El Ateneo de Madrid celebra el próximo 27 de abril a las 19:00 horas el debate ‘Narrar la Transición: crónicas del cambio democrático’, un encuentro que pondrá el foco en cómo se narró públicamente la Transición y qué papel desempeñó el periodismo en la construcción de una conciencia democrática.

La sesión, que tendrá lugar en la Cátedra Mayor, contará con la participación de los periodistas Karmentxu Marín e Iñaki Gabilondo, junto al historiador Francisco J. Leira-Castiñeira, autor del libro Retrato de la Transición. La memoria que escondimos en el desván (Siglo XXI Editores). El acto estará presentado y moderado por la periodista Ángeles Caballero.

Esta actividad forma parte de las iniciativas de presentación del libro de Leira-Castiñeira, una obra que se construye a partir de más de sesenta testimonios de protagonistas directos de la Transición —desde dirigentes políticos como Miquel Roca, Enrique Barón o Joaquín Almunia hasta figuras del periodismo como Soledad Gallego-Díaz, Nativel Preciado, Jesús Maraña o Miguel Ángel Aguilar— y plantea una mirada plural y crítica sobre aquel proceso, abordando tanto sus consensos como sus tensiones, límites y contradicciones.

En esta ocasión, el debate se centrará específicamente en cómo se narró públicamente la Transición y en qué medida el periodismo contribuyó a forjar una conciencia democrática en la ciudadanía. La conversación permitirá revisar el papel de la prensa y la radio no solo como narradores de un proceso político en marcha, sino también como actores clave en la pedagogía democrática que acompañó al cambio de régimen.

En un contexto en el que el relato sobre la Transición vuelve a ser objeto de revisión y disputa política, el encuentro propone recuperar voces y experiencias para analizar hasta qué punto los medios ayudaron a construir, y también a delimitar, el imaginario colectivo de aquel periodo.

Ariadna (nombre ficticio) ni siquiera se había planteado, durante buena parte de su vida, nombrarse a sí misma como víctima de violencia sexual. Sí le atravesaba la lúcida noción de que alguien con poder le había hecho un daño irreparable, condicionando hasta el extremo todos los aspectos de su día a día. Pero fue otra persona, una psicóloga especializada, quien le sostuvo la mano para decirle por primera vez que aquello que todavía le provocaba un nudo en el pecho tenía nombre: violencia sexual. Ariadna aprendió entonces a reconocer como agresor al hombre que le había abierto la puerta de su despacho siendo ella menor, sin miedo a las consecuencias que entrañaba y aun sabiendo que su relato ponía en evidencia al político posiblemente más reconocible y reconocido de la Transición: el expresidente Adolfo Suárez.

El pasado mes de diciembre dio el paso de hacer pública su historia y denunciar a su presunto agresor en los tribunales. La denuncia formal era en realidad una manera de hacerse un hueco en la conversación pública. No buscaba una condena, no le interesaba que un juez dictara sentencia, pero sí ansiaba reconocimiento y reparación. El juzgado acaba de confirmar el archivo de la causa debido a la prescripción de los delitos y el fallecimiento del denunciado, pero la víctima se siente satisfecha por el camino recorrido. Habla ahora con infoLibre, convencida de que todavía le quedan muchas puertas por abrir y segura de no volver a enterrar su relato en el silencio.

Desde el primer momento usted aseguró que decidía denunciar aun sabiendo que el recorrido penal era escaso, ¿por qué decidió dar el paso?

Porque era la única forma legal de hacer públicas mis agresiones.

¿Y por qué era importante para usted hacerlo público?

Creo que, por el perfil del agresor, esto también forma parte de la historia de este país, o debe formar parte de la historia de este país. Lo que sucedió cambia totalmente la visión y el concepto que tenemos de esa persona como personaje.

¿Se había planteado denunciar alguna vez antes?

No. Además, tardé muchísimos años en reconocerme como víctima y en reconocer los delitos. Tenía demasiado miedo para poder denunciar. Ha sido un proceso muy largo, primero he tenido que sanarme, sentirme segura y encontrar un entorno seguro que me ha dado credibilidad desde el primer momento.

¿Cuándo fue consciente de que había sido víctima de una agresión sexual?

Me di cuenta con 37 años [dos décadas después de que se produjeran las agresiones que denuncia], cuando fui a una psicóloga por primera vez a causa de una depresión. Al tratarme, salieron todos esos abusos y fue cuando ella puso nombre a mi sufrimiento. Me dijo: "Tú has sufrido violaciones". Ella fue quien me sugirió que, para cerrar esa herida, le escribiese la carta que le mandé a Adolfo Suárez en 2003, reclamándole una explicación. 

¿Le sirvió escribir esa carta?

Sí, me sirvió. Supe que por lo menos se habían enterado. Esa carta llegó, porque poco después me llamaron desde un número oculto y en aquella época era algo muy raro. Llamaron y me colgaron el teléfono. Yo supe que eran ellos.

Escribir esa carta fue un acto de reparación, pero asegura que la posterior denuncia también lo fue. ¿Por qué?

Porque al poner la denuncia he recuperado mi dignidad como persona y como mujer. Me he completado. Yo estaba muy achicada, muy encogida, y el hecho de poner la denuncia me ha dignificado. 

En su relato de lo sucedido, menciona también al entorno del expresidente, encargado de organizar las citas. ¿Cree que podrían haber hecho algo para frenar lo sucedido?

Creo que sí lo sabían, pero quizá les ha salido mejor guardar silencio que ponerse de parte de una víctima.

¿Cree que hay más víctimas?

Estoy convencida de que hay más víctimas. Él tenía mucha soltura, yo no soy la única. Estoy totalmente convencida.

Hay quien le cuestiona por el tiempo que tardó en denunciar. ¿Por qué ha necesitado 40 años?

Creo que si no eres víctima quizás sea difícil de entender. Una de las secuelas que a mí me han dejado estas agresiones ha sido la disociación. Yo he estado prácticamente 40 años disociada. Ni siquiera me parece que haya pasado tanto tiempo, sigo viendo a esa niña de 17 años. Además, tardas mucho en reconocerte como víctima, te tienen que ayudar a ponerle nombre a todo, a sanar, y el tiempo va pasando. Que yo haya denunciado ahora no significa que lo haya hecho en el mejor momento, pero lo he hecho cuando he estado preparada. Yo no me levanto un día y digo: vamos a hablar de este tema. No, ha sido porque se han dado las circunstancias personales y de mi entorno para poder hacerlo. Incluso pienso que si lo hubiera hecho hace cuatro o cinco años, con otro Ministerio de Igualdad, quizá me habrían ayudado más. 

¿No han estado el actual Gobierno y el actual Ministerio a la altura?

Yo voy a seguir insistiendo. Quiero insistir con el Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de la Presidencia para seguir reivindicando una reparación simbólica, igual que se ha hecho con otras víctimas, como sucede con la Iglesia y respecto a agresores ya fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre esas víctimas y yo?

¿Cómo ha pesado sobre usted lo sucedido a lo largo de estos 40 años?

Ha interferido en todo. A partir de la primera agresión sexual, yo empecé a tener trastornos psicológicos de todo tipo, tuve un trastorno de tricotilomanía, empecé a disociarme continuamente, a perder la memoria, a tener problemas de concentración, a padecer estrés postraumático, muchísimos miedos, inseguridad, baja autoestima y muchos problemas para relacionarme. Cuando comencé a trabajar, tuve intensos problemas de bajo rendimiento, sin entender por qué. En mis relaciones personales he seguido sufriendo mucha violencia. Porque si no sanas, sigues sufriendo violencia. Hace diez años empecé con una terapia muy buena, en un servicio de la Comunidad de Madrid, y fue a partir de ahí cuando empecé a sanar de verdad, a procesarlo todo y a poder hablar de ello sin dolor. Porque yo antes ni siquiera podía hablar, no podía pronunciar el nombre de este señor. 

¿Ha sentido apoyo social, mediático e institucional?

Yo tengo un círculo que me apoya, me da credibilidad y nunca me ha juzgado. La verdad es que solo hablo de este tema en sitios en los que me siento segura. A nivel social, hay una parte muy importante que está conmigo y que no pone en duda lo que yo he denunciado, eso es muy importante. Sé que otra parte de la sociedad dice lo contrario, pero no les he hecho mucho caso. Me aconsejaron que no mirase las redes sociales y eso es lo que he hecho. Institucionalmente, creo que se podría haber hecho más, pero todavía no tengo las puertas cerradas, así que voy a seguir insistiendo.

¿Qué siente cuando tiene que coger un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?

No lo cojo. Desde 2014 solo he cogido dos aviones, lo evito totalmente, y si viene gente tampoco voy a buscarles al aeropuerto. No puedo, me revictimiza mucho escuchar su nombre. 

Además del aeropuerto, señala la serie Anatomía de un instante como un elemento de revictimización.

Sí, la serie me parece un paripé y una mentira, en línea de lo que siempre nos han contado. No la he visto, ni la quiero ver.

La jueza ha decidido archivar la causa. ¿Le gustaría haber podido declarar?

Declarar en sede judicial habría sido bastante sanador para mí. El procedimiento judicial ha sido breve, como se preveía, pero me alegro muchísimo de haber puesto la denuncia. Ha sido muy reparador y muy sanador para mí. El primer auto de archivo me produjo muchas satisfacciones al ver tipificadas como delictivas las conductas que yo había denunciado. Se citaban como delitos de agresión y abuso. Y el segundo auto de archivo era lo esperado, aunque nunca he perdido la esperanza de que se me recibiese en sede judicial. En mi opinión, tiene poco fundamento lógico material decir que, por diligencia debida y el deber de practicar solo actos eficaces, se deniega la única diligencia de investigación solicitada por quien precisa esa reparación. Creo que se ha hecho una interpretación muy estrecha del Código Penal, las leyes y la jurisprudencia, porque aunque los actos están prescritos, yo tengo derecho a ser escuchada. 

El auto de hecho sugiere otras vías de reparación, fuera de la jurisdicción penal. ¿Ha pensado en otras formas de reclamar su derecho a ser escuchada?

Dentro de la vía judicial, no. No voy a apelar más. Pero voy a tocar las puertas de las instituciones y del Gobierno. El 7 de enero, cuando me reuní con Igualdad, la ministra me recibió en su despacho y me dijo que había que separar al personaje de la obra. Me puso el ejemplo de Picasso y el Guernica. Pero ni el aeropuerto ni la serie son obra de Adolfo Suárez, son actos políticos póstumos. Y precisamente por eso tendrían que poder retirar esos reconocimientos.

A día de hoy, ha vuelto a tratar el asunto en recursos especializados y participa en redes de mujeres. ¿Siente que su dolor se ha aliviado en parte?

Por supuesto. Todos estos pasos que estoy dando y todos los avances que estoy consiguiendo, si no tuviese la red de apoyo que tengo, no habrían sido posibles, ni estaría ahora donde estoy. He vuelto al espacio de Igualdad de María Telo y mi intención es moverme en espacios pequeños y seguros, donde yo sienta que no corro peligro, para ir contando mi historia y ayudar a otras personas. Porque el silencio mata y yo necesito contarlo.

Hay que reconocer que el acrobático salto, de la ley a la ley (Reforma política a la Constitución) como lo definió Torcuato Fernández Miranda, resultó formalmente perfecto desde el punto de vista de la estrategia política. Pero la política no puede vivir ajena a las corrientes sociales ni olvidar que solo puede subsistir y ser eficaz si es capaz de afrontar la realidad. Las aspiraciones de los partidos políticos, movimientos sindicales y sociales que configuraron la oposición a la dictadura, aspiraban a una ruptura democrática que eliminase cualquier vestigio del pasado dictatorial. Sin embargo, el Ejército, protagonista indiscutible del golpe militar del 18 de julio de 1936, se resistía a aceptar esta posibilidad. 

Lo cierto es que, por realismo político, hubo que transigir y elegir el camino de la transición democrática tal y como había sido diseñada por los sectores más aperturistas de la dictadura. Muchos han olvidado que sus comienzos fueron conflictivos. La designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno suscitó el rechazo de sectores que lo consideraban excesivamente ligado al Movimiento Nacional por los cargos que había desempeñado. El preferido por otros sectores era José María de Areilza, al que consideraban más liberal. No olvidemos el artículo de Ricardo de la Cierva: ¡Qué error, qué inmenso error¡ (Recomiendo su lectura).

Adolfo Suárez puso en marcha la Transición ajustándose a las previsiones establecidas. Tomó decisiones elementales en una democracia como la legalización de todos los partidos políticos, incluido el comunista. El ejército, que presumía de haber sido el único capaz de derrotar al comunismo, lo consideró como un engaño y una afrenta. La inclusión en la Constitución del reconocimiento de las nacionalidades y la instauración del sistema de Comunidades Autónomas suponía un ataque a la unidad e integridad de la patria. En mi opinión, el factor que generaba más conmoción en el estamento militar provenía de los asesinatos de la banda terrorista ETA que se cebaron con los militares y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La tensión estalló en el funeral del general Ortín, en el Cuartel General del Ejército, en el que se produjo la agresión al teniente general Gutiérrez Mellado.

Estos tres elementos fueron los que sirvieron de aglutinante para que la mayoría de los mandos del ejército y parte de la sociedad civil propugnasen, sin tapujos (léanse los artículos del colectivo Almendros en el diario El Alcázar) un golpe militar que hiciese descarrilar el proceso democrático y volviese al sistema dictatorial. Se han escrito multitud de libros sobre la Transición y el golpe del 23-F, por lo que no alcanzo a comprender cuál era el propósito del Gobierno para desclasificar documentos que, como se ha comprobado, no aportan datos que no conociésemos. El rey y el Gobierno estaban al corriente de la situación. Antes de que se consumase la inevitable dimisión de Adolfo Suárez buscaron fórmulas para neutralizar el golpismo.  

Es importante seguir la cronología de los acontecimientos. El 22 de octubre de 1980 se celebra en Lérida una comida a la que asisten el general Armada, Enrique Múgica y Joan Raventós. Según todas las informaciones, se aprobó la fórmula del gobierno de concentración nacional, presidido por Armada y con la participación de representantes de varios partidos políticos. Los detalles no se concretaron, pero el encuentro se publicó en los medios de comunicación. Múgica redactó unas notas para informar a su partido; estos documentos han desaparecido. También se desconocen las fases sucesivas que desembocarían en la culminación del proyecto. Como es lógico, el rey estaba al corriente y aceptaba la iniciativa.

Pero los acontecimientos se precipitan inesperadamente ante el reguero de asesinatos que ETA cometió en 1980. El 23 de enero de 1981, un numeroso grupo de militares (entre ellos Ángel Campano, VII región militar Valladolid; Mateo Prada Canillas ,VI región militar Burgos; Francisco Coloma Gallegos, IV región militar Barcelona, y Jaime Milans del Bosch, III región militar), se presentaron en el Palacio de la Zarzuela y pidieron al entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, la presencia del rey y Suárez. Según todos los datos, el rey dejó a Adolfo Suárez a solas con los generales que le conminaron a que dimitiese si no quería enfrentarse a un golpe militar involucionista. La amenaza surtió sus efectos y el 29 de enero de 1981 Suárez anuncia su dimisión. Es evidente que informaría al rey de su decisión y no sabemos cuál fue su respuesta ante la gravedad de la situación.

Los propósitos de los visitantes de La Zarzuela se evidencian en un pasaje del anuncio de la dimisión de Adolfo Suárez que pasará a la historia: “no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España". El rey debió pensar que el peligro había pasado y que la solución era el gobierno de concentración presidido por Armada. No obstante, las previsiones constitucionales se pusieron en marcha. UCD designó a Leopoldo Calvo Sotelo y el rey, cumpliendo con el artículo 99 de la Constitución lo propuso al Congreso, que fijó el 23 de febrero de 1981 para la sesión de investidura. Es difícil comprender la pasividad del rey y de los servicios de inteligencia para sondear la posición de los conjurados sobre el proceso constitucional.

Resulta difícil admitir que el golpe militar del 23-F pilló por sorpresa a los responsables de la seguridad del Estado. Un dato cierto, una sección de la División Acorazada, con sede en Campamento, desde las cinco de la tarde estaba municionada y esperando la orden de salir a la calle. El asalto al Congreso por Tejero y sus guardias civiles se produjo a las 18:23 y a partir de este momento la primera parte está televisada y la vorágine de llamadas entre los que estaban al tanto de la operación fueron interceptadas, aunque la mayor parte de su contenido ha sido destruido. Lo cierto es que el rey y su entorno deciden abandonar la opción Armada y toda su actividad se centró en impedir que se presentase en el Congreso para ofrecerse como una salida ante la gravedad de la situación. Lo hizo a título personal, provocando la ira de Tejero al conocer el nombre de los políticos que proponía como ministros.

Todo lo acontecido desde ese momento es de sobra conocido y creo que ya está suficientemente analizado. La medición del tiempo es inexorable. La comparecencia del rey en televisión se produjo a la 1:14 h, casi siete horas después de la entrada a tiros en el Congreso. Termino con unas consideraciones sobre un tema que ha permanecido ajeno a un análisis en profundidad. No había trama civil, salvo que se considere como tal a García Carrés, algunos más del sindicalismo vertical y algunos voluntarios sin organización previa. Un dato, Blas Piñar se encontraba entre los diputados secuestrados; pertenencia al Grupo mixto del que también formaba parte Javier Moscoso. Durante las largas horas no hacía más que bajar a su escaño para preguntarle si sabía algo sobre lo que estaba sucediendo.

