La justicia argentina respaldó este lunes una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera del país, para suspender la aplicación de 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios de regresividad en materia laboral, afectación de principios constitucionales y riesgo de daños irreparables en el marco de la reforma laboral aprobada el pasado febrero por el Congreso, por lo que ordenó la suspensión provisoria de artículos que introducen cambios sustanciales al régimen laboral argentino.

Entre los 82 artículos afectados por la resolución se encuentran aquellos que limitan el derecho a huelga, al establecer límites para la realización de asambleas, y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales e incluso prevén el quite de personería jurídica para sindicatos, entre otros.

El juez resolvió, además, suspender aquellos artículos que afectan el derecho de negociación colectiva y que introducen cambios en los períodos de prueba, en la computación de los años de antigüedad y en las indemnizaciones.

El fallo deja temporalmente sin efecto la derogación de la ley de teletrabajo y los artículos que limitan la responsabilidad de las empresas que utilizan mano de obra tercerizada y que califican de "prestadores independientes" a los trabajadores de plataformas tecnológicas.

Según la demanda sindical, la reforma establece "modificaciones peyorativas y permanentes" que vulneraban de forma ostensible derechos constitucionales, así como la protección ante el despido y la libertad sindical.

El juez reconoció la legitimidad del reclamo de la CGT y decidió dar lugar a esta medida provisoria, que podrá ser apelada.

Por la cantidad de artículos afectados, la medida cautelar resuelta este lunes es una de las más importantes dictadas hasta ahora en contra de la reforma laboral.

Hace apenas unos días, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) consiguió la suspensión de los artículos que limitaban la vigencia de los convenios colectivos y la financiación sindical.

La norma también motivó al menos cinco fallos por parte de distintos jueces locales en rechazo a un artículo que modifica el cálculo de las indemnizaciones.

La reforma laboral fue aprobada el 27 de febrero por el Congreso y promulgada apenas unos días después, en medio de sucesivas manifestaciones y una huelga general convocada por la CGT

Cientos de manifestantes se concentraron este jueves a las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en el marco de la huelga general convocada para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, informa EFE.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles y lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

El paro de 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.

Los sindicatos alegan que la reforma implica reducir derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un "importantísimo" nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de seguimiento de la huelga entre sus afiliados es del 98%.

El Senado argentino aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, que modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.

Tras una sesión de mas de catorce horas y una tensa jornada por la batalla campal protagonizada en el centro de Buenos Aires por las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios a esta reforma, la Cámara Alta aprobó el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.

La secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, (ambas personas de máxima confianza del presidente), asistieron a la votación desde un palco del Senado.

"Histórico, VLLC" (viva la libertad carajo), posteó Milei en la red social X inmediatamente después de la votación.

Ahora falta que los senadores realicen la votación particular, es decir, voten por separado cada uno de los 26 capítulos que conforman el proyecto y esto podría modificar aspectos del texto. Después pasará a la Cámara Baja con las modificaciones que surjan en el camino.

El Gobierno quiere que la ley haya superado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrecerá un discurso a la nación. El debate y votaciones de este proyecto de ley se están llevando a cabo actualmente en sesiones extraordinarias.

El pase por el Senado es el primer logro de la Libertad Avanza (LLA, partido de Milei) en el Congreso este 2026 y responde al buen resultado obtenido en las elecciones legislativas de octubre pasado, cuando la formación ultraderechista aumentó de manera significativa su representación en las dos cámaras del Congreso.

Con el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR, centro-derecha), Propuesta Republicana (PRO, derecha) bajo el liderazgo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- y los bloques federales, LLA logró que 38 senadores habilitaran el quorum para iniciar la sesión celebrada este miércoles.

El proyecto llegó a la Cámara Alta tras numerosas modificaciones del texto acordadas hasta última hora y negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, cuyos representantes parlamentarios se expresaron a favor de la medida.

Durante la tarde del miércoles, al tiempo que se debatía la reforma laboral en el Senado, la Plaza del Congreso de Buenos Aires y las calles aledañas fueron escenario de una batalla campal entre manifestantes contrarios a la reforma laboral y las fuerzas de seguridad, con el resultado de varios heridos y detenidos. 

El Gobierno del ultraliberal Javier Milei impulsará en Argentina el debate de una reforma laboral que ya despierta el rechazo sindical, en momentos de elevada informalidad y destrucción de puestos de trabajo, tanto en el sector privado como en el público.

Milei, en la Presidencia desde finales de 2023, enviará al Congreso un proyecto de "modernización" de la normativa laboral para su discusión después del 10 de diciembre, cuando se renueve la composición de las dos cámaras parlamentarias a la luz del triunfo del oficialismo en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre.

Aunque el texto definitivo del proyecto aun no está listo, fuentes oficiales consultadas por EFE señalaron que la iniciativa busca "eliminar las rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas" para "facilitar la contratación y la formalización". Entre los cambios propuestos está que los convenios colectivos por sector de actividad dejen de tener primacía sobre los acuerdos por empresa, lo que, según el Gobierno, permitirá ajustar las cláusulas a la realidad de cada compañía.

El Ejecutivo de Milei quiere, además, que las negociaciones paritarias tengan en cuenta las diferencias entre regiones del país y la "sostenibilidad económica" de las empresas. Considera que la actualización salarial por la tasa de inflación -aún muy elevada en Argentina- es un "modelo agotado" que debe ser reemplazado por otro basado en el "mérito" y la "productividad" del empleado.

La reforma también promoverá la libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte y la creación de 'bancos de horas', para que las horas extra acumuladas, en vez de ser pagadas, se compensen con días libres.

Las centrales sindicales de Argentina -en las que tiene fuerte peso el peronismo, principal fuerza de oposición política- han anticipado su rechazo a cualquier reforma que implique retrocesos en los derechos de los trabajadores.

Los dirigentes sindicales admiten que se necesita modernizar ciertos acuerdos colectivos para introducir cuestiones como el teletrabajo o los empleos vinculados a las nuevas tecnologías, pero rechazan cambios que limiten el papel de los sindicatos o pongan al trabajador en una posición de debilidad ante la empresa a la hora de establecer condiciones de trabajo y salarios. "La reforma así planteada lo único que va a lograr es precarizar al trabajador. Lo único que se busca es la eliminación de los sindicatos", advirtió a EFE Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.

El dirigente sindical señaló que Milei, que también planea impulsar una reforma en el régimen tributario, "no tiene un proyecto productivo para Argentina", lo que -recalca- es "esencial" para fortalecer la producción nacional y generar empleo. "Una reforma laboral que no esté atada a un plan productivo no creará fuentes de trabajo. Por el contrario, Milei ha generado despidos masivos en el Estado y su política económica provoca el cierre de comercios e industrias, que dejan gente en la calle", afirmó Moreno.

Según Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre los aspectos "preocupantes" de la reforma están el 'banco de horas', "porque obligará al trabajador a una disposición laboral constante", y los 'salarios dinámicos', que llevarán a negociaciones individuales entre la empresa y cada trabajador. "Esto profundiza las desigualdades y las arbitrariedades en la relación laboral y quita poder a los gremios", observó Letcher.

De acuerdo a datos del CEPA, desde el inicio del Gobierno de Milei y hasta julio pasado cerraron 18.032 empresas -30 por día- y se perdieron 253.728 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado, mientras que en el ámbito público nacional se eliminaron hasta agosto 57.621 empleos.

Según las últimas cifras oficiales disponibles, la tasa de desempleo se situó en el segundo trimestre del año en el 7,6%, con caída en el empleo asalariado formal y crecimiento en el trabajo por cuenta propia y en el empleo no registrado, con una tasa de informalidad del 42%.

Esta semana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteaba una estrategia para batallar con el Gobierno en el plano económico. Un tema, la economía, que había estado orillado durante meses después de que varios organismos internacionales destacasen el buen comportamiento macroeconómico de España. Incluso el ministro del ramo, Carlos Cuerpo, se había quejado de que la oposición no le hacía preguntas en las sesiones de control. Para poner en marcha esa estrategia, la formación popular se ha propuesto dirigirse a las clases medias y a los trabajadores que cobran anualmente entre 30.000 y 40.000 euros. “Aspiramos a rescatar emocional y económicamente a la clase media”, señalaban desde el equipo de Feijóo. Sin embargo, este marco de rentas no parece agrupar a la mayoría de trabajadores.

El salario medio anual en España en 2023 fue de 28.049 euros por trabajador, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el INE en mayo. Las mujeres cobraron 25.591 euros y los hombres 30.372 euros. Sin embargo, si rebuscamos en los datos, el salario más frecuente, se quedó en 15.574 euros brutos al año, un importe que aumentó con respecto a 2022 un 8% por la subida del salario mínimo interprofesional. En el gráfico, que muestra el porcentaje de trabajadores en cada categoría salarial, el colectivo entre los 30.000 y los 40.000 euros no es el que más gente ampara, aunque sea el rango que ofrece el PP para hablar de clase media. Pero si se miran las encuestas de autopercepción, la mayoría de ciudadanos se sitúan a sí mismos como clase media.

Entonces, ¿qué hay dentro de este conjunto? “Clase media es un término algo ambiguo y 'atrapalotodo': da mucha flexibilidad a los partidos para dirigirse a una audiencia amplia y a la ciudadanía para reconocerse en ella”, resume Berta Caihuelas, investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Hablar de clases medias es mucho más que hablar de rentas y salarios. “Definir solo por ingresos omite factores clave: no es lo mismo ganar 35.000 euros siendo inquilino que propietario, especialmente en el contexto actual del mercado de vivienda en España”, explica Caihuelas. Y además, aunque la denominada clase media habitualmente es la diana de los discursos políticos, tampoco es demasiado evidente para los expertos que este colectivo funcione como catalizador electoral. “Por mucho que se empeñen los marxistas, el interés objetivo del ‘salariado’ no es una posición autoevidente en cuanto se disipan las nieblas ideológicas”, advierte el sociólogo César Rendueles en su libro Contra la igualdad de oportunidades.

“Cuando se habla de clase media suele usarse una definición por ingresos o riqueza, a la que conviene añadir factores como la estabilidad laboral”, explica la investigadora. “Por ejemplo, el tramo entre los 30.000 y 40.000 euros anuales agrupa perfiles diversos y políticamente heterogéneos: los profesionales socioculturales (como los maestros) tienden más a la izquierda, mientras que los propietarios de pequeños negocios suelen inclinarse a la derecha”.

Si observamos los datos que da el CIS, en su último barómetro un 38% de los encuestados se consideran de clase media, siendo esta la opción más elegida. La siguiente categoría con más porcentaje es la “clase baja/pobre”, que agrupa a un 17%, seguida de la “clase trabajadora/ obrera/ propietaria”, con un 15,8% y de la “clase media/baja”, con un 13%.  Para la investigadora esto se debe, no a que tendamos a sobrestimar nuestra posición social, sino a que el concepto de clase media no se define únicamente por los salarios. “Vemos que el cruce entre ingresos del hogar y autoubicación de clase sigue un patrón bastante razonable: a mayor renta, mayor probabilidad de situarse en estratos medios y altos”, concluye Coihuelas.

“Sentirse clase media suele reflejar cierta seguridad material, algo así como ‘me podría ir mejor, pero no me va nada mal’”, explica la investigadora. “Eso puede favorecer opciones más conservadoras o menos transformadoras o radicales entre las personas que se identifican como clase media, ya que el status quo no se percibe como problemático”, concluye. De ahí que el PP haya redirigido su discurso a este conjunto.

Otra definición que explica Rendueles en su libro amplía los parámetros económicos y demuestra también la popularidad del término entre la gente y su atractivo para el relato político. Esta asume que la clase media serían el 40% de personas que se ubican a ambos lados de la mediana de rentas, de forma que por encima solo quedaría el 30% más rico y por debajo el 30% más pobre. Esto que recoge el sociólogo es lo que ha hecho que muchos partidos se ocupen directamente de interpelarlos a ellos olvidando el concepto de la mayoría. Y aventura una definición: "No son ricos, sino asalariados con una posición económica desahogada: unos doce millones de personas que no viven una orgía de lujos decadentes, como los superricos, pero sí tienen acceso a niveles relativamente altos de consumo, alto nivel educativo, empleos de calidad y capital cultural". Lo que los ha llevado, concluye, a tener una cierta sobrerrepresentación en los programas de los partidos políticos.

