Praxair –ahora Nippon–, una de las compañías de gases industriales que están siendo investigadas en el llamado caso Montoro, hizo llegar a Equipo Económico una cláusula anticorrupción por la que el despacho se comprometía a no "ofrecer o pagar" ninguna "gratificación" para "inducir" a cualquier persona o entidad, pública o privada, a "celebrar, aplicar o cumplir" cualquier "contrato o compromiso" suscrito con la gasista. El envío de la misma, acompañada de un formulario que Equipo Económico devolvió cumplimentado, se produjo a mediados de 2015, pocos meses después de que el sector gasista consiguiese, con la mediación del despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que el Gobierno aprobase una beneficiosa bonificación fiscal que llevaba tiempo buscando.

El instructor del caso, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos, requirió a finales de enero a las gasistas investigadas que aportasen la documentación que acreditara la prestación de servicios por los que pagaron al despacho, las comunicaciones mantenidas con órganos del Ministerio de Hacienda o la normativa interna de pago a proveedores. Mes y medio después, todas ellas ya habían respondido. La mayoría, según los escritos a los que ha accedido infoLibre, en la misma dirección: alegando que las relaciones con Equipo Económico y Hacienda se canalizaron desde la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, la patronal del sector.

Uno de esos escritos fue remitido a comienzos de marzo por Nippon Gases España, marca bajo la que empezó a funcionar Praxair España tras su adquisición por el grupo japonés Taiyo Nippon Sanso. Y en él, la compañía trata de poner en valor su política anticorrupción, cuya existencia y funcionamiento puede ser determinante a la hora de exonerar a la mercantil de responsabilidad penal por los delitos cometidos en su beneficio. Así, relata que antes incluso de que con la reforma del Código Penal de 2015 se reforzase y concretase el deber de control de las compañías, Praxair ya había introducido –en 2014– un "procedimiento de homologación de proveedores" que alineaba su "normativa interna" con la legislación estadounidense en materia de anticorrupción y relaciones con empleados públicos –Foreign Corrupt Practices Act–.

A raíz de esto, la gasista puso en marcha un "proceso de re-homologación". Y el 2 de junio de 2015, remitió por correo certificado una carta a Equipo Económico, que acompañó de una cláusula anticorrupción y de un formulario que se enviaba a todos aquellos proveedores que pudieran tener relación con la Administración Pública. "En aplicación de nuestro programa de cumplimiento normativo, hemos tomado una serie de iniciativas encaminadas a asegurar la transparencia en las relaciones comerciales de Praxair y a reforzar nuestro compromiso con la ética empresarial e integridad en los negocios", rezaba la misiva, en la que relacionaba ese movimiento con la dureza de la legislación americana en esa materia –entonces, Praxair pertenecía a un grupo de empresas de capital estadounidense–.

La cláusula anticorrupción rezaba que el despacho se abstendría "de ofrecer o pagar gratificación alguna" para "inducir a cualquier persona o entidad, pública o privada, a celebrar, aplicar o cumplir cualquier término o condición de cualquier contrato o compromiso" suscrito con la compañía gasista. O que durante "la vigencia" del contrato con la compañía ninguno de sus "socios, directivos, administradores o empleados" tendría la condición de funcionario de la Administración Pública. Del mismo modo, recogía el compromiso de no ofrecer, pagar o entregar "ningún pago o donación" de cualquier "cantidad pecuniaria u objetos de valor" a funcionarios "para influir" en actos relativos al contrato. Y en caso de incumplimiento, la obligación de resarcir y mantener "indemne" a Praxair "frente a cualquier reclamación, pérdida, daños, gastos y obligaciones".

Junto a eso, la gasista remitió un formulario que el despacho vinculado a Montoro devolvió cumplimentado y firmado el 17 de septiembre de 2015. En él, se identifica a Francisco Piedras y Manuel de Vicente-Tutor como socios directores y se deja constancia de que ambos son inspectores de Hacienda en excedencia desde 2006. También se describen los servicios que ofrece la compañía –"asesoramiento a empresas en materia de carácter económico, financiero, fiscal y jurídico-regulatorio"–, el número de clientes que tiene o la relación con la gasista. Y niega estar imputado, haber sido condenado penalmente o estar inhabilitado para prestar servicios a la Administración Pública. Eso sí, reconoce haber sido citado en medios de forma negativa en los últimos tres años.

Praxair, en su escrito, expone que en ningún momento miró hacia otro lado. "La diligencia debida de mi representada no se limitó a solicitar la documentación requerida por la política a Equipo Económico, sino que incluyó también una investigación de los administradores de este proveedor para confirmar que no incluían personas que fueran empleados públicos", resaltan. La acreditación de la existencia de mecanismos internos de control es clave en aquellos casos que afectan a empresas. Así, el artículo 31 bis del Código Penal establece la exención de responsabilidad de la persona jurídica cuando el órgano de administración de la misma hubiera "adoptado y ejecutado con eficacia" antes de la comisión del delito "modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos".

Apenas unos meses antes de aquello, sin embargo, el sector ya había conseguido, con la mediación del despacho, la tan ansiada reforma del Impuesto Especial sobre la Electricidad, cambio normativo que ampliaba el beneficio fiscal de las empresas gasistas. Una rebaja impositiva que unos años después ampliarían, de nuevo con la ayuda del despacho vinculado al exministro de Hacienda, también al Impuesto de Actividades Económicas. Tanto una como otra modificación normativa se encuentran bajo la lupa judicial. Entre 2011 y 2020, según un informe reciente de la Agencia Tributaria, las empresas investigadas pagaron a Equipo Económico 991.613,76 euros, abonos realizados "al ritmo de los hitos" producidos para la obtención del "beneficio fiscal".

El caso Montoro se queda, por el momento, en suelo catalán. El magistrado 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona, Rubén Rus, desestima la declinatoria de competencia promovida por varias de las defensas y rechaza enviar la causa a Madrid. En una resolución a la que ha tenido acceso infoLibre, el instructor sostiene que parte de los hechos objeto de investigación se han producido en la provincia catalana. "En el presente caso, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las presentes actuaciones", sostiene el juez, que niega tener un "especial interés" en la investigación, que afecta, entre otros, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios ex altos cargos de dicha cartera.

Las defensas de los investigados llevan meses ralentizando con un maremoto de escritos y recursos la causa, centrada en una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo. Entre otras cuestiones, varias de las defensas alegaban una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", lanzaba uno de los escritos.

El instructor, sin embargo, rechaza deshacerse del caso. En un auto fechado el pasado 16 de abril, el magistrado sostiene que es en la ciudad catalana "donde aparecen los primeros indicios de delito". "El hallazgo casual, origen de la presente causa, lo encontramos en unos correos electrónicos, obtenidos en el registro llevado a cabo en la empresa Messer, con sede en el partido judicial de Tarragona", completa. Dichos emails fueron obtenidos en la cuenta corporativa del director técnico, Rubén Folgado, y se dirigían, entre otros, al director general, Karl Hauck, ambos con puesto de trabajo ubicado en esa misma ciudad.

De la lectura de los mismos "se desprende" que varias empresas del sector gasista "pretenden obtener una rebaja impositiva" a través de la modificación de la Ley de Impuestos Especiales. Y que, no habiendo obtenido la rebaja deseada, deciden "contratar a una nueva empresa", Equipo Económico, con "acceso directo" al Ministerio de Hacienda. "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro", recoge uno de los emails.

Tras el éxito de "esa primera relación" entre las gasistas y el despacho, se produjo un "segundo encargo" encaminado a una "modificación legislativa" en el Impuesto de Actividades Económicas, mostrándose de nuevo el director técnico y el general de Messer "proactivos" en la contratación de Equipo Económico. "Por tanto, desde Tarragona se contrata a Equipo Económico y desde Tarragona se hace un pago a Equipo Económico, ya que el pago, a pesar de que se realiza por medio de AFGIM –la patronal–, se fracciona entre todas las gasistas, por lo que Messer, desde Tarragona, realiza su parte del pago", apunta el instructor.

El juez explica que los hechos descritos pueden subsumirse en un delito de tráfico de influencias, prevaricación o cohecho, delitos que, en el caso de la gasista citada, se cometerían desde la ciudad catalana. "Por último, no debemos olvidar el impacto económico que tanto la reforma del IE como la reforma del IAE produjeron en las arcas de Tarragona y de las localidades, también de este partido judicial, en las que se encuentran plantas afectadas por dichas reformas", sentencia auto, en el que se resalta que no se ha actuado "porque se tenga un especial interés en conocer el asunto", sino que se ha hecho "en cumplimiento de las normas legales y de reparto que resultan aplicables".

La Fiscalía Anticorrupción continúa con la ímproba tarea de dar respuesta al aluvión de escritos que sepultan desde hace meses el conocido como caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos. En un nuevo escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, la fiscala Carmen García Cerdá elogia la "exquisita" instrucción de la causa. Y advierte del atasco de la misma por los "ingentes" recursos y alegaciones que los investigados se han encargado de presentar de forma "escalonada". "Todo ello está ralentizando la elevación de los recursos a la Sala", sentencia.

Los detalles de la investigación alrededor del despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por Montoro, que ahora opera bajo el nombre de Global Afteli, comenzaron a conocerse el pasado verano, cuando el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona alzó un secreto de sumario que se había prolongado durante siete años. Desde entonces, la instrucción ha entrado en una suerte de fase de letargo. El magistrado Rubén Rus ha ido concediendo plazos para que la enorme cantidad de partes personadas –hay una treintena de investigados y una decena de acusaciones populares– pudieran estudiarse bien la causa e impugnar las decisiones que considerasen. y recurrir las decisiones que considerasen.

La cascada de recursos para tratar de tumbar la causa ha sido monumental. Las defensas buscan la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso, alegando una supuesta indefensión. Disparan, por ejemplo, contra el mantenimiento del secreto de las actuaciones. O alegan una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", se exponía, por ejemplo, en uno de ellos.

La Fiscalía Anticorrupción ha ido respondiendo, poco a poco, a todos ellos. En total, ha emitido desde el pasado verano cerca de una decena de escritos rebatiendo los argumentos del ejército legal que acompaña a los investigados. Uno de los últimos está fechado el pasado 16 de febrero. En él, la fiscala pone el foco, precisamente, en la "estrategia" seguida por las defensas para "anular" la "exquisita instrucción realizada". "Están sirviéndose (...) no solo de los recursos de reforma y apelación, sino también del escrito de adhesión, esta vez incluso adhesión a otra adhesión, para replicar lo argumentado por el Ministerio Fiscal y otras acusaciones contestando a sus recursos de reforma y apelación", expone.

Dichas "estrategias" de presentación "de forma escalonada" de recursos y escritos de adhesión a los mismos incidiendo en las "peticiones de nulidad" pero con "argumentos distintos" demuestran lo acertadas que fueron las resoluciones del instructor acordando el secreto de las actuaciones. "Si no se hubiese adoptado, lo que está ocurriendo en este momento procesal es lo que nos hubiésemos encontrado en la fase inicial de investigación de los hechos y determinación de las personas intervinientes. No hubiese sido posible realizar ninguna investigación, no se hubiese podido avanzar en la instrucción", asevera.

