Veinte de los 25 acusados en la pieza principal del caso Gürtel han comunicado a la Audiencia Nacional que reconocen los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero obtenido por la trama de corrupción relacionada con el PP, entre ellos los dos cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, según informa EFE.

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el último juicio del caso Gürtel, una macrocausa que fue dividida en un total de trece, en el que se enjuician delitos fiscales y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.

Los veinte acusados que reconocen los hechos buscan rebajar la pena que se les pueda imponer y en concreto Correa y Crespo se enfrentan a una petición provisional de la fiscal de 77 años de prisión, las más elevadas.

El cabecilla de la trama de corrupción Gürtel vinculada al PP Francisco Correa y el expresidente de Martinsa Fernando Martín han confesado que el segundo pagó al primero una comisión de 25 millones de euros por su intermediación para que el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) le adjudicara unas parcelas para construir viviendas. Fuentes jurídicas han señalado a EFE que es una de las mayores comisiones reconocidas en los procedimientos por la trama Gürtel.

La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio a una veintena de acusados de la expansión de este entramado en el Ayuntamiento de Arganda del Rey en el que un gran número de ellos han ratificado sus escritos de reconocimiento de hechos para ver rebajadas sus posibles condenas, entre ellos el expresidente de la constructora inmobiliaria Martinsa y del Real Madrid C.F. Fernando Martín.

Entre los acusados que han confesado ya este lunes en la vista se encuentra el exalcalde popular de Arganda del Rey Ginés López, que ha reconocido que entre 2002 y 2008 recibió dádivas en efectivo y en especie por 545.328 euros por sus gestiones para adjudicar contratos a empresas de Correa y a otras para las que este intermediaba, y ha recordado que ya ha devuelto casi 300.000.

Igualmente el exconcejal de Arganda del Rey y exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco ha reconocido que cobró de la trama 363.295 euros de los que ya ha devuelto 175.000 y que pretende pagar el resto.

También han declarado Francisco Correa y Pablo Crespo, exdirigente del PP y persona de confianza del anterior en el grupo, ambos en tercer grado penitenciario tras haber cumplido más de una década de prisión por sentencias de otras piezas del caso Gürtel. Han reconocido el cobro de dicha comisión de Martinsa, la adjudicación por el Ayuntamiento de Arganda a empresas de Gürtel de contratos por más de un millón de euros y el pago a cambio de dádivas al exalcalde y a otros cargos del Ayuntamiento de Arganda de Rey.

Correa ha precisado que participó directamente en las gestiones para que el Ayuntamiento concediera a Martinsa los terrenos para construir viviendas y que a cambio Fernando Martín le realizó una entrega de 12 millones de euros cuando lo aprobó el pleno municipal y otra de 13 millones cuando la Asamblea de Madrid dio luz verde al plan urbanístico, que ingresó en una cuenta bancaria que tenía en Suiza.

Pablo Crespo ha añadido que la dinámica de tramitar contratos preadjudicados a diversas empresas sin cumplir los requisitos legales como en este caso la llevaba a cabo el grupo de empresas de Correa en varios ayuntamientos. Correa y Crespo han dicho que el entonces alcalde Ginés López no pidió nada a cambio pero decidieron gratificarle con 450.000 euros.

Al respecto Ginés López ha dicho: "Correa me hizo un ofrecimiento, primero lo rechacé y luego erróneamente lo acepté".

Por su parte Benjamín Martín Vasco ha comentado que "Correa se comportaba como el amo del ayuntamiento" y que para evitar controles municipales en las adjudicaciones de contratos por desarrollos urbanísticos y para la celebración de eventos crearon la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.

También han ratificado este lunes su reconocimiento de hechos el considerado 'contable' de Gürtel, José Luis Izquierdo, y la administradora del grupo Isabel Jordán (ambos condenados en otras piezas de Gürtel) y un comercial que la sustituyó durante la última etapa, además de otros cargos del Ayuntamiento y de la Sociedad de Fomento y el expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo.

La fiscal pedía en sus conclusiones provisionales 29 años de cárcel para Correa y Crespo, 20 para Benjamín Martín Vasco, 19 años y medio para Fernando Martín y 17 para Ginés López, además de penas de entre 2 y 29 años para el resto de acusados, si bien tras los pactos alcanzados verán reducidas las penas e incluso en su caso para evitar el ingreso en prisión.

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado al líder de la Gürtel, Francisco Correa, destacando que su evolución desde que entrara en prisión en el año 2009 ha sido "muy positiva". Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, a su salida de la cárcel, trabajará en un medio de comunicación.

En un auto, recogido por la agencia de noticias, el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro estima el recurso del propio Correa contra el acuerdo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y acuerda su progresión a tercer grado al considerar que su comportamiento desde su libertad provisional reafirma "una actitud distanciada de un posible quebrantamiento ante la posibilidad de nuevas condenas".

Cabe recordar que Correa, que entró en prisión en 2009, tiene fijado un límite máximo de condena de 18 años en prisión. El Tribunal Supremo confirmó 51 años de prisión para él únicamente por la denominada primera época de Gürtel, aunque suma otras condenas y causas pendientes.

En la resolución, el magistrado de Vigilancia Penitenciaria hace un repaso por algunas de las variables que han de tenerse en cuenta para adoptar esta decisión, como es el caso de la gravedad delictiva. "Este factor de inadaptación no puede mantenerse de forma constante, pues impediría valorar la evolución del penado", aclara.

Así, y a pesar de que es "una circunstancia cualitativamente destacable y que ha sido tenida en cuenta por el juzgado a la hora de graduar la imposición de la pena", la misma ha de ser tenida "en cuenta como un concepto dinámico que se constituye en puerta de entrada para el inicio del tratamiento a partir del cual se determina la evolución del penado".

En este sentido, el magistrado destaca que Correa "ha asumido su responsabilidad penal y civil, ha colaborado con la administración de justicia y ha disfrutado de permisos de salida sin incidencias".

A estas circunstancias, colige, "debe añadirse la antigüedad de los hechos delictivos y que difícilmente se darán en un futuro las circunstancias en las que se produjo la actividad delictiva por la que ha resultado condenado".

Por último, el juez también alude a los procesos pendientes. "No debe obviarse que el penado tiene una limitación de condena de 18 años de prisión", indica, añadiendo que su "comportamiento desde su situación de libertad provisional" reafirma "una actitud distanciada de un posible quebrantamiento ante la posibilidad de nuevas condenas".

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia que dictó la Audiencia Nacional (AN) en 2020 sobre Gürtel por la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 para los 19 acusados que resultaron condenados en esta pieza separada, entre ellos el cabecilla de la trama, Francisco Correa, que recibió 13 años y 7 meses, y su número dos, Pablo Crespo, con 15 años y 5 meses, según ha informado Europa Press.

La sentencia declaró probada una estructura societaria creada por Correa para obtener adjudicaciones ilegales de contratos de distintas administraciones y entidades públicas y, en concreto, de la organización y funcionamiento del llamado Grupo Correa en Valencia, o rama valenciana, durante los años 2004 a 2008, y las actuaciones previas dirigidas a obtener la adjudicación de contratos públicos.

Entre ellas, una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el desarrollo de dicho evento, llevando a cabo negociaciones con el entonces Conseller de Agricultura Juan Cotino, para conseguir la adjudicación del contrato de suministro en régimen de alquiler de las pantallas y sonorización.

La Audiencia Nacional determinó que varios de los acusados decidieron que el encargo y el coste de la celebración de este contrato de suministro de pantallas de vídeo, megafonía y sonido no se llevara directamente por la Fundación V EMF, sino por el ente público RTVV a favor de una empresa pantalla —TECONSA—, que a su vez subcontrató —cuando ello estaba prohibido— con la empresa Impacto Producciones.

La sentencia condenó a 19 de los 23 acusados por distintos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, unos como autores, otros como cooperadores necesarios, y otros como cómplices. De ellos, solo siete recurrieron el fallo de la Audiencia Nacional, que ahora ratifica íntegramente el Supremo.

En el marco de los 198 folios de la resolución, el alto tribunal ha desestimado el argumento de Antonio José de la Viuda González, ex jefe de Antena de RTVV, condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial.

El hombre pedía que se le rebajara la pena "como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022 —por la que se derogó la sedición y se modificó el delito de malversación— al considerar que no se declaró probado que existiese "enriquecimiento personal" en su caso, "ni ánimo de apropiarse de los fondos públicos".

El Supremo ha sido tajante: "La pretensión del recurrente no puede tener acogida". "Los hechos declarados probados no merecen el tratamiento atenuatorio que dispensa el artículo 432 bis del Código Penal, en la medida en que, entre otras razones, no existió restitución de los fondos públicos utilizados, además, difícilmente en este caso podemos hablar de carácter privado, no lucrativo, de la acción llevada a cabo por los autores del delito", han explicado los magistrados. El fiscal interesó que se mantuviera la condena en la extensión impuesta.

Asimismo, el Supremo ha desestimado los argumentos de las demás defensas, incluido el alegato de que se les causó indefensión a los que fueron imputados transcurridos casi ocho años, cuando ya no podían hacerse efectivas determinadas pruebas.

"Podemos afirmar que si bien los recurrentes, tal y como apuntan, fueron objeto de una imputación tardía, lo cierto es que no han acreditado que ello les haya causado indefensión", ha explicado.

Al margen, el Supremo también ha rechazado las alegaciones de las defensas, que aseguraban que se habían vulnerado sus derechos a una tutela judicial efectiva, así como el principio de igualdad ante la ley de los acusados no conformados respecto de los acusados-conformados.

Los magistrados han incidido en que es "intranscendente la falta de unanimidad en la conformidad" y han explicado que ello "no genera indefensión por si misma a los restantes acusados", aunque en estos casos el tribunal no puede dictar sentencia de estricta conformidad respecto a los que no conforman en ese acto, sino que tiene que continuar el juicio y celebrarse, tal y como hizo.

Los recurrentes insistieron en que los coimputados ofrecieron en el juicio versiones al tribunal diferentes a las de la fase de investigación porque estaban "amedrentados" por la gravedad de las penas iniciales pedidas por la Fiscalía. Según denunciaron, las declaraciones celebradas en la vista oral no se practicaron con las debidas garantías de contradicción.

Al hilo, los magistrados han explicado que el hecho de que los otros acusados hayan aceptado la acusación y la penalidad "no es reprochable". "No por ello podemos hablar de indefensión y falta de contradicción, aunque los acusados conformados guardaran silencio", han precisado.

Además, la Sala de lo Penal ha indicado a los recurrentes que las conclusiones a las que llegó la Audiencia Nacional eran "lógicas, coherentes y racionales", por lo que son "suficientes" para "desvirtuar el principio de presunción de inocencia".

El tribunal ha recalcado que la sentencia de la Audiencia Nacional "realiza una profunda inmersión en el material probatorio incorporado a la causa" que se ha confrontado con la versión exculpatoria del acusado.