“En el desarrollismo franquista, básicamente en los años 60 y 70, empieza a permear una idea de clase media que gira en torno al nivel de vida, a comprarte un coche, ir de vacaciones y poder aspirar a una vivienda propia”, explica Miguel Artola, profesor de Historia Económica de la Universidad Carlos III de Madrid. Esta idea, aunque ha calado en la forma en que concebimos nuestra posición de clase, “ya no es un horizonte tan claro” para las generaciones actuales, apunta. Por un lado, las prioridades se han ido redefiniendo y, por otro, los altos precios del mercado inmobiliario han desplazado este factor de la ecuación.

“En España siempre se ha puesto énfasis en un elemento como la casa en propiedad, pero en otros países esto no ha sido tan importante”. Ahora, matiza el profesor, “puede haber ciudades donde la vivienda es tan cara que mucha gente puede considerarse clase media sin ser propietario de su vivienda”. O puede darse la situación contraria, que el precio de la vivienda genere un malestar que haga que menos personas se reconozcan como clase media. Son las paradojas de la sociología entre las que debe navegar el discurso político, y más, cuando trata de capitalizar los malestares. “En el fondo, cuando un partido dice que apela a la clase media, trata de apelar a un colectivo en el que se identifican el grueso de los españoles”, concluye el profesor.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral sigue avanzando hacia el momento decisivo de su tramitación en el Congreso. En este marco, infoLibre y el Ministerio de Trabajo organizan un foro bajo el rótulo El impacto de la nueva jornada laboral, avances y retos, en el que ha participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Junto a ella, en una mesa redonda posterior, también han aportado sus ideas Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras (CCOO); Fernando Luján de Frías, vicesecretario general de política sindical UGT; Marta Junqué, fundadora y directora de Time Use Initiative (una plataforma dedicada a estudiar la organización del tiempo en el ámbito laboral) y la sindicalista Afra Blanco.

Tras las palabras de la ministra, los agentes sociales han insistido en las mejoras que podría suponer esta medida para los trabajadores. “Habrá menos absentismo y mejorará la salud”, remarcaba Luján. Tanto desde UGT como desde CCOO han destacado el efecto positivo que podría tener en la conciliación y en el estrés laboral.

En su intervención, Díaz ha puesto el foco en la tramitación de la medida y ha advertido a quienes se oponen a su aprobación que existe una “presión social” para que salga adelante. Si bien los votos para su aprobación aún no están atados, la ministra ha señalado que sigue hablando con Junts y ha lanzado un mensaje al Partido Popular instándoles a que sus 137 diputados respalden la propuesta. “Es muy difícil colocarte en contra de un país que va en otra dirección”, sentenció. En la entrevista —que ha conducido la directora de Infolibre, Virginia P. Alonso— Díaz acusó a quienes se oponen a reducir la jornada efectiva hasta las 37,5 horas de intentar “paralizar los avances que dan esperanza a la ciudadanía”.

El principal cambio que recoge es una disminución de la jornada desde las 40 horas semanales hasta las 37,5 sin merma de salario y, por el momento, va camino del Congreso sin los apoyos asegurados. Además de esto, en el acuerdo al que Trabajo ha llegado con los sindicatos se recogen otras pautas que ponen el foco en el derecho a la desconexión digital, sanciones a las empresas que no cumplan y un registro horario que deberán implantar las compañías y al que Inspección de Trabajo tendrá acceso directo. Del acuerdo, que se negoció durante 11 meses, se descolgaron las patronales CEOE y Cepyme, alegando un impacto severo en los márgenes empresariales.

Sobre la desconexión digital y los mecanismos para controlar las horas extra que realizan los trabajadores, han insistido reiteradamente los representantes sindicales. “Son dos mecanismos clave que deben acompañar la nueva ley. Es absolutamente fundamental que estos puntos funcionen para que la norma resulte creíble”, insistió Luján, que calificó de “inaceptable” que se realicen “seis millones de horas extra en España, de las cuales la mitad no se abona a los trabajadores”.

“No tenemos que trabajar como hace 40 años, tenemos que trabajar mejor”, remarcó la ministra en relación con las reticencias de los empresarios, y puntualizó que en una tramitación de tan largo recorrido muchas empresas ya se habían ido adaptando en previsión de un cambio normativo, por lo que el impacto sería limitado. También apuntó que el efecto económico que tendrá en las compañías será “la mitad que el de la subida del salario mínimo” y acusó a la patronal de utilizar siempre “los mismos argumentos”.

Según los datos del propio Ministerio de Trabajo, las 37,5 horas repercutirá en 12 millones de trabajadores, ya que el resto tienen esta medida contemplada en sus convenios colectivos. “Necesitamos una sociedad que esté viva, que nos pida mucho”, concluyó la ministra.

En la mesa redonda posterior, los representantes sindicales y la directora de Time Use Initiative se extendieron en los pormenores que implica esta medida. Por un lado, Fernando Luján, de UGT, y Maricruz Vicente, de CCOO, han hablado sobre el desarrollo del pacto, ya que ambos han estado presentes en las negociaciones para la reducción de jornada. “Afrontamos la negociación buscando un acuerdo con las organizaciones empresariales y con el Gobierno y, aunque hubo un momento en el que había posibilidades, luego se mezclaron cuestiones políticas y se paró”, apuntó la representante de CCOO. “La patronal no tenía una intención clara de llegar a un acuerdo”, puntualizó Fernando Luján.

El secretario de política sindical de UGT puso el foco en la productividad laboral, uno de los argumentos que se suele esgrimir para rechazar la reforma. “Los países más productivos de nuestro entorno son los que tienen las jornadas más cortas. La productividad no tiene que ver con el tiempo de trabajo, y para que aumente, hay que invertir en tecnología, en formación y en métodos de organización”, explicó.

Otro punto central en el encuentro fue el impacto que puede tener en la conciliación, los cuidados y el empleo femenino una reforma que gana dos horas semanales al horario laboral. “Necesitamos un cambio radical en cómo afrontamos la política de los cuidados en España y esto pasa por implementar unas políticas diferentes donde las empresas, el Estado y los hombres, sean corresponsables”, explicó Vicente. La representante de UGT señaló que la mayoría de los permisos no remunerados y de las jornadas parciales sigue siendo cosa de mujeres. Un punto en el que también puso el acento Afra Blanco, que abogó por la necesidad de profesionalizar los cuidados, una actividad cuyo peso “sigue en manos de las mujeres” y que “se debería reconocer”.

Para Marta Junqué de Time Use Initiative, si la reducción de jornada saliese adelante, se estaría dando un paso importante que ayudaría a conjugar la vida personal y profesional. “Los niveles de conciliación en España son menores que en nuestro entorno. En Portugal, por ejemplo, reducir la jornada ha hecho que el porcentaje de personas que ven imposible conciliar haya bajado de un 48% a un 8%”, puntualizó la experta.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. En la clausura del Congreso de CCOO Industria que se celebra este jueves en Toledo, la titular de Trabajo ha explicado que el Consejo de la semana que viene verá en segunda vuelta el anteproyecto de ley y lo aprobará para que inicie así su tramitación parlamentaria, según informa EFE.

Esta iniciativa, fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos y del que se descolgó la patronal, será aprobada dos días antes de que CCOO y UGT salgan a la calle el Primero de Mayo para instar al Gobierno y a las fuerzas políticas a sacar adelante esta nueva jornada laboral.

La vicepresidenta segunda ha asegurado en su intervención que ésta "va a ser, seguramente, la política más difícil que nos va a tocar defender". "Nos vamos a tener que dejar la piel", ha dicho Díaz, recordando que la reducción de jornada laboral "es la medida que más desea y valora el conjunto de los españoles, voten a quien voten".

Y ha pedido ante un auditorio lleno de delegados sindicales de CCOO que "recorran el país de arriba a abajo para que el sentido común de la calle llegue al voto decisivo del Congreso de los Diputados".

La reducción de jornada, desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 37,5 horas, llevará de la mano la reforma del control horario objetivo, fiable, accesible e interoperable, un elemento clave para que se cumpla el tiempo de trabajo.

Díaz ha detallado que cuando llegó al Gobierno se realizaban más de 6 millones de horas extraordinarias sin retribuir a la semana y que esta cifra se ha reducido ya a 2,5 horas, pero ha añadido que hay que seguir avanzando.

El proyecto de ley recoge también el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la propia intimidad de los trabajadores.

Además, en el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, la iniciativa recoge que habrá una infracción por cada persona trabajadora afectada cuando no exista registro o los datos sean falseados.

Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave y conllevarán multas de entre 1.000 y 10.000 euros.

Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración de la jornada.

El anteproyecto de ley fue visto en primera vuelta en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, tras lo que ha superado diferentes trámites, entre ellos, el del Consejo Económico y Social (CES) que, aunque reconoció su relevancia social y apostó por avanzar en ese objetivo, consideró que su impacto económico está "insuficientemente fundamentado e incompleto".

El nuevo gobierno belga llega al poder con la tijera de los recortes. Y con mano dura contra la inmigración. Estos dos ejes políticos discurren en paralelo y son vasos comunicantes en la nueva coalición Arizona, por los colores de sus partidos, semejantes a la bandera del Estado norteamericano, pilotada por los nacionalistas flamencos de extrema derecha, la N-VA, cuyo líder, Bart de Wever, es el nuevo primer ministro.

La coalición está formada por la N-VA, los democristianos flamencos y los francófonos, los liberales valones y los socialdemócratas flamencos. Las cinco formaciones han dejado su impronta en un programa de gobierno que ya se conoce pero con un marcado tinte de los nacionalistas flamencos, una formación que en la Eurocámara forma parte del mismo grupo parlamentario que los Fratelli de Giorgia Meloni o los ultracatólicos polacos del PIS.

El objetivo del nuevo gobierno será reducir en 23.000 millones de euros los gastos hasta 2029, un ajuste considerable para cumplir con las reglas fiscales europeas, ya que Bélgica cerrará este año rozando el 5% de déficit y lo superará el próximo. Los recortes se centrarán principalmente en el gasto social (desempleo, pensiones y otras prestaciones) y en las partidas de la política migratoria, a base de endurecer los requisitos de acceso, permanencia y atención en el país.

Como en los mejores tiempos de la troika en otros socios europeos, antes de anunciar ajustes y reformas, Bart de Wever esgrimió la política del miedo y la herencia recibida. “Nos preparamos a realizar el ejercicio de saneamiento presupuestario más difícil de nuestra historia moderna, con elecciones que no son fáciles pero que hace falta tener el coraje político de defender”, aseguró el ex alcalde de Amberes, ciudad mutada bajo su mandato en un Gran Hermano mediante la instalación masiva de cámaras en las calles para perseguir la delincuencia y el tráfico de drogas.

La batería de medidas que acaba de presentar la coalición Arizona ante el Parlamento belga y que está en el programa de gobierno pactado entre los cinco partidos destaca por el recorte en las prestaciones de desempleo. Su límite pasará a ser de dos años como máximo y la reforma es más amplia. A falta de concretar los detalles, el ejecutivo quiere que la prestación sea más elevada al principio pero el importe disminuirá con intensidad a mitad de la prestación. Un modelo similar al que ya existe, por ejemplo, en España, pero llevándolo al extremo para forzar al trabajador a buscar un nuevo empleo.

Con este fin, la coalición Arizona ralentizará la revalorización de las prestaciones de desempleo por debajo del aumento de los salarios y que antes de 2029 exista una diferencia como mínimo de 500 euros al mes entre un sueldo base y la prestación. Sin tener en cuenta la progresividad fiscal, el nuevo gobierno aumentará la parte no tributable de todos los salarios al tiempo que reducirá la contribución del empleador a la Seguridad Social. En definitiva, una rebaja fiscal para las empresas ya que también aumentará el importe diario de los cheques comida que ofrecen obligatoriamente, exentos IRPF y cotizaciones, pero se eliminan los cheques ecológicos al trabajo, dedicados a gastar en la renovación de electrodomésticos menos contaminantes o la movilidad sostenible.

“Son elecciones inevitables para asegurar la prosperidad y el bienestar”, se justifica De Wever, quien considera que el acuerdo presentado al parlamento belga es “equilibrado”. La reacción no se ha hecho esperar, el gran sindicato FGTB convocará una huelga general contra los recortes anunciados, que califica como “una declaración de guerra”.