Todo ello, señala la fiscala, está "ralentizando" la "elevación definitiva" a la Sala de los recursos, de cuya resolución por parte de la Audiencia de Tarragona depende la continuidad de una investigación que acaba de ser prorrogada hasta finales de julio. Al fin y al cabo, completa el escrito, "debe existir unidad de pronunciamiento en sus resoluciones". Entre las apelaciones, a Anticorrupción le resulta "llamativa", por ejemplo, la que va en contra del auto que encomendaba a Mossos d'Esquadra y Guardia Civil la práctica de determinadas diligencias de investigación, "buscando" que el primero de los cuerpos "no investigue".

El Ministerio Público también recoge en su escrito otros obstáculos con los que se ha topado la investigación. Recuerda, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria "no atendieron en todos sus términos el requerimiento judicial de entrega de correos corporativos, que tuvo que reiterarse, lo que dilató el comienzo de su examen". "También el análisis de cuentas bancarias evidencia que la documentación interesada ha sido aportada incompleta, requiriendo que se haga una nueva petición a entidades crediticias, respecto de las que se ha conocido que algunas realizaron pagos al despacho investigado", continúa la fiscala.

A esto ya se hizo alusión en el último informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa, en el que se cifraba en un millón de euros la cantidad que Equipo Económico habría cobrado entre 2011 y 2020 de las empresas gasistas, camuflados en parte como "prima de éxito". Aquel documento, fechado a finales de enero, señalaba: "En el tratamiento preliminar de los datos contenidos en los archivos facilitados a esta unidad el 21/07/2025 se observan 'carencias' que limitan el alcance del presente informe".

Tras esto, Anticorrupción vuelve a poner el foco en los investigados: "Desde el levantamiento del secreto, las partes no han pedido ninguna diligencia, llevan meses sin aportar nada a la causa. Es decir, que ahora que es cuando toca hacerlo, no lo hacen. Esto demuestra que no se les ha causado ninguna indefensión". Mismo argumento que la fiscala utilizó, tres días después, en otro escrito, adelantado el pasado jueves por este diario. En él, García Cerdá también cargaba contra las maniobras de los investigados para "cargarse la investigación" del caso que persigue al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, uno de los fundadores de Equipo Económico.

El caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo, avanza lentamente entre una montaña de recursos y respuestas de las partes personadas. Entre ellas, la Fiscalía Anticorrupción, que en uno de sus últimos escritos, al que ha tenido acceso infoLibre, critica las maniobras de los investigados para torpedear la investigación y la falta de movimientos desde que se levantó el secreto de sumario. "Han transcurrido más de siete meses y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación", expone.

El Ministerio Público lleva meses dando respuesta a la multitud de recursos interpuestos por los investigados contra el auto de 2 de agosto del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona declarando el secreto de la causa y los sucesivos que lo prorrogaron, así como a "los escritos de adhesiones y las adhesiones a las adhesiones, que incorporaban nueva documentación". Apelaciones en las que, en síntesis, los investigados alegaban falta de motivación y, por ende, causación de indefensión a las que, aún a día de hoy, siguen contestando. Así acaba de hacer la fiscala Carmen García Cerdá en varios escritos fechados el pasado mes de febrero, en los que defiende la legalidad del manto de silencio que durante siete años se desplegó sobre toda la causa.

Uno de ellos, al que ha accedido este diario, da respuesta al recurso de apelación interpuesto por Carlos Romero, quien fuera secretario general de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), y Covadonga Gómez, trabajadora de Equipo Económico. En él, la fiscala explica que el secreto resulta necesario para prevenir una situación que pueda "comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso". Algo que viene reconociendo el propio Tribunal Constitucional, que confirma la utilidad del mismo cuando "el conocimiento e intervención del acusado" en las actuaciones judiciales "pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación".

"Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece que se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes para cargarse la investigación", apunta Anticorrupción. Habla de los intentos de "impedir" la actuación de los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial, de la interposición de "recursos masivos pidiendo la nulidad por indefensión, sin concretar cual sea ésta", de la impugnación de la incorporación de informes de análisis del equipo multidisciplinar o de los intentos de cerrar la causa "oponiéndose a la prórroga de la instrucción" cuando ni siquiera se ha tomado declaración a los investigados.

"Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba", apunta el escrito. Y continúa: "Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna".

La fiscala señala que se dan "todas las circunstancias" que "legitiman" la declaración de secreto y que la argumentación contenida en los autos recurridos era "más que suficiente". Además, insiste en que en ningún momento se ha privado a las partes de "ningún medio de defensa". "Los recurrentes no son capaces de señalar qué indefensión les ha producido la declaración de secreto", apunta. Es más, continúa el escrito, ni siquiera concretan "qué diligencias habría pedido" que el secreto "haya impedido su práctica".

Un informe de Hacienda cifra en casi un millón de euros la cantidad que Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, cobró entre 2011 y 2020 de empresas gasísticas, camuflados en parte como "prima de éxito", coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.

Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso EFE, que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.

Hacienda pide en su informe al juez que requiera más informaciones sobre cuentas vinculadas a Montoro, los socios de su despacho y sus cónyuges, pero, con la información que ya tiene en su poder, sostiene que los pagos a Equipo Económico vinculados a las reformas legislativas que beneficiaban a las gasísticas ascenderían a 991.613 euros.

Esos pagos de las gasísticas, según Hacienda, "se producirían coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales".

El informe advierte también de que no pueden descartarse otras "transferencias adicionales a las localizadas", que puedan estar "veladas" tras cheques y facturas que no han podido ser analizados.

Según el informe, de más de 250 páginas, los pagos de las empresas estarían "fragmentados", no solo respecto a su pagador e importe, sino también en distintas cuentas bancarias y sociedades "por las que trasiegan dichos fondos para desembocar, entre otros, en consumos o utilidades" de socios del despacho, personas y cuentas bancarias o activos de los que no se ha podido hallar información.

Esa fragmentación de pagos, mantiene Hacienda, "sería indiciariamente instada por el despacho investigado" y presuntamente se diferían "bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar a los mismos de su origen temporal".

A raíz del análisis de los correos y las actas del despacho intervenidas en la causa, las gasísticas investigadas eran "conscientes, pagaban y se vanagloriaban muchos antes" de obtener lo pactado.

El informe detalla también pagos fragmentados, "al albur de facturas que formal e indiciariamente permitirían frente a terceros justificar y desligar dichos fondos contaminados de su verdadera causa".

De hecho, el informe señala casos en los que en las cuentas bancarias controladas por los socios del despacho, exsocios, cónyuges y sus sociedades, los fondos se destinarían a "mínimos consumos" para ser después agrupados y transferidos a "otras cuentas desconocidas, bajo conceptos bancarios genéricos o que impiden la identificación de los destinatarios".

Por ese motivo, la Agencia Tributaria plantea al juez que emita un nuevo mandamiento o requerimiento a las entidades bancarias para solicitar esos datos "de forma ampliada, con el máximo detalle del que se disponga sobre el origen y destino de los fondos". 

El caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos, deberá enfrentarse en los próximos meses a una gran prueba de fuego: la resolución de la montaña de recursos interpuestos por las defensas. Es un examen clave del que depende la continuidad de la causa. Al fin y al cabo, el objetivo principal de los investigados es la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso. Una batalla para la que cuentan con un ejército legal de primer nivel, del que forman parte grandes bufetes y reconocidos abogados que, en algunos casos, hicieron carrera en la judicatura o la Fiscalía.

En los últimos meses, los imputados han interpuesto más de una veintena de recursos y escritos. En ellos, se alega una supuesta indefensión. Cargan contra la decisión del instructor de mantener durante siete años el secreto de sumario. O hablan de una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del juez que investiga al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser en la capital donde se encuentra Equipo Económico –ahora Global Afteli–, el despacho que se encuentra en el epicentro de la trama, o el Ministerio de Hacienda. "La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona ha contaminado todo el proceso", apuntaba un escrito de Global Afteli y Manuel de Vicente Tutor, uno de los principales investigados.

Ambos aparecen representados por José Antonio Choclán, un reputado penalista que tras cambiar la toga de magistrado –llegó a ejercer en la Audiencia Nacional– por la de letrado ha estado presente en algunos de los casos más mediáticos. En Gürtel, por ejemplo, defendió durante un tiempo a Francisco Correa. En Púnica, al empresario David Marjaliza. También ha tenido entre sus clientes a la exalcaldesa de València Rita Barberá, al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, al futbolista Cristiano Ronaldo, al entrenador José Mourinho y, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias. Su despacho también ha asumido la defensa de Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria.

No es el único exmagistrado entre las defensas. Los escritos incorporados al sumario de quien fuera subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, aparecen firmados por Adolfo Prego de Oliver, que en el pasado ha ejercido como letrado, por ejemplo, de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Antes de dar el salto a la abogacía, fue durante más de una década magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde fue el ponente de la admisión de la primera querella contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Y durante casi siete años, de noviembre de 2001 a septiembre de 2008, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.

En el bloque defensor hay otros juristas que decidieron en su día dar el salto de lo público a lo privado. Al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro lo representa Javier Gómez-Ferrer Senent, abogado del Estado en excedencia. Igual que Carlos Luis Rubio, quien firma los escritos de Equipo Económico. Este último es socio director de Cortés Abogados, un bufete en el que también ejerce Daniel Campos, fiscal en excedencia –desempeñó su labor en Antidroga o Anticorrupción y llegó a ser coordinador de Delincuencia Económica en la Fiscalía de la Audiencia Nacional– que representa a otros dos socios del despacho que se encuentra en el centro de la trama.

En el Ministerio Público también hizo carrera en su día Enrique Remón, uno de los letrados que firmaba en noviembre los escritos de los hermanos Menéndez Menéndez: Rogelio, exasesor del Gabinete del ministro de Hacienda, y Santiago, ex director general de la Agencia Tributaria. O Jesús Santos Alonso, quien hiciera lo propio en nombre de los tres investigados vinculados a la gasista Air Liquide. El letrado del caro bufete Baker & Mackenzie, quien ha ejercido durante mucho tiempo la defensa del PP en los tribunales y que cuenta con una lista de clientes VIP –desde el expresidente del BBVA Francisco Martínez hasta el futbolista Neymar–, fue en su día teniente fiscal de la Audiencia Nacional.

También el exfiscal Anticorrupción Carlos Sáiz, quien lleva la defensa del ex director general de Tributos Diego Martín-Abril. En su caso, lo hace desde el despacho Gómez-Acebo & Pombo. Con una facturación en 2024 superior a los 100 millones, según Expansión, no es el único gran bufete al que han recurrido los investigados. También está Uría Menéndez y Ontier, cuyo abogado Alfonso Trallero, quien ha tenido entre sus clientes al extesorero del PP Luis Bárcenas, representa a otros dos investigados. O Pérez-Llorca, quien lleva a la gasista Abelló Linde y todos sus imputados.

Y también Cuatrecasas, el segundo bufete con mayor cifra de negocios y a quien, según una reciente investigación realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC), utilizó el Gobierno de Israel para influir en reformas legislativas y procesos penales.