"Por mucho que el recurrente discrepe de la sentencia recurrida, la convicción acerca de la realidad de los hechos declarados probados y sobre la culpabilidad del recurrente, ha tenido asiento en prueba válidamente obtenida e incorporada en el proceso, de suficiente contenido incriminatorio, y razonablemente valorada con arreglo a máximas de experiencia comúnmente aceptadas, expuestas de manera lo bastante motivada para excluir arbitrariedad", ha apuntado.

Así las cosas, el Supremo ha declarado no ha lugar a los recursos de casación presentados por las defensas de José Luis Martínez Parra, consejero delegado de TECONSA; Francisco Javier Arnuncio Perujo, empresario; Antonio José de la Viuda González, ex jefe de Antena de RTVV; Juan Prefaci Cruz, ex jefe de gabinete del director de RTVV; Vicente Sanz Monlleo, ex 'número dos' de RTVV; María Encarnación Pérez Pallares, ex abogada de los Servicios Jurídicos de RTVV; y Salvador Benjamín Iñiguez Escuder, ex jefe de la Unidad de Compras de RTVV.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps se ha encarado este martes con el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, a quien ha recriminado su declaración ante el tribunal que les juzga por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama.

Testigos presentes en el momento del suceso han confirmado a Europa Press que el otrora dirigente autonómico ha esperado a Correa a las puertas de la sala una vez ha concluido la sesión de este martes, celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. "Eres un hijo de puta", le ha espetado a su salida, según los citados testigos.

Camps, molesto con la declaración de Correa - que ha confesado los hechos y ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía--, le ha calificado de mentiroso y ha asegurado que la actitud del líder de la trama está teniendo consecuencias en su vida privada.

En respuestas a la Fiscalía Anticorrupción Correa ha asegurado este viernes que conoció a Camps en la boda de la hija del expresidente del Gobierno José María Aznar y que coincidió con él "dos o tres veces", llegando a reunirse con él unos minutos en un hotel. Además, Correa ha señalado al ahora expresidente valenciano como la persona que introdujo a Gürtel en la Comunidad Valenciana.

Estos testigos explican que Camps, molesto con la versión ofrecida por Correa, ha asegurado que no se habían visto "en la vida". Además, el expresidente también habría dejado bien claro, en contra de los sostenido por Álvaro Pérez 'El Bigotes', que nunca han tenido ninguna relación de amistad.

Esta breve disputa ha concluido con la salida de la sede de la Audiencia Nacional de Camps, que ha abandonado el edificio sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. Los testigos consultados señalan que el abogado del exmandatario valenciano se habría acercado a Correa después del incidente para pedirle perdón.

Fuentes de la defensa de Camps, por el contrario, sostienen que el expresidente no habría proferido ningún insulto a Correa, al que simplemente habría afeado sus mentiras. "Me estás arruinando la vida", le ha dirigido a su salida de la sala.

Las mismas fuentes señalan que el que exdirigente se habría molestado por el chascarrillo utilizado por Correa al término de su declaración, cuando el presidente del tribunal le ha recordado que podía renunciar a su derecho a la última palabra para no acudir a más sesiones del juicio. "Si me dan el tercer grado vengo", ha bromeado el líder de 'Gürtel'.

En este contexto, las fuentes rebajan el enfrentamiento a un mero intercambio dialéctico que habría concluido cuando el abogado de Camps se ha acercado a su cliente y le ha apartado del propio Correa. En cualquier caso, niegan que el letrado se haya acercado al cabecilla de la trama para pedirle disculpas.

En los días anteriores a esta sesión, Camps había venido criticando lo que considera pactos "oscuros y obscenos" de la Fiscalía con los principales acusados en este juicio, entre los que se incluye el propio Correa, su 'número dos' Pablo Crespo o el que fuera administrador de Orange Market, 'El Bigotes'.

Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

El ex presidente valenciano Francisco Camps ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzgará por los contratos adjudicados por su Gobierno, supuestamente de forma irregular, a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, que no tenga en cuenta la cascada de confesiones realizadas por algunos acusados, entre ellos el cabecilla, Francisco Correa, a la hora de juzgar su presunta implicación en los hechos.

La defensa de Camps recordó a la Sala de lo Penal, en un escrito del pasado 25 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como "autoincriminatorios", es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados. "No debe en cualquier caso admitirse ni puede servir de base objetiva, para quien sostiene la acusación, ninguna manifestación respecto del resto de investigados realizada como consecuencia de la conformidad que se alcance y que exceda del simple y propio reconocimiento de hechos que la acusación atribuya al confeso", sostiene.

En consecuencia, recalca que, en los acuerdos sellados entre la Fiscalía Anticorrupción y otros acusados, "todo aquello que resulten referencias a terceros que excedan del simple allanamiento (a la acusación formulada) deberá ser tenido por no depuesto".

Camps reacciona así a la serie de pactos alcanzados entre Anticorrupción y los arrepentidos, que comenzaron a cerrarse en junio y han seguido cristalizando hasta este mismo septiembre.

Las confesiones empezaron a llegar poco después de que la Audiencia Nacional pusiera fecha para la vista oral que entre el 17 de enero y el 23 de mayo del próximo año juzgará las presuntas irregularidades en la concesión a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

Cabe recordar que Camps es el principal acusado en esta pieza separada número 5 de 'Gürtel'. El Ministerio Público pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude, mientras que la acusación popular del PSOE eleva su petición a 9 años al añadir tráfico de influencias.

Entre los conformados destaca Correa, que ya acumula condenas por más de 90 años de cárcel. En su caso, ha planteado una condena de 2 años y 3 meses de cárcel y una multa de 134.500 euros por delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. "El máximo responsable de los delitos que se imputan en este procedimiento soy yo", escribió de su puño letra en un documento redactado desde la cárcel de Valdemoro (Madrid) el pasado 6 de julio.

En él, se atribuye la idea de crear Orange Market para "obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP" allí, "dadas las buenas relaciones que Álvaro (Pérez, alias El Bigotes) inició con Paco Camps".

Correa cuenta que "presionaba constantemente a Álvaro" porque "el 90% de los contratos" de publicidad, comunicación y eventos se adjudicaban a Global, una empresa que "trabajaba desde la época de Eduardo Zaplana". "También recuerdo que Iñaki Urdangarín nos arrebató a través de su fundación varios eventos, no sin antes previa llamada del rey emérito", añade, matizando que toda esta información se la proporcionaba El Bigotes.

Asegura que, tras su "continua exigencia" a Pérez, cambiaron las tornas y el Gobierno valenciano les confió "algunos eventos", como los que componen esta pieza separada, conocida también como de contratos menores. Detalla que el 'número dos' de Gürtel, Pablo Crespo, se ocupaba de la facturación e Isabel Jordán, de producción y montaje.

Asimismo, precisa que solo ha coincidido dos veces con Camps, una en la ya famosa boda de la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar y otra en la boda de El Bigotes, al que sí atribuye una "estrecha relación de amistad" con Camps. "De manera que mi relación con él es inexistente", zanja.

Aprovecha además para resaltar que desde su primera declaración en el juicio por la primera época de 'Gürtel' ha venido mostrando "total transparencia" sin recibir "nada" a cambio. "Como se suele decir, me lancé a la piscina sin agua", ilustra.

Recalca que su "extensa declaración" sirvió para condenar al PP y que, como consecuencia de la tormenta desatada, Pedro Sánchez llegó a Moncloa, planteándose qué habría obtenido "de haberlo negociado 'a priori'".

Por su parte, Crespo reconoce en su escrito que estaba a cargo de la "supervisión contable y financiera del grupo de empresas" de Gürtel, teniendo "información puntual y periódica de las actividades de Orange Market". Crespo afirma que todos actuaban "siguiendo las instrucciones u órdenes" que él "transmitía" en materia de facturación. "Pues, salvo en las cuestiones administrativas internas del día a día, no daban un paso sin contar con mi aprobación previa", resume.

El número dos expresa su "arrepentimiento sincero" por el "daño económico" de sus delitos, aseverando que destinará "hasta el último céntimo de sus bienes para reparar el daño causado a las entidades públicas lo antes posible". Jordán, la considerada como administradora de las empresas de Gürtel, deja claro que desde que empezó a participar en la trama la persona que le "exigía y daba las instrucciones" era Crespo, en ningún caso Correa. "Jamás me dio indicaciones", aclara.

La acusada también da extensos detalles sobre Camps y El Bigotes, a quien el ex presidente valenciano debía "sus mejores momentos de mandato con una imagen íntegra, impecable".

Y es todavía más explícita sobre el papel de Pérez y su relación con Camps al manifestar que "durante los años 2004 a febrero de 2009, todos y cada uno de los eventos que el Partido Popular tenía que organizar" corrían de la mano de El Bigotes.

El gerente de Orange Market, Cándido Herrero, también ha llegado a un acuerdo de conformidad reconociendo su participación en Gürtel. Según admite, "asistía a reuniones con diferentes funcionarios" para "concretar" los trabajos de cada uno de los eventos y "confeccionar los presupuestos".

Señala directamente a El Bigotes como quien "conseguía los trabajos". También expone que "en Orange Market no se enviaba presupuestos o una factura si no había sido ordenado por Pablo Crespo", mientras que la contabilidad correría a cargo de Ramón Blanco Balín.

Herrero subraya que tras su ingreso en prisión empezó a estudiar Criminología y que ahora es "más consciente" de su culpa, por lo que incide en que está "arrepentido". Así, acepta 7 años y 11 meses de prisión por tráfico de influencias en concurso con prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación, y multa por 582.500 euros.

Por otro lado, la ex gerente de la fundación de la Comunidad Valenciana La luz de la imágenes Carmen Díaz Quintero accede a 1 año y 6 meses de prisión. Además, según consta en su propio escrito, ya ha abonado 34.626 euros para reparar el daño causado.

Por último, la ex directora general del Libro Silvia Caballer reconoce que acordó con El Bigotes contratar a Orange Market para el II Congreso Software Libre, celebrado en Castellón en mayo de 2005.

Admite que supo de cuatro facturas emitidas a la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, cada una por un importe de 12.020,24 euros, fraccionadas para que "pudieran ser tramitados como contratos menores".

Y para "minimizar" costes reconoce contactos con diez entidades para que patrocinaran el evento, así como con Proyecto Cultural Castellón para que lo "coorganizara", facturando unos 63.000 euros.

El PP recurrirá la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le condena como partícipe a título lucrativo a pagar 204.198,64 euros por las actuaciones de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Se trata de la tercera condena del tribunal a los conservadores después de las sentencias por la primera época de la Gürtel y por el uso de la caja b para costear las obras de reforma de la sede del PP en Génova.

Los magistrados han determinado que la formación política debe abonar esa cantidad por responsabilidad directa y solidaria del que fuera líder de la trama, Francisco Correa; su "número dos", Pablo Crespo; el ex alcalde del municipio madrileño Arturo González Panero, apodado "El Albondiguilla"; o los que fueran gerentes de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

La sentencia señala que el beneficio para el PP fue "evidente". Según su relato, se derivó de los pagos del Grupo Correa destinados al "sostenimiento de la propia organización", por lo que se traducía en un "menor gasto" para el sostenimiento del partido en Boadilla del monte y para afrontar las campañas y precampañas de 2003 y 2007.

