Hay una escena de Romería en la que Iago, el tío noctámbulo de Marina, le enseña a la chica una foto de veinte años atrás en la que se ve al padre de Marina y a varios de sus amigos, hermosos y malditos, y dice de la foto no queda casi nadie, muertos por la heroína, el sida o cualquier cosa que se le pareciese. 

El paralelismo es inmediato con otra foto, esta real, que presenta a los muchachos alegres del equipo Dejadnos Vivir, ganador en 1982 del campeonato de fútbol de las fiestas patronales de Vilanova de Arousa. Con esa imagen se hizo un documental icónico titulado Marea Blanca (1999) que aborda el destrozo que las drogas hizo en las Rías Baixas. De los diez chicos que aparecen en la fotografía del torneo quedaban vivos tres, cinco cuando se rodó. Uno de los últimos en morir fue Pacheco, que aparece en el documental vagabundeando ensimismado, sin hablar con nadie, “en un mundo paralelo”, según su hermana; murió en 2011 en un incendio espontáneo tratando, según los investigadores, de encender un cigarro. Benito Iglesias, ‘Nito Sopita’, murió a los 39 años: llevaba una década enganchado al caballo y tenía sida. Se cortó la yugular encerrado en casa de sus padres después de prenderle fuego al colchón. Su madre se levantaba por las noches para irlo a buscar pueblo adelante. Tras su muerte, dice que lo sintió junto a él seis meses. “Veía su sombra, escuchaba que me llamaba, y oía cómo se movían papeles en su habitación”. Y ese espíritu desapareció sin dejar rastro. A otro de 22 años lo mató una sobredosis sin que nadie supiese que ya se estaba pinchando; uno más murió de un ataque epiléptico en el mar mientras su perro lo intentaba arrastrar a la orilla. Un hombre de los que quedan vivos es Manuel Fernández Padín, narco arrepentido de la Operación Nécora y a quien le trasplantaron el hígado a causa de una cirrosis; en la actualidad, duerme en su coche. Como dijo el alcalde de la época, Sito Vázquez: “Unos chicos estupendos, buenísimos, inteligentes y muy activos, muchos de ellos artistas, que ayudaban organizando conferencias, conciertos y exposiciones”.

Romería, la película que dirige Carla Simón y protagonizan Llucía García Torras y Mitch Robles, puede entenderse desde muchos ángulos (esa familia viguesa tan reconocible procedente del negocio astillero, rodeada de dinero, incomunicación y apariencias, repleta de retoños con pelazo, porro y bronceado de Patos y Playa América), pero hay uno del que no se puede prescindir y sostiene la formidable arquitectura: la aparición masiva de las drogas a principios de los 80 supuso el inicio de una fiesta, un enganchón feliz y despreocupado, irresponsable y feliz, que inauguraba la democracia a su manera. Y eso era el irresistible queso de la trampa. 

No es provocación. En Romería se expresa con los padres de Marina enamorados mientras navegan el Atlántico, se bañan en playas, practican nudismo y corren haciéndose bromas mientras comparten chutas, y viven juntos los primeros colocones, y saltan en las fiestas con Siniestro Total (“Y bailaré sobre tu tumba”, claro). En Vilanova de Arousa, a las cuatro de la tarde la plaza de las Palmeras estaba repleta de chavales bailando desenfadados, y a quien pasaba por allí, en pleno centro del pueblo, se le invitaba a sumarse. “Cada uno tenía su palmera, y en la tierra de la palmera tenía su paquete de droga. Todo el mundo lo sabía, y ellos se respetaban: allí nadie iba a la palmera del otro”, dice en el documental Sito Vázquez, primer alcalde en crear un centro de desintoxicación en Galicia. Y lejos de la costa, en Madrid, Antonio Vega recordó el desembarco en una entrevista en El País con Diego Manrique: “Descubrir la heroína fue algo acojonante. No teníamos precedentes, no se veían yonquis tirados por la calle. Estábamos seguros de haber encontrado la solución para paliar todo lo desagradable de la existencia. Pasaron años antes de comprender que aquello tenía trampa”, dijo antes de recordar que no enfermaba y que tenía áurea, el grupo de la heroína era en los pubs el grupo de los guays, de los que estaban a otra onda, alejados de los escandalosos y pesados cocainómanos.

