César Vallejo escribió el poema “España, aparta de mí este cáliz” durante la Guerra Civil española. Con ese título se reunieron después los poemas que el maestro peruano dedicó al drama bélico abierto por el golpe de Estado de 1936. El deseo de que la palabra España deje de significar un sacrificio late ahora en el corazón de muchos españoles heridos por la atmósfera muy crispada de nuestra convivencia. La economía no va mal, la realidad no es un campo de fuego, pero se impone día a día un relato de odios y enfrentamientos. Necesitamos encontrar una salida, y quizá sea bueno recordar que César Vallejo escribió su poema sobre España y el cáliz doloroso como un diálogo con los niños del mundo. No vivía la posible derrota como un problema nacional español, sino como un horizonte que afectaba a la política internacional. 

Creo que es una buena estrategia para resistir en esta situación que invita al desánimo. No se trata de un problema solitario español, sino de una dinámica desatada contra los valores democráticos. Y la palabra "mundo" adquiere mucho protagonismo. Por eso podemos recordar también el libro de Pablo Neruda titulado España en el corazón, y sentir que el amor por España se equivoca hoy cuando se encierra en los límites nacionales. Así que le pido permiso a Neruda para ampliar su título y escribir 'Europa en el corazón', tomando conciencia de la realidad global de la palabra "mundo". Las derivas nacionalistas de la extrema derecha ponen en riego el papel de Europa como unidad de valores democráticos, algo que interesa por igual a los viejos mandarines totalitarios y a las nuevas formas de dictadura que nacen de la ambición neoliberal, el capitalismo dispuesto a romper el Estado social para separar la libertad de los compromisos de la igualdad y la fraternidad. Así que la mejor manera de pensar en la Madre España de Vallejo es pedirle permiso a Neruda para vivir hoy con Europa en el corazón.

Los populismos nacionalistas suponen en la Comunidad Europea una proyección política de la cultura individualista que ha impuesto el neoliberalismo. Frente a la convivencia y las ilusiones colectivas impera la ley del más fuerte y la lucha por el triunfo de lo mío frente a las responsabilidades compartidas. Esta es la lógica que le da fuerza al racismo y a las prioridades nacionales contra los derechos humanos y la justicia universal. El cáliz de la crispación española, además de hacerme vivir con España y Europa en el corazón, gracias a Neruda, me devuelve a la poesía de César Vallejo y a su poema titulado “Masa”. Tanto amor y no poder contra la muerte, fue la queja del poeta peruano que buscaba en la oscuridad motivos para la esperanza. Escribió la historia de un combatiente muerto en la batalla. A su cadáver se acercó un hombre, y luego dos, y después veinte, cien, mil, quinientos mil, millones de individuos con un ruego común: quédate hermano. Cuando todos los seres humanos de la Tierra llegaron a rodear al individuo muerto, el cadáver se incorporó y se echó a andar.

La imagen solidaria de Vallejo me ayuda a luchar en mí mismo por una resurrección de la esperanza. La mejor manera de apartarme del cáliz de las desilusiones y las renuncias es comprender que no se trata de una batalla española, sino mundial, y que no puedo dejar que los mandatos del individualismo me hagan olvidar el compromiso colectivo con la dignidad de los seres humanos de la tierra. Las prioridades individuales sólo encuentran un buen destino en las ilusiones colectivas. 

Madre España que vive con Europa en el corazón. Cosas de la poesía.

Más de 70 países en todo el mundo, desde Francia a China, pasando por Australia o Brasil, han gastado miles de millones de euros de dinero público para suavizar el impacto de la crisis energética. Ya pasó en Europa tras la invasión de Ucrania y la escasez de gas natural, pero ahora el shock es global y líderes de todos los rincones han recurrido a esta medida fácil y rápida, pero muy controvertida entre los economistas. Reducir artificialmente el precio del combustible es muy caro, incentiva su consumo en tiempos de escasez, ayuda más a las rentas altas que a las bajas y desincentiva que ciudadanos y empresas apuesten por el autoconsumo solar o el ahorro energético.

España es, de hecho, el país de la Unión Europea que más ha gastado en subsidiar la energía para evitar que esa subida de precios se traslade al resto de la economía. El Gobierno ha destinado desde marzo 4.747 millones de euros a rebajar el IVA en las gasolineras, la luz y el recibo del gas, así como a abaratar 20 céntimos el combustible profesional. Según una comparativa europea del think tank Bruegel, el segundo país que más dinero ha dedicado es Alemania, con 1.600 millones de euros.

No todas esas rebajas siguen disponibles en España. En el caso de la electricidad y el gas, el IVA ya ha vuelto a la normalidad, pero continuarán recortados hasta el 30 de junio el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, así como el IVA de las gasolineras y el impuesto sobre hidrocarburos.

Parchear la situación a base de dinero público es el recurso rápido y fácil para una crisis así, pero que conlleva muchos problemas de fondo, opina Diego Rodríguez, investigador de Fedea y doctor en Economía. "Tiene sentido que la hayan activado durante solo tres meses, pero no cumple el criterio que propondría cualquier economista: que se destine a los consumidores vulnerables".

Como la ayuda no hace distinción por renta, llega a todos los bolsillos, pese a que son las rentas bajas las que realmente dependen de esta subvención para poder seguir cogiendo el coche, poniendo la calefacción o encendiendo el aire acondicionado. Según un estudio reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), los deciles superiores de renta son los que más porcentaje de la ayuda disfrutan sobre su coste total, especialmente en la gasolina y el diésel. 

Por ejemplo, los tres deciles más bajos –el 30% de los hogares españoles con menos renta– reciben el 20,3% de las ayudas totales al combustible, según la AIReF, mientras que los tres deciles más altos se benefician del 39%, casi el doble. "La razón es sencilla y directa: consumen más energía", resumen los autores.

Tanto la AIReF como Diego Rodríguez reclaman que las futuras ayudas estén ajustadas por nivel de renta, pero es cierto que no hay manera fácil. El experto de Fedea habla de una fórmula recurrente, una compensación en la declaración de la renta del año siguiente, aunque con el impedimento obvio de que la cobertura llegaría un año tarde. "No es fácil encontrar una solución, pero desde luego habría que reflexionar para estar preparados en el futuro", dice el investigador.

La AIReF, por su parte, plantea "la creación de un registro de hogares actualizado o el desarrollo de sistemas de identificación personal mensual de los ingresos de las familias por parte de la Agencia Tributaria", una manera de tener clasificada a la población por renta y poder después dar ayudas clasificadas por estratos.

La segunda crítica es que estas ayudas reducen la sensación de escasez de combustibles que hay en la economía global, haciendo que la demanda no caiga a la misma velocidad que la oferta. En este momento se producen cada día unos 14 millones de barriles menos de lo habitual debido al cierre casi completo del Estrecho de Ormuz, lo que equivale a aproximadamente el 14% del consumo mundial, pero esa tensión en la oferta no se traslada al surtidor porque la gasolina y el diesel tienen un precio artificialmente bajo.

"Los precios del combustible subvencionado no muestran realmente el problema que hay de suministro. Estamos alterando el balance del mercado", opina Ana María Jaller-Makarewicz, analista energética para Europa del Instituto de la Economía de la Energía y el Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés).

El resultado es que en los países ricos, con más capacidad para soportar con dinero estas subvenciones y donde la población tiene más renta, la caída del consumo está lejos de reflejar el agujero real. Según datos de la consultora Argus, en el segundo trimestre de 2026 Europa reducirá su demanda de crudo en 300.000 barriles diarios, mientras que la de Asia-Pacífico recortará unos 3.000.000 en ese periodo, un recorte diez veces mayor. La diferencia también radica en que Asia depende mucho más del petróleo de Oriente Medio que Europa.

En todo caso, los descuentos españoles no han sido suficientes para devolver el coste del litro a su situación previa a la guerra de Irán y el golpe se ha notado igualmente. En el mes de abril la demanda de combustible en gasolineras en España cayó un 5,2% frente al mismo mes del año pasado, según los últimos datos de Eurostat. Menos que en otros países, como Alemania (-10%), Bélgica (-8,9%) o Noruega (-12,2%), pero en la línea de Francia (-4,1%). En el conjunto de la UE, la demanda de combustible cayó en abril un 3,5% respecto a ese mes de 2025.

En cuanto a la demanda eléctrica, en España se mantuvo sin cambios en mayo frente al año pasado, con un incremento del 0,1% una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad, según Red Eléctrica. El consumo de gas también estuvo casi congelado en mayo, con una caída del 1% interanual, si bien se desplomó un 6,3% en el apartado de hogares e industria, compensado por una subida del consumo de cisternas para almacenamiento.

Por último, muchos grupos ecologistas y defensores de las energías limpias critican que estas ayudas vuelven a ser un ejemplo más de cómo los países ricos siguen incentivando el uso de combustibles fósiles a pesar de la emergencia climática.

Argumentan que, tanto la crisis derivada de la invasión de Ucrania –que llegó a encarecer el gas más de diez veces– como la actual son la mejor oportunidad para invertir en autoconsumo fotovoltaico, baterías y en medidas de eficiencia energética, porque es ahora cuando más dinero permiten ahorrar, pero en su lugar se destinan miles de millones al petróleo y al gas. La Agencia Europea de Medio Ambiente calcula que en 2022 y 2023, la Unión Europea gastó en subvenciones a combustibles y electricidad unos 250.000 millones de euros. 

Por ejemplo, tras conocerse en marzo el paquete español contra la crisis, Greenpeace reaccionó diciendo que "el Gobierno vuelve a tropezar en la piedra de las ayudas indiscriminadas a los combustibles y el gas". "Está demostrado que estas medidas son ineficaces socialmente, dañan el clima, y costarán miles de millones al contribuyente", añadió también.

El papa León XIV está en España para una visita apostólica que se prolongará hasta el 12 de junio y que le llevará desde Madrid a Barcelona, el monasterio de Montserrat, Gran Canaria y Tenerife. La agenda oficial incluye actos institucionales, celebraciones religiosas y encuentros multitudinarios, pero reserva también varias paradas a la labor social, con el foco puesto en las personas sin hogar, la población penitenciaria y la acogida de migrantes. Según el programa publicado por el Vaticano, estas citas se repartirán a lo largo de todo el viaje y funcionarán como uno de los ejes simbólicos de la visita.

La primera parada de este recorrido tuvo lugar el sábado 6 de junio, cuando el pontífice visitó en Madrid el centro de Cáritas en la calle Cullera, en el barrio de Lucero (Latina), una zona atravesada por importantes urgencias sociales. En concreto, León XIV conoció el proyecto social Cedia 24 Horas, que atiende a personas sin hogar o en situación de exclusión residencial. Allí se ofrece acogida, escucha, acompañamiento social y cobertura de necesidades básicas, además de apoyo para iniciar o continuar procesos de inclusión. 

Que uno de sus primeros actos se celebrara en esta zona de Madrid, no fue casualidad. Antes incluso de los grandes actos públicos de la visita, León XIV se acercó a realidades como la pobreza urbana y el sinhogarismo, que suele quedar fuera del foco. Este centro de Cáritas no funciona únicamente como un espacio de asistencia inmediata, sino como un recurso de acompañamiento para personas que necesitan recuperar vínculos, acceder a derechos y reconstruir un itinerario vital.

La siguiente parada llegará el miércoles 10 de junio, con la visita al centro penitenciario Brians 1, en Barcelona. Otro gesto con una fuerte carga simbólica, porque introduce en la agenda papal a una población habitualmente situada en los márgenes del debate público como son las personas privadas de libertad.

Ese mismo día por la tarde, León XIV se reunirá en la Iglesia de San Agustín de Barcelona con entidades, voluntarios y proyectos vinculados a la acción social de la Iglesia, que realizan la atención a personas vulnerables, acompañamiento a familias, redes comunitarias de ayuda y apoyo a personas sin recursos. 

La parte final de la agenda tendrá un claro protagonista: la migración. El jueves 11 de junio, el papa viajará a Gran Canaria y mantendrá un encuentro en el puerto de Arguineguín con migrantes, voluntarios y trabajadores de entidades dedicadas a la acogida y atención de los recién llegados. Este lugar ha quedado asociado en los últimos años a la llegada de personas migrantes por la ruta atlántica y a las dificultades del sistema de acogida para responder a situaciones de emergencia. 