Además, la Audiencia Nacional dice que el PP contaba en esas campañas con un "colchón" de remanente que sobró y considera que esto evidencia "de un modo claro" que el partido "no era quien estaba abonando esos gastos sino que se sufragaban por el Grupo Correa (con fondos) obtenidos como beneficio del delito".

En cuanto el argumento usado por la defensa de los conservadores, que alegó que esos gastos electorales no tenían vinculación con la obtención de votos, el tribunal apunta que es irrelevante porque los abonos al PP por Correa iban más allá de esos periodos de comicios e incluían abono de bienes, eventos y actos.

Y en lo referido al argumento de que el PP no sabía de esos gastos y que eran "contrarios a su voluntad", la AN afirma que es irrelevante porque, tal y como recordó el Supremo en una sentencia de 2020, "la naturaleza de la participación a título lucrativo no se trata de una obligación civil que tiene su origen en la participación del delito, sino de modo objetivo en la existencia de un beneficio a título gratuito de un tercero que desconoce su procedencia delictiva". Y recuerda que la condena a título lucrativo es compatible con la buena fe.

El fallo, que condena a un total de 23 personas, establece la pena de prisión más alta para "El Albondiguilla". Deberá cumplir hasta 36 años y 11 meses de cárcel por delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de caudales públicos.

Los magistrados cargan con dureza contra González Panero subrayando que "negó su participación en los hechos en las seis declaraciones que realizó en fase de instrucción, y no fue hasta días antes del inicio del juicio en que presentó un escrito anunciando un reconocimiento de hechos", recuerdan.

Precisamente, González Panero ha acudido este martes a la Audiencia Nacional para la vistilla donde se decidirá si ingresa en prisión y en qué términos.

Para el cabecilla de Gürtel y su subalterno, fijan condenas ostensiblemente menores, después de que ambos presentasen sendos escritos de confesión antes del inicio de la vista oral. Así, Correa y Crespo añadirán a su cuenta 13 años y 6 meses de cárcel, respectivamente, por los mismos delitos mencionados.

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de tres años de prisión y la multa de 36.000 euros a los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsedad cometido por funcionarios públicos por la adjudicación ilícita de tres contratos para empresas del Grupo Correa relativos a la participación de la ciudad de Jerez en Fitur de 2004 por importe de 214.000 euros. En ambos casos se ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

En una sentencia de 31 de enero, recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal ha acordado mantener también la condena de siete años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación a Correa.

Por su parte, ha estimado absolver a Crespo y a los empleados del Grupo Isabel Jordán y José Javier Nombela del mismo delito al entender que se cometió con las adjudicaciones directas de los tres contratos y, según se declaró probado, a ellos se les comunicó el acuerdo con posterioridad, por lo que intervinieron exclusivamente en su ejecución.

En el marco de la resolución, el Supremo ha rebajado de dos años y tres meses de prisión a un año y tres meses de prisión la pena por cooperación necesaria en la falsedad a Nombela, al considerar que la ilicitud de su conducta fue menor a la de quienes impartieron las órdenes y a la de los funcionarios.

En el caso de Jordán, que no recurrió al Supremo, se le ha absuelto por extensión de la prevaricación. Así, su pena ha quedado en un año y dos meses de prisión como cooperadora necesaria del delito de falsedad con las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas y colaboración con la justicia.

También presentó recurso ante el Supremo la que era interventora del Ayuntamiento de Jerez en el momento de los hechos, quien junto a otros cuatro técnicos municipales fue absuelta por prescripción en la sentencia de la Audiencia Nacional. En concreto, interpuso recurso al entender que dicha resolución relataba hechos que serían constitutivos de delitos de prevaricación y falsedad, aunque deban considerarse prescritos.

El tribunal le ha dado la razón parcialmente. Ha acordado absolver a los cinco técnicos municipales de prevaricación al no ser delictivos los hechos imputados. Pero ha mantenido la absolución del delito de falsedad por prescripción.

Por otro lado, la Sala ha desestimado el recurso de la Fiscalía que, con la adhesión de varias acusaciones, defendía la no prescripción de los delitos de prevaricación y falsedad.

Los hechos probados por la Audiencia Nacional destacaban que Francisco Correa, aprovechando su amistad con una persona —ya fallecida— que estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento de Jerez, obtuvo ilícitamente a favor de sus empresas Special Events SL y Down Town Consulting SL la adjudicación de tres contratos, por importe total de 214.028,71 euros, referidos a la Feria Internacional del Turismo 2004, celebrada los días 28 de enero a 1 de febrero de ese año.

"La adjudicación se llevó a cabo en el seno del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez —Organismo Autónomo, dependiente del Ayuntamiento de Jerez—, y se hizo directamente vulnerando la normativa de contratación pública y sus principios de publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia, que exigía la tramitación de un concurso público", señalaba el relato de hechos.

Asimismo, indicaba que "una vez terminada la feria, con el fin de encubrir la directa adjudicación y dotarla de una apariencia de legalidad se procedió a confeccionar formalmente los correspondientes expedientes de contratación antedatando las actuaciones e incurriendo en sucesivas infracciones de la normativa administrativa".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha informado favorablemente a la concesión de un indulto parcial al denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas, que fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a 5 años y 3 meses de prisión, 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta, 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multas, informa Europa Press. 

En su informe, remitido al Ministerio de Justicia, apoya que se conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta a las que José Luis Peñas fue condenado (una de 3 años y otra de 2 años y 1 mes) por dos penas de inhabilitación especial, de idéntica duración que las conmutadas, para cargos públicos de libre designación o elección.

La Sala ha tenido en cuenta el criterio del fiscal, que respaldaba la concesión del indulto parcial a José Luis Peñas, atendiendo a razones de justicia, equidad y utilidad pública, requisitos que exige la Ley del Indulto, y al arrepentimiento del solicitante.

El Ministerio Público recordaba en su informe que las penas de prisión impuestas fueron suspendidas al considerar que ninguna de las penas por separado superaban los dos años y que Peñas " ha realizado un importante esfuerzo reparador mediante el ingreso de importantes cantidades" en el juzgado.

Señalaba, tal y como recoge ahora el Supremo, que "las grabaciones realizadas por el penado (...) desde 2005 a 2007 a diversos miembros de la denominada trama Gürtel y su denuncia inicial han sido fundamentales para llegar a la condena del citado y de otros coimputados" en el juicio de la denominada Época I.

Incidía en que Peñas a pesar de su condena ha comparecido como testigo en todas las piezas separadas de esta trama que han acabado en sentencia condenatoria: "Fitur, Valencia piezas 1, 2 y 6, Jeréz, Aena y la visita del Papa a Valencia".

El informe del Ministerio Público destacaba que el cumplimiento de inhabilitación absoluta en el caso de Peñas significaría la pérdida de su trabajo, lo que supondría para él una aflicción desmedida e innecesaria. En cambio, consideraba que el indulto parcial, conmutando las penas de inhabilitación absoluta por dos de inhabilitación especial, le permitiría no perder la condición de funcionario público y seguir en el desempeño de sus funciones como ordenanza en el Ayuntamiento de Madrid.

Protección al denunciante

Además, el fiscal expresaba en su informe la falta de protección de los denunciantes en España, algo que "no incentiva y protege a los funcionarios públicos que habiendo intervenido en las actividades delictivas deciden ponerlo en conocimiento de la justicia".

En este sentido, el Ministerio Público recordaba que "España ha recibido la crítica de diversos organismos internacionales y supranacionales ante la falta de un sistema destinado a proteger a los denunciantes de buena fe", a diferencia de lo que sucede en el derecho comparado en el que se reconoce la figura del whistleblower (delator o arrepentido).whistleblower 

La Fiscalía ponía en valor que en el marco de la Unión Europea ya se contempla la Directiva 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Y subrayaba que España tiene hasta el 17 de diciembre para trasponerla a nuestra legislación.

Se opone al indulto parcial de la exmujer de Correa 

Además de estudiar el caso de Peñas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha analizado la petición correspondiente a Carmen Rodríguez Quijano, expareja del líder de la Gürtel GürtelFrancisco Correa, que fue condenada a 17 años y ocho meses de prisión.

Los magistrados han informado, al igual que Fiscalía, en contra de que se le conceda la medida de gracia a Rodríguez. La mujer alegó que ya han transcurrido más de 16 años desde que se produjeron los hechos, periodo en el que -según ha dicho- ha desarrollado un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento, además de haberse deteriorado sus circunstancias familiares, personales, económicas y de salud.

El Ministerio Público, sin embargó, aseguró que no se apreciaban en su caso las razones de equidad, justicia o utilidad pública que deben concurrir. A su juicio, la concesión del indulto parcial "burlaría la norma legal y contribuiría a reprimir la eficacia del fin de la prevención general, con un efecto favorecedor, que no disuasivo, respecto de la comisión del delito". En este sentido, ha insistido en que sería "una burla" y "una invitación al delito".

En el nuevo macrojuicio del caso Gürtel, toca examinar las supuestas adjudicaciones irregulares en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Francisco Correa, el líder de la trama corrupta, ha relatado cómo se amañaban los contratos públicos con la connivencia del entonces alcalde y de otros cargos del Ayuntamiento, a cambio de las consabidas mordidas, un relato que bien puede ser el de cualquiera de las otras piezas en que se dividió esta causa y que ya han sido juzgadas. El empresario, que está a punto de disfrutar de sus primeros permisos penitenciarios, ha explicado la ruta de la corrupción en este municipio madrileño, que era prácticamente la misma que en todas las áreas de influencia de sus empresas: su "trabajo de lobby" para conseguir obras públicas a sus empresarios amigos, la elección de uno de éstos para la adjudicación y la posterior distribución de las "dádivas", ya fueran en efectivo o en especie.

Ha sido en la segunda jornada del juicio de la conocida como Época II, las actividades de la trama Gürtel en Boadilla cuando este municipio estuvo regido por Arturo González Panero, alias el Albondiguilla. El proceso de amaños era el siguiente, según Correa: salía una obra pública a concurso, "muchos" empresarios se ponían en contacto con él porque sabían que tenía mano con los altos cargos de la localidad y tras escucharles, él elegía al "candidato" a la adjudicación, lo hablaba con los responsables del Consistorio para concederle el contrato. Una vez terminado este proceso, el empresario agraciado daba a Correa la comisión y éste la repartía con los cargos públicos involucrados, quedándose él mismo una parte.

"He adjudicado muchísimas obras. No sólo en Boadilla", ha llegado a decir Correa en un momento del juicio en la Audiencia Nacional, a preguntas de las acusaciones. "Cuando salía un concurso, me solían llamar muchos empresarios. Yo elegía a mi candidato y negociaba con el empresario la comisión. Una vez que se adjudicaba, el empresario me daba la comisión y yo la repartía", ha apuntado. Lo que sí ha descartado es que la trama corrupta participara en la elaboración de los pliegos de los contratos públicos, por lo que ha negado también que sus empresas fueran las que sugirieran al Ayuntamiento que licitaran tal o cual concurso.

