14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, se encuentran en el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus que ha ocasionado tres muertos durante su travesía por el Atlántico Sur. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes que siete personas se han visto afectadas, tres han fallecido y cuatro permanecen enfermas.

El buque MV Hondius zarpó con 150 turistas a bordo el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con destino al archipiélago canario. Actualmente, se encuentra frente a la costa de Cabo Verde.

Las evidencias apuntan a que las personas afectadas se contagiaron en la embarcación, según el Ministerio de Sanidad. En Sudáfrica, la embarcación hizo una escala, donde uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus.

"Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos", explica Sanidad.

La transmisión del hantavirus entre humanos es excepcional y difícilmente produce brotes amplios en la población, por lo que no es una enfermedad que deba preocupar, según la especialista en enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, Judit Villar, en declaraciones a EFE.

"No es una infección por la que nos tengamos que preocupar en el sentido de que no produce brotes a nivel poblacional como una gripe, ya que requiere de un contacto estrecho y prolongado para su contagio", explica la jefa de sección de la unidad de enfermedades importadas y salud internacional del Hospital del Mar.

La creciente movilidad humana y los viajes a zonas salvajes han elevado en los últimos años el riesgo de zoonosis, que es lo que ocurre cuando una enfermedad animal salta al humano.

El hantavirus es un virus conocido por los científicos desde hace décadas y se puede transmitir a humanos por el contacto con orina o heces de roedores. Villar ha detallado que hay diferentes cepas de hantavirus y la "más agresiva" es la del continente americano, que puede provocar cuadros a nivel respiratorio.

Si ha causado cuadros de neumonía y tos, esto puede haber facilitado la transmisión dentro del crucero, ha aventurado Villar, aunque ha remarcado que el contagio entre humanos "no deja de ser excepcional", ya que requiere de un contacto "estrecho y prolongado". Como ocurre con otros virus, el hantavirus puede llegar a ser mortal pero esto depende de si la persona infectada tiene patologías de base respiratorias que empeoren el pronóstico y de la atención médica recibida.

El Gobierno neerlandés, país de origen del crucero con un brote de hantavirus, ha anunciado que acogerá a tres pasajeros enfermos, mientras que España anunció que recibirá en Canarias al MV Hondius a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según ha informado el Ministerio de Sanidad.

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.

Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Países Bajos y de la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, operadora del crucero MV Hondius, ha señalado este martes que "tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario".

Estaba previsto que el martes por la tarde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevase a cabo una evaluación en el barco fondeado en Cabo Verde para determinar las acciones a seguir. Su intención es conocer el estado de las 147 personas a bordo, que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, en principio en buen estado de salud. 

El departamento ministerial español explicó, antes de conocerse que tres pasajeros enfermos serían evacuados a Países Bajos, que "no habría motivo clínico para realizar (...) una escala en las Islas Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las islas Canarias".

Aunque si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", ha especificado el departamento que dirige Mónica García y como así pasará.

También el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha dicho este martes en Bruselas que el buque "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, lugar en el que está la empresa que opera el crucero.

El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril, hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 517.192 afiliados desde abril de 2025, creciendo a un ritmo del 2,4 %; mientras que el desempleo bajó en 155.674 personas, reduciéndose a un ritmo del 6,2 %.

En términos de afiliación, por sexo, la evolución avanzó más entre las mujeres, con 116.550 afiliadas más, hasta los 10,48 millones; mientras que entre los hombres sumaron 107.134 afiliados, hasta los 11,61 millones.

Aunque el grueso del empleo se creó en la hostelería en abril, avanzaron prácticamente todos los sectores con actividades administrativas y comercio sumando más de 13.000 afiliados cada una.

También subió de forma considerable el empleo en el transporte y almacenamiento con más de 12.000 afiliados en abril.

En cuanto a los autónomos ascendió a 3.444.973 millones, tras sumar 15.439.

"Marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Seguridad Social también destaca que hay cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

El número de desempleados se recortó especialmente entre aquellos provenientes del sector servicios, con 46.156 personas menos; seguidos por los de la industria, con 3.680 menos; la construcción, con 3.603 menos; y la agricultura, con 2.272 menos.

También se redujo el número de parados que no habían trabajado con anterioridad, con 6.957 personas menos.

El desempleo femenino se situó en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146; mientras que el masculino se recortó a 932.618, al descender en 28.522 personas.

El desempleo juvenil marcó su mínimo histórico, al bajar por primera vez por de la barrera de las 170.000 personas, con un total de 169.693, tras bajar en 19.284 personas respecto al mes anterior.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.258.296, de los que 543.543 fueron de carácter indefinido (el 43,2 % del total).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amagado con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán, informa Efe.

Al ser preguntado este jueves por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible". "Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso", insistió el republicano.

El Gobierno español está tranquilo ante esta nueva amenaza. Así lo han manifestado a Efe fuentes del Ejecutivo, que han subrayado que España es un socio fiable y que siempre cumple con los compromisos adquiridos. El Ejecutivo se pronunciado así de la misma forma que en otros momentos en los que la Administración Trump ha planteado cuestiones similares.

Públicamente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "absolutamente tranquila" ante la última amenaza del presidente estadounidense de retirar las tropas de España, y le ha respondido, "con respeto pero con toda contundencia", que "estos mensajes ya sobran".

Las amenazas "no proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal", por lo que le ha pedido "mucho respeto" para España. "No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, ha afirmado Robles en declaraciones a los medios a la llegada a un acto organizado por el diario El País, con motivo de su 50 aniversario.

Desde el inicio de la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha criticado abiertamente a países como España por su negativa a autorizar el uso de sus bases en el conflicto y por, según él, no colaborar en desbloquear el estrecho de Ormuz, boicoteado por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e iraníes. El presidente estadounidense ha llegado a amenazar también con abandonar la OTAN y con "cortar todo el comercio" con España.

La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters incluso sugería que EEUU se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

Sobre Alemania, Trump consideró que está haciendo un "trabajo terrible", en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz. "Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío", subrayó. El miércoles anunció que su Gobierno "está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania".

Estados Unidos tiene unos 3.200 efectivos desplegados en España, repartidos principalmente entre las bases de Rota y Morón. España es el tercer país de la Unión Europea con más tropas estadounidenses, después de Alemania (unos 35.000) y de Italia (unos 12.000).

España vuelve a estar en el ojo de la polémica de los Estados Unidos de Donald Trump y con la OTAN como telón de fondo. Un correo electrónico interno del Pentágono filtrado sugiere tomar medidas contra los aliados que no atiendan las peticiones de ayuda o colaboración de Washington en su campaña militar en Irán. Países de la Alianza Atlántica presuntamente calificados como “difíciles” y a los que penalizar con una variedad de medidas políticas.

Entre esas represalias, la de mayor calado sería buscar su expulsión de la OTAN. Aunque el documento no menciona a ningún país, España estaría entre los afectados, en una lista en la que podrían entrar otros como Reino Unido, Italia o Francia, que también han frenado el uso de su espacio aéreo o bases a las fuerzas armadas estadounidenses para sus operaciones militares contra Irán. Sin embargo, el propio Tratado de Washington de 1949, fundacional de la Alianza Atlántica, no recoge la expulsión de un país aliado, únicamente la salida voluntaria de sus miembros.

Desde Chipre, donde los líderes de la Unión Europea se reunieron en una Cumbre informal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desmintió la posible amenaza implícita a España con un “no hay debate” y afirmando que “cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, comprometidos y desplegados en muchísimas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad”.

Antes de verse por segundo día con sus homólogos europeos, Sánchez había señalado: “No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de Estados Unidos”, con una postura clara de España, la “absoluta colaboración con los aliados, pero dentro del marco de la legalidad internacional”.

Las altas autoridades de la UE se mostraron una vez más prudentes con las amenazas procedentes del otro lado del Atlántico, más si cabe al ser la OTAN. En Nicosia, el presidente del Consejo, Antonio Costa, prefirió no entrar en la polémica abierta. “Tenemos nuestras sedes en la misma ciudad que la OTAN —Bruselas— pero somos instituciones diferentes, cooperamos con la OTAN, pero no discutimos sus cuestiones internas”, dijo con pies de plomo el dirigente portugués, para sí aclarar que ningún Estado miembro, tampoco España, verá amenazada en solitario su seguridad, ya que “hay un proceso en marcha para discutir cómo operar la cláusula de mutua defensa, cómo activarla, usarla. Estamos diseñándola”.

En el encuentro informal de Chipre, los líderes de los 27 junto a la Comisión Europea debatieron precisamente sobre su mutua defensa sin el paraguas estadounidense, el que pondría en cuestión el documento interno del Pentágono. La Alta Representante Exterior de la UE, Kaja Kallas, expuso los escenarios de ataques híbridos, convencionales o terroristas que permitirían activar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, donde se declara que “si un Estado miembro es víctima de una agresión armada sobre su territorio, los otros Estados miembros tendrán la obligación de prestarle ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance”. Una redacción y cobertura semejante a la que ofrece el artículo 5 de la OTAN, la que critica la Administración Trump.

Sólo una vez en la historia de la UE, igual que sólo una vez en la historia de la Alianza Atlántica, el artículo 42.7 fue invocado. Lo hizo Francia después de los atentados de noviembre de 2015, cuando un comando yihadista bajó desde Bélgica y sembró el terror en París. Hubo colaboración militar para al control fronterizo desde Alemania, Bélgica o Reino Unido al mismo tiempo que otros socios europeos ponían a disposición sus servicios secretos para cercar a la célula fugada que reivindicó los atentados en la sala Bataclán, el Stade de France y las calles de la capital gala en nombre del ISIS.

