El Ateneo de Madrid acoge este próximo jueves 26 de febrero la presentación de un manifiesto elaborado por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y que cuenta con el respaldo de un centenar de juristas. El objetivo de este documento es reclamar que las pensiones queden protegidas en la Constitución.

Entre los firmantes se encuentran profesionales de reconocido prestigio como Manuela Carmena o Baltasar Garzón, magistrados en activo como Ignacio González Vega o Ximo Bosch y magistrados eméritos del Tribunal Supremo como Perfecto Andrés o Alberto Jorge Barreiro. También figuran académicos y constitucionalistas.

Una vez finalizado el acto, una delegación hará entrega del manifiesto a las fuerzas parlamentarias del Congreso, el mismo día en que se someterá a votación la revalorización de las pensiones.

La MERP ha anunciado la movilización por sus redes sociales y ha informado que su objetivo es "prohibir los recortes, la privatización del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo".

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar el expediente de rehabilitación en la carrera judicial de Baltasar Garzón, separado del servicio en 2012 tras ser condenado por el Supremo por su instrucción del caso Gürtel. Así lo ha acordado el Pleno del órgano de gobierno de los jueces tras recibir un escrito de Garzón en el que aclaraba que lo que pedía al Consejo era la "reparación integral" a la que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tiene derecho, lo que incluiría una indemnización y su vuelta a la Audiencia Nacional y no su retorno a la magistratura como juez raso obligado a aceptar el primer destino vacante. La decisión le abre las puertas a recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que, el pasado mayo, dio validez a las resoluciones sobre vulneraciones de derechos humanos de la organización internacional para obtener un resarcimiento del Estado.

Garzón consideraba que el órgano ante el que debía reclamar esa reparación integral era el CGPJ, la institución que acordó su expulsión tras su condena. El juez inhabilitado invocó ante el órgano de gobierno de los jueces una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Supremo. En ella se daba validez al dictamen de un comité de derechos de la la ONU sin la necesidad de revisar previamente las sentencias que se trataban de combatir. En ese caso, en el que se analizaba una resolución del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, el Alto Tribunal advirtió de que "no se trata de revisar sentencias firmes" porque lo que el organismo internacional pone de relieve no es la actuación de un juzgado o un tribunal concreto, "sino el conjunto de respuestas del Estado". El proceso reconoció el derecho a recibir una indemnización del Ministerio de Justicia "por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia".

Sin embargo, en el Pleno del CGPJ del pasado 8 de octubre, el órgano de gobierno de los jueces rechazó la petición de Garzón pese al dictamen de otro comité de la ONU, el de Derechos Humanos, que obligó a España el 13 de julio de 2021 a otorgarle esa "reparación integral" por la violación de tres derechos fundamentales durante el proceso en el que se le condenó nueve años antes: el derecho "a un tribunal independiente e imparcial" –tanto la instrucción como el enjuiciamiento se siguieron íntegramente en la Sala de lo Penal del Supremo–, la garantía del acceso a una doble instancia o apelación en caso de condena penal –Garzón no la tuvo al ser juzgado como aforado– y el derecho a la legalidad penal, es decir, a obtener "una resolución no arbitraria y previsible".

En contra del criterio establecido por la Sala de lo Contencioso del Supremo del pasado mayo, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces concluyó el pasado 8 de octubre que mientras la sentencia del Tribunal Supremo "no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula" es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española. El CGPJ decidió entonces mantener abierto un expediente de rehabilitación que, sin embargo, no lo hubiera restituido en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el destino que tenía cuando se decretó su expulsión.

Fuentes del Consejo explican que esa salida forzosa de la judicatura fue "un acto reglado" del Consejo –es decir, sin discusión posible entre los vocales, automático– cuyo único motivo fue la sentencia del Alto Tribunal, que establecía una pena de 11 años de inhabilitación para el magistrado, sanción que ya ha cumplido íntegramente. Los vocales consideran que la revisión de los acuerdos del CGPJ que supusieron su expulsión de la carrera días después solo podría conseguirse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisara previamente su sentencia de acuerdo con lo que estableció el Comité de Derechos Humanos. Garzón, sin embargo, explica que el dictamen de la ONU, con la legislación actual, no es válido para reclamar la revisión de una condena del Alto Tribunal, en contra de lo que le exige el CGPJ. Esa es la razón de que no la haya pedido.

Tras rechazar su "reparación integral" en una resolución de la que fue ponente el vocal conservador Alejandro Abascal, el Consejo decidió dejar abierto el proceso para permitir la vuelta de Garzón a la judicatura. Sin embargo esos trámites no le hubieran permitido retornar a la Audiencia Nacional. El reglamento de la Carrera Judicial establece que las separaciones superiores a seis meses –la de Garzón ha durado 13 años– suponen la pérdida de destino, por lo que, en teoría, estaría obligado a concursar para cualquier plaza correspondiente a su categoría. Un juez con más de 30 años de antigüedad, tendría que empezar prácticamente de cero.

La imposibilidad de obtener esa reparación integral y la vuelta a su último destino es lo que ha provocado que, el pasado lunes, el juez inhabilitado renunciara a su rehabilitación por el Consejo. En su escrito enviado al órgano de gobierno de los jueces, asegura que esa rehabilitación "no es lo que se ha solicitado", sino la "reparación integral", y afirma que "el CGPJ se ha inventado un procedimiento no solicitado". El trámite abierto para facilitar su vuelta a la judicatura dejaba "en papel mojado" el dictamen de la ONU, según el escrito, "a pesar de su efecto vinculante que es prueba indubitada de que fue privado del cargo con base a una triple vulneración de derechos fundamentales". El antiguo juez de la Audiencia Nacional considera que negarle la reparación que solicita supone su revictimización.

El magistrado suspendido en 2012 prepara ya su recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo, la competente para revisar las decisiones del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de la misma Sala que hace solo cinco meses estableció que los dictámenes de Naciones Unidas son vinculantes para todos los poderes del Estado. El proceso en el Alto Tribunal podría, en teoría, reconocerle la indemnización que había reclamado, sin éxito, al Consejo, pero no su vuelta a la magistratura. Porque Garzón cumple 70 años –la edad de jubilación de jueces y magistrados– este domingo.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este miércoles sobre la anulación de sus acuerdos de febrero de 2012 que supusieron la expulsión de la carrera de Baltasar Garzón tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Sus 20 miembros –diez conservadores y diez progresistas– junto a su presidenta, Isabel Perelló, han rechazado la reclamación del juez pese al acuerdo del Comité de Derechos Humanos de la ONU que obligó a España en 2021 a otorgarle una "reparación integral" por considerar que, durante el proceso contra él, se vulneraron derechos fundamentales y garantías procesales básicas.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces considera que mientras la sentencia del Tribunal Supremo "no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula" es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española, según ha informado. El CGPJ mantiene abierto un expediente de rehabilitación de Garzón tras el cumplimiento de su inhabilitación que, sin embargo, no lo restituirá en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el destino que tenía cuando se decretó su expulsión.

La resolución adoptada por el Pleno del Consejo ha tenido como ponente al vocal conservador Alejandro Abascal, el mismo que redactó el acuerdo de la Comisión Permanente del pasado julio con el que ese organismo rechazó la revisión de oficio de esos acuerdos. Contra esa decisión, Garzón presentó un recurso administrativo ante el Pleno recordando que el comité de la ONU, en su dictamen del 13 de julio de 2021, consideró que se había violado su derecho "a un tribunal independiente e imparcial", su derecho fundamental "a una doble instancia o apelación en caso de condena penal y el de obtener "una resolución no arbitraria y previsible".

Como consecuencia, el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas reclamaba una "reparación integral". La Comisión Permanente, en su resolución del pasado julio, ordenó iniciar un procedimiento para su vuelta a la carrera, pero al haber estado suspendido por más de seis meses, su rehabilitación le obligaría a concursar por la primera plaza disponible, perdiendo su anterior destino en la Audiencia Nacional.

El motivo que los vocales esgrimen para no otorgar a Garzón esa reparación en los términos en los que la reclama es que, en opinión de la mayoría de ellos, no existe un procedimiento para hacerlo. Su separación de la carrera se produjo días después de que la Sala de lo Penal del Supremo lo condenara por prevaricación, por haber grabado las declaraciones de varios letrados del caso Gürtel con sus clientes en prisión, grabaciones que el juez que siguió instruyendo la causa tras la expulsión, Pablo Ruz, prorrogó sin ninguna consecuencia penal.

Fuentes del Consejo explican que esa salida forzosa de la judicatura fue "un acto reglado" del Consejo –es decir, sin discusión posible, impuesto– cuyo único motivo fue la sentencia del Alto Tribunal, que establecía una pena de 11 años de inhabilitación para el magistrado, sanción penal que fue impuesta el 9 de febrero de 2012, por lo que ya se ha cumplido íntegramente.

Los vocales consideran que la revisión de los acuerdos del CGPJ que supusieron su expulsión de la carrera días después solo podría conseguirse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisara previamente su sentencia de acuerdo con lo que estableció el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2021.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese mismo tribunal declaró el pasado mayo que los dictámenes de ese organismo son obligatorios para los tribunales españoles. Garzón no ha presentado hasta el momento el recurso extraordinario de revisión que podría permitir que se anulara su condena, a día de hoy plenamente vigente. La mayoría del Consejo cree que declarar nula su expulsión supondría desobedecerla.

El Consejo, sin embargo, sigue adelante con su proceso de rehabilitación. El órgano de gobierno de los jueces debe darse prisa para llegar a tiempo, ya que Garzón alcanzará los 70 años (la edad de jubilación de los jueces) el próximo 26 de octubre. Esa rehabilitación, sin embargo, no supondrá, casi con total seguridad, su regreso a la Audiencia Nacional, algo que, según los recursos presentados por el juez, sí cumpliría los requisitos de esa "reparación integral" que exige Naciones Unidas.

El reglamento de la Carrera Judicial establece que las separaciones superiores a seis meses suponen la pérdida de destino, por lo que, en teoría, Garzón estaría obligado a concursar para cualquier plaza correspondiente a su categoría. Un juez con más de 30 años de antigüedad, tendría que empezar prácticamente de cero.

El juez Baltasar Garzón se enfrentó en el año 2010 a tres procesos. El primero por su investigación sobre la trama Gürtel, el segundo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y el tercero por un supuesto delito de cohecho al impartir unos cursos en Nueva York.

En el rol de denunciantes coincidían viejos conocidos como el pseudosindicato Manos Limpias y Falange Española, organización a la que la práctica totalidad de los historiadores reconocidos atribuyen gravísimas responsabilidades en los crímenes de la dictadura.

El primero de los procesos se saldó con la condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al juez Garzón por intervenir conversaciones en la cárcel de los imputados en la trama Gürtel con sus abogados, a once años de inhabilitación, una multa de 2.520 euros y al pago de las costas del proceso.

En el segundo proceso sobre los crímenes del franquismo, el Supremo dictaminó que el Magistrado Garzón había incurrido en un exceso interpretativo de las normas, pero sin que esta conducta constituyera delito de prevaricación. Sin embargo, el Tribunal aprovechó la ocasión para advertir de que los crímenes franquistas no podían ser objeto de investigación.

En el proceso por los cursos en la Universidad de Nueva York, el instructor en la Sala II de lo Penal del Tribunal Supremo, llegó a ordenar a la Guardia Civil que investigara las cuentas, depósitos bancarios, declaraciones tributarias y las participaciones que Baltasar Garzón y otras personas de su familia pudiera tener en cualquier entidad bancaria, es decir se ordenó una investigación exhaustiva. Finalmente, la querella fue archivada por el instructor al no apreciar indicios de extorsión y considerar que, en todo caso, el supuesto delito de cohecho impropio habría prescrito.

El resultado más evidente de este entramado de denuncias y decisiones judiciales es que el juez Garzón quedó inhabilitado para la carrera judicial y ello, precisamente, por haber sometido a escuchas a los delincuentes confesos de la trama Gürtel. El segundo resultado a destacar fue la advertencia de que los crímenes de la dictadura no podían ser objeto de investigación.

Con ambos mensajes los jueces de todo el país tuvieron claro que meterse con los delincuentes vinculados a cierto partido o socavar la impunidad de la dictadura eran prácticas de alto riesgo.

Pero como ya ha sucedido en España en otras circunstancias de nuestra historia reciente, la pretensión del Supremo de dejar todo “atado y bien atado” resultó fallida por causa de dos acontecimientos sobrevenidos que conforman un nuevo escenario en la actualidad.

De una parte, la aprobación de la Ley 20/2022 de MD que creó la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para investigar las violaciones del Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la dictadura. Sin ignorar las dificultades que conllevarán estas investigaciones, lo más cierto es que la impunidad de los crímenes de la dictadura ha sufrido un revés.

De otra, el 26 de agosto de 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró oficialmente que “los juicios contra el ex juez español Baltasar Garzón por los casos franquismo y Gürtel fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial”.

El Comité precisó que el proceso del caso Gürtel fue arbitrario, la sentencia tuvo parcialidad y se violaron derechos fundamentales como el derecho a un juicio justo, al acceso a un tribunal imparcial y a la doble instancia. Asimismo, declaró que cuando Garzón actuó en el caso Gürtel, no existía una norma clara y vigente que expresara que su conducta era ilegal o sancionable.

En atención a estas razones, en 2021, la ONU solicitó a España una reparación integral que comprendiera la anulación de antecedentes penales, el reingreso a la carrera judicial, así como garantías de que este tipo de conductas no volverían a repetirse.

Contrasta la enorme difusión que recibió en su día la noticia sobre la expulsión del juez Garzón de la carrera judicial con la muy escasa recibida por esta declaración legal del Comité de Derechos Humanos de la ONU que desautoriza clara e inequívocamente la decisión del alto Tribunal.

Más preocupante, sin embargo, resulta que, en 2025, cuatro años después, España no ha cumplido ninguna de las peticiones del Comité de la ONU y ello a pesar de que la propia Fiscalía ha intervenido para instar el cumplimiento de la Resolución.

La inacción de las autoridades españolas envía un lamentable mensaje a todo el mundo:

¿Cómo puede ignorarse de esta forma a los miembros de la Administración de Justicia que luchan contra la corrupción o por los Derechos Humanos? ¿A qué Estado de Derecho aspira España si ignora a los organismos internacionales que ella misma reconoce?

Desde muy diversos ámbitos políticos y sociales se ha iniciado una campaña para volver a recordar lo ocurrido y para reclamar que el Gobierno de España y el CGPJ cumplan de forma inmediata con la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso de Baltasar Garzón. Se reclama, en suma, la adopción de medidas para que ningún juez vuelva a ser castigado por defender los Derechos Humanos.

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Juan Carlos García Bravo es miembro de la junta directiva de la Asociación de Memoria Social y Democrática (AMESDE).

El magistrado Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) es la figura más destacada de España en lo que a justicia internacional se refiere. Tras una carrera fulgurante en la judicatura, en la que asumió causas contra el narcotráfico, ETA, los GAL, el franquismo o el dictador Pinochet, fue condenado por ordenar escuchas ilegales en el caso Gürtel. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó en 2021 que había dudas objetivas de que hubiera tenido un tribunal independiente e imparcial y que los juicios contra él habían sido arbitrarios. Sus resoluciones son vinculantes y Garzón pide que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie sobre la reparación pendiente, que entiende sería la reposición en su cargo.

“Todo empezó como consecuencia de un atentado execrable, por supuesto. Pero a partir de ahí, la respuesta del gobierno de Israel ha sido tremenda, y ha ido in crescendo hasta el punto de que, sin lugar a dudas, y ya desde hace tiempo, se puede hablar de una intención específica de exterminio del pueblo palestino, en Cisjordania también, pero principalmente en Gaza. Desvelan una intención clara de ir contra el pueblo palestino como grupo nacional”.