Ni la cúpula financiera (los siete bancos) ni los sectores industriales ni otras grandes corporaciones participaban o alentaban el golpe. Una dictadura a la griega nos expulsaría del Consejo de Europa y cercenaría la entrada en la Comunidad Económica Europea, aspiración vital para nuestro desarrollo. Un último dato que nos proporciona Alberto Oliart, ministro de Defensa con el Gobierno de Calvo Sotelo. Reunió a los generales que no se habían unido al golpe para agradecerles su lealtad a la democracia. La respuesta no puede ser más ilustrativa: "No, ministro, lo hicimos porque nos lo ordenó nuestro comandante en Jefe”. De cualquier forma, la Transición había descarrilado. Las elecciones de octubre de 1982, que otorgan una mayoría abrumadora al PSOE, inician una nueva época.

Por supuesto no soy un historiador riguroso apegado a los documentos. Tampoco un analista profundo. Me limito, como he hecho toda mi vida, a atar cabos. A los amables lectores les corresponde sacar sus conclusiones sobre quien salvó la democracia.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero ha salido 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.

Fernando Ónega, referente del periodismo en España, histórico cronista político y creador del famoso eslógan de Adolfo Suárez "Puedo prometer y prometo", ha fallecido este martes a los 78 años, según han confirmado a EFE fuentes familiares.

Ónega, nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, trabajó en numerosos medios de comunicación con distintas responsabilidades, y actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores 65ymas.com, que ha informado del fallecimiento.

Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo", que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.

"Una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad y líder de la revolución sénior", recuerda en un comunicado 65ymas.com, que traslada su pésame "a su esposa Ángela, sus hijos Fernando, Cristina y Sonsoles Ónega", también periodistas.

"Asociado de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, con el número 207, la Junta Directiva de la APM lamenta profundamente su pérdida y transmite su más sentido pésame", ha escrito en su cuenta de la red social X la APM.

Entre sus últimos actos públicos, moderó junto a Iñaki Gabilondo un debate el pasado mes de noviembre en el Congreso sobre el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía, en presencia de los reyes. En junio, entrevistó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida para la revista que ha presidido hasta su fallecimiento.

García-Page ha destacado en su cuenta de X "su aportación decisiva durante la Transición", nada más conocerse el fallecimiento del periodista, cuya capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.

Fernando Ónega se graduó por la Escuela Oficial de Periodismo (1970) y posteriormente inició la carrera de Ciencias Políticas, que no concluyó. Trabajó como columnista de política nacional en los diarios madrileños Pueblo y Arriba, al que regresó tras dejar su puesto en La Moncloa.

Dirigió espacios en TVE, como Siete días (1978-1979) o Revista de prensa, y colaboró como comentarista político en el programa Hora 25 de la Cadena SER, dirigido entonces por Iñaki Gabilondo, y al que sucedió en febrero de 1981, días antes del intento de golpe de Estado, como director de los Servicios Informativos de la cadena radiofónica.

En la SER estuvo hasta 1985, año en que comenzó a trabajar en la cadena COPE como comentarista político y desde 1987, como director de los servicios informativos. Fue director del diario Ya entre noviembre de 1985 y octubre de 1986.

El 12 de julio de 1991 fue nombrado consejero delegado de Divercisa, empresa titular de las participaciones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en diversos medios de comunicación, como Tele 5, Onda Cero y Servimedia. Asimismo, entre el 26 de marzo de 1992 y el 3 de junio de 1993 fue director general de Onda Cero Radio.

Además, en julio de 1993 se incorporó como comentarista al informativo de medianoche de Tele 5 Entre hoy y mañana, dirigido por Luis Mariñas, y en 1995 sustituyó a Carmen Tomás como editor del informativo del mediodía de esa misma cadena.

En febrero de 1997 se incorporó al informativo de las nueve de la noche de Antena 3 Televisión, y un año más tarde, tras la incorporación de Ernesto Sáenz de Buruaga como director de los Servicios Informativos de la cadena y presentador de esa edición de las noticias, Ónega pasó a conducir la tercera edición. Ese febrero posterior se incorporó en Onda Cero al programa Protagonistas de Luis del Olmo.

En septiembre de 1999 fue nombrado director editorial de Telefónica Media (TM), puesto que ocupó hasta que el 20 de julio de 2000 fue nombrado director general de Onda Cero, que abandonó el 23 de enero de 2002 tras llegar a un acuerdo con la emisora.

Continuó colaborando en Onda Cero, como comentarista, y desde septiembre de 2004 en el programa de Carlos Herrera y desde abril de 2015, en el matinal que le sucedió, Más de uno, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Además, desde septiembre de 2015 hizo el comentario epílogo de La brújula. En Telecinco, participó desde enero de 2005 en la mesa de actualidad del programa de Ana Rosa Quintana.

También fue autor de los libros Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez (2013), en el que rememoró sus años junto al expresidente; Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2014), en el que incluye la primera entrevista con el monarca tras su abdicación; Qué nos ha pasado, España. De la ilusión al desencanto (2017), en el que analiza el cambio social y político desde 1977.

Cada 28 de febrero, Andalucía se convierte en una postal costumbrista. Los centros educativos de la comunidad reparten desayuno molinero –pan con aceite y azúcar–, enseñan a sus alumnos a tocar el himno autonómico con la flauta dulce e improvisan sevillanas en el patio. En el Parlamento andaluz, el presidente concede medallas y recita discursos que apelan al orgullo verdiblanco. 

Una coreografía que, según algunos promotores de la autonomía andaluza, eclipsa el agrietado decorado que la sostiene. “Es una cloroformización del pueblo andaluz”, sentencia Isidoro Moreno, antropólogo de la Universidad de Sevilla que, como secretario general del Partido del Trabajo de Andalucía, fue uno de los firmantes del Pacto Autonómico de Antequera en 1978, proceso considerado el desencadenante del proceso autonómico de la comunidad. 

El antropólogo denuncia que el folklorismo descontextualizado es “un bloqueo planificado del paso del sentimiento a la conciencia”, convirtiendo el 28-F en un sustantivo festivo que ha olvidado su condición de verbo. A través de esta “festividad light”, argumenta que se ha creado una “amnesia” sobre los casi dos millones y medio de andaluces que acudieron a las urnas a erradicar las problemáticas que, precisamente, continúan hoy acechando la comunidad. 

“Los andaluces acudieron a las urnas para convertir Andalucía en una autonomía de primera”, explica Moreno. Con este tipo de autonomía, el promotor no se refiere exclusivamente a reconocimiento, sino al tipo de autogobierno que Adolfo Suárez tenía reservado a las denominadas “nacionalidades históricas” –Galicia, País Vasco y Cataluña, al haber sido reconocidas durante la Segunda República–, a través del artículo 151 de la Constitución del 78. El resto de comunidades se regirían por el artículo 143, una vía más lenta y que otorga menos competencias. 

La revista ‘Andalucía en la Historia’ explica que la “autonomía pasó a significar el remedio de todas las lacras sociales”. Con su consecución, la región obtendría las “herramientas necesarias” para autodeterminar sus problemas colectivos y proponer las soluciones pertinentes. Estas competencias incrementarían tanto los recursos como la capacidad de intervención de los andaluces sobre sus propias necesidades. Por tanto, el “SÍ” en el referéndum perseguía la soberanía del pueblo andaluz sobre sí mismo. 

La reclamación de un estatuto propio se reforzó con la afirmación de los elementos propios de la identidad andaluza, fundamentalmente culturales. Un argumento que perseguía los principios de Blas Infante, andalucista histórico considerado el patrón de Andalucía, que basó el derecho de autogobierno en la posesión de una cultura andaluza fruto de un proceso histórico diferenciado y, por ende, con “sus propias necesidades colectivas”. 

Y sí, la voluntad política andaluza triunfó y consiguió su propio Estatuto de Autonomía el 20 de octubre de 1981. No obstante, Isidoro Moreno incide en que, “aunque Andalucía consiguió ascender a primera división, jamás jugó en primera”. 

Mientras el antropólogo lo achaca a la consecución de “competencias muy limitadas” en el acuerdo autonómico, Christopher Rivas, el candidato a las próximas elecciones andaluzas por Andalucía Por Sí - Andalucistas, identifica “la falta de voluntad política” como causa de la problemática. Sea como sea, ambos coinciden en que nada ha cambiado: la “pésima situación estructural” de la autonomía más votada sobre el censo de España –55,84% sobre el censo– sigue siendo la misma que hace más de 40 años. 

Isidoro Moreno considera que el Gobierno quiso “vender el Estatuto de Autonomía como el desembarco natural del 28-F”, pero denuncia que un repliegue de los partidos políticos durante la construcción autonómica convirtió el texto en “un recorte de lo que era posible, dentro del marco de la Constitución”. 

El referéndum del 28 de febrero de 1980 presentó un enunciado críptico: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. En él, las palabras “autonomía” y “Andalucía” habían desaparecido, y ya auguraba lo que la organización política Nación Andaluza considera “una guerra que ya estaba perdida”.

La UCD, temerosa de un supuesto descontrol del proceso autonómico, desplegó un plan para frenar la transición de la soberanía andaluza. Organizó una campaña de abstención que incluía mensajes como “UCD solo te quiere informar y pedirte reflexión” y “Este no es tu referéndum; si vas a votar, vota en blanco”. El entusiasmo por la autonomía se convirtió en duda, no se combatía la autonomía abiertamente, sino que se buscaba enfriarla. Además, el Gobierno redujo tanto la duración de la campaña —una semana menos que en País Vasco y Cataluña— como la subvención estatal —125 millones de pesetas frente a los 300 millones destinados a otras nacionalidades históricas—, en un intento de condicionar el resultado.

El líder de Andalucía Por Sí - Andalucistas explica que las condiciones del referéndum hacían prácticamente imposible la victoria: para que la autonomía se aprobara por la vía rápida del artículo 151, el “SÍ” debía ganar por mayoría absoluta del censo en cada una de las ocho provincias. Los censos no estaban depurados, incluyendo fallecidos, emigrantes o menores de edad, que se contaban como abstencionistas, favoreciendo el fracaso del referéndum. Isidoro Moreno señala que “los andaluces tomamos este comportamiento como una agresión contra Andalucía y los andaluces”, y que esto funcionó como catalizador de la movilización popular. 

Pese a todo, la participación alcanzó el 64,19% del censo, con un 86,9% de votos afirmativos sobre los votantes. Solo Almería quedó por debajo del 50% del censo, con un 42,3%. 

Aun así, Isidoro Moreno denuncia que el Estatuto de 1981 otorgó “competencias muy limitadas”. Se conquistó el instrumento, pero no la capacidad de transformar las estructuras, como demuestra la frustrada Ley de Reforma Agraria de 1984, impulsada bajo el lema “tierra y libertad”, que apenas alteró la histórica concentración de la tierra: “Ni para una reformita tuvimos competencia”, ironiza Moreno. 

Uno de los ejes del Estatuto era responsabilizar al centralismo de la situación histórica de dependencia y subordinación de Andalucía, reconociendo su deuda histórica para establecer un diagnóstico de fondo. De no hacerlo, la comunidad quedaba atrapada en lo que Mari Carmen García Bueno, histórica del Sindicato Andaluz de Trabajadores y parlamentaria por Adelante Andalucía, denomina su situación “de niña pobre”.

Los andalucistas denuncian una “situación de colonia interna”, reflejo de una subordinación profunda dentro del Estado. La economía andaluza se orienta a la extracción de materias primas cuya transformación se realiza fuera de la región; carece de un tejido industrial propio, convirtiéndose más en proveedora que en productora de valor añadido; las empresas más rentables se concentran fuera de Andalucía, desplazando decisiones estratégicas lejos del territorio; y la emigración masiva convierte a la mano de obra andaluza en suministro barato para otros polos industriales. Denuncian que esta situación histórica se mantiene pese a la reforma estatutaria de 2007, que proclamó la deuda histórica saldada, pues los problemas estructurales siguen vigentes.

Andalucía Por Sí - Andalucistas alerta incluso de una “nueva deuda histórica”: el turismo masivo limita el acceso a la vivienda, las industrias contaminantes en polos como Huelva presentan graves riesgos para la salud, y la presencia de bases militares estadounidenses en Rota y Morón evidencia la subordinación territorial. 

Por otra parte, también advierten de la “vampirización de la cultura”, con productos andaluces convertidos en “marca España” y apropiados fuera de la región, como sucede en eventos como el festival Madrilucía. 

“Hay una enorme necesidad de aclarar cuestiones”, reivindica Isidoro Moreno. En un contexto donde casi todos los partidos —excepto la ultraderecha— se autodenominan andalucistas, advierte que crea “una hegemonía fingida”. Se oculta la ausencia de mecanismos específicamente andaluces bajo la apariencia de un consenso simbólico.

Considera que el llamado “borrado” del 4 de diciembre de 1977, reemplazado por un 28-F menos conflictivo, habría desactivado la conciencia política andaluza. Andalucía por Sí sostiene que sin esa fecha “no se puede entender nada de lo que sucedió después”, desde la manifestación de más de un millón y medio de personas hasta el asesinato del joven militante de Comisiones Obreras Manuel José García Caparrós.

Para la agrupación, el andalucismo político es un proyecto “de exclusiva obediencia andaluza”, diseñado desde Andalucía para afrontar problemas propios: economía extractivista, falta de industria e infrafinanciación. Adelante Andalucía coincide y denuncia que el andalucismo no puede ser una escenografía institucional, sino medidas que afronten las desigualdades estructurales de la comunidad.

Así, los defensores del andalucismo reclaman la necesidad de una "recuperación de conciencia" para crear una nueva mirada del pueblo andaluz que resuelva, como lo denominaba Blas Infante, esta "crisis de humanidad". 

Era un día normal para la familia Ruiz. Arturo, el séptimo de ocho hermanos, tenía tan solo 19 años, era estudiante y combinaba sus estudios con varios trabajos como albañil. Estaba afiliado a Comisiones Obreras (CCOO) y no era ninguna novedad verle en las manifestaciones. Aquel día, se unió a sus compañeros para pedir la amnistía de los presos políticos que seguían en la cárcel. Era una manifestación más. Un día más. 

Entre la muchedumbre de la protesta se oye un grito. “¡Viva Cristo Rey!”. Luego dos disparos. Uno al aire. Otro que impacta contra Arturo. Horas más tarde, la familia Ruiz tiene de fondo el telediario. Han asesinado a un joven en las manifestaciones de Madrid. Arturo.

23 de enero de 1977. Ahora, también recordamos ese día como el inicio de la Semana Negra de la Transición. Un día después del asesinato de Arturo Ruiz García, casi 100.000 estudiantes salieron a protestar por su muerte. Allí, la Policía se cobró una nueva víctima, Mari Luz Nájera, que falleció en medio de la Gran Vía madrileña por el impacto de un bote de humo lanzado por los grises. No acabó ahí. El mismo día –esa misma noche–, varios ultraderechistas irrumpieron en el despacho de Atocha de los abogados laboralistas dirigidos por Manuela Carmena. Asesinaron a cinco de ellos. Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal.

23 de enero de 2026. Casi medio siglo sin Arturo. Para poder recordarle, el Colectivo por los Olvidados de la Transición (COT) se reúne en la Plaza Soledad Torres Acosta de Madrid, junto a la placa en la que figura Arturo Ruiz, como hacen todos los años para protestar contra un crimen “causado por el odio ciego y brutal contra alguien que se atrevió a discrepar de la sinrazón”. 

Esta mañana de viernes han acudido al homenaje familiares directos de Arturo y Manuel (Olga, Blanca o Elisa); la directora general de Memoria Democrática, Zoraida Hijosa; representantes de formaciones políticas como Manuela Bergerot, de Más Madrid, e Isa Serra o Julio Rodríguez, de Podemos Madrid, así como ciudadanas y ciudadanos que apoyan el trabajo moral y memorialístico del COT y periodistas como Jesús Maraña, director Editorial de infoLibre.

En un primer momento, la policía identificó como posible autor a Jorge Cesarsky, vinculado a Triple A –Alianza Anticomunista Argentina–. Estaba bien posicionado en los círculos franquistas de la época y tenía una buena relación con las Fuerzas de Seguridad de la época, gracias a su trabajo como vendedor de pólizas de seguros. La condena fue de seis años de prisión por terrorismo y tenencia ilícita de armas. Solo estuvo bajo rejas un año. Pero él no era el asesino. 

Tras recoger los datos de varios testigos, la Jefatura Superior de Policía de Madrid finalmente dio con el nombre que buscaban: José Ignacio Fernández Guaza, que en ese momento también estaba asociado a grupos de extrema derecha como Triple A o los Guerrilleros de Cristo Rey. Nunca entró en la cárcel. 

Cuando dieron con su nombre ya era demasiado tarde, no quedaba rastro de él en Madrid. En su domicilio encontraron cartuchos y pólvora. Luego, supieron que estaba en el País Vasco, pero, cuando cruzó a Francia, se le perdió la pista por completo. 

Esto era así hasta finales del 2023, cuando El País le localizó en Argentina, bajo un nombre falso. Cuando los periodistas llamaron al asesino, negó hasta tres veces ser quien era. Cuando finalmente confesó, accedió a una entrevista con los redactores. Fue en Maschwitz, un municipio residencial cerca de Buenos Aires, de 15.000 habitantes de clase media, en el que ahora vive en una casa con jardín. 