Me pilla el final de la semana fuera de la burbuja de la M-30 madrileña, lo cual se agradece en estos tiempos en los que cada mañana amanece con la caldera informativa a punto de explotar y la desinformativa provocando explosiones cada cuarto de hora. A seiscientos kilómetros de la capital las conversaciones son diferentes, y nadie parece estar ansioso de cortar la cabeza a alguien de inmediato, por lo que sea. El sentido común plurinacional parece coincidir en que tanto el accidente de Adamuz como el caos que se viene viviendo en las Rodalies catalanas merecen una profunda investigación, una exigencia de responsabilidades políticas cuando proceda y una inversión rigurosa que evite catástrofes y ayude a recuperar la confianza perdida en redes de transporte fundamentales. Hágase (sin alharacas, y sin ofender a la inteligencia intentando comparar la gestión del ministro Puente –que estaba allí– con la del ínclito Mazón en la dana –que estaba donde ni él ni Feijóo quieren acordarse–). Así que repaso notas de la semana y elijo dos asuntos distintos –aunque con una línea de puntos que los conecta– y sobre los que me atrevo a escribir unos apuntes, por si a alguien interesan.

1.- El académico y superventas Arturo Pérez-Reverte suspende las jornadas que había convocado (pagadas por Cajasol) sobre la Guerra Civil porque dice que ha habido presiones de “grupos de ultraizquierda” para que algunas y algunos de los ponentes previstos se retirasen del panel. Todo empezó el domingo, cuando David Uclés, autor de La península de las casas vacías y flamante Premio Nadal, anunció que renunciaba a asistir porque no quería compartir cartel con José María Aznar o con el ex secretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros para hablar bajo un enunciado común que rezaba así: 1936: La guerra que todos perdimos. Alegaba Uclés que nadie le informó de ese enunciado ni de otros nombres que predicarían junto a él; que el título correcto habría sido en todo caso La guerra que sufrimos todos, y que no estaba dispuesto a compartir cartel con esos nombres citados, que no se han cansado de poner “zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad democrática y empática”. Al ‘boicot’ de Uclés se fueron sumando Antonio Maíllo, Carmen Calvo y otros participantes anunciados que coincidían en la valoración del escritor ubetense.

Empezó Pérez-Reverte culpando a “la imprenta” de haberse comido las interrogaciones en el titular de las jornadas, que habría sido 1936: ¿La guerra que todos perdimos? No cuela. Y lo sabe perfectamente el experiodista. Nadie publicita un cartel sin que sus organizadores (y patrocinadores) lo aprueben y corrijan como les venga en gana. Primera mentira, más allá de que la colocación de dos interrogantes no hace sino corroborar precisamente el segundo argumento de Uclés para no acudir: la “equidistancia” ante la salvajada de un golpe de Estado que derivó en una guerra incivil que tuvo ganadores –bien arropados por los fascismos europeos que utilizaron España como laboratorio de la Segunda Guerra Mundial– y perdedores, que no fueron/fuimos todos, sino solo los republicanos o simplemente demócratas. Y terminó el inventor del capitán Alatriste (y de muchas más cosas) culpando a “grupos de ultraizquierda” –en referencia a Podemos– de haber coaccionado a los ponentes para retirarse del panel. Hay que zamparse muchos hongos de esos alucinógenos para imaginar que Uclés o Carmen Calvo o Maíllo pueden actuar influenciados por lo que diga o no diga Podemos sobre los debates a los que acuden.

Lo interesante de lo ocurrido es a mi juicio el tsunami de reacciones febriles que se ha producido desde las filas presuntamente “liberales” de la derecha española. Me refiero al tropel de nombres de la cultura y el periodismo que un día andaban cercanos al PSOE o a la órbita de Prisa bajo el cebrianato, después merodearon o incluso encabezaron movimientos supuestamente “regeneradores” como los de Albert Rivera o Rosa Díez (que en paz política descansen) y finalmente lanzan sus homilías desde lugares tan rigurosos y fiables como The Objective. Eso sí: siempre envueltos en la bandera de un liberalismo que fabrica un odio antisanchista furibundo al tiempo que se escuda en la equidistancia –como bien denuncia Uclés– cuando se trata de asuntos espinosos para cualquiera que se considere demócrata. Son equidistantes selectivos. La Guerra Civil surgió como por esporas después de un régimen republicano corrupto, violento, anticlerical, etc, etc. Un conflicto “entre hermanos” que un día se cabrearon tanto que se liaron a balazos. De modo que estos días das una patada y salen doscientas columnas de opinión en el citado pseudomedio, en ABC, en El Mundo, en El Confidencial o en La Razón dando lecciones de liberalismo e indignándose porque hay rojos peligrosos y sectarios que no aceptan debatir opiniones diferentes. 

No quieren entenderlo porque no les interesa. La derecha presuntamente liberal en España no termina de asumir lo que es obvio para cualquier demócrata –sea azul o rojo o verde– europeo: para ser demócrata hay que ser antifascista. Son cualidades que no sobreviven la una sin la otra por mucho que una de ellas se disfrace. La guerra ‘española’ surgió por un golpe de Estado y sus autores fueron responsables de una guerra incivil sangrienta y de casi cuatro décadas de dictadura también sangrienta. Y en estos tiempos de resurrección alarmante de los fascismos –arropados y alimentados por tecnomillonarios con nombres y apellidos– conviene que cada cual se retrate y que desde las filas de los demócratas retratemos a los embaucadores que se escudan en el falsario prestigio de la equidistancia. Por mucho que intenten apropiarse de nombres relevantes de la cultura o el periodismo de los años treinta y siguientes. (Recuerdo los cabreos de nuestra añorada Almudena Grandes cada vez que alguien osaba ubicar a Manuel Chaves Nogales en las filas de la equidistancia). 

Así que ya era hora de plantar un pie demócrata en la pared de los equidistantes que tienden de manera enfermiza –o crematística– a cojear siempre hacia la derecha. No se puede dar carta de naturaleza a ese revisionismo político que solo busca alentar la falsa imagen de que la dictadura fue una simple consecuencia de la violencia republicana. No se puede admitir un marco de conversación en el que antes de empezar a hablar ya te sitúan en la autodefensa y la justificación frente a la manipulación más burda o más sutil de la realidad histórica. 

2.- Anda tan ocupado el financiadísimo liberalismo español con esas jornadas sobre la guerra civil que no ha tenido tiempo estos días de leer ni de destacar ni de analizar el auto del juez de Tarragona Rubén Rus Vela, que atiende la petición de la fiscala anticorrupción Carmen García Cerdá para prorrogar otros seis meses la investigación del llamado caso Montoro, dada la complejidad del asunto, el número de acusaciones personadas y la gravedad de los delitos que se tratan (ver aquí). Recordemos, y cito literalmente la página 2 del auto conocido este miércoles: “La investigación ha puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico, que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes”. El entonces ministro de Hacienda y varios de sus altos cargos se enfrentan al siguiente rosario de delitos nada menores: cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. En el sumario ya figuran pruebas documentales de cómo empresas gasísticas redactaban normas que luego aprobaba el consejo de ministros presidido por Mariano Rajoy sin cambiar una sola coma, y ahora se trata de comprobar que el despacho de influencias ligado al señor ministro látigo de actores, periodistas, cantantes y otros nombres de la turba progresista a través de la Agencia Tributaria recibía astillas millonarias por los favores otorgados. 

La fiscala que lleva peleando este caso contra la resistencia incluso de sus superiores directos y cierta dilación en las investigaciones de la en otros casos velocísima UCO sigue a la espera de los informes reclamados sobre, entre otros aspectos relevantes, el régimen económico matrimonial de Montoro y de sus exsocios (ver aquí). Nadie conoce mejor los recovecos para engañar al fisco que quienes dictan las normas del propio fisco. Pero además, en este caso, de lo que se trata es de una privatización directa de la democracia, puesto que son empresas interesadas en su negocio particular las que dictaban las reglas por las que debía regirse el supuesto “libre mercado” en el que competían. 

A uno se le ocurre que los aguerridos y aguerridas liberales soliviantados porque Pérez-Reverte haya tenido que aplazar las equidistantes jornadas sobre la Guerra Civil podrían rellenar ese tiempo vacío examinando los impresionantes patadones a la democracia ejecutados –presuntamente– por el ínclito liberal Montoro y sus secuaces en el ámbito económico y fiscal, y por la trama Kitchen presuntamente dirigida por el liberalísimo y ultracatólico ministro Fernández Díaz en el ámbito policial que pronto se juzgará por dedicar la cúpula del ministerio del Interior a espiar a adversarios políticos y a desinformar a la ciudadanía a través de cómicos ‘liberales’ como un tal Eduardo Inda. 

Hay quien sigue sucumbiendo a los aromas cómodos y adictivos de la equidistancia, como si todo el arco político actuara exactamente igual. Que es lo que pretenden instalar, con esa ya manida técnica de Steve Bannon: “Llenemos de mierda el escenario”, para que todos parezcan igual de cerdos. Y esos artefactos de la desinformación funcionan, aprovechando además el magma estable de la imbecilidad (y echo mano de otra nota tomada esta semana, nada menos que de una encuesta de “cultura científica”): el 28% de la población cree que nos han visitado alienígenas y el Gobierno de Sánchez lo oculta (ver aquí).

Me quedan dos días lejos de la burbuja del ruido y el espectáculo. Pienso aprovecharlos para buscar pócimas eficaces contra los venenos de la equidistancia y de la estulticia (tranquilidad, no busco brujerías, sino buenas lecturas).

Siete años después del inicio de las pesquisas, el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama dedicada a conseguir cambios legislativos a medida a cambio de importantes pagos, va camino de alargarse en el tiempo. Por el momento, y tras la última prórroga, la fecha límite para el desarrollo de la instrucción es el 26 de julio. Pero todo parece indicar que las pesquisas se extenderán mucho más allá. La enorme cantidad de partes personadas, unido al aluvión de recursos planteados por las decenas de investigados –todavía no resueltos– y la gran cantidad de diligencias aún pendientes de practicar, algunas de ellas encargadas desde hace meses, anticipan un lento y farragoso avance de la causa.

La investigación arrancó en el verano de 2018. Y surgió a raíz del hallazgo casual en una causa por delito urbanístico de un correo electrónico en el que se ponía de manifiesto la existencia de "una organización", de la que formarían parte altos cargos del Gobierno y la Administración, desde la que se "habrían ido creando una red de influencias" cuyo fin último sería la obtención de "lucro económico". "A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes", recoge el juez instructor en sus resoluciones.

Durante siete años, la causa estuvo bajo secreto de sumario. Aunque se conocía su existencia y habían trascendido algunos detalles de la misma, lo cierto es que el veló no se levantó hasta el pasado verano. Fue ahí cuando se conoció la dimensión de una trama que gira alrededor de Equipo Económico –ahora Global Afteli–, el despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Y que salpica también a media decena de empresas gasistas asociadas a la patronal AFGIM que, según la tesis del instructor, "habrían contratado" al bufete para que "interviniese" en el procedimiento legislativo tendente a la modificación normativa del Impuesto Eléctrico y el Impuesto de Actividades Económicas.

Con el levantamiento del secreto, la causa ha pegado un frenazo. En estos momentos, según expone el juez en su auto de prórroga de la instrucción, "se está a la espera" de que todas las partes personadas en el procedimiento "queden plenamente instruidos en el contenido de las actuaciones". Y no son pocas. Hay más de una treintena de investigados –entre personas físicas y jurídicas– por cohecho, fraude contra la administración, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Y una decena de acusaciones populares: desde Vox o Manos Limpias hasta CGT o Adade.