El viernes 12 de junio, ya en Tenerife, el pontífice visitará el centro Las Raíces, uno de los principales dispositivos de acogida temporal para migrantes en Canarias. Este centro funciona como un dispositivo de atención humanitaria para personas llegadas a las islas a las que ofrece alojamiento, manutención, atención social, jurídica y sanitaria mientras se tramita su proceso de integración.   

Después, León XIV participará en la Plaza del Cristo de La Laguna en un encuentro con personas migrantes, entidades sociales y proyectos de acompañamiento. Si Arguineguín representa la llegada y Las Raíces la primera acogida, La Laguna apunta a un fase posterior: la construcción de vínculos, el acceso a derechos, el arraigo y la participación en la comunidad. Es decir, el momento en que la emergencia empieza a dar paso a la convivencia.

En una visita con fuerte dimensión religiosa e institucional, estos actos colocan en primer plano a quienes suelen quedar en los márgenes. Sin embargo, esta imagen de la Iglesia volcada con la vulnerabilidad social convive con los límites de la institución en otros debates de derechos, desde el papel de las mujeres en su estructura interna hasta la igualdad plena dentro de la Iglesia, los derechos sexuales y reproductivos, el aborto o la eutanasia. La visita, por tanto, proyecta un mensaje de cercanía hacia los excluidos pero se desarrolla sobre el fondo de una institución que mantiene abiertas importantes tensiones con algunas de las principales demandas sociales contemporáneas. 

La visita del papa León XIV está levantando furor y polvareda. ¿Se han preguntado por qué viene ahora? ¿Existen o no las casualidades? Evidentemente existen, porque todo ahora es una casualidad. En estos últimos días el concepto de casualidad se ha debatido en las tertulias y programas de opinión como consecuencia de los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Las casualidades han originado tal cúmulo de opiniones a raíz de las decisiones judiciales, tan seguidas y tan amplias, que unos consideran la casualidad relacionada con el azar, explicando esas decisiones judiciales asociadas a los tiempos propios y lentos de la justicia, no sujetas a la inmediatez, mientras otros entienden que responde a intervenciones decididas para cambiar el actual Gobierno. Parecido a una trama. Con todas estas circunstancias temporales, repregunto: ¿Se han interrogado, a solas o en compañía, por qué viene ahora León XIV a España?

Para que toda casualidad se produzca, tenga efectos, tiene que haber antes una causalidad, una causa, más o menos razonable. O sea, la interpretación que el autor que conoce de unos hechos o de su apariencia (juez, presidente, periodista, escribano) hace o escribe de ellos. Robert Prévost fue elegido Papa, a ojos de fuera, por casualidad, sin causa grande, de ahí que el Vaticano quiera ahora extender su desconocido carisma con rapidez y España le ofrece una ocasión inmejorable. Florentino Pérez ha convocado elecciones a la Presidencia del Real Madrid, por casualidad, sin causa fuerte y exigente, como un desafío a candidatos fantasmas y ahora se encuentra muy nervioso, porque puede perderlas. Me gustaría saber a quién van a votar dos madridistas acérrimos, periodistas tan distintos como Tomás Roncero y Manuel Jabois. 

Hace solo un año que fue elegido por el Colegio Cardenalicio y prácticamente se puede decir que el Vaticano, con el total consentimiento de León XIV, ha elegido el viaje a España como una prioridad. Que coincide en la misma prioridad con la de nuestro Gobierno laico y con la de una Conferencia Episcopal necesitada de afectos, Y, además, que pretende confirmar sus buenos resultados con el Gobierno. Los resultados se mezclan entre políticos y religiosos. Después de que en estos años anteriores, haya habido acuerdos y desacuerdos en los asuntos político-religiosos, todos quieren manifestar y sellar la paz. Desde esta perspectiva, la casualidad se puede entender como coincidencia o concurrencia de objetivos para obtener todos resultados favorables.

El Vaticano, al año del reinado de León XIV, ha tenido la habilidad, propia de su alabada diplomacia milenaria, de cerrar el acuerdo de su visita con rapidez. Ha tenido los reflejos suficientes para que León XIV visite la España secularmente alineada con el papado, después de que Francisco se hubiera resistido a todas las invitaciones que recibió para que realizara su visita, teniendo mucha más raigambre latina con nuestro país. Tocaba la visita ahora, pronta. Y tocaba que su visita coincidiera con un Gobierno laico, lo que, a primera vista, parece un contrasentido. Pero como al Gobierno también le interesa la visita, miel sobre hojuelas.

El Vaticano y la Conferencia Episcopal conocen perfectamente que ha sido con los Gobiernos socialistas, y ahora con el Gobierno laico de coalición, cuando mejor se han entendido en estos últimos cincuenta años de democracia; cuando la Conferencia Episcopal ha conseguido mantener y aumentar los mismos privilegios de los que goza desde hace siglos. Recuerden que fue Felipe González el que aportó recursos del Estado y logró terminar la Catedral madrileña de la Almudena, aunque, luego, desde su cátedra episcopal, Rouco Varela lanzara dardos incendiarios contra ellos. De la universalidad que también Felipe González introdujo en la educación, los agustinos participan de los fondos estatales en sus colegios en barrios ricos a través de los conciertos. Y que Robert Prevost visitó como prior general de los agustinos.

De Zapatero también la Conferencia episcopal consiguió privilegios. Llega el papa, León XIV, en plena campaña de la declaración de la renta, lo que no es casual. Ayudará todavía a que muchos contribuyentes señalen no una, sino dos equis. Siguiendo explicaciones y consignas de Europa Laica, yo no he puesto ninguna. Fue Zapatero quien aumentó del 0,5 al 0,7 el porcentaje que se deriva de los contribuyentes (y todavía pedían el 0,8, según confesó el obispo Antonio Algora, que participó en las negociaciones y que murió por Covid) a la Iglesia católica, y por la equis de otros fines sociales a ONGs, que ella controla, como Cáritas, a la que la Conferencia Episcopal apenas deriva recursos. Lo normal y más democrático es que el Estado y las Autonomías reciban los impuestos y los gobiernos los distribuyan, según criterios establecidos.

Durante estos últimos años, Félix Bolaños y anteriormente la vicepresidenta Carmen Calvo, han dedicado muchas horas y reuniones para llegar a acuerdos con la jerarquía católica y sellar la paz, como digo, y, a fuer que piensan que lo han conseguido: los miles y miles de inmuebles que fueron inmatriculados permanecen en poder de la jerarquía, sin que muchos vecinos, ayuntamientos y otros puedan disfrutarlos. De la resignificación del Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros, los más felices por los acuerdos alcanzados (además de José Cobo y Luis Argüello) entre el Gobierno y la jerarquía son los monjes benedictinos, asentados allí desde el año 1959 por Franco y ahí seguirán para mantener el culto en la basílica bajo la montaña y su carácter sagrado. Existe una gran insatisfacción en los adultos y mayores que sufrieron abusos sexuales, porque estiman que no se les repara lo suficiente ni moral ni económicamente, aun habiendo cogido en sus manos el asunto el Defensor del Pueblo. Y es que la jerarquía católica tiene un afán de acumular riqueza que choca con el mensaje evangélico que a veces transmiten. Llamarán a muchas puertas para que financien los 15 millones que importa el viaje de León XIV. Que yo sepa no han realizado ninguna iniciativa para autofinanciarse a lo que se comprometieron hace muchos años. “Según nuestros datos, dice Europa Laica, creemos que el Estado se gasta 13.000 millones de euros al año, entre desgravaciones, tema educativo, etc, en financiar a la Iglesia. No nos parece de recibo que la visita turística e institucional de un papa termine con un púlpito en el Congreso”. Y Miguel Hurtado, denunciante del caso Montserrat, dice: “La visita al parlamento del papa León XIV es la muestra del mayor grado de sumisión y privilegios a la iglesia en la historia de la democracia…. Así que la denuncia y revisión del actual Concordato lo expresó entre otros Cervantes en boca de Don Quijote dirigiéndose a su escudero: “Cuán largo me lo fiais, amigo Sancho”.

Finalmente, creo que Pedro Sánchez, en su visita privada al Papa, le habrá insistido en que no se olvide de destacar todos los efectos positivos que la regularización de los migrantes tiene para España y que León XIV podrá advertir en el entusiasmo con el que le reciben en el barrio del Lucero y en Canarias. En este asunto sí que el Gobierno tiene que sentirse orgulloso de que pueda recibir todo el apoyo y respaldo que necesita en estos momentos tan duros. 

____________

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

La Plataforma Juristas por Palestina ha emitido este martes, 26 de mayo, un comunicado en el que lamenta que España haya autorizado la participación de la Federación de Escalada de Israel (ILCA, por sus siglas en inglés) en la Copa del Mundo de escalada.

La competición, conocida internacionalmente como la World Climbing Series, se celebrará entre el 28 al 31 de mayo en Alcobendas (Madrid). Según la Plataforma, el evento supone una nueva ocasión en la que se permitirá “la continuación del lavado deportivo de Israel” o sportwashing, una práctica que, denuncian, ya se ha producido en otros certámenes deportivos como la Vuelta Ciclista a España o los Juegos Olímpicos.

Además, en la competición también participará Ayala Kerem, una atleta patrocinada por el grupo Shikun & Binui. Según la Juristas por Palestina, se trata de una “empresa incluida en la base de datos de Naciones Unidas sobre actividades empresariales en asentamientos ilegales por su implicación en la construcción de la barrera perimetral de Gaza y de infraestructuras de expansión de los asentamientos en Cisjordania”.

“El campeonato se celebra apenas días después de que un rocódromo de Bruselas (Le Camp de Base) haya renunciado a albergar la final de la Copa de Europa juvenil por la participación israelí. La negativa de la Federación israelí a llevar una camiseta neutral supuso la cancelación del evento”, añade la Plataforma.

A pesar de que España haya reconocido al Estado de Palestina y se haya posicionado en contra de Israel en diferentes ocasiones –interviniendo formalmente ante la Corte Internacional de Justicia en el caso iniciado por Sudáfrica contra Israel por genocidio; aprobando el Real Decreto-ley 10/2025 contra el genocidio en Palestina; retirando a su embajadora en Israel; o no participando en la última edición de Eurovisión–, esa oposición todavía no se ha trasladado al ámbito deportivo.

“La falta de instrucciones concretas relativas al ámbito deportivo, dejando que la federación de Israel participe en la Copa del Mundo de escalada supone una contradicción con esa postura y además, es contraria al artículo 81.2 de la Ley 39/2022 del Deporte que exige que las competiciones internacionales en España se celebren en coherencia con la política exterior”, recuerda la Plataforma.

“Excluir a las federaciones de un Estado al que organismos y mandatos de Naciones Unidas atribuyen actos de genocidio, un sistema de apartheid, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario es una obligación que vincula a España, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Alcobendas y a las federaciones deportivas españolas, con independencia de la postura del Comité Olímpico Internacional. La pasividad institucional equivale a complicidad”, agregan.

Juristas por Palestina sostiene que "la vulneración del Derecho internacional por parte del Estado de Israel es flagrante y manifiesta" y que las obligaciones derivadas de esa situación "incumben a todas las administraciones implicadas, sin que ninguna pueda escudarse en su falta de competencia".

"Por ello, reiteramos nuestra solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para que, en el ejercicio de sus competencias en acción exterior y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, dicte instrucción al Consejo Superior de Deportes y comunique formalmente a los organizadores la incompatibilidad de la participación de Israel en las condiciones previstas", reclama la plataforma.

"Solicitamos asimismo la creación de un mecanismo que permita valorar de forma anticipada eventos deportivos internacionales con participación de federaciones y atletas vinculados a graves vulneraciones del Derecho Internacional, como ocurre con Israel", concluyen.

Además de Juristas por Palestina, otras organizaciones y colectivos deportivos de toda España han pedido el veto a Israel en este evento. Climbers for Palestine Spain y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel lanzaron el pasado 10 de abril una campaña para que los deportistas israelíes no participen en la Copa del Mundo de escalada.

Una campaña a la que se han unido otras organizaciones, desde pequeños clubes deportivos y asociaciones vecinales y estudiantiles como la Red Universitaria por Palestina; pasando por agrupaciones deportivas como Bulder Queen, Girls on the Wall, Monkey Fingers y Rock and Rocks Pedriza; hasta el Sindicato de Inquilinas, Más Madrid, Marea Palestina, Ecologistas en Acción, CGT, Asambleas 8M y la Asociación Hispano Palestina Jerusalén.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes el esperado Plan Social para el Clima, 9.000 millones de euros que irán destinados a mitigar el impacto sobre la población vulnerable del nuevo mercado de emisiones europeo destinado a gravar la contaminación de los edificios y del transporte por carretera. Este mercado, llamado ETS2, debe ponerse en marcha el 1 de enero de 2028 y se espera que encarezca la gasolina en unos 16 céntimos por litro y el gas natural en 16 euros/MWh. Sin embargo, España todavía no ha traspuesto a su legislación la normativa del ETS2, y debía haberlo hecho hace dos años.