Allí confesó el crimen sin ningún tipo de remordimiento. “—[Ruiz] me tiró una piedra. Agarré la pistola y le pegué al corazón. De mala leche. [...] ¿Arrepentimiento? Está usted hablando con una persona que nunca se ha arrepentido de nada”, aseguró.

Guaza confesó al periódico que el motivo por el que pudo salir impunemente del país fue gracias a las autoridades españolas, que sabían donde se encontraba. También afirmó tener relación con los servicios de información en España y que, incluso, varios funcionarios españoles con los que había colaborado antes de fugarse fueron a visitarle en 1979. 

Según su propio testimonio a El País, el asesino también colaboró con las fuerzas de seguridad en investigaciones contra ETA. Presuntamente formaba parte de un comando que mató a varios miembros de la banda en el sur de Francia a mediados de los setenta. El grupo supuestamente trabajaba para la Guardia Civil y cobraba de los fondos reservados. En el sumario del caso de Arturo Ruiz hay testimonios e indicios que confirmarían la relación del ultraderechista con la guerra sucia contra ETA, realizando los trabajos que las fuerzas de seguridad no podían hacer o ayudando con “jaleos”. 

La familia de Arturo pidió en enero de 2024 que se desclasificaran los archivos del caso para poder comprobar si el testimonio del asesino era cierto, reactivar las indagaciones y detener al autor. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó la petición de la investigación judicial contra Fernández Guaza. El delito había prescrito. 

Ahora, el caso sigue vigente en la investigación de la llamada Querella Argentina.

El asesinato de Arturo Ruiz precedió en cuestión de horas al de Mari Luz Nájera, a quien se rendirá homenaje este sábado a las 19 horas en Alameda de Osuna, y a los asesinatos de Atocha, hitos sangrientos sin lo que es imposible explicar la transición democrática y la realidad de su grado de violencia.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha instado al Gobierno y al Congreso a retirar todos los reconocimientos institucionales que tiene el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez tras haberse presentado una denuncia contra él por agresión sexual continuada a una menor en los años ochenta, informa EFE.

En rueda de prensa en el Congreso, ha reclamado en primer lugar quitar el nombre de Adolfo Suárez al aeropuerto de Barajas y retirar también todos los bustos y cuadros del expresidente.

Belarra ha agradecido la "valentía" de la víctima al "dar un paso adelante" y denunciar a un hombre que ha recibido los más altos reconocimientos políticos en el país y ha cuestionado cómo se ha construido el poder en el país durante años.

"Cuántos padres de la democracia, cuántos hombres de Estado que han subido a un pedestal, que nos han dicho que había que admirar, que había que reconocer, que había que citar, en realidad eran agresores sexuales y pedófilos que han construido su poder sobre ese pacto de caballeros y sobre una cantidad ingente de privilegios", ha subrayado.

Tras acusar al PP, PSOE y Vox de haber "protegido la impunidad" de los agresores poderosos, ha dado las gracias al movimiento feminista y a las leyes que protegen a las mujeres y les ayudan a identificar la violencia y a denunciar.

"Ya basta de impunidad de los agresores, ya basta de silencio; es hora de que todo salga a la luz y bajemos del pedestal a todos esos hombres de Estado que claramente no eran tales", ha manifestado.

El pasado 9 de diciembre, una mujer denunció ante la Policía Nacional haber sido víctima de "abusos y agresiones sexuales continuadas con abuso de superioridad e intimidación" por parte del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez entre 1983, cuando ella tenía 17 años, y 1985.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, la mujer cuenta que conoció a Suárez el 23 de noviembre de 1982 (cuando ya había dejado de ser presidente del Gobierno y tenía 51 años).

A partir de ese momento, declara que se produjeron diversos encuentros en el despacho del político, a los que siempre era citada y recibida por un secretario y una secretaria, a los que nombra como el señor Amores y Gádor, respectivamente. EFE ha intentado contactar con la secretaria para contrastar estos hechos, pero no ha obtenido respuesta.

Según consta en la denuncia, el 4 de marzo de 1983 afirma que Suárez se abalanzó sobre ella en un sofá, la besó y le tocó el pecho sin consentimiento y la obligó a hacerle una felación. Cuenta otros episodios de violencia sexual entre 1983 y 1985, uno de ellos en la casa del político.

"Desde ese momento mi vida cambió y yo también. (...) No sabía cómo gestionar esa situación, no me atrevía a decir nada en casa, ellos estaban ilusionadísimos con mi amistad con ese señor, se creían que tenía el futuro resuelto. No podía romper con esa relación de la noche a la mañana. También tenía muchísimo miedo, pensaba que era un hombre con mucho poder y que si me negaba a lo que él quería podría arruinarme más la vida", se lee en el escrito.

La mujer explica que da el paso de denunciar, aunque Suárez haya muerto y los delitos hayan prescrito, porque "pese al tiempo transcurrido" toda su vida ha sufrido las consecuencias de los hechos que denuncia y una revictimización constante ante el relato público que ensalza la figura del político, en medios de comunicación y series de televisión.

La Policía Nacional, tras recibir la denuncia, la remitió a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid donde está pendiente de reparto a un juzgado concreto, según ha confirmado EFE con fuentes policiales.

La serie proporciona interesante información sobre el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 pero borra en escena el papel de la mujer.

Tres traidores salvaron la democracia según la tesis del libro de Cercas y de esta producción audiovisual.

El instante elegido por Javier Cercas en el relato que da origen a la serie y que tiene el mismo título es perfecto para contar la transición española. La entrada como un venado del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso al soez grito de: “Se sienten, coño”.

A partir de ahí se llega por vía rápida a militares nostálgicos de la dictadura; al golpe brutal y cotidiano de ETA; a un presidente, Suárez, desbordado por la complejidad de los problemas; y una sociedad radicalmente a favor de la democracia.

Aquella tarde del 23 de febrero de 1981, esa noche y la siguiente mañana se pasó por el virus tan arraigado en España del golpismo militar y se fortalecieron los anticuerpos para luchar contra ello durante una buena temporada.

Movistar+ ofrece la serie de cuatro episodios sobre este momento histórico y despliega una enorme cantidad de talento en ella. Alberto Rodríguez, Fran Araújo y Rafael Cobos firman el texto de la adaptación a la pantalla del libro.

De la dirección se encargan Paco R. Baños y también Alberto Rodríguez, siempre asociado a la memorable La isla mínima. Y a su cargo unos protagonistas que bordan estas caracterizaciones tan difíciles cuando se trata de personajes recordados al milímetro por gran parte de la audiencia, la más vieja.

Álvaro Morte está irreconocible como Adolfo Suárez y, sin embargo, no parece un muñeco lleno de prostéticos. Enseguida recuerda al que fuera presidente de Gobierno. El director no creía que fuera el idóneo, el propio actor tampoco, pero las directoras de casting, Eva Leira y Yolanda Serrano, insistieron hasta convencer a ambos y se marcaron un enorme tanto con la selección.

Tres traidores protagonizan esta serie, como explica su propia voz en off. Acompañan a Suarez, Santiago Carrillo, interpretado por el gran Eduard Fernández, y Gutiérrez Mellado, por un Manolo Solo que también desaparece detrás de su interesante personaje. David Lorente intenta no transmitir su bonhomía a Tejero y Óscar de la Fuente borda la bravuconería del sublevado Milans del Bosch.

Un elenco impecable que se pone al servicio de contar unos hechos críticos. Porque la serie no lo es tanto de personajes, estos se utilizan como mero vehículo del relato. No se llega a inventar, a lo “nuevo periodismo”, una psicología profunda, una tridimensionalidad. La intimidad se cuenta al mínimo, posiblemente unas pinceladas documentadas históricamente.

Una opción legítima, pero que al ser tan apocada en la creación de verdaderos individuos deja el relato como algo con intención objetiva y, por tanto, algo frío. A pesar de ello, tanto quienes no recuerden los hechos como quienes repasan la lección disfrutarán de esta recreación.

Esclarecedor es el perfil de Gutiérrez Mellado, el menos conocido de los tres, que trata de explicar su temerario heroísmo del día del intento de golpe de Estado. Muy interesante también resulta el resumen de un juicio que no fue retransmitido en su día y del que no había imágenes ni sonido grabados.

Los episodios se ven del tirón porque avanzan a muy buen ritmo y los hechos dicen mucho de un país que acababa de afrontar sus primeras elecciones democráticas en las que tenía que permitirse la participación del hasta entonces ilegal Partido Comunista.

Sin embargo, todo el conjunto va creando una sensación de incomodidad creciente al constatar el papel que se ha dado a las mujeres en esta especie de obra canónica de aquellos años.

Ningún papel. Menos que ninguno. Las mujeres, pocas y con poco tiempo en pantalla, están al fondo, trayendo un café, o diciendo a sus parejas que no se esfuercen tanto, como la esposa de Gutiérrez Mellado.

Tiene delito en el caso de la semblanza de Carmen Díez de Rivera, una política fascinante que quien vea la serie sin mayor información confundirá con una servicial secretaria sin mayores atribuciones.

El delito se agrava teniendo en cuenta que la chispa del golpe de estado se considera la legalización del PCE, de la que Suárez no estaba convencido y que ella consideraba esencial para la homologación de la democracia española en Occidente. Y no lo pensaba para sus adentros, sino que como contó expresamente presionó una y otra vez para que así fuera.

Si tan fieles se pretende ser a la realidad el coche en el que Carrillo vino a España estaba conducido por la esposa de Teodulfo Lagunero, no por él mismo como se retrata en escena en otro borrado más de la mujer.

Aquí el famoso test de Bechdel que analizaba la brecha de género y requería personajes femeninos con conversaciones que no trataran de hombres ni está ni se le espera, como al general Armada en el palacio de la Zarzuela el día de autos.

Una pena, una desgracia en una serie que oficializa un periodo histórico del que somos herederos en la actualidad. Hacen falta más series como esta, que cuenten nuestra historia reciente. De esta se puede entresacar lo bueno, hay mucha profesionalidad involucrada, pero si no hay mujeres no es mi historia de la transición.

Semana de fiesta mayor: por todo el país se celebran homenajes a la tromboflebitis, pionera de nuestra democracia. En general, toda jarana me parece poca: si hay que sacar los pífanos y la pandereta para celebrar que el generalísimo sigue muerto, que arda la pólvora y vino para todos; pero me admitirán que es una "mijita" triste poner la procesión en la calle para celebrar que, hará cincuenta años, el chiringo patrio lo heredase Juan Carlos porque un dictador nos palmó de viejo.

De la dictadura a una monarquía, muy moderno todo. Uno nota que a su país le falta épica cuando los especiales sobre el día de la liberación tienen que afanarse en que la promulgación de la Ley para la Reforma Política parezca trepidante. Miren, lástima que a Franco no le dieran tormento ni las Brigadas Internacionales ni los chequistas, pero no despreciemos las "fatiguitas" del encarnizamiento terapéutico en favor de que todo quedase atado y bien atado. No pudimos colgarlo bocabajo de una gasolinera, pero al tipo lo pasearon por el Pardo envuelto en una alfombra: durum de caudillo, oferta por tiempo limitado.

Como los millares de actos prometidos por el presidente para este aniversario glorioso no terminaron de acontecer (promesa incumplida, dimisión), he tenido que buscar entretenimiento curioseando en la trinchera de enfrente. Hay todo un mundo de diversión y fanatismo a apenas unos clics de distancia: gente que, en el año dos mil veinticinco de nuestro señor, sigue diciendo que solo hay que comparar el estado en que Paquito se encontró España y el lustre con el que la dejó, así que tan malo no sería pasar medio siglo a régimen. Es cierto: tres años de guerra civil te dejan la patria manga por hombro.

«Mire usted los indicadores económicos», repiten. «Franco inventó la clase media». Ya es casualidad que el ingenio coincida con la mejora general de las condiciones de vida en todos los países occidentales fruto de la bonanza que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial. «Hizo carreteras» España, el único páramo asfaltado de la tierra: cada semana, miríadas de japoneses vienen a hacer fotos de la A1. «¡Pantanos!». Si te pasas treinta y seis años dándole a la autocracia, digo yo que algo tendrás que hacer.

Su emérita majestad anda refunfuñando por Abbu Dabi porque la han dejado fuera de la efeméride. A los dos días del acabose, a Juan Carlos lo proclamaron rey después de jurar los principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales del Reino: el poder aborrece el vacío. Desde su adosado en el desierto, el borbón andará recitando el célebre pasaje de sus memorias: «No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. Solo hay un paso entre ambas». En Zarzuela, el galeno real acude presto a aliviar un molesto ataque de tinnitus.

Aunque hay quien me acusa de republicano, cachis, ¡estoy de acuerdo con don Juan Carlos! De Paco a Juan, de Juan a Felipe. Y sí, vendrá algún constitucionalista sensato a amonestarme con la cantinela de que, la gente guapa se aceptó en solemne plebiscito, como si fuésemos todos idiotas. La celebración del trágala la dejamos para dentro de un par de años. «Me pedían un referéndum monarquía o república: hice encuestas y perdíamos», declaró Suárez a micro tapado. Para nosotros, la corona fue como las cookies del navegador: si no las aceptas, no pasas de pantalla.

La transición democrática ha sido objeto de numerosos análisis, debates, elogios y críticas. En muchas ocasiones, desde los sectores más críticos se destaca la incapacidad del proceso para romper con las instituciones franquistas. También se hace hincapié en cómo políticos con cargos durante la dictadura se perpetuaron en la democracia. Sin embargo, muchos olvidan que la Transición esconde historias brutales de violencia policial, torturas y represión de los movimientos sociales.

Tras la muerte de Franco, la fuerza policial del Estado continuó bajo el control de personas que durante años juraron lealtad al régimen. Aunque de cara a la galería las lealtades cambiaran, muchos prosiguieron con los métodos violentos del franquismo más oscuro. Nadia Gayoso de la Calle, coordinadora de la Red de Mujeres por la Memoria y la Democracia (REDMEM), ha hablado con infoLibre y explica que "la violencia policial durante la transición española no puede considerarse simplemente como una serie de casos aislados; más bien, era un fenómeno estructural, fruto de la herencia autoritaria del franquismo".

Bajo el Gobierno de transición, liderado por Adolfo Suarez, se continuó usando la violencia contra los manifestantes y la relación de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mantenían con grupos de ultraderecha, como Fuerza Nueva, era habitual. A pesar de que la pena de muerte había sido abolida, algunos métodos violentos del franquismo seguían presentes sin que, en muchos casos, se realizara investigación alguna cuando se recurría a ellos. Gutmaro Gómez Bravo, historiador y experto en memoria histórica, ha explicado a infoLibre que la Policía aún procedía del aparato franquista y por eso utilizaba técnicas de los años 60.

El 3 de marzo de 1976, en la ciudad de Vitoria, 4.000 trabajadores decidieron convocar una huelga aunque todavía quedaban unos días para la aprobación de la ley de relaciones laborales que, tras el franquismo, reconoció por primera vez ese tipo de protesta como un derecho. Los trabajadores se encerraron en el interior de la iglesia de San Francisco de Asís de la ciudad vasca. La Compañía de Reserva de Miranda de Ebro y la guarnición de Vitoria de la Policía Armada asaltaron la iglesia con la intención de desalojar a los manifestantes. Lanzaron botes de gas, pelotas de goma y dispararon fuego real contra quienes allí se refugiaban. Cinco hombres, uno de ellos de 17 años, fueron asesinados en uno de los episodios más violentos de la Transición. 

La Asociación Martxoak 3 recoge las grabaciones de las radios de los policías involucrados en aquella operación y en ellas se puede escuchar cómo los agentes se jactaban de lo que habían hecho: “¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre.” En la transcripción de las mismas grabaciones se puede leer cómo un agente informaba sobre la necesidad de usar fuego real: “Mándennos refuerzos, si no, no hacemos nada; si no, nos marchamos de aquí; si no, vamos a tener que emplear las armas de fuego [...] ¡Vamos a tener que emplear las armas! Cambio”, “Gasead la iglesia”.  

Pedro María Martínez Ocio, de 27 años; Francisco Aznar Clemente, de 17; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32 años; y Bienvenido Pereda Moral, de 30 años, fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en unos sucesos sobre los que la justicia militar consideró que no se podía acusar a nadie individualmente. Esto provocó que el caso fuera sobreseído. 

Sobre las investigaciones, el historiador Gómez Bravo explica que el continuismo de la Transición imposibilitó las investigaciones, ya que "no hay una instancia que garantice que los crímenes se investiguen y se estudien", lo que perjudica también la labor de los investigadores.

El País Vasco fue una de las regiones más castigadas por la violencia política y policial durante la Transición. La semana proamnistía de 1977, del 8 al 15 de mayo, miles de personas salieron a las calles para reclamar una ley de amnistía total para los presos políticos. Las primeras manifestaciones fueron reprimidas con dureza por la Policía, pero el día 12 saltó la chispa que desataría una terrible oleada de muerte.

Durante una manifestación en Errentería, la Policía disparó fuego real contra los manifestantes que se dirigían a la casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Cinco personas resultaron heridas y Rafael Gómez Jaúregui, de 78 años de edad, murió a consecuencia de las lesiones que las balas le habían provocado.