Estas reformas sobre la fiscalidad del trabajo en favor de las empresas tendrán un impacto en la Seguridad Social, así que la nueva coalición impondrá parte de la carga en los pensionistas, otro de los grandes colectivos afectados por los recortes. A partir de 2026, los jubilados antes de la edad legal de 66 años serán penalizados en su prestación con el 2% por año de anticipación. A partir de 2030, la penalización sería del 4% y los que se anticipen su retiro desde 2040 sufrirían una del 5%. Además, la edad de jubilación saltará a los 67 años a partir de la próxima década, la misma cifra que en España mientras en Francia permanece en los 64.

“El mejor momento para plantar un árbol era hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora”, reflexionó Baart de Wever delante de los diputados belgas, a los que anunció también que su coalición Arizona quiere fijar esa edad de 67 años el retiro del personal militar, que ahora mismo se beneficia de un límite más bajo dada la particularidad de su profesión, en los 56. Son once años más, lo que también acaba de generar protestas entre las asociaciones militares.

La reforma laboral es de amplio calado aunque el gobierno liderado por De Weber la camufle como medidas individuales y concretas. Se permitirá que los jóvenes de quince años pueden trabajar hasta 650 horas al año, mientras todavía son estudiantes, y se levantará la prohibición del trabajo nocturno en sectores como el comercio electrónico. Además, este horario nocturno ya no empezará a las ocho de la tarde sino a medianoche. La liberalización comercial también suprimirá la jornada obligatoria semanal de cierre para las tiendas.

Siendo parte del gobierno de coalición la pasada década, la N-VA precipitó su caída al negarse a suscribir convenios migratorios de Naciones Unidas. Entonces, uno de sus pesos pesados, Theo Franken, era el secretario de Estado de Migración y Asilo, famoso por su beligerancia entre 2014 y 2018 contra la llegada de refugiados procedente de Siria y otros países árabes.

Hoy, Theo Franken vuelve al Gobierno como ministro de Defensa, el encargado de llevar al gasto militar de los presupuestos por encima del 2% del PIB, según las indicaciones del primer ministro De Weber, pese a los problemas presupuestarios que supuestamente exigen los recortes anunciados. Pero su mano dura migratoria estará presente en un contexto internacional más favorable, tanto en Europa como en los Estados Unidos de Donald Trump.

Las medidas anunciadas llevan el claro sello de la N-VA y han sido aceptadas sin cuestionamiento por los socialdemócratas flamencos. Forman una amplia paquete legislativo que situarán a Bélgica en la línea de la Italia de Meloni o la Hungría de Orbán.

En un país donde el acceso al domicilio está muy limitado para las fuerzas de seguridad, la policía y los funcionarios del Departamento de Migración sí podrán penetrar en las viviendas donde se encuentren demandantes de asilo que hayan agotado los recursos legales para su estancia. Al mismo tiempo, Bélgica acelerará la conclusión de acuerdos bilaterales con terceros países para que los 'sin papeles' detenidos cumplan allí sus penas. Y el gobierno se presentará en Bruselas como un nuevo socio del frente contestatario de las normas migratorias, ya que rechazará cualquier obligación de acogida si el país ha recibido un numero mayor del que le corresponde.

Si la propuesta es aceptada por el Parlamento, los migrantes que empiecen a llegar a Bélgica no podrán acceder a ningún tipo de ayuda social, incluidos los subsidios básicos, hasta pasados cinco años y las tasas para acceder a la nacionalidad se multiplicarán casi por diez, desde los 150 euros hasta los 1.000. En el sexto país de la Unión Europea con la renta per cápita más alta, la nueva coalición Arizona llega con la idea rotunda de que la carga de la actual política migratoria “es demasiado alta y excede lo que la sociedad puede absorber”.

Obviando cualquier tipo de cuestión humanitaria o la realidad en los países de origen, para Baart de Wever, el nieto del secretario de la filonazi Liga Nacional Flamenca, único partido autorizado por los ocupantes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, la vida en Bélgica de los migrantes “no es un camino por el parque” sino “una montaña extremadamente difícil, pero aquellos que hagan el esfuerzo de ascenderla podrán disfrutar de la vista”.

La reforma laboral de 2022 ha supuesto un cambio notable en el paisaje con que acostumbraba a dibujarse el mercado de trabajo español, abonado al abuso del contrato temporal. Las estadísticas así lo revelan, con un crecimiento del empleo indefinido de 3,4 millones de afiliados en los últimos años y una caída de 10 puntos porcentuales en la tasa de temporalidad. De forma que también se han alterado las pautas del despido: ha aumentado el número de los indefinidos a los que se rescinde el contrato y disminuido los ceses de temporales. Al tiempo, se han reducido las cuantías medias de las indemnizaciones que reciben los fijos y crecido las compensaciones que reciben los temporales. El motivo principal es que cada vez se despide a trabajadores indefinidos con menos antigüedad. En cambio, los temporales tienen 12 días por año trabajado como compensación, pero si la empresa prescinde de ellos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, la indemnización sube a 20 días.

También se ha producido un cambio más sorprendente. Desde 2022, cuando entró en vigor la última reforma laboral, las indemnizaciones que las empresas pagan a las mujeres con contratos indefinidos y desde 2021 también a las fijas discontinuas. Nunca había ocurrido antes. Al menos en su cuantía media, según constata la última Estadística de despidos y su coste, que publicó el Ministerio de Trabajo hace apenas dos semanas.

El dato es llamativo porque los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres y son precisamente las retribuciones el parámetro básico sobre el que se calcula la indemnización: 20 días de sueldo por año trabajado para los despidos por causas objetivas, 33 días para los improcedentes. De hecho, en 2022, el último año del que ha publicado datos la Encuesta de estructura salarial del INE, la brecha salarial, entendida como la diferencia entre el salario bruto por hora de hombres y mujeres, se situó en el 9%.

Es más, la encuesta se encarga de destacar que, en todas las actividades económicas en las que la representación femenina es “significativa”, las mujeres tienen siempre un salario inferior al de los hombres. Otra muestra adicional de la desigualdad salarial por sexos es que el 30% de las mujeres percibió en 2022 menos de 15.000 euros anuales, mientras que en el caso de los hombres no llegaron al 14%. Por el contrario, en la parte superior de los salarios, el 35% de los hombres cobró más de 30.000 euros anuales, pero sólo superó ese límite el 27% de mujeres.

Y esa diferencia se reproduce independientemente del tipo de contrato. Los sueldos de las mujeres con contrato indefinido son un 10,2% inferiores a los de los hombres y un 5,5% menores si tienen contratos temporales.

No obstante, los salarios femeninos no han dejado de subir, e incluso mejoran más que los de los hombres. En 2022, el sueldo medio de las mujeres creció un 5,1%, mientras que el de los hombres lo hizo un 3,5%. Aun así, ese año el salario medio de las trabajadoras españolas ascendía a 24.359,82 euros; el de los trabajadores se elevaba a 29.381,84 euros, un 20,6% más.

El segundo parámetro para calcular la indemnización es la antigüedad del trabajador o trabajadora. ¿Están despidiendo las empresas a trabajadoras más veteranas?

La estadística de Trabajo no ayuda a contestar a esa pregunta. Porque, al desglosar las cuantías medias de los despidos por la antigüedad del trabajador y su sexo, resulta que las mujeres cobran indemnizaciones más elevadas sólo cuando llevan menos de tres meses en la empresa. Las cantidades recibidas por los hombres empiezan a ser superiores que las recibidas por las mujeres cuando acumulan más de tres meses de antigüedad. Y la brecha se agranda según crece el tiempo de permanencia en la empresa: mientras que entre tres y seis meses de antigüedad la diferencia entre la indemnización masculina y la femenina es sólo de 80,6 euros a favor de los hombres, entre uno y dos años ya es de 814,3 euros, y nada menos que de 4.872,4 euros si llevan más de dos años trabajando en la misma compañía.

infoLibre ha preguntado tanto al Ministerio de Trabajo como a CCOO y UGT por las causas de este cambio. El departamento que encabeza Yolanda Díaz atribuye el alza de las indemnizaciones de las mujeres al aumento del número de mujeres que han pasado de tener contratos temporales a indefinidos desde la reforma laboral. Según la estadística de contratos del SEPE, las conversiones de contratos temporales a indefinidos de mujeres ascienden a 1,01 millones desde enero de 2022 hasta noviembre de 2024. En el caso de los hombres, fueron 1,2 millones. En 2022, el primer año de aplicación de la reforma, las conversiones de temporales a indefinidos se dispararon hasta 1,32 millones, un 51,8% más que en 2021. Pero crecieron mucho más las de mujeres: las 228.232 nuevas indefinidas equivalen a un alza del 62,2%, mientras que los 226.817 nuevos indefinidos dejan su mejora en un 44,4%. Las que fueron despedidas de entre esas nuevas indefinidas consiguieron así mayores indemnizaciones debido a su mayor antigüedad, explica el Ministerio de Trabajo.

Por su parte, UGT apunta hacia “la maternidad y la conciliación” como posibles factores. “Las empresas pagan más dinero en estos casos cuando despiden”, explica el sindicato, a falta de un análisis más detallado. CCOO cree que puede deberse a que se despiden más hombres que mujeres, lo que puede haber “tirado hacia abajo” la media de las indemnizaciones masculinas. Ciertamente, en 2023 se rescindió el contrato a 345.165 hombres, 97.754 más que a mujeres. No sólo ha crecido más el número de hombres despedidos desde 2021 –han aumentado un 35,4% en esos tres años, cuatro puntos porcentuales más que los de mujeres–, sino que también lo ha hecho la brecha con el número de mujeres. Si en 2021 se despedía a un 35% más de hombres que de mujeres, en 2023 la diferencia alcanzaba el 39,5%.

Así, la cuantía media de una indemnización por despido para una mujer con contrato indefinido a tiempo completo alcanzó en 2023 los 10.201,5 euros, 656,6 euros más que la pagada a un hombre, casi un 7% más. Las indefinidas a tiempo parcial también cobraron –2.281,3 euros– más el año pasado al ser despedidas que los hombres con esos mismos contratos, 701,8 euros más de media. Pero eso no es una novedad, puesto que siempre ha sido así: los contratos a tiempo parcial son en su mayoría firmados por mujeres. Las fijas discontinuas percibieron indemnizaciones de 1.728,5 euros, 296,6 euros más –un 21% más– que sus compañeros masculinos, pero también se trata de un tipo de contrato muy feminizado. Eso sí, el cambio de tendencia se adelantó un año a la reforma laboral, porque comenzó en 2021.

Por el contrario, los hombres siguen recibiendo compensaciones más altas cuando tienen contratos temporales, tanto con jornada completa como parcial: 483 más en el primer caso y apenas 29 euros más en el segundo.

La estadística de Trabajo permite además echar la vista más atrás y comparar el número de despidos y la cuantía de las indemnizaciones desde 2015. Los trabajadores a los que se extinguió el contrato han crecido un 32% en ese plazo de tiempo, desde la gran crisis financiera, cuando la tasa de paro era del 23,8% –en el primer trimestre de 2015–, hasta la posreforma laboral, con un 11,7% al cierre de 2023, casi 12 puntos menos. Han aumentado tanto los despidos disciplinarios –un 28%– como los objetivos –un 42,5%–, pero han caído los colectivos, los ERE, un 48,8% desde el máximo que alcanzaron en 2021. Aun así, siguen un 18,3% por encima de los registrados en 2015.

Lo mismo ocurre si el recuento se hace según el tipo de contrato. Los de indefinidos a tiempo completo se han disparado un 78% y aún más los de indefinidos a tiempo parcial, un 116%. Como también se hacen muchísimos más contratos fijos discontinuos, sus despidos casi se han sextuplicado desde 2015, cuando era una figura poco usada por las empresas. En sintonía con la caída del empleo temporal abusivo, se han recortado igualmente los ceses de estos trabajadores, un 68,3% los empleados a jornada completa y un 72,6% los de jornada parcial.

Pero sin duda lo más significativo es la caída de las indemnizaciones: casi un 26% desde 2015, desde los 10.045 euros de 2015 hasta los 7.446,3 euros de 2023. En el caso de quienes tenían un contrato indefinido a tiempo completo, la reducción de la cuantía media casi es del 50% –de 19.380 euros a 9.768– , y casi de un 40% la de quienes tenían uno a tiempo parcial. Para los fijos discontinuos el recorte ha sido mayor, de un 70,4%, de 5.275,4 a 1.559 euros. Por el contrario, las compensaciones de los temporales han mejorado en ocho años un 19% –hasta 1.466 euros–  y un 34% –hasta 660,7 euros–, dependiendo de si la jornada era completa o parcial.

