¿Qué les parecería un candidato o candidata que, cada vez que tuviera que votar algo en el Congreso, se lo consultara? ¿Que usted pudiera decidir, votar, si quiere que apruebe esa medida o que se oponga? Suena a un proceso más que transparente, que los políticos no tengan carta blanca para hacer lo que quieran con nuestros votos. Es lo que muchas veces se reprocha a la clase política: nos piden el voto cada cuatro años y, luego, con ese apoyo, con esos votos, deciden hacer lo contrario a lo que prometieron o se olvidan de su programa electoral.

Bueno, pues esto es exactamente lo que proponen en Colombia con Gaitana, la candidata a las elecciones que ha sido creada…con Inteligencia Artificial. Una candidata inexistente que, cada vez que tenga que votar algo lo pondrá en común con sus electores. Resumirá cada proyecto de ley o propuesta, lo dejará en el servidor y serán los electores los que voten a favor o en contra. Gaitana no existirá físicamente, es obvio, pero, quizás, será la candidata más fiel a su electorado. Depende de los escaños que consiga, serán sus creadores los que ocupen esos escaños. Y ellos, aseguran, acatarán lo que decida esa “comunidad”.

La campaña electoral ha generado una revolución en el país y en el mundo. Gaitana se dirige sobre todo a la población indígena de una circunscripción del caribe colombiano. La han “recreado” con piel azul, con una estética parecida a la de Avatar y se han inspirado en lo que ya se hacía en esa comunidad zenú hace muchos años: ir de puerta en puerta buscando el consenso sobre lo que se quería hacer. Lo que han hecho sus creadores, dicen, es digitalizar todo ese proceso y ponerle nombre, Gaitana.

Repensar la política de una forma mucho más participativa. Alejarla del ruido y ceñirla únicamente a lo que debería ser la política, estar al servicio de los intereses de su comunidad, de quienes le han votado. Se acabaron los egos de partido, los líderes omnipresentes y autoritarios, se acabó la estructura rígida de una formación política. Un avatar, una inteligencia artificial que represente de la forma más real posible a los ciudadanos. Eso exige mayor implicación de los votantes, estar al tanto de lo que se decide en sus instituciones, participar de la vida pública de forma activa, no solo cada cuatro años con un voto.

La idea es revolucionaria. Y habrá que ver cómo funciona, dónde están los fallos, porque los habrá. Y genera también reparo, miedo: poner en manos de una inteligencia artificial nuestras vidas, cómo queremos gobernarnos, cómo queremos ser como sociedad suena, ahora mismo, demasiado futurista. Especialmente cuando hay fallos, cuando hay inteligencias generativas que empiezan a ir por libre. Pero sí que puede ser un punto de partida para debatir cómo devolver a la política su verdadero sentido, cómo acercar la política a los ciudadanos, cómo implicarnos, de forma activa, en la toma de decisiones y desactivar todas esas tentaciones que muchas veces acaban intoxicando a los políticos. Por cierto, un detalle: Gaitana no cobrará ningún sueldo, ahí lo dejo. Gaitana suena bien. Habrá que seguirle la pista.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57% de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia con poco más del 97% de las actas procesadas, según informa EFE.

El senador agradeció este domingo el apoyo recibido y prometió volver a "abrir" el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para "salir adelante" de la crisis en que se encuentra su nación.

Paz obtuvo la victoria frente a un 45,43% del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97,68% de las actas computadas.

Los votos válidos alcanzan el 94,56%, los blancos un 0,75% y los nulos un 4,69%, de acuerdo a la información preliminar que no es el cómputo oficial, aunque el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados muestran "una tendencia" que "parece ser irreversible".

Según Hassenteufel, el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89%, un dato que se confirmará "una vez que se concluya el cómputo oficial".

El vocal valoró que el Sirepre, "que ya dio muy buenos resultados en la primera ronda" realizada el pasado 17 de agosto, "también hoy ha cumplido eficazmente su función".

Ratificó que la jornada de votación fue "tranquila", transcurrió "sin incidentes mayores" y permitió que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

El político derechista boliviano Jorge Tuto Quiroga obtuvo el 66,53% de los votos de los electores residentes en España en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de este domingo. Con el 87% de las actas procesadas, el candidato conservador obtuvo en España 19.905 de las 30.834 papeletas depositadas en las urnas, según los resultados provisionales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional. 

Rodrigo Paz consiguió 10.016 votos, que es el 33,47% del total. La participación en España fue del 37,46% de los 82.300 electores registrados.

Por el contrario, el presidente electo ganó ampliamente en el conjunto del electorado boliviano que se encuentra en el extranjero, al obtener el 57,09% de los 122.148 votos emitidos, según el 75,5% del escrutinio. Su oponente sacó el 42,91%.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y ha expresado su deseo de mantener una sólida cooperación bilateral.

Sánchez se ha hecho eco en las redes sociales de ese triunfo de Paz, líder del Partido Demócrata Cirstiano (PDC), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas.

"Mi reconocimiento al pueblo boliviano por su compromiso democrático", ha subrayado el jefe del Gobierno tras trasladar su enhorabuena al que será nuevo presidente de su país.

Además, le ha trasladado su deseo de que España y Bolivia sigan trabajando juntos por una cooperación sólida y duradera.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia y le ha deseado "acierto" para lograr el cambio en el país suramericano.

"Mis sinceras felicitaciones al presidente electo de Bolivia por su calara victoria. Le deseo todo el acierto para que los bolivianos tengan el cambio que merecen. Muchos retos por delante", ha escrito Feijóo en un mensaje en la red social X.

El pasado mes de septiembre, Albania daba un paso hacia delante en su lucha contra la corrupción en las licitaciones públicas, un problema endémico en este país del sureste europeo. Su apuesta por depurar a fondo las instituciones no ha pasado, en este caso, por activar mecanismos de transparencia dentro del Gobierno o por sancionar a quienes obtienen un lucro personal a través de la actividad parlamentaria. En su lugar, Tirana ha optado por otorgar a un algoritmo las funciones que habitualmente desempeñaría una figura política, nombrando como primera ministra a una Inteligencia Artificial generativa.

Diella, una robot de cabello oscuro, mirada dulce pero firme y ataviada con el traje tradicional albanés, se ha convertido así en la primera representante pública creada por IA en el marco europeo. Uno de los primeros casos a nivel extracomunitario se dio en Tokio, donde en julio de 2024 concurrió a las elecciones municipales una IA llamada Mayor IA (alcalde IA). Tan solo obtuvo 2.761 votos, un 0,02% del total. Se trataba de una versión sofisticada del robot Michihito Matsuda, también creado con esta tecnología, que concurrió a la carrera electoral en 2018 en el distrito tokiota de Tama.

En un Estado como Albania, que cuenta con una tradición caciquil arraigada y hasta normalizada socialmente, Diella (del albanés dielle, sol) pretende ser el antídoto definitivo contra las irregularidades fiscales en el seno del Gobierno. Así lo prometía recientemente el primer ministro albanés, Edi Rama, que confía en que los procesos de contratación pública sean “100% libres de corrupción” gracias a esta atípica incorporación. Mientras un parlamentario de carne y hueso puede verse tentado por sobornos o chantajes, a la IA se le atribuye una supuesta neutralidad y una infalibilidad total en este sentido, ya que sus “decisiones” vienen marcadas por un algoritmo.

Es precisamente esta presunción de objetividad la que a menudo ha motivado a personalidades políticas a dibujar utopías futuristas donde robots o chatbots lleguen a reemplazar a cargos electos. Los esfuerzos en esta dirección han sido hasta la fecha tímidos y casi siempre anecdóticos. En Ucrania, por ejemplo, se lanzó en 2016 un sistema automatizado de control de licitaciones basado en la IA, mientras que siete años más tarde, en Dinamarca, se creó Synthetic Party, un partido liderado por un chatbot llamado Leader Lars. Esta formación, que parece extraída de un capítulo de Black Mirror, obtuvo un resultado ínfimo en las urnas.

En España, por el momento, la ley 50/1997 del Gobierno, en su artículo 11, impide que bots puedan desempeñar cargos ministeriales, ya que para ello es preciso disponer de derechos de sufragio y tener la mayoría de edad, dos requisitos que solo las personas físicas pueden cumplir. En un marco más amplio, la IA y sus usos está regulada por el Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) de la UE, la primera norma jurídica del mundo sobre inteligencia artificial, que limita el alcance del empleo de estas tecnologías para evitar que puedan afectar “a la seguridad, los derechos o los medios de subsistencia de las personas”. Pero más allá de los límites regulatorios y legales, existe un error de base al obviar que los bots creados a partir de IA generativa no son más que una herramienta diseñada por humanos.

La información de la que se nutren estos bots, obtenida fundamentalmente de datos ofrecidos por empresas privadas, está plagada de sesgos cognitivos y estereotipos, lo que refuta la hipótesis general de la “neutralidad” de los algoritmos: “Las decisiones de la inteligencia artificial son tan buenas como los datos que las alimentan, que a su vez provienen de las personas. Si son datos que contienen sesgos machistas, racistas o clasistas, está claro que las decisiones de esa IA serán injustas”, afirma para infoLibre Eleonora Esposito, investigadora de la Universidad de Navarra y experta nacional destacada en la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de Comunicaciones (DG Connect) de la Comisión Europea.

Dicho de otro modo, en una sociedad donde permean el machismo o el racismo estructural, como es el caso, la IA estará también empapada de esos mismos patrones. “El error es considerarla como si fuera algo inherentemente mejor que la humanidad misma. Simplemente es un producto de nuestra sociedad y puede acabar reforzando las mismas prácticas que debería evitar y llevar a decisiones equivocadas sin el contrapeso del juicio humano”, añade la investigadora.

Un ejemplo que muestra la prevalencia actual de estos sesgos racistas en la IA, hasta el extremo de haberse producido vulneraciones graves de derechos humanos, es el empleo de algoritmos para la securitización de las fronteras. El uso del reconocimiento biométrico con sistemas de inteligencia artificial que funcionan identificando imágenes ha llegado a vincular erróneamente a muchas persona racializadas con delincuentes organizados. Estas malas praxis, de ser llevadas a la gestión pública comunitaria (pongamos por caso que una IA pudiera implantar políticas migratorias), podrían resultar nefastas para la población migrante y peligrosas para la sociedad en su conjunto.

Así lo esgrime Enrique Benítez, economista especializado en ciberseguridad, algoritmo y regulación digital: “Hay un enorme sesgo en el entrenamiento de estos modelos que hace que identifiquen muy mal a las personas. Si se utiliza para políticas de control de fronteras, un terrorista blanco se convertirá en un falso negativo porque el sistema no lo va a identificar como un posible terrorista a pesar de que, por ejemplo en Estados Unidos, hay una larga tradición de terrorismo de ultraderecha protagonizado por hombres jóvenes de raza blanca. Sin embargo, si la persona es racializada, es muy posible que el sistema responda con un falso positivo”, afirma en conversación con este medio.