Al día siguiente, las protestas se recrudecieron y se organizaron manifestaciones en todo el País Vasco y Navarra. En Pamplona, la Policía Armada detuvo a José Luis Cano, lo introdujo a la fuerza en un bar del pueblo y, mientras era apaleado, uno de los agentes le disparó un tiro en la cabeza. Todo esto ocurrió ante los ojos del alcalde de Ansoáin, Alfredo García. Durante esa misma fatídica tarde, Luís Santamaría Miquelena, de 72 años de edad, murió de un infarto provocado por el lanzamiento de una pelota de goma contra su balcón mientras se asomaba.  

Las concentraciones y manifestaciones se sucedieron los días posteriores por de todo el País Vasco y Navarra. La Guardia Civil y la Policía Armada asesinaron a balazos a Manuel Fuentes Mesa y Gregorio Marichalar Ayestarán. La violencia no se limitaba a las manifestaciones: el 15 de mayo Francisco Javier Núñez Fernández fue golpeado por la Policía. Cuando dos días después acudió a la comisaría para denunciarlo, unos individuos le retuvieron y obligaron a beber una botella de coñac y aceite de ricino, provocando su ingreso hospitalario y posterior fallecimiento a causa de una cirrosis hepática. Sobre la violencia policial, Nadia Gayoso explica que gran parte del cuerpo ejercía "el uso sistemático de la violencia física y la intimidación como herramientas de control social".

La matanza de los abogados de Atocha es ampliamente conocida como uno de los casos de violencia política más graves de la Transición. Sin embargo, lo que ocurrió durante los días anteriores es para muchos desconocido. La violencia policial se cebó también con las mujeres. El 24 de enero de 1977, María Luz Nájera acudió a una manifestación por la muerte del joven Arturo Ruíz García, asesinado el día anterior por pistoleros ultraderechistas.

Durante las protestas, un agente de Policía disparó desde escasos metros un bote de humo que le impactó en la cabeza, causándole un traumatismo craneoencefálico. Un joven que se encontraba en la manifestación llevó a Mari Luz desde la calle de Los Libreros hasta a la Clínica de La Concepción donde no pudo ser operada por haber entrado en coma. Mari Luz Nájera murió ese mismo día. No se realizó ninguna investigación y nadie pagó por su muerte. Al día siguiente se organizó un protesta en su memoria a la que acudieron alrededor de 3.000 personas.

Gayoso de la Calle afirma que Mari Luz Nájera "se convirtió en un símbolo de la represión policial contra mujeres activistas, pero refleja también cómo la violencia se utilizaba de manera selectiva y simbólica".

A día de hoy, Mari Luz Nájera da nombre al salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y a un parque en el distrito de Barajas, donde vivió. Sobre la violencia con la que se emplearon las fuerzas del orden, la coordinadora de REDMEM explica que "casos como el de María Luz Nájera evidencian cómo las mujeres activistas podían ser objeto de agresiones, detenciones arbitrarias o intimidación, siguiendo patrones de represión heredados del franquismo".

El 8 de julio de 1978, en el marco de las fiestas de San Fermín de aquel año, tras la tradicional corrida de toros, unas 50 personas bajaron al ruedo, y un grupo de ellos mostraron una pancarta que rezaba: “Amnistía total presoak kalera. San Fermín sin presos”, desatando en las gradas de la plaza aplausos e insultos al mismo tiempo. Algunos de los portadores de la pancarta se enfrentaron a golpes con quienes proferían los insultos. Acto seguido, 40 miembros de la Policía Armada, provistos de material antidisturbios y comandados por el comisario jefe de Pamplona, Miguel Rubio Rubio, asaltaron la plaza. Los asistentes comenzaron a lanzar las almohadillas de sus asientos, a lo que los agentes respondieron disparando sus armas reglamentarias contra quienes se encontraban en la grada. Las protestas se extendieron a la calle y a las 22:15 de la noche la Policía asesinó a Germán Rodríguez Saiz, de 23 años, de un disparo en la frente. 

La actuación violenta de las fuerzas del orden fue brutal y sádica, tal y como atestiguan los audios grabados de las comunicaciones desde la central policial. En las grabaciones que se incluyen en el documental Sanfermines 78 de Juan Gautier y José Ángel Jiménez se escucha claramente como el comandante Fernando Ávila ordena, desde la central, a los policías sobre el terreno: “Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”. 

Ávila fue cesado por el gobernador civil Ignacio Llano que más tarde sería también apartado por la actuación de la Policía Armada a su mando, aunque él siempre defendió que no fue cesado sino que presentó su dimisión de manera voluntaria. La brutal actuación de “los grises" se saldó con numerosos heridos, 11 por bala, y la muerte de Germán Rodríguez. En el mismo documental, el propio comisario Rubio afirmó que la orden de entrar a la plaza se trató de un malentendido y que él no dio esa orden sino que se malinterpretaron sus palabras. En general, el entonces jefe de la policía Miguel Rubio también ha negado en entrevistas haber dado la orden de disparar las ráfagas que acabaron con la vida de Germán y prácticamente cualquier orden relacionada con la actuación policial, a pesar de ser él quien estaba a cargo del dispositivo.

Nunca se llevó a cabo ninguna investigación judicial sobre la actuación de los agentes que acabaron con la vida de Germán. El 26 de junio de este mismo año, se aprobó una proposición no de ley impulsada por EH Bildu en la Cámara Baja con el fin de desclasificar los documentos que guardan relación con estos sucesos. Esta iniciativa recibió el apoyo del PSOE y del resto de socios de investidura. Gutmaro Gómez Bravo explica que gran parte de la información se encuentra en los archivos de la Policía pero que "no hay voluntad de mostrar esa documentación y digitalizarla".

A pesar de los esfuerzos de las familias y asociaciones, los responsables de muchos de estos casos continuarán siendo un misterio por la deliberada ausencia de investigación. Sobre esto Gómez Bravo afirma que "los documentos siguen en manos de quienes se perpetuaron con la violencia en el franquismo". Además, explica que en otros casos, como el de Salvador Puig Antich, la Policía modificó pruebas como la autopsia. Según Gómez Bravo, si lo hicieron una vez, sería posible que hicieran lo mismo en otros casos.

Las asociaciones de victimas de toda España continúan buscando justicia a día de hoy, luchando por la desclasificación de los documentos relacionados con estos acontecimientos.

En contra de la idea de que la Transición debe ser indiscutible, los científicos sociales Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca publican Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia, editado por Catarata, un libro que plantea observar este evento crucial en la historia de España como un hecho aún en construcción. Desde una relectura de los años setenta hasta las decisiones de Pedro Sánchez, los sociólogos realizan un recorrido por los sucesos más relevantes y analizan su relación, tomando el inicio de la democracia como la raíz de las estructuras políticas actuales.

Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca exponen la idea, a través de la observación de los contrastes entre las construcciones que realizan la izquierda y la derecha españolas, de que en la actualidad la llama de la Transición se está apagando. Con este libro, invitan a los lectores a abrir nuevas perspectivas sobre la historia, y a crear las bases para construir un futuro democrático de inclusión y tolerancia.

infoLibre adelanta un extracto del ensayo, que ya está disponible en librerías.

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Este libro se fundamenta en nuestra convicción de que hay motivos muy sustanciales para repensar la Transición, motivos relevantes no solo para los estudiosos del cambio político, sino también para la ciudadanía en general y sobre todo para los sectores más activos políticamente. Como parte de ese replanteamiento del cambio político que dio lugar a la democracia, proponemos una idea importante: que la Transición de alguna forma sigue abierta. Defendemos que la Transición aún está abierta en dos sentidos fundamentales: primero, porque desde los inicios de los años ochenta y hasta nuestros tiempos los resultados de la Transición se han ido revisando y modificando, a veces de forma muy importante. El legado de la Transición y con ello las instituciones que forjó, han ido cambiando.

El proceso de transformación sigue vivo sin que las modificaciones posteriores necesariamente supongan una vulneración del espíritu del cambio político en los años setenta. Denominamos a esas revisiones los “epílogos” de la Transición. Desde nuestro punto de vista, los ha habido en diferentes momentos clave, forjados unas veces bajo la influencia de la derecha y otras de la izquierda. Estas modificaciones se pueden leer como intentos de afinar resultados iniciales de la Transición que contenían ambigüedades, lagunas o facetas del sistema que luego se han considerados obsoletas, o al menos insuficientes. Segundo, proponemos la idea de que el recuerdo y la interpretación de la Transición se ha ido modificando constantemente en un proceso político-cultural del tipo que los académicos genéricamente suelen llamar una “construcción”, en este caso, una “construcción” en cambio permanente y por tanto abierta. 

Hay otra razón por la que proponemos que la Transición se “repiense” y es que, lejos de ser un proceso sujeto a una única lectura, más bien se trata de un periodo complejo de transformaciones expuestas a múltiples interpretaciones. Los debates en torno a la Transición han sido y siguen siendo considerables. Y dentro de las complejidades del cambio político de los años setenta, señalamos algunos momentos y episodios en los que los hechos fueron bien distintos de lo que muchos piensan hoy en día. En este sentido, defendemos que Adolfo Suárez fue un líder mucho más rompedor de lo que suele considerarse. En un tema de gran transcendencia en los debates actuales como es el nacional, vemos que algunas iniciativas de Suárez son bastante parecidas a otras más recientes de los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, algo que no suele decirse abiertamente. Sobre este y otros puntos, aspiramos a abrir nuevas perspectivas sobre la historia, animando a nuestros lectores a encontrar en la relectura de los años setenta las bases para construir un futuro democrático de inclusión y tolerancia. 

Todas estas ideas sirven, en nuestra opinión, para percibir la importancia de repensar la Transición en estos momentos. Si aceptamos la idea de que la Transición sigue abierta y que se debe repensar de diversas formas ¿qué consecuencias tiene? Por lo pronto, nos gustaría poner en duda el supuesto frecuente en muchos análisis del periodo de que por ser la Transición la fase fundacional de la democracia, lo que se hizo entonces debe considerarse inmutable e indiscutible. Los problemas con ese supuesto son múltiples: pierde de vista la complejidad de la Transición, sus muy diferentes facetas y el debate constante que ha habido sobre sus implicaciones actuales. El hecho innegable es que todos los grandes acontecimientos históricos están abiertos, se quiera o no, a reinterpretaciones constantes y por tanto al debate vivo sobre su significado. En un sistema democrático, el sistema debe estar abierto a la modificación de sus estructuras institucionales, siguiendo las preferencias y aspiraciones de la ciudadanía.  

Las distintas construcciones de la Transición salen a relucir de forma recurrente en el debate político español. Para cerrar este capítulo, proponemos una comparación de las construcciones nostálgica y prometeica, como un ejemplo de la fuerza que tienen estas construcciones en la política española. 

Las derechas, desde su construcción nostálgica, defienden la tesis de que las políticas que vayan más allá de los consensos alcanzados en la Transición son ilegítimas y suponen una traición. Mariano Rajoy, en su condición de líder de la oposición, se dirigía así a los diputados del Congreso en el debate sobre el estado de la nación de 2006:

Señorías, la democracia española de 1978 se asentaba en un gran consenso fundacional: consenso en la reconciliación, consenso en las reglas de juego, consenso en la defensa de los valores del nuevo Estado. Pues bien, el señor Rodríguez Zapatero, por razones nunca explicadas, ha decidido, unilateralmente, que las cosas no se hicieron bien en 1978, y que como todo se ha hecho mal es preciso corregirlo todo[1].

Estas palabras ilustran a la perfección lo que significa una construcción acabada y cerrada de la Transición. Cualquier intento de ir más allá de lo que entonces se resolvió aparece como una deslegitimación de la época fundacional de la democracia. En el repaso de los epílogos de la Transición del capítulo anterior, pudimos ver cómo el intento de legislar sobre las cuestiones de la memoria histórica y la justicia transicional despertó una oposición tajante de la derecha por romper el pacto del olvido y acabar con el principio de reconciliación entre españoles.

El aludido en el discurso de Rajoy, el presidente Zapatero, no solo no creía que fuera preciso realizar una enmienda a la totalidad de la Transición, sino que entendía que las raíces últimas de sus políticas procedían justamente de la Transición. De hecho, nada más ser elegido secretario general del PSOE, en 2000, ante el asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA, reclamó el clima de consenso que hizo posible la Transición[2]. En la misma línea, cuando, estando ya fuera del poder, defendió los indultos a los líderes independentistas condenados y encarcelados, lo hizo en nombre de los valores de la Transición:

Me sorprende que quienes reivindican la Transición democrática y se abrazan a la Constitución no comprendan que el espíritu constitucional, el espíritu de la Transición, es el espíritu de la integración, del diálogo y de la generosidad. Tengamos presente lo que hicieron Carrillo y Fraga. Creo que estaban mucho más distantes de lo que puede estar ahora Oriol Junqueras de Pablo Casado. Porque veníamos de donde veníamos. ¿Por qué se han trastocado esos valores? Curiosamente, los que más reivindican la Transición son los que más se oponen al diálogo. Alguien que reivindique la Transición española, tiene que defender el diálogo[3].

Aquí se aprecia con nitidez el gran contraste entre las construcciones nostálgica y prometeica de la Transición. En nombre de los valores de la Transición, Zapatero no reivindica políticas concretas de las que se llevaron a cabo en los albores de la democracia; más bien, considera que la forma de abordar los problemas y conflictos de la política deben resolverse ahora como se resolvieron entonces, es decir, reconociendo la pluralidad de posiciones sobre asuntos difíciles y buscando acuerdos que sean aceptables para todas las partes. Esos son los principios que guiaron algunas de sus iniciativas más arriesgadas, como el proceso de paz para acabar con el terrorismo de ETA o el intento de acomodar las demandas del nacionalismo catalán en el Estatut de 2006. En el capítulo siguiente, sobre los legados de la Transición, analizamos esta gestión con mayor detenimiento.

En contraste, la derecha heredera de Alianza Popular defiende que negociar con ETA o con el independentismo supone desacreditar la Constitución de 1978 y, más en general, la Transición. Pero esa construcción selectiva deja fuera de consideración, es decir, fuera de su recuerdo de los años de cambio político, el hecho de que en los años de la Transición la UCD negoció con ETApm (político-militar) y lo hizo en momentos de una actividad terrorista muy intensa, ofreciendo condiciones de reinserción muy favorables a los etarras que querían abandonar la violencia, incluso a aquellos que tenían delitos de sangre. De la misma manera, hemos visto cómo el Gobierno de UCD reconoció la legitimidad republicana que Josep Tarradellas encarnaba. Y, en la misma línea, hemos subrayado en varias ocasiones que la Constitución abordó de forma flexible el problema de la plurinacionalidad, admitiendo la distinción entre regiones y nacionalidades.

Desde nuestra construcción, no importan solo los detalles de las operaciones a las que acabamos de hacer referencia, sino también, y en mayor medida incluso, los valores que las inspiraron. En este sentido, la clave fue el espíritu de integración, es decir, el propósito de hacer sitio para todos aquellos que quisieran formar parte del nuevo sistema democrático, ya fueran antiguos gobernantes franquistas o terroristas. En lugar de pedir cuentas por el pasado, se ofreció acomodo a cuantos quisieran comprometerse con la democracia. Ese impulso incluyente es el que, a nuestro juicio, mantiene viva la llama de la Transición, aunque, a decir verdad, la llama parezca estar consumiéndose rápidamente, pues los intentos realizados en este siglo por resolver desde parámetros incluyentes el problema del terrorismo y por superar las secuelas del conflicto catalán se han enfrentado a una oposición muy dura que acusaba de traición y deslealtad a todo lo que no fueran políticas compatibles con la construcción nostálgica.

Quizá el mejor ejemplo sea la controvertida Ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados en 2024. Numerosos dirigentes, analistas e intelectuales de las derechas han argumentado que dicha Ley es una aberración política, un abuso de poder y un fraude constitucional. Aunque recientemente el Tribunal Constitucional la ha declarado constitucional en su conjunto (con muy leves modificaciones), continúa despertando reacciones furibundas, y no solo en la derecha: Felipe González, uno de los personajes centrales de la democracia española, ha afirmado que la aprobación de la Ley es un acto de corrupción política y una negación de los principios democráticos. Estas críticas contrastan con el gran consenso que despertó en su día la Ley de amnistía de 1977, aprobada por todos los grupos con la abstención de Alianza Popular. El caso de González que acabamos de mencionar es especialmente interesante porque él estuvo rotundamente a favor de la amnistía en la Transición. ¿Qué razones hay entonces para que, casi cincuenta años después, arremeta contra la segunda amnistía de la democracia?

Más allá de consideraciones jurídicas, que no son objeto de nuestro interés en este momento, creemos que hay algunos parecidos importantes entre la primera Ley de la democracia, la Ley de amnistía de 1977, y la Ley de amnistía de 2024. Por supuesto, el contexto es muy diferente en cada caso. En 1977, el país se encontraba en medio del proceso de Transición, experimentando un cambio de régimen bastante peculiar. En 2024, en cambio, España era una democracia más dentro de la Unión Europea, con sus fortalezas y sus debilidades, plenamente consolidada. Algunos aducen que esta diferencia en las condiciones del país es ya suficiente para invalidar cualquier ensayo de comparación entre las dos amnistías. El supuesto detrás de ese razonamiento es que las amnistías pueden tener sentido en las circunstancias extraordinarias de un cambio de régimen, pero no durante un periodo de normalidad democrática. Así, las amnistías se aprueban típicamente después de guerras civiles, transiciones políticas o fenómenos similares de gran trascendencia política. Este patrón empírico es indiscutible. Cuando las democracias se consolidan, no suele haber necesidad de realizar amnistías.