Las organizaciones sociales especializadas en pobreza energética reclaman la trasposición inmediata de la directiva europea de comercio de derechos de emisión. Primero, porque es obligatorio. Y segundo, porque ayudará a reducir la contaminación de las carreteras y de los edificios. Solo el transporte representa en España un 33% de las emisiones de CO2, mientras que los edificios suponen el 9%. El ETS2 está diseñado para que las emisiones conjuntas de los dos sectores se reduzcan un 42% para 2030 en comparación con los niveles de 2005.

Además, si el ETS2 no se introduce en la ley española, el Plan Social para el Clima presentado este lunes carece de sentido y Bruselas no lo aprobará, como ya ha advertido. "El plan no se puede aprobar sin transposición de la directiva porque lo primero que tenemos que analizar en la Comisión Europea es la relevancia del plan. Y sin ETS2, no hay impacto directo del ETS2, y nosotros tenemos que rechazarlo", declaró en una ponencia en el Congreso de los Diputados Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, a mediados de abril.

En teoría, España debía haber traspuesto la directiva antes del 30 de junio de 2024 para ir recabando información de cuánto combustible consumen los edificios y el transporte de cara a su implementación final. Originalmente el ETS2 iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero a finales de 2025 la Unión Europea decidió posponerlo un año, a 2028. El Gobierno no solo va dos años tarde, sino que para trasponer la directiva necesita una mayoría simple en el Congreso en un momento político extremadamente convulso.

No obstante, quien sigue el asunto de cerca opina que el Gobierno podría ponerse al día en cuestión de dos meses. "Creemos que podría trasponerse [esta legislatura]", opina Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima. "Ha estado hasta ahora parado, pero parece que hay interés para sacarlo adelante incluso antes del verano. Que Sánchez haya presentado este lunes el Plan Social para el Clima nos dice que hay voluntad", añade el portavoz.

El sistema ETS2 es la segunda versión del ETS (Sistema de Comercio de Emisiones, por sus siglas en inglés), activo desde 2005 para la industria y las plantas de generación eléctrica –y en los últimos años también a navieras y aerolíneas–, y que ya ha conseguido reducir casi un 50% las emisiones respecto a 2005 en todos estos sectores. El mecanismo ETS consiste en que cada año se emiten una cantidad tope de permisos para contaminar que las compañías deben comprar para poder emitir una tonelada de CO2. Como el número de permisos se recorta cada año, las compañías están obligadas a reducir sus emisiones porque contaminar sin tener una autorización supone enfrentarse a una multa cuantiosa. En este momento, un permiso para emitir una tonelada de CO2 en el ETS cuesta 77 euros. Este precio varía cada día en función de la oferta y la demanda, y se comercian en un mercado secundario.

Con la entrada del ETS2 en enero de 2028, los proveedores de combustibles para edificios y vehículos (esencialmente gasolina, gas natural y diésel) tendrán que tener en propiedad los permisos de emisiones equivalentes a las emisiones que generen. Durante los tres primeros años, un mecanismo evitará que esos permisos se encarezcan mucho más allá de los 45 euros/tonelada.

Se espera que este sobrecoste en la energía se traslade a través de la cadena hasta los hogares y empresas, los consumidores finales. Transport & Environment, una organización europea especializada en descarbonización de las carreteras, calcula que, si los permisos de emisiones del ETS2 se venden a 55 euros/tonelada, el precio de la gasolina se encarecerá en 15,5 céntimos/litro, y el del diésel en 17,3 céntimos/litro, IVA incluído. Esto equivale a que repostar un coche pequeño costará entre 7 y 8 euros más.

La consultora Magnus Commodities estima que si los ETS2 se venden a 73 euros/tonelada, el gas natural para calefacción se encarecería en 15 euros/MWh, lo que supondría una subida del 33% respecto a la cotización actual del gas natural en Europa.

En cuanto a su impacto general sobre la economía, un estudio publicado este año en la revista Energy Policy estima que si el carbono termina cotizando a 57,5 ​​euros por tonelada en el ETS2, el coste general de la vida en la Unión Europea subirá un 1,18%, que se reduciría al 1,04% si se toman medidas de eficiencia energética. España sería menos golpeada que la media del bloque, con una inflación del 1,02% y del 1,49%, en un escenario de baja y alta eficiencia energética, respectivamente.

Este encarecimiento de la vida es precisamente lo que pretende mitigar el Plan Social para el Clima presentado este lunes por el Gobierno con un presupuesto de 9.099 millones de euros. El 75% de ese presupuesto vendrá de Bruselas, del Fondo Social para el Clima, financiado con los ingresos de la venta de los permisos ETS. El 25% restante lo aportarán los Presupuestos españoles. 

Con ese dinero se financiarán dos tipos de proyectos para hogares con rentas bajas: la mejora de la eficiencia energética en edificios (52% del presupuesto) y el impulso al transporte limpio (48%). La mayor partida en transporte irá destinada a la descarbonización del parque (2.269,6 millones), con ayudas para renovar flotas de vehículos pesados y furgonetas y al achatarramiento de vehículos anteriores a 2020. En vivienda, la mayor cuantía se destinará a construir viviendas nuevas asequibles de alta eficiencia energética (1.813 millones), aunque no se ha publicado el número de inmuebles que se levantarán.

Las organizaciones civiles que han participado en el proceso de elaboración del plan insisten en que su mayor preocupación es que el plan no pierda su rumbo y se centre en ayudar a los más vulnerables. "El ETS2 engloba a dos sectores que van a afectar de lleno a los ciudadanos y repercutirá sobre el coste de las facturas y del transporte. El objetivo del Plan Social para el Clima es paliar ese impacto", valora Cecilia Foronda, directora de Acción para la Transición Ecológica Justa de Ecodes.

Por su parte, Carlos Bravo reconoce que lo que se conoce por ahora es un plan genérico, pero dice que es ahora, durante la consulta pública, cuando se tiene que aclarar la letra pequeña de a quién beneficiarán las ayudas. "Si hablamos de ayudas para el transporte pesado, tienen que enfocarse en el camionero autónomo, que es el que necesita recursos para asumir los cambios, no a la compañía que tiene una flota enorme de autobuses", opina.

Este paquete llega también un año tarde –debía haberse presentado ante Bruselas el 21 de mayo de 2025– y acaba de salir a consulta pública, por lo que todavía tiene que recibir los comentarios de organizaciones y empresas, ser revisado y enviarse definitivamente a la EU. En todo caso, como adelantó el mes pasado el enviado de la Comisión, el Plan Social para el Clima no recibirá el visto bueno hasta que no se trasponga la directiva ETS2

La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel ha cambiado de golpe el escenario económico europeo. La UE ha pasado de crecer, reducir la inflación y empezar a reducir sus niveles de endeudamiento a enfrentarse a un escenario de ralentización económica, crisis energética, fuerte aumento de los precios e incertidumbre en sectores claves como el turismo, la aviación o el transporte de mercancías. Pese a ese panorama, Bruselas reconoce que España mantiene “una posición privilegiada” y será el único de los grandes países comunitarios que seguirán creciendo con fuerza en 2026 y 2027 pese a la crisis en Oriente Medio.

“El conflicto ha cambiado materialmente el escenario, provocando una de las interrupciones de suministro de energía más significativas en el mundo en la historia reciente”, señala con evidente preocupación el documento de previsiones económicas de primavera de la Comisión Europa presentado este jueves. Ese deterioro explica que Bruselas rebajase tres décimas su previsión de crecimiento para el conjunto de la UE en 2026, hasta dejarla en apenas el 1,1%, y extendiese el recorte a 2027, año para el que anticipa una expansión limitada al 1,4%.

El mayor golpe provocado por la crisis de los hidrocarburos, a raíz del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, llega por la vía de la inflación. Ahí reside el principal riesgo para la economía europea: los precios se disparan tanto en los Veintisiete, un punto porcentual por encima de lo previsto en otoño, como en la zona euro, donde la inflación escalará hasta el 3% frente al 1,9% inicialmente contemplado. En 2027, la inflación de la zona euro seguirá por encima del objetivo del 2%, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés ante un problema de precios que Bruselas ya no considera pasajero.

“En vez de tocar máximos en este trimestre, los precios del petróleo y del gas lo harán en el último trimestre del año y sólo empezarán a bajar el próximo año”, advierte una fuente comunitaria a infoLibre. “Estamos ante una combinación de shocks, el primero energético. Es una disrupción más prolongada, con algún tipo de resolución en 2027”, añade este funcionario.

La Comisión Europea no se anda con rodeos y atribuye directamente a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el deterioro de sus previsiones. “Antes del final de febrero de 2026, la economía de la UE estaba lista para seguir expandiéndose a un ritmo moderado junto a una caída de la inflación, pero la previsión ha cambiado sustancialmente desde el estallido del conflicto” en Oriente Medio, escriben los economistas de la Comisión.

“La inflación energética está en aumento y se espera que se traslade el resto de sectores”, reconoció el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, al evaluar el incierto escenario abierto por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra infraestructuras petrolíferas de sus vecinos en represalia. Los precios de la energía seguirán, lamentó el político letón, seguirán encareciéndose de manera significativa durante el verano.

España, sin embargo, “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, destaca una segunda fuente europea con amplio conocimiento sobre el análisis macro realizado por la Comisión a la economía española. Bruselas destaca “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas” como dos factores que le permiten afrontar la crisis desde una situación más favorable que otros socios europeos.

La crisis, admite a infoLibre este funcionario, “le va a afectar a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios”, y también puede tener impacto en el transporte si la crisis energética se prolonga. Pero el diagnóstico comunitario es claro: “El impacto de la crisis en Oriente Medio llega a España en una posición más favorable que a otros Estados Miembros”.

España es una de las pocas notas positivas en las previsiones económicas de la Comisión. Su evolución apenas se verá alterada por las turbulencias provocadas por la guerra. Bruselas incluso mejora una décima su previsión de crecimiento para este año: el PIB crecerá un 2,4%, y solo recorta una décima la de 2027, hasta el 1,9% . Con estas cifras, España se mantiene como el gran país del crecimiento en la UE: su economía avanzará dos veces más rápido que la de Países Bajos, tres veces más que la francesa y más del triple que la alemana o la italiana.

“La idea global que vemos en nuestras previsiones es que España creció por encima de la Unión Europea el año pasado. El nivel irá decreciendo poco a poco, pero de todas maneras seguirá por encima de la UE”, resume la segunda fuente comunitaria a este medio. Los fondos de recuperación Next Generation serán, según las cuentas de Bruselas, una de las principales palancas de crecimiento en los próximos años por su impulso a la inversión.

El crecimiento español resiste pese a que los precios también se dispararán en el país, en línea con el conjunto de la zona euro y con el resto de grandes economías comunitarias. La inflación alcanzará el 3% en 2026 y bajará cinco décimas el próximo año. Aun así, la Comisión considera que la demanda interna, el dinamismo del consumo privado, la inversión y un mercado laboral “robusto” permitirán compensar “el impacto adverso del conflicto en Oriente Medio”. A esa resistencia contribuye, según el análisis económico, también el bajo endeudamiento de los hogares, mientras el paro seguirá reduciéndose hasta el 9,9% en 2026 y el 9,6% en 2027, por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

España, no obstante, no es inmune a la crisis energética desatada por la operación militar de las administraciones Trump y Netanyahu en Irán. “Los principales riesgos que afronta la economía afectan al debilitamiento potencial de la actividad turística”, advierte el documento de previsiones. Bruselas alerta de una caída de las llegadas internacionales, especialmente desde destinos de larga distancia, “debido a costes más altos en los desplazamientos y otras disrupciones relacionadas con los viajes”. 

A las puertas de la temporada de verano, la incertidumbre en el segundo mayor destino turístico del planeta es máxima, y así lo reconoce Bruselas. Se trata de un riesgo que la Comisión no destaca individualmente para otras potencias turísticas como Francia o Italia, pero sí para Grecia o Chipre, esta última muy cercana al foco geográfico de las tensiones. Una tercera fuente comunitaria matiza, en conversación con infoLibre, que el turismo “sí es un riesgo común a todos los países” por el impacto de la crisis en las aerolíneas y en los viajes procedentes “especialmente desde Asia, con una reducción de las llegadas”. 

