El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvo que corregir ante el tribunal a su confidente, el empresario y conseguidor Víctor de Aldama, durante la última jornada del caso Mascarillas. "Desde luego, el presidente del Gobierno no era el número uno", como había sostenido durante su declaración como acusado –y, por tanto, con el privilegio de poder mentir– el principal delator del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor de cabecera y presunto cómplice Koldo García. Pese a ese bulo deslizado ante la más alta instancia penal española, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luzón defendió que su colaboración no solo merecía la atenuante propuesta por él mismo, que suavizó hasta los siete años de cárcel su acusación, sino que podría, como propuso el abogado del PP, Alberto Durán, y el propio defensor de Aldama, José Antonio Choclán, atenuarse todavía más hasta permitir la suspensión de su hipotético ingreso en prisión.

El jefe de Anticorrupción justifica esta postura por su aportación "sobre la duradera relación que mantuvo" con Ábalos y Koldo, así como otras pruebas sobre supuestos amaños de obra pública –con la escritura manuscrita del asesor, confirmada durante la instrucción del caso, o "la participación en tales amaños de Santos Cerdán León", el sucesor de Ábalos como número tres del PSOE al frente de la Secretaría de Organización del partido, "lo que era del todo desconocido para la investigación". "Se trata de manifestaciones relevantes, veraces, que se compadecen con el material probatorio que se ha ido incorporando al procedimiento", sostiene Luzón que, tras el juicio, incluyó una nueva valoración en sus conclusiones definitivas: que los audios intervenidos a Koldo sobre el reparto de obra pública "encajan plenamente con lo inicialmente declarado" por Aldama.

El trato privilegiado que la acusación pública (coincidiendo con el PP) ha dado al colaborador ha sido muy cuestionado en diversos ámbitos. Y no solo por el señalamiento –sin pruebas, en sede judicial y con posterior desmentido del fiscal– hacia Pedro Sánchez como líder de la organización criminal. También por el señalamiento contra el propio Aldama de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que lo ha colocado en la cúspide de la banda –"quien paga, manda", dijeron de él los agentes ante el plenario– y, sobre todo, por los bulos que ha ido aireando en medios especialmente contrarios al Gobierno desde su salida de prisión en noviembre de 2024 gracias al apoyo de Luzón.

Aldama ha colocado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una fiesta con prostitutas presuntamente celebrada en un piso de Madrid en una fecha en la que el ministro no estaba en la capital, sino en Canarias. También ha lanzado acusaciones contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya lo ha demandado. Además, difundió fantasiosos rumores sobre supuestas cuentas de varios ministros en República Dominicana o contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al que ha atribuido una comisión obtenida por su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Todas esas afirmaciones sin sustento han suscitado en el Gobierno dudas sobre si la verdadera intención de Aldama es colaborar con la justicia o con el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La decisión sobre el destino de los tres acusados –Ábalos, Koldo y Aldama– en la principal trama de corrupción surgida en el seno del Ejecutivo y del PSOE está ahora en manos de los magistrados que deberán redactar la sentencia. No es la primera vez que un arrepentido adquiere un papel central en la investigación de casos de corrupción. Tres de los más sonados, Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso Nóos (en el que fue condenado el exmarido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin) se esclarecieron gracias a figuras de este tipo. Se trata de promocionar la delación, una tendencia al alza desde hace años en el Derecho Penal español y europeo.

El exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas fue, según el Tribunal Supremo, "esencial" para destapar la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP y cuyas últimas piezas acaban de ser juzgadas en la Audiencia Nacional. En 2007 presentó una denuncia en la policía acompañada de 18 horas de grabaciones que hizo a escondidas a su cabecilla, Francisco Correa –para el que había trabajado y del que había sido amigo– en las que revelaba parte de sus delitos. La sentencia, que terminó haciendo caer al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura, lo condenó a cuatro años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, malversación y prevaricación, porque, según el tribunal, cobró sobornos y ayudó al cabecilla con sus manejos en el Ayuntamiento de Majadahonda, donde Peñas fue edil.

Sin embargo, gracias a su colaboración con la justicia, la Audiencia suspendió su ingreso en prisión mientras se tramitaba el indulto de las penas de inhabilitación que también se le impusieron y que le habrían impedido continuar trabajando como funcionario. "Su colaboración ha sido esencial para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, en lo que a él y quienes con él participaron en los mismos se refiere, tanto por la aportación de determinadas conversaciones que grabó, como por la descripción de esos hechos y partícipes, en particular en lo relativo a la actividad desarrollada por Francisco Correa", explicaba la sentencia de la Época I, en mayo de 2018. El Gobierno, finalmente, le concedió el indulto que reclamaba en octubre de 2024. Habían transcurrido 17 años desde que grabó al jefe del entramado corrupto.

De su declaración como imputado ante el entonces juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, se hizo hasta una obra de teatro. En ese acto, Luis Bárcenas aportó a la investigación sus famosos papeles con los sobresueldos que el PP abonaba a sus principales cargos y que habían sido publicados por El País en enero de ese mismo año. También hizo un relato detallado de la contabilidad b del partido del que fue gerente y luego tesorero, y de cómo con los fondos que reflejaban esas cuentas se pagó parte de la reforma de la sede central de la formación en el número 13 de la madrileña calle Génova. Otro de los aspectos que confesó y en los que había participado, fue la adquisición por el partido de acciones de Libertad Digital, una transacción por la que fue condenado en mayo de 2018 en la sentencia de la Época I del caso Gürtel. Para tratar de evitar esa confesión y robarle la documentación que mostró al juez, el Gobierno de Mariano Rajoy montó la trama de espionaje de la Operación Kitchen que se juzga estos días en la Audiencia Nacional con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como principal acusado.

Esta colaboración le sirvió al extesorero para que la Audiencia apreciara la atenuante de confesión porque "en su declaración aportó importantes datos de cara a la investigación", pero, a diferencia de lo que pide el PP y Anticorrupción para Aldama, no se le aplicó en grado cualificado porque "fueron los registros practicados con posterioridad en las sedes de Unifica [el estudio de arquitectos que ejecutó la obra] y del PP los que aportaron datos decisivos para el completo esclarecimiento de los hechos y de la intervención de otros acusados", decía la sentencia. Anticorrupción pedía para él un total de cinco años de cárcel que el tribunal dejó en dos. La sentencia no tuvo reflejo en su situación personal, ya que Bárcenas se encontraba en prisión desde la sentencia de la Época I, en la que fue condenado a 33 años que luego el Supremo rebajó a 26 con un límite máximo de 12 años, de los que cumplió algo más de ocho. Su arrepentimiento se tuvo en cuenta para el acceso a todos los beneficios penitenciarios.

En la causa que llevó al banquillo a Cristina de Borbón y terminó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, por el llamado caso Nóos, también hubo un arrepentido. Fue Marco Antonio Tejeiro, el contable del instituto regentado por el yerno de Juan Carlos I y su socio Diego Torres (cuya esposa era la hermana del delator). Tejeiro relató al fiscal anticorrupción Pedro Horrach los negocios ilegales de Nóos y el desvío por parte de Urdangarin y su socio a sus empresas de fondos públicos adjudicados por los Gobiernos de Baleares durante la presidencia de Jaume Matas o de la Comunitat Valenciana con Francisco Camps, ambos del PP.

El confidente del caso Nóos compareció en el juicio ante la Audiencia de Baleares como imputado por los delitos de prevaricación, malversación, estafa y falsificación de documento por los que la Fiscalía le reclamaba dos años de cárcel. Finalmente, gracias a su colaboración, tanto Anticorrupción como la acusación popular del pseudosindicato ultra Manos Limpias levantaron la acusación contra él, por lo que resultó absuelto.

La juez de Vigilancia Petinenciaria de Bilbao ha concedido la libertad condicional a Iñaki Urdangarin, por lo que este dejará de estar sometido al control presencial de la cárcel alavesa de Zaballa.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, la magistrada ha concedido la libertad condicional al todavía marido de la infanta Cristina con fecha de este pasado miércoles.

Hasta ese día Urdangarin, condenado por malversación, prevaricación y fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el conocido como caso Nóos, estaba sometido a un "control presencial, con citas telefónicas", que no le obligaba a dormir en el centro penitenciario de Zaballa. A partir de ayer, disfruta de la libertad condicional.

Iñaki Urdangarin ingresó el 1 de marzo de 2021 en el centro penitenciario de Zaballa, en Álava, para cumplir el resto de su condena en régimen abierto, con obligación de dormir de lunes a jueves en la cárcel alavesa. Además, tuvo que someterse a un programa de reinserción para condenados por delitos económicos.