Ahora bien, la situación de Cataluña en 2017 no era la de una democracia normal. El Gobierno de España se negó a negociar con los representantes de Cataluña, los independentistas organizaron unilateralmente un referéndum de secesión, hubo violentas cargas policiales contra los ciudadanos que quisieron participar en dicho referéndum, se produjo una declaración de independencia (ambigua y sin efectos jurídicos), se encarceló a los líderes independentistas y el Tribunal Supremo les impuso condenas muy considerables y, por si todo esto no fuera suficiente, el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó operaciones de “guerra sucia” contra los líderes del independentismo, con campañas de espionaje y desprestigio. Este conjunto de elementos no es habitual en las democracias que funcionan con normalidad. Pero aparte de todo eso, desde la perspectiva de conseguir que España sea un país con sus fronteras actuales y democrático, no fue nada eficaz.

El apoyo a la independencia se mantuvo sólido, como demostraron las elecciones catalanas de 2017 y 2019. Sin embargo, la tendencia cambió cuando el Gobierno de España optó por una política que nosotros consideramos congruente con el espíritu de la Transición. El paso a una política de reconciliación mediante la Ley de amnistía ha producido un declive importante en el apoyo a la independencia y una reincorporación de muchos catalanes a la estructura autonómica y constitucional que permite la convivencia en democracia. En nuestra construcción prometeica, la Ley de amnistía reciente ha sido un ejemplo del espíritu de la Transición y un éxito importante para todos los que buscan una reafirmación del encaje de Cataluña en España. 

Siendo verdad que el PSOE había descartado hasta 2023 la posibilidad de una amnistía, alegando incluso que era inconstitucional, el hecho es que la investidura de Sánchez sólo fue posible gracias al compromiso alcanzado con los partidos independentistas catalanes acerca de la amnistía. Por esta razón, son muchos quienes han insistido en que es una Ley hecha simplemente para que el PSOE permanezca en el poder, es decir, se trataría del precio a pagar por obtener el apoyo parlamentario del independentismo. Sin embargo, que las motivaciones inmediatas de la Ley sean esas (o cualesquiera otras) no impide reconocer que, al mismo tiempo, la amnistía de 2024 tiene el mismo objetivo integrador e incluyente que la de 1977, restablecer las bases de la convivencia y el reconocimiento político entre grupos y personas con ideas muy diferentes.

En 1977, se quería superar la división entre ganadores y perdedores de la Guerra Civil, abriendo una época en la que sus diferencias se resolvieron a través de procedimientos e instituciones democráticas; de manera parecida, en 2024 se buscaba restablecer la convivencia entre el nacionalismo separatista y el resto de la sociedad catalana y española tras una fase de enfrentamiento agudo que había desembocado en la situación anómala (al menos en el contexto de las democracias europeas) de que los máximos dirigentes de partidos políticos legales estuvieran en la cárcel por acciones y estrategias políticas.

Nuestra lectura prometeica de la Transición encuentra un fundamento común a las amnistías de 1977 y 2024, a pesar de los rasgos distintivos de cada una de ellas. Lejos de entender que se trata de una medida inconstitucional o incompatible con la democracia, creemos más bien que esta nueva amnistía guarda un innegable parecido con la de 1977, siendo ambas elementos cruciales para garantizar la convivencia política entre diferentes.

[1] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 182, 30/5/2006, p. 9.096.

[2] El Pais, 23/11/2000 (https://elpais.com/diario/2000/11/23/espana/974934011_850215.html).

[3] Eldiario.es, 12/6/2021 (https://www.eldiario.es/politica/zapatero-reivindican-transicion-olvidan-fraga-lejos-carrillo-casado-junqueras_128_8032314.html). 

Carmen Díez de Rivera rompió moldes en una época en la que el franquismo negaba protagonismo, poder y visibilidad a las mujeres. Fue la primera jefa de Gabinete de la historia de la reinstaurada democracia. Conocida como la musa de la Transición, convenció a Adolfo Suárez de que legalizase el Partido Comunista. Antes, incluso, como cuenta Manuel Vicent en El azar de la mujer rubia (Alfaguara, 2016), había sido clave para que el rey Juan Carlos le nombrase presidente.

Feminista, libre y valiente, Díez de Rivera fue la primera y la última en ocupar este cargo de altísima confianza. Porque, desde el año 1976, ningún otro presidente del Gobierno ha vuelto a elegir a una mujer como jefa de Gabinete. Los once que vinieron detrás vestían traje y corbata. El último en llegar ha sido Diego Rubio esta semana. Historiador de perfil independiente, hasta ahora era el secretario general de Políticas públicas, Asuntos europeos y Prospectiva estratégica. 

Los jefes de Gabinete son el pilar que sostiene los muros del Edificio Semillas en Moncloa. Asesoran a los presidentes, les proporcionan toda la información que necesitan y desarrollan la estrategia de su liderazgo. “Es un cerebro que les asiste política y técnicamente, pero sus funciones dependen en gran medida de la propia personalidad del profesional. Hay algunos que tienen mayor vis política como Óscar López y otros que tienen un perfil más de consultor como Iván Redondo”, explica Ana Salazar, directora de Idus3 Estrategia.

Aunque la presencia de mujeres en política ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, hay determinados cargos, como ser la mano derecha de un presidente del Gobierno, que siguen monopolizados por ellos. Según un estudio del IESE Bussines School e Infoempleo, el 68% de los encuestados cree que sus empresas favorecen la promoción masculina por encima de la femenina, debido a que ven la maternidad como un lastre.  

Según los expertos, en la elección de los puestos de responsabilidad en política hay un criterio discrecional, es decir, las personas que suelen llegar son por cooptación o por un hecho sistémico como la reproducción homosocial. Esta es una teoría desarrollada, entre otras, por la académica feminista Rosabeth Moss Kanter, en 1977, que se basa en el peso que tienen los factores heteropatriarcales en el reparto de poder. 

Lo explica Verónica Fumanal en su libro El poder de la influencia (La esfera de los libros, 2024). “Aquellos que toman decisiones tienden a favorecer la evolución y la promoción de personas con características similares a ellos. Es decir, hombres blancos promocionan a hombres blancos”. En este caso, los presidentes del Gobierno nombran a otros hombres para que sean sus jefes de Gabinete.  

Otro de los motivos que alega Fumanal es el “compadreo” que impide a las mujeres colarse en las redes de poder masculino y que lleva años perpetrando una estructura machista del poder. “Ellas tienen menor acceso a los lugares informales de socialización masculina. Durante el ocio premium de los directivos en un palco de un estadio de fútbol, en una grupeta ciclista o en una partida de póker también se toman decisiones. Son ambientes en los que no suele haber mujeres y, por tanto, el grupo considera que la incorporación de una de ellas podría acabar con estos espacios que ellos consideran de liberación”.

La pregunta es cómo puede haber influido la nula presencia de mujeres en este puesto durante tantas décadas. “La influencia es obvia porque las mujeres tienen una visión de la sociedad diferente a la del hombre y sensibilidades distintas en temas como la familia, la conciliación o la igualdad porque lo viven en primera persona”, opina la consultora Ana Salazar. 

Según un estudio de Eagle y Johnson de 1990, en la forma de liderar y dirigir equipos “las mujeres son más democráticas y participativas y los hombres son más autocráticos y directivos”. Además, concluyen que, en organizaciones dominadas por líderes masculinos, ellas inhiben las conductas propias de un estilo orientado hacia las personas.

“Las mujeres ejercen liderazgos más trasversales y eso cuando eres jefa de Gabinete impregna al presidente o presidenta. En mi trabajo como consultora, los hombres, por lo general, se quedan satisfechos cuando presentas una estrategia desde un punto de vista técnico y anguloso, pero cuando trabajo con mujeres empiezan a emerger en la conversación muchos matices. En política, creo que ellos piensan más en el ‘yo’ y ellas en el ‘nosotros’", añade Salazar.

Además de la reproducción homosocial, otro de los fenómenos habituales que sufren las mujeres en política es el conocido como “acantilado de cristal”. Consiste en que, muchas veces, ellas acceden a puestos de liderazgo cuando hay problemas o el partido está atravesando un momento de crisis, lo que hace que la probabilidad de fracaso sea mayor. 

En los últimos tiempos, ha sucedido con la llegada de Yolanda Díaz para sustituir a Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, con Inés Arrimadas al relevar a Albert Rivera después de la debacle electoral de Ciudadanos o con Kamala Harris incorporándose en el último momento a la carrera presidencial, tras la renuncia de Joe Biden. 

“Las mujeres sufren tres tipos de discriminación: existencia de actitudes menos favorables hacia ellas, mayor dificultad para alcanzar roles de liderazgo y mayor dificultad para ser reconocidas”, concluye Verónica Fumanal en uno de los capítulos de su libro. Sin duda, la estadística de una jefa de Gabinete en 48 años y tras siete presidentes del Gobierno refleja que todavía quedan bastantes pasos que dar. 

¿Cuántas veces habremos oído que hoy no hay líderes en España como los que hicieron posible la Transición? Ellos sabían llegar a acuerdos, pensaban en el interés general del país y no se dejaban llevar por consideraciones electorales de corto plazo. Es un lamento recurrente, en el fondo no muy distinto de aquel otro que percibe una degradación creciente e imparable de nuestro sistema educativo (ya saben, nuestros jóvenes tienen una formación deficiente, en lugar de leer se dedican a mirar pantallas, etc.).

Esta sugestión de que la política ha ido a menos es, en cierta medida, consecuencia de varios efectos distorsionadores. En primer lugar, la distorsión biográfica: quedamos marcados por la política de nuestra juventud y el inicio de la etapa adulta, de manera que con el paso del tiempo tendemos a juzgar todo lo que viene después por contraste con lo vivido en los años más impresionables. Es algo parecido al efecto de la impronta que estudió Konrad Lorenz en el reino animal.

En segundo lugar, la distorsión cronológica. Con el paso del tiempo, lo que en su momento parecía algo caótico y confuso va adquiriendo nitidez y claridad. Se pierden el ruido y la furia que siempre acompañan a la política y queda sólo aquello que importa, es decir, las palabras, las medidas y los actos que perduran y guardan un rastro en nuestra memoria. De ahí que la figura de los líderes vaya agrandándose conforme transcurren los años.

En tercer lugar, la distorsión generacional: a veces dejamos de entender a quienes vienen detrás, sus prioridades y preocupaciones son distintas y nos pueden parecer irrelevantes, alejadas de nuestro sentido común, sin que reparemos en que ello se debe en gran medida a que están construyendo algo nuevo sobre lo que hizo la generación anterior. Sólo así se explica esa tontería que se repite cuando fallece alguna figura pública provecta, “se van siempre los mejores”.

Alguien podría argumentar, no obstante, que, incluso teniendo en cuenta todas estas distorsiones y haciendo un autoexamen de las mismas, sigue siendo cierto que la calidad de los líderes políticos ha ido a menos. ¿Acaso no es cierto que los políticos de hoy carecen de la oratoria de sus predecesores y se limitan a leer lo que sus asesores escriben en papeles y tarjetones? Compárese un debate parlamentario de nuestros días con un debate de la época de la Transición. No hay color. ¿Y qué decir de su preparación? Entonces la política era una actividad prestigiada y respetada, atraía a los mejores profesionales; hoy, en cambio, los políticos no tienen una carrera fuera de la política, se han formado en los aparatos de los partidos, son una especie de burócratas del poder y la ambición. En fin, antes los políticos pensaban con amplitud de miras, se preocupaban por su nación y tenían un proyecto de país. Ponían por delante el bien común y la consolidación de la democracia.

Esta forma de pensar se puede percibir en todas las posiciones ideológicas. El nostálgico del PSOE advierte un declive indudable en la secuencia Felipe González/José Luis Rodríguez Zapatero/Pedro Sánchez, de la misma manera que el nostálgico del PP está convencido de que Alberto Nuñez Feijóo no tiene ni la experiencia ni la templanza de Mariano Rajoy, quien, por lo demás, era una sombra comparado con José María Aznar (si tiene el lector edad suficiente, querrá ir más atrás en el tiempo y recordará a Manuel Fraga). Ya puestos, ¿no es evidente que hay una enorme separación entre los discursos romos de Santiago Abascal y aquellos otros exaltados de Blas Piñar? ¿Y qué político de ahora podría reclamar el legado de Adolfo Suárez sin caer en el ridículo?

El caso de Suárez es el más interesante, y también el más instructivo. Su nombre despierta tanta admiración que soporta el principal aeropuerto de España. Él fue el gran artífice de la Transición. El rey Juan Carlos lo eligió para llevar a término lo que Carlos Arias Navarro no supo o no quiso hacer. Siendo aún ministro secretario general del Movimiento, Suárez citó unos versos de Antonio Machado en las últimas Cortes orgánicas. Sonó fresco y renovador. Supo moverse en los círculos del franquismo y despuntar como reformista primero y demócrata después, consiguió que los procuradores se hicieran el harakiri y aprobaran la octava Ley Fundamental del régimen, la Ley para la reforma política, que daba paso a unas primeras elecciones democráticas, elecciones que ganó él mismo con la Unión de Centro Democrático, un partido creado unas pocas semanas antes de los comicios. Bajo su presidencia se elaboró la Constitución, se aprobaron los Pactos de la Moncloa y se sentaron las bases del sistema autonómico. Ahí es nada.

Sin embargo, si alguien hubiera conocido solamente al Suárez de los ochenta, le habría resultado casi imposible imaginar que aquel político había desempeñado un papel tan crucial en los años de la Transición. A los pocos meses de dejar el Gobierno, se metió a hacer negocio con los marcadores de los estadios de fútbol para el Mundial de 1982. En nuestros días, algo así habría provocado un escándalo gigantesco. Luego, ante la descomposición de UCD, fundó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), un invento personalista, con una línea política errática, que no consiguió consolidarse y tuvo que abandonar en 1991. Cuando Suárez dejó el CDS, estaba todavía en plenitud de facultades, solo tenía 59 años. ¿Cómo es que aquel tipo con un olfato político y una capacidad de seducción insuperables se veía incapaz de manejarse en un nuevo tiempo, el de un país con una democracia consolidada, en la que los socialistas se habían hecho con una hegemonía que entonces parecía indisputable?

No había cambiado el político, habían cambiado las circunstancias. Las habilidades que en el momento crítico de la Transición resultaron una bendición no sólo para el interesado, sino para el conjunto del país, servían de poco cuando el sistema de partidos entraba en una fase de estabilización.

El ejemplo de Suárez sirve para entender las limitaciones de aquellas explicaciones de la política que lo fían todo a las cualidades de los líderes y su voluntad política. Que un político brille más o menos depende tanto o más de la coyuntura que le toque vivir que de su propia visión y determinación.

En las condiciones excepcionales de la Transición, cuando el país estaba por hacer y todo se decidía en medio de grandes dosis de incertidumbre, corriendo riesgos enormes, con un recuerdo vivo de lo que había significado no haber podido llegar a un acuerdo de reconocimiento mutuo entre las derechas y las izquierdas en los años treinta, los líderes brillaron con luz propia. No fue uno solo el que brilló, ni brillaron solo unos pocos. En general, la clase política dio muestras de responsabilidad política y altura de miras. No todos fueron iguales, ni todos tuvieron la misma influencia, por descontado, pero en general cumplieron las expectativas. Si sucedió así no fue porque estuvieran hechos de una pasta especial, sino porque la encrucijada histórica lo exigía. El hecho de que las élites políticas, en su conjunto, fueran capaces de acordar unos principios básicos (Constitución, amnistía, pacto de rentas, descentralización), resulta informativo no tanto sobre los políticos, sino sobre el momento político en el que tuvieron que actuar.

Vayamos más allá de la Transición. Un buen número de socialistas de la generación de Felipe González ha mostrado un desdén indisimulado hacia los siguientes líderes del partido. Comparan la gestión de González con la de Zapatero y Sánchez y consideran que el primero fue un titán y los segundos unos principiantes, unos meritorios. Felipe disipó el peligro de golpe militar, llevó a cabo la reconversión industrial, se jugó el tipo con el referéndum de la OTAN (que Sánchez se atreva a someter la Ley de amnistía a un referéndum, le retan), hizo un importante ajuste económico, metió a España en la Comunidad Económica Europea (CEE), puso las bases del Estado del bienestar, etc., etc., etc. A su lado, cualquier otra gestión queda empequeñecida.

Descontemos de nuevo todas las distorsiones (la de impronta, la cronológica y la generacional) y recordemos lo distintas que han sido las circunstancias en cada periodo. González ganó las elecciones de 1982 sin un partido de oposición. Disfrutó de una mayoría parlamentaria como no ha vuelto a haber otra en nuestra historia democrática (202 escaños, frente a tan solo 107 de Alianza Popular). El Gobierno no tenía apenas limitaciones: no sólo no había una oposición digna de tal nombre, sino que el Estado era todavía un Estado centralista, la construcción de las autonomías estaba dando sus primeros pasos; España no había ingresado aún en la CEE y por lo tanto había un margen amplio de discrecionalidad en las políticas impulsadas; asimismo, el PSOE tenía entonces un Tribunal Constitucional favorable (en 1992, diez de los doce magistrados eran progresistas, compárese con lo que vino después); controlaba la política monetaria a través del Banco de España, etc.