Hace bien Romería en no hurtarle al espectador esta parte trascendental del consumo, la idílica, porque es necesaria para entender por qué miles y miles de jóvenes desavisados accedían a la jeringuilla, a compartirla incluso y a creer a pesar de las primeras advertencias, como Iván Zulueta, que aquello tenía tanto peligro como el sexo: “Llegabas al caballo convencido de que no era como decían. Pensabas: seguro que es como el sexo y todo lo demás. Pues, por una vez, era verdad”. Y con la velocidad de una epidemia, en algunos casos de la noche a la mañana, llegó el mono, el sida y la muerte; la delincuencia en el caso de las familias con menos recursos. Son pasajes casi seguidos en la película, el de la espontánea felicidad del pico y el sudor irascible del mono, con la pareja vaciando latas en el barco, chupando papelas y discutiendo mientras sufre sus primeros síndromes de abstinencia. Puede parecer que se despacha rápido, pero del mono, que siempre es la ausencia, va toda la película: la adolescente Marina llega a Vigo desde Cataluña porque necesita el reconocimiento de la familia biológica de su padre para acceder a una beca y estudiar cine; sus padres murieron de sida. Y la familia numerosa de su padre, Fon, le va revelando la verdad a la chica, especialmente una que le desconcierta por cruel: a su padre lo encerraron en sus últimos años en casa, le prohibieron el contacto con nadie y su madre, la abuela de Marina, cuando entraba al lugar en el que estaba lo hacía con guantes y mascarilla. 

Esto está en el guion, sí, pero antes pasó. Romería es una manera exótica de hacer periodismo, pero periodismo, al fin y al cabo. Todo lo que pasó en la vida de Marina, inspirada en la propia Carla Simón, es cierto. Nos pasó a casi todos, si no en primera persona sí en segunda o en tercera. Con el mono encerraban a nuestros familiares, a los niños se nos decía que estaban enfermos, no se pronunciaban nunca ciertas palabras delante de nosotros, y el familiar yonqui (tu padre, tu tío, tu hermana mayor) iba y venía, llegaba tarde o no llegaba a las comidas familiares, tenía muchos amigos y otras veces pocos, pedía dinero o lo regalaba. Y sí, después de morir se instalaba un relato que terminaba dándole un aire de leyenda a aquella vida suya, pues cuando te describen con mentiras nadie sabe ya distinguir tu verdad. Estuvo cerca Isaki Lacuesta cuando en Segundo Premio, la película sobre Los Planetas, hace decir a un personaje heroinómano algo muy valioso: “quien se droga, huele a mierda”. A mierda de verdad, a heces. Porque se relajan los esfínteres o porque uno no está para limpiarse cuando va al baño, o porque el pantalón y el calzoncillo o la braga lleva semanas sin cambiarse. Es curioso que quienes más se esfuerzan en ocultar la drogadicción de sus seres queridos, ocultándolos y cubriéndolos de eufemismos, salvaguardando las apariencias de puertas afuera, tras su muerte no concedan un milímetro a la verdad y construyan sin quererlo un misterio, una leyenda, que a ratos puede ser incluso apetecible. Pero la verdad no sólo puede ser amarga: también es disuasoria.

Hay un momento en el que Romería deja de ser una investigación familiar y se convierte en otra cosa: en una historia sobre el silencio. Sobre cómo las familias, para protegerse o para proteger la memoria de los suyos, se inventan el pasado. El padre de Marina no fue exactamente lo que la familia cuenta ni exactamente lo que dicen los diarios de su madre. Fue, como casi todos los que aparecen en aquellas fotos, alguien que vivió demasiado deprisa en un tiempo que empujaba a vivir deprisa. Por eso Romería es, como cualquier ficción o realidad que se precie y aborde los sótanos de la familia, una historia de incomunicación. Que puede estar provocada por muchas razones, entre ellas la ignorancia. La catalana Marina –que rueda y rueda el mar, que tiene presente en casi toda la cinta esa aberración urbanística de la costa de Vigo que es la Torre de Toralla, un rascacielos en medio de una pequeña isla que descompone el litoral–, se acerca con ingenuidad primero y retranca después a un mundo encriptado. Capaz de ponerle antes un chalé, que de escuchar, en un despacho, la verdad: que un hijo murió de sida. Y sale ella a buscar la verdad, pertrechada con los diarios de su madre, persiguiendo su particular conejo blanco, el gato que la lleva al país de las jeringuillas, la época en la que los niños limpiábamos de chutas la pista para poder jugar al fútbol. En esa evocación tan lograda, la evocación del mundo que era y la primera libertad que se tomaba, Marina entiende o empieza a entender. 