Urdangarin, que comenzó a trabajar en un bufete de abogados en Vitoria, reside, desde entonces, en la casa de su madre, Claire Libaert, en la capital alavesa.

El marido de la infanta Cristina ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva en junio de 2018 condenado por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el conocido como "caso Nóos".

En septiembre de 2020 comenzó a realizar labores de voluntariado en una ONG de Pozuelo de Alarcón para atender a personas con discapacidad y en enero fue trasladado al centro de inserción social Melchor Rodríguez García de Alcalá de Henares (Madrid).

A Iñaki Urdangarin se le concedió el tercer grado penitenciario o régimen abierto en enero de 2021, e Instituciones Penitenciarias autorizó su traslado a la cárcel de Zaballa, una vez que el recluso acreditó que tenía una oferta de trabajo en Vitoria, donde tiene arraigo social, ya que en esta ciudad residen su madre y hermanos.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha estimado el recurso de Iñaki Urdangarín y le ha concedido el tercer grado penitenciario, por lo que sólo tendrá que dormir a diario en un Centro de Inserción Social y podrá disfrutar de los fines de semana, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), como recoge Europa Press.

De acuerdo con esta decisión del Juzgado, Urdangarin, que se encuentra recluido en la prisión de Brieva (Ávila) desde junio de 2018, podrá trabajar fuera de prisión y regresar al Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares (Madrid) para dormir a diario, mientras que podrá disfrutar de todos los fines de semana.

En un auto que ya es firme y notificado a las partes, el magistrado revoca el acuerdo de Instituciones Penitenciarias, dictado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción el pasado 30 de diciembre, por el que se acordaba el mantenimiento en segundo grado del recurrente, con aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El Ministerio Fiscal se adhirió al recurso interpuesto por Urdangarin y apoyó su progresión al tercer grado con la condición, aprobada ahora por el juez, de que el penado mantuviera su actividad laboral y se sometiera a un programa de tratamiento de delincuencia económica.

La resolución judicial recoge que frente al acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) proponiendo la progresión al tercer grado del interno, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dicta una resolución "carente de toda motivación, usando un mero formulario, que serviría para cualquier interno por la vaguedad de los términos empleados, infringiendo con ello las exigencias establecidas al efecto de forma reiterada tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal Supremo".

Razonamiento del juez

Según razona el juez, de la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "sería imposible saber las razones de lo acordado, que no se exteriorizarían, vulnerando por ello los derechos fundamentales del interno, el derecho de defensa y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en los artículos 24 y 91 de la Constitución Española".

El magistrado mantiene que la resolución del director general de Ejecución Penal y Reinserción "infringe, desconoce y se aparta abiertamente" de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida a raíz del llamado caso Procéscon relación a la aplicación del régimen de flexibilidad, artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El auto, en línea con lo apuntado por el fiscal, recoge la "positiva evolución" del interno, lo cual lleva a que reúna los requisitos legalmente establecidos para acceder al tercer grado, si bien como complemento se considera adecuado el mantenimiento de la actividad laboral que viene desarrollando en el centro Don Orione y la realización de un programa de tratamiento específico en materia de delincuencia económica.

El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria concluye que la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias revocada "no da explicación alguna" de la razón del peor trato dado al recurrente frente a los demás condenados en el caso Nóos, cuando al menos, con relación a uno de ellos (el ex socio), las circunstancias del interno Urdangarin "son claramente más favorables a día de la resolución que cuando a aquél otro le fue concedido el tercer grado, vulnerándose con ello el principio de igualdad consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española".

De este modo, el juez estima el recurso formulado por el interno y revoca la resolución del director general de Ejecución Penal y Reinserción de 30 de diciembre de 2020, que aplicaba el principio de flexibilidad del 100.2 a su clasificación en segundo grado y destino en el citado Centro de Inserción Social.

El que fuera abogado de la infanta Cristina en el caso Nóos, Miquel Roca, ha señalado este viernes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra Ausbanc y Manos Limpias que decidió poner en conocimiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en marzo de 2016 que el presidente de esta asociación de consumidores, Luis Pineda, les trasladó que podría retirar la acusación de Manos Limpias contra la infanta pero que se habían producido unas costas y que debía pagarse una cantidad económica que se cifraba en tres millones de euros.

En su declaración, que se ha extendido durante aproximadamente 20 minutos y durante la que ha ratificado lo que testificó a los inspectores de la UDEF, Roca ha recordado que el 14 de marzo de ese año el director de la asesoría jurídica del Sabadell, Gonzalo Barettino le informó de que Pineda le había trasladado por teléfono el deseo de hablar con él "sobre el tema de Palma como abogado de Manos Limpias", informa Europa Press.

Pero ha explicado que él declinó esa proposición porque no le constaba que fuese el abogado del sindicato ya que él a quien conocía era a Virginia López Negrete, también acusada en esta causa. No obstante, y dado que tenía "curiosidad" por saber qué quería le dijo a Barettino que se viera con él, lo que hizo al cabo de unos días.

En ese encuentro, según Roca —y siempre por lo que le transmite Barettino—, es cuando Pineda le habría manifestado que podrían retirar la acusación de la infanta pero que se debía hacer frente a unas costas que ascendían a tres millones de euros. Después de que Barettino le transmitiera esto, Roca le dijo que no quería "que se hablara con este señor por razones obvias".

A las pocas horas, decidieron trasladar este hecho a la autoridad competente como explicación de lo sucedido, y fue cuando se citaron en su despacho con los inspectores de la UDEF con quienes formalizaron la declaración el 30 de marzo.

Con la retirada de su asignación con cargo de los Presupuestos y, más recientemente, su salida del país rumbo a Abu Dabi, las supuestas actividades ilegales de Juan Carlos I copan los titulares de los medios nacionales e internacionales. Pero la imagen del rey emérito comenzó a deteriorarse casi una década atrás. La imputación de su hija, la infanta Cristina, y de su yerno, Iñaki Urdangarín, en el caso Nóos y, más tarde, su accidente el 13 de abril de 2012 en una cacería de elefantes en Botsuana en un contexto de grave crisis económica en España, fueron las primeras piedras en el camino a su abdicación en 2014.

¿Qué pasó?

El pasado 3 de agosto, el rey emérito anunciaba su decisión de abandonar el país ante la acumulación de revelaciones periodísticas y decisiones judiciales por haber recibido supuestamente 65 millones de dólares de la monarquía saudita a través de la fundación panameña Lucum, de la que sería el principal beneficiario. Lo hizo con una carta que dirigía a su hijo, Felipe VI, y cinco meses después de que este le retirara la asignación mensual y renunciara su herencia.

Si nos ceñimos a las representaciones más complacientes de la monarquía española, pudiera parecer que las activiadades de Juan Carlos I empezaron y terminaron con la Transición de una dictadura a la democracia. Una vez superados los acontecimientos del 23F, lo que hiciera el ahora rey emérito dejó de tener importancia en el imaginario colectivo. Al menos, hasta los últimos años. El monarca, ahora huido a Emiratos Árabes, y la Casa del Rey llevan una década protagonizando casos de corrupción —algunos supuestos, otros demostrados— y escándalos varios.

La caza de elefantes en Botsuana, sus flirteos extramatrimoniales y la encarcelación de su yerno, Iñaki Urdangarin, tras ser juzgado en el caso Nóos fueron el principio del fin de una figura pública que había sido alabada durante décadas por su papel durante la Transición

¿Cómo se desarrolló la crisis?

'Caso Nóos'

El conocido como Caso Nóos estalló de forma casi casual en 2006. Durante la investigación de otra causa, el juez Castro descubrió documentos que registraban transferencias por valor de 1,2 millones de euros al Instituto Nóos por parte del Gobierno de Illes Balears, a cargo entonces del conservador por Jaume Matas. El dinero correspondería al pago de dos eventos organizados por la fundación en 2005, una cantidad mucho mayor a lo que realmente costaba el montaje. Iñaki Urdangarin, por entonces duque de Palma y marido de la infanta Cristina, era el fundador del Instituto Nóos —supuestamente, una fundación sin ánimo de lucro— junto a su socio, Diego Torres.

La investigación judicial reveló que la entidad había desviado unos 6,2 millones de dinero público de la Comunitat Valenciana y el Govern de Illes Balears a través estrategias similares a la descubierta por el juez José Castro. Nóos organizaba eventos que cobraba a un precio mucho más elevado de lo que realmente eran los costes y después distribuía las ganancias a través de una red de empresas pantalla.