En Bruselas confían en que el turismo local europeo compense este verano, en países como España, Italia o Chipre, la caída de los viajeros internacionales provocada por el encarecimiento de los vuelos, según explica esta fuente. Pero esa previsión, como todo el escenario económico de primavera, está atravesada por la incertidumbre y la imprevisibilidad de la Casa Blanca, capaz de cerrar altos el fuego con Irán y romperlos pocos días después mientras su socio, Israel, mantiene sus bombardeos sobre el Líbano.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en el puerto de Ashdod (sur), y difundió un vídeo en el que aparecían maniatados y hacinados en el suelo mientras se burla de ellos. "¡Bienvenidos a Israel!", aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera nacional y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

Las imágenes también muestran a los cientos de detenidos en esa posición hacinados bajo el sol mientras un altavoz emite el himno de Israel. "Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo", recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes. Con él reitera la postura del Gobierno israelí, según la cual la misión para entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza y romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 es una posición de apoyo al grupo islamista Hamás.

El centro legal en Israel a cargo de la defensa de los activistas, Adalah, denunció en un comunicado la que califica como una "política criminal de abuso y humillación contra los activistas". "Estos eventos se han producido después de que Adalah documentara patrones similares de maltrato contra activistas de las anteriores misiones de la flotilla, por las que Israel no rindió cuentas", continúa el texto, con el que Adalah llamó a la comunidad internacional a tomar medidas.

Agarrados por el cuello y maniatados a la espalda, los activistas caminan en las imágenes guiados por policías israelíes que se cubren la cara. También al comenzar las imágenes, uno de estos agentes reduce, agarra de la cabeza a una mujer que grita "¡Libre Palestina!" al pasar ante ella el titular de Seguridad Nacional y la empuja hacia el suelo.

Los en torno a 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran en el puerto de Ashdod, desde donde podrán ser o directamente deportados del país o trasladados a prisiones israelíes como la de Ketziot, en el desierto del Néguev.

Lejos de rectificar, Ben Gvir defendió después la difusión del vídeo y volvió a presentar a los miembros de la flotilla como “partidarios del terrorismo”. Su respuesta llegó tras las críticas del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que calificó las imágenes de “vergonzosa exhibición”, y después de que Italia convocara al embajador israelí en Roma para protestar por el trato recibido por los activistas, entre los que hay ciudadanos de unos 40 países.

En un mensaje publicado en X, el ministro ultraderechista sostuvo que dentro del propio Gobierno israelí hay quienes, a su juicio, “todavía no han entendido” cómo se debe actuar ante quienes apoyan a Hamás. “Israel ha dejado de ser un niño al que se le pueden dar bofetadas”, afirmó Ben Gvir, antes de advertir de que quienes lleguen a territorio israelí para “apoyar el terrorismo” recibirán “un golpe” y no “la otra mejilla”.

No es la primera vez que Ben Gvir se dirige de esta forma a activistas de flotillas rumbo a Gaza. En octubre, ya acudió a una prisión del desierto del Néguev a la que habían sido trasladados cerca de 400 detenidos, después de que varios de ellos denunciaran haber permanecido con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas tras ser deportados a Turquía.

Desde su entrada en el Gobierno, el ministro, responsable de la Policía israelí, ha impulsado una línea especialmente dura en los centros de detención y prisiones israelíes, con medidas que organizaciones de derechos humanos han vinculado a la reducción de alimentos, higiene y condiciones básicas para los presos palestinos. También ha defendido la pena de muerte para condenados por asesinatos cometidos como actos de terrorismo, una medida que llegó a ser aprobada por el Parlamento israelí.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este miércoles la actuación del ministro de Seguridad Nacional, hacia los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud. En un comunicado enviado por su oficina, afirmó que la forma en que fueron tratados “no se ajusta a los valores y normas de Israel”.

La crítica, sin embargo, no supone un cambio en la posición del Ejecutivo israelí sobre la flotilla. Netanyahu defendió que Israel tiene “todo el derecho a impedir” que estas embarcaciones intenten romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza y calificó la iniciativa como una acción “provocadora” de simpatizantes de Hamás.

El primer ministro trató así de marcar distancia con las formas empleadas por Ben Gvir, pero no con el fondo de la actuación israelí. En el mismo comunicado, aseguró que ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que los activistas sean deportados “lo antes posible”.

La censura de Netanyahu se suma a la expresada por el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, que también criticó la difusión del vídeo y lo calificó como una “vergonzosa actuación”. De este modo, el episodio ha abierto una fractura dentro del propio Gobierno israelí, aunque limitada al tratamiento público de los detenidos y no a la interceptación de la flotilla ni al bloqueo sobre Gaza.

La condena del ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, añadió además una dimensión interna a la polémica. Saar acusó a Ben Gvir de dañar deliberadamente la imagen del Estado de Israel y trató de separar la actuación del ministro ultraderechista del trabajo de otros responsables israelíes implicados en la operación. Su mensaje, al afirmar que Ben Gvir “no representa a Israel”, evidenció el malestar dentro del propio Gobierno por el uso político y propagandístico de unas imágenes que han provocado críticas diplomáticas internacionales.

El Gobierno español elevó este miércoles el tono contra Israel tras la difusión de las imágenes de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a convocar a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladarle su protesta por el trato “monstruoso, indigno e inhumano” que, a juicio del Ejecutivo, están recibiendo los integrantes de la expedición.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció la decisión desde la Embajada de España en Berlín, tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul. Además de la convocatoria diplomática, el Ministerio remitió una nota verbal a las autoridades israelíes en la que rechaza el “trato humillante” a los activistas y exige “disculpas públicas”.

Albares recordó que entre los detenidos hay 44 españoles, aunque el Gobierno aún está pendiente de confirmar la cifra exacta y sus identidades. Según explicó, el cónsul de España en Israel se desplazó al lugar donde se encuentran los activistas para prestarles asistencia, pero las autoridades israelíes no le permitieron entrar. Sí pudo, en cambio, mantener contacto con los abogados encargados de su defensa.

El jefe de la diplomacia española insistió en que Israel será responsable de lo que pueda ocurrirles a los ciudadanos españoles detenidos. También subrayó que, para el Gobierno, se trata de una detención ilegal, al haberse producido en aguas internacionales, “donde Israel no tiene ningún derecho a tocar a ningún español”. Exteriores ya había remitido días antes una protesta formal por el asalto a la embarcación, que participaba en una misión humanitaria hacia Gaza.

Albares también recordó que Itamar Ben Gvir tiene prohibida la entrada en España y aseguró que pronto podría tenerla en el conjunto de la Unión Europea. Sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro integrantes de la flotilla, entre ellos el hispanopalestino Saif Abukeshek, el ministro rechazó cualquier vínculo con Hamás y sostuvo que este pasó en tres ocasiones por una autoridad judicial israelí sin que se planteara acusación alguna en ese sentido.

La reacción española se suma a la de Italia, país en el que la protesta tuvo también un componente especialmente directo por la presencia de ciudadanos italianos entre los detenidos. El Ejecutivo de Giorgia Meloni y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, reclamaron explicaciones formales a Israel y exigieron disculpas por el trato recibido. Roma subrayó que las imágenes difundidas por Ben Gvir no solo vulneran la dignidad de los detenidos, sino que también ignoran las peticiones trasladadas previamente por el Gobierno italiano para garantizar su protección y su liberación.

Francia también se sumó a la protesta diplomática. El ministro de Exteriores, Noël Barrot, convocó al embajador israelí para trasladarle su “indignación” y pedir explicaciones por un trato que calificó de “inadmisible”. Aunque París reiteró su desaprobación hacia la iniciativa de la flotilla, Barrot subrayó que los ciudadanos franceses detenidos deben ser tratados “con respeto” y liberados cuanto antes.

La reacción francesa refuerza así la presión europea sobre Israel, después de las protestas de España, Italia y Portugal. Barrot recordó además que las imágenes difundidas por Ben Gvir han sido censuradas incluso por miembros del propio Gobierno israelí, en referencia a las críticas de Netanyahu y del ministro de Exteriores, Gideon Saar.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud y deportado por Israel tras diez días detenido, también cuestionó que la actuación de Ben Gvir pueda presentarse como un episodio aislado. Desde el Parlamento Europeo, afirmó que el vídeo refleja “la naturaleza criminal de Israel” y sostuvo que el ministro ultraderechista “representa al Gobierno”, pese a las críticas internas de Netanyahu y Saar.

Abukeshek también señaló que el Ejército israelí “no sale a interceptar barcos en mitad del mar sin ninguna orden” y acusó a la Unión Europea de permitir este tipo de actuaciones con una respuesta insuficiente. Sus declaraciones llegan después de que varios países condenaran las imágenes y de que Exteriores convocara de nuevo a la representante diplomática israelí en Madrid.

Bélgica atraviesa una coyuntura política extraña y única: pese al auge del voto ultraderechista, es el país europeo que mejor ha sido capaz de controlarlo. Esta paradoja es posible gracias a muchos factores, pero uno destaca sobre el resto: la formación de un cordón sanitario hacia la extrema derecha por parte de los medios de comunicación y los partidos políticos belgas. Este es el punto de partida del libro que el periodista y durante varios años columnista de infoLibre, Idafe Martín acaba de autopublicar, Un país sin fachas.

Martín es corresponsal en Bruselas para Clarín. Lleva desde 2004 viviendo en Bélgica y ha sido testigo del cordón sanitario que le ha impuesto el país a la extrema derecha de Vlaams Belang, mientras en el resto de Europa le han dejado la puerta abierta.

Titula el libro Un país sin fachas en referencia a Bélgica, sin embargo, también están viviendo un auge de la extrema derecha ¿por qué ese título?

Siempre he dicho que vivo en la aldea de Obélix. Cuando en Europa comenzó el auge de la extrema derecha, los países iban cayendo uno detrás de otro. España no fue de los primeros, por eso allí no se hablaba tanto del tema. De hecho, cuando no existía extrema derecha en ningún sitio en Europa, en Flandes iban ya por el 10-15%. Lo que yo veía era que en Bélgica, pese a su auge, había unas condiciones sociopolíticas y culturales que le cerraban la puerta al avance del fascismo, que se resistía a claudicar ante esto.

¿Cómo se crea un cordón sanitario efectivo a la extrema derecha?

Es sencillo, aquí con Vlaams Belang no se pacta, no se debate. Se intenta invisibilizarlo. En Bruselas no se sabe quién es el líder de la extrema derecha, no sale en los medios y no le invitan a debates electorales y nada del estilo. Toda la sociedad, incluyendo los servicios secretos, la policía, la justicia, las universidades, los sindicatos y el ejército, trabaja para parar el crecimiento de la extrema derecha. 

Este cordón sanitario se ha reforzado a lo largo de la historia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y tras episodios como los "años de plomo" y el caso Dutroux, que llevaron a una toma de conciencia sobre la necesidad de proteger la democracia de la extrema derecha. 

¿El libro puede ser un manual de lo que se hizo mal o lo que no se logró en España?

Los contextos históricos son diferentes. Más bien, es una reflexión sobre lo que se pudo hacer con tiempo y cómo funciona un país que considera que la extrema derecha es una amenaza para el sistema democrático. Creo que en España, pese a la opinión popular, ni se intentó hacer un cordón sanitario. Se pudo hacer en su momento, pero no se hizo. Además creo que por contexto habría sido inviable. PP y PSOE se tendrían que haber puesto de acuerdo y realizar un cordón sanitario a la extrema derecha implica sacrificios que la izquierda española no está dispuesta a asumir. 

¿España ha tratado demasiado bien a la extrema derecha?

Los medios de comunicación en España no invisibilizaron a Vox cuando se debería haber hecho. Tampoco hay un acuerdo generalizado, como la "Carta de la Democracia" belga, que comprometa a medios, partidos, universidades y sindicatos a mantener un cordón sanitario. Es una realidad que a Vox se le ha impulsado económica y mediáticamente y ahora hay partidos como el PP, a los que le interesa que siga. Vox no se hundirá hasta que no deje de interesarle al PP. Las investigaciones de la corrupción con Disenso son recientes, no se ha empezado a ir a por la formación ultra en serio hasta hace poco y ya es demasiado tarde.