En 2021, a través de la publicación de su informe Xenophobic machines, Amnistía Internacional se hizo eco de un caso flagrante de vulneración de derechos ocurrido en Países Bajos a causa de los sesgos de la IA: se incluyó el uso de perfiles raciales en el diseño del sistema algorítmico utilizado para determinar si las solicitudes de subvención para el cuidado infantil eran señaladas como incorrectas y potencialmente fraudulentas. Como desliza el informe, decenas de miles de padres y cuidadores de familias con bajos ingresos, en su mayoría procedentes de minorías étnicas, fueron acusados falsamente de fraude por las autoridades tributarias neerlandesas.

“Se ha demostrado en repetidas ocasiones que los algoritmos perpetúan, amplifican y afianzan la discriminación histórica u otros sesgos, que suelen derivarse de datos imbuidos de sesgos históricos o de las elecciones sesgadas de las personas que diseñan, desarrollan y despliegan los sistemas”, reza el estudio. Otro análisis de esta organización aplicado a este país revela que existe el riesgo de que la autoridad de bienestar social de Dinamarca, Udbetaling Danmark (UDK), “discrimine a las personas con discapacidad, a las de bajos ingresos, a las migrantes, a las refugiadas y a los grupos raciales marginados, mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial (AI)”.

Un dato nada baladí respecto al uso de IA para sustituir a figuras políticas es que en la mayor parte de lugares donde se han utilizado algoritmos para la gestión pública, la IA se ha destinado a endurecer la seguridad, pero rara vez para ampliar derechos ciudadanos o aumentar el bienestar social. “El uso de la inteligencia artificial en las llamadas Smart Cities se está produciendo sobre todo en el área de vigilancia. Por eso, las ciudades más desarrolladas del mundo en el uso de inteligencia artificial son precisamente las que cuentan con regímenes autocráticos, donde interesa el reconocimiento biométrico y la identificación de posibles críticos con el régimen o de movimientos sociales, mientras vemos mucho menos ejemplos de uso real de la IA para mejorar la gestión pública”, destaca Benítez.

No es casual, pues, que los gobiernos cada vez más virados hacia el totalitarismo, como los EEUU de Donald Trump o el actual Ejecutivo albanés, sean los que más glorifiquen y abanderen a ultranza este tipo de soluciones a menudo tecnofeudalistas. En muchos casos, bajo esa defensa de la IA en política se esconde un cierto deseo de autoritarismo, ya que sus decisiones lucen infalibles e incuestionables. En Estados Unidos está aumentando la colaboración entre compañías privadas de IA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), hasta el punto que se está geolocalizando a objetivos a través de sus teléfonos móviles a través de su ubicación.

Para este tipo de gobiernos que fantasean con hacer que bots asuman cargos ministeriales, alega Esposito, la IA actúa a la hora de legitimarse como un gobierno avanzado tecnológicamente, proyectado hasta el futuro. “Hablamos de Estados que no prestan mucha atención a las desigualdades sociales y tampoco piensan en las dudas éticas que esto conlleva”, subraya. En esta línea, el jurista norteamericano Ryan Calo, en su artículo The Automated Administrative State: A Crisis of Legitimacy, se muestra escéptico ante el futuro de la IA en la administración pública y señala directamente a EEUU por su uso torticero de estas tecnologías, ya que apunta que la IA afianza los prejuicios raciales, de clase y de género, así como la negación de las salvaguardias estructurales.

Por ende, el peligro central en esta cuestión, tal y como convergen las fuentes consultadas, reside en la incapacidad moral de los algoritmos: “Existe el riesgo de que esto se traduzca en políticas sin consideración para las minorías. Se van a tomar decisiones sin tener necesariamente en cuenta el impacto humano, cuando lo que necesitamos son políticas hechas desde la empatía y que sean interseccionales”, advierte Esposito.

Además, los expertos coinciden en que la labor política debe entenderse socialmente como una actividad que desborda la mera gestión: en el hacer de cualquier administración pública entra la necesidad de tomar decisiones adecuadas, fortalecer las normativas existentes, fomentar una educación ética, proteger a los sectores vulnerables de la población, etc. Todo ello requiere de una dosis alta de racionalidad y juicio crítico, de los que una máquina carece por completo. Sí puede resultar beneficioso, a través de algoritmos, acelerar procesos mecánicos como analizar enormes volúmenes de datos, detectar irregularidades en contratos públicos o identificar si en estos existen cláusulas inusuales que podrían ocultar tratos corruptos.

Incluso, más allá de las labores anticorrupción, podría emplearse para tareas muy diversas como anticipar crisis, recopilar opiniones masivas, optimizar el transporte público en función del tráfico, asignar recursos sanitarios de forma efectiva a través de modelos predictivos, etc. Eso sí, siempre deberá haber un cerebro humano detrás de la totalidad de estas operaciones dado lo imperfecto de estos modelos. También porque, desde una perspectiva legal, la IA no tiene facultad para ser responsable de las decisiones que toma ni responder por sus actos, ya que no es ni una persona ni una entidad jurídica. 

También me llama la atención el hecho de que, aunque informar sobre los motivos de la confianza entregada en las urnas implicaría un plus de los que mejoran las audiencias, tampoco a los medios de comunicación parece interesarles, aunque, eso sí, durante las campañas electorales no paran de competir unos con otros publicando encuestas que parecen los números de una lotería para ver quien se acerca más a los resultados de las urnas y así presumir de eficacia demoscópica para el futuro.

En cambio, ningún resultado, salvo el de otra encuesta más fiable, podría cuestionar los resultados de un sondeo sobre, por ejemplo, los porcentajes que obtuvieran una lista de motivos que habrían podido animar el voto a favor de tal o cual candidatura. Garantizando la confidencialidad de las respuestas, por supuesto.

Por tanto, como estoy con algo que no existe, o casi, me permitiré ser creativo y, aunque en todos los procesos electorales celebrados hubo motivos que nunca sabremos en qué porcentaje afectaron a sus resultados, citaré tres ejemplos de elecciones que me llaman la atención.

Sobre las dos últimas presidenciales en USA, si se hubieran realizado encuestas post habríamos conocido, por ejemplo:

Los votantes que en las de noviembre/2020 no quisieron que Trump repitiera, pues siempre hay un porcentaje que echa la culpa de las desgracias a quien está en el gobierno, aunque se trate de una pandemia.

En este caso, es legítimo que nos hagamos una pregunta: ¿se habría montado el golpe del Capitolio en enero del 21 si las encuestas post hubieran informado a Trump, a los suyos y a todo el mundo, de los motivos que animaron a los votantes de noviembre del 20, fueran el COVID u otros?

Y, ya que estamos con un Capitolio cuya sombra ha planeado sobre la última campaña electoral, una encuesta post nos habría informado sobre los votantes de 2024 que han apoyado a Trump, o han dejado de apoyar a Harris, para que no volviera a salir derrotado el mal perdedor de 2020 ante el riesgo de que organizara otro asalto, esta vez con consecuencias quizás peores y después de que millones, atónitos, hayan contemplado que las leyes y la Justicia no hayan sido capaces de meter en la cárcel a Donald y, como compensación indefendible, el fracasado Joe haya decidido indultar a su hijo delincuente en los estertores de su presidencia.

Las inolvidables elecciones generales de 2004 en España.

En el año 2000 el PP consiguió el 44,52%, pero en 2004 sólo el 37,71%.

Una encuesta post nos habría permitido conocer, por ejemplo, cuántos de los 6,81 puntos de confianza que perdió en las urnas respecto a los resultados en 2000 lo fueron para castigar la gran mentira sobre los atentados del 11M, o cuantos para que no siguiera gobernando el mismo PP que nos había metido en la guerra de Irak.

Si se hubiera realizado esa encuesta post es probable que Aznar se dedicara hoy al cultivo de camelias, que allá usted si piensa que yo estoy pensando en el general golpista Alfonso Armada tras salir de la cárcel, y quien sabe, también, si la mentira sería hoy una moneda de cambio que circulara con tanto éxito por los mercadillos de la política.

Las elecciones autonómicas de 2003 en les Illes Balears.

Me lo ha recordado su reciente deceso y, sobre todo el hecho de que no haya leído ninguna mención en los muchos obituarios de rigor publicados, aunque puedo estar equivocado, pero para escribir con propiedad lo que sigue he tenido que visitar las hemerotecas de papel.

Diez días antes de las elecciones que se celebraron en Illes Balears el día 25 de mayo de 2003, Gabriel Escarrer (miles de trabajadores) declaró que se “llevaría sus hoteles a Canarias si tras las elecciones continuaba el mismo conseller de Turismo”. Lideraba entonces la lucha de los hoteleros contra el Pacte de Progres que se proponía implantar una ecotasa cuyo coste al turista incluso los del PP quieren ahora incrementar.

En aquellas urnas, tan lejanas, los partidos del Pacte perdieron 3,5 puntos, lo que permitió formar gobierno a un PP que solo había conseguido 0,67 puntos más que en 1999.

Si se hubiera realizado una encuesta postelectoral yo habría incluido una opción de respuesta que permitiera evaluar el impacto en las urnas de la amenaza de Escarrer de “cerrar sus hoteles y llevarlos a Canarias”.

A la vista de las escasas diferencias entre los resultados de las elecciones de 1999 y las de 2003, no necesitaría ser muy grande la diferencia a favor de los electores que, por ese motivo, no votaron a las candidaturas del Pacte, o eligieron votar a la del PP, para confirmar que se alteró el curso de la historia a través de las urnas, pero sin dedicar ni tiempo ni dinero a hacer política como tal ni, por tanto, arriesgarse al rechazo espontáneo que se habría producido en un porcentaje de votantes si el propio Escarrer hubiera sido candidato.

“El muerto (o derrotado en las urnas) al hoyo y el vivo (con el mayor margen de maniobra posible) al bollo” parece ser el casi único principio que mueve a los partidos políticos que quieren gobernar. De hecho, ya que hemos terminado en Illes Balears justo es recordar que desde allí se impulsó, antes de las elecciones de mayo de 2023, una propuesta que, aunque muy distinta en su ejecución y mucho más valiosa para las candidaturas, trabajará, pues no se da por perdida, en la misma línea de las encuestas post, la de conseguir que las personas elegidas en las urnas conozcan más y mejor a las personas que depositan la confianza en ellas.

El Diario de Mallorca dedicó este editorial a la iniciativa y también puede leer aquí una información más detallada. InfoLibre publicó este artículo. 

Hay a quienes no les gustarán las encuestas postelectorales con el argumento de que “agua pasada no mueve molino” pero yo les diría que, tal como está el molino de la democracia, todo hace pensar que el agua que lo mueve, es decir, la relación entre los políticos y sus electores, hace mucho tiempo que es de la peor calidad.

___________________

Domingo Sanz es socio de infoLibre.