Ante las sospechas sobre las actividades de la entidad, Urdangarin abandonó Nóos en 2008 y se trasladó a vivir a Washington con su familia al año siguiente. A finales de 2011, tras el registro de las oficinas del Instituto Nóos y de la residencia de Diego Torres el juez Castro admitió estar investigando la implicación del duque de Palma. Urdangarin proclamó su inocencia en un comunicado poco después.

Ese mismo año, Juan Carlos I aprovechó su mensaje navideño para asegurar que la justicia debe ser "igual para todos", continuando así la línea oficial de la Casa Real por desmarcarse de las actividades del marido de la infanta. Cristina de Borbón quedó apartada de la actividad institucional de la monarquía y pocos días más tarde, Urdangarin fue imputado en el caso Nóos. Se le acusaba de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.

Durante meses, se debatió sobre la posibilidad de imputar también a la infanta Cristina, algo que no sucede hasta abril de 2013. La hermana del actual rey fue imputada en calidad de cooperadora necesaria por su posible implicación en dos delitos de fraude vinculados a la empresa pantalla Aizoon, de la que era propietaria al 50% junto a su marido. Este hecho histórico llevó a que por primera vez un miembro de la familia real española se sentara en el banquillo de los acusados. Durante su declaración, la infanta se desmarcó de cualquier actividad ilegal de su marido: era él quien se "encargaba de las gestiones económicas de la familia", afirmó durante la vista el 3 de marzo de 2016.

La infanta finalmente fue absuelta por la Audiencia de Palma y solo se consideró su responsabilidad a título lucrativo, por la que se le impuso una multa. Por su parte, Urdangarin fue declarado culpable y condenado a 6 años y 3 meses de prisión, rebajados más tarde por el Supremo a 5 años y 10 meses. También acabaron condenados a prisión su socio, Diego Torres, y el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas.

El accidente de Botsuana

El 13 de abril de 2012, Juan Carlos I tuvo un accidente durante un safari para cazar elefantes en Botsuana que lo obligó a regresar a España y permanecer cinco días ingresado en el hospital USP San José de Madrid. Durante ese tiempo se desvelaron los detalles de sus vacaciones, que indignaron a la opinión pública. España estaba sumida entonces en los peores años de la gran recesión económica posterior a 2008 y, mientras, el monarca se dedicaba a la matar elefantes en un viaje de lujo que costaba alrededor de 50.000 euros por persona. La cacería le fracturó la cadera y la imagen pública. A la salida del hospital, el 18 de abril, dijo estar arrepentido de sus actos: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Este suceso se sumó a los rumores sobre su gusto por los viajes de lujo y sus aventuras extramatrimoniales. Además, fue la primera vez que salió a la luz el nombre de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, su entonces amante. Ella había organizado la salida, acompañada por su hijo y por Juan Carlos. En 2018, sería de nuevo la protagonista de nuevos reveses contra la figura del rey al desvelarse su vinculación con la supuesta comisión cobrada por el monarca en la construcción del AVE a la Meca y las cuentas ocultas en Suiza.

¿Cómo se informó de ello?

Un estudio de la Universidad de Valladolid, Monarquía y medios de comunicación: de la Transición a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, cuestiona la posición que han mantenido los medios respecto a la monarquía durante el mandato de Juan Carlos I. La autora, Ana María Velasco, denuncia una "trato de favor" generalizado que empieza a desmoronarse con la aparición en escena de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. No obstante, no se trata de una tendencia republicana en la opinión pública, sino de "un intento de trazar una nueva relación entre los medios de comunicación y la Casa Real en España", apunta.

También la imputación judicial de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han dado pie a una crítica más atrevida por parte de la prensa nacional y han abierto el debate sobre la inviolabilidad del monarca, según la investigación. Eso sí, "no con el objetivo de dinamitar la institución y acabar con su prestigio", sino buscando su "pervivencia" mediante "la adscripción de esta a la política informativa normal de la democracia", remata.

¿Qué consecuencias tuvo?

A partir de la cacería de 2012, la Casa Real empezó a preparar la salida del monarca. Durante dos años, solo cinco personas estuvieron al tanto de su decisión y prepararon en reuniones secretas los trámites necesarios para que la abdicación y la sucesión en su hijo Felipe se produjera con normalidad. Además de intentar evitar la apertura de un debate Monarquía-República, se buscó la forma de otorgar a Juan Carlos I el título de rey emérito. De esta forma, conservaría la inviolabilidad que lo había protegido hasta el momento.

A la cabeza de ese equipo estaban el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, y el director de Comunicación de la Casa del Rey, Javier Ayuso. También jugaron un papel importante Alfonso Sanz Portolés, secretario general de la institución, Domingo Martínez Palomo, jefe de gabinete, y Jaime Alfonsín, jefe de la secretaría del entonces Príncipe de Asturias. Además, se informó previamente tanto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, se dice, asumió un rol crucial en el proceso.

Las reuniones entre estas cinco personas se llevaban a cabo con la mayor de las discreciones. Según comentó Ayuso a El Mundo, se destruían todos los documentos físicos y el trabajo diario se guardaba únicamente en memorias USB: "El trabajo que cada uno hacía durante el día lo guardábamos en un pendrive, cada uno el suyo. No podíamos grabarlo en el disco duro de los ordenadores".

Finalmente, el día 2 de junio de 2014, en torno a las 10 horas, Mariano Rajoy anunció la abdicación de Juan Carlos I en una rueda de prensa, a la que siguió un discurso televisado del monarca unas horas después. En su intervención, el todavía rey dedicó palabras de agradecimiento a los ciudadanos, al presidente del Gobierno y a la reina Sofía, pero se guardó de hacer alusión a los problemas que lo habían llevado a esa situación. Entre los motivos que dio para justificar su salida, hizo hincapié en su avanzada edad y la "inmejorable" cualificación de su hijo para sucederle.

Por su parte, el caso Nóos se saldó con la condena de 6 años y 3 meses de cárcel para Urdangarín y la absolución de la Infanta Cristina. Más tarde, el Tribunal Supremo redujo la pena del exduque de Palma a 5 años y 10 meses. También realizó cambios sobre la cuantía que le correspondería pagar a la infanta como restitución por su responsabilidad civil a título lucrativo en las actividades de su marido. De algo más de 265.000 euros a 136.950. La diferencia, eso sí, correría a cargo de Urdangarín.

¿Qué aprendimos?

Poco tiene que ver el contexto actual con el que se vivía cuando se descubrieron las primeras manchas en el expediente de Juan Carlos de Borbón. La abdicación primero y la salida de España del emérito este mes de agosto han generado, entre otras respuestas, un repunte del debate sobre la Jefatura del Estado. La semana pasada, la Mesa del Congreso rechazó tramitar las peticiones de comparecencia del Gobierno sobre la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España al considerar, de acuerdo con la propuesta de los letrados, que se trata de una "materia ajena" al control parlamentario al Ejecutivo. Esquerra Republicana, Bildu y el Grupo Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG) y la CUP habían pedido la comparecencia tanto del presidente Pedro Sánchez como de la vicepresidenta Carmen Calvo para que explicasen las gestiones del Gobierno con la Casa del Rey en relación con la marcha del emérito. 

La atención recae ahora sobre el rey Felipe VI, quien tiene la responsabilidad de aportar la “transparencia” que piden desde el Ejecutivo a la institución monárquica. Aunque algunos, como la ministra de Podemos Irene Montero, apuntan a que es "muy difícil" separarlo de los casos de corrupción que rodean a la Casa Real.

Instituciones Penitenciaras ha concedido el tercer grado al exministro y expresidente balear Jaume Matas tras cumplir la mitad de la condena de cuatro años y tres meses de prisión por los casos Nóos y Ópera.

La decisión de concederle el tercer grado, en su régimen menos abierto, ha partido de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez, donde permanecía ingresado desde junio de 2018, que recientemente dio el visto bueno al cambio de régimen de Matas. Con ello, Matas pasa hoy al Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Henares para continuar cumpliendo su condena, han explicado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias y ha adelantado Vozpopuli.

Concretamente, se ha aplicado lo dispuesto en el artículo 82.1 sobre régimen abierto restringido del Reglamento Penitenciario, previsto en casos de penados "clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas, así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su tratamiento penitenciario".

La disposición establece que la Junta de Tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para estos internos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar, en su caso, durante las mismas.