¿Qué tiene que suceder en España para tener más atado al fascismo?

La derecha española, a diferencia de la de otros países europeos, no ha sido antifascista. Se necesita un cambio de cultura política donde el antifascismo no sea visto como algo "de rojos". Pero, al final, el cordón sanitario tiene que salir de la derecha, específicamente del PP. Los populares tendrían que poner sobre la mesa que no irán a ningún sitio con Vox, ni siquiera para aprobar leyes o presupuestos.

Cita en el libro a Martínez-Almeida con una frase: "Seremos fascistas, pero sabemos gobernar". ¿Qué dice de la cultura política española que eso se pueda decir y no tenga prácticamente consecuencias? 

Almeida lo dice porque sabe que no importa. Es decir, no tiene un poder de oposición negativa contra él. Sería absolutamente demencial que un señor conservador francés, belga, holandés, británico dijera, 'Yo soy fascista’ pero ni como un chiste. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Aunque España no vivió la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, sí vivió una dictadura de 40 años y esto debería haber generado una mayor conciencia sobre el fascismo. 

La gran pregunta que deja abierta en el libro es si el cordón mediático puede sobrevivir en la era de las redes sociales...

Los partidos de extrema derecha pensaban que con las redes sociales lo iban a romper, pero no ha ocurrido. La razón es que las redes sociales necesitan alimentarse de contenido político, y si los medios tradicionales no publican sobre ellos, no hay contenido para las redes. Sin embargo, las redes son incontrolables y ahí siempre tendrán un caldo de cultivo. 

El libro termina con una frase de un veterano socialista belga en referencia a este cordón a la ultraderecha: "Durará mientras la gente recuerde por qué se construyó"

El fascismo será siempre una amenaza, por eso no hay que darle cancha. Aplicar un cordón sanitario en el caso español es ya inviable porque la extrema derecha está completamente integrada en el ecosistema. Aún así, todavía se puede combatir.

Leía este fin de semana un ejemplar de marzo de El País. Fue en el News Café de Miami, uno de los lugares favoritos de mi querido Miguel. Llamó mi atención una columna escrita por Torres Mora al alimón con un filósofo vasco, del que no recuerdo su nombre. Espero me disculpe. Una buena aproximación a la polarización asimétrica. Acabarla me dejó esa sensación punzante. Lanza unos dardos demasiado sibilinos. ¡Claro! Es de José Andrés. Él rezuma diplomacia por todas partes. Pero a mí su lectura no dejaba de generarme un pálpito agudo. De esos que duelen en las venas de las sienes. Sensación de un gusto metálico en la lengua. Dejo que fluyan las palabras.

Hay una forma de traicionar a un país que no requiere vender secretos a una potencia extranjera, ni desfilar con uniforme enemigo, ni esconder dinero en una cuenta en Suiza. Basta con algo mucho más sencillo y más rentable: convencer a millones de ciudadanos de que su democracia ya no merece respeto cuando no gobiernan los tuyos.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo en España.

Llevamos años escuchando que Pedro Sánchez no es un adversario político, sino una anomalía moral. Un usurpador. Un peligro público. Un okupa con Falcon. Un presidente ilegítimo pese a haber ganado una moción de censura parlamentaria, unas elecciones generales y varias investiduras conforme a la Constitución que quienes lo insultan dicen defender con una mano mientras la desgarran con la otra. Y claro, uno acaba acostumbrándose al ruido. España tiene esa capacidad mediterránea para convivir con el incendio mientras se comenta el partido del domingo.

Pero hay incendios que dejan humo en las paredes incluso cuando parece que ya se han apagado.

La pérdida de amistades de más de veinte años de antigüedad ha representado para mí uno de los grandes signos de alarma. Pero no quiero que parezca un simple ejemplo personal.

Los datos del CIS son demoledores. Dos de cada tres votantes del PP le ponen un 1 a Pedro Sánchez. La nota más baja posible. No es discrepancia política. No es “prefiero otro modelo económico”. No es “no comparto sus pactos”. Es otra cosa. Es el rechazo moral absoluto. El deseo de expulsión simbólica del adversario de la comunidad democrática. Mientras tanto, entre los votantes socialistas, ese rechazo existe, sí, pero en una proporción muy inferior. La diferencia importa porque desmonta una de las grandes mentiras contemporáneas: que todos polarizan igual.

No. No todos incendian igual el edificio.

Aquí hay una maquinaria perfectamente engrasada. Primero se deslegitima al Gobierno. Después se convierte al adversario en enemigo moral. Y finalmente se normaliza la alianza con quienes directamente consideran sospechosa la propia democracia liberal. El proceso es tan viejo como eficaz. Cambian los trajes, los platós y los algoritmos. El mecanismo sigue siendo idéntico.

Lo verdaderamente inquietante no es Vox. Vox hace exactamente lo que vino a hacer. Lo inquietante es ver a un partido que se autodenomina “de Estado” comportarse como si el Estado fuese un obstáculo molesto en su carrera hacia La Moncloa.

Porque un partido de Estado no es el que más veces pronuncia la palabra España con voz engolada y bandera de fondo. Eso lo hace cualquiera después de dos cafés y un puro. Un partido de Estado es el que entiende que las instituciones valen más que una legislatura. El que acepta perder sin dinamitar el tablero. El que sabe que erosionar la confianza en el Parlamento, en la justicia, en los medios y en el sistema entero puede darle votos hoy y destruir el país mañana.

Y aquí aparece la pregunta incómoda.

¿Qué clase de patriotismo es ese que necesita que España vaya mal para tener opciones electorales?

Porque llevamos demasiado tiempo viendo a dirigentes del PP actuar no como una alternativa de gobierno, sino como accionistas nerviosos esperando una OPA hostil sobre el Estado. Cada dato económico positivo se recibe con decepción apenas disimulada. Cada acuerdo internacional molesta. Cada avance institucional se interpreta como una tragedia estratégica. Como si hubiera un miedo secreto a que las cosas funcionen.

Las prisas por llegar al poder empiezan a parecer otra cosa. Y cuando un partido transmite la sensación de que necesita gobernar con urgencia no para mejorar la vida de la gente sino para volver a ocupar determinadas ventanillas, determinados despachos y determinados consejos de administración, entonces el problema deja de ser ideológico y empieza a ser moral.

España ya ha conocido esto antes: élites políticas que confundían el país con su cortijo y el Gobierno con un mecanismo de reparto. La diferencia es que ahora todo se retransmite en directo, con tertulianos asalariados haciendo de claque emocional y con una industria entera viviendo de fabricar indignación en serie. Hay demasiada gente ganando demasiado dinero con el odio.

Y el odio, como el tabaco barato, termina impregnándolo todo.

Lo más triste es que ni siquiera hace falta ganar unas elecciones para deteriorar una democracia. Basta con convencer a la mitad del país de que el otro medio país no es legítimo. Basta con erosionar lentamente la idea de convivencia. Basta con convertir cada sesión parlamentaria en una mezcla de linchamiento moral y programa de entretenimiento.

Después llegan los sorprendidos profesionales. Los que dirán dentro de diez años que no vieron venir nada. Los expertos en cara de inocencia retrospectiva. Los mismos que hoy siguen hablando de “polarización de ambos lados” mientras uno lanza piedras y el otro intenta proteger las ventanas con cinta adhesiva. Hace poco volvía a recordar el “Ich wusste es nicht”.

La historia europea está llena de gente elegantemente equivocada.

Y sin embargo, todavía hay salida. La democracia sigue dependiendo de una idea muy simple: aceptar que quien piensa distinto no es un enemigo a destruir. Parece poca cosa, pero es la diferencia entre una nación adulta y una comunidad histérica administrada por pirómanos con corbata.

Gobernar exige pactar. Ceder. Tragar saliva. Rectificar. Todo lo contrario de la masculinidad tóxica de gimnasio emocional que domina hoy la derecha española. Esa épica testosterónica donde cualquier acuerdo se considera una humillación y cualquier moderación una traición.

La política seria nunca fue eso. La política seria consiste en mejorar la vida de la gente aunque no haya aplausos inmediatos. Lo otro es merchandising patriótico.

Y un país no se destruye solo por culpa de quienes gritan. También se destruye por culpa de quienes, pudiendo frenarlos, decidieron que el poder era más importante que España.

________________

José Manuel Nevado es director de Comunicación Institucional de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Los primeros pasos en la gestión del hantavirus han dado mucha información acerca de la caladura moral y política de nuestros líderes. Los momentos críticos, generalmente marcados por la incertidumbre y la confusión, son una prueba de fuego para ver con claridad con quién se puede contar y con quién no.

La política del cierre de puertos y fronteras, por la que tanto han peleado las derechas, el rechazo a la gobernanza internacional, el descrédito de la OMS y otros organismos multilaterales, todo ese pack con el que nos vienen machacando se ha demostrado, finalmente, vacuo y absurdo. Las derechas llevan años rentabilizando miedos, fomentando el alarmismo y expandiendo bulos. Son los mismos que llenaban las calles con sus cacerolas y sus muñequeras rojigualdas en plena pandemia, los que se negaron al desembarco del Aquarius con sus emigrantes moribundos, los que prohíben socorrer en el mar y acusan a quienes lo hacen de traficar con personas, los que empezaron despreciando el Derecho Internacional y han acabado despreciando el mismísimo Estado de Derecho.

El delito de omisión de socorro es probablemente el único que garantiza la solidaridad en nuestro sistema penal y, aunque no opera, como tal, fuera del perímetro estatal, tiene una enorme relevancia simbólica, discursiva y política. Estamos legalmente obligados a evitar o mitigar un daño siempre que podamos hacerlo. “Quien puede, debe”, pero hay quien mira sistemáticamente hacia otro lado.

Pedro Sánchez ha apelado al orgullo de ser español identificando la españolidad con la generosidad, la disposición a cuidarnos y a cuidar de otros. “El mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente”. Frente a quienes, como Clavijo, Ayuso o Feijóo, optaban por dejar a la tripulación varada en Cabo Verde, el Gobierno de España ha optado por proteger a nuestros 14 compatriotas y organizar un operativo que ha sido aplaudido sin ambigüedades. “El mundo necesita este tipo de amabilidad y compasión”, ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Las felicitaciones por la gestión de la crisis sanitaria han llegado por doquier, desde las Naciones Unidas a las instituciones europeas y el papa León XIV. 

Se puede construir identidad y nación a partir de las tesis del bote salvavidas y el sálvese quien pueda, o se puede defender la idea de una nave tierra en la que quepamos todos. Se pueden acentuar los riesgos compartidos, el miedo y la pistola para alimentar un tejido social onanista, o preservar los bienes relacionales que permiten sostener y ampliar una vida en común. Es una cuestión ideológica y así ha sido siempre.

Nunca quedó demostrado que el hombre fuera un lobo para el hombre. Las posiciones hobbesianas no son descriptivas sino normativas, y solo indican una opción posible de entre un amplio número de alternativas. Hobbes quiso justificar un sistema individualista, jerárquico y darwinista, y, lógicamente, acabó defendiendo el autoritarismo sin fisuras de un Gran Leviatán. Pero en ese momento también hubo quien pensó en una arquitectura que pasara por crear comunidad acabando con el ombliguismo y la desigualdad estructural.

La solidaridad ha sido la gran olvidada de la tríada de la revolución francesa; un principio republicano por antonomasia, que trasmuta el cuidado de virtud cívica a deber público de civilidad, y que, en palabras de Rorty, nos empuja a ampliar el círculo del “nosotros” a los que antes considerábamos ellos. Nada tiene que ver con la asfixiante organicidad del “nosotros primero” o la “primacía nacional”. Por supuesto, tiene una dimensión ética, pero es, sobre todo, una potente herramienta política y un principio jurídicamente vinculante.

No sé qué hubieran hecho las derechas de este país con los 14 españoles cuyas vidas estaban en riesgo, pero su táctica destructiva y de trazo grueso es todo menos confiable. ¿Nos podemos apoyar en quienes animan a boicotear un operativo de rescate incluso habiendo nacionales implicados? ¿En quienes impiden que ese buque a la deriva pueda llegar a tierra, desconociendo, además, sus propias competencias? ¿En quienes hablan de ratas nadadoras, que igual podrían ser voladoras, condenando con sus ocurrencias y mentiras a decenas de personas? Todo ese despliegue patológico… ¿para qué nos sirve?