El debate abierto en Chipre fue solicitado por el propio anfitrión, al no pertenecer a la OTAN y sufrir el impacto de misiles y drones iraníes en respuesta a las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Nicosia recibió la ayuda voluntaria e individual de países como Grecia, Italia, Francia, España o Reino Unido, que cuenta con una base militar en la isla, en forma de aviones y navíos de guerra para ofrecerle protección antiaérea, pero su presidente Nikos Chistodoulides quiso que Bruselas preparase “la base sobre cómo responder en caso de que un Estado miembro active el artículo 42.7”.

“Todos los Estados miembros que son aliados de la OTAN pero también aquellos que no lo son, sienten la necesidad de que tengamos un plan operacional”, afirmó Chistodoulides. El contexto geopolítico y las guerras en sus fronteras apremian a la UE ante las dudas sobre el paraguas de seguridad estadounidense en la Alianza Atlántica, de ahí que Antonio Costa insistiese que los ataques sufridos por Chipre han sido un “primer test” sobre la defensa colectiva europea a la que respondieron varios países “movilizando equipamiento militar y fuerzas para ayudar a Chipre en su defensa ante ataques externos”

Los europeos no están sólo asumiendo su defensa colectiva en el ámbito de la UE, sino también en la OTAN con la hoja de ruta pactada para una transferencia de responsabilidad que se plasmará en la Cumbre de Ankara de este mes de julio. En esa reunión se exigirá a los aliados europeos que aceleren su producción en defensa y fomenten la innovación en investigaciones con usos militares y el propio secretario general de la Alianza, Mark Rutte, quiere que el viejo continente asuma competencias hasta ahora casi exclusivas de los estadounidenses.

“En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz", viene de decir Rutte durante una visita en Turquía. Todavía se desconoce si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudirá a la cita de julio o la boicoteará como muestra de su descontento con los países que no están cumpliendo con el gasto militar deseado por Washington.

Pese a todas las presiones desde los Estados Unidos, sean en ruedas de prensa directas de su presidente o con filtraciones como la del documento interno del Pentágono, el Tratado de Washington de la Alianza Atlántica sólo recoge en su artículo 13 la salida voluntaria de cualquier país tras notificarlo oficialmente al resto de aliados y con un año de preaviso. No existe una cláusula que regule la expulsión de un miembro y cualquier otra sanción política, como limitar el acceso de un país aliado a puestos de responsabilidad, excluirlo de misiones o reducir su peso en la estructura de mando, requiere la unanimidad del resto, lo que frenaría el unilateralismo de la Administración Trump.

Este contexto es el que lleva a Luis Simón, director de la oficina del Instituto Elcano en Bruselas, a poner el foco no tanto en las amenazas de Washington contra terceros países sino a que “Trump puede torpedear la OTAN, retirar a su embajador, quitarle el sombrero OTAN al Comandante Supremo Aliado en Europa —cargo que ocupa un general estadounidense— y eso sería un lío monumental”. Para llegar a este situación límite con el objetivo de imponer sus objetivos militares o de gasto a otros, los Estados Unidos tampoco tendrían que amagar con su salida, cree Simón, ya que “Trump no necesita denunciar el Tratado de Washington y salirse de la OTAN para dejarla tocada de muerte, lo puede hacer con una política de silla vacía”.

De ahí que, aunque la OTAN sea una institución alternativa e independiente a la UE, el mantra en Bruselas, como reconoció desde Chipre la Alta Representante Kaja Kallas, sea insistir que los países europeos sí están cumpliendo con las peticiones de ayuda de Estados Unidos pese a no involucrarse en su guerra contra Irán, con ofertas para poner sus marinas de guerra a trabajar en el desminado del Estrecho de Ormuz, la escolta de barcos o la disponibilidad de las bases militares en muchos Estados miembros. Todo, para que las amenazas de Washington se queden sólo en eso.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado quince nuevos expedientes a Endesa, TotalEnergies, Engie, ContourGlobal y a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola) en el marco de su investigación sobre lo ocurrido en el apagón del 28 de abril del pasado año.

La apertura de estos nuevos expedientes se produce una semana después de que el regulador incoara una veintena de expedientes sancionadores a Red Eléctrica y a compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, por lo que la cifra total asciende a 35.

Estos nuevos expedientes "incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados" en el marco de la investigación del incidente, señala el regulador.

No obstante, la CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que, explica, el incidente respondió a un origen multifactorial.

El propio regulador subraya que la incoación de estos expedientes "no prejuzga el resultado final de la investigación" y añade que los procedimientos tendrán una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción.

En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas, indica la CNMC.

De las quince nuevas incoaciones, once se dirigen a Endesa Generación, otro corresponde a la compañía Engie, otro a Total Energies y otro a ContourGlobal por la central térmica riojana de Arrúbal, mientras que el último de ellos se dirige a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola).

Los veinte casos abiertos la semana pasada se repartían en cinco expedientes de Iberdrola Generación; otros cinco de Endesa Generación (que ahora suma dieciséis) y otros cinco expedientes en el caso de Naturgy, tres de ellos de Naturgy Ciclos Combinados y dos de Naturgy Generación.

Asimismo, se incluye un expediente abierto a Repsol Generación Eléctrica; dos expedientes a la asociación nuclear Ascó-Vandellos (de la que forman parte Endesa e Iberdrola y que ahora suma tres), y otro a Bahía de Bizkaia Electricidad (participado por la suiza Gunvor y el Ente Vasco de la Energía).

A excepción del abierto a Ascó-Vandellos, todos los expedientes se incoan por una posible infracción del artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico, como la práctica totalidad de los incoados la semana pasada a diversas empresas.

No obstante, el tramitado a la asociación nuclear Ascó-Vandellos se debe al artículo 65.34 de esa misma ley, por, según la CNMC, posibles "ofertas con valores anormales o desproporcionados para alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado".

En cualquier caso, estos quince procedimientos se abren para estudiar posibles infracciones "graves", mientras que se mantiene la única infracción "muy grave" al abierto la semana pasada a Red Eléctrica.

Estados Unidos vuelve a tener problemas con España. En un correo interno del Pentágono se plantean distintas formas en las que el país norteamericano podría penalizar a los aliados “difíciles” de la OTAN que no apoyaron a Estados Unidos en su ataque a Irán. En esos aliados “difíciles” entra España. 

Un funcionario estadounidense ha explicado a Reuters que en el correo se recoge la posibilidad de suspender a España de la Alianza y de revisar la postura estadounidense en respecto a la reclamación británica a las Islas Malvinas. 

Por su parte, Pedro Sánchez, restó relevancia a esto y aseguró que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

"La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.

El texto enviado recoge la frustración estadounidense por la negativa de algunos aliados de permitir el acceso, uso de bases y derechos de sobrevuelo para la guerra contra Irán, algo que se indica en el mensaje que ven como “el mínimo imprescindible para la OTAN”, según ha contado este funcionario, que ha hablado bajo condición de anonimato con la agencia. 

Lo cierto es que no es la primera vez que Estados Unidos muestra su disconformidad con España. Uno de los últimos choques entre los dos mandatarios llegó por la guerra en Oriente Medio, que comenzó con el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a Irán. El presidente Pedro Sánchez se negó a dejar que los estadounidenses utilizaran sus bases en suelo español –una naval en Rota y una aérea en Morón– para atacar a el país y cerró el espacio aéreo a aviones de Estados Unidos que participan en la guerra.

Ante esa nueva novedad en las cada vez más constantes amenazas por parte de la Administración Trump, el presidente del Gobierno ha sido claro y ha restado importancia a lo sucedido a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Chipre. “Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”, ha reiterado Sánchez. 

Si bien las medidas que se incluyen en el correo no tendrían mucho impacto en las operaciones militares de Estados Unidos, si lograrían enviar una señal fuerte. Su finalidad entonces sería “reducir el sentido de derecho adquirido por parte de los europeos”. Por tanto, suspender a España de la Alianza no tendría un impacto real pero sí uno simbólico. 

Una de las propuestas se basa en suspender a los países “difíciles” de puestos importantes o prestigiosos dentro de la Alianza. Precisamente, el presidente Trump ya lleva varios meses mostrando su inconformidad con la OTAN. Su último ataque llegó con la negativa de los países de enviar refuerzos al Estrecho de Ormuz, que se cerró al tráfico marítimo después de que comenzara la guerra. 

El presidente Donald Trump, ha insistido varias veces en la posibilidad de que su país abandone la OTAN, "considerando seriamente" la retirada de la alianza a la que ha calificado como un "tigre de papel". El propio Mark Rutte, secretario general de la OTAN, explicó que el mandatario está “claramente decepcionado” tras reunirse con Trump en la Casa Blanca. 

El republicano siempre ha sido crítico con la Alianza Atlántica, al considerar que su país gasta demasiado en la defensa de los aliados, pero ha incrementado su frustración por la negativa del bloque a implicarse en la guerra de Irán y desbloquear el Estrecho de Ormuz. Y parece que cada vez más, aunque la posibilidad de que sus amenazas se materialicen no están tan claras. 

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer este jueves su informe Vivienda, consumo y desigualdad: un mercado dominado por multiarrendadores, en el que concluye que “el mercado del alquiler en España no está dominado por el pequeño casero con una única vivienda en alquiler, sino por multiarrendadores”.

Este nuevo estudio, elaborado por el departamento de Pablo Bustinduy en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a partir del Panel de Hogares, desgrana que alrededor del 39% de las viviendas alquiladas pertenecen a caseros con un único inmueble en alquiler, mientras que el 61% son propiedad de multiarrendadores: personas jurídicas y entidades públicas con dos o más viviendas alquiladas.