La diputada Verónica Martínez Barbero, directora General de Trabajo en la anterior legislatura, será la nueva portavoz en el Congreso de Sumar tras la dimisión de Íñigo Errejón, que renunció a todos sus cargos políticos entre acusaciones de violencia sexual. Según informa EFE, la que fue cabeza de lista de Sumar por la provincia de Pontevedra en las pasadas elecciones ha sido elegida en la reunión telemática que arrancó ayer y que se ha extendido hasta el día de hoy. En ella ha participado la dirección del grupo parlamentario, del que también forman parte otros partidos como IU, Compromís, los comunes, Más Madrid, la Chunta Aragonesista y Més per Mallorca. "La hoja de ruta es clara: defender un proyecto plurinacional, feminista y que siga conquistando y defendiendo derechos", ha afirmado Sumar en sus redes sociales.

Martínez, que asumirá sus funciones a partir del 14 de noviembre, ha sido elegida por unanimidad en una reunión celebrada en el marco de un proceso que comporta la "reestructuración de responsabilidades dentro del mismo, tras los últimos cambios en su composición".

En esta línea, se ha acordado la constitución con método y calendario de trabajo de un espacio de coordinación en el que todas las fuerzas que conforman la coalición participen en "igualdad de condiciones". La nueva portavocía de Sumar sería la tercera en lo que va de legislatura tras la salida Errejón y de la gallega Marta Lois, que dejó su cargo para presentarse como candidata a las elecciones gallegas

Martínez (Gijón, 1980) fue directora General de Trabajo en la anterior legislatura con Yolanda Díaz, desde 2018 hasta 2020, y ha sido también directora del Consejo Gallego de Relaciones Laborales.

Vivimos tiempos atropellados, de un mundo en quiebra consecuencia de un modelo económico que ha supuesto un alto coste para la gente trabajadora y los recursos del planeta. Un tiempo en el que el capitalismo muta y se reordena para que las élites no pierdan sus privilegios.

Las fuerzas reaccionarias marcan las agendas y derriban los grandes consensos forjados después de la Segunda Guerra Mundial. La autodenominada "comunidad internacional" –a la que deberíamos oponer una red de comunidades internacionalistas– ha cerrado los ojos ante la continua violación de los derechos humanos, llegando al punto de hacer posible lo que parecía imposible: el genocidio en directo que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza.

La Europa de los halcones, que en tiempos de los primeros recortes era tan fundamentalista con los mandamientos de su teología económica, ahora muestra una increíble fascinación por la escalada bélica y armamentística. Los recursos que no pueden ser invertidos en la reconversión ecológica de nuestro modelo productivo, pueden ser donados a los comerciantes de armas y muerte.

Incluso en España, donde la movilización popular ha permitido que la coalición progresista continúe gobernando, las fuerzas reaccionarias penetran en los imaginarios generando fantasmas que operan en el sentido común de la gente, creando miedo, crispación e inseguridad. A esto hay que oponer con fuerza nuestro sueño de una sociedad de iguales. 

Es este el contexto en el que afrontamos nuestro debate asambleario, en el que debemos abordar la cuestión de la nueva dirección de Izquierda Unida, pero donde, sobre todo, estamos comprometidos a construir y fortalecer una propuesta concreta para la izquierda anticapitalista. En estos últimos años, el gobierno de coalición ha tenido el mérito de impulsar medidas que han permitido la construcción de una red de protección para la ciudadanía más afectada. Sabemos que no habría sido posible llevar adelante todas estas medidas sin la presencia de la izquierda transformadora en las instituciones, pero al mismo tiempo somos conscientes de que la solución a los retos que enfrentamos no puede limitarse a medidas de contención. A la crisis capitalista no se le puede responder con medidas capitalistas. Afrontamos estos grandes debates sin olvidar otro elemento esencial de los últimos años: la política de alianzas.

Izquierda Unida deberá contestarse de forma inaplazable, desde la reflexión y la templanza, qué papel debe jugar en la configuración del campo de la izquierda política del país.

Somos las tejedoras, con hilo rojo, violeta, verde y blanco. De ahí venimos. Nuestra fuerza no proviene de las élites que a regañadientes avalan nuestras demandas de cambio, sino de nuestra presencia en los municipios y en todos los territorios del país. Es ahí donde nace y se despliega nuestro laboratorio de experiencias exitosas, el que nos acredita como la fuerza capaz de tener un proyecto convincente de país y de vida: porque donde gobernamos, la gente vive mejor. Y es por esto que estamos en las instituciones: no como visitantes ocasionales, sino cómo legítimos habitantes. No necesitamos pedir permiso a quienes hasta ahora se sentían dueños, nuestro poder viene de la mayoría social organizada, porque nosotras somos una fuerza política de la gente trabajadora. No representamos a la clase trabajadora, somos una facción organizada de la clase trabajadora.

Es por ello que nuestros cimientos se sostienen sobre el trabajo militante y sobre la diversidad de los territorios, de las federaciones, que representan nuestro proyecto político 

Por eso nuestra principal tarea debe ser la de seguir vertebrando desde abajo, politizando la vida cotidiana. La lucha política debe vibrar con intensidad dentro y fuera de las instituciones. Nuestra presencia en las administraciones, desde los municipios hasta el Gobierno, pasando por parlamentos y gobiernos autonómicos, garantiza que en estos espacios resuenen las razones de la mayoría social, sus necesidades y sus soluciones. Sin embargo, nuestros objetivos no pueden ser delimitados y determinados por los ciclos electorales. Quizás más que nunca la política sea eso que sucede en las luchas de cada día: en el barrio donde los servicios públicos se están desmantelando, en un trabajo donde las condiciones laborales son insoportables, defendiendo nuestros territorios o simplemente construyendo espacios comunitarios para disfrutar de la vida.

Necesitamos unidad, síntesis, pero no tener miedo a las discrepancias políticas: solo desde la pluralidad y la deliberación podemos generar la inteligencia colectiva necesaria para reforzarnos. Practiquemos la discusión de ideas en su poder creativo, pero no cedamos al dispositivo malicioso del autoritarismo capitalista: el de la crispación, de la polarización.

Izquierda Unida puede y debe elaborar un programa de mínimos exigente, sin renunciar a un programa de máximos que alumbre un mundo nuevo. Nos lo han enseñado la lucha de clases y el feminismo: a desear y pelear. Nos han enseñado que cada cuerpo y cada territorio cuentan, que el poder de las que nada tienen nace de todas y se ejerce en comunidad para cambiar las cosas. Que más allá de las lógicas masculinas y de los amos que se apoderan de los espacios públicos y privados, existe otra forma de mirar y tejer el mundo: desde la rebeldía de la empatía. Tenemos la ambición de cambiar las reglas del juego que nos encorsetan.

Tenemos la responsabilidad histórica y política de no dejarnos aplastar por quienes nos dicen que no hay alternativas. Debemos imaginar lo imposible con creativa irreverencia, convertirlo en posible con alegría valiente y avanzar con tenacidad cooperativa para finalmente hacerlo brotar como algo real. ¿Por dónde empezar? Hacer de Izquierda Unida la casa de todas las luchadoras y luchadores: nunca refugio en el que esconderse, más bien un hogar desde el que partir y al que regresar para tener la fuerza de salir a luchar por la justicia calle por calle y barrio por barrio.

Vamos a iniciar una nueva etapa para reforzar la Izquierda Unida de todas y todos: de toda la militancia y de todos los territorios, desde los principios republicanos de federalidad y fraternidad. 

¡Arriba las que luchan!

________________________

Sira Rego es ministra de Juventud e Infancia en el Gobierno de España y candidata a liderar Izquierda Unida.

La nueva candidatura de Donald Trump a las elecciones presidenciales de 2024 no va a cambiar la esencia de los procedimientos abiertos contra el exmandatario pero suma un componente contrarreloj a las investigaciones que podría acabar jugando a favor del magnate conforme se acercan fechas clave en la carrera por la nominación, recoge Europa Press.

Ahora mismo hay tres investigaciones abiertas a nivel federal contra Trump, bajo sospecha de apropiación de documentos clasificados, intento de revocar por la fuerza los resultados de las elecciones, y de incitar a la insurrección, más una investigación estatal en Georgia por supuestas presiones para revocar el resultado de las presidenciales en este estado y otros dos casos en Nueva York contra su persona y la organización Trump por fraude.

Hay que recordar que Trump no es el primer candidato presidencial en presentarse a la Casa Blanca en estas circunstancias y el precedente inmediato es su rival en las elecciones de 2016, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quien tuvo que declarar ante el Congreso por el supuesto mal uso de un servidor privado para mandar correos electrónicos, antes de acabar exonerada.

La abogada personal de Trump, Alina Habba, ha asegurado que la decisión de presentarse no tiene nada que ver con estas investigaciones y que el exmandatario "lo ha hecho por el país y punto", según explicaba el miércoles en una entrevista con Newsmax, pero expertos legales coinciden en que, como mínimo, Trump obtiene margen de maniobra para enfrentarse a ellas.

En EEUU, un político puede comparecer a unas elecciones aunque esté siendo investigado y puede también desempeñar su cargo mientras no exista una condena al respecto, caso por ejemplo de los congresistas republicanos Chris Collins y Duncan Hunter en 2018, pero la imputación formal de Trump, por su condición de candidato presidencial, debe proceder de una sola persona: el fiscal general, en este caso Merrick Garland, figura demonizada por los sectores conservadores como antiguo pretendido del expresidente Barack Obama para el Supremo.

Si Garland imputa a Trump, prácticamente todos los expertos dan por sentado que el Partido Republicano entero se levantará para protestar una "caza de brujas". Ello podría desembocar en el comienzo de un contraataque de la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes en forma de interrogatorios a cualquier miembro de la administración o incluso a los propios responsables de investigar a Trump, de ahí que en los últimos días se haya barajado la introducción de un "fiscal independiente", concretada finalmente este sábado.

Garland ha nombrado a Jack Smith como el encargado de estas investigaciones. Exfiscal jefe del Tribunal Especial de La Haya, Smith se encargó de evaluar los crímenes de guerra cometidos durante la guerra en Kosovo, según CNN.

Esta figura, sin embargo, podría abrir la puerta a un absoluto caos burocrático, según la antigua fiscal de distrito para el este de Michigan Barbara McQuade. "Como impongas un fiscal especial a cualquiera que se presente a la Casa Blanca, cualquiera bajo investigación puede decir perfectamente que van a ser candidatos a la Casa Blanca", explica a Bloomberg.

McQuade está convencida de que Trump es consciente de que puede usar la carta del victimismo a partir de ahora. "Ya puede señalar cualquier secuencia de eventos como una de causa y efecto, y argumentar que puede formar parte de una campaña para atacar su candidatura", explica la antigua fiscal.

Si bien los expertos consultados por los medios estadounidenses coinciden en recomendar a los investigadores que se olviden por el momento del anuncio de la candidatura de Trump, existen discrepancias a la hora de decidir qué investigación es la más peligrosa para el exmandatario.