Quizá alguien podría pensar que el dueto PP-Vox maneja esas sofisticadas tesis utilitaristas que consisten en sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría, pero, aparte otras consideraciones, hay que tener muy claro que ese tipo de tesis solo funcionan cuando son secretas. Reducir la vida a un simple cálculo numérico no solo es inmoral, sino que, cuando se airea, resulta muy poco eficiente. Nadie quiere estar en manos de quienes podrían eliminarlo por razones oportunistas en el momento en el que no le salieran las cuentas.

Se cumple un mes desde el primer fallecimiento en altamar por hantavirus y hay 25 personas que navegarán seis días más hasta llegar a Rotterdam: el capitán polaco, Jan Dobrogowski, y 24 miembros de la tripulación integrada, en su mayor parte, por filipinos. Por lo que hemos sabido, los 38 filipinos que viajaban a bordo del MV Hondius dependían directamente de la compañía para la que trabajaban, Oceanwide Expeditions, o de las autoridades de los Países Bajos cuya bandera ondeaba en el barco. Filipinas anunció que no enviaría ningún avión para repatriar a sus nacionales, camareros, trabajadores de hostelería y personal de cubierta y máquinas, que quedaban, así, al albur de lo que los neerlandeses decidieran hacer con ellos. El Gobierno filipino los repatriará, tras la cuarentena, en coordinación con su agencia de colocación, Wagenborg Manila, y el propietario del buque. De manera que, a los efectos de sus cuidados, su salud y la conservación de su vida, estas personas no son de ninguna parte. Su nacionalidad es, prácticamente, irrelevante y su bandera es únicamente la de la compañía que las contrata. Escuchando a nuestras derechas en estos días, he pensado mucho en esa bandera.

_____________________

María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

La “prioridad nacional” no es solo una consigna más en el mercado de los eslóganes políticos. Es un cambio de fondo en la manera de entender qué es una sociedad y qué nos debemos unos a otros. Presentada como un gesto de sentido común –“primero los de casa”–, en realidad introduce una ética del egoísmo identitario que erosiona, ladrillo a ladrillo, los cimientos de la convivencia.

En el plano filosófico, la idea es sencilla y devastadora. En lugar de partir de la dignidad universal de las personas, se parte de la pertenencia a un “nosotros” nacional. Los derechos dejan de ser derechos para convertirse en privilegios condicionados por el origen. No se discute quién necesita más, quién está más desprotegido, quién sufre una situación más urgente, sino quién puede exhibir un pasaporte determinado. Esa mutación del lenguaje –de la igualdad a la preferencia– consolida la idea de que hay vidas que valen más que otras.

En sanidad, el contraste es claro. Un sistema sanitario público se justifica éticamente porque atiende según la gravedad y la necesidad, no según la procedencia. La “prioridad nacional” introduce una preclasificación: antes de enfermo, eres nacional o extranjero. Dos personas llegan a urgencias con el mismo diagnóstico, el mismo riesgo, el mismo dolor. La lógica universalista diría: tratemos primero al más grave. La lógica de la “prioridad nacional” legitima que se favorezca al nacional aunque la necesidad sea igual. En el momento en que aceptamos esto, estamos renunciando a la idea de que todos merecemos la misma consideración cuando la vida está en juego.

En vivienda se reproduce el mismo patrón. El problema real es una combinación de salarios bajos, especulación y falta de parque público. Sin embargo, el discurso de la “prioridad nacional” desplaza el foco: ya no se mira hacia los fondos buitre o la ausencia de políticas de vivienda, sino hacia la familia migrante que también busca un techo. Esa familia deja de ser un hogar vulnerable y pasa a ser “competencia” frente a los de aquí. El conflicto deja de plantearse entre quienes concentran la propiedad y quienes no tienen acceso a ella, para convertirse en una pugna moralizada entre “los nuestros” y “los otros”.

La educación, que debería ser la gran escuela de ciudadanía, tampoco queda al margen. La “prioridad nacional” puede filtrarse en el reparto de becas, plazas de escuela infantil o programas de apoyo. Donde antes el criterio era la renta, la necesidad educativa o la situación familiar, empiezan a pesar los años de residencia, la nacionalidad de los progenitores o el origen. Los niños aprenden así, sin que nadie lo diga en voz alta, que hay compañeros que merecen menos inversión pública que ellos. El aula deja de ser el lugar donde se descubre que compartimos futuro y se convierte en el escenario donde se interioriza una jerarquía de valor.

El impacto de todo esto va más allá de quienes se ven relegados al último puesto en la fila. La “prioridad nacional” mina la confianza básica que hace posible la vida en común: la confianza en que, si un día caes enfermo, pierdes la casa o necesitas una beca, las instituciones no te medirán con la vara de tu origen. Cuando se rompe ese principio, todos quedamos más expuestos. Hoy es el extranjero el que queda atrás. Mañana puede ser el empobrecido, el disidente, el “poco productivo”. Una vez aceptado que se puede discriminar en el acceso a derechos, discutir el criterio se vuelve cuestión de oportunidad política.

Vivir en sociedad implica aceptar una cierta renuncia al propio egoísmo. Pagamos por escuelas que quizá no pisaremos, por hospitales en los que tal vez nunca entremos, por viviendas sociales que no ocuparemos. Lo hacemos porque entendemos que sostener ese entramado nos protege a todos, también cuando la vida nos golpea a nosotros. La “prioridad nacional” propone una mutación ética: ya no se trata de sostener un sistema justo, sino de blindar un trozo del pastel para los nuestros, aunque eso suponga dejar a otros a la intemperie.

La paradoja es que esa deriva identitaria, alimentada por partidos que se reclaman patriotas, termina debilitando el propio país que dicen defender. Una comunidad que naturaliza que haya vidas de segunda acaba siendo una comunidad más frágil, más fácil de romper, más vulnerable al miedo y al resentimiento. La verdadera fortaleza de una sociedad no se mide en muros ni en filtros, sino en la capacidad de tratar como iguales a quienes son diferentes. Defender esa igualdad, frente a la “prioridad nacional”, no es una extravagancia moral: es la condición de posibilidad de seguir viviendo, de verdad, en sociedad.

________________

José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

“El 21 de abril de 2026, Aws al Naasan, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de un reservista israelí justo por fuera de la puerta oeste del instituto masculino de Mughayir, donde estudiaba, en la Cisjordania ocupada. El chico se desplomó al instante, sangrando abundantemente. Se oyeron más disparos mientras sus amigos corrían a su lado, lo levantaban y lo sacaban de la línea de fuego, dejando un rastro de sangre a lo largo del muro del instituto”. Así relató eldiario.es, el 5 de mayo, el asesinato de un niño palestino, uno más de los 20.000 que desde octubre de 2023 han muerto a manos de las fuerzas israelíes o de los colonos judíos. Ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, las dos regiones que componen Palestina.

La inhumanidad, el salvajismo, la crueldad que demuestran el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los suyos alcanza cotas inimaginables y les pone, por los métodos y objetivos, próximos al nazismo que asoló a su pueblo entre 1933 y 1945. Desde el alto el fuego que negoció Estados Unidos y que, supuestamente, se inició el 10 de octubre de 2025, se cuentan 828 palestinos asesinados por el ataque de las tropas israelíes. Esta cifra lleva a alcanzar la de 72.000 víctimas desde octubre de 2023. En su gran mayoría, son civiles. Las violaciones a la tregua que cada día comete el ejército israelí han supuesto que Israel haya alcanzado el control de casi el 64% de la Franja. Lo ha hecho desplegando tropas adicionales, y llevándose por delante todo lo que obstaculiza su propósito, que no es otro que el de la ocupación permanente de Palestina a fin de hacer imposible la realidad de los dos estados, que niegan y denostan.

El instrumento utilizado tiene nombre en la normativa internacional: genocidio. Atendiendo al derecho penal internacional y al nacional, se trata de un crimen que exige la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la matanza de sus miembros (más que acreditado); lesiones graves a la integridad física o mental y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, total o parcial. Analizando lo que Israel está haciendo en Gaza, vemos que todo apunta exactamente a esto: mediante la matanza de sus miembros (hecho más que acreditado) lesiones graves a la integridad física o mental inferidas de forma masiva, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado su destrucción física, total o parcial.

Pero, además, operativamente, se estrecha de forma paulatina, pero constante, el territorio palestino, se atacan objetos bajo protección internacional, se obliga a las personas a abandonar sus hogares para luego bombardearlas en las zonas a las que son enviadas, se arrasan las poblaciones con el fin de condenar a la miseria a los habitantes. El hambre y la sed se usan como arma, y, además, los francotiradores disparan cuando se trata de obtener alimentos.

Por supuesto, es preciso hacer memoria ante los acontecimientos que los perpetradores desarrollan, desde el hecho inicial de un atentado execrable en octubre de 2023, hasta el momento actual. La respuesta de Israel excedió todos los límites, tanto en el número de víctimas como en el de los medios empleados y la sistematicidad de las acciones, así como en la vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho humanitario. El ojo por ojo y el diente por diente se tornó en una mera anécdota en contra del pueblo palestino.

La justicia internacional, salvo excepciones, y desde siempre, se ha enfrentado a un cúmulo de dificultades, dada su propia configuración, para hacer frente a las más graves vulneraciones. No es nada fácil su labor.  

Es como un viejo y decrépito mecanismo legal mal engrasado, lento y lleno de dificultades logísticas y jurídicas que le impiden actuar eficazmente frente a este tipo de crímenes, especialmente cuando son cometidos desde determinados escenarios de poder y los perpetradores cuentan con el patrocinio o auspicio de ciertos gobernantes poderosos. Pero es el único instrumento que los sistemas democráticos, después de muchos años, han conseguido diseñar para hacer frente a los crímenes atroces y proteger a sus víctimas.

El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo haber privado intencionalmente a la población civil de Gaza de alimentos, medicinas, agua y electricidad, así como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El 25 de abril de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó cancelar las órdenes emitidas señalando que la petición de Israel para suspenderlas quedaba rechazada "por irrelevante".

Netanyahu evita viajar a los 124 países signatarios del Estatuto de Roma y ha recurrido a rutas aéreas no estándar para esquivar los espacios aéreos francés y español, aunque alguno, como la Hungría de Orbán evitó cumplir esa orden y propuso salir del Estatuto de Roma, medida revocada tras su derrota electoral reciente. En todo caso, conviene tener fresco el dato de que, en los 77 años de existencia de Israel, ni un solo funcionario de esa nacionalidad ha rendido cuentas por los crímenes contra el pueblo palestino.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia se puso en movimiento por iniciativa de Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023. Varios países se sumaron, entre ellos España. Se trataba de demostrar algo que, aunque parezca mentira, es muy difícil: averiguar si Israel ha cometido y comete un genocidio. Las advertencias y admoniciones realizadas por la Corte para que el agresor cesara en su acción, protegiendo a la población civil, no han sido atendidas. Una vez más las autoridades israelíes se burlan de la justicia internacional incumpliendo las medidas cautelares impuestas.

Inicialmente, la Unión Europea no tomó ninguna medida en contra de Israel. Solo tres países, España, a través del presidente del Gobierno y los respectivos presidentes de Irlanda y Eslovenia, a los que se sumó Luxemburgo en febrero de 2024, pidieron sanciones económicas en contra de Israel. Tiempo después, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso también sanciones contra Israel —incluyendo la suspensión del componente comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, valorado en 227 millones de euros— ante el agravamiento humanitario en Gaza. Sin embargo, reconoció que aprobar sanciones sería difícil, "dadas las divisiones entre los Estados miembros".

En julio de 2025, la Comisión intentó suspender el apoyo financiero a Israel a causa del bloqueo de suministros humanitarios a Gaza, pero la iniciativa fue boicoteada por Alemania, Hungría y la República Checa. Israel, entre 2021 y 2024, había recibido 32 millones de euros bajo el programa de buena vecindad, además de 1.110 millones vía Horizon Europe, con empresas vinculadas al ejército israelí entre las beneficiarias. Así han sido las cosas.

El 2 de abril de 2026, tres europarlamentarios españoles del PSOE hicieron sendas preguntas interpelando a la Comisión sobre sus "dobles estándares" con Israel, inquiriendo si ha "mantenido una posición coherente con Israel ante sus constantes violaciones del derecho internacional" y qué acciones adoptará para cumplir los anuncios de sanciones contra ministros israelíes. La respuesta no se conoce aún, aunque es previsible que evite la confrontación con Israel y derivará la responsabilidad hacia el Consejo. En definitiva, ponerse de perfil.