Y no se olvide que el país estaba a medio hacer, arrastraba importantes déficits de la dictadura, con lo que el programa de reformas era extraordinariamente amplio. No se trata de restar méritos a González, sino de entender que el liderazgo tiene mucho que ver con las oportunidades. En nuestros días, Sánchez gobierna en coalición, en un parlamento fragmentado, con una oposición que deslegitima la mayoría parlamentaria, sufriendo episodios de lawfare, bajo las reglas fiscales estrictas de la Unión Europea, con buena parte de las políticas sociales en manos de las Comunidades Autónomas, un Consejo General del Poder Judicial muy escorado a la derecha tras más de cinco años sin renovarse por el bloqueo que ha impuesto el Partido Popular, y negociando con unos partidos nacionalistas mucho menos cooperativos que en etapas anteriores. En un país polarizado, que no se ha recuperado plenamente de la gran crisis de 2008, con unos niveles de confianza ciudadana en los partidos políticos por los suelos, gobernar no es tarea imposible, pero casi.

A la luz de todas estas diferencias, el contraste entre líderes de periodos tan distintos se vuelve un poco arbitrario. Pongan a Sánchez a gobernar en 1982 y a González en 2018 y verán. Por supuesto, se trata de un puro ejercicio contrafáctico, de historia virtual, pero una consideración seria de los contextos en los que cada uno tuvo que actuar revela el sinsentido de intentar explicar los resultados solamente en función de la calidad de los liderazgos.

Es tarea vana hacer juicios sumarios sobre la decadencia de la política. La política ha cambiado tremendamente en los últimos cuarenta años y con ella los propios criterios con los que la valoramos. Aunque las reglas institucionales apenas se han modificado, el poder relativo de los gobiernos nacionales ha disminuido en gran medida, sobre todo en Europa, como consecuencia tanto de la globalización como de la integración supranacional. Por otro lado, los niveles de exigencia se han elevado considerablemente. Pensemos en la corrupción: conductas que hoy nos resultan inadmisibles eran sin embargo normales en los albores de nuestra democracia. En un sentido similar, las relaciones promiscuas entre políticos y periodistas que se daban entonces resultarían hoy escandalosas. A su vez, el Estado del bienestar es más potente que nunca y la Administración es incomparablemente más eficiente. Piénsese igualmente en la incorporación de la mujer a la política, veníamos de una política exclusivamente masculina; y en los derechos civiles, cómo han evolucionado. La lista podría extenderse durante varias páginas. Nada de esto quiere decir que todo haya ido a mejor, o que la política en la actualidad sea irreprochable. Los problemas son demasiado obvios como para que sea preciso enumerarlos aquí. Con todo, quisiera insistir en que, en cuestiones de política, la manera en que juzgamos y valoramos distintos periodos no es atemporal. No podemos juzgar el presente con los ojos del pasado, de la misma forma que no podemos mirar al pasado con la perspectiva de hoy.

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Ignacio Sánchez-Cuenca es catedrático de Ciencia Política

¿Cuántas veces habremos oído que hoy no hay líderes en España como los que hicieron posible la Transición? Ellos sabían llegar a acuerdos, pensaban en el interés general del país y no se dejaban llevar por consideraciones electorales de corto plazo. Es un lamento recurrente, en el fondo no muy distinto de aquel otro que percibe una degradación creciente e imparable de nuestro sistema educativo (ya saben, nuestros jóvenes tienen una formación deficiente, en lugar de leer se dedican a mirar pantallas, etc.).

Esta sugestión de que la política ha ido a menos es, en cierta medida, consecuencia de varios efectos distorsionadores. En primer lugar, la distorsión biográfica: quedamos marcados por la política de nuestra juventud y el inicio de la etapa adulta, de manera que con el paso del tiempo tendemos a juzgar todo lo que viene después por contraste con lo vivido en los años más impresionables. Es algo parecido al efecto de la impronta que estudió Konrad Lorenz en el reino animal.

En segundo lugar, la distorsión cronológica. Con el paso del tiempo, lo que en su momento parecía algo caótico y confuso va adquiriendo nitidez y claridad. Se pierden el ruido y la furia que siempre acompañan a la política y queda sólo aquello que importa, es decir, las palabras, las medidas y los actos que perduran y guardan un rastro en nuestra memoria. De ahí que la figura de los líderes vaya agrandándose conforme transcurren los años.

En tercer lugar, la distorsión generacional: a veces dejamos de entender a quienes vienen detrás, sus prioridades y preocupaciones son distintas y nos pueden parecer irrelevantes, alejadas de nuestro sentido común, sin que reparemos en que ello se debe en gran medida a que están construyendo algo nuevo sobre lo que hizo la generación anterior. Sólo así se explica esa tontería que se repite cuando fallece alguna figura pública provecta, “se van siempre los mejores”.

Alguien podría argumentar, no obstante, que, incluso teniendo en cuenta todas estas distorsiones y haciendo un autoexamen de las mismas, sigue siendo cierto que la calidad de los líderes políticos ha ido a menos. ¿Acaso no es cierto que los políticos de hoy carecen de la oratoria de sus predecesores y se limitan a leer lo que sus asesores escriben en papeles y tarjetones? Compárese un debate parlamentario de nuestros días con un debate de la época de la Transición. No hay color. ¿Y qué decir de su preparación? Entonces la política era una actividad prestigiada y respetada, atraía a los mejores profesionales; hoy, en cambio, los políticos no tienen una carrera fuera de la política, se han formado en los aparatos de los partidos, son una especie de burócratas del poder y la ambición. En fin, antes los políticos pensaban con amplitud de miras, se preocupaban por su nación y tenían un proyecto de país. Ponían por delante el bien común y la consolidación de la democracia.

Esta forma de pensar se puede percibir en todas las posiciones ideológicas. El nostálgico del PSOE advierte un declive indudable en la secuencia Felipe González/José Luis Rodríguez Zapatero/Pedro Sánchez, de la misma manera que el nostálgico del PP está convencido de que Alberto Nuñez Feijóo no tiene ni la experiencia ni la templanza de Mariano Rajoy, quien, por lo demás, era una sombra comparado con José María Aznar (si tiene el lector edad suficiente, querrá ir más atrás en el tiempo y recordará a Manuel Fraga). Ya puestos, ¿no es evidente que hay una enorme separación entre los discursos romos de Santiago Abascal y aquellos otros exaltados de Blas Piñar? ¿Y qué político de ahora podría reclamar el legado de Adolfo Suárez sin caer en el ridículo?

El caso de Suárez es el más interesante, y también el más instructivo. Su nombre despierta tanta admiración que soporta el principal aeropuerto de España. Él fue el gran artífice de la Transición. El rey Juan Carlos lo eligió para llevar a término lo que Carlos Arias Navarro no supo o no quiso hacer. Siendo aún ministro secretario general del Movimiento, Suárez citó unos versos de Antonio Machado en las últimas Cortes orgánicas. Sonó fresco y renovador. Supo moverse en los círculos del franquismo y despuntar como reformista primero y demócrata después, consiguió que los procuradores se hicieran el harakiri y aprobaran la octava Ley Fundamental del régimen, la Ley para la reforma política, que daba paso a unas primeras elecciones democráticas, elecciones que ganó él mismo con la Unión de Centro Democrático, un partido creado unas pocas semanas antes de los comicios. Bajo su presidencia se elaboró la Constitución, se aprobaron los Pactos de la Moncloa y se sentaron las bases del sistema autonómico. Ahí es nada.

Sin embargo, si alguien hubiera conocido solamente al Suárez de los ochenta, le habría resultado casi imposible imaginar que aquel político había desempeñado un papel tan crucial en los años de la Transición. A los pocos meses de dejar el Gobierno, se metió a hacer negocio con los marcadores de los estadios de fútbol para el Mundial de 1982. En nuestros días, algo así habría provocado un escándalo gigantesco. Luego, ante la descomposición de UCD, fundó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), un invento personalista, con una línea política errática, que no consiguió consolidarse y tuvo que abandonar en 1991. Cuando Suárez dejó el CDS, estaba todavía en plenitud de facultades, solo tenía 59 años. ¿Cómo es que aquel tipo con un olfato político y una capacidad de seducción insuperables se veía incapaz de manejarse en un nuevo tiempo, el de un país con una democracia consolidada, en la que los socialistas se habían hecho con una hegemonía que entonces parecía indisputable?

No había cambiado el político, habían cambiado las circunstancias. Las habilidades que en el momento crítico de la Transición resultaron una bendición no sólo para el interesado, sino para el conjunto del país, servían de poco cuando el sistema de partidos entraba en una fase de estabilización.

El ejemplo de Suárez sirve para entender las limitaciones de aquellas explicaciones de la política que lo fían todo a las cualidades de los líderes y su voluntad política. Que un político brille más o menos depende tanto o más de la coyuntura que le toque vivir que de su propia visión y determinación.

En las condiciones excepcionales de la Transición, cuando el país estaba por hacer y todo se decidía en medio de grandes dosis de incertidumbre, corriendo riesgos enormes, con un recuerdo vivo de lo que había significado no haber podido llegar a un acuerdo de reconocimiento mutuo entre las derechas y las izquierdas en los años treinta, los líderes brillaron con luz propia. No fue uno solo el que brilló, ni brillaron solo unos pocos. En general, la clase política dio muestras de responsabilidad política y altura de miras. No todos fueron iguales, ni todos tuvieron la misma influencia, por descontado, pero en general cumplieron las expectativas. Si sucedió así no fue porque estuvieran hechos de una pasta especial, sino porque la encrucijada histórica lo exigía. El hecho de que las élites políticas, en su conjunto, fueran capaces de acordar unos principios básicos (Constitución, amnistía, pacto de rentas, descentralización), resulta informativo no tanto sobre los políticos, sino sobre el momento político en el que tuvieron que actuar.

Vayamos más allá de la Transición. Un buen número de socialistas de la generación de Felipe González ha mostrado un desdén indisimulado hacia los siguientes líderes del partido. Comparan la gestión de González con la de Zapatero y Sánchez y consideran que el primero fue un titán y los segundos unos principiantes, unos meritorios. Felipe disipó el peligro de golpe militar, llevó a cabo la reconversión industrial, se jugó el tipo con el referéndum de la OTAN (que Sánchez se atreva a someter la Ley de amnistía a un referéndum, le retan), hizo un importante ajuste económico, metió a España en la Comunidad Económica Europea (CEE), puso las bases del Estado del bienestar, etc., etc., etc. A su lado, cualquier otra gestión queda empequeñecida.

Descontemos de nuevo todas las distorsiones (la de impronta, la cronológica y la generacional) y recordemos lo distintas que han sido las circunstancias en cada periodo. González ganó las elecciones de 1982 sin un partido de oposición. Disfrutó de una mayoría parlamentaria como no ha vuelto a haber otra en nuestra historia democrática (202 escaños, frente a tan solo 107 de Alianza Popular). El Gobierno no tenía apenas limitaciones: no sólo no había una oposición digna de tal nombre, sino que el Estado era todavía un Estado centralista, la construcción de las autonomías estaba dando sus primeros pasos; España no había ingresado aún en la CEE y por lo tanto había un margen amplio de discrecionalidad en las políticas impulsadas; asimismo, el PSOE tenía entonces un Tribunal Constitucional favorable (en 1992, diez de los doce magistrados eran progresistas, compárese con lo que vino después); controlaba la política monetaria a través del Banco de España, etc.

Y no se olvide que el país estaba a medio hacer, arrastraba importantes déficits de la dictadura, con lo que el programa de reformas era extraordinariamente amplio. No se trata de restar méritos a González, sino de entender que el liderazgo tiene mucho que ver con las oportunidades. En nuestros días, Sánchez gobierna en coalición, en un parlamento fragmentado, con una oposición que deslegitima la mayoría parlamentaria, sufriendo episodios de lawfare, bajo las reglas fiscales estrictas de la Unión Europea, con buena parte de las políticas sociales en manos de las Comunidades Autónomas, un Consejo General del Poder Judicial muy escorado a la derecha tras más de cinco años sin renovarse por el bloqueo que ha impuesto el Partido Popular, y negociando con unos partidos nacionalistas mucho menos cooperativos que en etapas anteriores. En un país polarizado, que no se ha recuperado plenamente de la gran crisis de 2008, con unos niveles de confianza ciudadana en los partidos políticos por los suelos, gobernar no es tarea imposible, pero casi.

A la luz de todas estas diferencias, el contraste entre líderes de periodos tan distintos se vuelve un poco arbitrario. Pongan a Sánchez a gobernar en 1982 y a González en 2018 y verán. Por supuesto, se trata de un puro ejercicio contrafáctico, de historia virtual, pero una consideración seria de los contextos en los que cada uno tuvo que actuar revela el sinsentido de intentar explicar los resultados solamente en función de la calidad de los liderazgos.

Es tarea vana hacer juicios sumarios sobre la decadencia de la política. La política ha cambiado tremendamente en los últimos cuarenta años y con ella los propios criterios con los que la valoramos. Aunque las reglas institucionales apenas se han modificado, el poder relativo de los gobiernos nacionales ha disminuido en gran medida, sobre todo en Europa, como consecuencia tanto de la globalización como de la integración supranacional. Por otro lado, los niveles de exigencia se han elevado considerablemente. Pensemos en la corrupción: conductas que hoy nos resultan inadmisibles eran sin embargo normales en los albores de nuestra democracia. En un sentido similar, las relaciones promiscuas entre políticos y periodistas que se daban entonces resultarían hoy escandalosas. A su vez, el Estado del bienestar es más potente que nunca y la Administración es incomparablemente más eficiente. Piénsese igualmente en la incorporación de la mujer a la política, veníamos de una política exclusivamente masculina; y en los derechos civiles, cómo han evolucionado. La lista podría extenderse durante varias páginas.

Nada de esto quiere decir que todo haya ido a mejor, o que la política en la actualidad sea irreprochable. Los problemas son demasiado obvios como para que sea preciso enumerarlos aquí. Con todo, quisiera insistir en que, en cuestiones de política, la manera en que juzgamos y valoramos distintos periodos no es atemporal. No podemos juzgar el presente con los ojos del pasado, de la misma forma que no podemos mirar al pasado con la perspectiva de hoy.

*Ignacio Sánchez-Cuenca es catedrático de Ciencia Política.

Pues bien, yo también quiero hacerme eco de su fallecimiento y de paso dar mi opinión de ciudadano sobre lo que creo que debe ser el periodismo y lo que fue Victoria Prego.

Victoria Prego triunfó en su profesión, fue leal a su carrera profesional, pero cometió un error, al menos uno, que la descalifica como periodista, y no fue otro que ocultar al pueblo, que es a quien se debe un buen periodista, una noticia de importancia capital. La noticia era que Adolfo Suárez le declaró off the record que el gobierno preconstitucional hacía encuestas sobre la monarquía y las perdía, es decir, el pueblo español a través de las encuestas mostraba su preferencia por la república frente a una monarquía y un rey impuestos por el dictador, el presidente Suárez lo supo, lo ocultó y manipuló al pueblo español, ella lo supo 7 años más tarde y lo ocultó.

Reflexionemos, ¿A quién debía lealtad la periodista en aquel momento? ¿Al entrevistado Adolfo Suárez, que hizo el comentario off the record? ¿A Antena 3, el medio de comunicación que le pagaba su nómina? ¿O debió ser leal a sus televidentes, al pueblo español que es el que constitucionalmente tiene el derecho a la información veraz?

Los periodistas tienen un papel fundamental en democracia, que es ejercer el control del poder y buscar y difundir la información veraz necesaria para ayudar a que la ciudadanía se pueda formar una opinión pública basada en hechos contrastados y opiniones argumentadas, esa la única forma segura que tienen los ciudadanos de evitar la manipulación de los poderosos.

Pues bien, Victoria Prego hizo dejación de sus obligaciones como periodista y ocultó al pueblo español información relevante, nada más y nada menos que sobre la forma de gobierno que nos hemos dado, ese hecho la califica ante mi opinión personal como una periodista que ha actuado sin ética en la que seguramente era la noticia más importante que debió trasmitir a la ciudadanía, seguramente en 1995 poco se podría haber hecho para corregir el desmán antidemocrático del presidente Suárez, pero nadie tiene derecho a privar a la soberanía nacional del conocimiento de un hecho de esa trascendencia, y menos que nadie quien por su profesión tiene la obligación de trasmitirla.

Descanse en paz Victoria Prego.

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Ángel Díez es socio de infoLibre.

Suele tratarse de hechos que, en el momento de producirse, ocultaron de manera interesada sus propios autores, los de las grandes mentiras o las amenazas más o menos veladas y que, salvo esas minorías intrigantes y maniobreras, nada conocía el resto de la sociedad.

Y después, cuando por fin afloran las maldades de nuestro pasado, aparecen rápidamente dos grupos de defensores de lo establecido con el argumento de que “llevamos el periodo más largo de paz de toda nuestra historia”, una frase cargada de miedo a nosotros mismos y con la que consiguen que a millones de personas les parezca que están construyendo en sus cabezas, y por sí mismas, la falacia de que si hubiéramos conocido la verdad nos habríamos vuelto a matar.