Por tanto, desde Instituciones Penitenciarias han ahondado en que se trata del régimen de tercer grado menos abierto y el que suele ser habitual por primera vez cuando se accede a esa modalidad. Además, el exdirigente balear podrá disponer de 48 días de permiso al año, repartidos en dos semestres, y fines de semana por el acceso al tercer grado.

Matas fue condenado a tres años y ocho meses de condena por prevaricación, fraude y tráfico de influencias en el caso Nóos y, ya en prisión, se sumó otra pena de siete meses de cárcel por el caso Ópera.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha asegurado este viernes, en el juicio oral que se sigue contra él en la Audiencia Nacional, que el abogado Miquel Roca le ofreció a través de un intermediario 3 millones de euros a cambio de que su sindicato retirara la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos, según informa Europa Press.

Tras negarse al interrogatorio del Ministerio Fiscal, y respondiendo exclusivamente a preguntas de su abogado, Bernad ha explicado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que fue a través de un amigo personal suyo, Jaime Alonso, presidente del sindicato Fuerza Nacional del Trabajo, como le contactaron para que retirara la acusación.

Esta persona le indicó que el ofrecimiento venía de Roca —abogado de la infanta— y él le respondió que no se podía fiar de ese "pájaro" porque siempre andaba intrigando. Tras una primera reunión, mantuvieron hasta cuatro más en las que le comunicó que insistían porque era "una cuestión de Estado". "Pero yo nunca he pedido nada, como ha quedado demostrado en la reunión con Fainé" —expresidente de La Caixa—, ha apostillado.

Para Bernad, que ha declarado aproximadamente tres horas, el Ministerio Público interesa 24 años de cárcel y 10 meses por los delitos de organización criminal y extorsión. La Fiscalía establece una estructura organizativa en cuya cúspide sitúa al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien supuestamente negociaba con entidades bancarias convenios a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones habrían contado desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.

Una de las actividades que podrían haber concretado ambos es la retirada de la acusación contra la infanta Cristina a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

Pero Bernad ha negado esto, y de hecho ha descargado de responsabilidad en el asunto a Pineda, del que ha señalado que sólo le transmitió a un tercero amigo de ambos, Javier Castro, que le preocupaba la reputación de la jefatura del Estado y que se ofrecía a echar una mano con los medios de comunicación. "Pero no intervino, ni se inmiscuyó en el tema de la infanta, ni tuvo mandato ni pidió nada de nada, éramos dos compartimentos estancos en este asunto", ha señalado el secretario general del sindicato.

Previamente, Bernad había apuntado a preguntas de su letrado Miguel Bueno que también fue contactado previamente para conseguir la desimputación de la infanta por gente de diversos ámbitos como el de la magistratura o el militar, pero ha citado sólo el nombre de Leandro de Borbón —ya fallecido—, quien le insistió varias veces para ver si podía hacer algo para que no se manchara la imagen de la Casa Real.

También ha recordado que tras una reunión infructuosa con Jaume Giró —directivo de La Caixa— en el que le llegó a ofrecer un crédito a un empresario amigo de Bernad a cambio de que retirara la acusación contra la infanta, el por entonces presidente de La Caixa Isidre Fainé se reunió con él en Barcelona en 2015.

"El rey te recibirá"

En esa reunión, a la que asiste también Giró, le traslada la preocupación que hay en Casa Real por la infanta —ésta trabajaba para la entidad—, que lo están pasando mal y le pide "a ver qué se puede hacer". "Le digo que a esas alturas del proceso es difícil, y me comenta que no quieren compensar con nada, ni con dinero y que solo apelan al sentido de responsabilidad", ha recordado Bernad.

Según ha explicado, quedan en articular bien el asunto porque si desistían de la imputación después de tanto, la opinión publica iba decir que bajo cuerda se habían "llevado pasta". Bernad ha recordado que Fainé le comentó que si prosperaba lo que habían hablado, el rey le recibiría.

"Me dice Fainé que si prospera, el actual rey me recibirá en Zarzuela para darme las gracias", ha apuntado, para luego explicar que a partir de ahí el tema de la desimputación de la infanta lo trató con un abogado del que fuera presidente de La Caixa.

Además de este asunto concreto, la defensa de Bernad le ha preguntado por otros casos en los que podría haber participado en colaboración con Pineda, pero ha negado en todo momento que extorsionara a nadie a cambio de retirar querellas o denuncias interpuestas por Manos Limpias. De hecho, ha apuntado que para presentarse como acusación popular en los distintos casos, siempre tuvo que contar con el visto bueno de la junta del sindicato.

Relación de Manos limpias con Ausbanc

Parte del interrogatorio se ha centrado en aclarar la relación del sindicato con Ausbanc. Bernad ha negado que recibiera financiación de la asociación de usuarios de banca, ha recordado en varias ocasiones que Pineda era un experto en derecho de los consumidores, y que le conoce en 2012 aproximadamente cuando piden afiliarse al sindicato.

Al hilo, ha recordado que pagaron un par de cuotas anuales, una de 1.500 euros y otra de 500 euros (por 2012 y 2013), y que más allá, Pineda sólo compró un par de veces talonarios de lotería por valores escasos y aportó alguna fianza, como en el caso del 'dieselgate' contra la marca de automóviles Volkswagen.

Además sobre una factura de 48.000 euros emitida desde el sindicato a una empresa de Ausbanc, ha apuntado que se trataba de un informe sobre la corrupción en España en la que hablaban de los casos que habían llevado, que dicho informe existió realmente y que por tanto el trabajo se hizo y la factura se emitió por el mismo.

"Yo no entro en corral ajeno"

Al hilo, ha señalado que ambas organizaciones eran independientes, y que él no daba órdenes a Ausbanc. "Yo no entro en corral ajeno y no permito que entren en corral propio, son dos asociaciones que funcionamos con total independencia, con estructuras independientes y con fines independientes", ha incidido.

En ese sentido, sí que ha confirmado que colaboraron en asuntos concretos como el caso contra Caja Madrid o el caso de los falsos EREs de Andalucía, pero ha calificado de "totalmente falsa" la acusación de que Manos Limpias era "instrumento que usaba Ausbanc para presionar a los bancos y conseguir patrocinios".

De hecho, en reiteradas ocasiones, ha subrayado que no recibió de la asociación de usuarios de banca ni de su presidente dinero alguno fruto de negociaciones con entidades como Unicaja, Banco Santander o el Sabadell pactadas tras retirar denuncias como acusación popular.

Según el escrito de Fiscalía, esa estrategia fue empleada por Pineda y Bernad en casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los falsos ERE de Andalucía, en concreto la extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander y a La Caixa

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva (Ávila) ha propuesto la concesión del tercer grado para Iñaki Urdangarin, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe ratificar esta decisión, para lo que cuenta con un plazo de dos meses.

La Junta de Tratamiento de la prisión abulense adoptó esta decisión en una reunión la pasada semana para estudiar la revisión de grado del marido de la Infanta Cristina, en la que se acordó pedir el tercer grado por un ajustado resultado de cuatro votos a favor y tres en contra.

Esta medida no es definitiva ya que será la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, la que deberá ratificar o no esta medida. Para ello, dispone de un plazo de dos meses para pronunciarse.

La prisión de Brieva debía revisar este mes de julio el régimen de vida de Urdangarin, que fue clasificado en segundo grado desde que ingresó voluntariamente en esta cárcel de mujeres hace ahora dos años, para cumplir la condena de cinco años y diez meses que le impuso el Tribunal Supremo por corrupción en el caso Nóos.

El tercer grado penitenciario, conocido coloquialmente como régimen cenicienta, es el paso previo para la libertad condicional. Hasta ahora, la Junta de Tratamiento de Brieva había rechazado la progresión de grado de Urdangarin, que en este caso tendría autorización para acudir a la prisión solo a dormir de lunes a jueves, aunque previsiblemente sería en otro centro cercano al domicilio que fije –hasta ahora, Vitoria– porque la cárcel de Ávila no dispone de sección abierta.

De momento, el cuñado del rey disfruta de salidas programadas desde septiembre para hacer voluntariado en virtud al artículo 117 del Reglamento Penitenciario y de permisos de salida ordinarios. Estos permisos son de 36 días al año para los penados clasificados en segundo grado o de hasta 48 días para los que estén en tercer grado o régimen de semilibertad.

La situación en Brieva del marido de la infanta Cristina, que fijó su residencia en Vitoria para anteriores salidas, fue objeto de reproche del juez de Vigilancia Penitenciaria Número 1 de Valladolid, Florencio de Marcos Madruga, que justificó nuevos permisos de fines de semana en aplicación del artículo 100.2. Lo justificó en "compensación" ante la "inacción" de Instituciones Penitenciarias ya que, según este magistrado, el interno estaba aislado como se hacía en el siglo XVIII.