“¿Qué se puede hacer frente a esto desde la justicia internacional? Algunas iniciativas están en marcha. La de la Corte Internacional de Justicia a instancias de Sudáfrica y a la que se han sumado varios países, entre otros España a través de su gobierno, es una justicia entre Estados. Se va a decidir en aplicación de la Convención de la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948, si Israel está cometiendo, a través de sus estructuras institucionales, un genocidio. Es difícil demostrarlo. El genocidio es un delito que tiene lo que denominamos los juristas dolo específico, es decir, una intención clara y definida de producir un resultado. En este caso, acabar con todo o parte de un pueblo, de su propia identidad, a través de distintas acciones que demuestren que esto es así. La Corte Internacional de Justicia ha hecho algo muy importante. Desde el 26 de octubre de 2023 a enero de 2024 ha tomado distintas medidas cautelares reiteradas posteriormente en las que se le dice a Israel que cese los bombardeos, que proteja a la población civil palestina en Gaza, etcétera. Como todos sabemos, esto no se ha cumplido”.

“Mi primer reproche a la justicia internacional en el caso de la Corte Internacional de Justicia es que tarda años. Con esas dilaciones, cuando llegue una resolución definitiva ya habrán muerto masacrados miles y miles o cientos de miles de personas. Por tanto, es necesario agilizar ese procedimiento y tomar más medidas coercitivas que tienen que ser aplicadas por los Estados. Eso de momento no se está produciendo. Se dice que hay un presunto delito de genocidio que se está cometiendo, pero la Corte Internacional de Justicia no decide sobre imputaciones penales. Eso corresponde a los tribunales nacionales de cada país y a la Corte Penal Internacional, donde vienen definidos los distintos delitos contra la comunidad internacional. Delitos atroces, como genocidio, lesa humanidad y crimen de guerra y agresión. La Corte Penal Internacional tiene una situación abierta desde hace varios años, porque, aunque Israel no es parte del Estatuto de Roma de 1998, Palestina sí ha sido reconocida como Estado parte desde 2014. Por tanto, esto determina la competencia de la Corte Penal Internacional y ya hay una orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa del mismo país”.

“Desde entonces han ocurrido muchas más cosas. Han sido atacados los centros de salud, eliminada toda posibilidad de los derechos reproductivos, las hambrunas como arma de guerra, los desplazamientos forzados de personas, la destrucción sistemática de todo Gaza. Afirmaciones como las del ministro de Finanzas diciendo que ya se están mercantilizando y repartiendo los despojos de Palestina en Gaza, etcétera, que, sin lugar a dudas, pueden cambiar la calificación jurídica que hasta este momento la Corte Penal Internacional ha adoptado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Es decir, que ha habido una política sistemática para producir esos resultados y pasar a una calificación más grave, que es la de genocidio. Y esa conceptuación como genocidio es la que la Comisión Independiente de la ONU hace apenas una semana ha adoptado en su informe que presentará en las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que comienzan esta semana próxima. Y queda una última esfera que es la de la respuesta de la justicia desde ámbitos territoriales concretos. En Israel cabría investigar las acciones del Primer ministro, del gabinete de Gobierno o de los propios militares. De momento no se está haciendo. Sí se están investigando los atentados terroristas de Hamás”.

“En España se podían perseguir crímenes internacionales donde acontecieran siempre que tuvieran el calificativo de genocidio, crimen de guerra o crimen de lesa humanidad, al amparo de la ley de 1985. Se redujo por ley en 2009 y finalmente en 2014 el Partido Popular, con su mayoría absoluta, prácticamente acabó con la jurisdicción universal, que era el mecanismo que había para poder combatir desde la justicia este tipo de crímenes. Ahora, la Fiscalía General del Estado ha autorizado el inicio de una investigación preprocesal a través de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que encabeza la fiscal de Sala Dolores Delgado, junto con Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y Fiscal de Relaciones Internacionales. Conlleva la acumulación de elementos probatorios y de datos para ponerlos a disposición de las cortes internacionales. Cualquiera de las cosas que se puedan hacer desde el ámbito de la justicia son bienvenidas. Lo único que, desde mi punto de vista, no se puede llevar a cabo es no hacer nada. El silencio, la indiferencia, la inactividad es complicidad con lo que está ocurriendo. Y hay un aspecto muy interesante que es el de las empresas y las corporaciones que están contribuyendo a que esto se sostenga, porque no olvidemos que tiene un contenido económico muy importante, como se ha encargado de decir este señor ministro de Finanzas de Israel en unas declaraciones que aborrezco y que ofenden a la humanidad entera”.

“La posición de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es muy importante, por lo paradigmático que significa esa política agresiva y de destrucción de estructuras internacionales. Está poniendo cerco a países como Venezuela, ha sancionado a los magistrados de la Corte Penal Internacional. Incluso se ha permitido subir los aranceles hasta un 55% a Brasil, porque estaba juzgando por tentativa de golpe de Estado al expresidente Bolsonaro. Es decir, una interferencia absoluta en su soberanía.

Estamos insertos en un desorden mundial muy problemático, muy peligroso, en el que cualquier cosa puede ocurrir. Nos levantamos cada día con el alma en vilo a poner las noticias o leer los diarios y los digitales para ver qué es lo que ha ocurrido ahora o bien qué gracia se le ha ocurrido a este señor. Hay una decisión y una complicidad en que Israel tenga las manos libres para arrasar Gaza y no se pueda arrasar a un pueblo ni a una sociedad civil por las acciones criminales de un grupo terrorista.

En este universo de desastres concatenados, el único faro que nos puede guiar es apelar de nuevo a las normas que la comunidad internacional ha adoptado a través de décadas después de la Segunda Guerra Mundial y de las consecuencias atroces de la misma con el Holocausto. ¿Quién iba a decir que los representantes políticos de quienes fueron víctimas estén llevando a cabo unas acciones presuntamente criminales como las de Palestina? Ya estamos perdiendo todo ese avance en derechos, en bienestar, en tranquilidad, en la comunidad internacional, con todos los efectos que habíamos obtenido”.

“Lo más grave es la contienda política que, en otros países, como ocurre en España, se está suscitando por parte de un espectro político de la derecha y de la extrema derecha, donde a los pobladores de Gaza se les considera de segunda, tercera categoría o casi como material biodegradable. Hamás cometió hechos atroces que, vuelvo a decir, se están investigando, pero las consecuencias son inasumibles, inaceptables. Por tanto, insisto, aquí el silencio, la indiferencia, determinan la responsabilidad. Todos somos responsables si no adoptamos todas y cada una de las medidas posibles para paliar este desastre. Y quien defiende la permanencia de este conflicto, de esta acción de eliminación y de exterminación y aniquilamiento de la población de Gaza, está consintiendo el genocidio”.

“Cuando se habla de determinados casos judiciales en el debate social, como pueden ser los casos Cerdán, Ábalos, Koldo o el caso de investigación de la mujer y el hermano del presidente, o del propio Fiscal General por parte de jueces con nombres y apellidos, tendríamos que ser muy prudentes, lo cual no impide que seamos críticos. A veces se dice que hay instrumentalización del derecho y yo digo: “sí”. Hay indicios de que se puede estar instrumentalizando el derecho en determinadas investigaciones, como las mencionadas. Desde mi punto de vista, lógicamente, hay unas instrucciones que no tienen base fáctica suficiente, como es la que se desarrolla contra la esposa de Pedro Sánchez. Es prospectiva, es decir, se va cambiando el objeto del proceso de forma sistemática y si se cierra una vía por la Audiencia Provincial, se abre por el instructor. Eso genera una inseguridad jurídica muy grande, porque al final no sabes de qué defenderte, no porque haya nuevos hechos, sino porque se busca de forma prospectiva. Lo mismo aparece también en la investigación que se sigue en Badajoz respecto del hermano del presidente”.

“La instrucción que se ha llevado a cabo en el Tribunal Supremo por el magistrado Hurtado tiene, desde mi punto de vista, deficiencias graves. Comenzó con una entrada y registro absolutamente invasivos en la sede de la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid. Con un periodo temporal amplísimo de ocho meses y luego, sin explicar demasiado por qué se había producido esa decisión, una semana después se reduce a ocho días o siete días. Además, la estimación como indicio negativo e inculpatorio de un borrado telefónico que puedes llevar a cabo por razones suficientemente explicadas, como la protección de los temas que afectan a la seguridad.

No hay un solo elemento que justifique que la intención del sujeto es la que dice el instructor, ni de que se actuaba en comunicación o siguiendo instrucciones de Moncloa. Determinados periodistas dicen expresa y paulatinamente que el fiscal no filtró esa información. Si la instrucción dice que eso es mentira tendrá que investigarse contra esos profesionales, pero ¿en base a qué? Toda una concatenación de elementos que conducen a pensar que la acción es más por la persona y la representación que tiene que por los hechos en sí. Y eso genera ese otro ámbito de actuación por parte de determinados grupos políticos como un elemento de ataque sistemático al presidente del Gobierno y al gobierno de coalición que preside, al que, desde el principio de los tiempos, en 2018, han calificado de ilegítimo. Se ve claramente que es una acción de acoso y derribo político. Por tanto, no debe dimitir”.

“Estamos hablando de conductas muy elaboradas por personas o corporaciones que hilvanan muy bien cuál es la forma para que no sean sorprendidas o para que estén rozando esa línea, ese filo de la navaja de la legalidad y la ilegalidad. Durante muchos años parece ser o aparentemente –o al menos eso es lo que se está investigando– desde el Ministerio de Hacienda o desde determinado funcionario que estuvo al frente del mismo, el señor Montoro podría haber favorecido a un despacho de abogados en concreto. Cada día van apareciendo nuevos elementos. Lo que ahí se está debatiendo es si existía o no existía una estructura que desde arriba del poder institucional del Ejecutivo se estaba expandiendo y corrompiendo a otras estructuras, es decir, aprovechamiento de lo público con fines privados, que es lo peor de la posible o presunta corrupción política. Es difícil de investigar, pero es necesario porque se puede comprobar cómo se puso al servicio de los intereses privados una estructura que nos pertenece a todos y que beneficiaba con normas, con leyes, supuestamente, a determinados grupos económicos y empresas”.

“Ya tenemos un Consejo General del Poder Judicial elegido mitad y mitad y una presidenta ¿Este es el mejor proceso de elección? No lo sé, pero desde luego el que no lo es, es el corporativo. El Consejo General del Poder Judicial, como todos los órganos institucionales, sirve al pueblo. Y si esto es así, como órgano político, los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que participar en la elección de ese Consejo. A mí me parece correcto el modelo actual, establecido en 1985, con elección en el Parlamento. Lo que no me parece correcto es que sea una elección de cuotas. Hay que establecer un mecanismo solvente en el que los candidatos o las candidatas que concurran ahí realmente sean los mejores y demuestren o contengan todo el espectro al que deben de servir. Este órgano es el que tiene la obligación de defender la independencia de los jueces, pero los primeros que tienen la obligación de ser independientes son los jueces y de hecho la gran mayoría lo son. Se cometen errores, lo mismo que en todos los ámbitos profesionales y políticos”.

“En la actualidad, estoy litigando para que se cumpla el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de julio de 2021, en el que se establece que las sentencias pronunciadas contra mí en 2012, y específicamente en la condenatoria de la investigación en Gürtel, fueron arbitrarias, con parcialidad y con falta de previsibilidad penal y se establecieron unos índices de reparación integral. Así lo dijo por unanimidad el Comité de Derechos Humanos. En la actualidad, como el Gobierno no ha cumplido en todos estos años, me he visto obligado a acudir ante la Audiencia Nacional, a la sala de lo Contencioso Administrativo, para que se pronuncie sobre el borrado de antecedentes penales. Lo importante para mí es que se repongan las cosas en el estado en que deberían estar. En el Consejo General del Poder Judicial, estoy pidiendo que interpreten qué se entiende por reparación integral para un juez. Yo entiendo que es la reposición en su cargo de donde fue separado”.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto rechazar este miércoles la suspensión cautelar que ha pedido el exjuez Baltasar Garzón de los acuerdos del CGPJ de pérdida definitiva del cargo de magistrado, en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo por prevaricación, según recoge EFE.

Garzón, que hasta su suspensión era el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, fue condenado a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por haber autorizado la escucha de las conversaciones de detenidos en prisión preventiva con sus abogados en el caso Gürtel, motivo por el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspendió de sus funciones.

El exjuez, que cumple el próximo mes 70 años, que es la edad de jubilación ordinaria, busca un regreso simbólico a la carrera judicial y, por ello, pidió en junio al CGPJ que dejara sin efecto los acuerdos que le apartaron de la carrera judicial alegando un dictamen del comité de Derechos Humanos de la ONU de 2021 que concluyó que fue condenado en un proceso arbitrario.

La Comisión Permanente ya rechazó el pasado 22 de julio anular dichos acuerdos, pero Garzón recurrió esta decisión para que fuera revisada por el Pleno e instó la suspensión cautelar.

Así, lo que verá este miércoles el Pleno será la cautelar a partir de una propuesta, a la que ha tenido acceso EFE, que deniega esta solicitud por razones de urgencia y ya más adelante el Pleno abordará el fondo del asunto, aunque se desconoce la fecha.

En paralelo, la Comisión sí acordó iniciar un expediente de rehabilitación ordinaria del magistrado, un trámite que se puede alargar hasta seis meses y que exige una serie de informes, por lo que es improbable que ese proceso finalice antes de que cumpla 70 años.

La Fiscalía ha pedido que el Ministerio de Justicia, entre otras medidas, acuerde el borrado de los antecedentes penales del exjuez Baltasar Garzón tras haber cumplido ya la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo en 2010 y que le supuso la suspensión de sus funciones durante 11 años. Ha informado EFE.

En un escrito a la Sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que tramita este procedimiento, la Fiscalía solicita a Justicia que se cumplan "las conclusiones y determinaciones de reparación integral", dispuestas en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, referido a la comunicación 'Baltasar Garzón contra el Reino de España'.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que impugna de este modo el silencio administrativo del Ministerio en apoyo a la reclamación de Garzón, pide que se apliquen en concreto las medidas consistentes en “borrar los antecedentes penales”, “compensación adecuada por el daño sufrido”, “adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro” y publicar tanto el dictamen como la decisión de admisibilidad del Comité, dándoles “amplia difusión”.

Garzón, que hasta su suspensión era el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, ha recurrido ante lo contencioso- administrativo que se le haya desestimado por silencio administrativo la solicitud de aplicación de dicho Dictamen, de 18 de enero del 2022, reiterada en febrero del 2022 y enero de 2025.

Reclamaba, entre otras medidas, el borrado de antecedentes penales, la restitución a su puesto de juez central de la Audiencia Nacional, reconocimiento público, publicación del dictamen en el BOE, indemnización por los daños sufridos (materiales, morales y costas procesales) y adopción de medidas de no repetición.

El citado dictamen, expone la Fiscalía, deriva de la comunicación que presentó el exjuez por las consecuencias sufridas por sus investigaciones "en dos causas de gran relevancia social, política y jurídica nacional: un caso por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista (caso Franquismo) y un caso por corrupción política (caso Gürtel)".

Por esta última fue condenado por el Tribunal Supremo por haber autorizado la escucha de las conversaciones de detenidos en prisión preventiva con sus abogados, motivo por el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspendió de sus funciones.

Por ello, además de dirigirse a Justicia, Garzón ha solicitado también al CGPJ que cumpla con el citado dictamen y se dejen sin efecto los acuerdos de pérdida definitiva del cargo de magistrado de 20 y 23 de febrero de 2012 de la Comisión Permanente y del pleno.