De este modo, el líder de Gürtel, que ya acumula más de 90 años de condena por las distintas piezas de la macrocausa ya juzgadas, ha confirmado los hechos descritos en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, como ya hiciera por escrito a principios de este año, mostrando su disposición a buscar un acuerdo de conformidad a cambio de una reducción de condena. Y como Correa, otros dieciseis acusados en esta vista oral han confesado, incluido el número dos de la trama, Pablo Crespo, así como empresarios y excargos del PP como el exalcalde de Boadilla.

La trama dirigió toda la contratación pública

Según el auto de procesamiento de esta pieza del caso Gürtel, la trama corrupta habría actuado de "forma ininterrumpida" en Boadilla del Monte al menos entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras: repartiendo 'a dedo' los contratos municipales entre las empresas de la trama "a cambio de la correspondiente comisión" y mediante "el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas" de la localidad madrileña. Hasta el punto de que el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en el municipio en esos años.

Esta última conclusión ha quedado perfectamente confirmada con la declaración de Francisco Correa: los empresarios le llamaban para que mediase con los cargos del Ayuntamiento, él elegía al adjudicatario y así el amaño se materializaba. Y ha puesto algún ejemplo: tras la publicación de una licitación, el entonces presidente de Sacyr-Vallermoso, Luis del Rivero, contactó con él "varias veces" porque estaba "muy interesado" en ser el adjudicatario, pero finalmente Correa se decantó por José Luis Ulibarri, a quien finalmente se asignó ese contrato. Ulibarri es otro de los acusados en este juicio que ha confesado los hechos.

Y tras relatar toda esta trama de corrupción, reconocer los amaños, las comisiones ilegales y el enriquecimiento de cargos públicos en el municipio de Boadilla, Correa ha llegado a decir después que "nunca" tuvo "dos candidatos", es decir, dos empresarios favoritos para que resultasen adjudicatarios, porque le parece "amoral". "Nunca he trabajado así", ha apuntado.

Las razones de la ruptura de esta relación del líder de Gürtel con el Albondiguilla las ha dado Pablo Crespo, que ha sido el siguiente en declarar: "Termina porque Correa estaba muy enfadado porque había un acuerdo económico para la adjudicación de obras, pero se enteró de que González Panero estaba negociando esas obras con otros, se sintió traicionado, con toda la razón, y dejó de hablar con él".

Francisco Correa, Pablo Crespo, Alfonso Bosch, José Luis Ulibarri, Isabel Jordán, Arturo González Panero, Alfonso García Pozuelo… Así hasta quince de los principales acusados en el nuevo macrojuicio del caso Gürtel han ido cumpliendo el guion y han ido confirmando el reconocimiento de los hechos que ya habían ido adelantando al tribunal de la Audiencia Nacional que les ha comenzado a juzgar este martes. Sus confesiones dejan al PP, acusado como partícipe a título lucrativo de las actividades delictivas de la trama corrupta, en una posición muy delicada, pues podrían traducirse en una nueva condena, la tercera, para el partido conservador.

Uno por uno, diecisiete de los veinticinco acusados por los negocios de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, la llamada Época II, han ido confirmando en la vista oral lo que en los últimos meses habían venido manifestando por escrito: que los hechos que relata el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción son ciertos y se muestran dispuestos a llegar a un acuerdo de conformidad.

Se trata de los líderes del grupo criminal, así como empresarios y excargos del PP que habrían participado en las actividades corruptas que buscan reducciones de condena de prisión y se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve al Ministerio Público para acreditar su acusación ante el tribunal.

Según el auto de procesamiento de esta pieza del caso Gürtel, la trama habría actuado de "forma ininterrumpida" en Boadilla del Monte al menos entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras: repartiendo 'a dedo' los contratos municipales entre las empresas de la trama "a cambio de la correspondiente comisión" y mediante "el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas" de la localidad madrileña. Hasta el punto de que el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

El magistrado observó en esta maquinaria presuntos delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y, para asegurar las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, exigió fianzas de más de 150 millones de euros.

Beneficiado con 204.198 euros

Los componentes de la trama se repartieron las mordidas, pero también destinaron parte del dinero a financiar actos de campaña del PP, según las propias confesiones de acusados. Por eso, Anticorrupción considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

Los acusados que han confesado son, entre otros, los números uno y dos de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, respectivamente; José Luis Izquierdo, el contable de la trama; el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, alias el Albondiguilla; el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) César Tomás Martín Morales; los empresarios José Luis Ulibarri, Alfonso García-Pozuelo, Jacobo Gordon; el exdiputado del PP Alfonso Bosch; Javier del Valle, exasesor fiscal del exalcalde; el arquitecto Antonio de Miguel Reyes; los asesores del Grupo Correa José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel; o la administradora de las empresas de la trama Isabel Jordán.

La cascada de confesiones, la mayoría ya sabidas y otras conocidas en la primera jornada del juicio en la Audiencia Nacional, ha hecho que los abogados no hayan planteado al tribunal ninguna cuestión previa y que hayan manifestado su renuncia a la práctica de la prueba que habían pedido en sus respectivos escritos de defensa tras el auto de procesamiento, antes de que reconocieran los hechos.

El resto de acusados, los que no han confesado, han comunicado al tribunal su intención de defenderse de las acusaciones y, por tanto, seguir adelante con la vista oral.

Sin cambios en las penas máximas

La explicación de por qué confiesan unos y otros no está en muchos de los casos en que hay acusados en este juicio, como Francisco Correa o Pablo Crespo, que ya acumulan otras condenas, pero su tiempo de cumplimiento efectivo de las penas ya está fijado.

Así, por ejemplo, la Audiencia Nacional estableció el límite de cumplimiento para el líder de la Gürtel en dieciocho años –aunque está condenado a más de 90 años– y aunque sume más condenas, ese será el tiempo máximo que pase en prisión, ya que el cumplimiento efectivo se fija, según el Código Penal, en el triple de la pena máxima; en su caso, seis años por malversación de caudales públicos.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha sido el último en intervenir en la primera sesión del juicio, pero no ha planteado ninguna cuestión previa y sólo ha pedido permiso a los tres magistrados para poder seguir las sesiones del juicio de forma telemática.

El calendario inicial preveía jornadas de martes a jueves hasta el próximo mes de febrero –salvo las semanas de Navidad–, pero el reconocimiento de los hechos por parte de diecisiete acusados podría reducir considerablemente la duración del procedimiento.

El próximo 16 de noviembre está previsto que comience otro macrojuicio del caso Gürtelcaso Gürtel. Pero no será un juicio cualquiera, pues lo que se examina es la llamada Época II, la segunda etapa de actividades de la red corrupta en la Comunidad de Madrid, esta vez en el municipio de Boadilla del Monte, y el PP vuelve a sentarse en el banquillo como posible beneficiario a título lucrativo. Es decir, por lucrarse supuestamente con los negocios de la trama. Y en el tribunal que deberá dictar sentencia está el magistrado José Ricardo de Prada, a quien el partido conservador viene señalando como el artífice de su primera condena y de las frases más contundentes de la sentencia que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa y al que intentan apartar de todas las piezas de esta macrocausa y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, sus compañeros en la Audiencia Nacional descartan cualquier sesgo ideológico que le impida juzgar con imparcialidad este caso de corrupción. 

En el tribunal que juzgará la Época II hay tres magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De ellos, dos ya han juzgado previamente piezas del caso Gürtel: el presidente, José Antonio Mora Alarcón, y José Ricardo de Prada. El paso de éste último por el tribunal que juzgó la Época I hizo que varios de los acusados, incluido el que fuera número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, y el PP, trataran de apartarle de la vista oral que comienza este martes. Sin éxito. Quince magistrados de la Sala de lo Penal lo rechazaron, avalando la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco estaba de acuerdo en recusarle.

Es decir, sus compañeros de la Audiencia Nacional no ven causa para apartarle por las causas esgrimidas por los acusados. El PP citó como motivos su supuesta cercanía al PSOE o las "afirmaciones" de la sentencia de la Época I "de las que puede inferirse ánimo acusatorio" contra el partido. Ninguno de estos argumentos fue compartido por el Pleno de la Sala. Todo ello, a pesar de que De Prada sí fue apartado para juzgar la causa de la caja b del PP, pues en la sentencia que derivó en la moción de censura ya tuvo que examinar pruebas sobre esa contabilidad opaca, la cual se dio por acreditada casi tres años antes de que ésta fuera objeto de su propia vista oral.

Fuentes próximas al magistrado consultadas por infoLibre insisten en que De Prada está y siempre ha estado "absolutamente al margen de la política" y que su único propósito es "impartir justicia" en los casos que se le asignan para enjuiciar, ya que, según recuerdan, ningún juez elige los juicios que le tocan.

Procedimientos diferentes

En el caso del juicio de la Época II, el auto del Pleno de la Sala que confirmó a De Prada como miembro del tribunal, de octubre de 2019 y consultado por este periódico, esgrime que es un procedimiento penal "diferente" al de la Época I que se han tramitado en piezas separadas: aunque en las dos este magistrado "entró en contacto" con las pruebas contra el Grupo Correa, la "actuación desplegada" en cada una de las piezas fue en municipios diferentes. En la primera, en Majadahonda y Pozuelo, mientras que en la segunda fue en Boadilla se depura la actividad de personas, sólo en parte coincidentes, en este último municipio.

"Aunque ambas causas dilucidan la relevancia penal de comportamientos desarrollados en entornos próximos y puede existir alguna premisa fáctica concreta común, no es cierto que en el anterior proceso se analizara y diera por probado hechos que son también objeto de la presente pieza, ni el magistrado pudo formar opinión o prejuzgar los acontecimientos que serán ahora examinados", concluye.

Ser propuesto por el PSOE "no proyecta duda en la sociedad"

En cuanto al otro argumento defendido por el PP en su incidente de recusación, posible cercanía al PSOE, pues fue el partido que le propuso para la renovación fallida del CGPJ en 2018, el auto remarca que "ni los términos de las manifestaciones del magistrado tienen entidad o incidencia para afectar a la apariencia de imparcialidad, ni la designación para cargos en que se valora la experiencia o que son fruto del consenso entre partidos políticos comporta necesariamente pérdida de imparcialidad o interés personal en la causa".

Los magistrados del Pleno creen que estas circunstancias "no arrojan dudas sobre la independencia de criterio" de De Prada. "La posible afinidad ideológica no justifica la existencia de interés directo o indirecto en un magistrado ni su pérdida de imparcialidad", añaden.

¿Por qué entonces esta diferencia con el tratamiento a Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González, quienes fueron recusados de todos los juicios del caso Gürtel por haber sido vocales del CGPJ a propuesta del PP? Para la Sala, no puede haber "paralelismo" entre estos tres magistrados y De Prada, pues en esta macrocausa se juzgan hechos contra el "partido político proponente" de Espejel, López y González, mientras que en el caso de De Prada, éste "fue propuesto como vocal a impulso de un partido político en oposición al que es parte en la causa, situación que no compromete la apariencia de imparcialidad ni proyecta duda en la sociedad sobre la independencia de criterio del magistrado".