El ex fiscal general adjunto de Estados Unidos Donald Ayer considera prioritaria la investigación sobre las acusaciones de manipulación electoral. "El caso de los documentos es muy grave por motivos de seguridad nacional. Es más compacto y menos complejo de demostrar. Pero la más importante es que acusa a Trump directamente de intentar robar las elecciones. Es imposible subestimar lo que está en juego aquí", explica al diario británico The Guardian.

Otros expertos, como el exresponsable de Seguridad Nacional Paul Rosenzweig, creen que la investigación sobre la presunta apropiación de documentos clasificados debería ser prioritaria porque existe un estatuto federal que tipifica la inhabilitación a un cargo público de aquellos declarados culpables de la ocultación de documentos clasificado. "Me parece la cuestión más importante. Primero, porque es un tema de seguridad nacional y segundo, porque el Congreso se ha expresado sobre este tema de manera más explícita imposible", ha indicado a la cadena CNN.

La ex fiscal federal para Nueva York Jennifer Rodgers estima que, en cualquier caso, la candidatura de Trump ha acelerado los procedimientos. "Si le van a acusar", explica a Bloomberg, "no pueden esperar más allá de la próxima primavera, porque lo que va a ocurrir a partir de ahora serán litigios y más litigios, todo el rato".

La larga batalla legal que se avecina abre el interrogante sobre la capacidad de las arcas de Trump para costear unos procesos legales que llevan abiertos contra él prácticamente desde que abandonó la Casa Blanca.

Desde entonces, el magnate paga a buena parte de los abogados gracias a los fondos de su Comité de Acción Política (PAC) Salvar a América, creado tras su derrota en 2020. Estos PAC son organizaciones recaudatorias y son, independientemente del partido, objeto de profundas sospechas por la falta de regulación a la hora de definir quién entrega el dinero, cuánto, y para que se usa.

Mientras Trump no era candidato, el magnate podía por ejemplo usar las donaciones que sus simpatizantes entregaban a través de este PAC para sus gastos personales sin problema alguno, un registro federal apunta que ha conseguido más de 100 millones de euros en dos años, pero las normas son más estrictas cuando el beneficiario de PAC anuncia su candidatura a la Presidencia.

Entra aquí otra organización todavía más controvertida como es el Super PAC, un comité específicamente diseñado para sufragar gastos de campaña. Trump tiene uno: MAGA Inc., al que podría directamente transferir fondos sin demasiados problemas legales, en opinión de Saurav Ghosh, director de la asociación civil Centro Legal de Campaña, especializada en el seguimiento del protocolo electoral norteamericano.

Ghosh recuerda cómo, en un momento dado, su organización preguntó a la principal instancia reguladora de este ámbito, la Comisión Electoral Federal, por la legalidad de un desembolso realizado a MAGA Inc. por valor de 20 millones de euros en octubre, un mes antes de que Trump anunciara su candidatura, solo para recibir un portazo y el reproche del Super PAC de Trump, que defendió la absoluta validez de esta transferencia.

"Intentamos hacer algo al respecto pero lo más probable es que el caso no llegue a ninguna parte porque la comisión está formada por tres demócratas y tres republicanos", lamenta Ghosh al Business Insider. "Además, en el caso particular de Donald Trump, la comisión ha exhibido una absoluta disfunción y una completa incapacidad para hacer cumplir la ley", añade.

En cualquier caso, el Partido Republicano se ha apresurado a asegurar que Trump no podrá disponer de las arcas de la formación para defenderse de las acusaciones. "No pagamos los costes legales de ningún candidato", aseguró la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, a la cadena CNN, antes de reconocer que sí habían proporcionado a Trump cierto respaldo económico tras dejar la Casa Blanca, como es norma para cualquier expresidente republicano.

Reyes Maroto ha dado un paso adelante. Quiere ser alcaldesa de Madrid por el PSOE, según ella misma anunció este lunes. Sin embargo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo no es muy conocida. Un 46,6 de los españoles no la conocen pese a ser miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde 2018, cuando ganó la moción de censura que le dio acceso a la Moncloa, según un estudio del CIS de octubre.

No es la primera vez que un ministro es candidato a unas elecciones autonómicas o municipales, unos comicios a menudo considerados como de segunda. Lo hizo Salvador Illa, entonces Ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cuando se presentó a las catalanas de 2021. También Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuando hizo lo propio como candidato a las elecciones autonómicas de Madrid ese mismo año. Con distinta suerte. El primero las ganó y el segundo se quedó en el 7%, anunciando la misma noche electoral su marcha de la política.

¿Cómo de importante es el conocimiento del candidato en las elecciones municipales y autonómicas? ¿Se vota más al partido o a la persona¿ ¿Se está haciendo cada vez más presidencialista el sistema parlamentario?

El pasado mes de octubre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó un estudio específico sobre las próximas elecciones municipales. En ella, una de cada dos (53%) personas aseguraban que los candidatos a la alcaldía de su pueblo o ciudad eran un factor más importante que el partido político con los que se presentaban (37%) a la hora de decidir el voto. Es un dato significativo, aunque no sorprendente para la mayoría.

Pero existen notables diferencias entre los ciudadanos de distintas Comunidades Autónomas. Por ejemplo, el 60% de los andaluces indica que el candidato es más importante que el partido a la hora de ejercer el voto, una diferencia neta de más de 20 puntos. En cambio, en la Comunidad de Madrid o País Vasco las preferencias se invierten, teniendo los partidos más peso que los candidatos que los encabezan.

Evidentemente, no es una ciencia ni mucho menos exacta. En recientes elecciones, como las de Castilla y León, el candidato de Vox, Juan García Gallardo, cosechó un resultado excelente y decisivo pese a su falta de conocimiento. El momento dulce de su partido, la potencia de la marca y la popularidad de líderes nacionales fueron determinantes. Lo mismo ocurrió antes con candidatos de Ciudadanos y Podemos no muy conocidos pero que se beneficiaron de una ola más amplia y del momento político. En cualquier caso, cada vez el candidato parece pesar más.

Una investigación firmada por Diego Mo Groba y María Pereira López y publicada en la Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS), argumenta que la influencia que ejercen cierto tipo de liderazgos “es un juego de suma y resta”. El liderazgo, por tanto, “funciona como un elemento canalizador del voto entre partidos emergentes y tradicionales” y es capaz de las preferencias de los electores en una u otra dirección.

Es decir, que un buen candidato aumenta la probabilidad de votar a un partido político, pero además, un mal candidato aumenta la probabilidad de terminar votando a su adversario, un fenómeno que han evidenciado Teresa Mata López y Manuela Ortega Ruiz (Revista Española de Ciencia Política, RECP) en su estudio del voto autonómico, al igual que los dos anteriores estudios citados.

Sin embargo, Mata y Ortega añaden que existen efectos concretos que disuaden estas influencias dependiendo de la Comunidad Autónoma objeto del estudio. En el caso de este último, que analiza los procesos electorales en Galicia, País Vasco y Cataluña entre 2009 y 2010, apunta que la influencia de los líderes pueda ser relativa —aunque no niegan su presencia— y añaden que “las características propias de estas regiones marcan de forma decisiva la orientación del voto”.

Los indicios apuntan a que el efecto del líder político en los ciudadanos a la hora de ejercer su voto se produce tanto en elecciones multipartidistas —donde muchos partidos compiten en la misma carrera electoral— como en las bipartidistas —cuando las elecciones se ciñen a dos grandes partidos. Y esto es relevante, porque, de forma natural, tendemos a pensar que la “presidencialización” de la política ha llegado a España de la mano de los nuevos partidos como Podemos, que en 2014 se presentaba a sus primeras elecciones con la imagen de su líder en la papeleta del voto.

Sin embargo, un estudio de Leonardo Sánchez-Ferrer y Jorge Berzosa-Alonso (REIS), apunta que la valoración de los líderes no es la variable más influyente —la cercanía que uno tiene hacia un partido político es un factor más determinante—. Los autores le otorgan un peso similar que a la autoubicación ideológica del votante y mucho mayor que a la imagen que estos tienen respecto a la gestión de políticas públicas y la valoración retrospectiva de la gestión del Gobierno.

Es más, en todos los estudios citados a lo largo de estas líneas, las variables de corte demográfico (como el sexo, la edad o el nivel de estudios) no tienen efectos significativos en el voto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, si bien analizando las tendencias de voto por grupos demográficos podemos ver diferencias notables —sobre todo en temas como la religiosidad del votante— la influencia de estas características en el voto subyace bajo aquellos factores como la ideología, la cercanía hacia una formación política o la valoración de su cabeza de lista.

Argumentan los autores que “el efecto electoral del liderazgo tiende a ser mayor en democracias presidencialistas”, aunque subrayan la tendencia creciente a la personalización de la política en todo tipo de procesos electorales con diferentes sistemas de partidos.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado este sábado que se retirará de la vida política cuando termine su mandato y que no se presentará a las elecciones para el cargo de vicepresidente en 2022, como tenía previsto, según informa Europa Press. "En obediencia a la voluntad de las personas que, después de todo, me auparon hace tanto tiempo a la Presidencia, ahora anuncio este sábado que me retiro de la vida política", ha manifestado en una comparecencia recogida por ABS-CBN.

Duterte expresó en agosto su deseo de presentarse al cargo de vicepresidente en las elecciones del año próximo -el mandatario no puede revalidar mandato- en una decisión que muchos críticos denunciaron como un intento de aferrarse al poder. Ahora, Duterte, de 76 años, asegura que ha cambiado de opinión basándose en "el sentimiento universal del filipino reflejado en las diferentes encuestas y en muchos foros y, bueno, charlas y reuniones para discutir lo que debo hacer en mi vida".

"El sentimiento abrumador del filipino es que no estoy cualificado, y que se trataría de una violación del espíritu constitucional", ha añadido. En su lugar, Duterte ha respaldado la candidatura a la Vicepresidencia del senador y estrecho colaborador Christopher Go, a quien ha deseado "toda la suerte del mundo".

Esta decisión despeja el camino a su hija y actual alcaldesa de Davado, Sara Duterte-Carpio, quien hasta ahora se había negado a postularse a la Presidencia porque su padre contemplaba la posibilidad de presentarse como 'número dos' en la carrera electoral.

Si finalmente cumple su anuncio, Duterte pondrá fin a cinco años en el poder, marcados por su brutal campaña antidroga, duramente criticada por organismos internacionales al considerar que la Policía ha sido partícipe en asesinatos extrajudiciales y campañas de terrorismo en su persecución contra los narcotraficantes, extendida bajo cuerda a la población civil.

Grupos pro Derechos Humanos creen que el número total de muertos en estas operaciones podría estar entre los 27.000 y 30.000, y acusan a las autoridades de llevar a cabo ejecuciones sumarias en las que murieron sospechosos inocentes, incluidos niños. De hecho, una investigación de la ONU detalló en su momento que entre los muertos había al menos 73 menores de edad, y el más joven de solo cinco meses. Todos ellos se suman a un gran número de personas asesinadas por pistoleros, muchos de ellos agentes de Policía en activo o retirados.