Asimismo, el Panel de Hogares de 2023 recoge que un 4,9% de la población total percibe rentas por alquiler de vivienda habitual (5,7% de la población adulta). Esta cifra cambia si se mide por hogar, elevándose al 9,3%.

En definitiva, menos de cuatro de cada diez viviendas son alquiladas por pequeños caseros, contradiciendo así la versión que ha mantenido el Gobierno en los últimos años. En declaraciones a la Cadena Ser en 2024, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez afirmaba que "España es un país solidario y, en su mayor parte, el parque de vivienda en alquiler pertenece a los pequeños propietarios".

Según el informe, en España más de la mitad del alquiler gestionado por particulares (un 52,8%) se encontraría en manos de multiarrendadores, lo que convierte a estos en la figura predominante por encima del pequeño casero.

Consumo suscribe, además, que en los últimos años “el crecimiento del parque de viviendas en alquiler ha beneficiado más a los multiarrendadores que a los pequeños caseros”. “Los caseros con una única vivienda en alquiler aumentaron su parque en este periodo (entre 2016 y 2023) un 30,4%. En cambio, los multiarrendadores lo incrementaron un 39,9%, casi diez puntos de diferencia”, añade.

“Según los datos disponibles del Banco de España, las empresas y personas jurídicas —incluidos fondos de inversión, sociedades patrimoniales y otros actores que operan el alquiler de forma profesional— alquilan unas 223.552 viviendas en el territorio de régimen fiscal común, lo que representa aproximadamente el 8% del mercado total. Si se incorpora el parque de vivienda pública y social (unas 300.000 viviendas), el conjunto de personas jurídicas y entidades públicas podría alcanzar en torno al 17% del mercado. En total, las viviendas alquiladas propiedad de personas jurídicas y entidades públicas sumarían alrededor de 523.552 viviendas”, agrega.

Tras esta estimación, Consumo establece una distribución aproximada del mercado del alquiler en la que alrededor del 40% de las viviendas pertenecería a caseros particulares con un único inmueble en alquiler y el 60% restante estaría en manos de particulares con dos o más casas en régimen de arriendo, personas jurídicas y entidades públicas.

Desgranando estos datos por ciudades, Las Palmas de Gran Canaria es la capital española que más multiarrendadores concentra: un 64,9%, frente al 35,1% que dispone de un único inmueble en alquiler. También en las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife cuenta con un 64,6% de multiarrendadores frente a un 35,4% de pequeños caseros.

Palma de Mallorca (con un 63,1% de multiarrendadores, frente al 36,9% que dispone de un único inmueble en alquiler), Barcelona (60,8% frente al 39,2%) y Madrid, (56,4% frente al 43,6%) siguen a las capitales canarias.

“En Valencia y Málaga los multiarrendadores también son mayoría: en Valencia el 55% de los caseros son multiarrendadores, frente al 45% que dispone de un único inmueble en alquiler. Y Málaga, el 51,6% frente al 48,4%. En Sevilla, el 46,8% de los caseros son multiarrendadores, frente al 53,2% que dispone de una sola vivienda en alquiler”, señala el informe.

El estudio finaliza haciendo hincapié en que la figura del pequeño casero con una única vivienda alquilada “no describe adecuadamente la realidad del mercado español”, destacando que el aumento de la oferta no ha supuesto una “democratización” del mercado.

“Ha consolidado una estructura en la que quienes ya tenían varias viviendas son quienes más han crecido y quienes más capacidad tienen para seguir ampliando su presencia en el mercado”, destaca.

Y acaba subrayando la tendencia actual: “el alquiler en España funciona cada vez más bajo una lógica de concentración. El pequeño casero sigue existiendo, pero tiene un papel cada vez menos central. Hoy, el peso decisivo lo tienen los multiarrendadores, y los datos apuntan a una tendencia que seguirá reforzándose en los próximos años”.

La moción sobre "prioridad nacional" que ha defendido este miércoles Vox en el Congreso ha sido rechazada por la Cámara Baja con los votos en contra del resto de partidos políticos, entre ellos el Partido Popular. La moción sólo ha recibido el sí de los 33 diputados de Vox y el no de otros 310 diputados.

Los de Alberto Núñez Feijóo han votado no porque el partido de Santiago Abascal ha rechazado la enmienda presentada por los populares. Fuentes del PP han precisado a EFE que habían ofrecido a Vox varias aportaciones para transaccionar el texto de su moción pero que las han rechazado. Vox también se ha negado a que el texto de su iniciativa fuera votado por puntos, como habían pedido los populares.

El PP ha explicado que está a favor de la prioridad nacional, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado en Extremadura la semana pasada, es decir, que esté basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y a la ley.

Por ello el martes presentó una enmienda a la moción de Vox —que defendía que los españoles tienen prioridad en cualquier prestación— para proponer que se adecuara al texto aprobado por ambos partidos y que aspira a replicarse en otros territorios.

La moción de Vox ha sido presentada este miércoles por su diputado Ignacio Hoces, quien ha acusado al Gobierno de haber olvidado lo que debería ser su "prioridad", los españoles, y de practicar un "odio a lo propio".

El diputado ha asegurado que Vox va a seguir defendiendo el principio de prioridad nacional en todas las regiones de España. Y, ha insistido, esto se traduce en la defensa de algo "sencillo, justo y necesario", la prioridad para los españoles en las ayudas públicas, en las prestaciones sociales y en la vivienda.

Hoces ha hecho alusión además al término "arraigo" y le ha recordado al PP que el partido de Abascal quiere modificar una ley orgánica para eliminar esta figura, "que es un coladero de entrada" e "impide la expulsión del inmigrante delincuente".

La diputada popular Carmen Navarro ha utilizado su intervención principalmente para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de querer tapar su "corrupción" con "cortinas de humo" como la inmigración.

Entre las prioridades del Gobierno, ha dicho, "no ha estado ni España ni los españoles" sino que han sido "robar" y "tapar a los que robaban". Navarro ha acusado además al Gobierno de querer "armar el relato" con temas como los pactos del PP.

La diputada del PP no se ha referido directamente a la moción de Vox aunque ha dicho que el "marco irrenunciable" para el Partido Popular es la Constitución, la ley y el Estado de derecho.

La moción de Vox ha sido duramente criticada por los partidos de izquierda. La diputada de Podemos, Martina Velarde, ha sido de las más duras y la ha calificado como "una propuesta nazi".

Priorizar las ayudas públicas para los españoles "es una enmienda a la totalidad, a la convivencia, a la igualdad y a la propia Constitución", ha afirmado la diputada, quien le ha dicho al PP que es una "vergüenza" enmendar la moción.

El diputado socialista Juan Francisco Serrano también se ha dirigido al PP y ha dicho que el pacto de Extremadura "es una vergüenza" que pone a los populares en el "papelón" de defenderlo.

Lo más peligroso de la coyuntura actual, ha afirmado, es que el PP acuerde con Vox y con ello esté "llevando a los gobiernos autonómicos al partido de la extrema derecha".

La diputada de Sumar, Candela López ha dicho que Vox ha vuelto a mostrar "lo peor de la condición humana" con sus propuestas "racistas, xenófobas, totalitarias y totalmente excluyentes", mientras que el diputado del PNV, Mikel Legarda, ha afirmado que la propuesta de Vox es una política pública "de inhumanidad".

A lo largo de la historia, los seres humanos han creado dioses a su imagen y semejanza para que una vez inventados los empujaran a matarse en su nombre. Las diferentes novelas bíblicas, con ínfulas de historia que sustituyen la razón por la fe, esa sinrazón, mantienen una guerra multisecular que ahora enfrenta a cristianos, musulmanes y judíos, los cuales se arrojan bombas y mensajes de odio en un ambiente tan actual como anacrónico. Algunos, incluso, se pelean entre ellos (mientras León XIV pide paz, como corresponde; Trump y otros ultras, guerra).

Este último y Netanyahu, plutócratas, tiranos y genocidas —«cada época tiene su fascismo», escribió Primo Levi—, se empeñan en hacerse con el mundo saltándose cualquier regla de convivencia común. La «democracia imperialista» de EEUU se alía con el Estado terrorista de Israel para, después de masacrar Gaza, destruir Líbano, la teocracia repugnante de Irán y lo que se ponga por delante para conseguir sus objetivos espurios. Entre tanto, Europa…

En uno de sus vaivenes neuronales, el Agente Naranja ha amenazado con salirse de la OTAN y retirarse de las bases militares europeas, entre ellas las que se encuentran en suelo español. Todo por culpa de los europeos, sobre todo de Pedro Sánchez, que no bailan al son de guerra que marca el yanqui. Mark Rutte, jefe de la cosa atlántica, que le llama daddy (papi), no sabe qué zona nalgar besarle para calmarlo. Los que gritábamos «OTAN no, bases fuera» ante aquel referéndum tramposo que convocó Felipe González no podíamos imaginar que 40 años después quien lanzara ese eslogan fuera el presidente norteamericano más impresentable de cuantos han dirigido ese país (y ha habido muchos). No sé si lagrimar de emoción, de perplejidad o de cabreo. Quizá sea el momento de una defensa europea, ¿no, UE?, ahora que hasta Hungría vuelve a Europa.

El premio FIFA de la Paz envía a cuatro astronautas a desentrañar los enigmas de la cara oculta de la Luna, pero él no se encuentra entre ellos, a pesar de ser tan lunático. El matón, en su incurable megalomanía, prefiere mantenerse en la cara visible de la Tierra para desgracia de esta. El viaje no fue amenizado aquí abajo con la música de The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, sino con el ruido de las bombas. 