El elevado número de partes en la causa, que han llegado a solicitar plazos de hasta tres meses para instruirse, se ha traducido en una montaña de escritos, lo que ha complicado la "diligenciación de los mismos". Entre ellos, un gran número de recursos de reforma y apelación –para cuya interposición se llegaron a otorgar plazos extraordinarios– contra las decisiones del magistrado. Lo resumía a la perfección la fiscal Anticorrupción encargada del caso, Carmen García Cerdá, en noviembre: "Son muchos los escritos presentados por las partes, adhiriéndose a los recursos interpuestos por otros investigados para, utilizando el escrito de adhesión, introducir alegaciones nuevas y alegar sobre motivos distintos".

En aquel informe, la fiscal Anticorrupción daba respuesta a más de una veintena de recursos y escritos de los imputados. Las defensas buscan la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso, alegando una supuesta indefensión. Disparan, por ejemplo, contra el mantenimiento del secreto de las actuaciones. O alegan una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del instructor al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser donde se encuentra el despacho o el Ministerio de Hacienda. "Decidió atribuirse el conocimiento de unos hechos de notorio cariz político y especial relevancia mediática", lanza uno de los escritos.

"Es necesario dejar claro y sentado que lo que revelaban [los correos incautados que provocaron la apertura de la causa] no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología alguna", respondió entonces Anticorrupción. Los recursos, por el momento, no han sido todavía resueltos. La contestación a los mismos depende de la Audiencia Provincial de Tarragona. Y puede demorarse varios meses. El año pasado, según consta en la memoria del órgano, el tiempo de respuesta de su Sección Segunda en los rollos de apelación se situaba en dos o tres meses en el caso de recursos contra autos –a lo que se suma el tiempo que tarda el instructor en elevar el asunto–.

Además de la resolución de los recursos, de los que depende la supervivencia del procedimiento, aún quedan numerosas diligencias por practicar. Para empezar, el tiempo de espera establecido por el juez para que todas las partes de la causa tomen pleno conocimiento de la misma ha impedido, por el momento, recoger declaración a los investigados, entre ellos el exministro de Hacienda, el ex secretario de Hacienda Miguel Ferré y otros tantos ex altos cargos –desde exsubsecretarios a ex directores generales de Tributos–. Es más, todavía no se ha fijado siquiera fecha para ello.

Por otro lado, aún está por concluir el análisis en profundidad de las cuentas bancarias vinculadas a Equipo Económico y sus socios. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el 17 de febrero de 2025, dieciséis meses después de que se empezara a solicitar la información a las entidades, un informe de 77 páginas en el que solo analizaba de manera pormenorizada solo una decena de cuentas de entre más de un millar de productos bancarios. Los investigadores entendían que el resto carecían de relevancia para las pesquisas. Sin embargo, adjuntaron junto al informe un anexo con toda la información proporcionada por las entidades financieras y crediticias.

El instructor acordó dar traslado de toda esa documentación a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción para que realizase un nuevo estudio de las cuentas y para que, con los datos analizados, concluyese también otros dos informes de avance que la unidad de apoyo emitió en 2020, hace ya casi seis años, y cuyo contenido debía ser contrastado con más datos, entre ellos financieros. Unas labores que, según se desprende del auto de prórroga y del último escrito del Ministerio Público pidiendo alargar la instrucción, aún están pendientes de concluir.

Además, esta misma semana el instructor ha acordado una nueva batería de diligencias solicitada por Anticorrupción para profundizar en las estructuras empresariales, en los pagos y hasta en las economías de los investigados. Así, ha solicitado a los registros mercantiles abundante documentación sobre las empresas investigadas. También a las gasistas, a las que reclama, del mismo modo, documentación y facturas que acrediten la prestación de servicios por los que se contrató al despacho, así como copia de la normativa interna de pago a proveedores y de las comunicaciones mantenidas con los socios o trabajadores de Equipo Económico/Global Afteli y con órganos del Ministerio de Hacienda.

Del mismo modo, el instructor ha decidido indagar en el régimen económico matrimonial de los investigados, solicitando "inventario de bienes" y otros documentos que le permitan "conocer el detalle" de los "bienes de titularidad de la sociedad conyugal y su valoración". Y ha avanzado que es previsible que en un futuro vaya a tener que solicitar más diligencias de investigación. "Es previsible que deban acordarse en lo sucesivo nuevas, derivadas de las peticiones de las partes, una vez instruidas en la causa, las declaraciones de los investigados, así como las que pudieran derivarse del informe de la AEAT pendiente de recibir", deslizó en su auto de prórroga.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que prorrogue seis meses la causa ante la necesidad de practicar nuevas diligencias, informa EFE.

Así lo solicita la fiscala Carmen García Cerdá al juez de Tarragona que investiga al exministro del PP y a una treintena de personas más acusadas de beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos. Una causa que se ha prolongado durante siete años bajo secreto de sumario.

La fiscala, según el escrito al que ha tenido acceso EFE, interesa la prórroga de las diligencias por un periodo de 6 meses, "ya que la necesidad de la práctica de diligencias que requiere llevar a buen fin la investigación impide que pueda finalizar la instrucción antes del día 29 de enero de 2026", recalca.

Recuerda que en junio de 2025 se levantó el secreto de las actuaciones y se acordó dirigir el procedimiento contra Montoro y el resto de personas en calidad de investigados, que deben declarar sobre los hechos investigados.

Según la fiscala, la propia investigación demanda nuevas diligencias, entre estas las que se deriven de la propia personación de los investigados, la declaración de testigos u otras diligencias recomendadas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria, que analiza las cuentas bancarias de los investigados.

Sabíamos desde el minuto uno de la legislatura que debíamos tener un ojo puesto en el Congreso y en la débil mayoría de gobierno, dependiente (sobre todo) de los votos de Junts. Ahí seguimos, con la novedad esta semana del giro de Sánchez respecto a esos “compromisos de investidura pendientes de cumplir”. Es el ¿penúltimo? intento del Gobierno para consolidar apoyos parlamentarios suficientes que garanticen la aprobación de Presupuestos o al menos un horizonte de gobernabilidad hasta 2027, como Sánchez no se cansa de repetir: “Agotaremos la legislatura”. Es la respuesta a los gritos en el templo de Debod, donde se escuchó por enésima vez la exigencia de elecciones anticipadas (aliñada con una alucinante resurrección de una ETA a punto de tomar el poder en Euskadi y Navarra, según Ayuso) mientras a pocas manzanas de allí, en la calle Ferraz, los devotos de la extrema derecha acompañaban la misma exigencia con su machacón estribillo de “Pedro Sánchez, hijo de puta”. Estos son los mensajes principales de quienes plantean (ya de forma transparente con los auspicios de Aznar) una alternativa de gobierno sin proyecto de país. (Ver aquí).

Pero también sabíamos que debíamos tener el otro ojo centrado en los tribunales, en las acciones de una parte de la judicatura enfrentada sin pudor al Ejecutivo de coalición desde antes incluso de aprobarse la ley de amnistía. Por tierra, mar y aire. Por la vía de cargarse al fiscal general del Estado (es cuestión de horas, como mucho de días, que por fin conozcamos una anunciadísima sentencia made in Marchena), al hermano músico del presidente del Gobierno o a Begoña Gómez, su mujer, adjudicándole un tráfico de influencias sin influencia (comprobada) alguna. Por el camino estalla el caso Ábalos-Cerdán-Koldo, todos a la cárcel con mochilas repletas de chistorras gigantes y embutidas en dinero negro. Amenazas, chantajes, insinuaciones, medias verdades… un pack completo que de momento no alcanza a ensuciar la financiación del PSOE, pero que mantiene a Sánchez tocado por su incapacidad manifiesta para acertar en la elección de hombres (machirulos puteros) de confianza. Y al espectáculo bochornoso se suma Francisco Salazar, con denuncias múltiples (mal gestionadas y peor investigadas) por acoso sexual (ver aquí). Todo lo citado es más que grave, aunque el tiempo dirá si la ciudadanía pone o no en valor el reconocimiento de errores por parte de Sánchez y la expulsión inmediata del partido de todos los implicados. 

Y aquí se cruza de nuevo el opacado, semiolvidado, silenciado caso Montoro. No me vengan con lo del manido “ventilador”. Se trata más bien de conectar el aire acondicionado, oxigenado, y hacer el ejercicio de ubicar bajo los focos cualquier asunto de corrupción sin distorsionar la gravedad del mismo por intereses políticos, económicos o mediáticos. ¿Por qué el caso Montoro no ocupa portadas y abre telediarios y llena programas de tertulia? Es raro, raro, teniendo en cuenta que quienes miran para otro lado sostienen a la vez que vivimos prácticamente bajo una ‘dictadura sanchista’ que interfiere en la actuación de tribunales. 

Este miércoles hemos conocido la respuesta de la fiscala Carmen García Cerdá a la retahíla de recursos de los acusados que solicitan directamente la anulación de la causa. Recordemos: están imputados el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y otras 27 personas investigadas por delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Si se leen seguidos los presuntos delitos, se corta el aliento. Y si se piensa lo que significan, todavía más. Lo esencial, lo más trascendente e indignante del asunto es que hay indicios sólidos de que empresas gasísticas, energéticas y de otros sectores contrataron los servicios de Equipo Económico (despacho vinculado a Montoro) para lograr que el Gobierno presidido por Rajoy aprobara reformas legales que “beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, según el juez titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona que ha dirigido la investigación. Y así fue. Están comprobadas las “morcillas” (o chistorras) redactadas por las propias empresas que aparecían copiadas en textos aprobados después en Consejo de Ministros. Dicho de otro modo: se privatizó nada menos que la función de Gobierno y la iniciativa legislativa. La democracia, a la papelera. 

El texto redactado por la fiscala de Anticorrupción desmonta uno a uno los argumentos de la banda de Montoro (ver aquí, son 19 páginas y no tienen desperdicio). Pongo algún ejemplo. En la página 4 advierte que se trata de “actuaciones graves de corrupción (…) que no entienden de ideología política alguna”, en respuesta al intento de convertir un trabajo de muchos años de investigación discreta, pausada (y obstaculizada) en una causa de “notorio cariz político y especial relevancia mediática”. O en la página 7, donde queda al desnudo el intento descarado de los inculpados por buscar la nulidad de todo el proceso, basado entre otras cosas en la larga duración del secreto sumarial, levantado por el magistrado el 19 de junio pasado. Escribe la fiscala: “No han solicitado ningún tipo de diligencia pese al tiempo transcurrido…”. O vayamos a la página 10, donde se denuncia la falta de colaboración de distintas entidades (bancarias o energéticas) a la hora de aportar la información requerida de forma reiterada. O a la 13, en la que se expone que la archifamosa UCO de la Guardia Civil, pese a los años transcurridos desde el inicio del proceso, sólo ha analizado los datos de “10 cuentas de las más de 200 que han sido entregadas”, y donde estaría –o por donde habría circulado– el dinero aportado por las empresas a los inculpados a cambio de su influencia para rebajar impuestos o mejorar sus condiciones de competencia en cada sector. No es la primera vez que la fiscala protesta por el (mal) trabajo realizado por la Unidad Central Operativa, y especialmente por la sección que dirige el teniente coronel Antonio Balas, cuya munición parece disparar con mucha más rapidez y precisión en casos que afectan al “régimen dictatorial sanchista” para el que supuestamente actúa que cuando se trata nada menos que de un ministro de Hacienda del PP que presuntamente trabajaba para intereses privados en perjuicio de NUESTROS intereses: los de la caja común cuya fiscalidad no solo administraba sino que además utilizaba saltándose la obligación de confidencialidad para lanzar amenazas y presiones sobre quienes consideraba adversarios políticos, rivales personales, artistas o periodistas críticos o simplemente molestos. 