La primera sentencia "no denota malquerencia"

Sobre el "ánimo acusatorio" que ve el PP en De Prada tras la sentencia de la Época I, el Pleno de la Sala recuerda que "los razonamientos judiciales de la susodicha sentencia expresan el criterio de la mayoría del tribunal, no de un concreto magistrado, que ni siquiera figura como ponente". Cabe recordar que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo en el primer juicio de Gürtel por mayoría de dos magistrados, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, y que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, emitió un voto particular discrepando de esa conclusión.

En este sentido, la Sala reprocha al partido que no llegue a precisar "qué interés pueden demostrar en el recusado, directo o indirecto, que comporte un prejuicio en el nuevo enjuiciamiento" sobre la Época II. "El tenor de la sentencia esgrimida no denota malquerencia, ni desdibuja la imagen de imparcialidad; las frases relatadas corresponden al enjuiciamiento de unos hechos complejos y relacionados entre sí, coadyuvan a la condena de los estimados en aquella causa responsables en las vertientes penal y civil, y constituyen disgresiones explicativas sobre la fuente del convencimiento judicial, que corroboran la decisión principal", apunta.

Además, hay que recordar que esa sentencia fue confirmada casi íntegramente –a excepción de varios ajustes en las penas de prisión y multas– por el Tribunal Supremo, que no cambió ni una coma de las conclusiones alcanzadas por De Prada y De Diego, incluidas las referidas a la confirmación de que el PP mantuvo una contabilidad en negro durante al menos veinte años.

Querían que dejara de poner sentencias

La recusación a la que se enfrentó De Prada por el juicio que comienza este miércoles no era la primera. Siempre, en el marco del caso Gürtel. Primero le intentaron apartar del enjuiciamiento de la Época I; después, en el de la caja b del PP, cosa que al final ocurrió porque ya se había pronunciado sobre esa financiación ilegal en el primer juicio. Esto no ha impedido que otros magistrados hayan condenado al partido conservador como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por el extesorero Luis Bárcenas. Y como el horizonte judicial en la Audiencia Nacional era muy negro para el PP, en el otoño de 2018 el partido de Pablo Casado optó por aceptar a De Prada como vocal del CGPJ con el objetivo de que saliese del tribunal. 

"Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias", dijo al magistrado el diputado del PP Carlos Rojas durante su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, durante el procedimiento, que luego resultó fallido, para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Pero ahora, tres años después de esta comparecencia y con el CGPJ aún sin renovar, el PP vuelve a preferir que se quede en la Audiencia Nacional.

El nombre de De Prada surge cada cierto tiempo como uno de los supuestos escollos para nombrar a los nuevos veinte vocales. En todos los procesos de negociación entre el Gobierno y el PP que ha habido desde 2018, el magistrado aparece como la persona que veta el partido conservador y en la que siguen insistiendo PSOE y Unidas Podemos. El diario El Mundo, sin embargo, publicó recientemente que la Moncloa había aceptado el veto de los de Pablo Casado con respecto a De Prada, pero de momento no se presentan avances para un futuro acuerdo.

César Tomás Martín Morales, exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional donde reconoce los hechos que le imputa la Fiscalía por las presuntas actividades de la trama Gürtel en ese municipio madrileño, al tiempo que implica en ellas a la ex presidenta regional Cristina Cifuentes y al dirigente del PP Pío García Escudero, informa Europa Press.

En un escrito del 11 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, Martín Morales admite delitos cohecho, prevaricación, asociación ilícita, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Y ello por haber participado en una dinámica que habría consistido en la adjudicación de contratos a las empresas del Grupo Correa desde las entidades públicas de Boadilla del Monte a cambio de comisiones que, según manifiesta, revertían también en el Partido Popular.

En este sentido, Martín Morales afirma que "la precampaña para las elecciones municipales de 2003 y la precampaña y campaña de 2007 del PP en Boadilla del Monte se han sufragado gracias a pagos de contratistas a través del dinero que conseguía de los mismos Francisco Correa", el líder de la Gürtel.

Martín Morales indica que él dirigió la precampaña y campaña electoral de 2007, explicando que "estas campañas se solían soportar con pagos en efectivo a los distintos proveedores de productos y servicios y colaboradores al no poderse emitir facturas porque se rebasaban los límites que los partidos pueden destinar a las campañas".

"En las reuniones previas a los procesos electorales a las que se citaba a los jefes de campaña en la planta 1ª de Génova 13, sede regional del PP de Madrid, los responsables regionales de coordinación de campañas, creo recordar que Guillermo Ortega en 2003 y Cristina Cifuentes en 2007, siempre ponían de manifiesto que las campañas no debían pasar oficialmente los límites, sugiriendo que se llevaran a cabo en efectivo", cuenta.

Además, señala directamente a García Escudero. "Correa presumía de ser su amigo y decía que los adjudicatarios de las obras eran recomendados por el señor García Escudero y que se financiaba así al partido regional", sostiene.

Martín Morales recuerda en este sentido que Correa le dijo que García Escudero le pidió que se contratase en la EMSV a un arquitecto pariente suyo -"Miguel Ángel, creo recordar"- y así se hizo, aunque pocos meses después se marchó.

De acuerdo con el ex gerente de la EMSV, una de las piezas esenciales de la Gürtel en Boadilla del Monte, conoció a Correa en 1996 y se le presentó como "amigo personal de los dirigentes del PP", asegurándole que tenía una "amistad estrecha" con Francisco Álvarez Cascos, Alejandro Agag, Luis Bárcenas, Juan Carlos Vera, Gerardo Galeote, Arsenio Fernández de Mesa y Jesús Sepúlveda, además de con García Escudero.

Correa "presumía de tener grandes clientes, entre los que destacaba el PP", para quien organizaba congresos y campañas electorales, expone. "Todos le conocían, era muy ansiada la amistad con él por todos los mandos del PP porque se relacionaba con Cascos, Arenas, Vera, etc", asevera.

Tras esta confesión, Martín Morales solicita que se le rebaje la eventual pena a 6 años y tres meses de cárcel, a pocos días de que comience el juicio por la pieza Boadilla de la trama Gürtel, cuya sesión inaugural está prevista para el 16 de noviembre y que cuenta ya con una docena de confesiones.

Francisco Correa, Arturo González Panero, Pablo Crespo... Así hasta ocho acusados en el próximo macrojuicio del caso Gürtel que con sus confesiones ponen contra las cuerdas una vez más al PP. La llamada Época II, referida a las actividades de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, comenzará a juzgarse el próximo 16 de noviembre y el reconocimiento de los hechos por parte de los principales imputados puede acercar al partido conservador a una tercera condena por beneficiarse de la corrupción. Sería la segunda que llega en tiempos del nuevo PP de Pablo Casadonuevo, el mismo que se niega a comentar desde hace meses la "herencia" que recibió de las anteriores direcciones de Mariano Rajoy y José María Aznar, bajo cuyo mandato se produjeron las corruptelas investigadas y juzgadas.

Ya son diez los acusados que han decidido confesar los hechos, iniciativa con la que buscan reducciones de condena de prisión y con la que se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve a la Fiscalía Anticorrupción para acreditar su acusación ante el tribunal. En su escrito provisional, el Ministerio Público considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

El juicio por la Época II comenzará sólo tres semanas después de que el partido resultara condenado como responsable civil subsidiario por pagar en negro con dinero de la caja b parte de las obras de la sede central de la calle Génova. Sin olvidar que la primera condena, de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por la primera época de Gürtel, propició la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa en junio de 2018.

En el juicio que examinará las actividades de la Gürtel en Boadilla habrá 27 personas sentadas en el banquillo, de las cuales han confesado ocho (de momento). Fue el pasado mes de marzo cuando uno de los principales acusados en esta pieza de la macrocausa de corrupción, el líder de la trama Francisco Correa, envió un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que le tiene que juzgar, y una carta a la Fiscalía Anticorrupción reconociendo como "ciertos" los hechos del escrito de acusación y proponiendo una rebaja sustancial de la petición inicial de 76 años de cárcel a 13 años y medio, así como el pago de una multa de casi dos millones de euros, una serie de indemnizaciones y el decomiso de beneficios y comisiones recibidas por su actividad delictiva por valor de más de 2,7 millones de euros.

Según el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio madrileño a cambio de comisiones, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

Correa ya acumula unos 90 años de condenas por otras ramas de la macrocausa, pero el cumplimiento efectivo será, de momento, de dieciocho años en virtud del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. En el caso del líder de Gürtel, la más grave de las penas es de seis años por el delito de cohecho.

Han pasado ya trece años desde que comenzó la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional y algunos más desde que se cometieron los hechos. Y precisamente es este paso del tiempo lo que está llevando a los tribunales que están juzgando las distintas piezas a aplicar a los acusados la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, lo que ha llevado a la Sala a reducir sustancialmente las condenas a los líderes de la trama Gürtel en casos como el de las adjudicaciones ilegales por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En esta experiencia previa es en lo que se basó la defensa de Correa para presentar su escrito, puesto que en el caso de la pieza de Boadilla la investigación se cerró hace casi cinco años.

Un constructor, el primero

En realidad, el acusado que abrió la veda fue el empresario Alfonso García-Pozuelo, exgerente de Constructora Hispánica, quien ya admitió en julio de 2016 que los hechos descritos por la Fiscalía en su escrito de acusación son "ciertos" y se comprometió a declararlo así en la vista oral que empieza el 16 de noviembre, igual que ya hizo en el juicio de la primera época de Gürtel, donde afirmó que había abonado comisiones a Correa para lograr que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir adjudicaciones públicas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en la etapa como alcalde de Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato. También explicó que parte de esas comisiones ilegales que pagó se entregaron al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Años después es cuando ha llegado la confesión de Correa sobre el pago a cargos públicos del Ayuntamiento de Boadilla de "dádivas en especie, viajes, ropa, regalos, etc" a cambio de adjudicaciones de contratos públicos a sus empresas y en los siete meses posteriores que han pasado, los escritos de reconocimiento de los hechos de otros acusados en la Época II, a los que ha tenido acceso infoLibre, han ido llegando a cuentagotas al tribunal.

El siguiente fue el consejero delegado de la constructora Teconsa, José Luis Martínez Parra, ya condenado por los contratos en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia y que ahora ha admitido que pagó a Correa 1,8 millones de euros a cambio de adjudicaciones públicas y que el líder de la trama le consiguió los contratos dadas las “magníficas relaciones” que éste tenía con distintas administraciones “gobernadas por el PP”.

Comisiones, dinero para campañas y "vías de presión"

El número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, hizo lo propio unos días después, admitiendo que cobró comisiones de entre el 3% y el 4% por intermediar en adjudicaciones a constructoras y que las empresas de la trama ordenaron pagar gastos del PP de la localidad relativos a las elecciones municipales de 2007. Le siguió el exdiputado del PP de Madrid Alfonso Bosch, al que llamaban el bujías o el neveras por su apellido, explicando que el modus operandi del Grupo Correa incluía "vías de presión para la consecución de sus objetivos económicos" y que su relación con la trama comenzó en 1995 dado que colaboraba por entonces con la organización territorial del PP nacional y participaba en las campañas electorales.