Y es que no hay estrategia política más eficaz, pero también más cruel e interesada, que la de hacer que parezca que las falsedades que quieren convertir en lugares comunes de una sociedad parezca que han sido creadas por sus propios miembros. Ese imaginario colectivo que tantas veces ha sido envenenado desde el poder a lo largo de la historia. Un poder formado, en muchas ocasiones, por personas elegidas por la propia sociedad. Para mayor escarnio.

(Solo para reducir este peligro una exigente limitación de mandatos en la ley electoral merecería la pena, permítame que haya abierto paréntesis para meter la promoción de esta reforma, le prometo que no me pagan, aunque algunos, si pudieran, me “pegarían”, cariñosamente, por supuesto).

Salen a la palestra, por una parte, quienes nos recuerdan al instante, pues de esta simpleza sí que nunca se olvidan, que “agua pasada no mueve molino”, como si las personas no fuéramos más que agua o molinos. O sea, cosas. 

Y también aparecen quienes se atreven a negar los hechos aflorados, y con mayor virulencia si pueden aprovechar que sus protagonistas han fallecido sin dejar sus pasados por escrito para, al menos, morir pensando que sus almas no arderán siempre en el infierno por haber mentido tanto durante sus vidas.

Ambos grupos de cuestionadores de la historia, o mejor tergiversadores para llamarles por el nombre de sus intenciones, reciben siempre una ayuda impagable de unos gobiernos que, con argumentos tan democráticos como la muy franquista y vigente Ley de Secretos Oficiales (1968) se dedican 99 días de cada 100 a conservar la herencia viva del peor pasado, en lugar de legislar para deshacer los nudos que nos siguen atando. 

Todos sabemos, porque salió por la tele en noviembre de 2016, pero todos olvidamos a los diez minutos cada vez que alguien lo recuerda, que en 1995, es decir, 19 años después de que perpetrara lo que se disponía a confesar, y también otros 19 antes de fallecer, Adolfo Suárez tapó el micrófono con la mano para que no quedara grabada la confesión que decidió hacer a Victoria Prego, aunque esa ocultación sí le salió mal y usted mismo puede comprobarlo escuchando lo que aparecerá en su pantalla si escribe en el buscador las palabras “Suárez Prego encuesta”.

Por si no le funciona la pantalla, lo que Suárez le confesó a Prego fue que, tras ser nombrado presidente por Juan Carlos I y, a la vista de que Felipe González no dejaba de intrigar para que otros países europeos exigieran la celebración de un referéndum sobre monarquía o república, lo que hizo fue encargar unas encuestas sobre la forma de Estado y, “como perdíamos”, decidió incluir al rey en el texto de la Ley para la Reforma Política que se sometió a referéndum a finales de 1976 y, aprovechando que tenía la sartén por el mango, ordenó a los famosos constitucionalistas de 1978 que aquello eran lentejas y que “o las tomas o las dejas”, pero todas.

(Conviene abrir otro paréntesis para recordar que esa sartén no la habría tenido agarrada solo Suárez si González, en lugar de presumir en Europa, hubiera reclamado ese referéndum en España, el país donde tendría que haberse celebrado, pero claro, esa decisión le obligaba a implicarse en la “ruptura democrática”, una consigna que le habría atado las manos a democracia de verdad o seguir perdiendo contra la UCD, que era algo tan difícil de aguantar como no ganar al estilo de 1982).

Cerrado el paréntesis, debemos regresar al título para preguntarnos, ¿a qué viene mezclar la encuesta de Suárez con la investidura de Sánchez?

Las casualidades de la vida han querido que se produzca una coincidencia temporal entre un recuerdo y una actualidad.

Por eso mismo, y como esta semana los 350 escaños del Congreso están decidiendo sus organigramas, los dejaremos tranquilos.

Quién sabe si después, o mientras, nuevas coincidencias inocentes nos proporcionarán la respuesta.

Pase lo que pase, habrá de esto, como mínimo, otra entrega, de rabiosa actualidad en explosiva mezcla con un pasado que nos quieren seguir ocultando porque les da la Real gana. ¿Los 350 sin ninguna excepción? ¿O sólo los que mandan?

Continuará…

*Reconozco que me he inventado lo del “conocimiento veraz del pasado” como un derecho que, así escrito, exista. Lo que se le aproxima más es el texto del artículo 20 de la Constitución, que recoge el derecho “a comunicar y recibir libremente información veraz”, lo que creo que me concede razón bastante al no incluir fecha de caducidad alguna en los hechos veraces que deseen conocerse, pero también es cierto que en el Reino de España sigue habiendo quien defiende que el bombardeo de Guernica no fue cosa de aquella aviación nazi que tan decisivamente ayudó a los golpistas del 18 de julio en sus matanzas de los españoles que no les gustaban y, que sepamos, durante los últimos casi 90 años aún podemos contar muchas más personas, entre vivas y muertas, que fueron condenadas por defender la verdad que las que lo hayan sido por imponer las mentiras de los franquistas y sus sucesores. A estas ni siquiera las inhabilitaron para seguir haciendo política y cobrando del erario.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre

El 15 de junio de 1977, el 15-J, se celebraron en España las primeras elecciones democráticas después de la Guerra Civil. Era el paso que consolidaba el arranque de la Transición. Porque en el año y medio transcurrido desde la muerte de Franco hasta esa fecha se produjo una resistente, y también cruenta, porfía por frenar el tránsito de la dictadura a la democracia. Intentaron que el franquismo, con algunos retoques de fachada, continuara. Ahora, algunos, que propagan la falsa idea de que fueron los franquistas quienes nos donaron la democracia, tienden a olvidarlo.

Quienes vivimos aquellos decisivos meses podemos aportar al lector el relato testimonial sobre lo ocurrido. Cuando Franco murió, el 20 de noviembre de 1975, yo dirigía la revista antifranquista Cuadernos para el diálogo. De inmediato nos pusimos a preparar el número que en el mes siguiente aparecería en los kioscos con un inequívoco y potente titular en portada: España quiere democracia. Aquella portada era una proclama y un reclamo que se apoyaba en una imagen igualmente contundente: una maroma a punto de romperse, apenas mantenida tensa por una de sus hebras. Era una alegoría de la dictadura a punto de quebrarse. Pero esa hebra tardaría en deshilacharse.

Abría el número un largo editorial que venía a ser un programa político al que no estábamos dispuestos a renunciar. Se titulaba: “El pueblo pide voz y voto”. El texto comentaba el discurso que el Rey Juan Carlos pronunció el 22 de noviembre al jurar ante las Cortes como Jefe de Estado. Criticaba la ausencia en ese discurso de una mención expresa a los derechos políticos, aunque, con significativo realismo, matizaba con escepticismo que “como tal discurso no decepcionó, porque las esperanzas —si así pueden llamarse— en relación con una declaración expresa de democratización no eran excesivas”. Así estaban las cosas. Concluía el editorial señalando con ironía que la confirmación de Arias Navarro como presidente del Gobierno no resultaba alentadora para las expectativas de la sociedad española. “¿Comienza la nueva etapa o estamos ante la prolongación “blanqueada” de la etapa anterior?”, se preguntaba. Y enfatizaba: “El nuevo Gobierno tiene la palabra —la palabra de los hechos—, pero el pueblo pide voz y voto. Nada más, pero, sencillamente, nada menos”.

El estado de ánimo de la oposición clandestina al franquismo y de las amplias capas de población que deseaban que el país se democratizara, era de esperanza, porque muerto Franco se abría un tiempo nuevo, y de escepticismo, porque los titubeantes pasos que empezaron a darse nacían rodeados de inercias autoritarias y de aparatos estatales que se resistían a desaparecer. La decepción era mayúscula al comprobar que se seguían aplicando medidas represivas disparatadas ante las protestas de la sociedad civil.

Espoleadas por las todavía clandestinas y debilitadas fuerzas de la izquierda, las gentes se echaron a la calle en masivas manifestaciones en las que se pedía: “Libertad, amnistía y estatutos de autonomía”. Los “grises” las disolvían salvajemente, a porrazos, mientras que la policía secreta, la Brigada Político-social, practicaba numerosas detenciones. La máquina del TOP (Tribunal de Orden Público) no dejaba de funcionar a tope. Téngase en cuenta que los policías, los jueces, los fiscales, los periodistas, etcétera, eran los mismos que habían sido promovidos durante la dictadura con la que la mayoría de ellos habían actuado de manera acomodaticia, con arreglo a hábitos antidemocráticos.

Durante los primeros meses tras la muerte de Franco, el inmovilismo franquista del Gobierno presidido por Arias Navarro —no fue cesado hasta el 1 de julio de 1976— tiñó de tragedias la vida nacional. La rememoración de algunos de aquellos episodios permitirá al lector hacerse una idea cabal de la dureza de aquellos meses.

El 3 de marzo de 1976, en la ciudad de Vitoria, en la que se desarrollaba una huelga general en protesta por un decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo, la Policía disparó sobre los huelguistas ocasionando cinco muertes y más de ochenta heridos de bala. La barbarie de disparar sobre indefensos obreros en manifestaciones de protesta, o en huelga, parecía estar institucionalizada, ya que tenía numerosos precedentes (Granada, 21 de julio de 1970; Barcelona, 1971; Leganés, Madrid, 13 de septiembre de 1971; El Ferrol, 1972; Elda, Alicante, 24 de febrero de 1976 …). Incluso después de las elecciones del 15-J de 1977, la Transición siguió cobrándose víctimas: en Málaga, el 4 de diciembre de ese mismo año, caía muerto por disparos de la Policía cuando participaba en una manifestación pacífica en favor de la Autonomía el joven de 18 años Manuel José García Caparrós.

El dato cierto es que la Transición se cobró demasiadas muertes en nuestro país.

La resistencia de los franquistas a que avanzara la democratización era muy fuerte. El presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, proclamó que la democracia española había de partir del Movimiento Nacional, entendido desde su propia fundación como pacto social básico (discurso del 29 de enero de 1976). Su propósito era llevar a cabo reformas menores, legalizar algunos partidos políticos pero excluyendo al Partido Comunista. Las reformas impulsadas por aquel primer gobierno de la Monarquía quedaban muy alejadas de las exigencias democráticas.

Valga recordar, como ejemplo, que el 1 de marzo de 1976 el Gobierno Arias remitió a las Cortes un proyecto de ley regulador del derecho de reunión. Aquel texto exigía para poder reunirse y manifestarse la previa autorización del Gobernador civil de la provincia, solicitada con diez dias de antelación. Las protestas desde algunos medios de comunicación antifranquistas fueron rotundas. En el semanario Realidades yo publiqué un artículo titulado Cuando las leyes nacen viejas en el que denunciaba lo que estaba ocurriendo: “El espectáculo es poco alentador. Una Comisión Mixta de notables, miembros del Gobierno y del Consejo Nacional debaten y elaboran a puerta cerrada, con las siete llaves protectoras de las materias reservadas, informes y proyectos acerca del cómo y cuándo de las libertades y derechos fundamentales de los españoles. Esos textos, luego aprobados por el Gobierno, han de pasar a continuación por el tamiz de las Cortes cuyos miembros no representan sino los intereses y puntos de vista de cerradas minorías muy alejadas del sentir y de las aspiraciones populares. De esta manera, la expectación que pudieron despertar las primeras iniciativas legislativas del Gobierno se han convertido en profundo desencanto al advertirse el tímido alcance de estos primeros proyectos de ley. A nadie puede sorprender, sin embargo, que el signo de las reformas, en cuya elaboración intervienen notorios antidemócratas, sea el que es.” (Realidades, número del 19 de marzo de 1976).

El Gobierno Arias no estaba dispuesto, además, a aceptar el pluralismo político tal como era entendido en los países de la Europa democrática. Estuvo muy activo para intentar mantener al Partido Comunista en la ilegalidad, excluido del escenario político. El democristiano Oscar Alzaga ha revelado en un reciente libro (La conquista de la Transición, (1960-1978), editorial Marcial Pons, 2021.), cómo los entonces ministros del Gobierno Arias Manuel Fraga Iribarne (ministro de Gobernación) y Adolfo Suárez (Ministro Secretario General del Movimiento) les contactaron para presionarles a fin de que asumieran la exclusión del PCE, a lo que estos se negaron. En este excelente libro el profesor Alzaga describe pormenorizadamente el tenso proceso vivido en aquellos meses en los que los franquistas se resistían a aceptar las exigencias de un régimen auténticamente democrático.

Finalmente los inmovilistas de la dictadura, con Arias Navarro a la cabeza, ante las presiones de los partidos de oposición al franquismo, todavía no legalizados, las presiones provenientes de Europa (Consejo de Europa, declaraciones de personalidades socialistas, demócrata-cristianas y liberales) y las movilizaciones populares de los estudiantes universitarios y de los trabajadores (oleadas crecientes de huelgas y manifestaciones), se encontraron sin fuerzas suficientes para implantar su apaño continuista. Su única respuesta ante las protestas populares y las demandas de los líderes europeos era la represión y la oferta de pequeñas reformas que a nadie satisfacían.

Cesado Arias Navarro como presidente del Gobierno y nombrado Adolfo Suárez para sustituirle, las cosas empezaron a cambiar, si bien de manera lenta y un tanto remolona, en medio de numerosas cautelas y vacilaciones. Pero Suárez mostraba otra actitud, distinta a la mantenida por el Gobierno Arias. A la semana de tomar posesión del cargo, Adolfo Suárez recibe en Moncloa a los dirigentes de la oposición, transmitiéndoles su voluntad de transitar hacia la democracia, y pidiéndoles comprensión, dadas las dificultades. El 15 de diciembre de 1976 se aprobó en referéndum la Ley para la Reforma Política que, aunque carente de garantías —por lo que los partidos de la oposición pidieron la abstención—, abría la vía para la celebración de elecciones generales libres. Y si bien Suárez inicialmente tuvo una actitud dubitativa sobre la legalización del PCE, el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha el 24 de enero de 1977 y la impresionante y ordenada manifestación de duelo el día de su entierro, hicieron que Suárez comenzara a asumir la inevitabilidad de su legalización, a la que le empujaba, por otra parte, la Comunidad Europea que le había hecho saber, reiteradamente, que la legalización del PCE era condición insoslayable para que España pudiera integrarse en ella. Finalmente, la legalización fue llevada a cabo el Sábado Santo, 9 de abril de 1977, seis días antes del Decreto de convocatoria de las primeras elecciones generales.

Cuando se dice que la democracia fue posible gracias al rey, o gracias a Torcuato Fernández Miranda o gracias a Suárez, no se está diciendo toda la verdad. Fueron las protestas y movilizaciones de los sindicatos democráticos, CC.OO, UGT, USO..., los partidos políticos de la oposición, comunistas, socialistas, democristianos y liberales, las masivas manifestaciones populares reclamando libertad, amnistía y estatutos de autonomía, y las presiones de la Europa democrática —muy atenta a lo que ocurría en España— lo que hizo que los intentos de perpetuar el franquismo fracasaran. Si el rey cesó a Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez presidente del Gobierno para que negociara el desmantelamiento del franquismo, lo hizo por las presiones citadas, internas y externas, que iban en un crescendo imparable. Ahora algunos pretenden desconocerlo y cambian el relato.

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Félix Santos es periodista y escritor. Su último libro es Cuadernos para el diálogo y la morada colectiva, editorial Postmetrópolis.

Ocurrió hace unos días en el Congreso de los Diputados. El histórico democristiano Oscar Alzaga presentaba su recién La conquista de la democracia (1960-1978). Y repitió de palabra lo que ha dejado escrito en la carta introductoria de sus Memorias documentadas: quienes venían del franquismo quemaron millones de documentos policiales sobre la acción de la oposición democrática, al amparo de una Orden de diciembre de 1977 del ministro del Interior, Martín Villa. Aquella vulneración del derecho de los españoles a conocer la historia real de la dictadura fue denunciada, en su momento, por los senadores Benet y Fernández Viagas. Aunque haya pasado tanto tiempo, tiene valor que aquella decisión del primer gobierno ucedeo de Suárez la recuerde ahora un democristiano de toda la vida que formó parte, junto a los pirómanos, de aquella triunfante UCD de Suárez, utilísima mescolanza para ganar las elecciones de 1977 y 1979.

Alzaga acredita, desde el margen de la derecha política, que la democracia no fue una donación de los mandamases del régimen franquista; y resalta el “papel determinante desempeñado por la oposición en cuanto factor clave para convertir en imposible la pervivencia del franquismo”.

Hay honestidad intelectual cuando dice que no escribe sobre lo que solo conoció a distancia (“la actividad cotidiana del sindicalismo obrero ilegal o los partidos de la oposición con los que tuve escasa relación"). Precisamente por esto la visión que presenta de “la conquista de la democracia" es limitada en cuanto no presta la atención debida a las luchas de la clase obrera ni al papel de los partidos arduamente construidos en la clandestinidad.

Mas no es el objeto de esta nota debatir con Alzaga (más bien reconocerle mérito) ni ponderar cuánto contribuyó cada fuerza social o política, institución o personalidad en el acabamiento del régimen dictatorial y en la consecución de la democracia.

Pretendo tan solo destacar que, después de 40 años, seguimos a vueltas con la Transición, el proceso político en el que se produjo el cambio esencial de la dictadura a la democracia; proceso que no fue ni una autotransformación del Régimen franquista ni tampoco su derrocamiento.

¿Por qué volvemos continuamente a aquel periodo ya tan lejano?