Acabo de escuchar a un conocido decir aquello tan sobado de que da igual, que ya no existen derecha e izquierda, que eso es cosa del pasado. Sabido es que quienes pregonan ese cuento tan chino y tan de brocha gorda suelen ser gente de derechas, deseosa de que los partidarios de cambiar el mundo, aunque solo sea un poquito, nos rindamos. Si no lo hacemos, si insistimos en que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, en que pueden conseguirse mayores niveles de libertad, igualdad y fraternidad, ese tipo de gente suelta que somos unos ilusos, unos dogmáticos, unos radicales.

Pues no. No es igual que sea canciller de Alemania el socialdemócrata Olaf Scholz que el conservador Armin Laschet. Ni para las clases populares y medias de la gran república federal, ni para las del resto de la Unión Europea. Sé perfectamente que los dos son caballeros moderados y partidarios de la ley y el orden vigentes, pero hay matices que los distinguen, y los matices, señores de la brocha gorda, son importantes. En el arte pueden hacer la diferencia entre una obra genial y otra meramente buena; en la vida, entre el alta médica o la muerte.

No es un revolucionario, por supuesto, pero Scholz, vencedor de las elecciones del pasado domingo, siempre pondrá un poco más el acento que Laschet en cosas como subir los salarios, mejorar las pensiones, fortalecer la sanidad y la educación públicas e intentar salvar lo que se pueda de un planeta devastado por la crisis climática. Y no creo estar muy loco si añado que así lo han visto también los millones de alemanes que le han votado.

Si fuera cierto eso de que ya no hay izquierda y derecha, no entiendo muy bien por qué los poderes económicos y mediáticos se obstinan tanto en oponerse a la llegada al Gobierno de los socialdemócratas y, ya no digamos, de fuerzas más progresistas. Ni por qué, en el caso de que la izquierda haya hecho la heroicidad de ganar las elecciones con el viento en contra empresarial y mediático, esos mismos poderes –más los del Estado, en especial el judicial– le ponen tantísimas zancadillas a su acción de Gobierno. ¿Será que no tenemos todos los mismos intereses, que los del asalariado y los del banquero continúan divergiendo sustancialmente?

Llámenle como quieran, pero así sigue siendo, incluso en los países occidentales de capitalismo y democracia. No creo que vivamos en una Arcadia donde la reducción de impuestos a los multimillonarios no tenga el menor efecto en las prestaciones públicas a las que aspiramos los que no ganamos cientos de miles de euros anuales. No, me parece más bien que los que predican ilusiones son, precisamente, los que nos dicen que ya vivimos en la Arcadia feliz, un mundo tan próspero, libre e igualitario que no vale la pena intentar cambiarlo. Ellos sí que son dogmáticos y radicales del manifiestamente mejorable modelo existente.

Así que prefiero una Alemania gobernada por Scholz a una gobernada por Laschet. Y también preferiría una Francia presidida por un o una auténtica progresista a la actual de Macron. Esto último se antoja dificilísimo a fecha de hoy: la izquierda francesa está aún más dividida que la española y ninguno de sus aspirantes al Elíseo supera el 10% de las intenciones de voto, según leo en L´OBS. ¡Qué pena! A diferencia de los que intentan ocultarse tras los rollitos sobre el Fin de la Historia, la posmodernidad, la llicuescencia, la equidistancia y otras pedanterías, yo no tengo el menor problema en decir alto y claro que me gustaría un giro a la izquierda en el eje París-Berlín. Mi Gobierno, el español, no tendría tantos problemas para subirnos salarios y pensiones, gastarse en escuelas y ambulatorios, hacer que los ricos paguen algo más de impuestos y plantarle cara a la desvergüenza de las eléctricas.

De ser alemán, hubiera votado por Scholz o Los Verdes. Puestos a ser gobernados por alguien, el libertario que soy prefiere un socialdemócrata a un conservador, ya no digamos un fascista. Máxime si los socialdemócratas empiezan a comprender que se pasaron de “pragmáticos” al sumarse con tanto entusiasmo al neoliberalismo y a una austeridad de la que acabó prescindiendo la mismísima Merkel ante la irrupción de la pandemia. En cuanto a Los Verdes, el ciudadano preocupado por el planeta que les estamos dejando a nuestros hijos y nietos está convencido de que el ecologismo es absolutamente imprescindible en nuestras sociedades.

Pero no soy alemán, ni francés. Soy un español que ya votó hace poco, en 2019, conforme a sus intereses e ideales –¿qué hay de malo en tener ideales?–, y que desea que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos no solo termine su mandato, sino que lo aproveche para hacer un montón de cosas útiles para la mayoría de los ciudadanos, esas cosas a las que aludía Jesús Maraña en Frente al ruido y la furia… políticas útiles. Señoras y señores de nuestro Gobierno, no se acobarden por los graznidos de los políticos y medios de derechas, apliquen el programa que aprobaron los representantes de más de la mitad de los electores de 2019.

De las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo ninguna fuerza política se puede sentir orgullosa de lo realizado ni de la convocatoria, ni de los continentes ni contenidos del proceso electoral. Tras ellas, ganadores y perdedores deberían haber realizado una reflexión sobre la calidad de nuestra democracia, que al fin y a la postre es la que sustenta el modelo de convivencia. Se está convencido de que la solución consiste en pasar de pantalla. Hacer tabla rasa y volver a la casilla de salida. Gran error.

Sin duda, la reflexión más profunda le corresponde al socialismo madrileño, por varias razones. La principal, haber obtenido el peor resultado de su historia; su incapacidad para gobernar la Comunidad Autónoma en 2019 teniendo todo el viento a favor; por llevar así más de 20 años. Hay “algo” que hace que no sea casual haber pasado a ser la tercera fuerza política y estar en la misma situación en la capital y con mayorías muy precarias en los grandes municipios de la región.

Hacer bien las sumas y las restas de lo que viene sucediendo es esencial para el socialismo madrileño. Madrid es un bastión clave para poder renovar y liderar un proyecto progresista para España.

Con los meses pasados, la campaña electoral de los socialistas madrileños, si puede ser ejemplo de algo, es de lo que nunca se debe hacer. Lo digo con cierto conocimiento personal de causa. La impericia demostrada es para ser estudiada por politólogos, sociólogos y especialistas en comunicación electoral. Ahora bien, sería engañar a la irremediable verdad cifrar exclusivamente el progresivo deterioro del socialismo madrileño en la desastrosa última campaña; ya está asumido que se hizo con personas poco conocedoras de la realidad madrileña y poniendo el foco del debate político en escenarios muy al margen de las preocupaciones ciudadanas.

El problema del socialismo madrileño viene de mucho más atrás, y no por el manido “ya en tiempos de la República” o el que "los socialistas madrileños siempre están en batallas internas irrelevantes". Con rigor, hay dos causas más de fondo: en primer lugar, no tener un proyecto político que identifique a Madrid con lo que debe ser una región metropolitana y capitalina europea que aspire a ser un modelo de referencia de bienestar, progreso y cohesión social del Siglo XXI. Un modelo socialdemócrata de región europea.

Sin embargo, la derecha madrileña ha sabido aprovechar el éxito económico de Madrid para convertirla en el paradigma del ultraliberalismo financiero y económico y, ahora más que nunca, estereotiparla como un territorio donde la libertad individual puede ser ilimitada, la libertad frente y no en el Estado (poder público).

El socialismo madrileño, viviendo en la autocomplaciente endogamia de sus agrupaciones de distrito y locales, ha sido incapaz y ha renunciado a construir una mayoría social que implique a trabajadores, clases medias urbanas, funcionarios y demás colectivos que necesitan el arrope de lo público para que sus proyectos vitales individuales y colectivos puedan realizarse. La consecuencia ha sido un progresivo distanciamiento de los ciudadanos del voto a los socialistas. Madrid es un territorio complejo de gran potencialidad, pero la derecha lo ha simplificado envolviéndolo en eso de que solo los tontos y los vagos no triunfan en Madrid. Una carrera por ser famoso y sobre todo por tener lo más, de todo. En un planeta que parece clamar por decrecer, para volver a encontrar un equilibrio entre los humanos y la naturaleza, el modelo que viene imperando en Madrid es una verdadera locura, aunque se empeñen en envolverlo en papel couché floreado.

El socialismo madrileño solo será opción de éxito si es capaz de asumir el riesgo de buscar soluciones que cambien ese modelo y que pongan el foco en enfrentar las inquietudes y angustias reales de los ciudadanos. La pandemia ha dejado algunas claramente marcadas, como es el fortalecimiento de la calidad de los servicios públicos con la suficiencia fiscal para mantenerlos. Lo demás es hacer la televisión de color con brochazos. No queda otra que saber convertir una situación crítica en una oportunidad. Ofreciendo proyectos que hagan más amigables y sostenibles las ciudades y pueblos de la Comunidad, recuperen el turismo interior e internacional con otra imagen que apueste más por el patrimonio cultural que por la cerveza, que se preocupe por crecer en gasto turístico y no en volumen de visitantes, digitalizar el territorio con visión de futuro, no hablar del paradigma del 5G cuando los chinos ya van por la 7ª red; se hace promocionando el teletrabajo y la vida de proximidad, digitalizando la educación pública, evitando desigualdades en el empleo, y de presente con una adecuada e innovadora formación profesional para la digitalización. En definitiva, dando el valor requerido al momento a la ciencia y a la investigación, afinar nuestro sentido de la realidad sabiendo trasladar al modelo sanitario lo que la pandemia nos ha enseñado, que es mucho. Saber ordenar ahora las prioridades con conciencia de lo importante y de lo accesorio, las diferencias por edad, sexo o raza no nos separan, por contra nos unen en los objetivos contra las injusticias, incertidumbres e inseguridades. No se puede seguir repitiendo los eslóganes tradicionales teñidos de novedosos, hay que formular políticas transformadoras que cambien situaciones indeseables y que propicien un rencuentro de los ciudadanos con la política y para ello es imprescindible que desde el socialismo madrileño se alcancen las bases de un contrato progresista con los ciudadanos.

Esto no se puede hacer si no se cuenta con el gran capital y talento humano del que dispone esta región y que han abandonado su relación con el partido socialista porque este les ha abandonado a ellos, cuando no ignorado o incluso despreciado. El futuro sólo se puede construir diciendo las cosas como son.

No solo los grandes lugares de pensamiento, como las universidades o los centros de investigación, tienen que participar revitalizando el socialismo madrileño; sin la concurrencia de los trabajadores, de los sindicatos, nunca será mayoritario un proyecto socialdemócrata, como de los empresarios como grandes operadores económicos y de todo el entramado social que se ha ido creando en las últimas décadas desde organizaciones sin ánimo de lucro hasta agrupaciones y colectivos profesionales. Esa es la única vía para convertir mayorías sociales en políticas.

Ello no pasa por aceptar electoralmente todo aquello que diga cada uno para olvidarlo al día siguiente, ni intentar dar lecciones de lo bueno o lo malo desde una falsa superioridad moral. Hay que hacer algo más que discurso y compromisos electorales, hay que trazar alianzas colaborativas, transparentes y creativas, perdurables en el tiempo, más allá del día de depositar el voto.