El pasado 1 de abril, en plena crisis sanitaria por la pandemia de covid-19, la Audiencia Provincial de Palma revocó –previo recurso de la Fiscalía– la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid de flexibilizarle el segundo grado o régimen ordinario.

Urdangarin quería acogerse al artículo 100.2, el mismo que disfrutan los presos condenados por el procés independentista, para tener permisos adicionales de salida dos fines de semana al mes.

El juez que instruyó el caso Nóos, el magistrado jubilado José Castro, considera "una aberración" interpretar que la inviolabilidad del rey plasmada en la Constitución equivale a impunidad.

Así lo ha expresado este lunes durante una entrevista en el programa Els Dematins de IB3 TV, recogida por Europa Press. Castro ha defendido que el concepto "inviolable" al que hace referencia el artículo 56 de la Constitución "es muy equívoco" y, en ese sentido, ha lamentado que se dejara su interpretación en manos de los tribunales.

En particular, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma se ha mostrado partidario de la inviolabilidad del rey en el ejercicio de sus funciones –por ejemplo, al promulgar una ley–, pero no su extensión a los actos de la vida privada. En esta línea, Castro ha reflexionado razonando que si los autores de la Constitución hubieran querido hacer totalmente invulnerable la figura del rey, podían haberlo redactado de ese modo de forma expresa.

En este contexto, se ha preguntado si el referéndum para la ratificación de la Constitución española en 1978 hubiera tenido el mismo resultado de haberse plasmado expresamente que se hacía al rey impune. "Hemos comprado una cosa y cuando hemos abierto el paquete nos hemos dado cuenta de que lo que nos han vendido es otra cosa", ha enfatizado.

Así, el texto actual "necesita ser completado por la interpretación de los tribunales" y "la interpretación que han dado es lamentable", en opinión del magistrado. "Es una aberración jurídica que atenta contra la propia Constitución", ha mantenido el ex instructor de Nóos, que ha abogado por "excluir" esta interpretación.

Para ello, ha considerado que no sería necesaria una modificación de la Carta Magna para retirar el término "inviolable", sino que bastaría con un cambio de criterio por parte de los tribunales. Sin embargo, lo ve "complicado" al haberse fijado esta doctrina por parte del pleno del Tribunal Constitucional.

Al inicio de la entrevista, respecto a la investigación al rey emérito, Castro ha comentado que Juan Carlos I "ya apuntaba maneras" cuando él mismo era instructor del caso Nóos, en referencia a la donación millonaria a la infanta Cristina para la compra de Pedralbes. "La versión de que era una donación no se ha acabado por aceptar", ha apuntado el juez jubilado, calificando de "inusual" que se simulara un contrato de préstamo para la operación.

Sin embargo, Castro ha señalado que como titular de un Juzgado de Instrucción él no era "el competente para cambiar toda la doctrina constitucional" para citar al rey como imputado; en todo caso, "ya no hay duda" de que "perdió esa inviolabilidad" al pasar a ser rey emérito, ha incidido. El exinstructor de Nóos ha señalado también que la Fiscalía suiza "no tiene por qué" verse vinculada por "los privilegios que España quiera otorgar a una persona" en su legislación.

Confinamiento en Lleida

Por otro lado, durante la entrevista Castro ha analizado la decisión de la juez de guardia de Lleida de no ratificar el confinamiento de varios municipios por el coronavirus decretado por la Generalitat. El magistrado ha considerado que la decisión de la juez ha sido "correcta" porque la Generalitat se habría excedido en sus competencias.

Igualmente, respecto a las críticas por las prórrogas del estado de alarma, Castro ha argumentado que no son "críticas al propio estado de alarma" sino al Gobierno, y que si hubiera sido el PP quien gobernase "la oposición liderada por el PSOE también lo hubiera criticado". Además, ha opinado que declarar el estado de excepción "hubiera causado una alarma brutal" y "eso sí hubiera sido desproporcionado".

El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, condenado por el caso Noos, ha paseado este miércoles, día de Navidad, junto con su familia por Vitoria, tras salir ayer de la prisión de Brieva (Ávila), después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Valladolid autorizase el permiso de cuatro días que ya le había sido concedido por la Junta de Tratamiento de la prisión abulense. A las doce del mediodía, Urdangarin ha salido de la casa de su madre, una urbanización en el parque de El Prado de la capital alavesa, sonriente, cogido de la mano de la infanta Cristina y acompañado de toda su familia, que a pie ha ido a una iglesia cercana para acudir a misa, informa Europa Press.

Varias cámaras han seguido el paseo de los Urdangarin, que no han hecho declaraciones, al margen de devolver la felicitación de Navidad lanzada por parte de uno de los fotógrafos que cubrían la información. Iñaki Urdangarin llegó en la tarde del día de Nochebuena a Vitoria y tendrá que regresar a la cárcel abulense este próximo sábado tras agotar el permiso de cuatro días.

Se trata del primer permiso penitenciario de Iñaki Urdangarin, que ingresó en la prisión de Brieva el 18 de junio de 2018.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, condenado por el caso Nóos, contra la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de mantenerle en segundo grado penitenciario, lo que impide que pueda hacer salidas de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado.

La Sala considera que no existe contradicción entre la decisión del tribunal de Palma y decisiones judiciales adoptadas en relación con otros presos diferentes, tal y como sostenía Torres en su recurso ante el alto tribunal.

El Supremo confirma en un auto dado a conocer este jueves que tampoco procede la aplicación a Torres del régimen mixto –previsto en el artículo 100.2 del régimen penitenciario– dada la inexistencia de un periodo de observación que haya aportado datos bastantes y la inexistencia de una propuesta del Equipo Técnico en los términos previstos por la ley. Torres está cumpliendo el primer cuarto de su pena de cinco años y ocho meses y solicitó que se le aplicara el 100.2, que permite combinar aspectos del régimen de vida del segundo y el tercer grado, como poder salir a trabajar.

La Fiscalía, en contra de que Urdangarin amplie su permiso

La Fiscalía se ha posicionado en contra de que Iñaki Urdangarin vea ampliados sus días para poder prestar trabajo de voluntariado en la ONG Hogar Don Orione, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), según confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía General.

El rechazo de la acusación pública, puesto en conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, se produce después de que el marido de la infanta Cristina, ex duque de Palma y condenado por el caso Nóos solicitara permiso para poder abandonar el penal de Brieva (Ávila) tres veces por semana durante ocho horas para atender a los discapacitados del referido centro, en lugar de las dos inicialmente concedidas. El juez de vigilancia deberá también pronunciarse sobre si Urdangarin puede pasar estas Navidades con su familia, después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva le concediera la pasada semana el disfrute de cuatro días en su primer permiso ordinario.

La Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva (Ávila) ha autorizado este jueves que Iñaki Urdangarin disfrute durante las fiestas navideñas de siete días en su primer permiso ordinario, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias. El juez de Vigilancia Penitenciaria tiene ahora que ratificar esta respuesta favorable del centro penitenciario.

El marido de la Infanta Cristina lleva 17 meses en prisión y la semana pasada cumplió una cuarta parte de su condena a cinco años y diez meses por el caso Nóos. Como ocurre con cualquier otro preso clasificado en segundo grado, Urdangarin puede pedir permisos ordinarios para salir de la cárcel con un máximo de 36 días al año –18 días por semestre–, aunque sin poder sumar más de una semana de forma consecutiva.

El procedimiento establece que el juez de Vigilancia Penitenciaria es quien tiene la última palabra sobre la concesión de este tipo de permisos tanto si hay disconformidad sobre la decisión adopta tanto desde la parte del preso como de la Fiscalía.

El juez ya le concedió en septiembre a Urdangarin un permiso para asistir de voluntariado a un hogar religioso en Pozuelo (Madrid), de acuerdo al artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso del cuñado del Rey. Le autorizó a salir dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión fue respaldada por la Audiencia Provincial de Ávila al rechazar el recurso de la Fiscalía.

De esta forma, fue el 19 de septiembre cuando Urdangarin salió por primera vez del módulo de Brieva que eligió de forma voluntaria tras ser condenado por delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. El marido de la Infanta está desde entonces en un módulo en el que no hay otros presos, ya que la de Ávila es una cárcel de mujeres.

Los permisos ordinarios a los que ahora se puede acoger el cuñado del Rey están regulados en el artículo 154 del Régimen Penitenciario. De acuerdo a la norma, se pueden conceder permisos, "previo informe preceptivo del Equipo Técnico", para la salida ordinaria "de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad".