El pasado mes de julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales dictaminó, a resultas de una reclamación presentada por UGT, que las indemnizaciones establecidas por la ley española para los despidos improcedentes no son lo bastante elevadas “para reparar el daño real sufrido” por el trabajador y “para ser disuasorios para el empleador”. A su juicio, el sistema de indemnización “tasado y topado” español no respeta la Carta Social Europea, que España ha firmado. La intención manifestada por el Ministerio de Trabajo es cumplir esa resolución modificando el actual sistema de cálculo de las compensaciones por despido improcedente, de forma que éstas sean realmente “reparativas” del daño causado al trabajador.

La carambola que salvó in extremis la reforma laboral del Gobierno llega a la mesa del Tribunal Constitucional. Dos años y medio después de aquel error en la votación, que el PP trató de hacer pasar por un pucherazo, la corte de garantías abordará este miércoles el recurso interpuesto por Alberto Casero, el exdiputado del PP condenado por prevaricación y malversación que se confundió al emitir su voto, contra las decisiones adoptadas por la Presidencia del Congreso de los Diputados durante aquella jornada. La ponencia –borrador de sentencia–, de la que se ha encargado el magistrado Ramón Sáez, plantea desestimar la apelación al entender que la Cámara Baja no estaba obligada a ponerse en contacto telefónico con los parlamentarios para confirmar el voto telemático que hubieran emitido. Una posición que parece compartir, según las fuentes consultadas, la mayoría del Constitucional.

Todo ocurrió un jueves. En concreto, el 3 de febrero de 2022. Aquel día, Casero estaba indispuesto por culpa de una gastroenteritis. De ahí que siguiese desde su domicilio una sesión parlamentaria que tenía como plato fuerte la reforma laboral. A media tarde, tras un receso de tres cuartos de hora, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reanuda la sesión. Y comienza una votación con un final caótico. Los diputados de UPN han mentido a todo el mundo y se saltan la disciplina de voto para posicionarse en contra de la reforma laboral. Pese a ello, la convalidación del decreto obtiene 175 votos afirmativos frente a 174 negativos. Casero se ha equivocado. Y su error resulta decisivo para mantener viva la reforma laboral.

El PP empieza entonces a construir un relato sobre un supuesto pucherazo. La portavoz, Cuca Gamarra, acusa a Batet de haber vulnerado "el derecho constitucional" de su diputado porque "se ha computado su voto en sentido diferente a lo que él ha emitido". Luego, desde la dirección de comunicación del partido quitan importancia a si se trató de un fallo informático o humano y ponen el foco en que se le impidiera rectificar el error votando presencialmente. Y al día siguiente, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, va mucho más allá hablando de "atropello democrático": “Lo que vimos ayer en el Parlamento es un auténtico pucherazo a la soberanía nacional. Vamos a ir hasta el final para que esto se revierta".

Pero no, no hubo ni errores informáticos ni incidencias técnicas. Y así se hizo constar en un informe elaborado por la dirección de tecnologías de la información y comunicaciones del Congreso. Aquel documento, de hecho, hacía una radiografía detallada de cómo había votado Casero aquella jornada. El diputado se conectó a la aplicación de la Cámara Baja a las 17.39 horas. Durante siete minutos y siete segundos, se pronunció sobre una veintena de puntos del orden del día. Entre ellos, el relativo a la reforma laboral. A las 17.46 horas pulsó el cero, que equivale a emitir un sí. Una decisión que luego validó en dos ocasiones. Meses más tarde, en un documental sonoro de la Cadena Ser, Casero certificó que no hubo ningún fallo electrónico. Simplemente, se equivocó en el "momento menos oportuno".

Ahora, dos años y medio después de aquel Pleno, el Constitucional empieza a resolver los diferentes recursos interpuestos en relación a aquella votación. La corte de garantías tiene en total sobre la mesa cuatro: dos del PP, uno de Vox y otro del exdiputado extremeño. Este último será el primero en ser abordado este miércoles en el tribunal. Y la resolución del mismo, en la que no participará el magistrado Juan Carlos Campo –se ha abstenido por su condición de pareja de Batet y de exministro–, marcará el camino del resto. Por el momento, el borrador de sentencia, confirman las fuentes consultadas, rechaza los argumentos de Casero y desestima el amparo. Una postura que, señalan esas fuentes, parece compartir la mayoría del tribunal.

El debate sobre el recurso, que tanto el Congreso como la Fiscalía han pedido rechazar, gira alrededor de dos cuestiones. La primera de ellas es si, como alegan los recurrentes, la Presidencia de la Cámara Baja debía haberse puesto en contacto telefónicamente con el diputado para verificar el sentido de su voto. Es cierto que ese procedimiento se recogió en un acuerdo de la Mesa del Congreso de 2012. Sin embargo, la ponencia recuerda que dicha normativa quedó superada en pandemia, cuando se generalizó el sufragio a distancia. Desde entonces, la comprobación se hace a través de la intranet del Parlamento, con la introducción de un usuario y una contraseña. De ahí que el borrador de sentencia defienda que se siguió el procedimiento previsto y que, por tanto, no hubo irregularidad.

Los letrados de la Cámara Baja ya se pronunciaron en esa misma dirección en un informe elaborado en los días posteriores a aquella votación. El documento recordaba que la comprobación que se recogía en la normativa de 2012, y a la que se agarraban desde el PP, no estaba concebida "como una segunda oportunidad". Y avalaba la decisión de la entonces presidenta del Congreso de los Diputados de rechazar que Casero pudiese cambiar el sentido de su voto: "El voto válidamente emitido, sea presencial o telemáticamente, es irrevocable, de lo que se deriva necesariamente que las votaciones, salvo error técnico, no se repiten".

Sobre esta última cuestión, la no autorización para corregir presencialmente un voto que ya se había emitido telemáticamente, gira la segunda parte del debate en relación con el recurso del exdiputado extremeño. En este sentido, la ponencia, según las fuentes consultadas, recuerda que el sufragio es algo "personal e indelegable" y que quien exigió la anulación y repetición presencial no fue Casero, sino sus compañeros de partido. De ahí que el borrador de sentencia rechace también esta parte de la impugnación.

La Comisión Europea quiere utilizar la próxima programación del presupuesto comunitario, las conocidas como “perspectivas financieras”, para dar un vuelco en el control del uso que se da a los fondos estructurales para que cada euro que se gaste esté ligado a reformas o a inversiones, lo que se hace con los fondos del Next Generation que, sin aplazamientos, deberán gastar como muy tarde a finales de 2026.

Los fondos estructurales apoyan los objetivos de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. Nacidos en los años 80, van a cumplir 40 años sin haber logrado su función, la de hacer que las regiones más pobres de la Unión Europea alcanzaran el nivel de desarrollo de las más ricas. Suponen más de 350.000 millones de euros en el período 2021-2027 y están divididos en cinco capítulos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (independiente de los fondos de la política agrícola común) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Según una exclusiva del diario británico Financial Times, el próximo presupuesto plurianual europeo, que podría rondar los 1,2 billones de euros para siete años, se diseñará con esa idea de ligar los fondos a reformas e inversiones. Las perspectivas financieras del período 2028-2034 empezarán a discutirse a finales de este otoño, en cuanto los nuevos comisarios tomen posesión de sus cargos y empiecen a trabajar. Es una de las negociaciones más complejas y tensas de las que pueden vivirse en Bruselas, porque los gobiernos se juegan miles, cuando no decenas de miles de millones de euros al año y las prioridades de gasto de unos no coinciden con las de los otros. En períodos anteriores han hecho normalmente falta preparativos que sobrepasaron el año y negociaciones de meses, finalizadas con varias cumbres europeas de alta tensión.

El argumento para la reforma de los fondos es viejo. Quienes la defienden aseguran que algunos países no hacen las reformas que convertirían los fondos en más efectivos. Se refieren a reformas laborales o de pensiones. Son las ideas de siempre de mejorar la competitividad económica a través de ajustes en salarios o pensiones. Pero la Comisión Europea les toma el brazo para copiar el sistema de condicionalidad de los fondos del Next Generation y añadir, con esas reformas, exigencias de inversiones en ciertos asuntos.

Además, lo más probable es que los fondos estructurales sean menos. Ahora mismo, se gasta aproximadamente un tercio del presupuesto comunitario en ellos, otro tercio en política agrícola común y otro tercio en todo lo demás, como innovación, ayuda al desarrollo o el funcionamiento de las instituciones europeas.

España es ejemplo para lo bueno y para lo malo. En Bruselas se ve como un éxito haber forzado al país a hacer la reforma laboral a cambio de buena parte de los fondos del Next Generation. España crea empleo pero, sobre todo, lo hace reduciendo rápidamente la temporalidad. España es también mal ejemplo del uso de los fondos estructurales porque durante décadas fue de los países que más recibió, y todavía recibe, y la diferencia de renta entre sus regiones más pobres y las más ricas de Europa se redujo menos de lo esperado.

Bruselas tendrá grandes obstáculos. Para empezar, algunos de los grandes son todavía beneficiarios de esos fondos, como Italia, España o Polonia. Y sobre todo tendrá la oposición de los gobiernos del este. A finales de la década de 1990 se les prometió que de entrar en la Unión Europea, como deseaban desde la caída del Muro de Berlín, tendrían que abrir sus economías a la competencia del mercado común. Eran países que habían pasado por décadas de proteccionismo comunista y economía planificada y temían que su industria no soportara la competencia. Lo hicieron sólo a cambio de recibir fondos estructurales en cantidades que para algunos equivalían a casi el 5% de su PIB. 20 años después se les va a decir que esos fondos tendrán otras normas. Financial Times cita a un diplomático que asegura que “la única forma de convencer a los contribuyentes netos (países como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Francia o los escandinavos) para que contribuyan más es poner más condiciones a los receptores”.

La bronca será larga y la primera propuesta debería ser presentada el año que viene. Los gobiernos regionales y los ayuntamientos perderían peso porque los fondos dependerían de planes presentados por los gobiernos nacionales, como ocurre con el Next Generation. El próximo comisario o comisaria de administración y presupuestos tendrá una dura tarea por delante. Polonia aspira al cargo.

"La brecha de ocupación entre jóvenes con formación superior frente a la básica aumentó 8 puntos en 20 años". Es una de las conclusiones presentes en el estudio Jóvenes, oportunidades y futuros en España y Portugal del Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", que trae luz sobre futuro laboral de los jóvenes en ambos países en comparación con los Estados de la Unión Europea.

El estudio ha sido presentado este martes en un acto en CaixaForum Madrid. "Ha sido un trabajo extenso de 15 meses", ha comentado Juan Ramón Fuentes, director general adjunto de la Fundación "la Caixa", que junto a Arantxa Ribot, directora del Observatorio, han sido los encargados de presentarlo. Estaban presentes también algunos de los protagonistas de una investigación dividida en tres estudios a su vez, cada uno de ellos orientado a una temática concreta.

En el informe La educación y sus efectos sobre las oportunidades de la juventud, Lidia Ferr, investigadora de la Universidade do Porto, y Pedro Abrantes, investigador de la Universidade Aberta e ISCTE de Lisboa, han sido los portavoces de un estudio que analiza la evolución educativa de los jóvenes españoles y el impacto de la misma sobre sus oportunidades de trabajo.

En el análisis, se expone, tal y como explica Abrantes, que en España existe un "riesgo añadido de desigualdad y exclusión" debido a que "el nivel formativo se ha vuelto un elemento aún más decisivo" de cara a las opciones laborales de los jóvenes. Según los datos del estudio, obtenidos de la OCDE y Eurostat, en el 2021, último año analizado, existe una diferencia del 19% en tasa de ocupación en favor de los estudios universitarios en comparación con los estudios básicos (primaria o ESO), mientras que en la UE la diferencia es del 29,1%. En el primer año analizado, 2001, la diferencia en ambos países era del 11,1%, mientras que en el resto era del 22,7%. La brecha, más de seis puntos, también se produce entre los jóvenes con educación universitaria y educación secundaria superior (Bachillerato y FP). Es decir, un aumento acelerado en nuestro país en los últimos 20 años de la dependencia universitaria para trabajar "deja en situación endeble a los que no llegan a esa cualificación", apunta Abrantes, pero también deriva en una "evidente mejora laboral para los jóvenes".