Ahora bien, decía más arriba que dos eran las pesadas hipotecas del socialismo madrileño, una la carencia de un proyecto político socialdemócrata con identidad propia; lo segundo, que hace casi imposible disponer del proyecto, es una pesada y corporativizada —aunque exigua en miembros— organización política incapaz de ser mucho más que una agencia de gestión de egosgestión de egos y receptoras de instancias de “qué hay de lo mío”.

Ahora bien, tan espinoso tema creo que merece una reflexión independiente.

__________________

Álvaro Frutos Rosado ha sido Secretario del Área de Formación, Estudios y Programas de la CER del PSOE-M hasta la dimisión en bloque de dicha ejecutiva tras los resultados del 4 de mayo. Es uno de los promotores del colectivo Momentumadrid de recuperación del socialismo madrileño.Álvaro Frutos Rosado

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha comenzado este martes a investigar el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero cuando una turba de seguidores del ahora expresidente Donald Trump irrumpió en la sede legislativa, según recoge Europa Press.

La comisión especial establecida por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se reúne para investigar las circunstancias en que se produjo la "insurrección" en Washington cuando cientos de personas interrumpieron la certificación de la victoria de Joe Biden en las presidenciales.

Así, cuatro agentes de Policía que defendieron el Capitolio aquel 6 de enero han ofrecido este martes, en una audiencia de cerca de tres horas, sus testimonios desgarradores, relatando las situaciones de caos y escenas de violencia vividas aquel día.

"El 6 de enero, por primera vez, tuve más miedo de trabajar en el Capitolio que durante todo mi despliegue del Ejército en Irak. En Irak, esperábamos violencia armada, porque estábamos en una zona de guerra. Pero nada en mi experiencia en el Ejército, o como agente de la ley, me preparó para lo que enfrentamos aquel día", ha relatado el miembro de la Policía del Capitolio y veterano del Ejército Aquilino Gonell, según informa el medio estadounidense 'The Hill'.

Gonell, quien sufrió lesiones durante el asalto, ha detallado también cómo él y otros agentes fueron pateados, rociados con productos químicos, electrocutados y golpeados con astas de bandera por parte de los asaltantes.

Por otro lado, el agente de la Policía Metropolitana Michael Fanone ha condenado la "indiferencia" que se ha mostrado con los agentes que se encontraban en el Capitolio aquel día, especialmente por parte de los republicanos.

"Mi carrera en la aplicación de la ley me preparó para enfrentar algunos de los aspectos de esta experiencia (...), pero nada me ha preparado para dirigirme a los miembros electos de nuestro Gobierno que continúan negando los eventos de ese día y, al hacerlo, traicionan su juramento", ha criticado.

También ha compartido su testimonio Harry Dunn, agente de la Policía del Capitolio, quien ha denunciado insultos raciales por parte de los alborotadores y ha indicado que se notaba que estos "tenían órdenes" para llevar a cabo aquel asalto.

"Una de las cosas más aterradoras del 6 de enero es que las personas que estuvieron allí hasta el día de hoy piensan que tenían razón. Y eso es una receta aterradora para el futuro de este país", ha agregado.

El agente de la Policía Metropolitana Daniel Hodges han sido el cuarto miembro de seguridad en hablar frente a la comisión, a la que ha instado a averiguar si alguien "con poder" impulsó el asalto al Capitolio.

"Necesito que se dirijan a si alguien en el poder coordinó, ayudó, instigó o intentó restar importancia a los hechos, intentó evitar la investigación de este ataque terrorista", ha exigido.

Durante sus testimonios, los agentes han intentado contener las lágrimas y han mostrado cómo les ha afectado a nivel físico y emocional el ataque del 6 de enero. Asimismo, algunos legisladores se han mostrado emocionados por el relato de los policías, que ha estado acompañado de imágenes de los hechos.

Comisión de investigación

La comisión examina qué ocurrió el 6 de enero en el Capitolio, si bien incluye únicamente a dos republicanos dada la negativa por parte del partido de participar en la investigación.

La investigación sobre lo sucedido se ha convertido en una lucha entre las dos formaciones. En mayo, la Cámara sometió a votación la realización de una investigación independiente, algo que fue bloqueado por el Senado.

Esto llevó a Pelosi a crear una comisión selectiva para sacar adelante la pesquisa. Así, Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana, eligió a cinco miembros del partido para formar parte de la misma, si bien Pelosi rechazó a varios de los seleccionados.

Posteriormente, la propia Pelosi nombró a Liz Cheney, diputada por Wyoming, mientras que McCarthy eligió a Adam Kinzinger. Ambos han sido críticos con Trump a pesar de ser republicanos.

"Durante meses se han expandido las mentiras y las conspiraciones, y se ha puesto en peligro nuestra propia gobernanza", ha lamentado Kinzinger, según informaciones de la cadena CNN.

En este sentido, ha resaltado que el pueblo estadounidense merece transparencia y "verdad" sobre "cómo y por qué miles de personas atacaron la democracia" aquel día. "Trabajaré de forma diligente para garantizar que se sepa la verdad y que los responsables son llevados ante la justicia",que los responsables son llevados ante la justicia" ha aseverado.

Desde que tuvo lugar el asalto han sido detenidas unas 570 personas, si bien siete perdieron la vida en relación con el evento. La semana pasada, un hombre fue condenado a prisión por su implicación en el ataque.

La Comisión Regional de Ética del PSOE de Andalucía ha informado este miércoles, una vez cumplido el plazo de registro de propuestas, que el único socialista que ha presentado precandidatura a las elecciones primarias del PSOE-A para su Secretaría General ha sido el ya elegido candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas y alcalde de Sevilla, Juan Espadas Cejas, que se queda así a un solo paso de ser proclamado oficialmente como nuevo líder de la federación socialista andaluza el próximo 23 de julio en sustitución de Susana Díaz, según informa Europa Press.

Una vez que la Comisión ha verificado que la precandidatura presentada reúne los requisitos reglamentariamente establecidos, ha acordado proclamar la misma a los efectos de continuar las siguientes fases del procedimiento electoral convocado, que continúa a partir de este miércoles con la recogida y presentación de avales hasta el próximo día 23 de julio, según ha informado el PSOE-A en un comunicado.

Una vez concluido el proceso de presentación de avales, el también candidato electo socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, podrá ser proclamado secretario general por la Comisión de Ética el mismo día 23 de julio, dando por finalizado el proceso de primarias, según confirman desde el partido.

El Comité Director del PSOE-A –máximo órgano entre congresos– dio el pasado lunes luz verde a la activación de este proceso para renovar el liderazgo de la federación socialista andaluza y para la convocatoria de su decimocuarto Congreso Regional, que se celebrará los días 6 y 7 de noviembre en un lugar aún por determinar.

Según establece la normativa al efecto, publicada por el PSOE-A en su página web y consultada por Europa Press, para lograr la consideración de candidato, además de ser militante del PSOE y estar inscrito en el censo válido para el 14º Congreso Regional, será necesario conseguir un 2% de los avales de los militantes y afiliados directos del

PSOE de Andalucía y Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA).

Los avales deberán presentarse ante la Comisión Regional de Ética, a través de los representantes de las precandidaturas o, directamente, ante la Comisión, dirigidos a la dirección de correo electrónico info@psoeandalucia.com, presencialmente o por correo ordinario, a la atención del Comité Organizador Regional, sito en el número 37 de la calle San Vicente de Sevilla.

Espadas podrá aportar al órgano verificador de los avales, como máximo, el doble del número de avales requeridos para obtener la condición de candidato, un 4%, tan solo con la finalidad de llegar al mínimo establecido por la posible anulación de parte de los avales presentados. En las primarias del pasado mes de junio, el número máximo de avales a presentar se situaba en 1.863.

Susana Díaz firma el primer aval

El primero de esos avales para la candidatura de Espadas ha sido ya firmado por la secretaria general saliente del PSOE-A, Susana Díaz, según ha informado también el partido en otro comunicado.

Tras una reunión mantenida entre Susana Díaz y Juan Espadas, la socialista le ha firmado y hecho entrega al ahora único precandidato a secretario general del primer aval, con el que le expresa su "total apoyo y respaldo" para que sea el próximo secretario general del partido en Andalucía, según destacan desde la formación.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha aceptado la propuesta que le había realizado el candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, para ser designada como senadora dentro de la cuota autonómica de la comunidad andaluza que se llevará a efecto en el último pleno parlamentario del mes de julio, según informa Europa Press.

Así se lo ha comunicado Susana Díaz al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que concurre ahora también al proceso de primarias para la Secretaría General del PSOE de Andalucía, según se detalla en una nota difundida este martes desde el PSOE-A.

Díaz será representante por designación autonómica de Andalucía en la Cámara Alta, por lo que acudirá al pleno parlamentario que se celebrará los días 21 y 22 de julio, en cuyo orden del día será elegida formalmente senadora. La socialista tiene previsto incorporarse a la Cámara Alta en el próximo mes de septiembre.

El PSOE-A cuenta actualmente con tres senadores por designación autonómica en virtud de los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas de 2018, que son María Luisa Bustinduy, Miguel Ángel Vázquez y Fernando López Gil, por lo que uno de los tres tendrá que renunciar a su escaño en la Cámara alta para su sustitución por Susana Díaz.

La también expresidenta de la Junta intervino este pasado lunes ante el Comité Director extraordinario del PSOE-A que dio luz verde al proceso de primarias para completar el relevo al frente del partido, y aprovechó para despedirse con emoción de sus ocho años como secretaria general de los socialistas andaluces, si bien no aclaró si aceptaba la propuesta de optar a ser senadora, algo que sí ha confirmado este martes.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, sitúa a la titular de Igualdad, Irene Montero, como la número dos de su candidatura a liderar Podemos de cara a la cuarta Asamblea Ciudadana e ilustra su apuesta por feminizar la dirección del partido al ubicar en los primeros puestos de su lista a destacadas dirigentes.

De esta forma, la aspirante a suceder a Pablo Iglesias cuenta con la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, como número tres en su lista vinculada al Consejo Ciudadano Estatal, seguida de la coportavoz de la formación, Isa Serra, la eurodiputada Idoia Villanueva y la activista Alejandra Jacinto, diputada electa por la Asamblea de Madrid y una de las novedades destacadas para esta nueva etapa. Con ello, los seis primeros puestos lo ocupan mujeres, según recoge Europa Press.

Completan los diez primeros puestos de su lista el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, la portavoz adjunta en la Cámara Baja, Sofía Castañón, y el también coportavoz y secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos en funciones, Rafa Mayoral.

Tras ellos, figuran otros dirigentes destacados de la actual Ejecutiva de la formación morada como Ángela Rodríguez Pam (11), Juanma del Olmo (12), el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens (14), la diputada y coordinadora autonómica en el País Vasco, Pilar Garrido (15), su homólogo en Castilla y León, Pablo Fernández (16) y el parlamentario Txema Guijarro (18).