Estos permisos son hasta un total de 36 días para los penados clasificados en segundo grado o de hasta 48 días para los que estén en tercer grado, "siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta".

Los límites máximos anuales de 36 y 48 días de permisos se distribuyen, según el Reglamento Penitenciario, "como regla general en los dos semestres naturales de cada año". Para el preso clasificado en segundo grado, como es Urdangarin en la actualidad, podría disponer de hasta 18 días en total en un semestre –serían 24 días para presos en tercer grado–.

"Dentro de los indicados límites", añade la norma, "no se computarán las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan en el artículo 114 de este Reglamento, ni los permisos extraordinarios".

Antes de su ingreso en prisión en junio de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó en cinco meses la condena al exduque de Palma, pasando de los seis años y tres meses de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a la condena firme de cinco años y diez meses por varios delitos relacionados con la actividad del Instituto Nóos. La Fiscalía había pedido un incremento de la pena de hasta diez años.

Una vez que ingresan en prisión, los reclusos tienen un límite temporal de dos meses para ser clasificados desde el momento en que la sentencia es notificada en los centros penitenciarios. Luego se vuelve a estudiar de forma automática la clasificación de grado cada seis meses como máximo. La última revisión de Urdangarin fue el pasado julio, permaneciendo en segundo grado. Su progresión al tercer grado, en principio, se podría plantear pasada la mitad de la condena, esto es a partir del segundo trimestre de 2021.

La dirección de la cárcel de Brieva (Ávila) tiene previsto resolver la semana próxima la petición que ha cursado Iñaki Urdangarin para disfrutar durante las fiestas navideñas de siete días en su primer permiso ordinario, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias.

El marido de la infanta Cristina lleva 17 meses en prisión y el pasado jueves cumplió una cuarta parte de su condena a cinco años y diez meses por el caso Nóos. Como ocurre con cualquier otro preso clasificado en segundo grado, Urdangarin puede pedir permisos ordinarios para salir de la cárcel con un máximo de 36 días al año –18 días por semestre–, aunque sin poder sumar más de una semana de forma consecutiva.

El primer permiso se ha pedido coincidiendo con la proximidad de las fiestas navideñas y, según las citadas fuentes, lo normal es que finalmente la dirección de Brieva apruebe entre tres y seis días. Si Urdangarin estuviera en contra de la decisión de Instituciones Penitenciarias, puede recurrir ante el juez de Vigilancia Penitenciaria.

El juez ya le concedió en septiembre a Urdangarin un permiso para asistir a un hogar religioso de voluntariado en Pozuelo (Madrid), de acuerdo al artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso de Urdangarin. Le autorizó a salir dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión fue respaldada por la Audiencia Provincial de Ávila al rechazar el recurso de la Fiscalía.

De esta forma, fue el 19 de septiembre cuando salió por primera vez del módulo de Brieva que eligió de forma voluntaria tras ser condenado por delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. El marido de la Infanta está desde entonces en un módulo en el que no hay otros presos, ya que la de Ávila es una cárcel de mujeres.

Preparación para la vida en libertad 

Los permisos ordinarios a los que ahora se puede acoger el cuñado del rey están regulados en el artículo 154 del Régimen Penitenciario. De acuerdo a la norma, se pueden conceder permisos, "previo informe preceptivo del Equipo Técnico", para la salida ordinaria "de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad".

Estos permisos son hasta un total de 36 días para los penados clasificados en segundo grado o de hasta 48 días para los que estén en tercer grado, "siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta".

Antes de su ingreso en prisión en junio de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó en cinco meses la condena al exduque de Palma, pasando de los seis años y tres meses de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a la condena firme de cinco años y diez meses por varios delitos relacionados con la actividad del Instituto Nóos. La Fiscalía había pedido un incremento de la pena de hasta diez años.

Una vez que ingresan en prisión, los reclusos tienen un límite temporal de dos meses para ser clasificados desde el momento en que la sentencia es notificada en los centros penitenciarios. Luego se vuelve a estudiar de forma automática la clasificación de grado cada seis meses como máximo. La última revisión de Urdangarin fue el pasado julio, permaneciendo en segundo grado. Su progresión al tercer grado, en principio, se podría plantear pasada la mitad de la condena, esto es a partir del segundo trimestre de 2021.

Iñaki Urdangarin puede desde este jueves pedir a la cárcel de Brieva (Ávila) permisos ordinarios para salir de prisión durante un tiempo tasado, aunque la dirección del centro penitenciario no tiene aún fecha para analizar esta petición y pronunciarse, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias. Si resolviera en las próximas fechas, el marido de la infanta Cristina podría pasar las fiestas navideñas con su familia.

El cuñado del rey lleva 17 meses en prisión, por lo que ha cumplido ya una cuarta parte de su condena a cinco años y diez meses por el caso Nóos. Como ocurre con cualquier otro preso clasificado en segundo grado, Urdangarin puede pedir permisos ordinarios para salir de la cárcel con un máximo de 36 días al año —18 días por semestre—, aunque sin poder sumar más de una semana de forma consecutiva.

El pasado 19 de septiembre, Urdangarin salió por primera vez del módulo de Brieva que eligió de forma voluntaria tras ser condenado por delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. El marido de la Infanta está desde entonces en un módulo en el que no hay otros presos, ya que la de Ávila es una cárcel de mujeres.

Su primera salida fue tras la autorización del juez de Vigilancia Penitenciaria de Ávila, que aceptó su petición para que asistiera a un hogar religioso de Pozuelo (Madrid) dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión, respaldada por la Audiencia Provincial de Ávila al rechazar el recurso de la Fiscalía, se fundamentó en aplicación del artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso de Urdangarin.

Una vez que ingresan en prisión, los reclusos tienen un límite temporal de dos meses para ser clasificados desde el momento en que la sentencia es notificada en los centros penitenciarios. Luego se vuelve a estudiar de forma automática la clasificación de grado cada seis meses como máximo. La última revisión de Urdangarin fue el pasado julio, permaneciendo en segundo grado. Su progresión al tercer grado, en principio, se podría plantear pasada la mitad de la condena, esto es a partir del segundo trimestre de 2021.

Preparación para la vida en libertad

Los permisos ordinarios a los que ahora se puede acoger el cuñado del rey están regulados en el artículo 154 del Régimen Penitenciario. De acuerdo a la norma, se pueden conceder permisos, "previo informe preceptivo del Equipo Técnico", para la salida ordinaria "de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad".

Estos permisos son hasta un total de 36 días para los penados clasificados en segundo grado o de hasta 48 días para los que estén en tercer grado, "siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta".

Los límites máximos anuales de 36 y 48 días de permisos se distribuyen, según el Reglamento Penitenciario, "como regla general en los dos semestres naturales de cada año". Para el preso clasificado en segundo grado, como es Urdangarin en la actualidad, podría disponer de hasta 18 días en total en un semestre —serían 24 días para presos en tercer grado—.

"Dentro de los indicados límites", añade la norma, "no se computarán las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan en el artículo 114 de este Reglamento, ni los permisos extraordinarios".

Antes de su ingreso en prisión en junio de 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó en cinco meses la condena al exduque de Palma, pasando de los seis años y tres meses de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a la condena firme de cinco años y diez meses por varios delitos relacionados con la actividad del Instituto Nóos. La Fiscalía había pedido un incremento de la pena de hasta diez años.

La Fiscalía Provincial de Valladolid ha presentado este viernes un recurso de apelación ante el juez de Vigilancia Penitenciaria que otorgó el permiso al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, para realizar un voluntariado fuera de la prisión de Brieva (Ávila) en la que cumple condena por el caso Nóos, según informa Europa Press.

El Ministerio Público argumenta en su escrito que el permiso "no cumple los requisitos legales", ya que, por un lado, "no tiene como contenido un programa específico de tratamiento", y en segundo lugar, el exduque de Palma aún "no ha cumplido la cuarta parte de su condena", que es de cinco años y diez meses de cárcel.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha pedido este jueves al Gobierno que aclare el coste "en términos de recursos públicos materiales y humanos" que supone que el cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, haga las labores de voluntariado en un hogar religioso. Eso sí, la pregunta registrada en el Congreso decaerá con la disolución de las Cortes y no habrá oportunidad de que la conteste el Ejecutivo.

El comunicado de IU, recogido por Europa Press, informa de que Garzón también pregunta al Ejecutivo por el número de personas que cumplen condena y disfrutan como el marido de la infanta Cristina de la aplicación del artículo 177 del Régimen Penitenciario. Éste artículo versa sobre la posibilidad de ejecutar programas especializados.