Las negociaciones entre EEUU e Irán continúan, se rompen, se reanudan. A saber. Es difícil recurrir al valor de la palabra cuando las bocas de los interlocutores si no escupen exabruptos, lanzan balas. Los dioses callan.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

Los cambios de paradigma a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán son cada día más tangibles. Muchos Estados europeos, entre ellos España, se han lanzado a los despachos para crear y modificar nuevas relaciones comerciales internacionales que les permitan asegurarse su ración de hidrocarburos y minerales críticos.

África es el lugar elegido para desarrollar estos ejercicios extractivistas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmaba recientemente que el Gobierno ha multiplicado sus contactos bilaterales y consultas políticas con el continente vecino para así "consolidar una asociación duradera". 

A raíz de estos movimientos, el escritor y experto en relaciones internacionales Sani Ladan comenta con infoLibre que "el paradigma está cambiando, pero no necesariamente hacia algo más justo para África, si no hacia algo mucho más competitivo y mucho más violento".

Estos movimientos se enmarcan dentro de la Estrategia España-África 2025-2028, un plan de negocios bajo el que se han creado numerosos organismos, como la Comisión Interministerial para África (CIMA) o el Consejo Asesor España-África, entre otros. 

La Unión Europea tampoco se ha quedado atrás. Su programa Global Gateway , al cual se destinan más de 300.000 millones de euros, está desarrollando, entre sus proyectos, corredores estratégicos, una red de transporte de materias primas que conecta entre sí a diferentes países a lo largo del continente africano y, por supuesto, con Europa.

"Lo que estamos viendo no es el fin del extractivismo, sino una forma actualizada de esos nuevos imperialismos", afirma Ladan. "Muchas veces se habla de una cooperación, de que vamos a ayudar, pero es importante que la sociedad entienda que los Estados no tienen amigos, tienen intereses".

Tras la colonización de muchos países africanos por Estados europeos, sus economías y estructuras de poder quedaron profundamente desestabilizadas. Las independencias, ocurridas en su mayoría a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, fueron duramente castigadas por los países colonizadores, que compraron a sus élites para así perpetuar estos roles de poder.

El doctor en Ciencias Históricas, Dagauh Komenan, también ha hablado con infoLibre sobre este asunto: "Existen mecanismos internacionales que obligan a estos países a seguir manteniendo una relación con la metrópolis", asegura el experto. "En muchos casos, cada vez que un país africano ha intentado diversificar de verdad sus socios comerciales se han producido conflictos, golpes de Estado y disturbios a nivel interno".

Un ejemplo explícito de este intervencionismo militar es el de Francia. El país europeo ha realizado más de 50 intervenciones directas dentro del continente africano para apoyar rebeliones armadas y fomentar cambios de gobierno en distintos países, como en Senegal, Chad o Gabón. "Los medios occidentales intentan mostrar a los dirigentes que miran por el beneficio de la población como los peores que existen. Es una lucha para ver quién controla la narrativa en ese sentido", añade Ladan.

Los intereses de España se concentran en la búsqueda de energía y en el control de la "inseguridad", es decir, del flujo migratorio.

Atendiendo esta primera parte, y en la carrera por conseguir suministros tras el cierre del Estrecho de Ormuz, Albares retomaba la relación diplomática con Argelia, el mayor proveedor de gas del país, en una visita oficial a finales de marzo. 

La compraventa energética entre ambos Estados se había suspendido en 2022 tras el apoyo de España al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que impedía una libre autodeterminación del territorio. El ministro asegura que el asunto ha sido mencionado un par de veces en las conversaciones, pero "sin profundizar", lo que reafirma su posición junto a su también socio estratégico: Marruecos.

Rabat es, junto a otros países africanos, colaborador en materia de este "control migratorio", y a tal efecto se le entregan materiales antidisturbios. Algo que también sucede con Mauritania, un país donde el Gobierno abrió dos cárceles para migrantes que incluyen la detención de bebés en edad lactante, algo que la legislación española imposibilita. Según la Fundación porCausa, en una investigación que publicó en 2025, estas instalaciones fueron desarrolladas por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una organización autodenominada como "de cooperación" y dependiente del Gobierno.

Ladan contrapone estas medidas con el reciente anuncio de una regularización de más de medio millón de personas migrantes, y asegura que ese proceso "no es mérito del Gobierno, sino de la sociedad civil y de los colectivos de migrantes que han estado durante mucho tiempo luchando". El experto en geopolítica asegura que el del PSOE "es el mismo Gobierno de la masacre de Melilla y es el mismo que mantiene a un ministro como Marlaska en el Ministerio del Interior".

Las políticas imperialistas y los negocios energéticos en África han convertido al continente en una de las regiones del mundo más castigadas por el cambio climático. Mientras en Europa y España se promueve la transición ecológica, los materiales necesarios para sostenerla se extraen sin respetar el medio ni los derechos de quienes los obtienen. 

"Europa reduce su huella de carbono interna mientras externaliza parte del impacto ambiental a otros territorios", reflexiona Ladan. "Aquí te dicen que necesitan un coche eléctrico para proteger el medio ambiente, pero al mismo tiempo un niño de nueve años tiene que trabajar en una mina de litio en el Congo para que tú puedas tener el coche eléctrico con baterías de litio".

La extracción de estos minerales críticos implica un impacto directo en el continente a través de la contaminación del agua y, por consiguiente, de la degradación de sus suelos, lo que genera que las poblaciones locales se vean forzadas a desplazarse. Esta problemática alrededor de la minería también puede alimentar conflictos preexistentes, como ocurre en la República Democrática del Congo y en Ruanda.

Como respuesta a las consecuencias del cambio climático, Occidente ofrece a África una serie de préstamos para mitigar estos efectos: "Se debería plantear como una reparación a estos países, pero en lugar de eso es un préstamo que tienen que devolver con intereses", asegura Komenan.

Las subidas del precio del petróleo en los mercados internacionales se traducen inmediatamente en un encarecimiento del combustible en las gasolineras, y la respuesta del sector petrolero es siempre la misma: si sube la materia prima, no hay más remedio que trasladar esa escalada al surtidor. Sin embargo, la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania fue un momento dorado para las grandes energéticas, y lo será también la III Guerra del Golfo.

Los primeros datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) apuntan a que los márgenes de refino –la diferencia entre lo que cuesta comprar un barril y los ingresos por vender el combustible en la gasolinera– se dispararon en el mes de marzo hasta casi un récord en 15 años y se triplicaron respecto a febrero.

En concreto, por cada barril de combustible procesado en el mundo, el refinador ganó de media el mes pasado 21,82 dólares, un 220% más que en febrero y un 168% más que la media de 2025. Con datos de los últimos 15 años, solo en junio de 2022 –en plena crisis por la guerra de Ucrania– las refinerías ingresaron más dinero por barril tratado. Esto significa que las petroleras que tienen su negocio integrado –producción, refino y venta– están incrementando el precio del combustible final muy por encima de lo que sería una subida natural por el encarecimiento del crudo.

"Los márgenes de refino repuntaron de forma generalizada en marzo", valora la agencia en su informe publicado este martes. "Sobre el papel, los márgenes medios mensuales en el noroeste de Europa alcanzaron máximos históricos, superando los niveles registrados en 2022 tras la invasión de Ucrania", añaden los técnicos. Aunque la IEA destaca los márgenes de las compañías noreuropeas, las del sur de Europa o las asiáticas también inflaron sus márgenes en marzo.

Si bien es cierto, el estudio también matiza que sus cálculos podrían "sobreestimar la rentabilidad que la mayoría de refinerías podría alcanzar" porque los precios del mercado de futuros (el conocido como petróleo Brent o WTI) están en este momento por debajo de lo que realmente cuesta el crudo en el mercado al contado.

El refinado de petróleo es el gran negocio dentro del sector del crudo porque supone transformar la materia prima en docenas de productos más complejos, como diésel, gasolina y queroseno, y las pocas empresas que tienen capacidad para realizar esta transformación dentro de Europa pueden hacerse de oro en momentos en los que hay escasez de combustibles.

En marzo, los petroestados del Golfo no tuvieron apenas capacidad para exportar petróleo y productos refinados por el cierre del Estrecho de Ormuz, y las compañías con refinerías en Europa tuvieron un gran margen para incrementar los precios ante la escasez de suministro internacional. En España hay ocho refinerías activas de Repsol (cinco), Moeve (dos) y BP (una), y solo Alemania e Italia tienen un número mayor dentro de la Unión Europea. 

La IEA no tiene acceso a cuál es el margen de refino concreto de cada compañía, pero mensualmente elabora una estimación de lo que podrían estar ganando las refinerías de cada región del planeta en función del tipo de crudo que procesen y de la complejidad de cada una de ellas. Según esa tabla, las del Mediterráneo, entre las que se incluyen las españolas, tuvieron en marzo un margen de beneficio entre 10,53 euros y 18,69 euros, entre tres y siete veces más que el mes anterior. En otras zonas del planeta se registraron en marzo márgenes completamente astronómicos, como los 42 dólares por barril de beneficio para los refinadores del sur de Asia.

Enrique Parra, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá y exprofesional del mundo del petróleo, explica que los cálculos de la IEA no se pueden tomar a rajatabla, pero que son una aproximación de lo que podrían estar ganando algunas de estas compañías. "En las refinerías españolas podrían estar procesando siete crudos diferentes a la vez, por lo que esas cifras son una simplificación. Lo que ganan en Cartagena o en Castellón solo lo saben ellos, pero está claro que están ganando mucho más que en meses anteriores", valora.

El experto también matiza que en España las petroleras han realizado costosas inversiones en la última década para poder procesar crudos de todos los tipos –más y menos densos, y más y menos ácidos–, lo que les permite comprar petróleo de todas las regiones y procesar los tipos más rentables (los dulces y ligeros), y esa versatilidad permite a las energéticas españolas maximizar ingresos en momentos de escasez de suministro, como la crisis actual. El profesor añade además que ese margen no es un beneficio íntegro para las empresas, sino que hay que restar a esas cifras el coste de mantener la planta y los trabajadores. 