Es una idea incómoda: para entender lo que pasó hay que abrir el foco, el de la euforia previa. Sin ese instante luminoso –sin esa sensación de que todo empezaba– no se entiende la magnitud de lo que se perdió, el anzuelo envenenado que representaba. Y por eso la película termina funcionando como una romería verdadera: un viaje hacia los muertos para poder hablar con ellos. No para absolverlos ni para condenarlos, sino para entender qué fue exactamente aquello que los arrastró. Y qué parte de ese impulso, aunque nos incomode admitirlo, sigue todavía dentro de nosotros.

A principios de los 80, Galicia se convirtió en una de las principales puertas de entrada de cocaína a Europa. Las redes de contrabando que durante décadas habían introducido tabaco americano aprovecharon la geografía de las rías y su experiencia logística para colaborar con organizaciones latinoamericanas. La droga llegaba por mar y desde la costa gallega se redistribuía hacia grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, y también hacia Francia y otros países europeos. Figuras del narcotráfico gallego como Sito Miñanco, Laureano Oubiña o Manuel Charlín consolidaron en esos años un sistema que convertía a la región en un nodo clave del tráfico internacional, aunque gran parte de la cocaína apenas se consumía allí.

Mientras tanto, la droga que devastaba barrios enteros de España era otra. La heroína que inundó el país en la década de 1980 llegaba sobre todo a través de la llamada ruta de los Balcanes: producida en Asia –principalmente en Afganistán y Pakistán–, atravesaba Turquía y el sudeste europeo antes de entrar en Europa occidental. En España penetraba principalmente por ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao, y desde esos centros se distribuía a otras regiones, incluida Galicia. A diferencia de la cocaína destinada a mercados más acomodados o internacionales, la heroína se extendió rápidamente en entornos urbanos golpeados por el paro juvenil y la precariedad.

El resultado fue una paradoja que se tragó entera a toda una generación: mientras Galicia participaba en uno de los grandes circuitos internacionales de la cocaína, sus barrios y los del resto del país sufrían la epidemia de la heroína. La droga era barata, se consumía a menudo por vía intravenosa y se extendió en un contexto de escasa prevención institucional en los primeros años de la democracia. Las consecuencias fueron devastadoras: miles de muertes por sobredosis, una fuerte expansión del VIH y un profundo impacto social que todavía forma parte de la memoria colectiva de los años ochenta en España.

*Manuel Jabois es escritor y periodista en el diario ‘El País’. Su última novela publicada es ‘Mirafiori’ (Alfaguara, 2023).

El próximo mayo se cumplirán ocho años desde que personal de la entonces denominada Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) se agrupó por primera vez en el colectivo 'Defende a Galega'. Bajo ese paraguas, a través de las movilizaciones simbólicas de los viernes negros, el personal movilizado comenzó a señalar injerencias políticas del Gobierno de la Xunta en su trabajo, así como otras reivindicaciones laborales.

Han pasado ya más de 400 de esos 'viernes negros' salpicados de otras protestas y acontecimientos. Entre ellas, huelgas impulsadas por el comité intercentros de la corporación o dos condenas judiciales por represaliar al personal; una de ellas ya declarada firme por el Supremo y la segunda, dictada recientemente por el Tribunal Superior y que la ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) se dispone a recurrir, según confirmó este martes en el Parlamento su directora general, Concepción Pombo.

Pombo fue nombrada al amparo de una nueva ley de los medios públicos que, entre otros cambios, supuso el fin del precepto legal que obligaba a elegir la dirección general de la corporación con más votos que los del PP en el Parlamento —mayoría reforzada y no solo absoluta—. Estaba vigente desde 2011, pero nunca había llegado a aplicarse.

Con todo este telón de fondo en Galicia, la dirección estatal del PP acaba de redoblar su ofensiva hacia Radio Televisión Española (RTVE). Y en ese marco, el equipo de Alberto Núñez Feijóo, en lo esencial el mismo que lo acompañó en sus años de presidente de la Xunta y del PP en Galicia, acaba de decidir la apertura de una comisión de investigación en el Senado, cámara en la que gozan de mayoría absoluta y en la que ya llevan abiertas media docena de pesquisas sobre otros asuntos contra el Gobierno de España o el PSOE.