Desde IU, se hacen eco así de la polémica suscitada por el permiso concedido a Urdangarin para salir del centro penitenciario de Brieva (Ávila) para que realice voluntariado con discapacitados en un hogar religioso.

El juez de Vigilancia Penitenciaria ha autorizado que salga de la prisión dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión se fundamenta en aplicación de ese artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso de Urdangarin.

Garzón, en vista de los datos de los que dispone, pregunta al Ejecutivo en funciones del PSOE si, dada la situación "del penado Urdangarin", el hecho de que haga ese voluntariado puede considerarse "un trato privilegiado".

En este sentido, recuerda que el esposo de la infanta Cristina ha cumplido un "reducido tiempo" de la pena impuesta, y pide a tal efecto conocer cuántas personas han podido ejercer el derecho a que se les aplique ese artículo del Régimen Penitenciario "cuando tan solo habían cumplido un año en prisión sobre el total de la condena impuesta".

De la misma forma, pregunta sobre cuántas personas que cumplen o han cumplido condena en los últimos cinco años se han podido beneficiar de una situación penitenciaria "de estas mismas características".

Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de prisión, pena de la que cumplirá la cuarta parte el 28 de noviembre de 2019, y es entonces cuando puede solicitar permisos ordinarios. El 19 de junio de 2018 ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva y, desde entonces, ha estado en un módulo en el que no tiene contacto con otros reclusos. La pena la cumple en su totalidad el 9 de abril de 2024.

Iñaki Urdangarin ha salido este jueves poco antes de las 9.00 horas por primera vez del centro penitenciario de Brieva (Ávila) en cumplimiento del permiso concedido por un juez para que realice voluntariado con discapacitados en un hogar religioso de Pozuelo (Madrid), han informado a Europa Press fuentes penitenciarias. Entorno a las 15.40 horas de esta tarde, ha abandonado el lugar, dando las gracias a los periodistas que le esperaban a la salida.

Ha sido su primer día en este Hogar dedicado al cuidado a discapacitados. Urdangarin ha salido del centro en el mismo coche en el que ha llegado y ha bajado la ventanilla para dar las gracias a los informadores allí congregados. El cuñado del rey ha sido recibido como "el guapete alto" por los usuarios del centro de ayuda a discapacitados y ha sido destinado en el área de psicomotricidad. El marido de la infanta Cristina apoyará a un técnico, vestirá la camiseta común de los voluntarios del centro y, en principio, tiene libertad de movimientos, pudiendo recibir visitas.

Los detalles los ha ofrecido el director de la institución, Paco Sánchez, en declaraciones a los medios durante el primer día de Urdangarin como voluntario, donde ha seguido el protocolo de ser entrevistado por la dirección y conocer las instalaciones. "El guapete alto, éste lo quiero yo para mí", le ha dicho una persona con discapacidad del centro elegido por los abogados del cuñado del rey para disfrutar de la salida tratamental autorizada por el juez de vigilancia penitenciaria que ha autorizado que Urdangarin salga de la prisión dos veces por semana y un máximo de ocho horas al día. La decisión se fundamenta en aplicación del artículo 117 del Régimen Penitenciario sobre "medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado", como es el caso de Urdangarin.

Según Paco Sánchez, Urdangarin se ha mostrado agradecido y ha reído con alguno de los comentarios de los internos. También ha recibido el kit de voluntario y se ha puesto la camiseta del hogar religioso, además de su identificación que, como la del resto del personal, tiene una viñeta de Forges elogiando el trabajo de los voluntarios.

Urdangarin estará cinco o seis horas en el hogar dos días a la semana, ya que el juez le autoriza a estar un máximo de ocho horas por jornada y tiene que viajar desde la cárcel de Brieva. El director del centro ha respondido a todo tipo de preguntas, entre ellas sobre su opinión sobre el estado físico del marido de la infanta Cristina. "No está cachas, se ha quitado la camisa y se ha puesto la camiseta delante mía", ha dicho.

Paco Sánchez ha añadido que desconoce hasta cuándo estará en el centro Iñaki Urdangarin y que él personalmente está "liberado" de tener que informar por escrito a Instituciones Penitenciarias sobre la evolución del que es desde este jueves un voluntario "psicomotricista". También ha negado vinculaciones directas del centro con la reina Sofía o la Casa Real y se ha esforzado en explicar que el día a día suyo será igual que el del resto de voluntarios: "Si tiene que entrar y salir del centro, lo hará como el resto". Urdangarin, según su relato, ha dado en varias ocasiones las gracias por la "oportunidad" brindada desde el hogar religioso. También han acordado que se tutearan y que el cuñado del rey será llamado Iñaki a pesar de que en su DNI consta que su nombre es Ignacio.

El cuñado del rey cumple una condena de cinco años y diez meses. Cumple la cuarta parte el 28 de noviembre de 2019, y es entonces cuando puede solicitar permisos ordinarios. El 19 de junio de 2018 ingresó en la cárcel de mujeres de Brieva y, desde entonces, ha estado en un módulo en el que no tiene contacto con otros reclusos. La pena la cumple en su totalidad el 9 de abril de 2024.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León ha estimado con oposición del Ministerio Fiscal el recurso formulado por Iñaki Urdangarin Liebaert en relación a la posibilidad de realizar salidas para llevar a cabo un programa de atención especializada fuera del Centro Penitenciario de Ávila, donde cumple condena, "al amparo del Reglamento Penitenciario, sin cuestionar su clasificación en segundo grado".

Según ha informado el TSJCyL, las salidas autorizadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria a Iñaki Urdangarin Liebaert consistirán en acudir dos días a la semana durante ocho horas a una institución para llevar a cabo una labor de voluntariado y evitar así la "desocialización" que comporta la soledad del interno.

El juez de Vigilancia Penitenciaria explica en su decisión que la elección del régimen de vida, es decir, la forma de cumplir la pena de prisión, no está sujeta a la voluntad de los internos ya que viene regulada en la Legislación penitenciaria y es impuesta de forma imperativa por la Administración por lo que su incumplimiento es objeto de sanción.

En este sentido, recuerda que la "situación de aislamiento" como forma de cumplimiento en la que se encuentra Iñaki Urdangarin no es fruto de su elección sino decisión de la autoridad penitenciaria.

La justicia continúa estrechando el cerco sobre la corrupción en Vàlencia. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron este martes al cuñado de la exalcaldesa y exsenadora fallecida Rita Barberá, el abogado José María Corbín, en el marco de una operación que se ha llevado a cabo bajo la instrucción del Juzgado número 13 de València y en la que se investigan delitos como cohecho, blanqueo de capitales, delito fiscal, tráfico de influencias o malversación. Las pesquisas, que se han completado con decenas de registros que se han prolongado durante todo el día, están centradas en el presunto amaño de adjudicaciones y licencias con el PP al frente del ayuntamiento. En concreto, se sospecha que el letrado, que representa a una de las principales investigadas en el caso Taula, se habría aprovechado de su vinculación familiar con Barberá para cobrar mordidas a aquellos empresarios que estuvieran interesados en hacer negocios con el consistorio, según informó El País. Tasas que posteriormente habría camuflado facturando por servicios jurídicos que en realidad no prestaba.

En el marco de esta operación, que ha sido declarada secreta, también estarían siendo investigadas sus tres hijas. Porque si algo hemos aprendido en los últimos años de las tramas de corrupción es que todo acaba quedando en familia. El ejemplo perfecto lo encontramos en el clan Pujol Ferrusola, donde todos los miembros están siendo investigados por la justicia. Pero no es el único caso. La justicia también tiene la lupa puesta sobre los hermanos González, Ignacio y Pablo, por la adjudicación de las obras y la explotación del campo de golf levantado sobre los terrenos del Canal de Isabel II en el madrileño barrio de Chamberí. O sobre el matrimonio Bárcenas-Iglesias, que ha sido condenado por la primera época de la trama Gürtel, en la que también se vieron involucrados el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y su mujer, la exministra Ana Mato. Las familias también han impregnado el primer gran juicio contra la corrupción en el País Vasco, el denominado caso De Miguel, que en la actualidad se encuentra a la espera de sentencia.

  El clan de los Pujol

El expresident de la Generalitat y su mujer, Jordi Pujol y Marta Ferrusola.