A este respecto, pide la adopción de medidas cautelares por existencia de riesgo de que el CGPJ, "por un mero formalismo, no tenga en cuenta la situación actual y acuerde denegar la reparación integral debida, con el añadido de estar cerca de cumplir la edad de jubilación".

En concreto, reclama que, por mandato de este tribunal, quede patente que los antecedentes penales "están 'sub judice' en el marco de este procedimiento en el que se está tramitando su borrado".

El fiscal apoya también esta medida cautelar porque de no adoptarse existe "un cualificado riesgo de hacer perder la finalidad del recurso; esto es, obtener la debida reparación integral".

El Comité de Derechos Humanos concluyó que a Garzón se le vulneró el derecho a "que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior,” dado que fue "condenado penalmente por el Tribunal Supremo sin posibilidad de revisión del fallo condenatorio y de la pena”.

El dictamen del Comité de Derechos Humanos, por tratarse de un asunto de vulneración de los derechos de un magistrado con motivo de actos realizados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, comienza enfocando el análisis y enfatizando el deber de respeto al principio de independencia judicial, por resultar, así, afectada y concernida.

Consideró así vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza "el libre desempeño de la función judicial" y que el juez o el fiscal "pueda interpretar y aplicar la ley, y evaluar los hechos y pruebas libremente sin ser objeto de intimidaciones, obstrucciones o interferencias en el ejercicio de su función".

"El juez no debe estar sujeto a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones, excepto en los supuestos de delito grave, corrupción, mala conducta o incompetencia que lo haga inapto para el cargo", mientras que los errores judiciales "debieran corregirse mediante la revisión de la decisión por un tribunal superior", sostiene el dictamen.

En una sociedad democrática el miedo debería estar circunscrito a espacios muy concretos y definidos, pero no ser la norma por la que se rige un colectivo o las personas en general.

En nuestra sociedad el miedo se ha generalizado; tememos que rompan nuestra seguridad, que invadan nuestra intimidad, que hackeen nuestras comunicaciones, que nos allanen el domicilio o el lugar de trabajo sin garantías; empezamos a controlar el tiempo durante el cual debemos dejar los mensajes en cualesquiera de las plataformas a través de las que nos comunicamos e, incluso, utilizamos claves como cuando el terrorismo era dueño y señor de nuestras vidas. Dicho de otro modo: entramos en un tiempo en el que nos aterra la justicia.

Obviamente, en mi caso particular no me extraña nada de lo que acontece porque se repite el guion que me aplicaron entre los años 2010 y 2012. Primero me suspendieron y después me expulsaron de la judicatura con una sentencia que, en palabras del Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue parcial, arbitraria, sin previsibilidad en la conducta imputada y sin derecho a la doble instancia. Y, mientras tanto, el PP y determinados medios de comunicación celebraban y gozaban con la persecución y eliminación de un profesional de la justicia.

Curiosamente el argumento que expusieron en la sentencia de febrero de 2012 fue que al interceptar las comunicaciones entre los máximos responsables de la trama Gürtel y sus abogados –algunos de los cuales estaban imputados–, ante el riesgo más que probable de que pudieran utilizar esta vía para continuar cometiendo el delito que se les imputaba, (riesgo que se confirmó después con la existencia de las cuentas en Suiza), se laminaba el derecho de defensa. Por el contrario, no existía ni un solo dato que se refiriera a tal estrategia de defensa, habiéndolo preservado expresamente, hasta el punto de que jamás se constató algo distinto. No hay que olvidar que, entre otras cosas, se me privó de la prueba que mi abogado solicitó al respecto. 

Menciono este episodio de las comunicaciones en relación a mi proceso porque todo esto lo veo agravado en lo referido al Fiscal General del Estado, con la puesta a disposición de aspectos personales, plasmados en una diligencia que ni siquiera ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal –como sí lo fue en mi caso– y que ha propiciado la publicación de datos muy sensibles de los fiscales afectados y de terceras personas que nada tienen que ver con el asunto debatido, con el consiguiente perjuicio para todos ellos. ¿Se exigirá algún tipo responsabilidad procesal o de otra índole al instructor y a quienes desde la UCO han firmado ese informe?

Abundando en este tema, hay una pregunta que, insistentemente, me ronda en la cabeza en estos días ante estas cuestiones tan llamativas y peligrosas para los derechos de los ciudadanos: ¿qué está pasando en la Justicia y, especialmente, en el Tribunal Supremo? 

Como botón de muestra, pongo de manifiesto la referencia, por demás innecesaria, de la Sala Segunda para rechazar una querella sin fundamento de Vox y Hazte Oír contra los siete magistrados progresistas que firmaron la sentencia de los ERE.  Advierten de que la competencia para juzgar a los magistrados de este tribunal es de dicha Sala Segunda cuando la ley prohíbe expresamente esa posibilidad por actuaciones propias de su competencia. De inmediato, se produjo la réplica en la prensa conservadora de ataques contra determinados miembros de ese órgano constitucional. Se sucederán más acontecimientos, sin lugar a dudas.

Pero no es solo esto. Continuemos con el caso del Fiscal General del Estado, la fiscal jefe de Madrid y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica. Cada día ocurre algo nuevo que agranda la errática instrucción, en la que pareciera que todo responde a un guion ya escrito donde se suceden las secuencias en las que se acumula todo tipo de material ofensivo contra los investigados, hasta llegar al desenlace de un eventual juicio oral, con el consiguiente demérito y consecuencias irreversibles para ellos, su vida personal, familiar y profesional, aun en el supuesto de que resulten absueltos.

Al margen de los indicios que se dicen existentes y prescindiendo de aquellos claramente exculpatorios, la instrucción sigue adelante contra viento y marea. En ella, se deniegan todas las peticiones de diligencias de los investigados; se acuerdan todas aquellas que benefician a la acusación particular ejercida por el señor González Amador, al que ni siquiera se le ha convocado para que ratifique los hechos que describe en la querella como parte perjudicada, y las pedidas por las acusaciones populares que defienden intereses muy particulares. 

Por ejemplo, tenemos la estrambótica acción de la Asociación Independiente de Fiscales (APIF) que “denunció” una supuesta conversación entre la teniente fiscal del supremo y el FGE en relación con los teléfonos, una vez que se había practicado la diligencia de entrada y el registro, o la referida a unas cámaras de seguridad que no existen. ¿Alguien da más para el absurdo?

No solo son estas perlas. Recapitulemos: Primero, la diligencia de allanamiento (entrada y registro) en el despacho oficial del FGE, ejecutada sin presencia del instructor, se extendió, según la propia resolución que la autorizó, de forma desproporcionada a ocho meses; una semana después, el instructor “se dio cuenta” y la acotó a ocho días, pero cuando ya la UCO (Unidad Central Operativa de la guardia civil) había tenido acceso a toda la información personal y profesional del FGE. 

A continuación, el juez ordenó que se extrajera el contenido de los terminales móviles, mensajería y tráfico de llamadas, se entiende que acotado a los 8 días que había marcado (8 de marzo a 15 de marzo de 2024). Sin embargo, en el volcado de información de llamadas y mensajes del terminal del señor FGE, se incluyen filiaciones, teléfonos, direcciones e identidades de personas ajenas a la causa y se extiende de nuevo el periodo desde diciembre de 2023 a octubre de 2024 incluyendo la vida íntegra de aquel, sin cautelas, sin reserva, entregándola indiscriminadamente a las partes para su uso y abuso, como se ha comprobado por el hecho de que están en manos de todos y para propiciar peticiones absurdas e inútiles para la causa.

A la queja de algunos de los afectados, empezando por el propio Fiscal General ante el Consejo del Poder Judicial en razón de la exhibición pública de sus datos personales y particulares, el juez Hurtado, sin darse por aludido por tal hecho, respondió con una resolución un tanto sorprendente en la que deriva su responsabilidad a las acusaciones, para saber si afectan a su tutela judicial efectiva, cuando es al instructor al que le corresponde tomar todas las medidas y debidas precauciones para evitar cualquier perjuicio.

 Aparte de todo ello, quienes sigan este tema recordarán que la instrucción judicial se acotó por la Sala de Admisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al correo en el que se constataba que la propuesta de acuerdo entre el presunto autor de los hechos denunciados (fraude fiscal) había partido de su defensa y que se filtró, excluyendo expresamente la nota informativa expedida por la FGE para desmentir el bulo que se había armado por el jefe de gabinete de la señora Ayuso, a la sazón presidenta de la Comunidad de Madrid, y a la difusión de datos del expediente tributario. Expediente que estaba a disposición de la defensa, de la AEAT, de todo el Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla y de más de 500 fiscales… ¡En fin!

Pero quizás no sepan que la investigación penal de los hechos fue conferida por la Sala de Admisiones citada al magistrado Hurtado, pero de forma delegada. Es decir que los límites los marcó la Sala, o lo que es lo mismo, que el instructor delegado no puede alterar, por sus santos reales, el objeto acotado. Cualquier variación del objeto del proceso deberá ser consultada con la Sala y autorizada por la misma.

En cuanto a la UCO, es un hecho que en la conciencia popular (debidamente instrumentada por sectores muy interesados) se ha instaurado la supuesta infalibilidad y eficacia de esta unidad que, aun cuando no se sepa ni cómo funciona ni cómo desarrolla su trabajo, se les cree a pie juntillas, aunque sus informes estén plagados de valoraciones más que de hechos, deducciones muy discutibles y con vía libre para indagar allá donde quieran o, incluso, encargarles que libren comisiones rogatorias a EEUU, desconociendo la mecánica de las mismas y que esa es una competencia exclusiva del juez. 

En una instrucción, los únicos superiores de las fuerzas de seguridad son el juez y el fiscal y los funcionarios policiales o de la guardia civil deben seguir milimétricamente sus directrices, si es que se les han impartido, claro, y su tarea debe ser controlarlos en las pesquisas que realicen. Lo llamativo en este extraño caso judicial, en el que se percibe cierto tufo de instrumentalización (lawfare) es que al Ministerio Público aparentemente se le está orillando y no compartiendo en tiempo real la información, cuando por ley es parte imprescindible en una investigación penal. El juez no puede pasar o prescindir de esta institución, aunque las personas investigadas sean fiscales, como tampoco las fuerzas policiales son excluidas de la misma cuando el afectado es policía o guardia civil. 

Tristemente, todo este asunto me suena a una música estridente ya conocida e interpretada en el pasado. Las decisiones de la Sala en las apelaciones me temo que serán confirmatorias y proteccionistas de la instrucción (por descabellada que sea) primando lo corporativo sobre lo legal. 

Recuerdo que, en mi caso, en la única ocasión en la que mi defensa consiguió que se revocara una decisión del instructor y de la Sala fue cuando recusó a dos magistrados porque estaban contaminados y tuvo que pronunciarse la Sala de artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Es decir, solo desde fuera se pudo romper la coraza de blindaje desplegada frente a todo y todos.

Desde cualquier punto de vista, este procedimiento podría declararse nulo por el cúmulo de irregularidades que se están cometiendo y por la acreditada falta de inmediación y conocimiento del mismo por parte de quien debería estar con el rigor más exquisito dirigiendo la investigación. 

En casos como estos, y con carácter general, es necesaria la creación de un juez de garantías frente a una instrucción bajo sospecha.

De momento queda una pregunta por resolver: ¿Quién repara el daño producido con la identificación de personas, direcciones y datos que son secretos?

En el caso de la justicia es el Consejo General del Poder Judicial el organismo encargado de la protección de datos. Y le corresponde a este órgano de Gobierno de los jueces actuar en consecuencia, incluso mediante sus mecanismos disciplinarios en el supuesto de que un juez incurra en infracción en esta materia.

Pero se trata de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y se percibe una especie de miedo reverencial a la misma y a las decisiones que pueda tomar en el futuro y que nadie puede contradecir.

Urge, por tanto, cambiar muchas cosas en la justicia, entre ellas modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias del Alto Tribunal y la introducción, cuando menos, de la doble instancia en la Sala Penal (segunda) y en la Sala de lo Contencioso Administrativo (tercera) cuando actúan en única instancia. Solo así comenzaremos a perder el miedo irracional a la justicia y a confiar en ella.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de Los disfraces del fascismo.

La verdad es que nunca sabes qué te puede deparar la vida. A finales de 2006, entró en mi Juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, una denuncia firmada por la Associació per la Recuperació de la Memoria Histórica de Mallorca. Relataban torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones que tuvieron lugar durante el franquismo. Seguirían muchas más. En ese mismo año, un periodista australiano llamado Julian Assange había fundado una agencia llamada WikiLeaks. No nos conocíamos y ninguno de los dos podíamos saber lo que las acciones iniciadas entonces por cada uno de nosotros iban a marcar nuestra vida futura. Aunque creo que, cada cual por su lado, ambos podíamos intuir que el camino respectivo no iba a ser fácil.

En mi caso, recuerdo que en 2008, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, me dijo: “Baltasar, has destapado la caja de los truenos y te va a traer consecuencias muy negativas para ti, pero has hecho lo que debías”. Alfredo era un buen político, de los que se echan de menos en estos tiempos, y una buena persona.

No sé si alguien avisó a Assange. El año 2010 pasó a la historia de la web, por las impresionantes filtraciones de documentos de WikiLeaks. Empezando por el vídeo Collateral Murder en que se ve cómo soldados estadounidenses disparan en Bagdad desde un helicóptero a dos periodistas de Reuters y varios civiles, incluido un niño, para conmoción del mundo.

De julio a octubre de aquel año, se hicieron públicos miles de documentos en relación con las guerras de Irak y Afganistán con escandalosas revelaciones, y en noviembre, cinco periódicos internacionales reciben más de 200.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado USA. La gestión de la política exterior norteamericana se muestra desnuda y pestilente ante el mundo.

Como tantos millares de ciudadanos, me sorprendí e indigné con lo que contaba WikiLeaks, pero yo también tenía mis propios problemas. En mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial me había suspendido de funciones después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite sendas querellas de la más rancia ultraderecha de este país, por haberme declarado competente para instruir los crímenes del franquismo. A la vez, se abrían otras dos causas contra mí en el Alto Tribunal, una por la interceptación de las comunicaciones de los principales responsables de Gürtel en la prisión y otra más, absurda e inconsistente aparte de referida a hechos prescritos, por unos cursos en la Universidad de Nueva York, donde estaba como investigador invitado en materia de terrorismo.

Por cierto, en la documentación publicada por WikiLeaks, también aparecían los pactos entre la embajada estadounidense en Madrid y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional para acabar con los procedimientos que se referían a Guantánamo que yo dirigía. Se trataba de “doblarme el brazo” (sic).

Mientras, en una carambola propia de los manejos del país más poderoso de occidente, la Fiscalía sueca había emitido una orden de detención contra Assange por unos inverosímiles abusos sexuales, que más bien parecían la excusa para llevarlo a EEUU. Los dos, en la distancia y sin relación alguna, vivíamos en un mundo paralelo en que dominaba el absurdo: nos veíamos atrapados en una telaraña que se iba enredando más y más hasta no dejar escapatoria.

Como saben, en 2012 el Supremo Tribunal español decidió acabar con mi carrera profesional por el asunto Gürtel. Del caso del franquismo fui absuelto ya que el ruido que se había provocado hizo que los magistrados y los políticos que les jaleaban tuvieran precaución ante las reacciones. Pero me quitaron de en medio. Creo que a los jefes del otro lado del océano también les gustó la idea. A fin de cuentas, estaba enredando mucho con Guantánamo y otras hierbas judiciales. Poco importa que, en 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinara que la sentencia proferida contra mí había sido parcial, arbitraria, sin doble instancia y que mi condena estaba falta de previsibilidad penal.