Los empresarios José Luis Ulibarri y Jacobo Gordon también admitieron la comisión de delitos de cara al juicio y el último en confesar ha sido uno de los principales acusados, el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla. La suya es una de las declaraciones más esperadas por el cargo que llegó a ejercer en la localidad y la información que puede aportar ante una posible tercera condena para el PP por lucrarse con las actividades de la trama. Ha confirmado, tal y como le acusaba Anticorrupción, que dio un "trato de favor" a las empresas de Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa, en línea con lo admitido por el líder de Gürtel. También acaba de reconocer que la dirección nacional del PP le ordenó desviar una parte de las mordidas a campañas electorales.

Es llamativo el cruce de acusaciones entre Correa y González Panero en sus respectivos escritos. Ambos se acusan mutuamente de tener una ambición desmedida y mientras el primero califica al segundo de "amoral" en su conducta, el exalcalde considera que el líder de la trama corrupta le llegó a hacer propuestas "desproporcionadas que implicaban un mayor riesgo de exposición". La relación entre ambos, efectivamente, no debió terminar muy bien, pues González Panero asegura, como Bosch, que Correa y Crespo le llegaron a imponer unas "reglas de conducta" que él interpreta como "amenazas y presiones" y le recordaban los regalos que con que la trama le había surtido.

Pero hasta ese momento, la relación debió ser fructífera para ambos. Así lo expone el abogado Javier del Valle, asesor fiscal del exalcalde González Panero, acusado también en este próximo juicio que reconoce que "ocultó a través de distintas estructuras societarias y financieras una parte de los fondos percibidos en consideración a sus cargos" de regidor y de presidente de la empresa municipal del suelo "y prevaliéndose de los mismos". En su escrito, describe las estructuras financieras que el Albondiguilla compartió con Correa en Madeira y Panamá, por lo que admite delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Antonio de Miguel Reyes, arquitecto del Ayuntamiento de Boadilla, también ha enviado su propio escrito admitiendo los hechos de los que le acusa Anticorrupción. Según afirma, desde el Consistorio “se le daba a entender” que había "empresas en las que había especial interés" para adjudicarles contratos públicos, por lo que hacía informes técnicos favorables.

Habrá que esperar al inicio del juicio para ver si las confesiones de los procesados se traducen en acuerdos de conformidad con la Fiscalía y qué efectos pueden llegar a tener para el resto de acusados, incluido el PP. Tras el escrito de Correa, desde Anticorrupción se mostraron prudentes sobre el alcance que podría tener y se apresuraron a recordar que la investigación realizada antes de que esta pieza se enviara a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento ya consiguió demostrar los hechos más relevantes de la misma.

El exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como El AlbondiguillaEl Albondiguilla, ha confesado en un escrito enviado al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzgará por las actuaciones de la Gürtel en el municipio madrileño que dio un "trato de favor" a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivo más otros pagos en especie como viajes y ropa, informa Europa Press.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, González Panero reconoce que consintió dicho "trato de favor" al Grupo Correa tanto desde el Gobierno de Boadilla del Monte como desde la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), aunque en este segundo caso solo "dejando hacer", a cambio de comisiones.

El Albondiguilla hace un relato detallado de su relación con Correa, al que acusa de tener unas pretensiones "desmedidas", y con otros actores de la trama, así como de los contratos en los que intervino y de las mordidas que se embolsó por ello. 

En concreto, indica que se adjudicó irregularmente un contrato de recogida de basuras a la UTE formada por FCC y SUFISA a cambio de una comisión a distribuir entre los implicados en el proceso y el PP.

También apunta a los contratos adjudicados a la Constructora Hispánica, por los que él dice que recibió 12.000 euros, mientras que otros 30.050 euros habrían ido a la campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 y para las elecciones generales de marzo de 2004.

"Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección general y nacional del PP", ha asegurado el ex regidor local sobre los negocios con la empresa de Alfonso García-Pozuelo.

Asimismo, cuenta que los gestores de TECONSA, entre ellos José Luis Martínez Parra, y Correa convinieron "la entrega de 1,8 millones de euros para su reparto entre los miembros de la organización (Gürtel) y el PP a cambio de la adjudicación de contratos por los entes municipales de Boadilla del Monte entre los años 2002 y 2007". De este monto, González Panero se llevó 180.000 euros.

El antiguo edil subraya que se dio cuenta de "la verdadera relevancia" de Correa dentro del PP cuando vio que "tenía acceso directo tanto a la sede del PP en Génova, sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también por la facilidad de contacto con el Palacio de La Moncloa".

Viajes, trajes y un plasma 

Además de las mencionadas cantidades -12.000 y 180.000 euros-, González Panero admite que cobró 21.657 y 18.000 euros por el contrato de recogida de basuras otorgado a FCC y SUFISA y 510.000 por otros encargos del equipo municipal a la Constructora Hispánica, lo que suma un total de 741.657 euros.

No obstante, el ex alcalde de Boadilla del Monte reconoce que a eso aún hay que sumar los "numerosos contratos menores" concedidos a las empresas de Correa en las que figuraba Isabel Jordán, unas contrataciones que revela que "incluían un sobreprecio destinado a sufragar servicios a favor del PP".

Y, además, reconoce "dádivas" en especie. En este apartado menciona diversos gastos, entre ellos una factura de sastrería de más de 4.000 euros, otra de zapatos por más de 2.000 euros, otra en concepto de viajes por 29.847 euros y otra que abarca viajes, ropa, calzado y una pantalla de plasma por 48.941 euros.

Ha confesado igualmente "la ocultación a través de distintas estructuras financieras y societarias" de los fondos que percibió por todas estas irregularidades, estructuras que dice que estaban gestionadas a través de Javier del Valle.

Un "gran enfrentamiento" con Correa 

González Panero explica que conoció a Correa porque se lo presentó José Galeote, que tenía una "gran amistad" con el cabecilla de la Gürtel  "a resultas de los contactos que (este último) tenía en la sede de Génova".

Se conocieron en 2001 en una reunión en un restaurante de Aravaca porque, según relata, Galeote le dijo que le interesaba tratar con Correa porque había accedido a la Alcaldía de Boadilla del Monte por una moción de censura y podía pasar que no fuera en las listas populares para las elecciones municipales porque su posición no era lo suficientemente fuerte dentro de la formación política.

"Los contactos con el señor Correa se fueron reforzando con el paso del tiempo" hasta 2005 cuando rompió su "relación personal y directa con él", aunque siguió favoreciendo los intereses de la "organización".

La razón de que ambos se distanciaran, de acuerdo con el ex alcalde de Boadilla, es que las pretensiones de Correa "eran desmedidas y ambiciosas, de manera que sus propuestas eran ya desproporcionadas e implicaban un mayor riesgo de exposición". De esta forma, devuelve el revés al líder de la Gürtel, que en su propia confesión, realizada el pasado mes de marzo en otro escrito, destacó la "ambición desmedida" y la actuación "amoral" del alcalde popular.

"La tensión explotó a principios de 2005", desarrolla González Panero, por la adjudicación a UFC, empresa dirigida por José Luis Ulibarri, de una parcela en Boadilla del Monte que se valoró a precio de mercado, unos 2.000 euros el metro cuadrado, cuando al mismo tiempo se estaba enajenando otra parcela similar en Majadahonda -donde el suelo era más caro- por 1.400 euros el metro cuadrado.

"Reglas de conducta"

A partir de ahí la relación se truncó hasta el punto de que Correa llegó a pensar que González Panero actuaba por su cuenta, al margen de la GürtelGürtel, y elaboró junto a Pablo Crespo, considerado el 'número dos' de la trama, unas "reglas de conducta" que el ex alcalde de Boadilla del Monte interpreta como parte de las "amenazas y presiones" que recibió desde esa operación de 2005.

"No te queremos joder la vida", arrancan esas "reglas de conducta" para aclarar después que "se trata exclusivamente de hacer justicia" o, lo que es lo mismo para Correa y Crespo, "restablecer la situación previa".

Acusan al ex regidor local de tratar a Correa "como un perro" cuando -dicen- él le ha tratado "como un hermano". "Te ha vestido (calcetines, camisas, trajes, corbatas, gemelos, etc.). Hasta el plasma de tu casa", le recalcan. "¿Todo claro? Esto solo se romperá si tú lo rompes. Nada de engaños", concluyen.

González Panero también alude a Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch, que fueron gerentes de EMSV en esos años, como piezas clave de esta presunta maquinaria de adjudicaciones ilegales. Sobre Bosch, sostiene que le fue "sugerido" por Antonio Cámara, "persona de confianza del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar".

Falta de efectivo 

El que fuera jefe del Gobierno de Boadilla del Monte, que se sentará en el banquillo de lo acusados en el juicio que comenzará el próximo 16 de noviembre por estos hechos, reivindica en su escrito que su decisión de reconocer lo ocurrido y "colaborar con la Justicia" no nace a "última hora", "sino que es una decisión tomada desde hace más de un año y medio".

"El mayor problema que he tenido es la obtención del numerario suficiente para poder atender a la reparación del daño y poder obtener una conformidad con el Ministerio Público", ha manifestado.

González Panero ha enfatizado que, "de disponer del metálico suficiente hubiera hecho, en pura lógica, consignación de alguna cantidad que hubiera podido resultar significativa", pero asevera que le ha sido "imposible".

Además de Correa y González Panero, de cara al inicio del juicio han confesado los hechos más de media docena de acusados, entre los que destaca Crespo, quien fuera secretario de Organización del PP gallego.

El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, más conocido como El Albondiguilla, ha confesado en un escrito enviado al tribunal que le juzgará por las actuaciones de la Gürtel en el municipio madrileño que dio un "trato de favor" a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones que en su caso superaron los 700.000 euros en efectivoFrancisco Correa más otros pagos en especie como viajes y ropa.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, González Panero reconoce que consintió dicho "trato de favor" al Grupo Correa tanto desde el Gobierno de Boadilla del Monte como desde la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), aunque en este segundo caso solo "dejando hacer", a cambio de comisiones.

El Albondiguilla hace un relato detallado de su relación con Correa, al que acusa de tener unas pretensiones "desmedidas", y otros presuntos actores de la trama, así como de los contratos en los que intervino y de las mordidas que se embolsó por ello.

En concreto, indica que se adjudicó irregularmente un contrato de recogida de basuras a la UTE formada por FCC y SUFISA a cambio de una comisión a distribuir entre los implicados en el proceso y el PP. También apunta a los contratos adjudicados a la Constructora Hispánica, por los que él dice que recibió 12.000 euros, mientras que otros 30.050 euros habrían ido a la campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 y para las elecciones generales de marzo de 2004. "Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección general y nacional del PP", ha asegurado el ex regidor local. dirección general y nacional del PP

"Estoy bien jodido". Con estas tres palabras, el líder de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, expresaba perfectamente lo que iba a ser su futuro después de que fuera detenido en febrero de 2009 y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. Lo que entonces no se podía prever eran las implicaciones que su arresto y la caída de todo su entramado de empresas traería para el PP, el partido gracias al cual pudo expandir toda su actividad corrupta. Según se fueron conociendo detalles de la investigación, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy se apresuró a repetir como un mantra que la Gürtel era una "trama contra el PP", pero los años y, sobre todo, las resoluciones judiciales –también del Tribunal Supremo– le han desmentido: los tribunales ya han dictado ocho sentencias condenatorias, dos de ellas en las que la formación conservadora es señalada directamente por beneficiarse de la corrupción. Y aún hay todavía cuatro juicios pendientes y una causa en instrucción.