Otra tarea pendiente que señala el estudio se centra en resolver la polarización latente en relación a los niveles educativos, siendo la media en España superior a la media europea. "Hay grandes tasas de jóvenes con altas y bajas cualificaciones, lo que implica que muchos jóvenes no tengan la remuneración o incluso el trabajo conforme a su formación", indica Ferro que también ha apuntado como una de las causas de este desequilibrio el estigma de la edad, que "funciona de forma negativa a la hora de insertarse en los sectores públicos y privados". "La educación sigue un camino pero la economía otro, por eso jóvenes cualificados buscan trabajo en otros ámbitos", concluye.

El trabajo también profundiza en la importancia de las reformas laborales en la mejora del empleo juvenil en el estudio ¿Las reformas laborales han reducido la temporalidad de los jóvenes? Alejandro Godino, investigador del Centre d¨Estudis Sociologics sobre la Vida Quotidiana y la Universitat Autonoma de Barcelona, ha sido el encargado de resolver la disyuntiva. Así, se ha referido a la reducción de la temporalidad juvenil a partir de la reforma laboral realizada en diciembre de 2021, estimada en 2022 en un 10,4%.

Sin embargo, explica Alejandro Godino, "ha habido un efecto positivo con la estabilización de los contratos jóvenes en España" y con la reducción del desempleo al 9%, y "se ha podido estabilizar el efecto composición, heredado de las crisis de 2008 y 2020, basado en la expulsión de los más vulnerables, en este caso los jóvenes. "Con la reforma del 2021, lejos de incentivar una ola de destrucción de empleo, se ha llegado a una limitación legal de la contratación temporal que ha venido acompañada de un ciclo de creación y consolidación de puestos de trabajo. Esto contrasta con los resultados de anteriores reformas, que se focalizaban en medidas de incentivo a contratos indefinidos", ha concluido el investigador.

En el último estudio, Las relaciones personales de los jóvenes con su entorno, Joan M.Verdú, investigador del Centre d¨Estudis Sociologics sobre la Vida Quotidiana y la Universitat Autonoma de Barcelona, se pone sobre la mesa el factor del aislamiento social en la búsqueda de empleo que, según el experto, se da en mayor medida en "jóvenes inmigrantes, desempleados y con mayor vulnerabilidad económica".

El mercado laboral español despertó este martes con unas cifras de paro que no veía desde 2008, antes de la caída de Lehman Brothers y de la Gran Recesión, y con un récord histórico de empleo, 21,32 millones de afiliados a la Seguridad Social. Los 2,6 millones de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) son el mínimo de los últimos 16 años cuando, además, la población activa –quienes tienen entre 16 y 64 años y están en disposición de trabajar– era menor, había 1,2 millones menos de personas buscando trabajo.

Aun así, ese 12% de tasa de paro sigue cuatro puntos por encima del mínimo histórico español, que se alcanzó en plena burbuja inmobiliaria, en 2007. Y más lejos todavía del 6,4% que de media registró la eurozona el pasado abril. Pese a los buenos datos de empleo que han acompañado a la recuperación de la pandemia, España sigue liderando tozudamente las estadísticas de paro en la Unión Europea.

Para sorpresa de muchos, España también encabeza las cifras de crecimiento del PIB en el continente, por encima de los grandes, Alemania, Francia o Italia: aumentará un 2,1% este año y un 1,9% el próximo, si acierta en sus previsiones la Comisión Europea. Y el empleo acompaña al buen momento económico, espoleado por un sector turístico que está disfrutando al máximo la recuperación pospandémica. Hasta abril, España había recibido un 14,5% más de visitantes que un año antes, por lo que en 2024 se romperá de nuevo el récord histórico de 85,3 millones de viajeros alcanzado entonces. Para redondear el círculo virtuoso, los turistas han aumentado su gasto un 22,6%. Ni la inflación, ni las guerras en Ucrania y Gaza, ni el precio de los carburantes, ni los tipos de interés, esas sombras que amenazaban con enfriar la economía de particulares y empresas, parecen afectar al turismo ni al empleo ni al PIB.

En efecto, de los 220.289 nuevos cotizantes ganados en mayo por la Seguridad Social, nada menos que 77.913 proceden de la hostelería, el sector de actividad en que más crece el empleo –un 5,1%–. Para confirmar este protagonismo, basta con reseñar que es Baleares la comunidad donde más aumentó la afiliación en mayo –52.949 personas, más del doble que en Madrid–. “Por supuesto, hay un movimiento estacional [en el crecimiento del empleo], como en casi toda la economía nacional, y este año ha empujado un poco más a favor”, apunta Antonio González, miembro de Economistas frente a la Crisis, ex secretario general de Empleo con Jesús Caldera y director del gabinete de Valeriano Gómez. Mayo siempre ha sido un buen mes para el empleo en España, empujado por las contrataciones del verano en el sector servicios. Pero también cree González que hay otro “movimiento económico de fondo, positivo” que arranca muy fuerte tras la pandemia y se traduce en el 2,4% de crecimiento interanual del empleo que escapa de la estacionalidad.

También coincide en la extraordinaria bondad de los datos de empleo Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Aunque al mismo tiempo considera preocupante que el aumento de la ocupación esté “tan concentrado” en el turismo y teme que el impulso se pierda una vez concluida la temporada alta de actividad.

En ese movimiento de fondo Antonio González sitúa menos a los fondos europeos –“van destinados a la inversión”–, que a la pujanza de los servicios no turísticos, cuya exportación se disparó un 29% en 2022 y cuyo peso en el PIB casi se ha triplicado desde 1995, según las cifras publicadas por el Banco de España. Se trata de actividades de alto valor añadido, subraya González: servicios financieros, servicios empresariales –publicidad, investigación y desarrollo, servicios jurídicos, contables, de arquitectura o ingeniería –, y asesoría comercial, por ejemplo. De promedio, han crecido un 5,4% desde 1995, más que el turismo –4,8%– y la exportación de bienes –3,3%–. Tampoco es un fenómeno español, sino internacional, propiciado por la digitalización, las innovaciones tecnológicas y la liberalización financiera, explica el órgano supervisor. Además, en España aún tiene margen de crecimiento.

Cuestión distinta es si el impulso de estos servicios financieros y empresariales es síntoma del cambio de modelo productivo largamente acariciado en una España demasiado dependiente del turismo. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país, cree que el crecimiento es anterior a la pandemia, en una tendencia que arranca en la salida de la anterior crisis, desde 2014. A su juicio, además, cree que se exagera la participación del turismo en el buen comportamiento del empleo. Y alerta ante la tentación de hacer tendencia de la coyuntura. También respecto a la reforma laboral, que aún debe “madurar”. “Habrá que esperar al largo plazo, para ver qué ocurre con la productividad y si, en la próxima crisis, se destruye empleo como en las anteriores o no”, advierte.

Lo que no le impide alabar los positivos datos de paro y afiliación que exhiben las estadísticas. Lo mismo dice respecto al “espectacular” aumento de los contratos indefinidos. “Otra cosa es la estabilidad del empleo, la reforma laboral ha tenido efectos poco significativos en la rotación laboral”, precisa Felgueroso. Miguel Ángel Malo corrobora la pujanza de los contratos indefinidos y descarta que sean menos estables –“no es cierto que se esté abusando del periodo de prueba para despedir sin indemnización a los despidos”, apunta–. Pero se pregunta si, con el cambio de temporales a fijos discontinuos que parece se está obrando en determinadas actividades, “la precariedad sólo ha cambiado de nombre”.

Antonio González considera que ciertos sectores practican ahora con los indefinidos la misma rotación a la que estaban acostumbrados con los temporales y que critica por “ineficiente”. Esas empresas tendrán que cambiar su organización del empleo, sostiene. El problema de los fijos discontinuos, y de los contratos a tiempo parcial, es su “baja intensidad de trabajo”, y los bajos salarios de los que van acompañados. De forma que invita a “repensar” la figura del fijo discontinuo, “aumentando los mecanismos de protección social, permitiendo mayores salarios o ampliando las campañas” para las que está pensado este tipo de contrato. La mitad de los trabajadores fijos discontinuos pertenecen a la hostelería –hasta ahora el sector prototípico del abuso del contrato temporal–, asegura Florentino Felgueroso, que ha calculado el aumento en el número de estos contratos tras la reforma laboral en un estudio recién publicado.

Según advierte el investigador de Fedea, y pese a los buenos datos de empleo, los indicadores de pobreza laboral siguen siendo altos. Hay puestos, añade Antonio González, que “no producen suficiente renta salarial”, por lo que terminarán por no atraer a los trabajadores. La patronal de la hostelería lleva ya un tiempo quejándose de que no encuentra personal. Los sindicatos responden que no sólo es por el salario, sino por las –malas– condiciones laborales que ofrecen, por lo que cada vez resulta menos atractivo trabajar de camarero.

En el lado del desempleo, el panorama no es tan halagüeño, sin embargo. Los 2,6 millones de parados registrados en las oficinas del SEPE son aún una lacra social que distingue a España en el mercado laboral europeo. Antonio González resalta que esa cifra tardará bastante en rebajarse. El primer motivo es el crecimiento de la población activa: cuando mejor el es el momento económico, más personas se deciden a buscar un empleo porque las posibilidades de encontrarlo se multiplican. Desde 2021 se han activado casi 1,3 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero como no todos ellos consiguen trabajo, pasan a engrosar las estadísticas de paro.

Un buen ejemplo de esta tendencia lo proporciona el empleo femenino. La incorporación de las mujeres al mercado laboral siempre ha estado en España por debajo del resto de los países europeos, excepto Italia. Desde 2021, la población activa femenina ha crecido más que la masculina, tanto en números absolutos –668.400 mujeres por 616.500 hombres—como relativos –un 6,2% las mujeres, un 5% los hombres–, desvela la EPA. El Ministerio de Seguridad Social presume de los 10,1 millones de ocupadas que se registraron en mayo, lo que representa el 47,4% de la afiliación. Otras dos cifras de récord. Como la de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, que disfruta de su mínimo histórico, un 12% entre quienes tienen de 15 a 29 años, según los datos de Eurostat correspondientes a 2023. Ha caído 10 puntos desde el fin de la crisis financiera.

También se incorporan al mercado de trabajo los inmigrantes, cuyo flujo también es continuo y sólido Desde 2021, la población activa extranjera ha crecido en 721.200 personas, nada menos que un 23,4%. Estos movimientos no se producen con semejante intensidad en ningún otro país europeo, advierte Antonio González. “Aún nos quedan años para bajar del 10% [de tasa de paro]”, se resigna.

Pero Malo Ocaña y Felgueroso añaden otro freno: “El núcleo duro del paro”. Por un lado, hay un desajuste entre oferta de puestos de trabajo y demanda. “España está a la cabeza de la UE y la OCDE en sobrecualificación de los trabajadores”, indica el investigador de Fedea. El profesor de la Universidad de Salamanca asegura que a los titulados en Artes y Humanidades les cuesta más integrarse en el mercado laboral. “En otros países de Europa, los jóvenes van tanteando hasta que encuentran el trabajo que quieren; en España, tardan más en encontrar un trabajo relacionado con lo que han estudiado, lo que también redunda en la baja productividad española y en que haya mucho infraempleo”.

Por otro lado, los parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajo, son un auténtico desafío. Su número no ha dejado de reducirse en los últimos años, pero aun así siguen siendo 1,14 millones de personas, de acuerdo con la última EPA. Representan el 38,4% de los parados contabilizados en esta estadística –2,9 millones, una cifra superior a la del paro registrado por el SEPE–.

Además, y ahí está el problema, quienes llevan más de dos años sin trabajar duplican el número de quienes llevan entre uno y dos años en el paro: son 741.300 personas. Y de éstos, la mitad tiene más de 50 años. Son los que más difícil lo tienen para regresar al mercado de trabajo, destaca Floretino Felgueroso. E integran una cohorte compuesta por un mayor número de personas, la generación del baby boom. Ni cuando el mercado laboral va “como un cohete”, por repetir la frase de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se benefician. “Incluso cuando todo va bien, como ahora, son los últimos de la cola”, lamenta Felgueroso.

El Banco de España constata en su Informe Anual 2023 un "leve" incremento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial de los contratos fijos-discontinuos, tras la reforma laboral de 2021, según ha recogido Europa Press. Pese a ello, concluye que se ha producido un "ligero aumento" de la estabilidad laboral en el conjunto del mercado de trabajo español por el repunte "significativo" del peso de los contratos fijos en relación con el de los contratos temporales, propiciado por la reforma laboral.