Como mi vida es la Ley, constituí en unión de varias personas comprometidas en las mismas luchas una Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal y un despacho de abogados en 2011 y 2012, respectivamente. Pero también, instituciones como la fiscalía de la Corte Penal Internacional me permitieron trabajar como asesor del fiscal Moreno Ocampo; en Colombia, como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA; en Ecuador, como coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia y, en Argentina, como presidente del Centro de Derechos Humanos de categoría dos de la UNESCO.

Conocerán una leyenda china que refiere que un hilo rojo invisible une a las personas destinadas a conocerse. Este hilo nunca desaparece y permanece constantemente atado a sus dedos, a pesar del tiempo y la distancia. Creo que eso nos pasó a Julian Assange y a mí.

Assange estaba sometido a un proceso de detención y entrega a Suecia, en el que se percibía la mano oculta de USA. Recuerden que el país nórdico había colaborado con este en las denominadas “rendiciones”, uno de los temas desvelados por WikiLeaks. Julian se entregó a las autoridades de Londres y estaba en libertad bajo control electrónico, que quebrantó refugiándose el 19 de junio en la embajada de Ecuador en la capital británica.

La noticia recorrió todas las redacciones del planeta. Una pequeña república latinoamericana, gobernada por un presidente progresista, Rafael Correa, se enfrentaba al todopoderoso EEUU. La lucha se percibía titánica.

En ese contexto, a primeros de julio, estando en Bogotá, recibí una llamada de mi buen amigo y excelente periodista Chechu Yoldi, con el que había compartido largos años de amable confrontación, él como periodista en la Audiencia Nacional y yo como juez. Eran tiempos en los que se cumplían las normas del respeto y entendimiento entre prensa y justicia.

Dolores Delgado le había aconsejado que me llamara porque, al parecer, tenía un mensaje de Julian Assange que me tenía que transmitir. Me dijo que este quería contactar conmigo para proponerme que me hiciera cargo de la coordinación de su defensa a nivel internacional. Quedé en que viajaría a Londres. Lo hice y acepté asumir el reto de su defensa en los momentos más delicados, cuando se le denostaba por los cargos artificialmente montados en Suecia.

Nuestra primera entrevista fue sumamente cordial, nos entendimos desde el primer momento, a pesar de la situación tan adversa en la que estaba, enfrentado a Gran Bretaña y USA. Mi aceptación tuvo dos condiciones, hacerlo pro bono (es decir, sin cobrar, por mera vocación) y libertad de criterio jurídico. Siempre las respetó, hasta el día de hoy. Junto con Garret Pierce, somos los dos abogados que hemos estado desde el principio hasta ahora. Además de su esposa, Stella Assange.

Mi primera impresión fue la de un hombre con unas firmes convicciones, completamente seguro de que lo que había hecho estaba bien y de que jamás se doblegaría. Eso me gustó, pero era consciente de que, de nuevo, mi decisión me traería consecuencias.

El asilo se le otorgó por el gobierno ecuatoriano el 16 de agosto de 2012. Recuerdo que para acceder a la misión diplomática había que sortear un primer círculo de periodistas que rodeaban la embajada, y posteriormente, un segundo círculo de policías británicos que, por aquel entonces, incluso amenazaban con entrar a la fuerza en la misma.

Al salir llovía sin cesar. Una de esas lluvias de agua fina tan típica de Londres. Los periodistas me rodearon e hice mis primeras declaraciones a favor de Julian. Hoy, doce años más tarde, escribo una nueva declaración a favor de este aguerrido informador.

Tres días después, el 20 de ese mes y año, me convocó el Secretario General de la OEA para comunicarme que estaba cesado como asesor de la Misión de Paz de la Organización en Colombia. Le pregunté cuál era la razón y respondió: “tu trabajo es excelente, pero Estados Unidos me impone tu cese por haberte hecho cargo de la defensa de Julian Assange”. Le dije “oponte, convoca la asamblea de Estados”. “No puedo -contestó-, más del 60% del presupuesto está a cargo de USA”. Así terminó mi tiempo en la OEA. ¡Viva la libertad de elección de abogado!

Pero ninguna presión por importante que fuera me iba a desviar de mi objetivo en la defensa de Assange. De nuevo estábamos en la trinchera. Era un caso muy claro de vulneración de la libertad de expresión y de intento de eliminar al mensajero para que no pudiera seguir adelante y, por eso, defender a Julian ha sido siempre un ejercicio de lo mejor que te ofrece el Derecho, la posibilidad de combatir por la integridad de un inocente y, más aún, de defender valores democráticos fundamentales para todos. En la vida debes asumir retos y enfrentarte a quienes pretenden avasallarte. Ceder por miedo es aceptar que los canallas tienen razón. La razón de la fuerza, claro, y hay que confrontarlos.

La causa se estancó por años. Conseguimos pronunciamientos favorables de diversos organismos internacionales, destacando una intachable resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que consideraba que la situación a la que se había llevado a Assange en su persecución debía calificarse como de detención arbitraria. Adicionalmente, también se consiguió archivar la causa sueca, una mera investigación preliminar de la Fiscalía sin sustento, que fue cerrada en el momento en que articulamos una toma de declaración en la embajada.

Todo ese trabajo jurídico implicaba viajes constantes, prácticamente semanales, a Londres. Días y días, sábados y domingos incluidos. Vuelos continuos e interminables; horas encerrados en ese minúsculo piso de la capital británica. Litigamos a nivel jurisdiccional en múltiples países e instancias internacionales. Un equipo brillante con personas de diversas nacionalidades y distintas especialidades que nos nutríamos en cada reunión. Siempre bajo la atenta mirada de Julian, quien escuchaba atentamente, para luego dar siempre una opinión final, que demostraba una gran capacidad de comprensión de materias que cualquiera podría pensar que no dominaría. Todo lo contrario, siempre me ha sorprendido su brillantez para lidiar con la complejidad jurídica de su causa.

Mientras, el protagonista de esta historia mantenía largos años de encierro, en la embajada de Ecuador, primero gracias al asilo concedido por Rafael Correa que sería levantado arteramente más tarde por su sucesor, Lenin Moreno, más pendiente de las órdenes del presidente supremo del norte que de cumplir con la ley.

Fue el 11 de abril de 2019 cuando la administración ecuatoriana de Moreno cometió una flagrante traición a los postulados más básicos de la institución del asilo. Entregó a una persona protegida, simplemente para lograr desbloquear un crédito internacional. Un acto por el que será recordado siempre el mandatario ecuatoriano.

A partir de ese momento, el asunto se centró en la solicitud de extradición de Estados Unidos, inicialmente por un cargo informático y, a continuación, por cargos bajo la temible Ley de Espionaje. Además, saltó entonces el caso, judicializado a día de hoy en la Audiencia Nacional, relativo al presunto espionaje para la CIA de la empresa española que proveía seguridad a la embajada ecuatoriana en Londres.

Durante estos años hemos padecido muchas angustias y muchas vicisitudes, hemos sido vituperados, investigados de la manera más sucia, hemos pasado jornadas aciagas y pocas alegrías, aunque también hemos agradecido defensas importantes, como las de infoLibre, con Jesús Maraña al frente, pero nuestra resistencia era la de Julian y a ella nos debíamos: estaban en juego los valores de la democracia y eso, amigos, son palabras mayores que nadie debe dejar de lado. Y aquí, en España, nuestro equipo, liderado por el abogado Aitor Martínez, sigue tratando de demostrar que, con Assange y todos nosotros, se quebrantaron todos los límites del derecho en favor de la mal llamada “Razón de Estado”.

Desde 2019, la dedicación ha sido constante a un tema que parecía no tener fin. Han sido más de cinco años de proceso de extradición en Reino Unido, viendo cómo Julian se consumía en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, conocida como la “Guantánamo británica”.

Finalmente, el acuerdo que este 26 de junio de 2024 se ha ratificado ante la jueza Ramona Villagómez Manglona en las Islas Marianas del Norte, un Estado libre asociado con EEUU, supone que se ha reducido a un cargo de los 18 que pesaban sobre Julian, y se da por cumplida la sentencia con el tiempo privado de libertad durante el proceso de extradición. Con ello, se reivindica el ejercicio de la libertad de prensa, tras haber informado sobre hechos muy graves que afectan a todos los habitantes de este planeta. El sacrificio ha sido enorme, pero el resultado es importante.

Julian Assange ha llegado a Camberra (Australia), su tierra natal, ha respirado por primera vez en casi catorce años el aire de la libertad. Podrá abrazar sin barreras a sus hijos y su esposa y se encontrará arropado por los suyos. En cuanto a mí, no puedo dejar de pensar en que hay una extraña concatenación de hechos en mi existencia y en la suya. Como pasa con la vida de todos y que, en ocasiones, se evidencia de manera sorprendente.

Verán, ese hilo rojo del que les hablaba se agazapaba tras muchas penurias, pero si los magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo, solos o en compañía de otros, no hubieran deseado acabar con mi tarea, la historia de WikiLeaks quizás habría sido otra. No se habría puesto en evidencia a EE.UU. ni dado un toque de atención sobre el peligro que corre la libertad de informar. Sin el esfuerzo de tantos profesionales del derecho que hemos trabajado en el caso en los cinco continentes, y sin las voces indignadas de tantos miles de personas en todo el orbe, Assange posiblemente estaría cumpliendo condena perpetua, o vete a saber si esperando turno en el corredor de la muerte de algún penal norteamericano.

Todos debemos reflexionar sobre en qué lado de esta historia nos hemos posicionado. En mi caso, afirmo que he estado en el correcto. Pero es cierto lo que hace miles de años apuntaba Demócrito: "Todo es fruto del azar y la necesidad".

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Baltasar Garzón Real es jurista y coordinador de la defensa de Julian Assange.

En 2013, el nuevo embajador de Estados Unidos en República Dominicana, James "Wally" Brewster, dijo una frase que hizo saltar las alarmas a algunos representantes de la religión cristiana en la isla caribeña y a no menos sectores conservadores: "Nos encanta el béisbol". El problema no era la afición del diplomático por este deporte que allá es de auténtico culto, sino, como bien reflejó por aquel entonces la BBC, el plural “nos”. Más aún. En un vídeo alojado en la web de la legación norteamericana, remachaba: "Los dos estamos muy contentos de poder regresar a nuestro segundo hogar en la República Dominicana". En el vídeo, el embajador aparecía junto a su marido, Bob Satawake, y hablaba en primera persona del plural.

Católicos y evangelistas se disgustaron entonces por la presencia de la pareja en actos oficiales y eventos, hasta el punto de que, tres años después, pidieron al presidente Barak Obama que retirase a su embajador. Pero apenas consiguieron 33.000 apoyos. También el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez mostró su desacuerdo refiriéndose a Bob Satawake: "Como esposa que es de un señor, que se ocupe de la casa. Eso es lo que tiene que hacer”. En los propios términos de la expresión estaba el desprecio por la persona y su condición.

El uno de junio, los autores de este artículo, recién casados también, tuvimos el honor de oficiar una ceremonia de celebración de boda en un lugar paradisíaco del pirineo oscense, en Ligüerre de Cinca. Previamente, el casamiento en sí mismo, se había celebrado unos meses antes ante un notario madrileño, de acuerdo con la ley 13/2005 de 1 de julio por la que se modificaron varios artículos del Código Civil (arts.44,66,67, entre otros) que autoriza el enlace entre personas del mismo sexo y en cuyo preámbulo se dice “…la ley permite que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo sexo, con plenitud de derechos y obligaciones cualquiera que sea su composición...”

La boda fue de dos excelentes amigos dominicanos y, ahora, también españoles: el cirujano plástico Jesús Abreu y el productor de teatro José Llano. Se casaron, por fin, tras 19 años de relación y dos hijos de Jesús (Katlheen y Richard), y dos (María José y Jesús María) de ambos, en armonía con las respectivas familias, respondiendo al lema acuñado por ellos: “Donde hay amor hay familia”. Fue una celebración entrañable y emotiva, que tuvo su reseña en El Listín diario que recoge bien las palabras de los contrayentes:

“… Sabes que eres mi lado derecho de la cama y la mitad izquierda de mi corazón", (Jesús Abreu).

"… Jesús, expresar lo que sentimos a quien amamos es un ejercicio de todos los días,.. ", (José Llano).

¿Le puede parecer mal a alguien que, en 2024, tras casi dos décadas de vida en común, dos personas se comprometan a continuar juntos toda la vida y a cuidar de su familia, celebrando y demostrando el verdadero amor? Pues sí. El odio y la homofobia camparon después por sus respetos, cuestionando su derecho al matrimonio. 

Pero lo que vimos allí fue el amor de dos personas con ansias de vivir y gritar con valentía que se quieren con amor serio y maduro, en igualdad y con verdad, y, sobre todo, una unión construida en libertad, de acuerdo con una ley para todos, sin discriminación por razón de sexo.

Nunca hemos entendido ni jamás lo haremos ese afán de rechazar al otro, gobernar su vida y cuestionarla. Pero aún es más difícil comprender, como fue el caso citado del representante de la Embajada norteamericana, que nos acompañó en la ceremonia, el papel ferozmente contrario de los representantes de la iglesia. 

Con auténtica indignación hemos asistido a los comentarios de quienes creen representar las esencias del pensamiento cristiano. Valgan los ejemplos del pastor evangelista Ezequiel Molina Rosario a través de su cuenta X o el pastor Euri Cabral. La náusea del primero ante el matrimonio y la benevolencia del segundo “perdonando” la vida de los contrayentes da una imagen clara de la posición de los hombres que se ocupan en República Dominicana del alma de sus feligreses. Portadores de una moral terrible, basada en la hipocresía como martillo mortífero contra el “transgresor”, estos pastores no salvan almas, sino que las condenan previamente sin solución.

Nos recuerdan a los falsos profetas, auténticos sepulcros blanqueados, que se indignaban porque Jesús trataba a todos por igual. ¿Con qué derecho se creen para impartir bendiciones en una sociedad regida por la igualdad de derechos? ¿O es que, acaso, siguen pensando que vivimos en una sociedad patriarcal y machista en la que las personas LGTBI+ no cuentan para ser felices?

Sin embargo, con racionalidad, el experto en Derecho constitucional Eduardo Jorge Prats ha destacado que la Constitución de la República Dominicana no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo: “Conforme al derecho internacional privado, un matrimonio o unión igualitaria celebrado en el extranjero es válido, pues la Constitución dominicana no los prohíbe, sino que apenas promueve los matrimonios y uniones heterosexuales, por lo que no violan el orden público interno.”

Para vergüenza del género humano, en el mundo amar a quien uno quiera no es fácil, y así lo señala el Informe de 2020 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA por sus siglas en inglés), donde se explica que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad en, al menos, 30 países de los 193 Estados miembros de la ONU. Como ven, no es una cifra espectacular.

El amor debería ser el motor que mueve el mundo, aunque vivimos tiempos difíciles para que esto sea así. Demasiado odio e incomprensión se destila en muchos escenarios. Y pese a los maledicentes y a quienes quieren implantar un juicio de valor que sentencia a miles y miles de seres humanos a la desesperación, nos sentimos muy satisfechos de haber sido testigos del triunfo del amor de nuestros amigos. Ellos, son paradigma de valentía y de amor sano, sin tapujos; son luchadores natos que saben que ser paladines en esta lucha les traerá complicaciones, pero resultan un ejemplo para muchos. La lucha por la igualdad de derechos en este ámbito, como en tantos otros, debe continuar frente al negacionismo y el fundamentalismo de santones que, haciendo gala de su falsa moral, desprestigian los mismos valores de amor y comprensión que dicen defender.

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Dolores Delgado es fiscal de sala del Tribunal Supremo.