Como informa Fernando Varela para infoLibre, la solicitud de comisión de investigación registrada por el PP combina la atribución a la dirección de RTVE de diversas cuestiones rayando la ilegalidad —desde conflictos de intereses a delitos contables— con acusaciones de manipulación informativa en lo que la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, califica como “telepedro”. La radio y la televisión públicas estatales, acusan, se está “alejando crecientemente” de sus obligaciones legales para convertirse en una “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Para la presidenta del Comité Intercentros de la CSAG, Raquel Lema, impulsar esta investigación es “una hipocresía, un cinismo absoluto”. “Sobre todo”, considera, “estando en estos momentos Alberto Núñez Feijóo liderando el PP y acompañado de gallegas y gallegos” que formaban parte de su equipo en Galicia. “Es increíble que se atrevan a acusar a RTVE” en esos términos “teniendo lo que tienen en su casa de origen, los medios de comunicación gallegos” en cuanto a “manipulación” y “vulneración de derechos fundamentales”.

En este sentido, Lema pone el foco precisamente en las mencionadas sentencias. “Aquí hay condenas por vulneración de derechos fundamentales a dos trabajadores por su participación activa en Defende a Galega, un movimiento que lo que más reivindica” es precisamente frenar “la injerencia política y la manipulación” en los medios públicos, subraya en declaraciones a Praza.gal. “Ya no es una opinión nuestra, un punto de vista diferente de las trabajadoras organizadas, sino sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.

A juicio de la presidenta del comité intercentros de la CSAG, el PP “primero debería arreglar su casa”. También en lo referente a la ley de los medios públicos, que en Galicia “aprobaron con sus únicos votos” y que implicó “eliminar el Consejo de Informativos y el Estatuto Profesional que estaban previstos en la ley de 2011, que nunca se crearon” y que están incluidos en el Reglamento Europeo sobre libertad de los medios de comunicación, vigente desde agosto de 2025.

Tras el registro de la solicitud por parte del PP, RTVE respondió con un comunicado institucional en el que, como informa infoLibre, invoca precisamente el Reglamento Europeo, el mismo que contradice la nueva ley gallega de la CSAG. Lo hace para advertir de que esa norma (EMFA, por sus siglas en inglés), vigente desde agosto de 2025, prohíbe a los Estados las injerencias en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios públicos de comunicación audiovisual.

Considera RTVE que la iniciativa del PP va más allá del normal control parlamentario de los medios públicos porque intenta, entre otros aspectos, “cuestionar la actual línea informativa” de la radio y televisión estatales. Lo que impulsan los populares, advierten, es un “juicio político” y lo hace además en plena ofensiva de la patronal de las televisiones privadas contra RTVE y mientras, al mismo tiempo, cabe preguntarse si pretenden aplicar en el Estado “criterios distintos” a “territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público”, caso de Galicia.

Diego Martín es secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) desde 2022 y lleva un comienzo de año especialmente duro. El 18 de enero el descarrilamiento de Adamuz dejó 46 personas muertas, entre ellas un maquinista. El 20 de enero murió otro maquinista en otro accidente en las Rodalies catalanas. Y el 23 de enero la Audiencia de A Coruña consideraba que el único culpable del accidente de Angrois de 2013, en el que murieron 79 personas, había sido el maquinista, absolviendo a un cargo de Adif condenado previamente. Hablamos con él sobre estos siniestros y la situación del sistema ferroviario en general y en Galicia en particular.

Empezando por el accidente más antiguo, la sentencia de la Audiencia de A Coruña sobre Angrois absolvió al director de Seguridad en la Circulación de Adif, que había sido condenado en primera instancia. Pero mantuvo la condena a dos años y medio de cárcel del maquinista, que queda así como único culpable por despistarse y no frenar a tiempo al recibir una llamada del interventor del tren sin que hubiese ningún sistema de seguridad de respaldo. ¿Qué valoración hace?

Estamos bastante devastados y preocupados por la sentencia. Acataremos las decisiones judiciales, pero no estamos de acuerdo con el análisis que al final emana de esta sentencia y las consecuencias que tiene para el sector, que nuevamente se ponga única y exclusivamente el foco en la responsabilidad de un operador de primera línea. Con todo un sistema de gestión de la seguridad y de riesgos del sistema ferroviario. Creemos que hay lo suficiente para demostrar que no es así. Pero es una decisión judicial. Una decisión que tenemos que acatar porque confiamos en la justicia, pero no la compartimos y trabajaremos para que nuestro compañero no sufra las consecuencias de esta sentencia, de todo este proceso que creemos que fue totalmente utilizado e influenciado por las condiciones tanto políticas como del propio sector y de dinámicas de poder dentro del sector ferroviario durante muchísimos años.