En un apartado del informe, en el que analiza el grado de estabilidad del empleo, la institución subraya que, desde la aprobación de la reforma laboral, la ratio de temporalidad de la economía española "se ha reducido con intensidad", hasta situarse en el 16,5% a finales de 2023, frente al 25,4% de 2021, con un descenso más acusado en el sector privado, hasta el 13,2%, que en el público, donde la tasa de temporalidad se ha mantenido cercana al 30% en los dos últimos años.

"En conjunto, este descenso ha permitido una considerable convergencia de la ratio de temporalidad en España hacia la que se observa en el promedio del área del euro", destaca la institución, que señala que esta "intensa reducción" de la tasa de temporalidad también es observable en los registros de la Seguridad Social.

Así, la proporción de afiliados con un contrato temporal ha descendido desde el 30,4% de 2021 hasta el 14,9% en 2023, que se explica por un aumento de los contratos indefinidos a tiempo completo en 8,6 puntos, de los contratos indefinidos a tiempo parcial en 4,1 puntos y de los contratos fijos-discontinuos en 3 puntos.

En este sentido, la institución señala que los contratos fijos-discontinuos, "escasamente utilizados" en España antes de la reforma laboral, han más que duplicado su incidencia en la afiliación a la Seguridad Social, pasando del 2,4% en 2021 al 5,7% en 2023.

Por ramas de actividad, el Banco de España apunta que el descenso de la tasa de temporalidad ha sido muy generalizado, aunque "más intenso" en algunos de los sectores con mayores porcentajes antes de la reforma, como la construcción, la hostelería, las actividades artísticas, las actividades administrativas, la agricultura y los otros servicios.

"En todos estos sectores, salvo en el caso de la construcción, una parte significativa de la caída de la temporalidad desde la implantación de la reforma se explica por el empuje de los contratos fijos- discontinuos", asegura el organismo.

La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos intenta aproximar el grado de estabilidad del empleo en el mercado laboral español con un ejercicio descriptivo en el que deja claro que "no constituye una valoración causal de la reforma laboral de 2021", pues dicha evaluación exigirá tener en cuenta el impacto de las medidas aprobadas en múltiples dimensiones, considerar una perspectiva temporal amplia y analizar los posibles efectos asimétricos de la reforma sobre distintos grupos de trabajadores, empresas y sectores.

Utilizando datos de altas y bajas de la Seguridad Social para medir la rotación laboral, el Banco de España constata un descenso de la rotación a partir de la aprobación de la reforma, desde el 1,33% en el promedio del periodo 2015-2019 hasta el 1,12% en el promedio de 2022-2023.

Esta disminución, explica, es fruto del cambio en el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido y temporal, pues la rotación entre aquellos con contrato indefinido ha aumentado del 0,25% al 0,61% y sólo se ha reducido levemente entre los trabajadores con un contrato temporal, del 3,40% al 3,19%.

"La mayor rotación en los contratos permanentes desde la entrada en vigor de la reforma laboral viene reflejando los mayores flujos de entrada y de salida del mercado laboral de los trabajadores con contrato indefinido, en general, y, especialmente, de aquellos con contrato fijo-discontinuo. En particular, las tasas de baja de estos contratos han repuntado notablemente en relación con el período 2015-2019", sostiene.

De hecho, subraya que los contratos fijos-discontinuos presentaban con anterioridad a la reforma una tasa de baja que se situaba prácticamente a medio camino entre la del resto de contratos indefinidos y la de los contratos temporales. Sin embargo, desde 2022 esta tasa casi se ha duplicado, hasta situarse al mismo nivel que la que se observa para los contratos temporales.

En cualquier caso, el Banco de España apunta que, pese a este aumento de las tasas de salida de los indefinidos, la mayor estabilidad laboral de este colectivo, en comparación con la de los temporales, ha llevado a una reducción de la tasa de salida agregada. La institución, no obstante, precisa que este análisis está sujeto a algunas cautelas asociadas, por ejemplo, al hecho de que no permiten distinguir entre la rotación de los contratos creados antes y después de la reforma de 2021.

En el marco de este ejercicio para analizar el grado de estabilidad del empleo, el Banco de España calcula la tasa de supervivencia, a lo largo del primer año tras el alta, de los contratos iniciados en marzo de 2022 y la compara con la de los contratos iniciados en el mismo mes de 2017 y de 2018, sin verse, por tanto, afectados por la pandemia. En todo caso, insiste en que las diferencias no pueden interpretarse como evidencia causal de la reforma.

De acuerdo con su análisis, del conjunto de relaciones laborales creadas en marzo de 2022, un 16,1% siguen vivas un año después, porcentaje superior al observado en los contratos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018 (un 11% en promedio) y también mayor que la tasa de supervivencia que presentan los contratos firmados en marzo de 2021 (un 14,9%).

El Banco de España apunta que, de nuevo, esta mejora en la supervivencia del conjunto de las relaciones laborales se produce "a pesar de que la supervivencia de los contratos indefinidos, sin incluir los contratos fijos-discontinuos, se ha deteriorado tras la reforma laboral".

Así, el 48% de las relaciones laborales iniciadas en marzo de 2022 con un contrato indefinido permanecían vivas un año después, mientras que este porcentaje era del 52,5% en el promedio de los contratos indefinidos firmados en los meses de marzo de 2017 y de 2018. "En conjunto, los resultados disponibles muestran un ligero aumento de la estabilidad laboral en el mercado de trabajo español tras la aprobación de la reforma de finales de 2021. Esto es así porque, a pesar de que se observa un leve aumento de la inestabilidad laboral en los contratos indefinidos de nueva creación, en especial, en los contratos fijos-discontinuos, ha aumentado de forma significativa el peso de los contratos indefinidos en relación con el de los contratos temporales", concluye.

De este modo, pese a que la tasa de temporalidad española ha avanzado en convergencia con la de la UE, la institución cree que "existe margen para aumentar la estabilidad del empleo" en España. Así, por ejemplo, señala que, aunque los flujos de salida del empleo al desempleo han disminuido en España desde el 3,3% del empleo en los tres primeros trimestres de 2019 hasta el 2,8% en el mismo periodo de 2023, este porcentaje aún se mantiene sensiblemente por encima del observado en el conjunto de la UEM (un 1,2%).

El Banco de España también se ha referido a incrementar los incentivos para que los parados retornen al empleo, así como a clarificar las causas del despido objetivo para evitar que la posible introducción de indemnizaciones por despido improcedente acordes a las circunstancias del trabajador y más disuasorias, como planea llevar a cabo el Ministerio de Trabajo, judicialice el despido y perjudique el empleo.

Así, más que centrarse en el despido improcedente, la institución considera que lo importante es seguir avanzando en la definición de las causas del despido objetivo ante la inminente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste del despido injustificado en respuesta a la denuncia de UGT de que en España no es suficientemente disuasorio y de que la indemnización ha de tener en cuenta las circunstancias personales del trabajador.

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha señalado que introducir este elemento en la regulación del despido, como prevé hacer la vicepresidenta Yolanda Díaz, hará que desaparezcan las indemnizaciones tasadas para pasar a otras que habría que aclarar por vía judicial, elevando así la incertidumbre. De ahí la importancia de clarificar el despido objetivo.

El Banco de España apunta que las indemnizaciones por despido procedentes en España (20 días por año trabajado) "son relativamente elevadas en el contexto internacional", mientras que el coste del despido improcedente (33 días por año de servicio) no está, sin embargo, entre los más altos.

En este sentido, "para favorecer la necesaria reasignación sectorial y ocupacional del empleo", entiende que "podría resultar adecuado" seguir avanzado en la definición de las causas objetivas de despido y en la reducción de la incertidumbre asociada a estos procesos.

"Esto sería particularmente relevante en el contexto de una posible determinación de las indemnizaciones por despido improcedente mediante costes disuasorios y reparativos (artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada), que propiciara que la cuantía de dichas indemnizaciones variase en función de la situación personal de cada trabajador, lo que aumentaría, previsiblemente, la conflictividad judicial por despidos y la incertidumbre y el coste de dichos procesos, con potenciales efectos negativos sobre el empleo", apunta el Banco de España.

La institución reclama una "revisión exhaustiva" de las políticas de empleo ante una tasa de paro "persistentemente más elevada" que la de otros países y los retos que suponen los cambios tecnológicos que vienen de la mano de la robótica y la Inteligencia Artificial (IA), además del envejecimiento de la población. Este último, ha advertido Gavilán, no se solucionará únicamente con más inmigración y alargando la vida laboral de los trabajadores, sino que requerirá también mejorar las políticas formativas.

En el marco de esa revisión de las políticas de empleo por la que aboga, el Banco de España pide "incrementar los incentivos para el retorno al empleo de los parados", así como garantizar la suficiencia de las prestaciones y mejorar la coordinación con las políticas activas de empleo. "Las prestaciones por desempleo deben ofrecer una adecuada protección a los parados, sin que ello perjudique los incentivos a la búsqueda de empleo y a la movilidad laboral", sostiene.

En este sentido, ve "deseable" una reforma de las políticas pasivas de empleo que introduzca cambios en la duración de las prestaciones y subsidios por desempleo, condicionándolos "posiblemente" al ciclo económico, y/o "sendas decrecientes" en sus cuantías, sin reducir los niveles de protección 'ex ante'.

La institución considera que existe margen en España para "ajustar" los requisitos de elegibilidad, las tasas de sustitución de las prestaciones, su variación en función de la duración del desempleo y la propia duración máxima de las prestaciones, de forma que se pueda alcanzar un mejor equilibrio en "la disyuntiva entre sustitución de rentas e incentivos a la búsqueda de empleo".

Al mismo tiempo, aboga por permitir que determinados subsidios y prestaciones sean compatibles con el empleo, de manera temporal o permanente. Particularmente, considera que la conversión de parte de las prestaciones en complementos salariales cuando se encuentre un nuevo empleo contribuiría a facilitar la movilidad laboral y la salida del paro. "De esta manera, además, los incentivos al reempleo no se limitarían exclusivamente a una eventual disminución de las prestaciones/subsidios con su duración", argumenta.

El Banco de España pide además unificar todos los programas de rentas de subsistencia y de lucha contra la pobreza (subsidios, Ingreso Mínimo Vital y ayudas locales y regionales) para incrementar su cobertura y eficiencia, así como reforzar la coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo.

En lo que respecta a las políticas activas, insta a que el sistema educativo y la formación ocupacional modernicen y adapten sus contenidos a las nuevas tecnologías, así como que ganen peso las disciplinas STEM.

También aboga por que los servicios públicos de empleo diseñen perfilados profesionales y de emparejamiento de los desempleados con los empleos disponibles y por valorar "posibles colaboraciones y sinergias" con el sector privado.

Entre las medidas para afrontar los cambios demográficos, apuesta por fórmulas "más flexibles" para la contratación de los trabajadores de mayor edad; recolocaciones, reconversiones y formación profesional incentivadas; eliminación de salidas forzadas del empleo o una jubilación activa con mayores incentivos a compatibilizar pensión y salario.

La institución destaca que la principal característica del comportamiento reciente del mercado laboral ha sido el "considerable dinamismo" del empleo, asociado, en parte, al empuje del sector público, a la inmigración y al "atesoramiento de empleo" (empresas que deciden mantener la plantilla en periodos de menor actividad en previsión de futuras necesidades de demanda).

Todo ello contrasta con la evolución de la productividad del trabajo, "que apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia", y un crecimiento de las horas efectivamente trabajadas "sensiblemente menor". En este sentido, y de cara al objetivo del Gobierno de reducir la jornada laboral, pide que empresas y sectores dispongan de una "amplia flexibilidad" para evitar efectos negativos sobre los costes laborales, la productividad y el nivel de empleo.

Apunta, además, que en 2023 se produjo un aumento de los costes laborales por la subida de las cotizaciones sociales. Aunque esta medidas persigue reducir el "abultado" déficit del sistema de pensiones, los ejercicios de simulación del Banco de España señalan que un incremento de un punto en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%.

Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), la institución indica que, tras las subidas de los últimos años, la ratio entre salario mínimo y salario medio "habría superado los objetivos del 60% del salario bruto mediano y del 50% del salario bruto medio" establecidos por la UE. Como resultado, el porcentaje de trabajadores afectados por el SMI en España ha pasado de un 5,1% en 2018 a un 11,5% en 2023, "y se estima que éste se situará en el 12,7% en 2024".

El Banco de España considera "conveniente" que las próximas subidas del SMI tengan en cuenta los posibles efectos adversos que podrían suponer, en ausencia de mejoras en la productividad, para el empleo de determinados grupos de trabajadores.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, cree que los trabajadores deberían recibir su nómina mensual completa y ser ellos quienes ingresen ante la Seguridad Social sus cotizaciones, según recoge Europa Press.