Para saber qué compañías han apretado más esos márgenes para aprovechar la coyuntura habrá que esperar a que las petroleras presenten sus cuentas de resultados del primer trimestre, que llegarán en las próximas dos semanas. La agencia Reuters adelantó este martes que la británica BP incrementó su margen de refino hasta los 16,9 dólares por barril en el primer trimestre, frente a los 15,2 dólares de los tres meses anteriores, un 11% más. La subida es mucho más comedida de lo calculado por la IEA porque es una media del trimestre, y en 2026, hasta la crisis del Estrecho de Ormuz, había una tendencia de caída en picado de los márgenes en el negocio de refinado.

El combustible de aviones, el queroseno, es la prueba de que el coste del combustible sube mucho más allá de lo que lo hace el coste del crudo. Se ha encarecido mucho más rápido que el resto de carburantes –como la gasolina o el diésel– pese a que se fabrica a partir de la misma materia prima y con un proceso similar. El problema es que, como la demanda del queroseno es menos elástica –la gente está dispuesta a viajar en avión aunque el billete sea algo más caro–, el precio de este combustible se ha más que duplicado en comparación con el mes de febrero, mientras que la gasolina en Europa se ha encarecido un 36% desde la primera semana de marzo (sin contar impuestos).

En Francia, el Gobierno se plantea poner en marcha una normativa temporal para limitar la subida del precio de los combustibles para evitar que las petroleras tengan márgenes de beneficio superiores a los de enero y febrero, mientras que la Comisión Europea plantea un impuesto extraordinario para los conocidos como beneficios caídos del cielo.

Cientos de ganaderos dedicados a la leche denuncian desde hace dos semanas una bajada brutal de los precios a los que les compran el producto las grandes marcas de leche. Un porcentaje importante del sector, que algunos cifran en alrededor del 40% de los profesionales, tenían que negociar en marzo un nuevo precio al que vender durante el siguiente trimestre, y se encontraron con propuestas hasta un 20% inferiores respecto al periodo anterior. El sector primario denuncia que no puede rechazar las malas ofertas porque la alternativa es tirar la leche, mientras que la industria contesta que han tenido que ajustar precios porque en España se estaba pagando el litro muy por encima del resto de Europa.

Según Charo Arredondo, responsable de lácteos en la organización agraria COAG, el golpe ha sido sobrevenido porque, en algunos casos, la propuesta ha llegado con menos de una semana de margen antes del vencimiento del contrato de marzo. Sabían que el mercado europeo llevaba meses de precios a la baja y que terminarían llegando a España, pero que no esperaban recibir ofertas que rebajaban entre 5 y 10 céntimos el acuerdo anterior con solo unos días para aceptarlas o rechazarlas.

"No tenemos alternativa porque el producto es perecedero. Un grupo de productores de aquí de Cantabria se negó a ceder, y terminaron haciéndolo a las 23.55 horas del 31 de marzo porque habrían tenido que deshacerse de la producción. Y la industria no cedió en ningún momento porque sabían que tenían todo el poder para negociar", dice la portavoz, que también es ganadera. Sobre el precio de la leche en el supermercado, Arredondo explica que no han notado cambios en las últimas semanas, ni hacia arriba ni hacia abajo, pese a que ahora ellos venden más barato.

Entre las marcas citadas por los profesionales afectados están todas las grandes que se pueden encontrar en el supermercado: Central Lechera Asturiana, Pascual, Lactalis (RAM, Lauki, Puleva) o Celta, entre otras. Estas empresas compran la materia prima a pequeños, medianos y grandes ganaderos, a veces agrupados en cooperativas, y después de tratarla y envasarla con su marca, la ofrecen a las grandes superficies, que también realizan una enorme presión hacia los eslabones inferiores de la cadena para mantener el precio a raya (con el litro de leche siempre a entre 0,90 euros y 1,30 euros) y no espantar al consumidor. 

En la base de esa pirámide, el producto se vende a aproximadamente 0,50 euros el litro de leche, con unos céntimos arriba o abajo en función de la producción interna y del mercado internacional. En este caso, en el mes de febrero –el último dato del Ministerio de Agricultura y antes de las nuevas ofertas que han desatado la polémica– la leche se pagó al ganadero de media a 0,54 céntimos/litro en España. 

Los recortes en las ofertas de abril varían por comunidad autónoma y por marca, pero van desde los 2 o 3 céntimos/litro en País Vasco hasta los 7 céntimos, o incluso 10 céntimos, en Galicia, según José Ramón González, responsable de Ganadería en la organización agrícola UPA. De las grandes regiones productoras españolas, Asturias es en la que más justas habrían sido esas negociaciones, añade González. Estos datos de precios no son oficiales porque no quedan registrados en ningún sitio –debido a que son acuerdos privados entre empresas y particulares– pero es una horquilla que coincide con la que maneja COAG. Esas bajadas suponen reducir de un mes a otro entre un 5% y un 20% los ingresos de un ganadero de leche. 

La industria lechera contesta que esta situación tenía que llegar tarde o temprano porque desde el verano pasado hay un exceso de leche en todo el mundo que ha hundido los precios del litro. Grandes productores como Alemania, Francia o Países Bajos recortaron el precio de la leche pagada al productor entre un 8% y un 29% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según datos de la Comisión Europea, mientras que España lo incrementó un 8%, la mayor subida de toda la Unión Europea. Además del mayor incremento, España también tenía en febrero la leche más cara en origen del continente: 8 céntimos por encima de la media de la UE.

Luis Calabozo,director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), explica que esa diferencia de precios radica principalmente en el sistema español de negociación de ventas. Mientras que en el centro de Europa es común cerrar un precio nuevo de la leche cada mes, en España suelen ser trimestral, semestral o anual, de manera que, hasta ahora, no se había trasladado esa caída al mercado. Y ahora se repercute toda de sopetón.

"El diferencial de precios ha protegido al ganadero español desde septiembre", valora Calabozo, "pero es imposible seguir manteniendo esos precios porque supondría perder mercado exportador. De hecho, a la larga terminaría afectando al ganadero porque la falta de interés en nuestros productos podría llevarle a tirar la leche", continúa el portavoz de la industria.

La explicación que da a esa bajada brusca del precio de la leche en origen está en el mercado internacional. El año pasado hubo una superproducción de leche en Europa, con 2,5 millones de toneladas extra sobre un año normal, que se sumaron a una bajada de la demanda de leche en los hogares. Estos dos sucesos ocurrieron tras cuatro años de subidas ininterrumpidas en el precio de la leche, en un récord muy superior a picos anteriores, de manera que, a mediados del año pasado, se produjo una corrección de su precio a lo largo de todo el continente. 

José Ramón González, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), insiste en que ellos estarían dispuestos a negociar una bajada progresiva en los acuerdos de venta a la industria, pero que esta imposición es inadmisible, y potencialmente ilegal. La ley de la Cadena Alimentaria prohíbe que ningún eslabón de la producción venda a pérdidas, y este desplome de los precios pone a algunos ganaderos al límite de esa norma. "Podríamos negociar una pequeña bajada, pero no tan sorpresiva y abusiva, poniendo a los ganaderos por debajo de coste. Eso es ilegal y lo hemos denunciado al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la AICA", afirma.

La AICA es la Agencia de Información y Control Alimentarios, la que se encarga de investigar que se respetan los precios justos en la cadena alimentaria, un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene siempre un ojo puesto sobre el sector lácteo, acostumbrado a los abusos. El año pasado, fue, de hecho, la segunda rama más estudiada de las que tiene bajo competencia, con más de 1.300 controles, y ya ha avisado de que en 2026 reforzará la vigilancia todavía más tras las quejas de los ganaderos.

Ambas partes del conflicto se sentaron esta semana con el Ministerio de Agricultura, a raíz de la polémica con los contratos lácteos, pero el Gobierno se mantiene, por ahora, al margen mientras no haya evidencias de contratos abusivos por debajo de precio de producción. "En cuanto a la negociación, es un tema entre partes donde el ministerio no puede entrar", valoran fuentes de este organismo a infoLibre.

La temporalidad en el empleo público español lleva años siendo una de las principales anomalías del sistema administrativo. Lejos de ser una situación puntual, se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta a cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos con décadas de servicio.

El origen de este escenario se sitúa en la crisis económica de 2008, según explica a infoLibre Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Los recortes en el sector público, la paralización de las ofertas de empleo y la falta de reposición de personal provocaron un aumento progresivo de la contratación temporal.

Durante esos años, numerosas plazas estructurales comenzaron a cubrirse mediante interinos. Con el tiempo, lo que debía ser una solución provisional se consolidó como una práctica habitual en distintas Administraciones, especialmente en sectores como la sanidad, la educación o la justicia.

A pesar de la recuperación económica posterior, indica Pinillos, la temporalidad no se redujo de forma significativa. Y a día de hoy, en términos agregados, hay casi un millón de trabajadores temporales en el conjunto de las Administraciones. El último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, con datos a julio de 2025, sitúa el total de efectivos en 3.107.195 empleados públicos. Sobre esa base, distintos análisis del boletín colocan la temporalidad en torno al 32%, lo que equivale a unos 994.000 trabajadores en situación temporal o interina.

Dicho de otro modo: aproximadamente uno de cada tres empleados públicos en España sigue sin una relación laboral estable, pese a los procesos de estabilización impulsados en los últimos años. Esa magnitud da cuenta de cómo esta situación afecta de lleno al funcionamiento del sistema administrativo, a la organización de las plantillas y al cumplimiento de las exigencias europeas en materia de abuso de la temporalidad, hasta el punto de constituir una disfunción estructural del sistema.