La condena inicial de un cargo de Adif por un error suyo, personal, parecía salvar la imagen de esa empresa pública. Pero ahora la Audiencia de A Coruña, al culpar solo al maquinista, viene a decir que la normativa ferroviaria permitía un accidente como el que ocurrió porque no contemplaba un despiste de un maquinista, un error humano previsible. ¿Cómo deja esto la imagen del sistema ferroviario español?

En ese momento, cuando se produjo el accidente, lo que está claro es que, si la única responsabilidad de todo lo ocurrido recae sobre el maquinista, es que había un fallo grave de gestión de los riesgos que había dentro del sector. Un fallo gravísimo que, encima, no estaba alineado con la normativa europea, porque la normativa europea no permite este tipo de accidentes, que sea solamente por culpa de una interfaz, en este caso el maquinista. El maquinista, en este caso, es una interfaz que tiene que estar contemplada dentro de los sistemas de gestión de riesgo. Y si el accidente solo se produjo y se responsabiliza única y exclusivamente al propio maquinista, consideramos que el sistema ferroviario falló en su conjunto, no solamente el maquinista. La condena inicial del responsable de seguridad de Adif salvaba un poco la imagen del sector, de que las responsabilidades eran compartidas con todos los responsables de las empresas ferroviarias en contacto con el administrador. Pero ahora mismo lo que desconfiamos mucho es que esta dinámica cambie y que veamos un cambio real en el sector, porque nuevamente vemos que la responsabilidad recae sobre la última línea. Y eso no lo compartimos.

El maquinista de Angrois viene siendo defendido por el abogado de Semaf. ¿Cree que los maquinistas en general piensan que el accidente le podía ocurrir a cualquiera?

Sí, sí. Yo personalmente. Incluso cuando ocurrió el accidente, todo el mundo lo primero que hizo fue identificarse con el propio maquinista y pensar que esto nos podía pasar a cualquiera. Sobre todo los que circulaban por esa línea habitualmente. De hecho, ya se venía avisando, y por eso hay pruebas de que se comunicaba a los responsables directos de los maquinistas, a los mandos intermedios; incluso hay un reporte de la situación. Y lo primero que hicieron fue identificarse y coincidíamos todo el mundo en que nos podía pasar a cualquiera. Y eso hace que sea más grave, porque era un riesgo reconocido dentro de la empresa que no se mitigó.

Decía antes que trabajan para que el compañero no sufra las consecuencias de la sentencia. Ante las limitadas posibilidades de recurso, ¿el Semaf estudia o va a estudiar la posibilidad de apoyar un indulto parcial del maquinista para que no entre en la cárcel?

Totalmente, totalmente. Creo que es la única posibilidad ahora mismo existente, puesto que no hay mucha posibilidad de recurso, o así lo contempla la propia sentencia. Con lo cual, la única posibilidad que podemos contemplar de una manera más afianzada o más consistente es la del indulto parcial, y estamos trabajando para conseguir los apoyos necesarios a través de nuestro gabinete jurídico, que es el que defiende al maquinista.

En Angrois hubo advertencias previas de los maquinistas, cuando menos una por escrito, de que podía pasar un accidente como el que ocurrió y la respuesta oficial fue que todo estaba conforme a la normativa. Tras los accidentes de Adamuz y Rodalies se multiplicaron las alertas de maquinistas en toda la red ferroviaria y parte de las reacciones consistieron en culparlos a ustedes de sobreactuar. ¿Fue así? ¿Tan mal está la red ferroviaria?

Lo que está claro es que lo que está mal no es la red ferroviaria, sino la gestión de toda la información y de las responsabilidades que hay dentro de la red ferroviaria. Ahí observamos el hecho de que solo quedase un reporte por escrito en el caso de Angrois, porque era comúnmente aceptado. El problema de todo esto es la normalización: que al final no te escuchen, que los reportes de los maquinistas no sirvan para absolutamente nada. Pero casualmente después de un accidente o después de un hecho como el de Adamuz, ahora sí que se tienen en cuenta las mismas actuaciones, porque nosotros como profesionales, como maquinistas, no estamos ni sobreactuando, como se nos dijo, ni hay ningún tipo de cambio de actuación, sino que estamos reportando igual que se venía reportando con anterioridad. De hecho, no aumentaron en exceso el número de reportes. Lógicamente, cuando un reporte ves que tiene más consecuencias que anteriormente, hablo de una manera más confiada, porque ahora mismo Adif es al final a donde llegan los reportes y las operadoras ferroviarias sí que están tomando medidas mitigadoras para los mismos reportes que se hacían anteriores a los accidentes. Con lo cual nuestra actuación no cambió; lo que cambió es la actuación de los responsables, porque ahora sí que ven que el riesgo que nosotros reportábamos es real.