De modo que sí, todo lo que hemos ido conociendo de los escándalos que afectan al PSOE es vomitivo, pero habrá que reconocer que vienen centrando la atención de todo el panorama mediático audiovisual, de prensa y digital como merecen y más allá. Como también ocuparon portadas y telediarios durante años las actuaciones de un tal García Castellón contra Podemos y sus dirigentes sin la menor prueba. Y sigue por ahí, dando conferencias sobre moral y justicia. Así que no hace falta enchufar ningún ventilador para advertir de la gravedad y desaparición mediática del caso Montoro, una privatización de la democracia que parece no preocupar a nadie, y uno siente arcadas escuchando a los sucesivos jefes de Montoro (Aznar, Rajoy, Feijóo…) dando lecciones de ética política. ¿Por qué no se callan? (quizás la única expresión sincera en la historia del pesadísimo emérito).

En 2006, el que fue ministro de Hacienda del Gobierno de José María Aznar, Cristóbal Montoro, fundó el despacho Montoro y Asociados Asesores S.L, especializado en asesoramiento económico. En 2008, la empresa pasó a llamarse Equipo Económico, coincidiendo con una serie de movimientos internos que incluyeron la salida formal de la compañía de quien volvería a ser ministro de Hacienda con el PP de Mariano Rajoy.

Que esta desvinculación fuese real es, según publicó El Periódico de Catalunya , una de las dudas de la Fiscalía Anticorrupción en sus investigaciones sobre lo que el juez del caso define como una "trama, organización u operativa" que, creen los investigadores, se dedicaba a influir en la elaboración de leyes del Gobierno de España cuando Montoro volvió a sentarse en el Consejo de Ministros. Estas revelaciones sobre el caso han puesto el foco en los últimos meses, entre otros aspectos, en los gobiernos de diversos niveles que contrataron los servicios de Equipo Económico. 

Uno de esos gobiernos fue el gallego. Al menos fueron 13 contratos que sumaron algo más de 172.000 euros entre 2009 y 2011, es decir, desde el regreso del PP a la Xunta hasta el año en que el partido logró regresar al Gobierno de España. Uno de ellos, por un importe de 20.880 euros —IVA incluido—, fue un "informe sobre la situación económica y financiera actual de las cajas gallegas", empleado por el entonces nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, para incitar políticamente a Caixa Galicia y Caixanova hacia lo que posteriormente sería su fracasada fusión.

Tras el levantamiento del secreto de sumario sobre el caso Montoro y su trascendencia a diversos medios de comunicación, el BNG solicitó formalmente en el Parlamento "copia de todos y cada uno de los informes solicitados por el Gobierno gallego a Equipo Económico desde el año 2009 y copia de la información en la que conste el importe abonado, la persona responsable de su encargo y las fechas en que lo solicitó". A finales de agosto pasado, la Xunta envió una respuesta que, si bien no atiende íntegramente las exigencias de los nacionalistas, sí muestra datos significativos.

La Xunta facilitó una lista elaborada por la Consellería de Facenda con los trece informes encomendados a Equipo Económico, las fechas de su contratación, los conceptos de las facturas y sus importes, que ascienden a 172.838 euros. El primero es un informe fechado tan solo tres meses después de la toma de posesión de Feijóo como presidente, en julio de 2009, y fue contratado por la Presidencia de la Xunta por 15.080 euros para un informe sobre "medidas para atraer inversión a Galicia".

El segundo, con fecha del 21 de octubre de ese mismo 2009, tiene como concepto el pago por parte de dicha consellería de una factura emitida el 9 de ese mes por el mencionado informe "sobre la situación económica y financiera" de las cajas de ahorros, por un importe de casi 21.000 euros. La factura se pagó el 16 de noviembre, apenas diez días antes de que Feijóo sentase en la misma mesa al entonces presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y al director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, para instarlos a preservar la "solvencia y galleguidad" de sus entidades, para lo que la Xunta defendería la fusión como el mejor plan.

Tras aquella reunión, celebrada en el área del Gobierno del Parlamento, Feijóo explicó que, para respaldar su postura, facilitó a Méndez y Gayoso un "estudio concienzudo" de la Xunta sobre las dos cajas de ahorros, que "iba a ser contrastado en el plazo de una semana con las cajas y con un mediador" que sería la conselleira de Facenda. La titular en aquel momento era Marta Fernández Currás, quien ocuparía el cargo con especial protagonismo en la fusión de las cajas de ahorros hasta que en 2011 Cristóbal Montoro la nombró secretaria de Estado de Presupuestos en el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. 

Estos encargos de la Xunta a Equipo Económico regresaron a la actualidad el pasado jueves a través de una pregunta del BNG en el Parlamento. La diputada Noa Presas, autora de la solicitud de documentación, puso el foco de su exigencia de explicaciones especialmente en el informe sobre las cajas de ahorros, a lo que el secretario general de la Consellería de Facenda, David Cabañó, se limitó a indicar que el documento "recopila datos" de ambas entidades, "analiza sus indicadores" y "dado el escenario más que previsible de movimientos que se estaban produciendo, concluye cinco alternativas sin decantarse por ninguna". 

Previamente, Cabañó se limitó en su respuesta a leer la tabla con la relación de contratos que la Consellería ya había remitido al BNG y concluyó asegurando que el Gobierno no tiene "nada que ocultar" respecto a sus contratos con Equipo Económico, que cumplían todos los requisitos legales, recalca. Presas, por su parte, consideró extraño que, en más de una década de debates políticos y judiciales e investigaciones sobre la fusión de las cajas de ahorros, nunca saliese a la luz dicho informe y que la Xunta no lo haya remitido al Parlamento junto con el resto de la documentación de la inconclusa comisión de investigación sobre la creación y la quiebra de Novacaixagalicia .

Entre la documentación que fue abordada en dicha comisión se encontraban documentos relativos al informe encargado por la Xunta a KPMG sobre la fusión de las cajas de ahorros. El trabajo, presentado por el Gobierno gallego como una "auditoría" a pesar de no serlo —como posteriormente acreditaría la consultora— , fue financiado por el gabinete de Feijóo con un millón de euros y la empresa lo elaboró ​​desde principios de diciembre de 2009, es decir, tan solo unas semanas después de que el despacho fundado por Montoro presentara su informe.

En este contexto, y después de que en su respuesta escrita la Consellería de Facenda indicase que el BNG podía desplazarse hasta San Caetano (sede de la Xunta en Santiago de Compostela) para consultar los informes, Presas ratificó su intención de acudir. Advirtió, sin embargo, que el BNG no se conformará si, como en otras ocasiones, la Xunta "induce la firma de un compromiso de confidencialidad" o "no permite copias o fotografías" de los documentos.

"Vamos a —adelantó la parlamentaria— utilizar todos los recursos políticos y legales para obtener una copia" de todos los informes encargados al Equipo Económico, "especialmente" el relativo a las cajas. Considera que es clave aclarar si "un informe elaborado por una presunta trama lucrativa liderada por un exministro tuvo algo que ver con el enorme fiasco" de la fusión de las entidades, sobre todo porque "Montoro no era un don nadie, era un peso pesado del PP" que, además, acabó "colocando a la exconsellereira Currás como secretaria de Estado".

La corrupción sale cara, muy cara, en todos los países del mundo. Sus efectos se dejan sentir en el plano económico, en el social y por supuesto, en el político. Los conceptos de la factura van más allá de lo que se podría pensar en un primer momento. La corrupción cuesta dinero, impide el desarrollo, incrementa la desigualdad, quiebra la confianza y mata. Vayamos por partes.

La corrupción cuesta dinero: el daño económico que produce es evidente. Según Naciones Unidas, la corrupción supone más del 5% del PIB mundial, y hasta el 25% del gasto público de todo el mundo se pierde por su culpa. Un estudio del Parlamento  Europeo de 2023 eleva el porcentaje al 6%, y para España, según las estimaciones, se calcula una horquilla que va entre 60.000 y 90.000 millones de euros. Esto, en cuanto a costes directos, pero hay más. 

La corrupción impide el desarrollo: también la reputación de un país se resiente a causa de la corrupción, lo que acaba socavando la confianza de los inversores y lastrando, por tanto, las posibilidades de desarrollo y de nuevos negocios. De la misma manera, las corporaciones tienen menos incentivos para ofrecer mejores productos o ser más competitivas en precio o innovación, sabedoras de que lo fundamental será que paguen el soborno correspondiente o colaboren con las redes corruptas de cada caso.  Es decir, a lo que cuesta la corrupción hay que unir, por tanto, lo que se deja de ganar. 

La corrupción incrementa la desigualdad: siguiendo en el plano económico, la corrupción se traduce en menos y peores servicios públicos, lo cual va en detrimento de la población que ve dificultado su acceso a la educación, a la sanidad o a cualesquiera otras prestaciones. Como es fácil de adivinar, quienes más sufren las consecuencias son aquellos que más necesitan de esos servicios públicos, y en efecto, como ya habrán intuido, esto incrementa la desigualdad. En países como España, porque merma recursos; en otros donde el soborno está a la orden del día, porque el aprobado de la niña o la receta para el antibiótico del niño sólo se consiguen si se deslizan unos billetes en la bata de la profe o en el bolsillo del médico. Cuando los casos de corrupción escalan a amplias redes comprometiendo la actuación de lo público, como ocurre -presuntamente- en el caso Montoro, hablamos de un escalón más: la captura de políticas, o lo que es lo mismo, la disminución general de la capacidad del Estado para actuar en aras del interés general, lo cual, nuevamente, será más costoso para quienes menos tienen y quienes más necesitan de su labor, las clases populares. 

La corrupción quiebra la confianza. Las consecuencias políticas son derivadas de todo lo anterior: la adhesión ciudadana a las instituciones cae de forma pronunciada cuando se desvelan casos de corrupción o cuando la sociedad en su conjunto sabe que las tramas corruptas han colonizado el Estado. Numerosos estudios e informes a nivel internacional como los Latinobarómetros, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, las series sobre calidad de la democracia elaboradas por el instituto sueco V-Dem, y numerosas investigaciones académicas, muestran la existencia de una correlación entre la percepción de corrupción y la desconfianza institucional. 