Recordemos antes, a los lectores que no lo vivieron, un antecedente aún más lejano.

La Guerra Civil (1936-1939) fue la referencia histórica, con poderosa influencia en la Transición; sobre todo en la actitud de las generaciones que la habían vivido. La guerra era objeto de la conversación pública fundamentalmente para exorcizar sus estragos. Se percibía que era imperiosa la necesidad de no volver a las andadas, buscar una salida pacífica a la crisis de descomposición (no solo de legitimación) del régimen de la dictadura. Aun así, la Transición tuvo su reguero de sangre, no fue tan pacífica como se pintó luego; y a punto estuvo la democracia casi recién nacida de acabar, a punta de pistola y al grito de “todos al suelo”, aquel 23F.

Pues bien, la Transición se ha convertido en la referencia histórica inevitable del periodo político actual.

Arrastramos una crisis de legitimación, no de descomposición, aún no resuelta, que sigue deteriorando a la democracia española. No ha sido bastante para superarla el gran impulso democratizador que supuso la movilización cívica y el movimiento de opinión pública en toda España que identificamos con el 15M. No ha sido bastante tampoco apartar del Gobierno a un PP enfangado en tapar su corrupción.

A diferencia de lo que sucedía con la Guerra Civil, de la Transición se ha podido hablar desde siempre con libertad; por supuesto cada cual con los medios a su alcance; escasos para quienes cuestionaban su versión mítica.

Preguntémonos ahora: la Transición, como referente histórico, ¿opera como un factor favorable o contrario a la superación de la actual crisis de la democracia española?

Antes de contestar, volvamos al comienzo.

Aquella piromanía de Martín Villa –y otros muchos– contribuyó a una versión míticamente rosa de la Transición: la democracia como obra de una santísima trinidad, Torcuato Fernández Miranda que la ideó, el rey que –declinando generosamente el poder autárquico otorgado por el caudillo– la promovió, y Suárez, ex secretario general y liquidador del Movimiento Nacional, que la ejecutó; todo con el beneplácito del pasivo pueblo y yendo de la ley a la ley, sin romperla ni mancharla.

Para cuestionar tal versión, bastaba la evidencia de que aquella trinidad terminó pronto como el rosario de la aurora: Suárez se quitó de en medio al profesor (a la sazón presidente de las Cortes franquistas) porque se vio obligado a llevar la Transición por un curso y un final impensados por el mentor del rey; y este hizo lo propio con Suárez, cuando se dio cuenta de que el jefe de Gobierno, tras la aprobación de la Constitución, tenía más poderes legales que él mismo, aunque todavía contara con el poder fáctico de un Ejército, cuyos mandos (excluidos los valientes de la UMD) eran todavía franquistas.

No obstante esa versión fue amplia –y no torpemente– publicitada. Los ucedeos, descabalgados del gobierno, tuvieron tiempo más que sobrado para mutarse en los auténticos paladines del restablecimiento de las libertades y los del partido de Fraga (refugio desde 1982 del franquismo sociológico y de sus políticos) hacerse los suecos sobre su papel en la Transición.

Anotemos que frente a esa versión rosa surgió una versión negra: la Transición como obra de ingeniería –ejecutada con precisión–, conspirativa, oligárquica e imperialista, que nada esencial cambiaba respecto del antiguo régimen, aunque se revistiera del ropaje constitucional de 1978; la continuidad de Juan Carlos I en la jefatura del Estado se mostraba como demostración de que si algo había cambiado era para que todo siguiera igual; la Constitución, un mero artificio.

Desde hace décadas los historiadores expusieron que era necesaria una revisión de la Transición; y poco a poco han ido adelantando en esa tarea, pero esa labor apenas se ha traspasado a la cultura política de los españoles, en consecuencia esta no se ha librado del peso muerto de las simplificaciones. Esto vale incluso para las generaciones que la vivieron. A las otras, nuestras escuelas públicas no les han enseñado apenas nada del origen de la democracia que disfrutan; afortunadamente se han librado de las luchas necesarias que conllevó su gestación; y no cabe pedirles que sientan los dolores de aquel parto. Aunque una mayor educación en valores cívicos les resulta necesaria para enfrentarse mejor a los riesgos y amenazas que se ciernen hoy sobre nuestra democracia.

Podemos convenir en que hay valores fundacionales de la Transición, de los que la política actual se ha ido alejando tal y como los refería Ignacio Sánchez-Cuenca en Dos visiones de la Transición. Respuesta a Amador Fernández- Savater (CTXT). Por eso recuperarlos es necesario para superar la actual crisis de nuestra democracia para revitalizarla, para rehabilitar su entero edificio institucional.

Pero esa recuperación exige identificarlos, comprender de dónde y cómo surgieron, qué resistencias encontraron, quiénes y desde cuándo los practicaron. En suma, conocer mejor la Transición. Difícil sin memorias documentadas. Difícil sin fechar y señalar sus hitos claves, criba que separa la verdad sólida que está en los hechos de la publicidad engañosa que se cuela por los huecos de la consciencia democrática. Difícil sin comprender y resaltar el protagonismo popular que hizo cambiar la posición de las personalidades más influyentes.

El libro de Alzaga –escrito con “espíritu convivencial"– podría servirle al Sr. Casado para percibir la flagrante contradicción entre su invocación al espíritu de la Transición, a sus valores, a la defensa de la Constitución por una parte y, por otra, su reiterada negación de la legitimidad de la presidencia de Sánchez y de su gobierno de coalición, con la que justifica la confrontación total en la que una y otra vez se reinstala.

Me temo, sin embargo, que no será así. A la mayor parte de los políticos de derechas parece que les ha olido a cuerno quemado el libro del demócrata cristiano de toda una larga vida. Comprensible, pues existió una derecha democrática en la oposición pero fue tan minoritaria y su activismo tan archiprudente que no consiguió imbuir cultura política democrática a las derechas dominantes de entonces, largamente beneficiarias del franquismo, que solo acudieron al diálogo, a la negociación y al pacto cuando se sintieron obligadas por una fuerte presión externa a ellas. Menos aún a sus herederas. La que preside el Sr. Casado preferirá seguir instalada cómodamente en la versión de que Juan Carlos I, sus valedores y la ciudadanía tratada como idiota lo fueron todo y no fue nada la lucha para ganar las libertades, ni siquiera la de la minoritaria derecha democrática de entonces. Así sucede porque el PP pretende conseguir recuperar el Gobierno asaltando al electorado con el cuento negro de que Sánchez es un presidente ilegítimo, dictatorial, que se mantiene a base de diálogos y pactos con los enemigos de España; y con el cuento rosa de que ellos la alzarán de nuevo unida, grande y libre. Aunque para esto mejor Vox.

En suma, la Transición, como referente histórico, operará positiva o negativamente en la superación democrática de la crisis actual en función de la consciencia de las generaciones actuales sobre lo que fue, comprendiéndola mejor desde la experiencia actual. 

Pensar que allí (en la Constitución de 1978 que fue su término y resultado) quedó enganchado nuestro presente es parecido a creer que Franco lo dejaba todo atado y bien atado; o creer que a las generaciones vivas solo les queda decir amén a lo que hicieron las precedentes o tragarse todos los cuentos, los de antes y los de ahora.

Ensalzar o denigrar sin tino y sin medida la Transición y la Constitución es más que errar. Es contribuir a que no haya debate político serio ni opinión pública bien informada. Es alimentar la pura confrontación política actual que solo interesa a la mayoría de las derechas, incluida la derecha independentista catalana.

O sea que será necesario seguir dándole vueltas a la Transición. No para llegar a una imposible versión única, sino para iluminarla, no con el fuego destructor que prendieron los pirómanos de entonces, sino con la memoria democrática. No para incendiarla sino para elucidarla con verdades históricas, sustento de la cultura política democrática de las sociedades.

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José Sanroma Aldea, abogado, fue secretario general de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) en el período de la Transición.

Es la fecha que da inicio a la autonomía plena de los andaluces, aunque para la memoria colectiva andaluza es un día eclipsado por otros como el 28 de febrero o el 4 de diciembre. Los alcaldes se movilizaron uno a uno para pedir que el café fuera para todos, porque Andalucía no quería ser más que nadie pero tampoco menos que nadie. Centenares de balcones se llenaron de arbonaidas [la bandera de Andalucía], dimitió el primer ministro de la democracia y un presidente entró en huelga de hambre. A pesar de las dificultades, el sí obtuvo casi el 90% de los votos, pero sólo participó la mitad de los andaluces que estaban llamados a las urnas. En octubre se cumplen cuarenta años de su celebración: hablamos del Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El 20 de octubre de 1981 los andaluces ratificaron el Estatuto de Autonomía para Andalucía a través de un referéndum, que contó con un “sí” rotundo. Más de 2 millones de personas apoyaron el texto autonómico, conocido popularmente como el Estatuto de Carmona —ciudad sevillana donde la Asamblea de Parlamentarios redactó su contenido—, y a finales de año se producía la corroboración en el Congreso de los Diputados y el Senado, con la firma del rey Juan Carlos I. Comenzaba de esta manera un período marcado por la esperanza de que el nuevo poder político andaluz surtiera de soluciones a la crítica situación socioeconómica por la que atravesaba la ya Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante, el camino fue largo y tortuoso.

El camino hacia la autonomía andaluza

La articulación territorial del Estado fue una de las cuestiones claves en los debates de la comisión encargada de la redacción del proyecto de Constitución de 1978. Finalmente este punto fue recogido en el Título VIII, que planteaba dos vías para el acceso a la autonomía: una lenta, contemplada en el artículo 143 y una rápida, la del 151, que había sido reservada a los denominados territorios históricos (Galicia, País Vasco y Cataluña). El Gobierno central de la UCD (Unión de Centro Democrático), presidido en aquel momento por Adolfo Suárez, defendía el camino lento, pero esto chocaba con las aspiraciones de la ciudadanía y con lo acordado por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas en el Pacto de Antequera (4 de diciembre de 1978), un documento en el que se declaraba la voluntad explícita de lograr la autonomía plena. Un año antes, el 4 diciembre de 1977, cerca de dos millones de andaluces ya habían salido a la calle en una multitudinaria manifestación en las ocho provincias, reclamando el Estatuto de Autonomía antes de que se fraguase el texto definitivo constitucional.

Desde estos momentos, y hasta la aprobación definitiva en octubre de 1981, se vivió una pugna política y ciudadana en pro de la aplicación del artículo 151. A las demandas de libertad y derechos individuales de la Transición, intrínsecamente asociados a la democracia, se sumaron los de la igualdad territorial. Fruto de ello fue que el 2 de diciembre de 1979, dos días antes de que celebrase el Día de Andalucía (por aquel entonces se festejaba el 4 de diciembre de manera extraoficial), se organizó una masiva concentración en toda la región que reclamaba la vía 151, y en consecuencia la aceleración del proceso autonómico. Meses antes, en junio de 1979, el Pleno de la Junta Preautonómica de Andalucía ya había decidido desarrollar el procedimiento autonómico por la vía 151, pero tenía que ser avalado a través de referéndum el 28 de febrero de 1980, fecha popularmente conocida como el 28F.

El caso de Almería

Durante la campaña del referéndum, a pesar de que el Gobierno Central había puesto en marcha el plebiscito, Suárez pidió a la ciudadanía la abstención con el objetivo de impedir que se alcanzaran los mínimos que exigía la ley para la ratificación del Estatuto por la vía 151. Estos eran, y así lo reflejaba el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, que “si no llegase a obtenerse la ratificación por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, no podrá reiterarse la iniciativa hasta transcurridos cinco años”. Rafael Escuredo (PSOE) que en aquel momento era presidente en la Junta Preautonómica de Andalucía, se declaró en huelga de hambre para visibilizar su apoyo a la consulta popular, que apenas habían recibido financiación por parte del Gobierno central. Además tampoco se había revisado el censo y la pregunta de la papeleta era algo confusa, para muchos interpretado como un intento para hacer fracasar el plebiscito: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”.

El referéndum superó el cincuenta por ciento de los votos en todas las provincias, a excepción de Almería, donde, con un porcentaje muy elevado de abstención, los apoyos sólo alcanzaron un 42,07% del total de electores. Sucedida esta catarsis, se plantearon varias propuestas, como repetir el referéndum en la provincia de Almería, o reconducir el proceso autonómico por la vía del artículo 141, como proponía el Gobierno (UCD). Hubo voces que solicitaron una autonomía biprovincial con Murcia, e incluso quienes apostaron por la conversión de Almería en una comunidad autónoma. Finalmente se llegó a un acuerdo entre Felipe González y Adolfo Suárez y se modificó la ley, introduciendo la posibilidad de que, en caso de no haberse aprobado por la mayoría de los ciudadanos con derecho a voto, se podía conculcar esa voluntad popular si así lo solicitaba la mayoría de los diputados y senadores que los representaban.

Dimite el primer ministro de la democracia

Los costes de la estrategia política del referéndum fueron evidentes para la UCD. Manuel Clavero Arévalo, conocido popularmente como el padre del café para todos, —frase que hacía referencia a la necesidad de extender el autogobierno a todas las regiones españolas más allá de las nacionalidades históricas y que lo llevó a convencer al propio Suárez —, dimitió como ministro de Cultura, siendo el primero en la democracia en hacerlo, así como varios líderes ucedistas andaluces. La incomprensión de la dirección del partido a las aspiraciones autonómicas del pueblo andaluz los llevó a tomar esta decisión. Un año más tarde llegaría la dimisión del propio Suárez. Aunque aún no existe un consenso claro sobre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, la moción de censura presentada por el PSOE (fallida), la tensión acentuada por la suspensión esos mismos días de su congreso nacional o la huelga de los controladores acabaron deteriorando la imagen del presidente, que terminó dimitiendo el 29 de enero de 1981.

A pesar del intento golpista el 23 de febrero por parte del teniente coronel Antonio Tejero, la democracia española se recuperó rápidamente y todo volvió a su cauce. En enero de 1982, se publicaba el Estatuto de Autonomía y unos meses más tarde, la Junta Preautonómica convocaba mediante Decreto las primeras elecciones autonómicas de Andalucía para el 23 de mayo de 1982. Con una participación del 66,3% de los electores, el PSOE de Rafael Escuredo se convirtió en la primera fuerza política del parlamento andaluz, con un 52,56% de los votos, seguido de la formación de derechas Coalición Popular, que obtuvo el 17% de los votos. La posición mantenida en el tramo final de la pugna por la Autonomía pasó factura a formaciones como UCD o el PSA (Partido Socialistas de Andalucía) de Luis Uruñuela , que obtuvieron un 13,05% y 5,40% de los apoyos. Finalmente, el 4 de agosto de 1982 se constituyó el primer gobierno autonómico de Andalucía.

El exministro de la UCD Manuel Clavero Arévalo,  ha fallecido este lunes, 14 de junio, a los 95 años de edad, según han confirmado a Europa Press fuentes del Grupo Joly, de cuyo Consejo Editorial era presidente en estos momentos. Como ministro para las Regiones durante los gobiernos de Adolfo Suárez, Clavero es considerado el padre del café para todos, por el cual se decidió conceder el autogobierno al conjunto de los territorios —no solo a las llamadas nacionalidades históricas, esto es, Euskadi, Cataluña y Galicia— hasta consolidar el actual Estado de las autonomías.

Nacido en Sevilla en abril de 1926, ha sido un prestigioso abogado y catedrático de Derecho Administrativo en Salamanca y Sevilla, universidad esta última de la que fue rector por elección entre 1971 y 1975. Distinguido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía en 1999, Clavero Arévalo tuvo como catedrático en Salamanca y Sevilla entre sus alumnos a dos futuros presidentes de gobiernos de la democracia, como fueron Adolfo Suárez y Felipe González.

Además, Clavero Arévalo da nombre desde el pasado año 2020 a una de las medallas de Andalucía que, por el 28 de febrero, concede anualmente el Consejo de Gobierno de la Junta en virtud de una iniciativa del actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que hasta ahora han recibido el expresidente andaluz Rafael Escuredo, en 2020, y el Parlamento andaluz en este 2021.

Medalla de oro del Instituto de Academias de Andalucía y miembro de las Reales Academias de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; de las Buenas Letras de Sevilla y de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla, Manuel Clavero ha sido igualmente profesor en la Facultad de Derecho Comparado de Estrasburgo y ha publicado numerosos libros y trabajos sobre diversos aspectos del mundo del Derecho.

En el ámbito de la política, Manuel Clavero Arévalo desempeñó un papel clave en la configuración de la nueva España de las Autonomías, según destacó la Junta cuando le concedió en 1999 el título de Hijo Predilecto de Andalucía. Fundador en 1976 del Partido Social Liberal Andaluz, integrándose posteriormente en la Unión de Centro Democrático.

Diputado al Congreso por Sevilla entre 1977 y 1982, en la transición a la democracia en España ocupó el primer Ministerio para las Regiones (1977-1979), y durante la primera legislatura constitucional se hizo cargo del Ministerio de Cultura. Desde la Junta se subrayó en 1999 que su rechazo al intento gubernamental de privar a Andalucía de un régimen autonómico pleno le llevó a presentar la dimisión como ministro de Cultura, participando activamente en la campaña por el sí en el referéndum autonómicosí  del 28 de febrero de 1980.

Ha recibido, entre otros galardones, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz del Mérito Civil y la Gran Cruz de Carlos III, y ha sido miembro de la Orden del Mérito Constitucional.