Baltasar Garzón es jurista y autor entre otros libros de "Los disfraces del fascismo".

El jurista Baltasar Garzón (Jaén, 1955) es uno de los jueces españoles con mayor reconocimiento internacional. Ha sido investido doctor honoris causa por una veintena de universidades en todo el mundo, pero también ha sufrido la persecución incesante de los sectores más conservadores de la política, de los medios y de la propia judicatura. Estas semanas, en España se ha abierto un encendido debate sobre las relaciones entre los tres poderes del Estado. A este respecto, Garzón entiende que “hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas asociaciones de magistrados que se definen como actores políticos, más allá de los propios intereses profesionales y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque están interfiriendo en acciones políticas que corresponden a otros poderes del Estado”.

“La existencia de este Consejo General del Poder Judicial con cinco años de mandato caducado está fuera de toda legalidad. Deberían dimitir todos los miembros y forzar esa renovación. Lo que pretenden algunos, como el Partido Popular, es cambiar las reglas de un sistema de elección totalmente democrático, que da el poder al Parlamento, depositario de la soberanía popular. No es una cuestión de cuotas, sino de que los partidos deben de ponerse de acuerdo sin dilación. No valen las excusas, no vale el boicot permanente que el Partido Popular está haciendo a esa designación porque no quiere perder su influencia en el órgano de gobierno de los jueces. Es necesario un cambio y creo que se tienen que poner los medios para hacerlo. Y si no, pues promover las iniciativas legislativas que desbloqueen esta situación”.

“Creo que la respuesta por parte del Poder Judicial comenzó por unos planteamientos de las asociaciones judiciales y del Ministerio Fiscal y del propio Consejo del Poder Judicial que exceden cualquier competencia que puedan tener. El hecho de que se hayan manifestado jueces, incluso vestidos con toga en la puerta de los organismos o de los edificios donde administran justicia, excede de cualquier competencia. Insisto, es absolutamente irregular porque comprometen primero su propia imparcialidad y, segundo, porque se han constituido en claros actores políticos para criticar a otro poder del Estado. Y, frente a ello, no hay ningún riesgo ni lo ha habido de que se vea comprometida la independencia de jueces y magistrados, ni hay un ataque a la separación de poderes o una invasión del Poder Judicial. No, aquí ha habido un acuerdo entre dos partidos donde se hace mención con la expresión lawfare a la posible utilización de mecanismos del derecho con fines políticos”.

“Representantes del Poder Judicial están empleando mecanismos para cuestionar una iniciativa legislativa sobre la amnistía incluso antes de que se formulara. La cuestión es que en el acuerdo entre Junts y PSOE hay una mención a las comisiones de investigación. Algunos representantes del Poder Judicial, incluso la Sala de Gobierno del Supremo, han salido diciendo que se respete la independencia judicial. Claro que se tiene que respetar, pero es que una comisión parlamentaria no puede ir más allá de su propio rol, a lo más que pueden llegar es a que la Mesa del Congreso lo pueda remitir a la Fiscalía General del Estado para que proceda conforme a Derecho. Por tanto, ¿cuál es el problema que están suscitando dentro y fuera de España? Esta es una deriva muy peligrosa y creo que los representantes del Poder Judicial lo que deben hacer es mantener perfectamente impoluta la imparcialidad”.

“Desde mi punto de vista, corremos un riesgo. Creo que ya hemos trascendido el límite para que el día de mañana quienes pertenezcan a estas asociaciones, quienes se hayan manifestado como tales, queden inhabilitados para decidir eventuales cuestiones referidas a la ley de amnistía o incluso a los actores políticos que tengan participación en la misma. Hay que ser mesurados, tranquilos y que cada cual desarrolle la acción que le corresponde en su respectivo ámbito. Creo que aquí se han trascendido esos límites, no tanto por el Poder Legislativo o el Ejecutivo, que están desarrollando la labor que les es propia constitucionalmente, como por el Poder Judicial”.

¿Oportunismo en la imputación de terrorismo de García Castellón al procés?

“La instrucción de un proceso penal tiene sus trámites, sus tiempos. Esta investigación, por lo que ha trascendido, viene desde hace cuatro años. Cualquier juez de instrucción cuando toma una decisión así debe tener la firmeza de que hay unos indicios irrefutables que la sustenten. En este caso, ha trascendido que el Ministerio Fiscal ha recurrido esa decisión tanto en la conceptuación de la posible participación de estas personas en los hechos, como en la propia calificación jurídica. Tendremos que esperar a ver qué dice la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en ese recurso de apelación. El juez ha asumido su responsabilidad y el Tribunal Supremo revocará o estimará su petición.

“Las leyes de la amnistía no están prohibidas en la Constitución Española. Hablamos de una institución, la amnistía, que tendrá que ser acordada legislativamente. Es una decisión, por tanto, del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. Ni en España ni en otros países de Europa hay óbice que impida la tramitación y aprobación de una ley de amnistía. Lo único que tenemos es que ir al contenido de esa ley y ver si está explicado en su preámbulo cuál es la finalidad concreta y si realmente responde a la solución de un conflicto social y político que trasciende la conducta penal a la que se refiere. La proposición de ley que se ha comenzado a tramitar en el Congreso de los Diputados, en ese sentido, es perfectamente válida, posteriormente será el Tribunal Constitucional el que decida finalmente si se acomoda o no a la Constitución o si se acomoda en parte y en parte no”. 

“La decisión que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tomado en relación al decreto de nombramiento y de ascenso de la fiscal Dolores Delgado a Fiscal de Sala categoría Primera y Fiscal a la Fiscalía Togado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Militar me parece un dislate total. Alguien podrá decir, claro, lo está diciendo quien tiene un vínculo absolutamente estrecho con la persona afectada. Sí, lo tengo, obvio y es evidente, pero eso no obsta para que mi valoración de esa sentencia sea estrictamente de análisis jurídico, y realmente esa sentencia ha sido hecha a medida para obtener un fin concreto que era eliminar el ascenso de esta funcionaria del Ministerio Fiscal, con un currículum de casi 34 años de servicio a España en los ámbitos de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el terrorismo yihadista, los crímenes de lesa humanidad, la corrupción... no creo que haya muchos currículum que puedan competir con él. Y lo curioso es que esta sentencia no hace ni mención siquiera a ese currículum. ¿Y por qué no hace mención? Porque si lo hiciera y lo tomara en cuenta no podría establecer la supuesta desviación de poder que alega, cometida por el Fiscal General del Estado.

El momento en el que ha salido esta sentencia también es digno de tenerse en cuenta, cuando se tenía que decidir sobre la continuidad o no del Fiscal General del Estado. Han sido determinados medios y partidos políticos los que han entrado en tromba para que esta continuidad no se produjera. ¿Es muy grave esta instrumentalización? Parece que se ha dictado esta sentencia al revés. Había un claro objetivo, anular ese nombramiento, y después han buscado los argumentos. Mi crítica es totalmente frontal a esa sentencia y espero y creo firmemente en que se corrija, porque si no la inseguridad que genera una decisión como esta, invadiendo claramente lo que son las competencias discrecionales del Fiscal General del Estado, es muy grave”.

“No podemos, como hizo la Asociación de Fiscales hace semanas o, después, la propia Asociación Profesional de la Magistratura, es decir, los segmentos más conservadores, trasladar a Europa responsabilidades sobre hechos que todavía no han acontecido. El lawfare no existe allá donde hay un juez independiente. Eso es meridianamente claro. Sin embargo, cuando se prestan a esos juegos extraños, a cuestionar las instituciones en línea ideológica con determinadas posiciones, es cuando se pervierte la situación y eso está ocurriendo. Se está poniendo en cuestión la institucionalidad de este país, que no está en riesgo, y la ciudadanía tiene que saberlo. Lo que tenemos es que conseguir que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Es necesario, porque tiene muchas cosas que gobernar y hay que establecer los límites que se han perdido desde ese órgano de gobierno”.

“Mi opinión sobre el Gobierno que se ha formado es de respeto, es un gobierno progresista. Algunos dicen que no porque Junts es un partido de derechas, pero que yo sepa, no está en el Gobierno. El Partido Socialista y Sumar tienen un pacto claro. En otros ámbitos habrá acuerdos con grupos de otra sensibilidad ideológica. ¿Cuál es el problema? Dicen que se va a romper España, pero no, ¡déjenlos! Vamos a ver los desarrollos, pongámonos a remar a favor.

“Lo que ha sucedido en Argentina hace apenas una semana es sumamente grave. Han elegido a un nuevo presidente, un presidente de extrema derecha ultraliberal que se presenta como la pócima mágica contra la casta tradicional. Es especialmente grave lo que se está oyendo de sus bocas, no sólo del presidente electo, sino de la vicepresidenta Villarruel, que claramente se decanta por una justificación de la dictadura y por medidas de solución favorable a todos los procesos de investigación que hay por los crímenes de la dictadura. Estoy convencido de que eso no se va a permitir por la ciudadanía argentina y por todos los miembros que desde el Poder Judicial están avanzando en este tipo de procesos. No todo lo que se dice se va a hacer. Y en cuanto a otras medidas, me temo que no transcurrirá mucho tiempo sin que, desgraciadamente, veamos los efectos nocivos de esa política ultraliberal”.

La inmovilización de las propiedades de los oligarcas rusos sancionados por parte del Gobierno español implica que sus dueños no pueden vender, alquilar, ceder o hipotecar el bien que se ha congelado. Tampoco pueden realizar ningún cambio en las sociedades propietarias de esos inmuebles o yates. Pero no siempre consiguen las autoridades verificar quién es el dueño último de esos activos. Según ha podido constatar infoLibre en los registros de la propiedad, algunos de los afectados se han movido para poner a salvo sus bienes. Sus maniobras evidencian agujeros en el sistema por los que se cuelan tanto propiedades como propietarios.

El Confidencial publicó en octubre del año pasado que Sergei Chemezov, presidente del principal consorcio militar ruso (Rostec), cambió el nombre de su yate Valerie por el de Meridian A y trató de abandonar el puerto de Barcelona donde estaba amarrado, hasta que le fue revocado el permiso de salida que en principio se le había concedido y la Guardia Civil lo inspeccionó. Chemezov también es dueño, a través de una sociedad irlandesa, Holytown Limited, de una villa en Estepona (Málaga), a su vez propiedad de Penimar Holdings Limited. Esta sociedad, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, figura a nombre de la hijastra, Anastasia Ignatova, y la suegra, Lyudmila Rukavishnikova, del jefe de Rostec. La casa, bautizada como Villa Lapalapa, se encuentra a la venta en un portal inmobiliario llamado Luxury From Owners. Piden 8,4 millones de euros por la mansión de “estilo colonial”: 832 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, 284 metros cuadrados de porche y piscina, todo ello sobre un terreno de 2.720 metros cuadrados “con vistas al mar hasta la costa africana”. El yate de Chemezov está embargado. Su casa, no.

Todo ello lo ha constatado infoLibre con información procedente de los registros de la propiedad, dentro de un trabajo de investigación en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar) y el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), y con el apoyo de IJ4EU.

A uno de los rusos hasta ahora más conocidos en España, al menos en los medios policiales y judiciales, el Gobierno le ha inmovilizado dos yates, pero de momento no ha tocado sus propiedades inmobiliarias. Se trata de Vladislav Reznik, presidente de la aseguradora Rus. El Sasha Primero –24 metros de eslora– y el Neva Primero, que posee a través de una sociedad, Centros Comerciales Antei SL, han sido embargados. Pero no así las tres propiedades que esta empresa tiene en la urbanización El Toro, de Calvià (Mallorca). Según explican a este periódico fuentes oficiales, “aún no se ha podido confirmar fehacientemente el control de dichos bienes”, por lo que “continúan las investigaciones”.

Lo cierto es que, desde julio de 2022 –es decir, cuatro meses después de ser sancionado Reznik– la administradora única de Centros Comerciales Antei SL es Diana Gindin, la esposa de Vladislav. Hasta entonces, la sociedad era propiedad al 100% de Drever Limited, un trust domiciliado en Londres, al que el matrimonio había transferido todas sus acciones en 2007 y cuyos beneficiarios eran Reznik, Gindin y sus hijos. En septiembre, además, cambió su domicilio social.

Reznik y Gindin fueron dos de los 17 acusados en la Operación Troika, por la que fueron detenidas 20 personas en 2008. Entonces las fuerzas de seguridad decían haber desmantelado la estructura en España de la cuarta organización del crimen organizado más importante del mundo, la mafia de San Petersburgo conocida como Tambovskaya. Pero la sentencia, que no se dictó hasta octubre de 2018, diez años después, absolvió a todos los procesados y determinó que la fiscalía no había probado que ninguno de ellos integrara una asociación ilícita dedicada a blanquear dinero procedente del crimen organizado ruso.

La Audiencia Nacional mencionaba los tres inmuebles que el matrimonio Reznik-Gindin había adquirido en la urbanización de Calvià con su propio nombre o a través de la sociedad Centros Comerciales Antei SL, así como las dos embarcaciones, el Neva Primero y el Sasha Primero. Diana Gindin, además, había comprado en 2006 un avión Hawker por 13,93 millones de euros. Quien figuraba como administradora de la sociedad propietaria, Julia Ermolenko, y su marido, Andrei Malenkovich –patrón de ambos yates–, también fueron acusados y absueltos en el juicio de la Operación Troika.

Los dos matrimonios habían sido investigados y procesados por sus relaciones con el mafioso huido Guenadi Petrov. Ermolenko era su traductora y secretaria. Además, Petrov era el propietario tanto de Centros Comerciales Antei SL como del Sasha Primero y de una de las tres viviendas de Calvià que Reznik había adquirido en 2006. Reznik y Petrov, según recoge la sentencia, se hicieron amigos y socios comerciales entonces. El avión, por ejemplo, lo compraron a medias Diana Gindin y Anton Petrov, hijo de Guenadi, que ha sido investigado por blanqueo en Suiza.

Pese a que dos de los 17 acusados se declararon culpables y pese a las operaciones “antieconómicas o poco convencionales” y a los movimientos poco claros entre sociedades de Panamá, Liberia, Islas Vírgenes y Suiza detectadas, los jueces establecieron que el dinero invertido en España no tenía un origen ilícito y las actividades de los encausados sólo tenían en común que “los dueños de los entramados societarios para los que trabajaban eran ciudadanos de origen ruso, con importantes medios económicos y que invertían en España dinero que, a veces, procedía de paraísos fiscales”. Circunstancias “insuficientes”, subrayaban los jueces, para considerarlas blanqueo de capitales.

Pero, durante la larguísima instrucción del caso, los inmuebles de Reznik fueron embargados por orden del juez Baltasar Garzón, instructor de la causa. Entonces no hubo ninguna duda sobre quiénes eran los dueños. Hoy parece no estar tan claro. Aunque, si están a nombre de la esposa del magnate, las autoridades pueden disponer su incautación, sobre todo después del reglamento aprobado el pasado día 6 por el Consejo Europeo, que permite aplicar de forma automática las sanciones a las personas que se beneficien del patrimonio del sancionado, incluidos los miembros de su familia cercana.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) ha criticado este jueves que desde la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se haya apuntado a que Dolores Delgado, nombrada fiscal de Memoria Democrática, pudiera incurrir en causa de incompatibilidad para ese cargo por su relación sentimental con el exjuez que dirige la fundación que lleva su nombre, y señala que sostener eso es "patriarcal", informa Europa Press.

"Reducir el trabajo de la fundación a la figura de su presidente --Baltasar Garzón--, hombre, y aún peor, sugerir que la imparcialidad de una persona, mujer, está comprometida por una relación personal, es patriarcal, y no podemos sino rechazarlo públicamente", señala la fundación en un comunicado recogido por Europa Press.