La corrupción mata: en casos extremos la corrupción causa muertes directas; por ejemplo, en la construcción de infraestructuras. “Cuando se desplomó un puente en Génova en agosto del 2018 y al menos 39 personas murieron, hubo muchas posibles causas que considerar. La corrupción no fue la más obvia, pero las investigaciones posteriores encontraron que una empresa de construcción controlada por la Mafia al parecer había usado "cemento debilitado" en el proceso de construcción.” Este caso y otros parecidos han sido estudiados por Naciones Unidas y se encuentran documentados en los materiales de la ONUDC, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

Como se puede observar, la corrupción sale mucho más cara de lo que a priori se podría imaginar. Las cifras que suelen darse, que no dejan de ser estimaciones, son sólo una parte del problema. Sus efectos comprometen la capacidad de acción de los Estados y disparan la desconfianza y la desigualdad. Todo un obús en la línea de flotación de la democracia. De ahí, recordemos una vez más, como se apuntaba en la primera entrega de esta serie, la etimología de la palabra: "corrupción" proviene del latín "corruptio", que a su vez deriva del verbo "rumpere", que significa romper o quebrar.

El caso Montoro, el último conocido a través de los medios, es otro que acontece sobre un panorama no falto de corrupción. Sin embargo, este reúne unas características distintas del caso Cerdán o Ábalos, de momento. Es lamentable que esto siga ocurriendo en las capas más altas de nuestra estructura social, económica y política. Aquellos que tenían que ser el espejo donde poder mirarnos, en demasiadas ocasiones inducen conductas miserables, mezquinas y nada ejemplares. Al parecer, el virus de la codicia no tiene quien le ponga límites ni remedio.

El caso Montoro me ha traído a la memoria el acertado, a mi juicio, análisis que hacía Karl Marx, a mediados del XIX, de la función principal del aparato del Estado en la sociedad capitalista: perpetuar los intereses de la clase dominante, no siendo una entidad neutral ante los distintos intereses sociales. Marx concebía el Estado como un instrumento de dominación y así parece haberse producido en el caso que estamos conociendo.

Aquí tenemos un ejemplo: todo un ministro, todo un gobierno y toda una mayoría parlamentaria al dictado, presuntamente, de los intereses de poderosos grupos de presión: el Ibex 35, las empresas gasísticas, las eléctricas y otras. Es curioso que después de casi dos siglos, la crítica de Marx siga estando plenamente vigente.

Y esto sin profundizar en otro asunto especialmente vidrioso, la llamada “policía patriótica” que Marx también destacaba en su análisis del sistema capitalista. El Estado ejerce el monopolio de la violencia para reprimir cualquier desafío al orden establecido, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros instrumentos. Pues bien, cuando estas fuerzas del “orden” se ponen al servicio de los intereses de la clase dominante o de una parte de esta, se le está dando la razón a Marx, puesto que con esas actuaciones tratan de mantener a raya cualquier movimiento que amenace los intereses de los poseedores del capital.

Resulta sorprendente que continúen los mismos esquemas decimonónicos que ya denunciaba Marx. Quizá se producen de una forma más sutil, pero, a la postre, con los mismos objetivos e iguales consecuencias. Mientras se recortaban derechos sociales, las clases dominantes utilizaban la superestructura del Estado para que la política estuviera a su exclusivo y entero beneficio.

No hay democracia sin demócratas. No hay Estado de Derecho sin dirigentes que respeten las leyes y las hagan respetar. Entiendo que lo revolucionario hoy, sería hacer cumplir las normas democráticamente establecidas: desde los Tratados Internacionales hasta los reglamentos, pasando por supuesto por la letra y el espíritu de la Constitución, que hay que revisarla y mejorarla, sin duda, pero antes habrá que honrarla debidamente. De lo contrario, todo el esquema normativo que constituye la estructura del Estado social y democrático de Derecho, como la Constitución define España, en su artículo primero, se nos puede disolver como un azucarillo.

Las contradicciones en el discurso y la gestión de Feijóo son evidentes especialmente en su actitud hacia la corrupción. Feijóo basa parte de su discurso en denunciar la corrupción del PSOE prometiendo limpieza si llega al gobierno mientras obvia los casos que han afectado al PP, sobre todo bajo su mando en la Xunta de Galicia. Durante ese periodo, familiares y personas cercanas a Feijóo recibieron más de 31 millones de euros en contratos públicos, muchos de ellos adjudicados sin concurso y mediante procedimientos opacos. Además, Feijóo y su mayoría parlamentaria bloquearon repetidamente comisiones de investigación sobre estos contratos y sobrecostes en proyectos clave, como el hospital Álvaro Cunqueiro o la contratación a empresas como Eulen, vinculada a su hermana. Su gestión estuvo marcada por nepotismo, falta de transparencia y la protección a altos cargos involucrados en casos de tráfico de influencias y corrupción.

Ahora sabemos por la trama Montoro, que durante la etapa de Feijóo en la Xunta, se adjudicaron más de 172.000€ al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro Cristóbal Montoro, actualmente imputado por corrupción. Este bufete está bajo investigación por actuar como intermediario en leyes a la carta para favorecer intereses empresariales, exponiendo una red de influencias entre Gobierno, partido y lobby privado que, sigue activa bajo el liderazgo de Feijóo. Aunque Feijóo trata de desvincularse del caso y defiende no haber nombrado a nadie implicado en corrupción, la realidad es que parte de su equipo económico actual tiene conexiones previas con la órbita de Montoro. No solo “todos los caminos del PP conducen a Montoro”, sino también a Feijóo, al no romper con el modelo de relaciones opacas entre lo público y lo privado instaurado en etapas anteriores.

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Antonio González Cabrera es socio de infoLibre.

Inflar el currículum puede verse como una debilidad humana. Cuando uno lleva solo un puñado de asignaturas de una carrera que se ha prometido acabar o unos meses del doctorado del que tanto le costó sacar tiempo para matricularse es una tentación presumir de ‘estudios de’. Puede reflejar incluso un mensaje y refuerzo a la voluntad. Algo así como un “esto lo acabo”.  Pero la cascada de dimisiones y casos más sonados son otra cosa. La mayoría intentan construir un perfil falso, de representante público solvente, donde solo hay capacidad dialéctica para machacar al contrario o afinidad al líder. Una cortina para tapar lo que consiguen por estos méritos y no los reales. Por eso el debate abre otro. El límite y la línea roja donde los partidos están dispuestos a forzar una dimisión por estos motivos.

El PP no hizo dimitir a Noelia Núñez por inventarse tres títulos y presumir de ser profesora donde solo había dado una charla. Lo hizo por el riesgo de desgaste electoral en plena explosión del caso Montoro y la implosión de una estrategia a la que ha apostado todo: el derribo a Pedro Sánchez por la corrupción del caso Cerdán y la construcción forzada (y ficcionada en muchos casos) de las tramas familiares. Para Génova es más útil apuntar al presidente que a los dos exsecretarios de Organización investigados por corrupción. Confían en que la rentabilidad electoral (aunque las encuestas miran a Vox) pasa por colocar a Sánchez en la diana. Por eso cae Noelia Núñez y por eso se manda revisar currículums.  En el fondo, de Madrid a València, de Carlos Mazón a Ana Millán, el verdadero límite son las encuestas, las estrategias internas y las urnas. 

Empecemos por Madrid. En 2016 se publicaron las relaciones de la vicepresidenta del parlamento madrileño, número tres de Ayuso y secretaria de Organización del PP madrileño, Ana Millán, con un contratista en su etapa de concejal de Juventud en Arroyomolinos. Millán cobró un alquiler mensual de 900 euros a una empresa que facturó al Ayuntamiento 700.000 euros de 2004 a 2011. Los correos electrónicos entre ambos eran tan elocuentes que el juez Eloy Velasco aceptó investigarlos. Era la etapa de Cristina Cifuentes al frente de la presidencia de Madrid y en lugar de pedir su cese le quitó importancia y lo tapó. Los correos de la concejalía de Ana Millán con el empresario aparecieron porque se frenó la destrucción de documentos durante la toma de posesión del nuevo equipo. “En ese mismo momento se dio orden por parte del actual alcalde (Carlos Ruipérez, de C's) de paralizar la destrucción de documentación que estaba en tres bolsas de basura”, recogía el escrito dirigido entonces a Eloy Velasco.

Millán reconoció que el empresario que se forró en Arroyomolinos le pagaba el ático. En un municipio que apenas superaba en 2016 los 30.000 habitantes, Millán no sabía quién vivía en su casa, para qué se usaba y tampoco si lo alquiló al contratista durante uno o cinco años. La oposición lo denunció porque había evidencias de sobra para asegurar que, en realidad, le estaba pagando la hipoteca a cambio de los contratos municipales. Que se inventara entonces una licenciatura en Ciencias Políticas es casi lo de menos de su etapa. Revela un perfil que ha ido colocándose sin estudios hasta ser la protegida de Ayuso y serlo, antes, del PP de Cifuentes y moverse sin miramientos para que el beneficio personal fuera a costa de lo público. 

Más de lo mismo con Carlos Mazón. Con 228 muertos bajo su gestión, tras difundir pruebas manipuladas para cargar a los técnicos (que sí avisaron) con su responsabilidad y nueve meses después sigue ahí, abrazado al líder nacional. No hace falta extenderse en las razones por las que Alberto Núñez Feijóo tendría que haber pedido su cese, haber lanzado un mensaje a las víctimas. O Mazón o las familias, no hay más opción. 

La polémica de los currículums destapa la ausencia de líneas rojas reales para cesar a cargos públicos por mentir o incluso robar. En un PP que intenta despegar del imaginario social sus casos de corrupción, darlo todo como alternativa de regeneración, bajo el escrutinio de los casos individuales, lo que hay es la demostración de que se infla el discurso igual que muchos dirigentes han inflado el currículum. Pasa por tapar carencias y aparentar lo que no se es.

Equipo Económico, el despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, logró construir en apenas unos años una cartera de clientes de lo más potente. En la lista figuran desde empresas gasistas, que centran buena parte de la investigación sobre el bufete que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, hasta auténticos gigantes del Ibex 35 –Telefónica, BBVA, Banco Santander o Ferrovial–. Y también firmas del sector de la salud. En concreto, según consta en la documentación incorporada a la causa, el despacho ingresó más de 300.000 euros de la sanidad privada en una década.

Un informe de la Agencia Tributaria, fechado en octubre de 2020 y elaborado a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, dedica todo un apartado a las operaciones con terceros del bufete registradas entre 2008 y 2019 y cuya suma total supere los 60.000 euros. En ese listado, elaborado a partir de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, se recogen más de un centenar de clientes, entre los que se encuentran instituciones, personas físicas y, sobre todo, empresas. Y es en este último grupo donde emerge Ribera Salud, que habría abonado a Equipo Económico, según el ente tributario, un total de 212.400 euros en ese periodo.

Esta firma es bien conocida dentro del sector sanitario. De hecho, fue la punta de lanza de un sistema de privatización por el que apostó el Gobierno de Eduardo Zaplana en la Comunitat Valenciana y que potenció en la Comunidad de Madrid otra de las máximas exponentes del neoliberalismo patrio: Esperanza Aguirre. Un modelo de colaboración público-privada a través del cual la Administración encarga a una empresa la construcción del centro de salud y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar atención sanitaria y no sanitaria a los ciudadanos de la zona.

El Hospital de La Ribera, ubicado en la localidad valenciana de Alzira, fue el primero en echar a andar bajo dicho sistema –de ahí que, popularmente, se le denomine modelo Alzira–. Y Ribera Salud, nacida entonces de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Bancaja, fue quien se hizo con un jugoso contrato de gestión que impulsó en buena medida su negocio. Actualmente, el accionista de referencia de la compañía, que gestiona más de una quincena de hospitales –entre ellos el privatizado de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid– es el tercer grupo sanitario privado francés: Vivalto-Santé.