También ocupan un puesto destacado la politóloga Lilith Verstrynge (13), la líder de En Comú Podem en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach (17), la coordinadora autonómica en Extremadura, Irene de Miguel (19) y el diputado por la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye (20), que fue portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid.

Respaldo de líderes autonómicos y María Botto ocupa el puesto 25

Entre los nuevos fichajes de la sociedad civil que la ministra ha incorporado a su proyecto emerge la actriz María Botto en el puesto 25 de la lista mientras que el exatleta Roberto Sotomayor ocupa un puesto más rezagado, el 52.

Además, integra en su candidatura a otros líderes autonómicos como Maru Díaz (Aragón), Conchi Abellán (Cataluña), Antón Gómez-Reino (Galicia), Martina Velarde (Andalucía), Jesús Santos (Madrid), Javier Sánchez Serna (Murcia) y Laura Fuentes (Canarias).

En total, once coordinadores autonómicos respaldan a Belarra en su candidatura para ser la nueva secretaria general y revela su apuesta para fortalecer la organización a nivel territorial, para con ello crecer tanto en votos como en militantes.

Otros nombres destacados de la lista son la consejera de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana (21), la exdirectora del Instituto de las Mujeres y diputada regional por Madrid, Beatriz Gimeno, el exJefe del Estado Mayor del Ejército Julio Rodríguez (26), el economista Vicenç Navarro (34), el director general de Derechos Animales, Sergio García Torres (40) y el militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores Diego Cañamero (65).

A ellos se suman los diputados en el Congreso Ismael Cortés (54), Isabel Franco (62), Antonia Jover (65), María Luisa Saavedra (75) y Lucía Muñoz (76).

Continuidad del núcleo duro y activismo

La candidatura de la ministra de Derechos Sociales combina la continuidad de gran parte del núcleo duro que acompañó a Iglesias durante su etapa como líder de Podemos, pero imprime una clara feminización del partido y reivindica también el activismo social, al dar a Alejandra Jacinto un puesto de cabeza.

En este sentido, se cumplen las principales quinielas que se manejaban dentro de la organización y que apuntaban a un fuerte peso de cara a la nueva dirección de Montero, Vera Villanueva e Isa Serra.

Bajo el lema Crecer, Belarra aspira a aumentar el espacio de la formación morada aprovechando la "estabilidad" que goza ahora Podemos a nivel interno y desde la consolidación de su papel en el Gobierno estatal. De hecho, el pasado sábado destacó que no se conforma con estar en minoría dentro del Ejecutivo y aspira a situar al partido como "primera fuerza progresista".

Fuentes de su candidatura ya apuntaron la semana pasada que la principal aspirante a liderar Podemos quiere plasmar ese crecimiento en múltiples dimensiones, al incluir "más voces", gestar un liderazgo coral y aumentar también el número de militantes para robustecer la organización en cada territorio.

Todo ello con vistas a conseguir que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pueda llegar a la Moncloa liderando la próxima candidatura a los comicios generales de Unidas Podemos.

Tettamanti y abrredo, sus rivales en Vistalegre IV

La ministra tendrá como rivales en Vistalegre IV, que concluye el 13 de febrero, al edil en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, y el militante crítico Fernando Barredo.

Este jueves, al igual que Belarra, han sido ratificados como candidatos al reunir los avales requeridos y presentar, también, una lista vinculada al Consejo Ciudadano Estatal, así como documentos con sus propuestas política y organizativa para el partido. 

Otros dos precandidatos, Emilio García Palacios y Rafael Garde, no han cumplido estos requisitos.

El que fuera portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha dimitido de todas sus funciones en la formación naranja justo después de que el Comité regional tuviera lugar ayer, han informado a Europa Press fuentes del partido.

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado dejó este lunes también la política y presentó su dimisión por la tarde tanto del comité permanente como de la ejecutiva nacional de Ciudadanos tras seis años al frente del partido en Madrid, quien será relevado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, dirigiendo la formación en la autonomía.

Según explicaron a Europa Press fuentes próximas al exvicepresidente, este ha rechazado el encargo de la presidenta nacional de la formación, Inés Arrimadas, de organizar la convención nacional del partido. Desde Cs han asegurado a Europa Press que se trata de una "decisión personal", que volverá al sector privado y que ya había informado a la dirección previamente.

Asimismo, han negado que se le ofreciera a Aguado organizar la convención y han apuntado que " sencillamente formaba parte de un grupo amplio junto a otros miembros de la dirección de Cs que están trabajando en la Alternativa Liberal".

Kamala Harris tomó aire, miró fijamente a la cámara del encuentro virtual al que iba a dirigirse ese primer día de agosto y habló pausadamente, sin perder del todo la sonrisa. “Habrá resistencia a vuestra ambición”, advirtió a las jóvenes negras que la escuchaban y chasqueaban sus dedos en señal de aplauso. No era difícil deducir a qué se refería. Joe Biden estaba a punto de elegir a su compañera de fórmula para las elecciones de noviembre y la presión de ciertos sectores para bloquear a Harris se había colado en los titulares. La senadora por California, alertaban varios donantes del partido, era “demasiado ambiciosa”: si llegaba a ser vicepresidenta, estaría centrada desde el primer día en su propio objetivo, el de convertirse en presidenta de Estados Unidos. “A la gente le parecerá bien si tomas lo que te dan. Pero, ¡oh!, ni se te ocurra coger nada más”, recordó Harris ese día.

Menos de tres semanas después, la legisladora demócrata se convirtió en la primera mujer negra, y la primera de origen asiático, en aspirar a la vicepresidencia de Estados Unidos dentro de un partido mayoritario. Si gana en noviembre, Kamala Harris (Oakland, Califronia, 1964) estará a apenas un latido del Despacho Oval, a solo unos metros del techo de cristal definitivo. Pero para atravesarlo, para cumplir el sueño que Hillary Clinton rozó en 2016, antes tendrá que demostrar que, como “número dos”, puede ajustarse a un guion escrito por hombres. Que no se le ocurrirá “coger nada más”.

La elección de la primera vicepresidenta de Estados Unidos marcaría un avance notable en la lucha por la representación femenina. Un paso de gigante en esa constante pugna para ampliar el espectro de lo imaginable en política, para conseguir que, cuando se miran en el espejo, cada vez más miembros de minorías encuentren algo parecido a los líderes que ven en televisión. Y Harris, en particular, desafía el canon establecido de la mujer política en Estados Unidos no solo por su legado multirracial, sino por su vida personal. Sin hijos biológicos y soltera durante casi toda su carrera, la senadora ha ayudado a repensar roles en un país donde, hasta hace demasiado poco, una mujer solo podía aspirar de forma realista a un escaño en el Congreso si reemplazaba a su esposo tras su muerte; y donde figuras como la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se aseguraron de que sus hijos habían crecido antes de entrar en política.

Sin embargo, la llegada de la primera mujer vicepresidenta no sacudiría demasiado los andamios del poder en el país. El cargo que ocuparía apenas tiene competencias definidas, más allá del cometido de ser leal a quien verdaderamente ostenta el poder: el presidente que la puso donde está. Harris no sería un mero adorno, pero sí un complemento, una asesora con unos límites bien marcados. Como explica la filósofa Kate Manne, su posible ascenso no rompería los esquemas tácitos que gobiernan la política estadounidense. “A las mujeres se les permite tener poder, siempre que ese poder se ejerza de formas que no amenacen el orden patriarcal. Por ejemplo, al servicio de un presidente que es hombre”, escribió Manne el pasado julio en The New York Times.

Un potencial relevo

En la satírica serie Veep, la vicepresidenta Selina Meyer se queja constantemente de su minúsculo papel en la toma de decisiones, hasta que un asesor del Ala Oeste le dice: “Señora, debe entender que, en realidad, el presidente no quiere que usted haga nada más allá que seguir siendo una mujer. Y eso ya lo está haciendo bastante bien”.

Es improbable que esa caricatura se aplique de forma estricta a Harris si Biden gana en noviembre. Al fin y al cabo, el exvicepresidente se ha definido como un “candidato de transición”, y ha filtrado a la prensa que no planea presentarse a un segundo mandato en 2024, cuando cumpla 82 años. Se espera que, como consecuencia, otorgue a su número dos el acceso y poder suficientes para prepararla para un potencial relevo. Con el tiempo, si demuestra que ha sabido ajustarse al molde designado para ella, podrá optar al cargo que realmente desea.

Para los millones de personas que se ilusionaron el año pasado con el abanico de aspirantes presidenciales más diverso de la historia, esa realidad todavía es difícil de asumir. A las primarias demócratas se presentaron un récord de seis mujeres —entre ellas, Harris—, pero acabaron resignadas a esperar su turno, a confiar en que Biden las eligiera como compañeras de fórmula. La carrera se desarrolló en consonancia con una cultura política donde el difuso concepto de “elegibilidad” solo parece aplicarse a las candidatas femeninas, y donde la derrota de Clinton todavía pesa en la conciencia de los progresistas. Si el partido demócrata —comprometido en teoría a impulsar representantes que reflejen la diversidad de sus votantes— acabó con un candidato masculino, blanco y anciano fue en parte por el miedo paralizante a perder de nuevo contra Donald Trump. Y si muchos votantes no se atrevieron a respaldar de nuevo a una mujer en las primarias, pese a alabar las propuestas de Elizabeth Warren o Amy Klobuchar, fue por el temor a que no pudieran ganar contra un presidente que, incluso después de haber presumido de “agarrar” a las mujeres por la vagina, consiguió el voto de la mayoría de mujeres blancas en 2016.

Tras el fracaso de Clinton, casi el 60 % de las mujeres del país perdieron la esperanza de que Estados Unidos pudiera elegir a una mujer presidenta. El aumento fue significativo frente al 41 % que opinaba lo mismo en 2014, según una encuesta de 2018 del Centro de Estadísticas Pew. Como han demostrado varios estudios, la reticencia a apoyar a una candidata presidencial puede tener que ver con una percepción equivocada de las preferencias de la masa, que a menudo sirve para excusar los propios prejuicios. En un sondeo de la consultora Ipsos en enero, el 71 % de los estadounidenses aseguraron que aceptarían sin problemas a una mujer presidenta, pero solo el 33 % opinó que sus vecinos también lo harían.

Eso no significa que la política estadounidense esté desprovista de machismo: como reflejaron las autopsias de la derrota de Clinton, muchos votantes —y medios de comunicación— tienden a desconfiar de las candidatas a las que consideran demasiado ambiciosas. Se trata de un recelo absurdo, porque nadie aspira a liderar el país más poderoso del mundo sin tener ambición, pero en 2016 fue un lastre para la rival de Trump y ahora vuelve a suponerlo para Harris. Además, como las mujeres políticas tienen fama de ser más honestas que sus homólogos masculinos, cualquier error les cuesta mucho más caro. Lo que pudo ser un pequeño bache en la campaña de 2016, el uso de un servidor privado de correo electrónico cuando Clinton era secretaria de Estado, se convirtió en un escándalo inagotable que reforzó la imagen de la candidata demócrata como elitista y calculadora, como alguien que escondía algo.