En respuesta a esta situación, España aprobó la ley 20/2021 con el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8% y adaptar la normativa a las exigencias europeas. La norma contemplaba procesos de estabilización y compensaciones económicas para los trabajadores afectados. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual y, en algunos casos, ha generado controversia.

Uno de los puntos más discutidos ha sido el diseño de los procesos de estabilización. En muchas ocasiones, estos se han desarrollado mediante sistemas abiertos que obligaban a los trabajadores que ya ocupaban las plazas a competir con aspirantes externos, algo que ha provocado situaciones en las que empleados con años de experiencia han perdido su puesto tras estos procesos.

Es el caso de Mari Carmen Garrido, trabajadora de la Comunidad de Madrid desde 1998. Tras más de dos décadas en el sistema educativo, fue cesada en 2025 después de un proceso de estabilización en el que tuvo que competir por su propia plaza, según ha contado a infoLibre.

Como ella, otros trabajadores han recurrido a la vía judicial para reclamar tanto la fijeza como una indemnización.

El conflicto ha ido escalando en los últimos años hasta situarse en el ámbito europeo, explica a infoLibre Javier Araúz, abogado especializado en casos de abuso de temporalidad en las Administraciones públicas, en el bufete Araúz y Belda Abogados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado en distintas resoluciones que existe un uso abusivo de la temporalidad en España y ha cuestionado si las medidas adoptadas son suficientes para sancionarlo.

En este contexto, el próximo pronunciamiento del tribunal europeo, que tiene prevista la lectura de la sentencia el próximo 14 de abril, se presenta como un punto de inflexión.

El debate jurídico se centra ahora en cómo debe sancionarse ese abuso. Entre las opciones que se contemplan están la conversión de los trabajadores en fijos, el establecimiento de indemnizaciones o una combinación de ambas medidas, especialmente en los casos de mayor duración.

Las conclusiones del abogado general de la UE –cuyas directrices siguen la mayoría de las sentencias posteriores del TJUE– ya han apuntado a que la fijeza podría ser una de las soluciones.

Además, el caso pone de relieve un problema de fondo, insiste Araúz: la dificultad de las Administraciones para ajustar sus sistemas de contratación a los principios establecidos por la normativa europea, en particular la Directiva 1999/70, que obliga a prevenir el uso abusivo de contratos temporales.

La resolución del TJUE el próximo 14 de abril no cerrará por sí sola el debate, pero sí marcará el margen de actuación de las instituciones españolas. A partir de ese momento, corresponderá a los tribunales nacionales y a los poderes públicos definir cómo se aplica el fallo y qué medidas se adoptan.

Lo que ocurra después no será menor. Si se impone la fijeza, España podría verse obligada a afrontar una regularización masiva sin precedentes, con implicaciones directas en el acceso al empleo público y en la organización de las plantillas. Si, por el contrario, se opta por la vía de las indemnizaciones, el coste económico podría alcanzar cifras millonarias, con impacto en las cuentas públicas.

En ambos escenarios, el sistema tendrá que asumir las consecuencias de un problema que lleva años sin resolverse. Y esta vez, ya no será posible posponerlo.

Cada mes de abril, millones de españoles abren el borrador de su declaración de la renta con la discreción de quien maneja información clasificada. Lo que uno paga a Hacienda es, aquí, una cuestión íntima. Casi tabú. En cambio, en Noruega, cada octubre, la administración tributaria publica en internet los ingresos netos, el patrimonio y los impuestos satisfechos de todos los ciudadanos mayores de 16 años. Cualquiera puede consultar lo que paga su vecino, su jefe o el más rico del país. Y nadie (casi nadie) lo tacha de invasión de la privacidad. Lo consideran, simplemente, un gesto de transparencia democrática.

La diferencia no es una cuestión técnica. Es política, cultural e histórica. ¿Estaría usted dispuesto a que sus datos fiscales fuesen del dominio público a cambio de conocer los de todo el mundo? ¿Tiene sentido que el conjunto de los ciudadanos sepa lo que aporta cada individuo al sostenimiento del bien común?

Noruega lleva publicando datos fiscales individuales desde 1863. Suecia, desde el siglo XIX. Finlandia hace lo propio cada noviembre: la agencia tributaria publica el nombre, el municipio de residencia, las rentas del trabajo, las rentas de capital y los impuestos pagados de todos los contribuyentes. En estos países, el fundamento de esa apertura no es la curiosidad ni el castigo. Es la confianza.

La lógica que impulsa este comportamiento es más sencilla de lo que parece. Si el Estado exige tipos impositivos elevados, los ciudadanos necesitan saber que todos los demás contribuyen de forma equitativa. La transparencia fiscal no se considera una amenaza al sistema, sino su condición de legitimidad. Saber lo que aporta cada cual refuerza la confianza institucional y reduce la tentación de evadir. Los nórdicos tienen la presión fiscal entre las más altas del mundo y también las tasas de cumplimiento voluntario más elevadas. No debe de ser una simple coincidencia.

El modelo no ha permanecido intacto a lo largo del tiempo, pero sí ha sobrevivido a sus propias tensiones. Una de las más notables tuvo lugar en Noruega en 2014. Hasta ese año, todas las consultas eran anónimas. Eso acabó generando un ecosistema de aplicaciones que permitían espiar, con solo un par de clics, los ingresos de citas personales, de los vecinos de al lado o de compañeros de trabajo.

Pero la respuesta no fue cerrar el sistema, sino hacerlo recíproco. Desde ese año, quien hace una consulta queda registrado y el consultado recibe una notificación con el nombre, año de nacimiento y código postal del curioso. ¿El resultado? Las búsquedas cayeron un 90% de inmediato. La transparencia se mantuvo; el chismorreo prácticamente despareció.

En Finlandia, entre 2019 y 2022, alrededor de un millar de contribuyentes de altos ingresos lograron excluirse de las listas que la agencia tributaria envía anualmente a los medios de comunicación, alegando riesgos de seguridad. Veinte medios finlandeses protestaron bloqueando su propio portal fiscal durante un mes.

El Tribunal Administrativo Supremo falló en diciembre de 2022: los datos fiscales de los grandes contribuyentes son información pública por ley y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo no ampara la exclusión cuando existe un interés público prevalente. Así que, desde 2023, ningún contribuyente puede optar por no aparecer. En noviembre de 2025, el cofundador de Wolt —una especie de Glovo finés—, Miki Kuusi, encabezó la lista con 80,6 millones de euros de ingresos declarados. Sin posibilidad de ocultarse.

Suecia atraviesa un conflicto de diferente naturaleza. En este caso fue la organización de defensa de la privacidad digital noyb —acrónimo de none of your business, "no es asunto tuyo"—, liderada por Max Schrems, un activista austriaco especializado en la protección de datos, la que puso en riesgo la transparencia al demandar a la agencia tributaria sueca por vender datos fiscales a empresas intermediarias como Dun & Bradstreet, que los revendían sin salvaguardas.

El Tribunal Supremo sueco dictaminó que la libertad de información y la privacidad deben equilibrarse, y que los datos deben marcarse como confidenciales solo si el receptor los va a procesar violando el RGPD europeo.

Los argumentos a favor de la transparencia fiscal no vienen solo de Escandinavia; forman parte también del discurso de los economistas que llevan décadas midiendo la brecha entre lo que los ricos declaran y lo que realmente poseen.

Thomas Piketty lleva años usando datos fiscales históricos públicos de Francia para reconstruir series de desigualdad. Su conclusión es directa: sin transparencia, no hay debate informado sobre justicia fiscal. Por eso ha elogiado explícitamente el modelo noruego y ha ido más lejos: propone un registro financiero global que incluya cuentas bancarias, acciones, bonos y propiedades de todos los contribuyentes, con independencia de dónde estén domiciliados. No por transparencia en sí misma, sino porque ese registro es la condición técnica indispensable para implementar cualquier impuesto progresivo sobre el capital. Si no sabes quién tiene qué, no puedes gravar con justicia.

Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal Europeo y profesor en la Universidad de Berkeley, sostiene que el secreto bancario y la opacidad fiscal actúan como un mecanismo que permite a los más ricos reducir su contribución, generando de facto un privilegio estructural dentro del sistema tributario. Según sus cálculos, hay decenas de billones de dólares ocultos en paraísos fiscales. Ninguna lista pública nacional lo desvelaría todo, pero es una evidencia que la opacidad doméstica facilita la opacidad global. Emmanuel Saez, coautor habitual de Zucman y Piketty, defiende que los datos fiscales son esenciales para medir con precisión la desigualdad y para comprobar si los sistemas tributarios son tan progresivos como afirman ser.

El argumento central de todos ellos es el mismo: la opacidad no protege a los ciudadanos en general. Ayuda, de forma estructuralmente selectiva, a quienes tienen más que ocultar. Un trabajador asalariado no posee activos en el extranjero ni estructuras societarias que el secreto fiscal preserve. Quienes se benefician del blindaje son las grandes fortunas que pagan tipos efectivos muy inferiores a los nominales gracias a deducciones y optimizaciones fiscales legales que el ciudadano medio no puede muchas veces ni llegar a imaginar.

La paradoja española lo ilustra bien. España publica la lista de deudores con Hacienda —lo que debes—, pero no la de contribuyentes —lo que aportas—. Se castiga públicamente al que no paga, pero se protege al que, siendo rico, paga poco o nada mientras lo haga dentro de la legalidad. La lógica cívica queda invertida.