Ribera no fue, sin embargo, el único cliente del sector sanitario que recurrió a los servicios de Equipo Económico. También lo hizo Asisa, de quien la Agencia Tributaria recoge pagos al despacho por un total de 101.640 euros. Con una cuota de mercado del 12,6% y un volumen de primas de 1.515 millones de euros en 2024, según los últimos datos recogidos por la Fundación Idis –que aglutina al sector sanitario privado–, es una de las compañías líderes del negocio de los seguros de salud, solo por detrás de SegurCaixa Adeslas y Sanitas. Entre las tres se reparten el 58% del pastel.

Este diario se ha dirigido por correo electrónico a los departamentos de comunicación de ambas empresas, contra las que no se dirige la causa judicial, para conocer a qué responden los pagos recogidos por la Agencia Tributaria. Fuentes de Asisa han explicado a este diario que la colaboración tuvo lugar "en los años 2014 y 2015", cuando el bufete "realizó un informe" para asesorar a la compañía "en una reestructuración que tenía por objeto la constitución" de Grupo Hospitalario HLA, "el cual agrupa los hospitales propiedad de Asisa". Desde Ribera Salud, sin embargo, no se ha obtenido respuesta a cierre de esta edición.

Equipo Económico echó a andar allá por 2006 bajo el nombre Montoro y Asociados SL. Poco a poco, el negocio fue creciendo. En 2008 facturó, según un informe de los Mossos d'Esquadra, 2,9 millones de euros. Una cifra de negocios que solo un año después se incrementó en un 48,8%, llegando hasta los 4,34 millones. Y que alcanzó su punto más alto en 2012, el primer ejercicio con Montoro al frente del Ministerio de Hacienda: 6,67 millones, el doble que en 2008. "Todo ello en un contexto de la peor crisis económica sufrida por España", desliza la policía catalana en el mismo documento incorporado a la causa.

A partir de 2015, recuerdan los Mossos, se produjo una "sustancial disminución del importe neto de la cifra de negocios". "En este sentido, una de las explicaciones, podría ser la aparición de noticias en prensa digital denunciando el posible tráfico de influencias del despacho Equipo Económico SL a través de sus conexiones con el Ministerio de Hacienda. Estas noticias empezaron a publicarse durante el primer semestre del año 2015 y se sucedieron durante los siguientes ejercicios", completa el análisis policial. 

El Ministerio de Hacienda liderado por Cristóbal Montoro planteó, como exigían las gasistas, rebajar al máximo los controles para acogerse a los nuevos beneficios fiscales el mismo día que mantuvo una reunión al más alto nivel con las firmas de dicho sector salpicadas por el caso Montoro. Así se desprende de los informes y correos electrónicos incorporados a la causa, en los que se hace constar que dicha relajación chocaba con el criterio de los técnicos, quienes hicieron constar, incluso, que la misma podía "incentivar u ocasionar grandes bolsas de fraude".

Con la ansiada rebaja fiscal de 2014 ya encarrilada gracias a la mediación del despacho fundado por el exministro de Hacienda, el siguiente gran reto de las gasistas era el relativo al reglamento que desarrollaría la nueva ley tributaria que estaba en tramitación –en concreto, el Reglamento de los Impuestos Especiales–. Al fin y al cabo, en él se establecería el sistema de vigilancia con el que se comprobaría el cumplimiento de las exigencias fijadas en la ley para poder acogerse la bonificación del 85% en el Impuesto sobre la Electricidad.

La idea inicial pasaba por establecer severos requisitos de control. Es lo que se desprende del intercambio de correos electrónicos intervenidos en la causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus. Así, en un mail que salió el 26 de agosto de 2014 de la Agencia Tributaria con destino a la Dirección General de Tributos se incluyeron archivos con "observaciones técnicas favorables al mantenimiento y exigibilidad de un mayor detalle de la regulación de los requisitos de previo control del cumplimiento de las exigencias" legales para poder acogerse a la rebaja fiscal.

Es más, en las observaciones a uno de los artículos del citado reglamento incluidas en dicho correo, tal y como hace constar la Agencia Tributaria en un informe de 2023 incorporado a la causa, incluso se llegaba a plantear "el establecimiento de obligaciones de control periódicas", de forma que los contribuyentes –en este caso, las compañías gasistas– se vieran obligados a presentar cada cierto tiempo una declaración informativa haciendo constar la tarifa, el tipo de contrato o la facturación por energía consumida y peajes, entre otros detalles.

Una vez emitido informe favorable a la exigencia de severos requisitos de control que aseguraran el cumplimiento de los requisitos legales para el disfrute del beneficio fiscal, un correo interno fechado el 16 de octubre pone de manifiesto una redacción del articulado "coherente" con tales exigencias. En él se establecía que las empresas que quisieran acogerse a la rebaja fiscal por actividades industriales que consumieran electricidad debían aportar una memoria económica que acreditase que tal consumo suponía el 50% del coste del producto.

Pero todo empezó a cambiar once días después. En concreto, el 27 de octubre. Precisamente, el día en que la patronal de las gasistas –la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim)– y algunas de las empresas investigadas mantuvieron una reunión con el Subdirector General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, Pablo Renieblas. Un encuentro que, según los Mossos d'Esquadra, atendía "a la intención" de "poder influir" en la redacción de un reglamento que "solicitaba tener que cumplir con muchos requisitos" que les "complicaba poder acogerse a la reducción del impuesto".

La reunión estaba fijada para las 9.30 horas. En ella, según trasladó por correo electrónico unos días más tarde el secretario general de Afgim, Carlos Romero, las gasistas expusieron sus "puntos de vista", que fueron "formalmente presentados" mediante un escrito preparado por Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro al que acudieron estas compañías porque tenía "contacto directo con el ministro". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 673.500 euros la cantidad abonada desde 2014 a Equipo Económico por las siete firmas gasistas y la patronal bajo la lupa judicial.

Poco después, a las 15.58 horas, desde el Gabinete de Dirección de la Agencia Tributaria se remitieron a la Dirección General de Tributos y la Secretaría de Estado de Hacienda observaciones al texto del proyecto de reglamento. "Se propone la práctica eliminación de los requisitos de previo control", se recogen en los informes aportados a la causa. Así, por ejemplo, se planteaba que no se exigiera "memoria" alguna, "ni descriptiva del destino que dará a la electricidad, ni económica". "No se indicará tampoco cantidad alguna de electricidad que se vaya a beneficiar de la reducción", se recogía en el informe de alegaciones.

Dichas observaciones, que llegaron al Gabinete de Dirección a primera hora de ese mismo día procedentes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, acabaron siendo finalmente acogidas. El 14 de noviembre se elevó el proyecto definitivo de reglamento a la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría General Técnica. Un texto del que se eliminó todo lo que tenía que ver con la memoria. En la nueva redacción, bastaba "una mera comunicación de cumplimiento de los requisitos exigibles para gozar del beneficio fiscal", sin aportar "justificantes acreditativos".

Un mes después, Jacobina Escamez, de la gasista Praxair, celebraba los cambios. "Gracias a dios, parece que ahora no vamos a tener que presentar memoria económica", dejaba escrito en un mail enviado a varios colegas del sector el 18 de diciembre, horas antes de la aprobación del reglamento en Consejo de Ministros. Y no es de extrañar la euforia, teniendo en cuenta los quebraderos de cabeza que podrían haber provocado los mecanismos estrictos de control a las compañías a la hora de acceder a las ansiadas ventajas fiscales, que llevaban meses peleando sin éxito y que solo consiguieron tras contratar a Equipo Económico.

En este sentido, la Agencia Tributaria recuerda la existencia de un informe interno individualizado de la consultora Ernst & Young de ese mismo año centrado en la compañía Carburos Metálicos "donde se reflejaría que 2-3 de sus 4 plantas no cumplen el requisito de superar el umbral legal del 50% para obtener el beneficio fiscal de referencia".

Créanme que lo menos apetecible para un verano es escribir una serie de artículos sobre corrupción. Si lo hago —ya me perdonarán, comprensivos lectores y lectoras—, no es sólo por la actualidad que no cesa, sino porque la corrupción es corrosivo puro para las democracias. Sólo hay que acudir a la etimología: la palabra "corrupción" proviene del latín "corruptio", que a su vez deriva del verbo "rumpere", que significa romper o quebrar. Y es que, en efecto, la corrupción corroe, rompe y quiebra la democracia, así que, con el sosiego que da mirar la realidad desde la distancia, permítanme dedicar esta columna de los lunes de agosto a intentar entender y ser conscientes de lo que nos jugamos.

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¡En Alemania pillan a un ministro con plagios en su tesis doctoral y dimite!, se escuchaba hace unos años en España con cierta mezcla de admiración, envidia y anhelo de unos estándares morales supuestamente superiores a los nuestros. Hoy es aquí donde cargos públicos dimiten cuando se desvela que mentían en sus currículos.

Algo está cambiando en España: la corrupción ha dejado de ser tolerada por la sociedad, especialmente desde aquel 1 de junio de 2018, cuando una mayoría del Congreso aprobó la moción de censura contra M. Rajoy y dio la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. La derecha aún no ha hecho la digestión de aquello y a la izquierda ahora le repite el peor sabor de sus propios y más amargos episodios pasados.

Corrupción, es, sin embargo, una palabra y un concepto demasiado ambiguo para poder entender y explicar lo que ocurre con exactitud. Incluso la definición que da la OCDE peca de esto: "abuso de un cargo público o privado para beneficio personal". Sin embargo, desde un punto de vista político, que no moral —ese sería otro debate—, no es lo mismo inflar un CV que articular una policía patriótica o fiscal. Para ayudar a entender mejor la realidad, podemos echar mano de tres conceptos del mismo campo semántico, pero que permiten diferenciar: las malas prácticas, las corruptelas y la corrupción.

Si una empresa carece de la debida transparencia en los procesos de contratación, no cuenta con los controles adecuados en su cadena de proveedores o hace caso omiso de las recomendaciones en materia de igualdad de género está incurriendo, claramente, en malas prácticas. No tienen por qué ser ilegales, pero son malas prácticas y como tal deben señalarse. Lo mismo ocurre si una empresa pública no argumenta los méritos de formación y experiencia que le lleva a contratar a un asesor —como el GRECO ha recriminado a España una vez más—, o si seguimos esperando la tan ansiada regulación de los lobbies. Se trata de malas prácticas que hay que evitar y corregir, aunque no constituyan una irregularidad ni mucho menos estén tipificadas como delito.

Si el abuso de poder quiebra alguna normativa estaremos hablando ya de corruptelas. Se trata de acciones ilegales y son ampliamente conocidas: un soborno a cambio de agilizar un expediente en un ayuntamiento, una comisión para el jefe de compras que decide contratar a un proveedor y no a otro, una invitación a un viaje al Caribe para asistir a un congreso científico a cambio de recetar un medicamento y no el de la competencia… Es decir, abuso de poder para beneficio personal de forma puntual.