Harris no arrastra esa carga, pero muchos la perciben también como oportunista, como una actriz que ha planificado cada paso de su carrera con el objetivo único de ser presidenta. Y Trump se ha esforzado en sacar punta a ese estereotipo. “Es una versión peor de Hillary”, dijo el presidente sobre Harris en una entrevista en agosto. “Cambia de opinión en cada elección, dependiendo de lo que necesite”.

Los ataques de Trump —que también la ha llamado “asquerosa”, como hizo con Clinton— demuestran que le preocupa su ascenso. Pero no está claro que la senadora vaya a restarle demasiados votos, al menos por sí sola. Combinada con la muerte de la juez del Supremo Ruth Bader Ginsburg, es posible que la candidatura de Harris ayude a motivar a las mujeres con educación universitaria de los suburbios que se quedaron en casa en 2016 para que acudan a las urnas como hicieron en las legislativas de 2018. Más probable aún es que la senadora entusiasme a algunas de las mujeres afroamericanas que salieron a votar por Barack Obama, pero se abstuvieron con Clinton. Ese efecto puede ser decisivo, pero no está garantizado. Varios estudios han constatado que la idea de que las mujeres basan su voto en cuestiones de identidad no es más que un mito. “Cuando los estadounidenses deciden a quién votar, el partidismo y la ideología ganan a las consideraciones de género”, recuerda la historiadora política Nancy Cohen en su libro Breakthrough, sobre el camino hacia una mujer presidenta.

Lo que sí es seguro es que el voto de las mujeres resultará clave para decantar la balanza a favor o en contra de Donald Trump, y que los demócratas recuperaron el control de la Cámara Baja en 2018 gracias a una mayor participación femenina. Muchas mujeres blancas que habían apoyado a Trump dos años antes apostaron en esa ocasión por candidatos progresistas, mientras la brecha entre cómo votaron las mujeres y el comportamiento de los hombres —mayoritariamente republicanos— se ampliaba hasta un punto inédito en dos décadas.

Para muchas feministas, la escasa representación política de las mujeres resulta exasperante, y la idea de que la compañera de fórmula de Joe Biden pueda aspirar a la presidencia en 2024 como premio a cuatro años a la sombra de un hombre, decepcionante. Pero esas mismas feministas adoran a Ginsburg, y la muerte de la influyente magistrada les ha recordado que algunas revoluciones, como la que ella espoleó por la igualdad de género, no suceden de golpe. “El cambio verdadero, el cambio duradero, ocurre paso a paso”, dijo una vez la segunda mujer en llegar al Supremo. Millones de votantes tomaron nota y ahora está en sus manos trasladar esa filosofía a la Casa Blanca.

*Este artículo está publicado en el número de octubre de número de octubretintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí

Uno de los peores errores que podemos cometer quienes consideramos a Trump un peligro de enorme envergadura, no sólo para los EEUU sino para todo el planeta, es minusvalorar su capacidad y determinación a la hora de conseguir sus objetivos. Por ejemplo, caricaturizar su oposición a movimientos como el Me Too o el Black LivesMatter (BLM) y más en esta última recta de la campaña electoral. Lo cierto es que, a mi juicio, Trump, más allá de su caldo de cultivo “natural” –los rednecks de la América profunda y los blancos supremacistas del BibleBelt, amén de los movimientos armados supremacistas y racistas, de extrema derecha, algunos de ellos milicias armadas, como los OathKeepers, Threepercenters, ProudBoys, PosseComitatus, o el movimiento QANON–, está consiguiendo imponer en amplios sectores de la ciudadanía norteamericana su versión sobre el significado de la batalla en la que está empeñado el BLM desde su aparición en 2014. Se trata de visualizar que el BLM está vinculado –si no, incluso, identificado– a los aspectos violentos de las protestas y manifestaciones que se desarrollan en denuncia de la violencia policial y contra la impunidad en la que quedan un alto porcentaje de esas conductas, como lo ha mostrado por enésima vez la reciente exoneración de los dos policías que en marzo de 2020 mataron a Breonna Taylor.

Entre los que seguimos estas elecciones desde Europa, a mi juicio, se corre a menudo el riesgo de hacer el juego a este planteamiento, al aceptar que el BLM es un movimiento sectorial, sólo dedicado a la lucha contra la violencia policial o en todo caso vinculado a una causa muy concreta, la lucha contra el racismo. Ambas percepciones, a mi juicio, son erróneas. Sobre todo, porque la cuestión de la justicia racial no es un problema sectorial o menor, sino un dato sistémico, estructural. Y es que el objetivo del BLM es desarraigar un rasgo profundo, inscrito en la herida original del experimento democrático norteamericano y, por consiguiente, este movimiento atañe al fundamento del contrato social y político de los EEUU. Su importancia es capital.

Recordemos. El 1 de enero de 1863 entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Lincoln, conocida como Proclamación de la Emancipación (Proclamación 95). No suponía la abolición de la esclavitud –algo que llegaría en 1865–, pero cambió el status legal para más de tres millones y medio de negros en 10 Estados, que pasaron de esclavos a libres en cuanto huyeron al norte o se liberaron del poder confederado, gracias al avance del ejército de la Unión. Fue una medida de guerra, pensada sobre todo para golpear el corazón del sistema económico del sur, dependiente por completo de la esclavitud. Cien años después, el 28 de agosto de 1963, M.L. King evocó esa fecha en su célebre discurso en la Marcha por los trabajos y la libertad, conocida como Marcha sobre Washington, para recordar que los centenares de miles de ciudadanos allí congregados, en su mayoría afroamericanos, seguían pendientes del cumplimiento de esa promesa y, aún peor, de la promesa de los padres constituyentes en 1776. Estas fueron sus palabras: “En un sentido llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaratoria de la Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería el heredero… En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto marcado como 'fondos insuficientes'

Doscientos cincuenta años después de las promesas de igualdad, libertad y felicidad para todos que formularon los padres fundadores, la realidad que ofrecen los EEUU sigue siendo muy otra para millones de ciudadanos norteamericanos, en particular para los afroamericanos (pero también, más recientemente, para la pujante minoría latina, los hispanos). Creo que el alcance y significado que persigue BLM es mucho más que el de un movimiento sectorial y conecta directamente con ese déficit estructural, que tiene relación a su vez con un rasgo sistémico de la democracia estadounidense, el racismo, el supremacismo. Creo que el BLM tiene sus raíces en una visión que exige tomar en serio, para todos, las promesas de los foundingfathers y en ese sentido, a mi juicio, entronca con los movimientos de derechos civiles de los 50 y 60. Más concretamente, sus reivindicaciones pueden relacionarse estrechamente con el leit-motiv del discurso de M.L.King en 1963, sobre el cheque impagado y también con otra famosa afirmación del premio Nobel de la paz: “nuestras vidas comienzan a extinguirse en el momento en que guardamos silencio sobre las cosas que importan”.

Las cosas que importan son las garantías efectivas de la vida, las libertades y los derechos de los afroamericanos. Así lo expresó una de las tres fundadoras del movimiento, Alicia Garza, en la presentación del BLM, en abril de 2014: “Cuando decimos Black LivesMatter, estamos hablando de las formas en que los negros se ven privados de sus derechos humanos básicos y de la dignidad”. Estamos hablando de la igualdad en derechos y libertades, pues. Y eso explica que algunos de los intelectuales afroamericanos más influyentes, como Ibram X. Kendi, crean que ha llegado el momento. En un reciente artículo para The Atlantic, en el que se pregunta si estamos ante la oportunidad de poner fin a la hegemonía de la ideología racista en los EEUU, Kendi sostiene que, paradójicamente, el negacionismo de Trump ha puesto a los ciudadanos norteamericanos ante la oportunidad de aprovechar el punto de no retorno al que Trump ha llevado a la sociedad norteamericana, para cerrar su mandato y exigir que el nuevo equipo presidencial rompa con ese prejuicio y cumpla de una vez por todas y ya, la promesa de la igualdad: “La abolición de la esclavitud parecía tan imposible a mediados del siglo XIX como lo es hoy la igualdad, pero de la misma manera que los abolicionistas exigieron la erradicación inmediata de la esclavitud, la igualdad inmediata debe ser la exigencia hoy. No en 20 años. No en 10 años. Ahora”. Están hartos de esperar, de que les pidan paciencia. Precisamente por eso asegura que, para él, como para los afroamericanos, “paciencia es una palabra sucia”.

Por eso me parece que yerran quienes critican los propósitos desvergonzados de Trump y señalan como un grave problema, un “coste” de esta estrategia que podría costarle la presidencia, el hecho de que esa estrategia profundice en la división del país. Antes al contrario, creo que la habilidad de la estrategia electoral de Trump radica precisamente en persuadir a la opinión pública (o, al menos, a un amplio sector) de que ya existe esa división, obviamente maniquea: un verdadero enfrentamiento civil, una disputa que opone a los defensores de una América grandeKrugmanThe Nationuna naciónérica>

padres fundadores gran nación americana: buenos colonos blancosbuenos colonos blancossistema esclavista nutrido negrosnación divididameltingpotsueño americanogen pluralistaliberalesBible BeltMe Tooérica>

En ese contexto, se explica perfectamente la tenacidad con la que Trump y su entorno han abordado de una forma tan decidida como tramposa la insólita sustitución de la justice del Tribunal Supremo Ruth BaderGinsburg y así romper definitivamente el delicado equilibrio del Tribunal. Trump se aseguraría una verosímil influencia en caso de polémica sobre los resultados electorales –recuérdese el precedente en las elecciones que verosímilmente ganó Gore a Bush– y la permanencia de su legado durante más de 20 años. La juventud (48 años) y el sesgo ideológico de la candidata propuesta por Trump, Amy Coney Barret, una brillante jurista conservadora, militante de la causa antiabortista, así lo demuestra. En su línea habitual de jugador ventajista, el presidente, con la inestimable ayuda de líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ha puesto toda la carne en el asador, aunque eso suponga romper con el precedente que impuso el bando republicano frente al presidente Obama, pues consiguieron bloquear el nombramiento de Merrick Garland, un juez blanco y moderado, que Obama esperaba que fuera aceptable para los republicanos moderados, con el argumento de que no debía hacerlo en un año electoral. Y ahora lo hacen a menos de mes y medio de las elecciones.

No todo está jugado. No, si junto a amplios sectores entre las mujeres norteamericanas, que ya dieron un aldabonazo con su marcha en el mismo día de la toma de posesión de Trump, para mostrar su rechazo al machismo grosero y al patriarcalismo del que hace gala, se movilizan esos millones de afroamericanos y latinos para votar. Ojalá lo entienda así finalmente la mayoría de los votantes norteamericanos.

Los duelos entre los dos candidatos marcan el momento de máxima atención en la campaña electoral.