No obstante, no todas las objeciones a la transparencia fiscal son de mala fe. Algunas merecen tomarse en serio. Por ejemplo, los riesgos de seguridad, que son reales en contextos con altas tasas de violencia. Un pequeño empresario en una zona conflictiva o una víctima de violencia de género que ha cambiado de identidad, por citar dos ejemplos que se entienden bien, tienen razones legítimas para no querer que sus ingresos sean públicos. El modelo noruego, con su sistema de identificación obligatoria del consultante, busca mitigar ese riesgo. Pero no lo elimina por completo.

Por otro lado, la estigmatización asociada a las rentas bajas también es un efecto documentado. Se han reportado casos de acoso escolar a hijos de familias con pocos recursos tras consultas a las listas. La intimidad no solo tapa a los ricos; también puede proteger a quienes declaran pérdidas, atraviesan una quiebra o tienen ingresos por debajo de la media.

Hay quien sostiene, además, que la transparencia no garantiza automáticamente la justicia fiscal. Los millonarios noruegos han seguido usando estructuras internacionales para reducir su carga tributaria, estructuras que las listas públicas nacionales no desvelan. La publicidad de los datos domésticos es una condición necesaria, pero no parece haber sido suficiente para mejorar la disciplina fiscal de las clases más acomodadas.

Lo que no es una objeción seria —aunque se presenta como tal— es esgrimir el RGPD europeo como barrera insalvable. Noruega, Suecia y Finlandia son miembros del Espacio Económico Europeo y aplican el reglamento sin problema. El RGPD no prohíbe la transparencia fiscal; permite el tratamiento de datos cuando existe un interés público prevalente. La cuestión es si los tribunales y los legisladores lo reconocen como tal. En los países nórdicos, llevan siglos haciéndolo.

En España, en cambio, el secreto tributario está consagrado en el artículo 95 de la Ley General Tributaria y amparado por una interpretación del artículo 18.1 de la Constitución —el derecho a la intimidad— que los tribunales han extendido a la información fiscal. De acuerdo con ese criterio, la Agencia Tributaria solo puede ceder datos a otras administraciones, a jueces y al propio contribuyente sobre sus propios datos. Nunca al público en general.

Lo llamativo es que ningún partido con representación parlamentaria incluye en su programa el objetivo de la publicación masiva de las declaraciones del IRPF. Ninguno. Sobre esto no es que haya consenso, es que hay unanimidad. Las propuestas fiscales se dirigen a otras materias. La transparencia individual, el modelo en el que cualquier ciudadano puede saber lo que aporta su vecino al bien común, no está en la agenda de nadie.

La única aproximación al debate la protagonizan periodistas de investigación que trabajan con filtraciones —Papeles de Panamá, Pandora Papers— porque el acceso legal es imposible. La transparencia entra por la ventana de los leaks porque la puerta del derecho está cerrada.

En todo caso, la distancia con el modelo nórdico no es solo legal. Es cultural. En España, como en Alemania o en los Países Bajos, hablar de los ingresos propios se percibe como de mal gusto, y conocer los ajenos, como una intromisión. En Noruega, en cambio, basta una gestión sencilla para conocer la renta de cualquier compatriota. Las sociedades nórdicas han construido su contrato social sobre la premisa contraria a la española: los impuestos son un acto público y colectivo, y su visibilidad es garantía de equidad, no una amenaza a la privacidad.

En el caso español, el elefante en la habitación es a quién beneficia exactamente el secreto tributario. La respuesta incómoda es que favorece, de forma desproporcionada, a quienes tienen más recursos para optimizar su contribución fiscal dentro de la ley. El asalariado que tributa por retención no tiene nada que ocultar. El patrimonio estructurado en varias capas societarias, sí.

Es cierto que el modelo nórdico no es exportable sin adaptaciones. Requiere niveles de confianza institucional que no se construyen por decreto, y plantea dilemas reales sobre seguridad y estigmatización que no son menores. Pero la pregunta de fondo que plantea —¿tiene la ciudadanía derecho a saber lo que cada cual aporta al bien común?— es una pregunta política legítima que en España ni siquiera se formulan quienes se presentan a las elecciones.

Mientras arranca la campaña de la renta y millones de contribuyentes abren sus borradores —a buen recaudo de las miradas de extraños—, vale la pena recordar que esa discreción no es un valor universal. En algunos países es, simplemente, una convención.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un videomensaje. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".

El líder israelí acusó a España de difamar a los soldados del Ejército israelí, a raíz de las críticas del Gobierno español a los distintos conflictos en los que el país se ha involucrado, y aseguró que no "permanecerá impasible" ante los ataques.

"Por lo tanto, he ordenado la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya optado repetidamente por oponerse a Israel", añade.

El Ministerio de Exteriores israelí anunció este viernes la decisión, motivada por lo que califican como un "sesgo antiisraelí tan flagrante" del Ejecutivo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Según Exteriores israelí, España ha sido notificada formalmente de la decisión, así como Estados Unidos también fue informado con antelación.

El CMCC es el centro multinacional establecido a finales de noviembre en Kiryat Gat (sur de Israel) para avanzar con el plan de paz promovido por Estados Unidos y de cara a una futura reconstrucción y estabilización de la devastada Franja de Gaza.

Esta medida supone la última escalada en la disputa diplomática entre ambos países, cuyas relaciones se han ido deteriorando a partir de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza, cuya brutalidad (más de 72.000 muertos) ha sido criticada por el Gobierno español.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló este viernes que las descalificaciones de Israel contra España "son una vez más absurdas y calumniosas", refiriéndose a los últimos comentarios del Gobierno israelí, uno de cuyos ministros dijo de Pedro Sánchez que es "un completo y absoluto don nadie".

Albares, en una entrevista en la televisión pública española (TVE), acusó además a Israel de "intentar malograr" la negociación entre EE.UU. e Irán para frenar la guerra, incluso antes de que se sienten mañana en Islamabad, al continuar con los bombardeos en Líbano.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), máximo representante del deporte a nivel mundial, ha abierto un expediente a España por los cánticos racistas e islamófobos vividos en el partido España-Egipto en Cornellà el pasado 31 de marzo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) será investigada por los cánticos de "musulmán el que no bote", proferidos por el público español. Durante el descanso, en el mensaje en el videomarcador del estadio se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

Sin embargo, ni la RFEF ni el árbitro decidieron paralizar el partido amistoso. El presidente de la misma, Rafael Louzán, comentó posteriormente en la COPE que se trata de "un caso aislado". “Salvando eso, ha habido un gran ambiente”, aseguraba.

Eso sí, el colegiado sí recogió los cánticos en el acta, lo que ha hecho que, tras las quejas de la federación egipcia, la FIFA actúe por medio de su Comité Disciplinario. Además de los oponentes, el propio Lamine Yamal se hizo eco del suceso racista en sus redes sociales: "Usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas", dijo en una publicación de Instagram. Tanto la Fiscalía de Odio y Discriminación como los Mossos d'Esquadra también están investigando este suceso.

En 2020, España tenía más ateos y agnósticos que musulmanes. Bastante más: el 26,4% de la población no se identificaba con ninguna religión, frente al 3,6% que era musulmán. Si hubiera que describir la transformación religiosa real de España en la última década, el protagonista no sería el islam. Sería la secularización.

Este dato procede del informe Religious Diversity Around the World, publicado en febrero de 2026 por el Pew Research Center, el centro de investigación demográfica más citado del mundo en materia de religión. El estudio analiza la composición religiosa de 201 países y territorios a partir de más de 2.700 censos y encuestas, y construye un índice que permite comparar el grado de pluralismo religioso entre naciones y regiones. Sus conclusiones sobre España no dejan mucho margen a la ambigüedad: este es un país con una minoría musulmana modesta, en retroceso cristiano acelerado y con un nivel de diversidad religiosa inferior al promedio europeo.

Para ordenar y comparar, Pew utiliza el Índice de Diversidad Religiosa (RDI), una herramienta matemática derivada del índice Herfindahl-Hirschman, habitual en economía para medir la concentración de mercados. Una puntuación cercana a 0 indica que casi toda la población pertenece a un único grupo religioso. Una próxima a 10 refleja una distribución muy equilibrada entre siete categorías: cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, otras religiones y personas sin afiliación religiosa.

España obtuvo en 2020 una puntuación de 5,2, lo que la sitúa en el nivel “moderado” de diversidad. Diez años antes, en 2010, su puntuación era de 4,0. El salto es real, pero su causa principal no es el crecimiento del islam sino la desafiliación religiosa masiva entre la población tradicionalmente cristiana.

La comparación dentro de Europa es donde el contraste se hace más nítido. El continente en su conjunto registra un RDI de 5,6, clasificado como diversidad ”alta”. España, con su 5,2, no alcanza ese umbral. Está por debajo de la media.

Los países europeos con mayor diversidad religiosa son también aquellos con minorías más numerosas y mejor distribuidas: Francia alcanza un RDI de 6,9, el Reino Unido llega igualmente a 6,9, Suecia a 6,3, Alemania a 6,4, Suiza a 6,1 y Bélgica a 6,8. Todos clasificados como diversidad “alta”. España, con su 5,2, no comparte esa categoría.

El desglose de población musulmana confirma la misma imagen. Francia tenía en 2020 un 9,1% de musulmanes. El Reino Unido, un 6,4%. Alemania, un 6,5%. Suecia, un 8,1%. Austria, un 8,3%. Bélgica, un 6,8%. España, con su 3,6%, estaba por debajo de todos ellos, y en algunos casos la diferencia no es marginal: Francia tenía más del doble de proporción de población musulmana que España. Suecia, más del doble también. Austria, más del doble.