Si todos estos comportamientos se establecen de forma sistemática y generalizada, abusando de poder para obtener un beneficio propio o de terceros, es cuando podemos hablar propiamente de casos de corrupción. Todos ustedes los tienen en mente: desde Filesa, Malesa y Time Sport, hasta los “supuestos” casos Koldo y la “supuesta” gran trama Montoro, pasando por las inolvidables Gürtel y Kitchen, todas ellas son tramas generalizadas y extendidas de corrupción. Que nadie me malinterprete: no estoy quitando ni un ápice de gravedad a las malas prácticas ni a las corruptelas, pero hay grados y grados. Los más graves, sin duda, los encontramos en los que suponen “capturas de políticas”, es decir, la elaboración de una normativa o de una política determinada para beneficio de un interés particular obviando el interés general. Los casos relativos a las empresas gasistas que rodean al ex-ministro Montoro son buen ejemplo de ello. No se trata ya de que evadan impuestos o consigan un contrato publico, sino que condicionan hasta determinar las políticas públicas en beneficio propio.

¿Todas tienen el mismo potencial destructivo para la democracia? Todos ayudan a su descrédito, en efecto, pero de forma distinta. Cuando un ciudadano comprueba que el asesor de la ministra no tiene la cualificación que se le supondría, o se entera de que en el Parlamento Europeo existe un registro de lobbies que en España aún no ha llegado, puede pensar que las cosas deberían funcionar algo mejor. Si ese mismo ciudadano lee una noticia en la que se explica cómo el constructor más famoso de su ciudad consiguió agilizar un expediente mientras él seguía esperando una licencia de obras menores para cambiar las ventanas, comenzará a indignarse. Si a los pocos días le llegan los audios de Koldo, es fácil que sienta repulsión y, a poco demócrata que sea, bastante decepción, ahondando en la famosa desconfianza de las instituciones. Pero si a renglón seguido comienza a conocer los detalles del caso Montoro, usando a la Hacienda Pública -lo más sagrado para los demócratas no creyentes- para beneficiar a clientes previo pago, y perseguir a contrarios políticos, la confianza en el sistema saltará por los aires. Sólo falta que nuestro ciudadano lea cómo se llevaban al Congreso leyes para hacer las delicias de esos mismos clientes, obviando cualquier interés general, para que la palabra democracia se convierta, a sus ojos, en un ejercicio de cinismo e hipocresía.

Todo esto nos jugamos. Así que, queridos lectores, perdonen la impertinencia, pero sí, este verano toca hablar de corrupción. 

La Fiscalía Anticorrupción cuenta con una unidad de apoyo dentro de la Agencia Tributaria, cuya misión es asesorar al Ministerio Público en las investigaciones de delitos económicos, como ha sucedido en el caso Montoro. En un informe de 2023 remitido al juzgado de Tarragona que investiga dicha causa, esta unidad recomendó ahondar en los contenidos de una cuenta de correo, que, según su investigación, pertenecía al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. 

Al contrario que todas las demás cuentas del ministerio que aparecen en este informe y en otros documentos de la causa, la dirección de correo no identifica a su dueño con su nombre y apellido, sino que utiliza un usuario que corresponde parcialmente con su segundo apellido: 'aromero' (Cristóbal Montoro Romero). Sin embargo, en su escrito, la AEAT da por confirmado que esta dirección corresponde al entonces ministro. Entre otras pruebas, cita un mensaje de diciembre de 2016 en el que el también imputado Felipe Martínez Rico, el día que deja de ser jefe de gabinete de Montoro, informa a Marta Vega, que es la que le sustituye en el cargo, de que “el jefe tiene una cuenta de mail a la que mandamos los temas del Ministerio”. 

La unidad Anticorrupción de la AEAT da especial importancia a esta cuenta de correo, la califica como “destinataria de información relevante y protegida” y lamenta no disponer de información sobre ella. La investigación localiza mensajes enviados a esta dirección por otras cuentas a las que sí tiene acceso, pero, como en otras ocasiones, no puede leer los archivos adjuntos. 

Por este motivo, la AEAT recomienda al juzgado, además de investigar  el contenido de estos archivos, “obtener certificado acreditativo del usuario” de la cuenta 'aromero' así como “determinar el rol desempeñado por dicho usuario en los hechos investigados”. Especialmente, los mensajes entre Montoro y Martínez Rico “pueden mostrar nuevas actividades de la organización objeto de investigación, así como eventuales influencias ejercidas, cadenas de decisiones y los roles de los intervinientes”, según el informe”. 

Sin embargo, de forma sorprendente, el criterio de la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción se topa con el rechazo de los responsables de la propia Fiscalía Anticorrupción. Solo dos meses antes de la fecha de este informe, Carmen García Cerdán, la fiscal encargada del caso, ya había solicitado a Antonio Romeral, teniente fiscal y su jefe directo, y a Alejandro Luzón, máximo responsable de Anticorrupción, el volcado de la cuenta de correo ministerial de Montoro. En esa ocasión, y en todas las siguientes en las que insistió, ya posteriores a la emisión del informe, la petición de García fue rechazada por sus superiores. 

Con el informe ya unido a la causa, la fiscal decidió, en 2024, elevar una queja particular al Consejo Fiscal sobre la negativa de sus jefes a investigar el correo del ahora imputado exministro de Hacienda. Sus compañeros no la respaldaron, y votaron en mayoría a favor de la decisión de Romeral y Luzón de no indagar en la cuenta. Una decisión también apoyada por el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que renunciaba así a perseguir un posible delito de revelación de secretos por parte de Montoro, ya que la información de esa cuenta podría demostrar el uso de las influencias del exministro en Hacienda para beneficiar a los clientes de Equipo Económico.

Ante la oposición de sus jefes, García Cerdá, convencida, al igual que la unidad Anticorrupción de la AEAT, de la importancia de dichos correos, intentó que fuera el inspector jefe de los Mossos d'Esquadra quien solicitara al juzgado la diligencia para analizarlos. Por ello, ha sido sancionada con 1.000 euros de multa por desobediencia grave, en una sentencia confirmada este mes de julio por el Tribunal Supremo. Mientras, los correos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda bajo el usuario ‘aromero’ siguen sin ser investigados.

Un lobby o grupo de interés hace referencia a la actividad de un conjunto de personas, de empresas o agrupaciones que tratan de influir en las decisiones políticas o en la gestión pública. El término tiene una connotación negativa porque se asocia a una forma de conseguir cambios para favorecer intereses particulares. En España el último escándalo en el que resuena esta práctica es el del que ha terminado con la imputación del ex ministro del PP Cristóbal Montoro. Varias denuncias señalaban a un bufete fundado por él —junto con antiguos altos cargos de la Administración de José María Aznar—, de operar como un lobby al que las empresas debían acudir para conseguir favores gubernamentales.

En el auto de imputación que se ha conocido recientemente definen la actividad del despacho de abogados Equipo Económico de la siguiente manera: “A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes”, en este caso, empresas gasistas. Es un ejemplo de uno de los escollos que, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea, hace tropezar las medidas anticorrupción en España. 

Este mismo viernes, el documento emitido por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, pedía a España “intensificar” sus esfuerzos para implementar medidas anticorrupción más efectivas. Uno de los puntos centrales del documento está, precisamente, en la regulación de los lobbies. Además pide mecanismos de control sobra las llamadas “puertas giratorias”, que sirven de llave, muchas veces, para favorecer ilícitamente a los grupos de interés. 

La legislación actual resulta insuficiente para los expertos europeos, aunque sí reconocen que el llamado plan de regeneración democrática que se aprobó el año pasado, ha supuesto pasos adelante. En relación con los grupos de interés, esta norma contempla sanciones para los diputados y senadores que no sean honestos en sus declaraciones de bienes, así como la obligación de hacer públicas sus reuniones con personas físicas o jurídicas que busquen modificaciones legislativas. 

Sin embargo, no es sencillo trazar una línea en el tema de los lobby, determinar quiénes son considerados como tal, regular las relaciones informales de los políticos en cenas o encuentros, la publicación de las agendas, establecer sanciones o definir estándares claros de transparencia son puntos que aún se podrían concretar más. De hecho, la plataforma ciudadana +Democracia, pidió en un documento abierto que las normas en España se acercasen más al marco europeo “en materia de transparencia, registro, código de conducta, huella legislativa y transparencia de las agendas de los miembros de la Cortes Generales”, señalan en un texto que contiene otras 40 medidas anticorrupción. 

El informe del GRECO insiste en que el control de las relaciones con lobistas solo se cumple “en parte”, pide más atención sobre las “personas con funciones ejecutivas” y constata que en materia de transparencia la práctica es “muy desigual” a nivel nacional. También afea el hecho de las agendas de los políticos aún no se hayan publicado.

Para ejercer influencia es necesario poder acceder a quienes la tienen o moverse en una esfera donde se propicien esos contactos. De ahí que las denominadas como puertas giratorias sean otro de los puntos en los que incide el documento elaborado por los expertos del Consejo. En el caso de la imputación de Montoro y Equipo Económico, los presuntos delitos se habrían cometido en parte gracias a este mecanismo. 

Así en 2004 Aznar sale del Gobierno y muchos de sus ministros y altos cargos pasan de la política al sector privado. El camino de Cristóbal Montoro —economista de formación y siempre vinculado a cargos en Economía y Hacienda— pasa por fundar un despacho en el año 2006. En los nombramientos que se van publicando a medida que se consolida el negocio figuran nombres que habían pasado por la Administración y que, presuntamente, facilitarían con su posición que los lobby llegasen a ejercer influencia en la gestión política. Está, entre otros, Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria y también Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, nombrado en enero de 2008 tras haber ocupado distintos cargos de responsabilidad en la Agencia Tributaria. 

Este caso ha sido el último en conocerse, pero hay cientos de ejemplos que contribuyen a enturbiar la imagen de las instituciones y comprometen la percepción de los ciudadanos en materia de corrupción. Además, el informe europeo pide regular la figura de los asesores, que también pueden operar de forma opaca en la gestión pública. De hecho, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, presentado por Transparencia Internacional, muestra que España ha descendido cuatro puestos con respecto a 2023 y ocupa el puesto 46 de 180 países analizados.

El Consejo de Europa también ha puesto el foco en la forma de realizar los nombramientos y en la falta de una estrategia específica anticorrupción en la Policía. De hecho, como explicaba infoLibre, en las fuerzas armadas también se dan puertas giratorias que han aprovechado, por ejemplo, miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) para pasarse a grandes empresas privadas.

El informe del GRECO apunta que los avances en las recomendaciones para mejorar la transparencia en la Policía Nacional y en la Guardia Civil también se había quedado a medias. En un documento previo, publicado seis años atrás, el organismo europeo pedía "mejorar los mecanismos de prevención de corrupción", medidas en materia de igualdad entre hombres y mujeres y una mayor "transparencia" en la concesión de cargos, medallas y otras cuestiones relacionadas con la carrera profesional en dichos cuerpos.

Sin embargo, al valorar los cambios que se han ido introduciendo, insisten de nuevo en que no hay una "estrategia específica contra la corrupción" y tampoco unos estándares de transparencia suficientes. Por ello pide "mejoras estructurales" y protocolos de actuación ética más precisos.

Tras la publicación del informe, la reacción del Partido Popular ha sido exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado solicitó la comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Del lado del Ejecutivo, remarcan que el Gobierno de coalición ha cumplido parcialmente 16 de las 19 recomendaciones emitidas en el anterior informe de la Comisión y ponen el foco en los avances realizados.