De todas las investigaciones por presunta corrupción que salpican a varios miembros de una misma familia, la más famosa es la que afecta a los Pujol Ferrusola. Las pesquisas contra el clan arrancaron en 2013 con la declaración de la exnovia del primogénito de los Pujol relatando los viajes de su expareja a Andorra con miles de euros en metálico. Seis años después, la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional continúa sus pesquistas con la vista puesta en el próximo mes de septiembre, cuando culmina definitivamente el plazo de instrucción. A lo largo de todo este tiempo, el juez José de la Mata ha considerado en diferentes resoluciones que el clan funcionaba como una auténtica “organización criminal”. “[Los miembros de la familia Pujol Ferrusola] han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos”, señaló en uno de sus autos.

A día de hoy, la causa salpica a toda la familia. Desde el expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, hasta sus siete hijos: Mireia, Marta, Jordi, Oleguer, Josep, Oriol y Pere. Todos ellos han tenido que acudir a prestar declaración a la Audiencia Nacional en los últimos años como imputados en la causa que investiga el origen de la fortuna familiar. En el aire, la presunta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal o blanqueo de capitales. Sin embargo, por el momento sólo han pasado por prisión dos de los hijos. Oriol Pujol, exdiputado de CiU en el Parlament, ingresó el pasado 17 de enero en el centro penitenciario de Brians 2 para cumplir su condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso ITV. Su entrada se produjo días después de que su hermano Jordi abandonase, previo pago de fianza, la cárcel de Soto del Real, donde se encontraba de forma preventiva acusado de ocultar al fisco más de 30 millones de euros. Después de sólo dos meses y medio, Oriol Pujol salió precisamente el pasado viernes de prisión tras serle concedido el tercer grado, de forma que ya sólo está obligado a acudir a dormir, de lunes a viernes, a un centro de régimen abierto.

  De los González a los Zaplana pasando por País Vasco

Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

El clan Barberá no es el único vinculado al PP sobre el que se sitúa la lupa de la justicia. Hace un par de años, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron en el marco de la operación Lezo al expresidente de la Comunidad de Madrid a Ignacio González por varios delitos relacionados con la corrupción. En la causa contra el exlíder del Ejecutivo madrileño también aparece como investigado su hermano Pablo González, salpicado además en el denominado caso Mercasa. Entre otras cuestiones, el juez investiga el pelotazo que proporcionó al clan González la construcción del campo de golf levantado en las instalaciones del Canal de Isabel II hace más de una década. En concreto, la adjudicación habría permitido a una empresa controlada por la familia del expresidente hacerse con una jugosa comisión. El magistrado, además, reclamó en noviembre datos sobre más de una treintena de cuentas vinculadas a Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, que también figura como investigada en Lezo, para conocer el destino de las presuntas comisiones ilegales.

La familia del expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana también tiene a la justicia tras sus pasos. El pasado mes de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València incorporó como investigados a la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales a una de las hijas del exministro y a su marido. El denominado caso Erial, en el que también aparece como investigada la mujer de Zaplana, arrancó en 2015 después de que la Guardia Civil encontrara indicios de que el expresident había cobrado comisiones por la adjudicación durante su etapa al frente del Ejecutivo valenciano de la privatización de las ITV y del plan eólico valenciano. Estas licitaciones reportaron a otra familia, en este caso los Cotino, unos ingresos de 86,5 millones de euros, de los que 8,5 millones se habrían destinado “indiciariamente” al pago de comisiones a la red de Zaplana, según los datos del sumario. Junto a los Zaplana, en Erial también figura como investigado el expresidente de Les Corts Juan Cotino y sus sobrinos Vicente y José.

Las tramas que salpican a varios miembros de una misma familia también han podido verse en el denominado caso De Miguel, el considerado primer gran juicio contra la corrupción en el País Vasco. Esta macrocausa, que se juzgó el pasado mes de diciembre, salpica a tres dirigentes del PNV de Araba acusados de aprovecharse de su influencia política para cobrar –o intentar cobrar– comisiones a cambio de adjudicaciones públicas: Alfredo de Miguel, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. La Fiscalía pide para el primero de ellos 29 años y 9 meses de cárcel como supuesto líder de la trama, mientras que para los otros dos el Ministerio Público solicita 13 años y 7 meses de prisión. Junto a ellos, también se encuentran a la espera de sentencia sus mujeres –Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia–, para las que la acusación solicita una pena de 5 años de cárcel por su condición de socias de Kataia, la empresa sobre la que giraba la supuesta trama corrupta. Y dos años ha pedido la Fiscalía para Aintzane de Miguel, hermana del presunto cabecilla y contable de dicha sociedad.

  Partícipes a título lucrativo

Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Otro matrimonio que ha tenido que sentarse en el banquillo de los acusados es el de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias. El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional dictó sentencia por la primera época de la trama Gürtel. En ella, el tribunal condenó al extesorero del PP a 33 años y 4 meses de prisión por blanqueo de capitales y delitos fiscales. Iglesias, por su parte, fue condenada a 15 años y un mes de prisión por los mismos tipos penales. Durante el juicio, la defensa de la mujer de Bárcenas se escudó en que su representada desconocía los tejemanejes de su marido. Algo que rechazó el tribunal: “Posee el suficiente conocimiento como para hacerla responsable (…). El ejemplo más significado de que no cabe asumir ese planteamiento lo podemos poner en relación con la cuenta suiza de la que es titular (…) o con que firmaba cuanta documentación bancaria la ponía a la firma sin preguntar para qué o por qué”. Además de admitir con ese comportamiento un caso claro de ignorancia deliberada, continuó el tribunal, “la estaríamos relegando a poco más de un simple objeto”.

En esa misma sentencia también fueron condenados el exalcalde del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda y su exmujer, la exministra de Sanidad Ana Mato. El tribunal impuso para el primero una pena de 14 años y 4 meses de cárcel, mientras que a la segunda la condenó a un pago de 27.857 euros como partícipe a título lucrativo. La exministra se libró así de entrar en prisión, del mismo modo que un año antes lo hiciese la infanta Cristina en el caso Nóos. En febrero de 2017, la Audiencia de Palma condenó a la hija del rey emérito y esposa de Iñaki Urdangarín al pago de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo –el Supremo rebajaría luego esa cantidad a los 136.950 euros–. Con esta misma condición el tribunal también condenó a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres –exsocio de Urdangarín–, al pago de 345.000 euros, aunque luego el Alto Tribunal rebajó esa cantidad hasta los 172.384 euros. Porque el caso Nóos, como Lezo, Erial, De Miguel o Pujol, también fue un asunto de familia.

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso de amparo presentado el pasado mes de noviembre por el exduque de Palma Iñaki Urdangarin contra la condena a cinco años y diez meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Nóos, informa Europa Press.

El Tribunal señala que el recurso carece de especial trascendencia constitucional para ser admitido conforme establece el artículo 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El marido de la infanta Cristina de Borbón solicitaba que se declararan vulnerados los derechos a la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución), a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1) y a la libertad personal (articulo 17.1). De este modo pedía que se declararan nulas las sentencias tanto de la Audiencia balear y del Supremo en especial en cuanto a la condena por malversación de caudales públicos.

La pena se le impuso como responsable de delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales, pero pide que se le anule únicamente respecto a la malversación.

Pidió salir de la cárcel si se entraba en el fondo

En su recurso, Urdangarin solicitaba además que se suspendiera la ejecución de su pena, y ser por lo tanto excarcelado, en el caso de que el recurso fuera admitido y se entrara en el fondo del asunto, lo que finalmente no ocurrirá. Urdangarin se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) desde el pasado 18 de junio.

En su petición de amparo, la defensa de Urdangarin señalaba que la sentencia condenatoria "no hace referencia a ningún hecho concreto" realizado o desplegado por Urdangarin que explicite o justifique la condena por dicho delito.

Añadía que dicha resolución, "entremezclando hechos declarados probados con fundamentos jurídicos y viceversa", incide en que Urdangarin tuvo una influencia decisiva prevaliéndose de esa íntima relación de amistad y de su posicionamiento institucional, sin que según esta parte "en ningún pasaje de la sentencia, ni de las actuaciones, se concrete intervención personal alguna mínimamente explicitada" de esta conducta de 'influencia prevalente' requerida para ser condenado por malversación.

Tampoco se detallaba según la defensa cómo y con qué actos concretos desarrolló Urdangarin tal conducta de prevalimiento en aras a su adecuada subsunción en el tipo penal que permite su calificación como cooperador necesario en la malversación. "La Sala describe conclusiones, no concreta ni relaciona hechos o actos del acusado que, en un devenir lógico-deductivo, explicarían aquéllas", añade el recurso.