El pasado miércoles 6 de mayo, La Vanguardia publicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Irlanda y Eslovenia, ha instado a la Comisión Europea a proteger a personas vinculadas a la justicia internacional sancionadas por el Gobierno estadounidense. Sánchez solicitó la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, que es el principal instrumento de la Unión Europea para neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio de Europa.

Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a 11 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional a partir de febrero de 2025, y en julio de ese mismo año, empezó a aplicar estas medidas contra la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Sin embargo, dudo mucho que este nuevo requerimiento del presidente español sí sea atendido. Esta es la vergüenza occidental que identifica a quienes, mirando hacia otro lado, contribuyen como verdaderos cómplices a lo que está pasando. 

Es sabido que la acción de la justicia, cuando llega, lo suele hacer demasiado tarde; esta realidad, cuando se trata de crímenes masivos, se hace más grave y desesperante, ante la indiferencia generalizada de una sociedad insensible a lo que ocurre más allá de los límites del cómodo estatus en el que vive. Con demasiada frecuencia permanecemos impasibles ante la muerte en directo de miles de inocentes bajo las bombas o por el cerco organizado para que la población no pueda ser asistida en sus necesidades básicas. Nos justificamos con un “no puedo hacer nada”, “no es mi problema”, y pasamos a lo siguiente. 

Celebramos, algunos, la orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel, pero, probablemente, no preocupa demasiado su no ejecución. Los interesados no parecen especialmente preocupados, porque su socio principal, el poderoso presidente norteamericano Donald Trump, les asiste y hace el trabajo sucio ejerciendo de emperador para el que no rigen las leyes internacionales contrarias a su voluntad, y procede, a través de sanciones económicas injustas, contra jueces y fiscales de la CPI por atreverse a molestar a sus aliados. Mientras, en la UE, salvo aquellos tres países citados, el silencio es escandaloso, a pesar de que sus miembros son a la vez Estados parte del Estatuto de Roma, que rige aquel tribunal.

Esta realidad, todo esto, hace que me cuestione la necesidad de un sistema de derecho que permite, con el consenso político y la pasividad de la justicia, una impunidad de facto que ampara a los máximos responsables de la debacle criminal en que vivimos. Y pienso que la justicia ha pasado a ser una mera anécdota, o incluso un inconveniente perturbador que debe ser eliminado o solo utilizado según los intereses de los agresores. Pero, después de este primer impulso, recapitulo y afirmo que el derecho, por cuya supervivencia siempre he luchado, es la tabla de salvación que nos mantiene a flote, la única posibilidad de estabilidad en el momento actual.

Porque, frente a quienes defendemos esta posición, los enemigos de la democracia practican, sin ningún reparo, la abolición de cualquier barrera jurídica que no coincida exactamente con la voluntad de quien pone en marcha estas agresiones, ya sea Rusia, Estados Unidos, Israel o cualquier otro país. Es la visión totalitaria y autoritaria del poder, mero simulacro de democracia al convertir a esta en puro abuso, que a corto plazo desespera, a medio, frustra y a largo plazo destruirá el propio sistema democrático y el Estado de derecho. 

Entre estos enemigos no hay que olvidar —y denunciar— que figuran también compañías como Microsoft, Alphabet y Amazon, aparte de las grandes multinacionales armamentísticas que nutren la maquinaria de destrucción y aniquilación de la guerra. Albanese explicaba en su informe de junio de 2025, cómo estas firmas “estaban habilitando y beneficiándose de la ocupación de los territorios palestinos y del genocidio de Gaza”.

Lo he dicho ya desde estas mismas páginas: es el momento de exigir al Gobierno que proceda; que prescinda, por supuesto, de los burdos ataques de una oposición sometida a la ultraderecha y, al parecer, ligada a intereses de Israel; y que trabaje en la dirección que marcan los derechos humanos.

El 22 de julio de 2025, la fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, solicitó al fiscal general que se procediera a la incoación de unas diligencias preprocesales para investigar los hechos que estaban aconteciendo en Gaza y que constituirían graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y, por ende, crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal.

La autorización se produjo en septiembre y, en la actualidad, esa investigación avanza en cooperación con la Corte Penal Internacional, extendiéndola al asalto por la armada israelí a la primera Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, lo que ha supuesto la comparecencia de diversas víctimas en la Audiencia Nacional. En esta instancia, la Unidad de DDHH y Memoria Democrática ha recibido declaración a los componentes españoles como víctimas, con todas las garantías y en búsqueda de los elementos necesarios para colaborar con la CPI y, a resultas de lo que derive de aquella, iniciar otras acciones.

Y ello a pesar de las limitaciones casi insalvables que supone la actual legislación que, en 2014, con el gobierno del Partido Popular, laminó la aplicación del principio de jurisdicción universal para la investigación de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra; que, por cierto, tampoco ha sido modificada hasta la fecha en la actual legislatura, a la espera de la conclusión de su tramitación parlamentaria en el Congreso. 

Esta valiente actuación de la Fiscalía española es digna de resaltar porque supone la interpretación de la ley en favor de las víctimas de crímenes atroces, otorga verdadero sentido al principio de protección universal de las mismas y pone a quienes la impulsan en el lado correcto de la historia.

Las víctimas y la ciudadanía comprometida y solidaria constituyen la fuerza más formidable que existe. Les impulsa el mismo sentimiento que ha llevado a miles de ciudadanos, en los puntos más dispares, a manifestarse por tales sucesos y reclamar el fin del genocidio y el castigo de los culpables.

En el momento en que escribo estas líneas, Israel mantiene detenidos a dos activistas de la Flotilla Global Sumud para Gaza, de nacionalidad española y brasileña respectivamente. Los detenidos son acusados de pertenecer a una organización “terrorista”. Los Gobiernos de España y Brasil han alzado la voz denunciando esta agresión por parte de Israel y consideran ilegal la interceptación de la nave y la detención de los activistas en aguas internacionales, cuando viajaban con ayuda humanitaria en compañía de otro centenar de personas con la misma intención.

Pero hay que avanzar más y recuperar la Jurisdicción Universal que un día existió en España y que nos puso en primera línea de defensa de los derechos humanos. Hay que exigir a nuestros jueces y a los de otros países que actúen ante las ilegalidades y abusos manifiestos, por ejemplo, de militares de un Estado que se arroga la potestad de detener ilegalmente a personas en labor humanitaria en aguas internacionales, como los detenidos de la Flotilla. Hay que coordinar esfuerzos procesales para facilitar la obtención de evidencias contra los promotores, ejecutores y colaboradores en las masacres, así como contra quienes las financian. En definitiva, hay que exigir justicia.

Porque, verán, mientras la locura continúa, los crímenes en Cisjordania permanecen impunes, el genocidio en Gaza no se persigue ni se sanciona; las guerras ilegales se consienten y los líderes políticos mundiales se pierden en discusiones bizantinas que favorecen la impunidad. Esto no es un debate, sino una parálisis del pensamiento, de la valentía y de la acción. Se trata de decidir si los países tienen voluntad política de intervenir y frenar la matanza o si, de nuevo, van a mirar hacia otro lado.

__________________

Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, se encuentran en el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus que ha ocasionado tres muertos durante su travesía por el Atlántico Sur. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes que siete personas se han visto afectadas, tres han fallecido y cuatro permanecen enfermas.

El buque MV Hondius zarpó con 150 turistas a bordo el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con destino al archipiélago canario. Actualmente, se encuentra frente a la costa de Cabo Verde.

Las evidencias apuntan a que las personas afectadas se contagiaron en la embarcación, según el Ministerio de Sanidad. En Sudáfrica, la embarcación hizo una escala, donde uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus.

"Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos", explica Sanidad.

La transmisión del hantavirus entre humanos es excepcional y difícilmente produce brotes amplios en la población, por lo que no es una enfermedad que deba preocupar, según la especialista en enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, Judit Villar, en declaraciones a EFE.

"No es una infección por la que nos tengamos que preocupar en el sentido de que no produce brotes a nivel poblacional como una gripe, ya que requiere de un contacto estrecho y prolongado para su contagio", explica la jefa de sección de la unidad de enfermedades importadas y salud internacional del Hospital del Mar.

La creciente movilidad humana y los viajes a zonas salvajes han elevado en los últimos años el riesgo de zoonosis, que es lo que ocurre cuando una enfermedad animal salta al humano.

El hantavirus es un virus conocido por los científicos desde hace décadas y se puede transmitir a humanos por el contacto con orina o heces de roedores. Villar ha detallado que hay diferentes cepas de hantavirus y la "más agresiva" es la del continente americano, que puede provocar cuadros a nivel respiratorio.

Si ha causado cuadros de neumonía y tos, esto puede haber facilitado la transmisión dentro del crucero, ha aventurado Villar, aunque ha remarcado que el contagio entre humanos "no deja de ser excepcional", ya que requiere de un contacto "estrecho y prolongado". Como ocurre con otros virus, el hantavirus puede llegar a ser mortal pero esto depende de si la persona infectada tiene patologías de base respiratorias que empeoren el pronóstico y de la atención médica recibida.

El Gobierno neerlandés, país de origen del crucero con un brote de hantavirus, ha anunciado que acogerá a tres pasajeros enfermos, mientras que España anunció que recibirá en Canarias al MV Hondius a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según ha informado el Ministerio de Sanidad.

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.

Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Países Bajos y de la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, operadora del crucero MV Hondius, ha señalado este martes que "tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario".

Estaba previsto que el martes por la tarde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevase a cabo una evaluación en el barco fondeado en Cabo Verde para determinar las acciones a seguir. Su intención es conocer el estado de las 147 personas a bordo, que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, en principio en buen estado de salud. 

El departamento ministerial español explicó, antes de conocerse que tres pasajeros enfermos serían evacuados a Países Bajos, que "no habría motivo clínico para realizar (...) una escala en las Islas Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las islas Canarias".

Aunque si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", ha especificado el departamento que dirige Mónica García y como así pasará.

También el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha dicho este martes en Bruselas que el buque "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, lugar en el que está la empresa que opera el crucero.

El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados desde abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, reduciéndose a un ritmo del 6,2 %.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con 116.550 afiliadas más, hasta los 10,48 millones; mientras que entre los hombres sumaron 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Aunque el grueso del empleo se creó en la hostelería en abril, avanzaron prácticamente todos los sectores con actividades administrativas y comercio sumando más de 13.000 afiliados cada una.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los autónomos ascendió a 3.444.973 millones, tras sumar 15.439.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Seguridad Social también destaca que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

El número de desempleados se recortó especialmente entre aquellos provenientes del sector servicios, con 46.156 personas menos; seguidos por los de la industria, con 3.680 menos; la construcción, con 3.603 menos; y la agricultura, con 2.272 menos.

También se redujo el número de parados que no habían trabajado con anterioridad, con 6.957 personas menos.

El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146; mientras que el masculino se recortó a 932.618, al descender en 28.522 personas.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras bajar en 19.284 personas respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296, de los que 543.543 fueron de carácter indefinido (el 43,2 % del total).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amagado con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán, informa Efe.

Al ser preguntado este jueves por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible". "Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso", insistió el republicano.

El Gobierno español está tranquilo ante esta nueva amenaza. Así lo han manifestado a Efe fuentes del Ejecutivo, que han subrayado que España es un socio fiable y que siempre cumple con los compromisos adquiridos. El Ejecutivo se pronunciado así de la misma forma que en otros momentos en los que la Administración Trump ha planteado cuestiones similares.

Públicamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "absolutamente tranquila" ante la última amenaza del presidente estadounidense de retirar las tropas de España, y le ha respondido, "con respeto pero con toda contundencia", que "estos mensajes ya sobran".

Las amenazas "no proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal", por lo que le ha pedido "mucho respeto" para España. "No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, ha afirmado Robles en declaraciones a los medios a la llegada a un acto organizado por el diario El País, con motivo de su 50 aniversario.

Desde el inicio de la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha criticado abiertamente a países como España por su negativa a autorizar el uso de sus bases en el conflicto y por, según él, no colaborar en desbloquear el estrecho de Ormuz, boicoteado por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e iraníes. El presidente estadounidense ha llegado a amenazar también con abandonar la OTAN y con "cortar todo el comercio" con España.

La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters incluso sugería que EEUU se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

Sobre Alemania, Trump consideró que está haciendo un "trabajo terrible", en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz. "Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío", subrayó. El miércoles anunció que su Gobierno "está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania".