Tras el accidente de Angrois se reactivaron foros de intercambio de experiencias entre Adif, empresas y sindicatos similares a las comisiones mixtas entre Adif y Renfe que se habían suprimido unos años antes. ¿Están funcionando correctamente?

No eran similares a las comisiones mixtas, realmente, porque eran unos foros de intercambio de experiencia pilotados por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, no Adif. Se trataban temas que proponía la propia agencia que podían afectar a todos los agentes, operadoras, sindicatos o administradores. Ahora, después de la desconvocatoria de la huelga, sí que creamos un comité de riesgos compartidos, que además preside el administrador de infraestructura, aunque está la agencia involucrada. Ahora sí que va a haber participación real, o en teoría eso tenemos acordado, para que los temas que nosotros consideremos o riesgos detectados se traten como se hacía en las comisiones mixtas cuando solo existían Renfe y Adif y por eso eran tan directas.

En general, la mayoría de las recomendaciones de seguridad derivadas del accidente de Angrois de 2013 tardaron años en implantarse, entre ellas esa de una mejor comunicación de Adif con Renfe o con los sindicatos, que no se dio por cumplida hasta 2017. O la última, para mejorar los análisis de riesgos en toda la red, que se dio por implantada en 2023, diez años después del accidente. ¿Puede pasar lo mismo tras Adamuz?

Esperemos que no, y de hecho por eso estamos haciendo más presión que nunca los agentes sociales, porque lo que queremos son cambios reales que se palpen en un corto espacio de tiempo. Por eso creamos una comisión de seguimiento de los acuerdos y de la implantación de estas medidas, porque lo que vemos es que, como dejemos dormir el asunto, por decirlo de alguna manera, es lo que se hizo en el caso de Angrois. Yo creo que aquel era un acuerdo más de agentes políticos, porque implicaba a todo el mundo; entonces se durmió el asunto hasta que ya no tenían alternativas de cumplimiento, incluso con expedientes sancionadores por parte de Europa. En este caso lo que no queremos es que quede en el olvido. Y que sirva para cambiar el sector. Está claro que el sector falló. Para que se puedan producir accidentes de estas características, y muy consecutivamente, el sector falló de alguna manera y hay que cambiarlo de manera inminente, porque si no, el riesgo de que ocurran accidentes va a ser el mismo.

Tras los accidentes de Adamuz y Rodalies el Semaf convocó una huelga de tres días y al primer día ya consiguieron un acuerdo con el Ministerio de Transportes para mejorar el mantenimiento de la red ferroviaria y aumentar el personal. ¿Cómo fue posible un acuerdo tan rápido en un problema tan complejo? ¿Confía en que se cumpla?

El problema del acuerdo no es el propio acuerdo, sino que al final se adopten todas las medidas. Tuvimos reuniones de seguimiento del acuerdo y se están dando avances, y se pusieron en marcha ya los grupos de trabajo y se nos dio la información que estábamos solicitando, sobre todo en el tratamiento de la infraestructura por parte de Adif. No era muy usual que como organización sindical, por ejemplo, tuviésemos comunicación directa con Adif, porque no tenemos ni representación en la empresa pública. Pero en cambio éramos los que estábamos reivindicando más esas actuaciones en infraestructura, y lo que vemos es que algo de cambio hubo. Otra cosa es que sea suficiente o no; eso lo dirá el tiempo y las acciones que lleven a cabo. Lógicamente, si se están implantando limitaciones temporales de velocidad donde nosotros reportamos esas deficiencias o esas irregularidades que detectamos en la vía, vemos que algo cambió, por lo menos su actuación. Otra cosa es que sea para mejorar o sea para prevenir o que nadie llegue a responsabilizarse ahora de cualquier nuevo accidente. Lo veremos con el tiempo.