Responde así a lo mantenido por los vocales de la AF durante el último Consejo Fiscal, en el que mantuvieron que era necesario estudiar si la ex fiscal general Delgado incurría en una "causa de incompatibilidad" por su relación con Garzón, dado que éste dirige esa fundación dedicada a los Derechos Humanos.

La fundación, que señala en su portal web que su misión es combatir la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos, la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas, apunta en su nota que continuará invitando a sus actividades "a todas las personas que por su trayectoria tengan algo que aportar en favor de las víctimas (...) teniendo en cuenta para ello únicamente criterios profesionales".

"Así lo hemos hecho con expertos y expertas de múltiples ideologías y en cargos, tanto institucionales como del sector privado, que han contribuido a la consecución de un marco internacional más justo, igualitario y solidario, en el que la impunidad no sea la regla general", añade.

Además, destaca la FIBGAR que el origen de la fundación está en "la observación del trabajo" de Garzón, y que en su día a día implementa unos objetivos cuya ejecución "corre a cargo de profesionales y colaboradores externos". Recuerda, al hilo, que emite de manera periódica dictámenes y recomendaciones a organismos nacionales e internacionales, "no sólo en el ámbito de la Memoria Democrática, sino también en otros ámbitos como la protección de alertadores de corrupción o la lucha contra los crímenes medioambientales".

Y recuerda que este tipo de acciones es habitual en todas las organizaciones con objetivos similares, por lo que "sugerir cualquier tipo de connotación negativa es un intento de manipulación que demuestra, bien un desconocimiento absoluto de cómo funciona el tercer sector, o bien, un intento deliberado de atacar a una organización y a quienes trabajan en el desarrollo de sus fines".

En la nota difundida este jueves, la FIBGAR destaca además que entre sus propósitos está la defensa de los Derechos Humanos y la jurisdicción universal, por lo que la defensa de los derechos de las víctimas de crímenes internacionales está en el centro de sus acciones, tanto en España como fuera del país. Y sostiene que "rinde cuentas a la instancia oficial correspondiente".

En este sentido, indica la fundación que es "totalmente transparente en cuanto a sus fines, financiación y actividades", y que lleva más de una década trabajando y colaborando "con todo tipo de instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, bajo el control de los órganos gubernamentales establecidos y que han tenido diferentes signos políticos desde 2011".

La AF en su misiva a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que advertía de que la elección de Delgado era nula, indicaba además que "la estructura orgánica y la función constitucional del Ministerio Fiscal no son cuestiones ajenas al señor Garzón y que de ambas pretende obtener una respuesta satisfactoria a sus postulados traducidos en denuncias ante la Fiscalía".

"No es en absoluto aventurado señalar que muchas de las denuncias que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática lleguen a la nueva Fiscalía que lleva ese mismo nombre estarán firmadas por FIGBAR o de las plataformas en la que la citada fundación se integra o cualquiera de sus asesores legales, porque este es precisamente su fin", sostenía.

Por eso, incidía la AF en que situar en su cúspide a Delgado, "cuando es su pareja sentimental quien viene reclamando, al menos, desde el año 2014, la creación de tal Fiscalía Especializada, resulta inadmisible".

Para la AF, el nombramiento de Delgado supone "un frontal ataque al principio de imparcialidad, y más aún a su apariencia, dado que cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados del señor Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta".

"Y es que sentados los criterios con ocasión de cualquier denuncia el principio de unidad de actuación proclamado en el EOMF determinará la forma de interpretar y actuar de la Fiscalía en todo caso", alerta.

Alicia Gutiérrez, periodista de infoLibre, presenta este lunes 24 de abril Porque me da la gana. Ayuso, la nueva lideresa (Akal), un libro sobre todo lo que se esconde detrás de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los numerosos escándalos con los que se la relaciona. A partir de las 18.45 horas en la Librería Marcial Pons Humanidades (Plaza del Conde del Valle de Súchil, 8, Madrid), la autora estará acompañada por el juez Baltasar Garzón, presidente de la Fundación FIBGAR.

Pese a ser subestimada en un principio y a la creencia de que las ayusadas (frases que denotan una inteligencia política muy superior a la que sus detractores desearían) acabarían por desgastarla políticamente, la presidenta madrileña ha mostrado una inagotable capacidad para esquivar asuntos de relevancia que, como los protocolos que impidieron derivar a hospitales a miles de mayores de residencias en los momentos más duros de la pandemia, habrían ahogado a otros dirigentes políticos. Lo anterior se conjuga, además, con una habilidad se diría que innata para lograr el efecto bumerán de todas las críticas de las que ha sido objeto la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El libro conecta y explica todos los casos de corrupción y escándalos en los que se ha visto envuelta Ayuso. Alicia Gutiérrez repasa desde el supuesto alzamiento de bienes con el domicilio de sus padres, pasando por su hermano comisionista que consigue contratos en la comunidad hasta la reducción de los impuestos a los más ricos o la aparición de su nombre en los casos Púnica y Gürtel.

Porque me da la gana. Ayuso, la nueva lideresa ya está a la venta. En infoLibre publicamos el capítulo titulado La técnica del disco rayado [que puedes leer aquí].

El juez Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) emitió la orden de detención del dictador Augusto Pinochet en 1998. Desde ese momento, logró un elevado reconocimiento internacional como jurista implicado en la defensa de los derechos humanos y en la persecución legal de los genocidas y de los responsables de crímenes contra la humanidad. En la actualidad, dirige la fundación FIBGAR, colabora con infoLibre y recopila su experiencia en libros como Los disfraces del fascismo, que publicó en 2022. La figura de Garzón siempre ha sido un referente para la izquierda española y ahora aboga abiertamente por la unidad de la izquierda, tanto dentro de la coalición de Gobierno, como entre Yolanda Díaz y Podemos de cara a los próximos procesos electorales.   

"Es un gran economista y una figura histórica de la Transición: fue miembro del Partido Comunista, aunque después su evolución ideológica es conocida. Lo que se produce con esta moción de censura es una degradación de la democracia y del Parlamento porque quien la promueve, no tanto Tamames sino Vox, no busca más que un simple rédito político, no atacar al Gobierno. Y, en el fondo, también subyace una intención verdadera de destrucción o de deconstrucción de la democracia. Tendremos que ver qué da de sí ese discurso sabiendo que ni quienes han propuesto a Tamames se lo creen". 

"El rédito que puede sacar Vox es muy poco en términos políticos normales, pero tampoco le importa demasiado. Se dirige a su parroquia, o al menos a gran parte de ella. No le interesa ni la figura de Tamames, ni el respeto a su trayectoria científica, ni a lo que pueda decir. Sencillamente, pretende atacar al Gobierno y atacar con más claridad al PP. Y utilizan esta excusa prostituyendo, o al menos devaluando, la figura de la moción de censura, un mecanismo muy serio que está pensado para obtener un cambio. El ejemplo lo tenemos en la de 2018 de Pedro Sánchez: consiguió un cambio de Gobierno porque subyacía una situación de mal endémico, una corrupción sistémica que afectaba al partido político que gobernaba, que era el PP".  

"Casi tendría que decir que me abstengo de opinar sobre aquellos que se abstienen. Pero dicho esto, el PP calcula que la mejor posición política es pasar de Ramón Tamames y de Vox, y atacar al PSOE o a la coalición progresista que en este momento gobierna en España. Su abstención es simplemente un cálculo estratégico de que puede rentabilizar más en las próximas elecciones para separarse formalmente de Vox. Pero, todos sabemos que, posteriormente, si necesita apoyarse o ligarse con la ultraderecha para gobernar en ayuntamientos, diputaciones o comunidades lo va a hacer. Es una pura apariencia y es un fuego fatuo". 

"Estoy convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la va a afrontar con rigor parlamentario. Al fin y al cabo, aunque espuriamente utilizada, la moción de censura es un hecho que está ahí. También es un hecho que va a haber una persona que defiende, según él mismo ha dicho, sin ataduras de ningún tipo y de forma independiente una crítica al Ejecutivo y el presidente debe de contraargumentar esos ataques, pero Sánchez guardará las formas y será respetuoso con el proponente. Imagino que también va a aprovechar para atacar a la oposición, específicamente al PP. El resultado es que nos vamos a encontrar una especie de triangulación, con Tamames en el medio". 

"La reforma de la ley mordaza era, además de una necesidad, una promesa electoral del PSOE y del Gobierno de coalición. Es muy triste que, por luchar por una cuota de máximos, los partidos que apoyaron al Ejecutivo para hacerla realidad no lleguen finalmente a nada y se perpetúe por una legislatura más y no sabemos hasta cuándo. Hay argumentos de peso, como las devoluciones en caliente que son inaceptables, o el uso de pelotas de goma que tienen potenciales efectos muy nocivos. Pero si no ha sido posible el acuerdo, tendría que haberse iniciado la tramitación de la ley y seguir hablando. En este caso, como en otros, los desacuerdos de la izquierda, de los progresistas, favorecen a las derechas. Un desacuerdo entre las derechas nunca beneficia a la izquierda, porque al final se ponen de acuerdo". 

"Ha faltado información y no se ha explicado de forma suficiente a los ciudadanos previamente lo que significaba una reforma en la que el consentimiento de la mujer es el núcleo. Las penas en materia de delitos contra la libertad sexual en España son de las más graves del entorno europeo. Cuando se produce una modificación de la ley, los topes mínimos de las penas, al fundirse distintas figuras penales, necesariamente tienen que bajar el umbral. Pero a la vez, en las más graves se eleva. En toda reforma del Código Penal hay un periodo de transición en que se van a producir estos desajustes. Así, penas que antes tenían un grado mínimo al rebajarse van a verse beneficiadas, pero si se interpreta en la integralidad, los casos serían menores. Al final se ha escenificado que el Gobierno de coalición, que patrocinaba la ley, se ha visto fracturado. ¿Y quién sale de nuevo beneficiado? La oposición". 

"El desencuentro entre Yolanda Díaz y Podemos es otro ejemplo de los desacuerdos dentro de la izquierda o del progresismo. La única forma que tienen para gobernar es uniendo fuerzas en una plataforma amplia y en la que se superen diferencias, egos y posiciones personalistas. Tienen que hacer un frente común a quienes no van a tener duda ninguna en unirse frente a cualquier avance progresista. Deberían ser conscientes, tanto la vicepresidenta como el grupo político de Unidas Podemos, y específicamente Podemos, que hay que solucionar estos problemas y no confundir al electorado. La única forma de avanzar es uniendo esfuerzos dentro del sector progresista para desarrollar políticas sociales de defensa de los derechos fundamentales y de la mujer, medio ambiente o acabar con la brecha salarial.".

"La lucha contra la corrupción es fundamental en democracia. El caso mediador es grave, afecta a un parlamentario que utilizaba su posición para hacer un tráfico de influencias que puede tener una determinada trascendencia grave y que tiene otras derivadas, como afectar a determinadas personas vinculadas a la Guardia Civil. Pero es mala la comparación con Gürtel, que afectó, según sentencia judicial firme, a un partido político, el PP, en el que había una corrupción sistémica. El PP lo único que hizo fue atacar a los jueces, el primero a mí mismo, a los siguientes y a todos los que han decidido en contra de sus intereses. Y la trama Kitchen afecta a presuntas acciones que están sometidas ahora mismo a valoración judicial pero desarrolladas desde el propio Gobierno o sus aledaños. Es decir, son ámbitos muy diferentes".  

"Afortunadamente, ha habido un acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la mejora de las pensiones y para establecer un mecanismo sostenible para las mismas. También con la Unión Europea, a través de la Comisión. La patronal, que no todos los empresarios, ha quedado al margen. Parece que se constituyen como los únicos garantes del desarrollo del sistema capitalista, en su más pura esencia tradicional y salvaje. Se olvidan que la parte fundamental del sistema de producción, al que tanto aluden, son los trabajadores. Vivimos en sociedad y esto supone corresponsabilidad: no pueden ponerse por encima diciendo que no pueden soportar esto ya que tienen la obligación de hacerlo. Lo mismo que el resto de la sociedad y lo mismo que los trabajadores". 

"Me parece una desvergüenza. Es casi una situación antidemocrática e ilícita que vayamos camino de cinco años de prórroga del Consejo General del Poder Judicial cuando su mandato está caducado. Aquí lo que ocurre es que, por parte esencialmente del PP y de los dos vocales que tienen esa adscripción ideológica, no se ha querido modificar. Este es el juego democrático, pero lo que está sucediendo es que quienes estamos pagando las consecuencias de esta parálisis somos los ciudadanos. Y esto es lo inaceptable". 

Baltasar Garzón acude de nuevo ante la ONU para intentar recuperar su condición de juez. Casi un año después de que el Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (CCPR) concluyese que su condena había sido "arbitraria e imprevesible", el exmagistrado ha remitido un escrito al relator especial para el seguimiento de las resoluciones de este órgano instándole a que apele directamente al Gobierno español para que implemente de una vez por todas el dictamen. En concreto, Garzón considera que "una parte esencial de la reparación integral" a la que hacía mención el CCPR pasa por su restitución como juez central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, con el "mantenimiento" de "antigüedad y escalafón". "Se solicita al Gobierno, como representante del Estado, que inste al Consejo General del Poder Judicial a proceder a la restitución del autor en dicho cargo", exige en la misiva.

La carta, fechada este martes, pide al Comité que haga "cuanto esté a su alcance" para intenceder ante el Ejecutivo español. Así, Garzón recuerda que ya ha transcurrido casi un año desde la emisión del dictamen sin que el Gobierno "haya mostrado ningún esfuerzo" por "abordar las graves preocupaciones que sustentan este caso" ni por "ofrecer ninguna forma de reparación a la víctima por las violaciones identificadas". "No hemos recibido ninguna respuesta de fondo", sostienen en el escrito.

Un inmovilismo que consideran "de extrema gravedad". "La no implementación, así como su falta de respuesta al Comité, es de extrema gravedad, ya que implica un desafío a la autoridad de dicho Comité, un enorme detrimento de los derechos de la persona y un deterioro de la justicia, que se ve menoscabada de forma irremediable", sostiene.

Con esta misiva, Garzón mueve ficha para intentar recuperar su condición de magistrado en la Audiencia Nacional con el mantenimiento de antigüedad y escalafón. "Es un principio fundamental del derecho internacional (...) que frente a las violaciones de derechos humanos el Estado responsable tiene la obligación 'de devolver a la víctima la situación anterior a la violación', como una parte imprescindible de la reparación", apunta.

Pero no solo eso. En el texto también recuerda que no se ha cumplido "con la obligación de anulación de los antecedentes penales". Y pide, además, que el Ejecutivo emita una "disculpa pública" reconociendo la responsabilidad del Estado en la violación de sus derechos humanos, que el dictamen se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o que se le abone una "indemnización" a fin de compensar "los daños materiales y morales".

En cuanto a la adopción de medidas de no repetición, el exjuez considera que habría que modificar la definición del delito de prevaricación, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) o la Ley de Enjuiciamiento Criminal "a fin de garantizar el derecho a la doble instancia penal de todos, incluyendo quienes estén sometidos a proceso por el Tribunal Supremo".

En agosto de 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un duro dictamen en el que concluía que la condena de inhabilitación impuesta hace nueve años contra el magistrado Baltasar Garzón fue “arbitraria e imprevisible”. En la resolución se resaltaba que "las dudas" sobre la "posible parcialidad de algunos de los jueces intervinientes" hace imposible concluir que el autor tuviera "acceso a un tribunal independiente e imparcial" en los procesos que en su contra se siguieron en relación con las víctimas del franquismo y la trama Gürtel, que resultó en la condena penal y su consiguiente pérdida del cargo.

Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) se mantiene a la espera de poder recuperar su condición de juez tras la resolución de hace casi un año del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tiene clara su posición: “Sigo a la espera de que el Gobierno cumpla con la resolución”. Recientemente ha publicado su libro Los disfraces del fascismo. En su obra advierte de que “hay toda una internacional fascista que se está construyendo y que va obteniendo cuotas de poder” y cuyo objetivo es “implosionar el propio sistema democrático y destruir la consolidación de los derechos obtenidos después de muchos sacrificios”.

“Los que tenemos cierta edad recordamos bien la posición contraria al ingreso de nuestro país en la Alianza Atlántica. Lo que ocurre ahora es que después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por orden de Putin, hemos visto que en cualquier momento podemos ser objetivo de una agresión externa. Es un hecho consumado que España está dentro de la OTAN, pero no estoy de acuerdo con el aumento del gasto militar y, en todo caso, se exige una información pormenorizada a la ciudadanía. Creo que este derecho a la información, a conocer, a saber y a la transparencia es más importante que en ningún otro momento”.

“Es muy grave que en una democracia se esté produciendo con demasiada frecuencia esa utilización malsana de las instituciones en favor de posiciones políticas concretas y de cuotas partidarias y no en favor de los ciudadanos y ciudadanas. Es inaceptable que el Consejo General del Poder Judicial lleve en una prórroga ilegal desde hace casi tres años y que sus propios miembros sigan ahí con su mandato caducado. Al menos el sector progresista ya tendría que haberse marchado. Me refiero a este sector porque parece que el conservador no se va a mover hasta que haya una instrucción por parte del grupo político que está bloqueando la renovación. Quien lo está propiciando es el PP y quien va de la mano con él, en este caso, es Vox. Está haciendo filibusterismo jurídico y utilizando las instituciones de gobierno de los jueces en beneficio propio para establecer un status quo de control de ese Poder Judicial que está destruyendo el prestigio y la credibilidad del propio sistema”.

“He visto cambios en el lenguaje y en las formas, que son más pausadas. Aparentemente, los modos, que también tienen su importancia en el sistema democrático, son más tranquilos. Pero, en el fondo, que es lo importante, seguimos en la misma situación y no ha habido ningún cambio porque dicen que con esta reforma de la ley se rompían unas negociaciones que no existían. Lo que tiene que haber es transparencia y democracia. ¿Quién es el responsable de esta situación? El PP es el que está jugando con unas cartas muy marcadas y bien haría en llegar a ese acuerdo ya para desbloquear de una vez el CGPJ. De esa manera, Feijóo ganaría la credibilidad que, por momentos, está perdiendo. Al fin y al cabo, al menos en esta parcela, está actuando igual que antes".

“Cuando se habla de derechos humanos y de consolidación de derechos no solo se hace a nivel nacional, sino que siempre hay un foco en Occidente, que es Estados Unidos y es la afirmación de que es el país más democrático del mundo y donde más se protegen los derechos individuales. No nos olvidemos de que el sistema de elección en el Tribunal Supremo en EEUU hace que sus miembros lo sean a título vitalicio, durante toda la vida del individuo y más allá de su edad de jubilación, que es el sistema que rige en España. El poder que acumulan es tremendo, hasta el punto de que ya se empieza a discutir sobre la limitación de los tiempos de mandato de estos jueces, algunos de ellos promovidos en la época de Donald Trump. Si en el Tribunal Supremo español ocurriera lo mismo, habría que reducir drásticamente el número de sus componentes. En todo caso, el tiempo de permanencia en el cargo debería ser temporal".

“Hay que decir algo más cuando se habla del poder y de la influencia que tienen las corporaciones económicas y los potentes medios de comunicación en la política. Quizás el presidente del Gobierno no tenga que decir sus nombres, pero lo que dice es una obviedad. Que un medio de comunicación trate de influir políticamente en una sociedad democrática no es ni bueno ni malo. Cuando se utilizan como ariete por corporaciones y como un elemento más de acoso y de derribo político es muy peligroso porque se convierten en actores políticos. El papel de los medios, como decía Pulitzer, es estar siempre en línea con la defensa de los más vulnerables y consolidar los valores democráticos y no lo contrario. Ese es el sentido de lo que creo que Pedro Sánchez ha querido decir. Pero hay que dar esta explicación y hay que tener cautela, porque podemos pensar que es una imputación general y eso nos llevaría a ser injustos”.

“Afirmar que existen poderes ocultos que tratan de incidir o influir en el ámbito del Poder Judicial es quedarse corto en el sentido de que no son tan ocultos. Para mí, es evidente que la derecha y la extrema derecha quieren utilizar el sistema judicial para fines propios, espurios a la propia defensa del Estado de derecho. Si a esto le añades la composición del Poder Judicial en determinados países, y España es un ejemplo de formación conservadora y ultraconservadora, se juntan dos elementos que hacen bastante daño al ejercicio de la función judicial. No se pueden utilizar las instituciones, y desde luego no las judiciales, en beneficio del uso del poder y producir resultados que evidentemente exceden de la propia administración de Justicia”.

“En el caso Assange, se le aplica la ley de espionaje a un ciudadano, periodista y editor de una plataforma de noticias como es Wikileaks por haber publicado de forma masiva gravísimos hechos que afectan a los derechos humanos y que descubrieron procesos de corrupción y crímenes de guerra en Irak y en Afganistán. Hicieron lo que tienen que hacer los periodistas cuando desarrollan su labor profesional. Es por esto por lo que se produce su extradición. La situación ahora no es la más idónea para una persona que está privada de libertad desde el 19 de junio de 2012. El silencio es lo que más puede condenar a Assange y cuando se abrió el proceso judicial en EEUU los grandes medios callaron. Ahora, apenas se está produciendo una mínima reacción, pero durante mucho tiempo se ha cuestionado la figura de Assange. Guste o no el personaje, si la condena se produce, habrá sido la gran derrota de la libertad de expresión en el mundo y de la libertad de acceso a la información”.

“El 25 de agosto de 2021 se hizo pública la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ella, por unanimidad, ante la demanda que yo mismo planteé contra el Estado español, se establece que en febrero de 2012 se dictó por el Tribunal Supremo contra mí una sentencia arbitraria, en la que me impusieron 11 años de inhabilitación. Se declaró que fue una sentencia parcial, en la que no se cumplió el principio de previsibilidad penal y que no se respetó el principio de doble instancia. Es decir, que mi sentencia se pudiera recurrir ante un tribunal en apelación y significa que tengo derecho a recuperar mi posición como juez. Cuando se notificó esta resolución se establecieron seis meses para que el Estado cumpliera con ella. Estamos en julio de 2022 y el mes que viene se cumplirá un año de esa resolución. Me he dirigido al Ministerio de Justicia y no se me ha contestado. No es cuestión de modificar la sentencia del Supremo. Ahora bien, ha sido declarada arbitraria y parcial y tiene que corregirse en sus efectos a través del cumplimiento de esa resolución del Comité de Derechos Humanos”.

“En mi último libro lo que pretendo hacer es analizar, partiendo de ejemplos y de hechos concretos que afectan a distintos ámbitos, cómo el Poder Judicial, el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, el mundo de la política o el mediático de las redes, son aprovechados por grupos de extrema derecha populistas que están en la línea divisoria del fascismo. Cito ejemplos concretos a nivel internacional y nacional, como es el caso de Vox. Y también es una apelación al progresismo, en la misma línea que en mi libro anterior La Encrucijada, para que se deje de confrontaciones internas y se ponga de acuerdo. Vamos a sumar, porque si no lo hacemos así, nos vamos a ver envueltos nuevamente en una especie de bucle muy peligroso y del que no vamos a salir en mucho tiempo”.

Baltasar Garzón (Jaén, 1955) asegura que el fascismo tiene muchos disfraces y ese es, precisamente, el nombre que ha elegido para titular su nuevo libro, editado por Planeta. Un fascismo presente en el mundo judicial, del que él procede. "Se ven comportamientos fascistas y autoritarios que tendrían que superarse", explica en entrevista con infoLibre. Garzón lo atribuye a la herencia franquista que, a su juicio, no ha desaparecido de la cúpula judicial. "No hubo un antes y un después y todavía se nota en algunos aspectos", ahonda. Pero el juez también identifica estos disfraces en otros ámbitos como el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo. "Se trata de grupos violentos que tratan de imponer su criterio a la fuerza y que para ello se valen de todas las armas, llegando a financiar campañas electorales para controlar un país", expone.

Garzón fue el primer condenado del caso Gürtel. Investigar la mayor trama de corrupción política conocida hasta la fecha le costó la toga. El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo le inhabilitó 11 años por prevaricación, un plazo que ya ha cumplido. "Me siento con ganas de volver a ejercer como juez y satisfecho por el reconocimiento que se me ha hecho desde Naciones Unidas", asegura. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha respondido a su requerimiento. "Las cosas de palacio no es que vayan despacio, es que son inescrutables. No sé cuándo, cómo ni de qué manera tomarán la decisión", lamenta.

La portada del libro es muy gráfica. ¿Nos venden el fascismo como si fuera un caramelo?

Yo creo que sí. El espíritu del libro trata de los disfraces del fascismo, de lo que ocultan, tratando de aparentar algo diferente a lo que son. La portada del caramelo con ese símbolo nazi que todo el mundo relaciona con una forma de fascismo extremo, envuelto en algo dulce y atractivo, es muy gráfica. Hay personas, sobre todo jóvenes, que se quedan prendidas y fascinadas con ese culto al líder, que ven belleza en la violencia que desgraciadamente está tan de moda en las redes sociales. Y lo que quiero transmitir es: 'ojo con los caramelos envenenados como este, son una trampa'.

¿Cree que se puede luchar contra este fenómeno? ¿Es usted optimista?

Si no fuera optimista no escribiría este libro, que me va a traer más complicaciones que beneficios. A estas alturas de mi vida tengo que decir lo que pienso y ser coherente conmigo mismo. Siempre he dicho que no podemos permanecer indiferentes y quiero aportar algunas ideas para que ese compromiso se produzca. No sé si llegará a muchos o no, pero desde luego lo voy a intentar. Cuando te propones hacer algún movimiento siempre acabas consiguiendo algo, cuando no lo consigues es sin hacer nada. 

¿Se siente más libre ahora que cuando ejercía como juez?

Sí, por razones obvias, porque al ejercer como juez tienes unos límites que no puedes traspasar y tocar. Aun hoy, cuando me preguntan sobre hechos concretos, no me puedo pronunciar más allá de lo que es conocido. Le puedo dar un sesgo, una impresión, pero no puedo desvelar hechos internos de la instrucción. Yo siempre lo he entendido así, siempre he sido muy respetuoso, por eso tampoco entiendo las dinámicas de hoy día cuando veo que los procesos judiciales se debaten en los medios de comunicación y no de una forma sosegada y profunda. Eso me ha preocupado siempre.

Y, aun así, tiene ganas de volver a ejercer tras la condena a once años de inhabilitación....

El año pasado, el 25 de agosto, llegó la notificación del dictamen de Naciones Unidas, que dictó una resolución por unanimidad en la que se establece que mi procedimiento fue arbitrario, que no hubo todos los mecanismos de defensa, que se cercenaron derechos fundamentales y que se me debería de reparar. Se establecía también la falta de previsibilidad de la sentencia, en el sentido de que me condenaron por un delito que todavía no sé bien cuál fue. Sí, el cajón desastre es prevaricación, pero me gustarían explicaciones concretas más allá de palabras grandilocuentes, que son contrastadas por el comité. Me siento con ganas de volver a ejercer como juez y satisfecho por el reconocimiento que se me ha hecho desde Naciones Unidas. Estoy a la espera de que se cumpla ese dictamen, ya lo he solicitado, pero no ha sido atendido de momento. Ya han pasado nueve meses desde el dictamen y me temo que tendré que volver a andar el camino judicial correspondiente. El Estado es, a veces, renuente cuando se trata de cumplir con los derechos de los ciudadanos y atiende quizá más a las estructuras institucionales y, utilizando una expresión muy castiza, a nadar y guardar la ropa.

En el libro hace alusión a su condena y expresa que el daño es irreparable, por el desprestigio que le han causado.

Son once años de inhabilitación, once años de imposibilidad de ejercer la profesión por la que luché, por la que estudié, a la que me dediqué con vocación, con ganas, con las mismas que puedo tener ahora, en defensa de la sociedad dándolo todo. Lo di todo, como doy por hecho que debería hacerse siempre. Ocurrió esto y no voy a quejarme ni a decir qué he hecho yo para merecer esto. Ocurre y punto. Hay que seguir hacia delante, tomar impulso y continuar. Al final se me da la razón y nadie me va a devolver esos once años. Ni a mí ni a los ciudadanos, que tenían derecho al juez predeterminado por la ley. Yo no manifesté mi voluntad de irme, otra cosa es que hubiera tomado la decisión de cambiar o marcharme. Es difícil la reparación, pero bienvenida aunque sea simplemente moral, aunque sea por la satisfacción de las personas que me rodean y me quieren y que, de alguna forma, se han visto resarcidas porque a nivel internacional se diga que no se actuó bien ante el juez que estaba investigando la corrupción.

¿Por qué cree que el Gobierno todavía no le ha contestado?

Las cosas de palacio no es que vayan despacio, es que son inescrutables. No sé cuándo, cómo ni de qué manera tomarán la decisión. Alguna deben de tomar. De momento la que han tomado no ha sido la mejor. El pasado 23 de abril contestaron a mi abogada diciendo que no podían darle una respuesta porque no acreditaba la representación en la que actuaba. Me parece un poco brutal, porque llevábamos tres años litigando esta abogada y yo contra el Gobierno y el Estado español. Por tanto, sí sabían quién era. Ahora le hemos vuelto a decir que sí, que es mi representante.... ¿qué más quieren?

En el libro pone de manifiesto la diferencia que existe entre una justicia que es conservadora y la mayoría progresista que hay en España. ¿Por qué diría que hay tanta distancia y cómo cree que se soluciona?

Es una de las grandes contradicciones que hay en nuestro país. En la España de hoy la justicia tiene un componente conservador o ultraconservador, lo que afecta a la confianza de las personas que ideológicamente se sitúan en el lado progresista de la sociedad. Aunque hay épocas en las que ha gobernado la derecha, el equilibrio entre ambas fuerzas en el Congreso siempre ha estado a la par en número de votos y participación. España es un país progresista, podemos decir, como mínimo, de centro izquierda. No de derechas, ni de ultramontana ni de ultraderecha como ahora. Así que creo que algo está funcionando mal en una justicia que sigue radicalizándose más. Los órganos de la justicia tienen que ser los que protejan a esa sociedad que va por unos derroteros distintos de los que siguen esos administradores de justicia. Esa interpretación de las leyes es fundamental que sea progresista, porque los problemas y los retos a los que nos enfrentamos son muy grandes, y una visión retrógrada frente a ellos solo nos va a dar inseguridad y espacios opacos.

También dice que la separación de poderes es un "mantra tan anodino como falso".

El poder judicial es un contrapoder, un contrapoder de los demás poderes. Por tanto no tiene que ir cada uno por su sitio, tiene que haber una sincronía. El titular del poder judicial es el pueblo, los jueces y juezas son administradores del mismo. No se pueden confundir los planos y decir: 'somos el poder judicial'. Los jueces ejercemos la jurisdicción, pero el poder judicial no es nuestro. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, la derecha aboga ahora por que los jueces se elijan a sí mismos. Y esto hay que hilvanarlo con lo que decíamos al principio del componente ultraconservador de la judicatura. Si fuera así, ya sabemos cuál seria la composición sistemática del consejo: una extensión corporativa de lo que es la carrera judicial. Si es un organismo que tiene competencias mas allá de las estrictamente corporativas, es decir, que te afecta a ti y me afecta a mí, porque diseña el mecanismo de política criminal, hace informes que exceden de lo que es la corporación judicial, no podemos prescindir de que en ese órgano estén representantes populares, no solo de los jueces. No creo que sea adecuado que los jueces se gobiernen a sí mismos a través de las asociaciones judiciales. Es más, creo que habría que profundizar en cómo se financian y quién las financia. Al final, esto también tiene mucho que ver con los disfraces del fascismo, es decir, con el ansia de controlar el poder hacia un segmento concreto de esa profesión y no en beneficio de la ciudadanía. Cuando se dice que así seria más independiente, hay que tener cuidado....