La sentencia que condena al PP como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por el extesorero Luis Bárcenas con la caja b del partido es la última de una larga lista de piezas que, tras su enjuiciamiento, han dado por probados casi todos los actos de corrupción en los que participaron alcaldes, concejales, diputados y otros altos cargos conservadores durante años. La larga investigación, que se extendió durante casi diez años, y los largos juicios han hecho que terminando 2021 siga habiendo líneas de investigación sin juzgar todavía y que continúen saliendo sentencias tan importantes como la mencionada de los papeles de Bárcenas, sobre las que el PP surgido de la moción de censura de 2018 tampoco quiere dar explicaciones.

La caja b: una sentencia y una pieza en instrucción

La trascendencia de esta sentencia sobre la contabilidad opaca que manejó Bárcenas durante al menos veinte años –el propio extesorero dice que en realidad la caja b se extendió treinta años–reside en que es la segunda condena a la que hace frente el partido conservador. No es una condena penal, porque hasta 2015 no se introdujo la modificación legal que permite la imputación de las personas jurídicas, si bien el tribunal le ha impuesto una multa como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades que no pagó en 2007 al abonar en negro de las obras de reforma en la sede central del partido en la calle Génova de Madrid. 

Aún queda en instrucción otra pieza derivada de los papeles de Bárcenas, que está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ahora dirige Santiago Pedraz, sobre el posible cohecho cometido por empresarios y el extesorero por las donaciones en metálico al partido que no fueron fiscalizadas durante esos veinte años en que la financiación ilegal estuvo activa. El magistrado aún tiene pendiente decidir qué hacer: procesar a los imputados o cerrar definitivamente la investigación. Tal y como publicó recientemente El País, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) pendiente de entrega puede resultar decisivo.

La primera época de GürtelGürtel

En esta última sentencia que se conoció este pasado jueves se da por probada una vez más la existencia de esa caja b y que ésta era del PP, no de Bárcenas, a diferencia de lo que se empeñan en decir los exdirigentes del partido. Se trata de una vez más porque fue en 2018 cuando un tribunal de la Audiencia Nacional, el que juzgaba la primera época de actividades de las empresas de Correa (1999-2005), acreditó la existencia de la contabilidad opaca y definió la trama como "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Esa sentencia fue la que propició la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. 

En la sentencia de la llamada Época I hubo 29 condenados, incluidos los líderes de la trama corrupta Francisco Correa y Pablo Crespo, además del propio Bárcenas y la esposa de éste, Rosalía Iglesias. El fallo fue confirmado en gran parte por el Tribunal Supremo en octubre de 2020, con pequeñas modificaciones en las penas de prisión, incluida la referencia a la contabilidad opaca del PP: "El tribunal –la Audiencia Nacional– contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una 'caja', o contabilidad 'extracontable', del PP". El partido tuvo que abonarhace ahora un año los 245.000 euros a los que fue condenado como partícipe a título lucrativo.

La rama valenciana

No sólo en municipios de Madrid actuaba la trama Gürtel. En la Comunidad Valenciana, concretamente en administraciones controladas por el PP de Francisco Camps, también extendió sus tentáculos y por eso allí ha habido igualmente condenas. Justo un mes antes de que saliera la sentencia de la Época I, el Supremo confirmó las que fueron las condenas de Correa, Crespo y otros líderes de la red por el amaño de contratos de la Generalitat para montar sus expositores en Fitur. Aún está pendiente la derivada del expresidente valenciano, que va a ser juzgado en la Audiencia Nacional por un contrato relacionado también con la feria internacional de turismo.

Camps sí se libró de una condena por cohecho impropio en la llamada causa de los trajescausa de los trajes supuestamente regalados por la trama Gürtel. Sí fueron condenados el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret. Y la Audiencia Nacional acreditó la financiación ilegal del PP de Camps después de la explosiva declaración del ex secretario general Ricardo Costa, en la que admitió las corruptelas del partido: "Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro".

Jerez, Aena y visita del papa

La actividad de la red corrupta en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) y los contratos firmados con la empresa pública Aena y por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 también han obtenido reproche penal de la Audiencia Nacional. Los líderes de la Gürtel se van sentando en el banquillo de los acusados una y otra vez y ya acumulan altas condenas de cárcel que tienen su máxima expresión en Francisco Correa, que ya suma casi un centenar de años de prisión y aún tiene sentencias pendientes. Cumplirá previsiblemente un máximo de dieciocho, según el cálculo de cumplimiento efectivo (el triple de la mayor pena, esto es, seis años por cohecho).

Juicios pendientes

La Audiencia Nacional aún tiene pendiente juzgar la mencionada pieza sobre el contrato de Fitur en el que Camps está procesado; la referida a los contratos suscritos por la trama corrupta en el municipio madrileño de Arganda del Rey; la pieza principal por los delitos fiscales de los jefes de Gürtel y sus empresas –hay procesadas 26 personas físicas y otras 20 jurídicas–; así como la llamada Época II sobre las actividades de la trama en la localidad de Boadilla del Monte. Ante esta última, cuya vista oral está prevista para noviembre, algunos de los procesados, incluido Correa, ya han admitido todos los hechos de cara a posibles pactos con la Fiscalía. Esta es la segunda de las piezas de Gürtel por la que el PP podría ser condenado como partícipe a título lucrativo.

Púnica y KitchenPúnicaKitchen

Salvo la de Boadilla, el resto de piezas aún no tienen fecha de juicio. La pandemia de coronavirus, que suspendió los plazos procesales y administrativos y aplazó varios meses las vistas, ha contribuido al ya manifiesto retraso en la Audiencia Nacional por la alta carga de trabajo en todas las secciones a las que corresponde el enjuiciamiento. Gürtel no es la única macrocausa que ha investigado este tribunal: entre otras, todas las piezas del caso Púnica a excepción de una y el caso Villarejo, que acumula casi una treintena de líneas de investigación, están pendientes de vista oralcaso Púnicacaso Villarejo, muchas de ellas aún en instrucción. 

En esta última macrocausa, que indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario José Manuel Villarejo, se abrió en otoño de 2018 una pieza que afecta directamente al PP: la llamada operación Kitchen, el operativo ilegal financiado con fondos reservados puesto en marcha en 2013 para sustraer documentación sensible para el partido sobre la caja b. El juez ya la ha dado por concluida, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aún tiene que resolver los recursos, incluido el de la Fiscalía Anticorrupción, que consideran que la investigacion se ha cerrado "en falso".

Y en Púnica, una de las macrocausas que más tiempo lleva abierta en la Audiencia Nacional (más de siete años), el instructor se ha dado tres meses más para indagar en la pieza número nueve, la que investiga otra supuesta caja b en el PP tras confirmarse la del partido nacional y la del partido en Valencia: la del PP de Madrid que dirigió durante más de una década Esperanza Aguirre, una de las principales imputadas.

Anticorrupción, en uno de sus últimos relatos de los hechos, determina que el PP de Aguirre se financió de forma irregular para así sufragar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008,siempre fiscalizando una parte en 'a' para no superar los límites legales y que la Cámara o el Tribunal de Cuentas no detectaran los sobrecostes, pero pagando en 'b' actos y publicidad por importes muy superiores.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado en líneas generales la sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre la pieza separada de la Gürtel relativa a los contratos irregulares de Aena, firmados entre 2000 y 2002, con el grupo de empresas de Francisco Correa, para quien ha confirmado la pena de seis años de prisión -reducida en seis meses- y ha rebajado en casi 390.000 euros la multa impuesta, informa Europa Press.

En una sentencia de 196 folios, firmada este 28 de julio y recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal ha acordado rebajar la condena de Correa -de seis años y nueve meses de cárcel a seis años y tres meses- y la multa -que pasa de 654.000 euros a 265.000 euros- tras apreciar un atenuante de dilaciones indebidas.

El tribunal ha estudiado el recurso presentado por el líder de la GürtelGürtelen el que alegaba haber sufrido dilaciones indebidas durante el procedimiento. Según consta en la resolución, los magistrados han estimado parcialmente la impugnación tras reconocer que que la causa de Aena "no presenta una complejidad de investigación tan marcada como en otras piezas" de la trama. En este sentido, han asegurado que son "conscientes" del "importante tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones".

En el marco de su recurso, Correa también defendió que durante la instrucción de la causa se vio afectado su derecho de confidencialidad en la relación abogado-cliente por la decisión del entonces juez instructor Baltasar Garzón de interceptar las comunicaciones de los letrados y los principales acusados.

El Supremo ha reconocido que "se produjo una importante transgresión del derecho de defensa", pero ha recordado que el exmagistrado fue apartado de su cargo. En este sentido, además, ha subrayado que "no puede proclamarse que cualquier restricción devenga incompatible con la validez del procedimiento en su conjunto". Por ello, ha estimado que "no procede acordar la nulidad de todo el proceso" en los términos reclamados por Correa.

Así, en la sentencia, la Sala ha confirmado la condena por delitos continuados de cohecho activo, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y prevaricación. Además, se le comisa el beneficio que obtuvo como consecuencia de estos contratos, de unos 2,2 millones de euros.

Personal de Aena y de Correa

En la resolución, que se ha dado a conocer este jueves, el Supremo también ha confirmado íntegramente las penas acordadas por la Audiencia Nacional para el ex director de Comunicación de Aena Ángel López de la Mota y su subordinado José María Gavari, quienes conocieron a Correa cuando trabajaban en la oficina de prensa del PP.

López de la Mota y Gavari fueron condenados a cinco años de cárcel con multas de 95.000 y 168.000 euros, respectivamente, por cohecho pasivo, prevaricación, y fraude a las administraciones públicas.

El tribunal también ha mantenido la condena de prisión de tres años y tres meses para José Luis Izquierdo López, excontable del grupo de empresas de Correa. Pero ha acordado reducirle la multa de 654.000 euros a 131.750 euros por el delito de cohecho activo por el que fue condenado junto al de falsedad en documento mercantil.

Adjudicación irregular de 22 contratos

El Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional al dar por probado que López de la Mota y Gavari pactaron con Correa "la adjudicación irregular de un total de 22 contratos de la entidad pública Aena para realizar eventos o participar en Ferias, todo ello a cambio de recibir dinero en efectivo o determinados servicios de carácter particular".

La Sala ha respaldado el fallo del tribunal de instancia en el que se concluía que los acusados "manipularon diversos procedimientos administrativos de adjudicación de contratos" del gestor aeroportuario para adjudicarlas a las empresas de la trama Gürtel "por un precio superior al de mercado".