Estados Unidos tiene unos 3.200 efectivos desplegados en España, repartidos principalmente entre las bases de Rota y Morón. España es el tercer país de la Unión Europea con más tropas estadounidenses, después de Alemania (unos 35.000) y de Italia (unos 12.000).

España vuelve a estar en el ojo de la polémica de los Estados Unidos de Donald Trump y con la OTAN como telón de fondo. Un correo electrónico interno del Pentágono filtrado sugiere tomar medidas contra los aliados que no atiendan las peticiones de ayuda o colaboración de Washington en su campaña militar en Irán. Países de la Alianza Atlántica presuntamente calificados como “difíciles” y a los que penalizar con una variedad de medidas políticas.

Entre esas represalias, la de mayor calado sería buscar su expulsión de la OTAN. Aunque el documento no menciona a ningún país, España estaría entre los afectados, en una lista en la que podrían entrar otros como Reino Unido, Italia o Francia, que también han frenado el uso de su espacio aéreo o bases a las fuerzas armadas estadounidenses para sus operaciones militares contra Irán. Sin embargo, el propio Tratado de Washington de 1949, fundacional de la Alianza Atlántica, no recoge la expulsión de un país aliado, únicamente la salida voluntaria de sus miembros.

Desde Chipre, donde los líderes de la Unión Europea se reunieron en una Cumbre informal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desmintió la posible amenaza implícita a España con un “no hay debate” y afirmando que “cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, comprometidos y desplegados en muchísimas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad”.

Antes de verse por segundo día con sus homólogos europeos, Sánchez había señalado: “No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de Estados Unidos”, con una postura clara de España, la “absoluta colaboración con los aliados, pero dentro del marco de la legalidad internacional”.

Las altas autoridades de la UE se mostraron una vez más prudentes con las amenazas procedentes del otro lado del Atlántico, más si cabe al ser la OTAN. En Nicosia, el presidente del Consejo, Antonio Costa, prefirió no entrar en la polémica abierta. “Tenemos nuestras sedes en la misma ciudad que la OTAN —Bruselas— pero somos instituciones diferentes, cooperamos con la OTAN, pero no discutimos sus cuestiones internas”, dijo con pies de plomo el dirigente portugués, para sí aclarar que ningún Estado miembro, tampoco España, verá amenazada en solitario su seguridad, ya que “hay un proceso en marcha para discutir cómo operar la cláusula de mutua defensa, cómo activarla, usarla. Estamos diseñándola”.

En el encuentro informal de Chipre, los líderes de los 27 junto a la Comisión Europea debatieron precisamente sobre su mutua defensa sin el paraguas estadounidense, el que pondría en cuestión el documento interno del Pentágono. La Alta Representante Exterior de la UE, Kaja Kallas, expuso los escenarios de ataques híbridos, convencionales o terroristas que permitirían activar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, donde se declara que “si un Estado miembro es víctima de una agresión armada sobre su territorio, los otros Estados miembros tendrán la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance”. Una redacción y cobertura semejante a la que ofrece el artículo 5 de la OTAN, la que critica la Administración Trump.

Sólo una vez en la historia de la UE, igual que sólo una vez en la historia de la Alianza Atlántica, el artículo 42.7 fue invocado. Lo hizo Francia después de los atentados de noviembre de 2015, cuando un comando yihadista bajó desde Bélgica y sembró el terror en París. Hubo colaboración militar para al control fronterizo desde Alemania, Bélgica o Reino Unido al mismo tiempo que otros socios europeos ponían a disposición sus servicios secretos para cercar a la célula fugada que reivindicó los atentados en la sala Bataclán, el Stade de France y las calles de la capital gala en nombre del ISIS.

El debate abierto en Chipre fue solicitado por el propio anfitrión, al no pertenecer a la OTAN y sufrir el impacto de misiles y drones iraníes en respuesta a las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Nicosia recibió la ayuda voluntaria e individual de países como Grecia, Italia, Francia, España o Reino Unido, que cuenta con una base militar en la isla, en forma de aviones y navíos de guerra para ofrecerle protección antiaérea, pero su presidente Nikos Chistodoulides quiso que Bruselas preparase “la base sobre cómo responder en caso de que un Estado miembro active el artículo 42.7”.

“Todos los Estados miembros que son aliados de la OTAN pero también aquellos que no lo son, sienten la necesidad de que tengamos un plan operacional”, afirmó Chistodoulides. El contexto geopolítico y las guerras en sus fronteras apremian a la UE ante las dudas sobre el paraguas de seguridad estadounidense en la Alianza Atlántica, de ahí que Antonio Costa insistiese que los ataques sufridos por Chipre han sido un “primer test” sobre la defensa colectiva europea a la que respondieron varios países “movilizando equipamiento militar y fuerzas para ayudar a Chipre en su defensa ante ataques externos”

Los europeos no están sólo asumiendo su defensa colectiva en el ámbito de la UE, sino también en la OTAN con la hoja de ruta pactada para una transferencia de responsabilidad que se plasmará en la Cumbre de Ankara de este mes de julio. En esa reunión se exigirá a los aliados europeos que aceleren su producción en defensa y fomenten la innovación en investigaciones con usos militares y el propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte, quiere que el viejo continente asuma competencias hasta ahora casi exclusivas de los estadounidenses.

“En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz", viene de decir Rutte durante una visita en Turquía. Todavía se desconoce si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudirá a la cita de julio o la boicoteará como muestra de su descontento con los países que no están cumpliendo con el gasto militar deseado por Washington.

Pese a todas las presiones desde los Estados Unidos, sean en ruedas de prensa directas de su presidente o con filtraciones como la del documento interno del Pentágono, el Tratado de Washington de la Alianza Atlántica sólo recoge en su artículo 13 la salida voluntaria de cualquier país tras notificarlo oficialmente al resto de aliados y con un año de preaviso. No existe una cláusula que regule la expulsión de un miembro y cualquier otra sanción política, como limitar el acceso de un país aliado a puestos de responsabilidad, excluirlo de misiones o reducir su peso en la estructura de mando, requiere la unanimidad del resto, lo que frenaría el unilateralismo de la Administración Trump.

Este contexto es el que lleva a Luis Simón, director de la oficina del Instituto Elcano en Bruselas, a poner el foco no tanto en las amenazas de Washington contra terceros países sino a que “Trump puede torpedear la OTAN, retirar a su embajador, quitarle el sombrero OTAN al Comandante Supremo Aliado en Europa —cargo que ocupa un general estadounidense— y eso sería un lío monumental”. Para llegar a este situación límite con el objetivo de imponer sus objetivos militares o de gasto a otros, los Estados Unidos tampoco tendrían que amagar con su salida, cree Simón, ya que “Trump no necesita denunciar el Tratado de Washington y salirse de la OTAN para dejarla tocada de muerte, lo puede hacer con una política de silla vacía”.

De ahí que, aunque la OTAN sea una institución alternativa e independiente a la UE, el mantra en Bruselas, como reconoció desde Chipre la Alta Representante Kaja Kallas, sea insistir que los países europeos sí están cumpliendo con las peticiones de ayuda de Estados Unidos pese a no involucrarse en su guerra contra Irán, con ofertas para poner sus marinas de guerra a trabajar en el desminado del Estrecho de Ormuz, la escolta de barcos o la disponibilidad de las bases militares en muchos Estados miembros. Todo, para que las amenazas de Washington se queden sólo en eso.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado quince nuevos expedientes a Endesa, TotalEnergies, Engie, ContourGlobal y a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola) en el marco de su investigación sobre lo ocurrido en el apagón del 28 de abril del pasado año.

La apertura de estos nuevos expedientes se produce una semana después de que el regulador incoara una veintena de expedientes sancionadores a Red Eléctrica y a compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, por lo que la cifra total asciende a 35.

Estos nuevos expedientes "incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados" en el marco de la investigación del incidente, señala el regulador.

No obstante, la CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que, explica, el incidente respondió a un origen multifactorial.

El propio regulador subraya que la incoación de estos expedientes "no prejuzga el resultado final de la investigación" y añade que los procedimientos tendrán una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción.

En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas, indica la CNMC.

De las quince nuevas incoaciones, once se dirigen a Endesa Generación, otro corresponde a la compañía Engie, otro a Total Energies y otro a ContourGlobal por la central térmica riojana de Arrúbal, mientras que el último de ellos se dirige a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola).

Los veinte casos abiertos la semana pasada se repartían en cinco expedientes de Iberdrola Generación; otros cinco de Endesa Generación (que ahora suma dieciséis) y otros cinco expedientes en el caso de Naturgy, tres de ellos de Naturgy Ciclos Combinados y dos de Naturgy Generación.

Asimismo, se incluye un expediente abierto a Repsol Generación Eléctrica; dos expedientes a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola y que ahora suma tres), y otro a Bahía de Bizkaia Electricidad (participado por la suiza Gunvor y el Ente Vasco de la Energía).

A excepción del abierto a Ascó-Vandellos, todos los expedientes se incoan por una posible infracción del artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico, como la práctica totalidad de los incoados la semana pasada a diversas empresas.

No obstante, el tramitado a la asociación nuclear Ascó-Vandellos se debe al artículo 65.34 de esa misma ley, por, según la CNMC, posibles "ofertas con valores anormales o desproporcionados para alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado".

En cualquier caso, estos quince procedimientos se abren para estudiar posibles infracciones "graves", mientras que se mantiene la única infracción "muy grave" al abierto la semana pasada a Red Eléctrica.

Estados Unidos vuelve a tener problemas con España. En un correo interno del Pentágono se plantean distintas formas en las que el país norteamericano podría penalizar a los aliados “difíciles” de la OTAN que no apoyaron a Estados Unidos en su ataque a Irán. En esos aliados “difíciles” entra España. 

Un funcionario estadounidense ha explicado a Reuters que en el correo se recoge la posibilidad de suspender a España de la Alianza y de revisar la postura estadounidense en respecto a la reclamación británica a las Islas Malvinas. 

Por su parte, Pedro Sánchez, restó relevancia a esto y aseguró que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

"La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.

El texto enviado recoge la frustración estadounidense por la negativa de algunos aliados de permitir el acceso, uso de bases y derechos de sobrevuelo para la guerra contra Irán, algo que se indica en el mensaje que ven como “el mínimo imprescindible para la OTAN”, según ha contado este funcionario, que ha hablado bajo condición de anonimato con la agencia. 

Lo cierto es que no es la primera vez que Estados Unidos muestra su disconformidad con España. Uno de los últimos choques entre los dos mandatarios llegó por la guerra en Oriente Medio, que comenzó con el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a Irán. El presidente Pedro Sánchez se negó a dejar que los estadounidenses utilizaran sus bases en suelo español –una naval en Rota y una aérea en Morón– para atacar a el país y cerró el espacio aéreo a aviones de Estados Unidos que participan en la guerra.

Ante esa nueva novedad en las cada vez más constantes amenazas por parte de la Administración Trump, el presidente del Gobierno ha sido claro y ha restado importancia a lo sucedido a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Chipre. “Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”, ha reiterado Sánchez. 

Si bien las medidas que se incluyen en el correo no tendrían mucho impacto en las operaciones militares de Estados Unidos, si lograrían enviar una señal fuerte. Su finalidad entonces sería “reducir el sentido de derecho adquirido por parte de los europeos”. Por tanto, suspender a España de la Alianza no tendría un impacto real pero sí uno simbólico. 

Una de las propuestas se basa en suspender a los países “difíciles” de puestos importantes o prestigiosos dentro de la Alianza. Precisamente, el presidente Trump ya lleva varios meses mostrando su inconformidad con la OTAN. Su último ataque llegó con la negativa de los países de enviar refuerzos al Estrecho de Ormuz, que se cerró al tráfico marítimo después de que comenzara la guerra. 

El presidente Donald Trump, ha insistido varias veces en la posibilidad de que su país abandone la OTAN, "considerando seriamente" la retirada de la alianza a la que ha calificado como un "tigre de papel". El propio Mark Rutte, secretario general de la OTAN, explicó que el mandatario está “claramente decepcionado” tras reunirse con Trump en la Casa Blanca. 

El republicano siempre ha sido crítico con la Alianza Atlántica, al considerar que su país gasta demasiado en la defensa de los aliados, pero ha incrementado su frustración por la negativa del bloque a implicarse en la guerra de Irán y desbloquear el Estrecho de Ormuz. Y parece que cada vez más, aunque la posibilidad de que sus amenazas se materialicen no están tan claras.