"Es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España", ha señalado Garamendi en declaraciones a la prensa durante su asistencia al IV Encuentro del Comercio de CEOE.

El dirigente empresarial ha explicado que se trataría de que le llegue al trabajador todo el dinero de su nómina y sea él –como sucede en el Impuesto sobre la Renta–, quien declare ante la Seguridad Social y ante Hacienda.

"Puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo", ha apuntado Garamendi, que ha vuelto a justificar su no a la reforma de pensiones que llevó a cabo el ya exministro de Inclusión José Luis Escrivá en el mayor coste que supone para las empresas.

Un tribunal argentino ha dictaminado que la reforma laboral que el presidente Javier Milei intentó aplicar por decreto es inconstitucional, lo que supone el último golpe a sus planes para revisar la economía de la nación. El tribunal ya había suspendido la reforma laboral anunciada por Milei el 3 de enero, tras una apelación del sindicato CGT. Los líderes sindicales llevaron a cabo una huelga nacional contra las reformas de Milei el pasado miércoles 24 de enero, según ha informado Europa Press.

El Gobierno podría haber propuesto la reforma a través del Congreso, en lugar de intentar aplicarla mediante una orden ejecutiva urgente, según han explicado los jueces en la sentencia, recogida por Bloomberg.

El único recurso de Milei es apelar a la Corte Suprema o impulsar la reforma a través del Congreso. La Cámara Baja de Argentina celebrará el miércoles una sesión para debatir el llamado proyecto de ley ómnibus de Milei.

Las medidas laborales de Milei se centraban en simplificar las obligaciones de indemnización por despido de los empresarios y los "periodos de prueba" antes de que una empresa deba contratar a un trabajador a tiempo completo, entre otras reformas.

La reforma laboral ha conseguido reducir el empleo temporal en un 30% en las empresas privadas durante los dos años que lleva en vigor. Pero en las administraciones públicas el ritmo está muy lejos de ser ejemplar. En 2022 y 2023 sólo han recortado en un 6,68% los puestos eventuales, cinco veces menos, por tanto, que el sector privado. Y en las empresas de propiedad estatal el resultado es aún más decepcionante: el empleo temporal incluso ha crecido un 3,5% en los dos últimos años, al menos según se desprende de los microdatos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre de 2023.

Es más, en 2022, el primer año en que la reforma laboral desplegó sus efectos, las empresas públicas españolas redujeron en un 27,2% sus trabajadores temporales, por lo que ahora tienen 10.411 menos que el año precedente. Pero en 2023 los aumentaron en un 18,12%, y eso sin contar el cuarto trimestre, cuyos datos no se conocerán hasta el próximo 26 de enero. De forma que, si en el primer trimestre de 2022 el número de empleados temporales en las empresas estatales era de 38.194, en el tercer trimestre de 2023 se elevaron a 39.540. Como también han crecido los indefinidos, un 12,8% en estos dos años, en el sector público empresarial la tasa de temporalidad se ha quedado en el 21,4%, sólo un punto y medio menos que en el inicio de 2022. Aun así, se mantiene siete puntos por encima de la tasa del sector privado, que se sitúa en el 14,2%.

En el conjunto de las administraciones públicas, la tasa de temporalidad alcanza el 29,75%, por lo que ha descendido 2,7 puntos desde el primer trimestre de 2022. Es decir, en las empresas estatales se ha reducido casi la mitad que en el resto del sector público.

Con estos números no sólo se está incumpliendo la reforma laboral, sino que es poco menos que imposible que se aplique la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que fija en un 8% la tasa de empleos temporales a la que deben llegar las administraciones públicas el 31 de diciembre de 2024.

El sector público empresarial lo conforman desde Adif y Renfe o Enaire y el ICO –21.480 trabajadores– hasta las 14 empresas donde la SEPI tiene una participación mayoritaria –76.350 empleados–: Correos, Navantia, Tragsa, Paradores, RTVE… La estabilidad en el empleo en cada una de ellas es muy dispar. En Renfe, sólo el 4,2% de sus 14.490 trabajadores tenía un contrato temporal en 2021, el último año cuyas cuentas publica en su página web. La que mayor temporalidad sufre es Tragsa, con un 67,9% de empleados eventuales en septiembre de 2023. En Navantia, el 93,75% de la plantilla –4.547 personas– es indefinida, según declara en su web.

De hecho, nada más entrar en vigor la reforma laboral, la dirección de Tragsa se presentó ante sus trabajadores como la avanzadilla del “cambio cultural” que el Gobierno quería imprimir en el sector público empresarial. La compañía es uno de los denominados “medios propios instrumentales” de la Administración, como también Ineco o Isdefe, por lo que sólo trabaja con los encargos que les hacen las instituciones públicas. El presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, anunció entonces que las empresas públicas iban a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclamó Casas Grande en un vídeo distribuido entre la plantilla. “Esto es una política de Estado”, dijo, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

Dos años después, sin embargo, la temporalidad en Tragsa, lejos de reducirse, ha crecido 5,7 puntos porcentuales. En la filial, Tragsatec, alcanza el 71,3%, según los datos de la empresa a septiembre de 2023. El grupo ha multiplicado su actividad los últimos años, con una producción que en septiembre se elevaba a 1.240,8 millones de euros, un 32,5% por encima de la cifra acumulada hasta ese mismo mes de 2022. Su cartera de pedidos supera en un 14,3% la firmada el año precedente para los tres primeros trimestres.

Así que también ha explotado la contratación de personal con el que hacer frente a tantos encargos. La plantilla ha crecido nada menos que un 46,2% desde que entró en vigor la reforma laboral. La componen 24.539 trabajadores, de los cuales 12.154 pertenecen a la filial, donde el aumento de personal ha sido del 50,8%. De los 7.755 nuevos empleados del grupo, 6.222 son temporales. Estos han crecido un 59,6% en los dos últimos años, mientras que los fijos sólo lo han hecho un 24,2% –un 14,2% en 2023–.

Mientras, las plazas que salen a concurso para hacer realidad ese “cambio cultural” en Tragsa son 2.213 correspondientes a la tasa adicional de estabilización y 1.581 correspondientes a la tasa de reposición específica. En Tragsatec son 2.383 –200 de ellos fijos discontinuos– y 673, respectivamente. En total, 6.850 plazas en cuatro fases, de las que ya se han finalizado dos –2.830–, asegura el propio grupo a infoLibre. Pero esa cifra es insuficiente para hacer indefinidos a los dos tercios temporales de la plantilla, lamentan las fuentes sindicales consultadas.

Una parte de estos eventuales, no obstante, se encuentran cubiertos por la excepción que permite hacer la reforma laboral con los contratos temporales que sean necesarios para gestionar los fondos de recuperación de la UE. La última estadística del SEPE muestra que en 2022 se formalizaron en toda España 22.402 contratos eventuales acogidos a esta excepción, mientras que en 2023 se han quedado en 17.766.

Según explican las fuentes sindicales, la empresa está utilizando contratos de sustitución como “transición” hacia la fijeza, cubriendo el periodo de tiempo necesario hasta que sale a concurso la plaza de que se trate. O bien, al acabarse el contrato, los temporales pasan unos meses “en la nevera” y se les vuelve a contratar después, aseguran.

A preguntas de infoLibre, Tragsa reconoce que el aumento del número de encargos que le hacen las administraciones públicas, sobre todo los financiados con los fondos Next Generation, ha hecho crecer el empleo temporal en la empresa. Y que un "volumen importante" de los nuevos contratos se acogen a la excepción permitida por la reforma laboral para los fondos europeos. En concreto, cifra en 3.727 los contratos de este tipo firmados por Tragsa en los dos últimos años. Es decir, el 60% de los temporales. Los contratos de sustitución, con los que “se cubren temporalmente los puestos de trabajo hasta que acaba el proceso de selección par su cobertura definitiva”, ascienden a 2.426.

Pese a estas dificultades, el objetivo del grupo es haber creado 13.700 empleados fijos “a finales de 2024 y principios de 2025, en la senda de las previsiones del Plan Estratégico 2024-2038” , apunta.

En cualquier caso, en 2023 se ralentizó tanto en el sector público como en el privado la rebaja de la temporalidad que con tanto ritmo reflejaron las estadísticas en 2022. En las administraciones públicas el número de trabajadores eventuales se recortó en 49.800 personas durante los tres primeros trimestres del año pasado, mientras que en el mismo periodo de 2022 la reducción alcanzó los 51.900 empleados. En todo 2022, la rebaja de temporales fue superior, 62.700 personas.

En el sector privado, 2023 fue aún peor. Mientras que en los tres primeros trimestres de 2022 los trabajadores eventuales disminuyeron en 534.300 –y nada menos que en 921.300 en todo el año–, en el mismo periodo de 2023 la tendencia se ha revertido: los temporales aumentaron en 179.000 personas. Como entre enero y octubre también crecieron los fijos, la tasa de temporalidad del sector privado ha quedado en el 14,2%, apenas por debajo del 14,8% con que terminó 2022, pero aun así medio punto por encima del 13,7% con que se inició 2023, y que ha sido el mínimo histórico hasta la fecha. Durante 2022, la tasa se redujo nada menos que 7,3 puntos porcentuales.

“En el sector público la tasa de temporalidad está enquistada”, explica Trinidad Molina, responsable de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Para que bajara, deberían salir a concurso plazas suficientes que transformen los eventuales en indefinidos. Como no se aprueban, el número de interinos no se reduce, o al menos no en la cantidad necesaria para cumplir ni de lejos con ese 8% que exige la ley. Así, muchos de ellos continúan acumulando años en puestos sin plaza. Las culpas se reparten entre las propias empresas, que deben pedir las plazas, y el Ministerio de Hacienda, que debe aprobar las convocatorias, añade Trinidad Molina. Según destaca, la temporalidad es aún más acusada en las empresas públicas municipales.

La Encuesta de Población Activa también revela cuál es la duración de los contratos temporales que se siguen firmando en el sector público. Apenas los hay de un día y los de menos de un mes no superan los 11.000, un 43,8% menos que antes de la reforma laboral. También se suscriben menos contratos de duración inferior a los dos años –una caída del 17,5% en los de uno a dos años, los más habituales, que sumaron 146.600 en el tercer trimestre de 2023–. Pero, por el contrario, crecen los de dos años, un 4,6%, y se han disparado los de más de tres años, un 46,6%.

El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales. En Correos se puso en marcha el año pasado un “proceso de estabilización”, una convocatoria de empleo de 7.757 plazas. Los sindicatos piden otras 4.000 más para 2024. Paradores ha obtenido autorización para cubrir 1.127 puestos mediante contratos indefinidos, un plan que debe quedar ejecutado antes del 31 de diciembre de este año. La empresa cuenta con una plantilla de 3.892 trabajadores, de los cuales el 31,1% son temporales, según los datos que el Gobierno facilitó al senador de Compromís Carles Mulet en una respuesta escrita. RTVE pretende hacer fijos a 1.082 trabajadores, además de haber convocado 767 plazas fijas de acceso libre.

El empresario mexicano Carlos Slim ha manifestado este jueves en Avilés la necesidad de implantar una jornada laboral de doce horas, tres días a la semana y retrasar la jubilación hasta los 75 años, para lograr así dar cabida en el mercado laboral a un mayor número de trabajadores, según informa Europa Press.

Carlos Slim se manifestaba así en declaraciones a los medios en Avilés, donde participa en la XXVIII Reunión del Plenario de la Fundación Círculo Montevideo, del que forma parte. Lo hacía al ser preguntado por su opinión respecto a la reducción de la jornada laboral planteada en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.

"Yo creo que reducir el horario así es una tontería, yo creo que lo que se, lo he dicho varias veces y es que debe de trabajarse tres días, doce horas diarias, tres días para dar cabida a otras tres personas que trabajen los otros tres días y jubilarse a los setenta y cinco años, no a los sesenta y cinco ni a los sesenta", ha indicado el empresario.

Y es que ha recordado Carlos Slim que "vivimos más años" y en todos los países del mundo que tienen políticas sociales y de pensiones y de jubilación, el pasivo laboral provocado por la jubilación es muy alto, muy encima de los recursos del Estado. "Es muy importante que la jubilación no sea tan temprana", ha insistido.

