron "a espaldas" del partido, y así lo expuso en un voto particular que, después, en el recurso ante el Supremo, no tuvo ningún recorrido. Sin embargo, dos años después de redactarlo, en 2020, el sector conservador de un CGPJ prorrogado por el bloqueo del PP, lo catapultó a la Sala de lo Penal del Supremo. Desde allí ha instruido una de las causa más sensibles y polémicas contra el Gobierno del PSOE, la abierta al fiscal general Álvaro García Ortiz por desmentir bulos difundidos por el entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre los presuntos delitos fiscales cometidos por su pareja.

Hurtado fue presidente del tribunal del caso Gürtel en sustitución de Concepción Espejel. La exvocal del Poder Judicial a propuesta del PP era entonces la presidenta de la sección segunda de lo penal, a la que correspondió el proceso. Espejel intentó formar parte del tribunal a toda costa pese a su reconocida amistad con la ex secretaria general del PP, exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal. "No veo que exista ninguna causa de abstención", dijo a El País en 2014. "En esta sección yo presido todos los juicios y lo mismo ocurrirá con este salvo que esté enferma, de vacaciones o existan otros asuntos que por su complejidad me lo impidan", añadió. Tras ser recusada por una de las partes, el pleno de la Sala (formado por 18 magistrados) decidió apartarla por su cercanía a ese partido. En octubre de 2021, sin embargo, el PP la promocionó a magistrada del Tribunal Constitucional, donde es una de las que más fervientemente defiende las tesis de la formación de Feijóo.

Ferrer y Teso, otros casos de veto

El nuevo veto de la derecha judicial y política a De Prada coincide en el tiempo con el de la magistrada progresista de la Sala de lo Penal del Supremo Ana Ferrer y el de la de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal Pilar Teso. Como el magistrado de la Audiencia, ambas han sido censuradas por el sector de vocales a propuesta del PP cuando parecían las mejor situadas para acceder a la presidencia del CGPJ y del Supremo. Finalmente, se eligió para ese cargo a Isabel Perelló, sobre el papel perteneciente a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, pero que, desde su nombramiento, se ha aliado con los conservadores. Después, Ferrer y Teso optaron a la presidencia de sus respectivas salas, pero los consejeros de derechas también lo impidieron y las dos retiraron su candidatura. Junto con el nombramiento de Perelló, conseguir que se apartaran ha sido el mayor éxito del sector conservador, que ha logrado así burlar el mandato de la ley de paridad que imponía que al menos una de ellas fuera puesta al frente de su sala.

Frente a esta actitud censora de la derecha, la izquierda ha contribuido a aupar a muchos de los halcones que el PP ha colocado en las principales instituciones. Espejel accedió al Constitucional con el voto del PSOE, al igual que Enrique Arnaldo, asesor de los populares que apareció en las escuchas del caso Lezo como muñidor para cambiar a los fiscales de la causa. El último de estos casos que la izquierda no ha vetado es la designación del exvocal conservador más activo en el anterior CGPJ, José María Macías, que, pese a haberse pronunciado de manera oficial desde su cargo anterior en el Consejo en contra de la constitucionalidad de la ley de amnistía, se empeñó en no abstenerse de la deliberación sobre ella en el órgano de garantías. Al final, la Fiscalía y la Abogacía del Estado lo recusaron y fueron sus compañeros los que le impusieron su salida.