Para encontrar países europeos con proporciones similares a las de España hay que mirar hacia el sur y el este del continente: Italia tenía un 4,4%, Grecia un 5,1%, Portugal un 0,4%. España ocupa, en el mapa europeo, una posición intermedia-baja en lo que a presencia musulmana se refiere.

Hay un ángulo que los relatos del pánico demográfico eluden sistemáticamente. El principal cambio en la composición religiosa española entre 2010 y 2020 no fue el crecimiento del islam, sino el retroceso del cristianismo y la expansión de la desafiliación religiosa.

En una sola década, la proporción de cristianos en España bajó del 78,6% al 69,5%: nueve puntos porcentuales. En el mismo período, las personas sin religión pasaron del 19% al 26,4%, un crecimiento de más de siete puntos. El islam creció del 2,1% al 3,6%, un aumento de un punto y medio. Los titulares sobre el cambio religioso en España deberían hablar de laicización, no de islamización.

Este patrón se repite en toda Europa occidental con variaciones de grado. El informe de Pew documenta que los cambios más significativos en el RDI de alrededor de dos docenas de países entre 2010 y 2020 se debieron fundamentalmente a la desafiliación cristiana. En Estados Unidos, el mayor país cristiano del mundo por número de fieles, la proporción de cristianos cayó catorce puntos en una década, del 78% al 64%, mientras que los sin religión pasaron del 16% al 30%. El país no se islamizó. Se secularizó.

Un informe anterior del mismo Pew Research Center, publicado en 2017 y dedicado específicamente al crecimiento de la población musulmana en Europa, ofrecía proyecciones hasta 2050 bajo tres escenarios distintos en función de los flujos migratorios.

En el escenario de cero migración —suponiendo que toda inmigración cesase de forma inmediata y permanente—, la población musulmana en España crecería del 2,6% de 2016 al 4,6% en 2050, impulsada únicamente por la mayor fecundidad relativa y la menor edad media de esa población. En el escenario de migración media —continuación de flujos regulares sin el componente de refugiados—, el porcentaje llegaría al 6,8%. En el escenario alto, el más extremo y que el propio informe calificaba de poco realista para España dado su perfil migratorio histórico, alcanzaría el 7,2%. Dentro de 24 años.

El contexto de esas cifras importa tanto como las cifras mismas. España es un destino de migración regular procedente principalmente de Marruecos, no un receptor masivo de refugiados como sí lo fueron Alemania o Suecia durante la crisis de 2014-2016. Esa diferencia en el perfil migratorio explica por qué las proyecciones españolas son las más moderadas de Europa occidental. En el escenario alto para Suecia, la proporción de musulmanes podría superar el 30% en 2050. Para España, no llega al 8% ni en el peor de los casos.

Dicho de otro modo: en 2050, incluso en el escenario más elevado de las proyecciones, España tendría una proporción de musulmanes inferior a la que Francia, el Reino Unido o Alemania tenían ya en 2020.

Habrá quien considere desactualizadas las cifras del Pew y sus previsiones. Según el Barómetro sobre Religión y Creencias en España (BREC) 2025, elaborado por un equipo académico coordinado por Eugenia Relaño Pastor y publicado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, las confesiones no católicas, incluyendo la musulmana junto al resto de minorías religiosas, no superan en 2025 el 8% de la población adulta, frente a una mayoría relativa que sigue declarándose católica y a un 42% que se sitúa ya fuera de cualquier adscripción religiosa.

No es el único estudio que apunta en esa dirección. En la nota de coyuntura social de Funcas titulada Poco más de la mitad de los españoles se reconoce como católico (junio de 2025), elaborada por el Área Social de Funcas, se señala que las religiones no cristianas —principalmente el islam— han crecido en la población residente en España, pasando del 1% al 3% entre 2002 y 2024 según la Encuesta Social Europea.

Pero este aumento se inscribe en un contexto en el que el espacio dejado por el catolicismo no ha sido ocupado sobre todo por otras confesiones, sino por personas que se declaran indiferentes, agnósticas o ateas. El informe subraya que, pese a la incorporación de población de origen extranjero que podría haber impulsado otras religiones, el cambio más cuantitativamente relevante es el incremento de quienes no se identifican con ninguna religión, del 22% en 2002 al 42% en 2024, lo que supone una transformación sustancial del panorama religioso en España.

La teoría del gran reemplazo, popularizada por el escritor francés Renaud Camus a partir de 2011 y adoptada posteriormente por partidos y movimientos de extrema derecha en toda Europa, incluido Vox, sostiene que las poblaciones autóctonas occidentales están siendo reemplazadas deliberadamente por poblaciones inmigrantes de mayoría musulmana. Es una narrativa que ha inspirado atentados terroristas —en Christchurch, en Quebec o en Londres— y que ha ido ganando terreno en el discurso político convencional de varios países europeos, España incluida.

Su eficacia persuasiva no descansa en los datos, sino en su capacidad de generar inquietud ante cambios demográficos reales, pero mucho más modestos de lo que el relato sugiere. La presencia musulmana en España es un hecho documentado y ha crecido en las últimas décadas, igual que ha crecido el número de personas de otras confesiones y de ninguna. Eso es lo que hacen las sociedades abiertas: diversificarse. Pero la distancia entre ese proceso —gradual, documentable, comparable con el de cualquier democracia europea— y la narrativa de la sustitución deliberada es la distancia que separa un hecho de una conspiración.

Los datos del Pew Research Center no hacen política. Miden distribuciones, proporciones, índices. Y lo que miden para España en 2020 es un país con mayoría cristiana en retroceso acelerado, un sector laico en expansión, una minoría musulmana por debajo de la media europea y un nivel de diversidad religiosa moderado. Nada en esas cifras sostiene el relato del gran reemplazo.

"España dice que no tiene religión oficial, pero luego la realidad aparece vestida de nazareno y con políticos fingiendo que hacen penitencia"

En plena Semana Santa llega Elena Reinés para poner sobre la mesa la relación iglesia-Estado y un tema que ha estado 'calentito' en las últimas semanas: la exclusión de las mujeres en una cofradía de Sagunto. Y se pregunta: "Si España es aconfesional…¿por qué cuando una institución vinculada a la Iglesia excluye a mujeres, el Estado puede retirar una medalla turística…pero no se atreve a tocarles el bolsillo?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado con contundencia los incidentes ocurridos este martes en Cornellà, que ha calificado de “inaceptables”. A través de un mensaje en redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que “no deben repetirse” y ha defendido la imagen de España como “un país plural y tolerante”, frente a lo que considera el comportamiento de “una minoría incívica”.

Sánchez ha trasladado además su “apoyo” a los deportistas afectados por lo sucedido y ha aplaudido a quienes, “con su respeto”, contribuyen a reforzar los valores de convivencia tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

Este episodio ha provocado también una reacción unánime y contundente en todo el Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha ido más allá al advertir de que “quienes hoy callan serán cómplices”, insistiendo en la necesidad de seguir trabajando por una sociedad “tolerante y respetuosa con todos”. En la misma línea, la directora general de Igualdad de Trato, Beatriz Carrillo, ha solicitado a la Fiscalía que investigue si los cánticos pueden constituir un delito de odio.

A su véz el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha condenado “con la máxima firmeza” unos hechos que considera “absolutamente inaceptables” y alejados de la mayoría de la afición. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado directamente a “grupos ultras jaleados por la política ultra” y ha reiterado que “el odio y el racismo no tienen cabida en el deporte ni en nuestra vida”, advirtiendo de nuevo de que “quien calla es cómplice”.

Fuera del Ejecutivo, las reacciones también han sido mayoritariamente de condena. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado de “lamentable y condenable” lo ocurrido en las gradas, en una línea compartida por formaciones como ERC o Podemos.

Distinta ha sido la posición de Vox. Su secretario general, Ignacio Garriga, ha evitado censurar directamente los hechos y ha enmarcado su respuesta en un discurso centrado en la inmigración y la seguridad, con una enumeración de críticas que no aludían de forma explícita a los cánticos registrados en el estadio.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha atribuido los cánticos islamófobos y xenófobos a la “agenda españolizadora del PSC”, señalando así una lectura política de lo sucedido en el RCDE Stadium de Cornellà.

El rechazo a lo sucedido en Cornellà también se ha extendido más allá del ámbito político, con pronunciamientos desde el tejido social y deportivo. La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña ha expresado su “más firme indignación” y ha reclamado medidas “para prevenir y sancionar” este tipo de conductas. En un comunicado, la entidad ha instado a las fuerzas de seguridad a identificar a los responsables y ha pedido a autoridades y organismos deportivos una “condena firme” que evite cualquier banalización de los hechos.

Por su parte, el RCD Espanyol ha condenado “enérgicamente” los comportamientos racistas, al tiempo que ha considerado “injusto” que se señale de forma generalizada a su afición.

En el plano internacional, la Egyptian Football Association ha lamentado lo ocurrido, aunque ha subrayado que estos incidentes “no afectarán en absoluto a las sólidas relaciones” entre ambas selecciones.

A las condenas institucionales y sociales se han sumado también voces del ámbito deportivo. El delantero del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, ha calificado los cánticos como “una falta de respeto intolerable” y ha tildado a sus responsables de “ignorantes y racistas”. El jugador, que se ha pronunciado en redes sociales, ha recordado su condición de musulmán y ha subrayado que, aunque los insultos no fueran dirigidos personalmente contra él, “no dejan de ser algo intolerable”.

En la misma línea, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha definido lo ocurrido como un “bochorno colectivo intolerable” que no representa los valores del deporte. Además, ha señalado la contradicción de que algunos de los autores de los cánticos racistas ovacionaran posteriormente al propio Yamal, evidenciando —a su juicio— la incoherencia de ese comportamiento.