El empresario ha destacado la necesidad de integrar a toda la población en el sistema económico y laboral y ha incidido en que la mejor inversión es combatir la pobreza, por lo que ve razonable que trabajen menos horas para dar cabida a otros trabajadores.

Ha destacado además que la inteligencia artificial va a aumentar la productividad y esto va a crear un poco más de problema para el empleo.

"Entonces hay que hacer esto que comento, trabajar menos días, tres días, no cuatro, ni cinco, tres, más horas, más años, y al tener muchas personas lo que va a provocar nueva demanda de actividades nuevas, el entretenimiento va a ser importante, el deporte, etc", ha dicho Carlos Slim que ha insistido en que "es fundamental, es necesario que las personas marginadas se incorporen a la economía, con buena educación, capacitación y trabajo".

Respecto a los conflictos bélicos que se están viviendo, considera el empresario mexicano que "son situaciones irracionales que no deberían darse".

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha revelado que las negociaciones con el PSOE de cara a un futuro acuerdo de gobierno están encalladas en lo concerniente a la reducción de la jornada laboral, un punto clave para su espacio que van a reclamar "hasta el final", según recoge Europa Press.

Concretamente, el programa electoral de Sumar apostaba por establecer una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales en 2024 y reducirla progresivamente hasta fijarla en 32 horas, con diálogo social y sin merma en el salario.

"Las conversaciones avanzan bien. Es verdad que también hay algunos temas en los cuales estamos encallados (...) Particularmente hay una cuestión, que es fundamental para Sumar, y es la cuestión de la reducción de la jornada de trabajo", ha desvelado en declaraciones a 'La Sexta'.

En ese sentido, ha desgranado que sobre esta cuestión "a día de hoy" no tienen acuerdo con el PSOE y emplaza a los socialistas a asumir que la reducción de la jornada laboral esté dentro de ese pacto.

Además, este jueves la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado que mantener el impuesto a la banca es otro de los puntos que se está negociando entre PSOE y Sumar para alcanzar un acuerdo para formar Gobierno y que la propuesta de su partido es que "se quede".

Y el pasado lunes Sumar también recalcó que quieren que el pacto recoja también el reconocimiento incondicional y urgente por parte de España del Estado palestino, sin esperar a que se consiga un consenso en el seno de la UE y emulando a países comunitarios como Suecia y Grecia.

Precisamente esta medida fue uno de los ejes principales de la campaña de Sumar a las elecciones generales del 23J y Díaz ha señalado en diversas ocasiones que es una de las demandas para conseguir una agenda social "ambiciosa" para la próxima legislatura.

En la reunión que mantuvieron Díaz y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el pasado 4 de octubre, en el marco de la ronda de contactos parlamentarios del PSOE para la investidura, el representante del equipo negociador de Sumar para el acuerdo programático de investidura y secretario de Estado, Nacho Álvarez, reivindicó que un pacto debía recoger la aprobación de un nuevo Estatuto del Trabajo del "siglo XXI".

Y uno de los principales temas en liza en las conversaciones con los socialistas, es que dicho estatuto recogiera esa minoración de la jornada laboral semana.

Además, ya el propio Álvarez aludió también a que Sumar aspira a medidas para endurecer el despido, el despliegue de permisos retribuidos para favorecer la conciliación (dentro de una Ley de Cuidados) o reforzar el derecho de acceso a una vivienda asequible, entre otras materias. No obstante, precisó que Sumar nunca negocia desplegando líneas rojas.

Precisamente en ese encuentro se acordó por Sánchez y Díaz que sus respectivos equipos negociadores intensificaran los contactos con el objetivo de lograr un acuerdo de gobernabilidad durante el presente mes de octubre.

De esta forma, Urtasun ha desvelado así, a 12 días de que concluya el mes, una divergencia relevante en la negociación entre ambas fuerzas con las reticencias de los socialistas a incluir esta medida. Y es que en la confluencia de izquierdas que abandera Díaz están convencidos en que esta medida debe ser una de las patas centrales del nuevo estatuto de los trabajadores, con el que quieren avanzar en la consecución de más derechos laborales.

Urtasun ha desgranado que en estos momentos "no es de recibo" que España mantenga la misma jornada laboral de 40 horas, que persiste inalterable desde hace cien años, y que su aspiración es reducirla, dado que esa es la tendencia en la Unión Europea.

Su aplicación, según ha disertado el portavoz de Sumar, permitirá mejorar la productividad de la economía, desciende el desempleo y permitir que los trabajadores concilien mejor su vida laboral y familiar

"Los países que concilian mejor son más productivos y eso está en todos los estudios que tiene hecho por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo. También porque aquellos países que han reducido la jornada laboral han tenido han sostenido una tasa de paro inferior a la media europea como es el caso francés y por lo tanto si para nosotros es una cuestión esencial, estructural de esta legislatura", ha razonado.

Por tanto, ha prometido que Sumar va a insistir mucho en esta cuestión, pues defienden sus compromisos electorales, y la reducción de jornada "es uno de los grandes avances sociales que tienen que producirse en esta legislatura".

Durante las últimas semanas la formación que abandera Díaz ha enfatizado que se han producido avances en la agenda territorial, donde el punto principal pivota sobre una posible amnistía a encausados por el procés, pero que tocaba hacerlo además en la social y dejar patente un grupo de medidas concretas y nítidas con vistas al nuevo mandato.

Y es que en Sumar, como ha reiterado varias veces el propio Urtasun, que la próxima legislatura no puede ser de "trámite" o "mera gestión" de lo ya conseguido, que es el escenario que desearía el PP, sino que la ambición debe marcar el futuro Gobierno de coalición.

La destrucción de 185.384 empleos el pasado agosto ha hecho recordar a muchos que el mercado de trabajo español sigue siendo disfuncional, pese a la reducción de los contratos temporales y al crecimiento sostenido de la afiliación a la Seguridad Social que reflejan las estadísticas desde la pospandemia y la reforma laboral. Porque el final del verano ha repetido este año el patrón de rescisión masiva de contratos y aumento del paro al que estaba acostumbrado. En eso nada ha cambiado: el mercado laboral sigue marcado por una terca estacionalidad que convierte en buenos para el empleo los meses que preparan la Semana Santa y la temporada alta del turismo, y en malos enero, con el fin de la campaña navideña, y octubre, con el fin de la campaña veraniega.

De modo que el 31 de agosto volvió a registrarse una avalancha de bajas en las afiliaciones a la Seguridad Social: 308.166 en un solo día. Cierto que han disminuido un 10% respecto a las 342.276 bajas de agosto de 2021 –en 2022 fueron 320.052–, pero aun así continúa siendo una cifra descomunal que no tiene parangón en ningún otro país europeo. La misma anomalía se produjo, por ejemplo, el pasado 2 de enero, cuando un total de 390.109 –es decir, más que en agosto– perdieron su empleo al cerrarse la campaña comercial navideña.

La reforma laboral va ganando la batalla contra el abuso de los contratos temporales, la mayor tara del mercado de trabajo español desde los años 80 junto a las millonarias –y resistentes– cifras de parados. Año y medio después de su entrada en vigor, los contratos indefinidos representan casi el 40% de los que se firman cada mes, cuando antes nunca superaron el 10%. “Ha sido un éxito notable, ahí están las cifras, a la hora de reducir la tasa de temporalidad contractual”, admite el investigador de Fedea Florentino Felgueroso, quien no obstante advierte de que aún está por demostrar –“para eso hacen falta tiempo y datos”– que esa reducción “impacte en la estabilidad real: en las horas de trabajo, las remuneraciones, los índices de pobreza…”.

Además, la reforma laboral, resalta, “no tenía como objetivo” acabar con la estacionalidad. Los empleos “intermitentes”, que crecieron mucho en los últimos años no sólo en España sino también en el resto de Europa, se gestionaban en Alemania o Reino Unido con los llamados contratos de cero horas. Son aquellos que permiten al empresario llamar en cualquier momento a un trabajador para que se incorpore inmediatamente y a quien no está obligado a emplear por un número determinado de horas o días. En España están prohibidos. En su lugar, se ofrecían contratos de muy pocos días, a tiempo parcial concentrados en los fines de semana, por ejemplo, recuerda Felgueroso. Entre enero y julio de 2019, el 27,2% de los contratos firmados duraban menos de una semana; en los siete primeros meses de este año, su cuota ha bajado al 20%. Si antes del covid se registraron 3,53 millones de estos contratos ultrabreves, tras la reforma laboral se han reducido a 1,82 millones, cayendo casi a la mitad.

Esos son los contratos que, según explica el investigador de Fedea, han pasado a convertirse en fijos discontinuos con la reforma laboral. “Lo que no significa que tales empleos estacionales hayan desaparecido, y eso es lo que propicia que haya tantas altas y bajas [en la afiliación a la Seguridad Social] cada mes”, indica. A su juicio, la reforma laboral todavía no ha tenido efecto en los flujos de entrada y salida del mercado laboral; sobre todo en las salidas del empleo al paro, que continúan siendo mucho mayores que en otros países europeos. “Por eso siguen produciéndose esos efectos de fin de mes en las afiliaciones a la Seguridad Social”, concluye.

Según Felgueroso, para que haya un cambio estructural tendrá que producirse también un cambio en la productividad: que esta aumente porque, al crecer el empleo indefinido, también lo haga “el capital humano específico adquirido por los trabajadores por su experiencia en la empresa”. Uno de los perjuicios del abuso del empleo temporal es precisamente la merma que sufre la productividad porque a las empresas no les interesa dar formación a sus trabajadores temporales, de los que, además, se prescinde justo cuando empiezan a mejorar su rendimiento. La ley prohíbe encadenar contratos temporales durante más de 18 meses en un periodo de dos años. En ese momento, la empresa debe decidir si hace indefinido al trabajador o prescinde de él.

Pero también hay otro tipo de empleo estacional, el que viene dado por la estructura productiva de la economía española, basada en el turismo y la agricultura en una proporción mucho mayor que en otros países europeos. “[La estacionalidad] es inevitable, lo que hay que hacer es amortiguarla”, resume Carlos Martín Urriza, diputado de Sumar y exdirector del gabinete económico de CCOO. Con empresas de mayor tamaño, más movilidad geográfica para los trabajadores y una “estructura productiva más equilibrada” se moderaría la marcada estacionalidad del mercado laboral, asegura. Durante la pandemia, la “especialización productiva” en el turismo perjudicó mucho más a España que a Francia, “que tiene un sector industrial con mucho músculo y no tanto monocultivo en el turismo y el ladrillo”, detalla Martín Urriza. Así, también el corsé estacional español comprime mucho más la actividad que el francés.

El economista menciona como un mecanismo añadido para atenuar el daño de la estacionalidad laboral el reforzamiento de los contratos fijos discontinuos que ha incorporado la reforma laboral: “Les ha dado estabilidad y más derechos porque las empresas ahora están obligadas a llamar cada nueva temporada a estos trabajadores, que además acumulan antigüedad, no sólo por los periodos de actividad, sino también por los de inactividad”.

Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, apunta igualmente hacia el tamaño de las empresas como una de las causas de la terca estacionalidad española. Cuanto más pequeña es la empresa, más dificultades tiene para ofrecer sus bienes o servicios en más de un mercado o para destinar a sus trabajadores a otras tareas según la temporada. Malo Ocaña coincide con Martín Urriza en que, ante una casi inevitable actividad económica oscilante, lo necesario es evitar los “efectos perniciosos sobre la protección y el bienestar social” de la estacionalidad. Dando estabilidad a los fijos discontinuos.

Para saber si la reforma laboral lo ha conseguido, “si son más estables los fijos discontinuos que los temporales a los que han sustituido” y si los fijos discontinuos han recogido toda la actividad de temporada, habrá que esperar a que los investigadores tengan en sus manos la Muestra Continua de Vidas Laborales del año completo, precisa Miguel Ángel Malo. Incluso haría falta información de un ciclo económico completo. “Aún es muy pronto, sólo hemos tenido un verano normal desde la pandemia”, lamenta.

Entonces podrá comprobarse si se ha corregido, y cómo, la enorme “movilidad bruta” que caracteriza al mercado laboral español, con unos flujos de despidos, abandonos y rotación en los mismos puestos de trabajo mucho mayores que los de cualquier otro país europeo debido al abuso de la temporalidad. “La movilidad laboral no es mala por sí misma, a no ser que genere inestabilidad vital”, matiza el profesor de la Universidad de Salamanca. E impedirla, añade, “tampoco es la solución, salvo que padezcas una enfermedad como la temporalidad disparada en un mercado tan disfuncional como el español”.