Según han precisado los magistrados, "las contrataciones, con márgenes de beneficio desproporcionados, permitieron un notable enriquecimiento de las empresas beneficiadas, recompensándose económicamente a Ángel López de la Mota y a José María Gavari (empleado de la entidad Centros Logísticos Aeroportuarios SA, participada al 100% por Aena), por facilitar las manipulaciones contractuales que posibilitaron el enriquecimiento de las empresas adjudicatarias".

Se trata de la tercera sentencia relativa a la trama de corrupción que respalda el Tribunal Supremo, tras las dictadas por la primera época de Gürtel y Fitur Valencia.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que juzgó la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) ha comunicado a Suiza la autorización expresa que han otorgado el líder de la red corrupta Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; el extesorero del PP Luis Bárcenas; y el que fuera su testaferro Iván Yáñez para que se desbloqueen sus cuentas bancarias en ese país y poder satisfacer la responsabilidad económica a la que fueron condenados, que asciende a más de 58 millones de euros, según informa Europa Press.

Así consta en un auto, en el que el tribunal da traslado a las autoridades helvéticas de estos consentimientos para continuar con el trámite iniciado hace dos meses cuando la Sección de Ejecutorias de la Audiencia Nacional dictó un decreto de ejecución por el que instó a solicitar la repatriación de los fondos para que estos condenados puedan hacer frente a la "responsabilidad civil y demás responsabilidades pecuniarias" a las que fueron condenados en este procedimiento.

La petición se hizo en conformidad con la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado octubre sobre los primeros años de actividades de la Gürtel. Así, siguiendo el curso del trámite, el pasado 22 de febrero se solicitó a Correa, Crespo, Bárcenas y Yáñez que dieran su consentimiento expreso para poder reclamar a Suiza la repatriación de sus fondos. También solicitó la autorización de Arturo Fasana, quien habría gestionado la cuenta abierta en el banco Credit Suisse de las empresas Golden Chain y Main Business, propiedad del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa.

Fasana ya no administra cuentas del líder de la Gürtel

No obstante, Fasana manifestó que no tenía ninguna objeción a la transferencia de los fondos bloqueados, pero que ya no tenía ninguna facultad legal sobre la misma puesto que cesó en 2010 como administrador de las dos empresas de Correa.

En concreto, una vez sumadas las responsabilidades civiles, los comisos y las multas, las cantidades objeto de condena en el caso de Correa, penado a 51 años de cárcel por los primeros años de actividades de la trama Gürtel, ascienden a un total de 11,3 millones que se encontraría en una cuenta del banco Credit Suisse.

En el caso de Crespo, condenado a 36 años y ocho meses por esta pieza de la macrocausa, suman 5,1 millones de euros, por lo que se pide que se liberen los fondos bloqueados en esa misma entidad bancaria y en el banco Mirabaud.

En cuanto a Bárcenas, penado a 29 años y mes de cárcel, se reclaman 36,2 millones de euros que tiene en dos cuentas abiertas en los bancos Lombard Odier y LGT Bank; mientras que la responsabilidad económica de Iván Yáñez, que tan sólo fue condenado a un año y 10 meses de prisión, asciende a 6 millones de euros de los que dispondría en el banco LGT Bank y en Banque Syz.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional añade en su resolución que, una vez satisfecha las responsabilidades pecuniarias a las que han sido condenados, si queda alguna cantidad sobrante, esta debe permanecer disponible para futuras condenas que les puedan imponer en el marco del caso Gürtel.

Francisco Correa no será el último que intente buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción de cara al nuevo macrojuicio del caso Gürtel, que está señalado para finales de septiembre. De los 27 procesados por las actividades de la trama corrupta en el municipio madrileño Boadilla del Monte, la intención de la mayoría es pactar con el Ministerio Público condenas de prisión más bajas a cambio de la confesión de los hechos y el pago de multas e indemnizaciones.

Según han informado fuentes jurídicas, aún es pronto para saber cómo se concretarán esos acuerdos, si es que llegan a conformarse. De momento, el líder de Gürtel ha enviado un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el tribunal que le tiene que juzgar, y una carta a Anticorrupción reconociendo los hechos del escrito de acusación y proponiendo una rebaja sustancial de la petición inicial de 76 años de cárcel a 13 años y medio, así como el pago de una multa de casi dos millones de euros, una serie de indemnizaciones y el decomiso de beneficios y comisiones recibidas por su actividad delictiva por valor de más de 2,7 millones.

Las intenciones de Correa se han conocido este lunes, aunque ya había enviado un escrito a Anticorrupción el pasado noviembre anunciando sus intenciones. Se trata de otra carta, escrita de puño y letra como la de ahora, aunque más corta en extensión –poco más de una página–, en la que daba menos detalles de la trama de corrupción en Boadilla, aunque sí reconocía que los hechos del escrito de acusación son "ciertos". Ahora, a la nueva misiva, que tiene cuatro páginas y es más precisa, le acompaña un escrito de la defensa remitido a la Sala de lo Penal en el que concreta que todos los hechos por los que se le acusa son constitutivos de una veintena de delitos de cohecho, falsedad de documento mercantil, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Considera que cabe apreciar las atenuantes de colaboración, reparación y confesión, por lo que estima que la pena a imponer debe ser de 13 años y seis meses de prisión, 53 años y medio de inhabilitación especial, dos años de inhabilitación absoluta y 1.996.500 euros de multa.

Correa ya acumula unos 90 años de condenas por otras ramas de la macrocausa, pero su condena efectiva será, de momento, de dieciocho años en virtud del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple de tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. En el caso del líder de Gürtel, la más grave de las penas es de seis años.

No el único que busca llegar a acuerdos. Según las fuentes consultadas, la mayoría de acusados, entre ellos el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, y la exadministradora de las empresas de Gürtel Isabel Jordánel AlbondiguillaGürtel, también están en esta misma fase de tratar de alcanzar conformidades antes de que comience el juicio de una de las numerosas piezas separadas en que se dividió esta macrocausa que comenzó a investigarse en el año 2008. Una estrategia que, reconocen, iniciaron hace tiempo.

Han pasado ya más de doce años desde que comenzó la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional y algunos más desde que se cometieron los hechos. Y precisamente es este paso del tiempo lo que está llevando a los tribunales que están juzgando las distintas piezas a aplicar a los acusados la atenuante muy calificada de dilaciones indebidas, lo que ha llevado a la Sala a reducir sustancialmente las condenas a los líderes de la trama Gürtel en casos como el de las adjudicaciones ilegales por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera o para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. En esta experiencia previa es en lo que se ha basado la defensa de Correa para presentar su escrito, puesto que en el caso de la pieza de Boadilla la investigación se cerró hace casi cinco años.

No obstante, aún quedan seis meses para el inicio del juicio, previsto para el 22 de septiembre, por lo que está por ver cómo llegan a esa fecha cada uno de los 27 procesados. Desde la Fiscalía Anticorrupción se muestran prudentes y sobre el escrito enviado por Correa aseguran que han de estudiarlo. También recuerdan que la investigación realizada antes de que esta pieza se enviara a juicio ya consiguió demostrar los hechos más relevantes de esta pieza separada.

El PP, posible segunda condena por lucrarse

La de Boadilla es la segunda de las piezas de Gürtel por la que el PP podría ser condenado como partícipe a título lucrativo, como ya ocurrió en el juicio de la primera época de actividades de la trama corrupta, sentencia que fue confirmada el pasado octubre por el Tribunal Supremo. En aquella ocasión fueron 245.000 euros que la formación presidida por Pablo Casado ya abonó. Por el juicio de septiembre, Anticorrupción considera que resultó "beneficiado con la actuación del grupo en una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas”.

En el escrito de acusación, que data de 2016, el Ministerio Público atribuye delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La mayor condena que se solicita es para Correa, con 76 años y siete meses de cárcel; seguido del número dos de la trama, Pablo Crespo, con 64 años y siete meses; y González Panero, con 40 años y siete meses. El exdiputado madrileño Alfonso Bosch se enfrenta a 23 años y medio de prisión, mientras que el exconcejal de Boadilla José Galeote tiene una petición fiscal de 22 años. Anticorrupción solicita trece años y medio para Isabel Jordán, once años para el supuesto blanqueador y exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, diez años y dos meses para el empresario Jacobo Gordon, y siete años y un mes para el también empresario José Luis Ulibarri.

Entre los acusados figuran también el contable de la red José Luis Izquierdo, que se enfrenta a siete años y medio; el empresario Alfonso García-Pozuelo, para quien se piden cinco años y ocho meses; y el asesor Luis de Miguel, que afronta cinco años de prisión. Las penas más bajas, de dos años y medio, están dirigidas a Javier Nombela, Juan Jesús Siguero, María del Carmen García Moreno y José Francisco Pastor de Luz. La lista de procesados está formada también por el que fuera jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad Cesar Tomás Martín Morales; al responsable de la empresa Sufi Rafael Naranjo Anegón y su hijo Gonzalo; al exdirector técnico de la Concejalía de Deportes, Juan Carlos Rey Rico; el arquitecto contratado por el consistorio Antonio de Miguel; José Luis Martínez Parra; Rafael Martínez Molinero; Carlos Jorge Martínez Massa y Rodolfo Benigno Ruiz; Javier del Valle Petersfeldt y Alicia Vallejo.

La trama dirigió toda la contratación pública de la empresa municipal del suelo

Algunos de ellos son mencionados en el escrito de Francisco Correa para explicar cómo funcionaba la mecánica aplicada en Boadilla del Monte por la trama de corrupción, que habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes. Las actividades de la trama se centraron especialmente en el seno de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV), la cual controlaban "de facto" a través de sus gerentes y a la que, consecuentemente, transferían desde el Consistorio los contratos de los servicios, consiguiendo así eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención.

Según la Fiscalía, el entramado estaría integrado por el 'número dos' de la trama, Pablo Crespo, que habría actuado de modo permanente desde 2002; José Galeote –exconcejal y padre del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote– por su intervención entre 2001 a 2003; el exalcalde González Panero y el funcionario municipal César Tomás Martín Morales desde su creación y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor, que participó su nombramiento como gerente de la EMSV en 2003. Este grupo habría favorecido la contratación de Sufi, filial de Sacyr, pilotada por Naranjo Anegón; las sociedades relacionadas con Alfonso García Pozuelo; la mercantil UFC, de José Luis Ulibarri; Teconsa, gestionada por José Luis Martínez Parra; Artas Consultoría, tras la que se ocultarían algunos miembros del grupo liderado por Correa; así como otras firmas de eventos vinculadas al cabecilla de la Gürtel.

Es González Panero contra el que Correa dirige la mayoría de sus acusaciones en esta suerte de confesión. Sobre él, asegura que era un "amoral" y que "su ambición era desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable". "La relación con él era muy complicada, no mantenía su palabra ni código ninguno, prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aun habiéndolas prometido a un empresario, si posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva, dicho lo cual su actuación se podría resumir como 'amoral'", explica.

Según Correa, Arturo González Panero, Tomás Martín Morales, José Galeote y Alfonso Bosch "participaron en el reparto" de las dádivas "en especie" que él mismo se encargaba de repartir. Regalos que consistían fundamentalmente en "viajes, ropa, regalos, etc.".