¿Deberían haber dimitido los vocales y el presidente del CGPJ después de tantos años de mandato caducado?

Sí, no me valen las justificaciones. Por dignidad política, dignidad ciudadana y dignidad hacia la justicia. Si el poder político no ha sido capaz de establecer una renovación, tendría que haberse producido esa disolución de un organismo nacido de una mayoría absoluta del PP, con consejeros que ya se están jubilando. De ser un verdadero gobierno de los jueces ha pasado a ser un simulacro de la nada. 

¿Por qué cree que no lo han hecho?

El problema es considerar que los jueces son una especie de ente diferente de lo que realmente son: servidores públicos al servicio de la ciudadanía para generar confianza a través de la administración de justicia. Todo lo que difiera de esa dinámica no es verdaderamente justicia, es otra cosa diferente. Una acumulación de poder para después colocar por afectos y desafectos cada pieza donde interese, y en los que el mérito no es el principal motivo de ascenso. En el caso del PP, si ejerce algo de forma perfectamente diferenciada al resto, es que sabe recompensar a quienes considera que han sido favorables a determinadas posturas. No voy a decir nada más…

Me suena que uno está de consejero de la Comunidad de Madrid...

(risas)

En los últimos años también estamos viendo una ofensiva judicial (lawfare) por parte de Vox y el PP. ¿Cómo lo ve?

Es otro de los disfraces del fascismo. La guerra jurídica, aprovechar las instituciones judiciales para desviarlas de lo que tienen que hacer y utilizarlas en provecho propio en contra de un enemigo político. El acudir a los tribunales presentando querellas o denuncias se ha convertido en un elemento más del debate en contra de otros. Esto se dio en los años 80, pero lo superamos. Yo recibí muchas de estas denuncia y les pedía que resolvieran sus problemas y dejaran en paz a la justicia. Hay determinados jueces y magistrados que favorecen el juego político de PP y Vox. Son denuncias estrambóticas o con poca consistencia que no van a llegar a nada. Pero el daño lo van produciendo y, con ello, el desprestigio de las instituciones judiciales. Hay que tener más valentía para tomar decisiones y detectar esas maniobras, esa utilización, esa manipulación de las instituciones.

¿Cómo valora que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite los recursos de PP, Vox y Cs que en su día desestimó?

Es una posibilidad que existe en la normativa española, pero últimamente se están produciendo determinadas invasiones de algunas salas del Tribunal Supremo más allá de lo que les corresponde. Me parece bien que se pueda valorar el uso que se ha hecho de algunos indultos, pero a ver qué argumentos se dan y por qué razones. Y también quiénes están interesados y cómo van a resolver esa cuestión. Últimamente algunas resoluciones dejan mucho que desear.

¿Y la cuestión del espionaje con Pegasus?

En una democracia los servicios de inteligencia no pueden ocultar ningún muerto en el armario. Tiene que haber una narrativa específica que regule la transparencia y los límites de acción de esos servicios de inteligencia. Hay países en los que se desclasifica por ley, jurisdicciones especializadas, hay mecanismos de acceso a la información. Aquí no. En 2002 se estableció un control judicial, que es más formal que de otro tipo, que dice que no se puede utilizar a efectos judiciales. Eso no quiere decir que no se violenten los derechos de los ciudadanos que vean interceptadas sus comunicaciones con un virus o como sea. Tiene que haber un control pero tiene que haber una motivación. La única forma que tenemos para saber que es así es esa transparencia. La justicia se empodera cuando es un fin y genera confianza en los ciudadanos, si no es un nicho de poder para los que lo ejercen. Los servicios de inteligencia se justifican cuando sus acciones benefician a la sociedad y no beneficia nada el presunto espionaje a lideres contrarios, que en algunos casos estaban dentro de un proceso judicial determinado. Eso perjudica gravemente. Y si hay una penetración del CNI tendremos que analizar por qué se ha producido y si ha habido fallos de seguridad, no con una mera dimisión sino algo más profundo.

¿Podemos concluir que el mundo judicial también tiene tintes fascistas?

Es una visión elitista, aislada, que normalmente tiene quien ejerce un tipo de poder. Son cuestiones sutiles. La carrera es muy endogámica, está mas abierta en la actualidad que antes, pero hay dinámicas perversas que tienden hacia esa conceptuación. Es una relación vertical del juzgador al justiciable. No nos vamos a poner como colegas. Pero en mi despacho, por ejemplo, cuando entraban presuntos terroristas, narcotraficantes, etc. jamás entraban esposados y tampoco entraba la policía a mi despacho. Tuve enfrentamientos con la policía por esto y es verdad que alguno se me echó encima pero yo creía que lo tenia que aguantar, porque mi idea de la justicia no es represiva, sino igualitaria.

El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la querella que el exjuez Baltasar Garzón presentó contra el exdirector de moncloa.com Joaquín Vidal por un presunto delito de injurias después de que publicara los audios de la comida del exjuez con el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la ahora fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en un restaurante madrileño.

En un auto de 4 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Garzón y ha confirmado así el auto de la Audiencia Provincial de Madrid por el que se desestimó su intención de reabrir la causa contra Vidal en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid.

Los magistrados han concluido en su auto que el sobreseimiento libre de la Audiencia de Madrid "no es susceptible de ser recurrido en casación de conformidad con la doctrina" existente en el Supremo, "ya que no se cumple el requisito de que se hubiese dirigido una imputación formal" contra Vidal. Según consta en la resolución del Supremo, la Sala de lo Penal ha condenado a Garzón al pago de las costas del procedimiento.

Garzón se querelló contra el exdirector de moncloa.com después de que éste dijera, entre otras cosas, que el exjuez formaba parte de una "trama delictiva" y de un "grupo mafioso" —en referencia al presunto clan liderado por Villarejo— y publicara los audios de la comida en el restaurante Rianxo.

En el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que se recurre, los jueces destacaron que la "relevancia del interés de la grabación alcanza incluso a la propia y notoria condición de personajes públicos de, al menos, dicho comisario, el juez y la fiscal presente en tal ocasión, cuyas conversaciones han sido publicadas".

En su recurso ante el Supremo, Garzón alegó que las injurias proferidas por el exdirector de moncloa.com excedían los contornos de la libertad de información o de expresión "con una clara lesión de la dignidad personal y el derecho al honor". A su juicio, había "indicios suficientes de criminalidad" y era improcedente archivar la investigación.

Asimismo, el exmagistrado subrayó que los "insinuados juicios de valor del auto" de la Audiencia de Madrid infringían los "límites legales y constitucionales del delito de injurias" y vulneraban "el derecho a la tutela judicial efectiva en múltiples perspectivas".

Según consta en la resolución del Supremo, durante la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal para que se pronunciara. El departamento dirigido por Dolores Delgado, pareja del exjuez, formuló escrito por el que se abstuvo de realizar pronunciamiento alguno al tratarse el delito denunciado —injurias graves realizadas con publicidad— de un delito privado.

Finalmente, la Sala Segunda ha desestimado el recurso y ha confirmado la decisión de mantener el archivo de la investigación contra el exdirector de moncloa.com.

La defensa de Vidal, liderada por el despacho Durán & Durán Abogados, ha celebrado la decisión del Alto Tribunal al considerar que quedan "correctamente tuteladas las libertades informativas, especialmente cuando las mismas son ejercidas por periodistas".

La Abogacía del Estado, órgano de la Administración General adscrito al Ministerio de Justicia, intentó bajo el Gobierno del PP pero también bajo el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez y el formado luego en coalición con Unidas Podemos que la ONU tirase a la papelera la queja planteada por Baltasar Garzón una vez que el Supremo ya lo había expulsado de la carrera judicial por su instrucción del caso Gürtel. En respuesta a las preguntas formuladas por infoLibre, el servicio jurídico confirmó este viernes que "como representante del Reino de España actuó en defensa de las resoluciones judiciales dictadas en los casos Santander [archivado en la fase de instrucción], Gürtel y Franquismo [que culminó con una absolución dos años después de que el entonces magistrado fuese suspendido en sus funciones porque la causa iba a ser juzgada]". Ahora, el comité de la ONU que vela por el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificado por España en 1977 ha declarado "arbitraria" la sentencia que en 2012 inhabilitó a Garzón por 11 años. 

En marzo de 2017, con Rafael Catalá (PP) como ministro de Justicia, la Abogacía planteó sus primeras "observaciones de inadmisibilidad" ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En julio de 2018, con Dolores Delgado al frente del Ministerio, el servicio jurídico elevó otras observaciones "adicionales". Y en julio de 2020 y enero de 2021, en la etapa de Juan Carlos Campo, formuló "observaciones de fondo". La posición no cambió. En el último año, distintos medios han difundido que Dolores Delgado, fiscal general desde febrero de 2020, y Baltasar Garzón, director de un bufete de abogados, son pareja.

En sus respuestas a este medio, la Abogacía del Estado no ofreció detalles sobre el contenido de sus "observaciones" contra la "comunicación" –en la práctica, el equivalente a un recurso– de Garzón ante la ONU. Pero sí precisó que tomó como pieza esencial el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hubiese inadmitido su demanda contra la sentencia del Supremo por su actuación en Gürtel y por las otras acciones que el alto tribunal había realizado contra él por su investigación de los crímenes del franquismo y por impartir en Nueva York cursos pagados por el Banco Santander. Garzón acudió a la ONU con el argumento de que se le había sometido a "acoso judicial". Finalmente, la ONU ha considerado que se vulneraron sus derechos. 

"En todas sus observaciones –sostiene la respuesta de la Abogacía facilitada por el Ministerio de Justicia a infoLibre– el Reino de España puso de manifiesto que al haberse sometido a otro procedimiento de resolución de controversias internacional (en este caso el TEDH), no cabía el sometimiento al Comité de DDHH [Derechos Humanos]". 

En espera de que el Gobierno desvele si adoptará medidas para cumplir el dictamen del comité de la ONU, la Abogacía ya ha marcado territorio. El protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se lee en su respuesta a este periódico, "permite al comité de derechos humanos conocer de comunicaciones individuales basadas en derechos del Pacto y formular recomendaciones al Estado parte". Pero, remata el párrafo, "sus dictámenes no son vinculantes".

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ratificado por España ya en 1977, es el que regula la existencia del Comité de Derechos Humanos, su composición y sus funciones. Y el artículo 10.2 de la Constitución española señala literalmente que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas se interpretarán "de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".

infoLibre no ha podido averiguar aún si el Gobierno comparte la estrategia mantenida por la Abogacía del Estado en este caso o si, como ya ocurrió en anteriores ocasiones, la decisión de Garzón de acudir a la ONU abrió una brecha. El Ejecutivo, aseguran fuentes del equipo de la actual ministra, Pilar Llop, se encuentra "estudiando el asunto". En noviembre de 2018, estalló la mayor crisis conocida entre la Abogacía del Estado y el que oficial y legalmente es su cliente: el Gobierno. La entonces titular de Justicia y hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cesó a Edmundo Bal como responsable del Departamento de Penal los servicios jurídicos por falta de confianza. Muy crítico con la estrategia del Gobierno ante el procés, Bal se sumó de inmediato a las filas de Ciudadanos, donde desde mayo ostenta el cargo de número 2 del partido. 

Pero lejos de darle la razón a la Abogacía del Estado, el comité de Naciones Unidas ha condenado a España. Integrado por 16 expertos elegidos a propuesta de cada Estado –el español es a día de hoy el presidente del TSJ balear, Carlos Gómez, el único que, cumpliendo así el reglamento interno, no intervino en la deliberación sobre el caso Garzón–, el comité emitió el 13 de julio un dictamen que asesta un verdadero mazazo al Tribunal Supremo. El dictamen no solo califica de "arbitraria e imprevisible" la condena a Garzón sino que pone en duda la imparcialidad de los jueces del Tribunal Supremo que le declararon culpable de prevaricación por haber interceptado las conversaciones de los principales imputados en Gürtel con sus abogados.

El veredicto del comité también critica que no existiera la opción de recurrir la condena ante otra instancia judicial y exige a España que aborde una "reparación efectiva" del daño infligido al exmagistrado. El organismo de Naciones Unidas entiende que aun en el caso de que como instructor de Gürtel hubiese interpretado de forma errónea la jurisprudencia existente respecto a la intervención de las conversaciones de imputados, su forma de actuar "no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal".

Un dictamen que "no puede ser papel mojado"

En un clima dominado a medias por las vacaciones estivales y el terror que devora Afganistán, la irrupción del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en la recta final de agosto ha pasado oficialmente inadvertida para las principales asociaciones de jueces. Este viernes, infoLibre contactó con los portavoces de la mayoritaria y conservadora APM, la más moderada Francisco de Vitoria y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Tanto la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, como el de la Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, recalcaron que no conocen todavía el dictamen y que solo tienen información por lo publicado en la prensa. Del Barco y su homóloga de JJpD, Ascensión Martín, coincidieron en que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU no posee carácter vinculante que obligue al Tribunal Supremo a rectificar su sentencia contra Garzón.

Martín lo expresó en estos términos: "El dictamen jurídicamente es impecable. Lo que más ha valorado es que no existiese la segunda instancia penal pero no es vinculante. El comité no es un tribunal jurisdiccional como podría ser el del Estrasburgo [el TEDH] o el de Luxemburgo [el de Justicia de la UE]". En su opinión, el dictamen sobre Garzón constituye un “resarcimiento personal” y "un espaldarazo a que en lo sucesivo se establezca el criterio de la doble instancia" que abra la opción del recurso judicial para quienes, al gozar de aforamiento, solo pueden ser sentenciados por el Tribunal Supremo.

La portavoz de la APM sostiene que "desde luego", el comité de la ONU "no es un tribunal de justicia" y que "no se integra por juristas". "Ya ha habido antecedentes en los que ante un dictamen de este comité se ha instado la revisión de una sentencia, que se ha denegado porque no es una resolución del TEDH", relató Del Barco para subrayar que ninguna decisión de Naciones Unidas puede alterar a posteriori las resoluciones del Supremo. Eso es, exactamente, lo que mantiene el alto tribunal.

Fue Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la segunda asociación por número de miembros, la Francisco de Vitoria, quien defendió con mayor contundencia el papel del comité de la ONU y de su dictamen sobre lo sucedido con Baltasar Garzón. "El dictamen –considera el portavoz de la Francisco de Vitoria– no es vinculante para el tribunal pero sí para el Estado. No puede ser igual que un papel mojado". "Es verdad –agrega– que no es una sentencia, pero España se ha adherido volutariamente a este sistema [el derivado de la firma del Pacto de Derechos Civiles y Políticos] y en la medida de lo posible hay que cumplir los dictámenes".

Fernández cree que el reingreso de Garzón en la carrera judicial "puede ser una forma de reparación". La portavoz de la APM no se pronuncia sobre ese punto. Y la de JJpD entiende que si solicita su vuelta a la carrera judicial "lo más normal es que el CGPJ conceda el reingreso". Pero eso, matiza, "no significa que vuelva a la Audiencia Nacional". "Se le ofertan las plazas vacantes, y ha habido algunos casos en que se ha denegado el reingreso", remata Martín.