Que se acordase o no de una manera rápida... Se trabajó directamente con el propio ministro durante seis días y se llegó a acuerdos que inicialmente no querían, porque eran reconocer la implicación y la responsabilidad del administrador, y de la agencia, y de todo el sector, y del propio ministerio, en que algo tenía que cambiar. Y eso inicialmente no se nos planteó, porque se nos planteó como organización sindical únicamente una salida laboral, de personas, que nosotros como organización sindical no aceptábamos. Lo que queríamos era un cambio de dinámica dentro del sector y de grupos de trabajo para analizar el estado real del sector. Y por eso no se llegó a un acuerdo de manera rápida, sino que tuvimos que trabajar durante seis días prácticamente 24 horas. Cambió bastante la percepción del ministerio de cuáles eran nuestras reivindicaciones.

¿Ve algún problema singular o particular en la red ferroviaria gallega?

Principalmente la orografía que tiene Galicia, es la peor para una infraestructura ferroviaria. Tiene muchísimas consecuencias directas en la capacidad de operación ferroviaria, en las velocidades y en la enorme cantidad de túneles y viaductos que existe. Y sobre todo las diferencias de inversión y de actuación respecto a otras regiones. Con esa orografía tendría que destinarse mucho más presupuesto ferroviario para mantener y para construir nuevas líneas y las consecuencias fueron las modificaciones incluso de los proyectos iniciales de las líneas de alta velocidad. Tienen una infraestructura particular que no existe en el resto de España, o que no existía más que cuando se inventó en Galicia la línea de ancho convencional con tensión de alta velocidad o cosas así. Fueron consecuencias directas de eso que se vivía allí.

¿Viajar en tren es seguro?

Nosotros consideramos que sí. Si no fuese seguro, nosotros mismos no pondríamos en riesgo nuestra propia integridad. Y de hecho ya lo hicimos en algunas ocasiones, con la paralización de alguna línea o de algún tramo cuando considerábamos que no reunían las condiciones de seguridad. Otra cosa es que el sistema en un momento determinado fallase y sean necesarios cambios. Pero nosotros consideramos que el ferrocarril es seguro. Ahora mismo, con los accidentes que vivimos, el ferrocarril no puede estar más fiscalizado.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

El pasado 6 de marzo María Azucena Recio tomó posesión como nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Menos de una semana después, el día 12, esta magistrada encuadrada convencionalmente en el sector conservador de la judicatura tomó una de sus primeras decisiones: trasladar a la fuerza a dos de los cuatro miembros de la Sección Tercera de la Sala, que trata sobre cuestiones como la legalidad de los parques eólicos o diversos contratos del Gobierno gallego: Luís Villares y Dolores López.

Estos traslados forzosos, que Praza.gal pudo confirmar a través de fuentes judiciales, están generando un notable revuelo en el seno del alto tribunal gallego por su celeridad y también por su justificación. Especialmente en el caso de Villares, que viene siendo cuestionado públicamente por el PP y por el Gobierno gallego en los últimos años a causa de decisiones de la Sala como paralizaciones cautelares de parques eólicos, que los populares atribuyen no a cuestiones legales, sino al pasado político del magistrado como portavoz de la desaparecida formación En Marea.

La resolución en la que Recio decide el traslado forzoso de Villares, a cuyo contenido pudo tener acceso este diario, lo justifica citando tres sentencias en las que el Tribunal Supremo anuló resoluciones previas del TSXG que obligaban a la empresa concesionaria del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a pagar el IBI al Ayuntamiento o que rechazaban las peticiones de la empresa para obtener diversas compensaciones por servicios prestados durante la apertura del centro. La causa de esas anulaciones fue que el Supremo observó riesgo de que Villares, uno de los tres magistrados que las adoptó, no fuese imparcial por las posiciones políticas de En Marea sobre el asunto cuando él la lideraba, con independencia de que fuesen “correctas”.

Según la nueva presidenta de la Sala, esos pronunciamientos del Supremo “motivan” el traslado forzoso de Villares fuera de la Sección Tercera y su recolocación en la Cuarta. Lo hace, justifica, para “salvaguardar la apariencia y la realidad de la imparcialidad con la que funciona esta Sala” y también para la “salvaguarda del magistrado cuya imparcialidad fue sometida a valoración judicial por el Supremo”. También apunta a “necesidades reorganizativas” y al “refuerzo” del “buen funcionamiento” de la Sala.

Entiende María Azucena Recio que el traslado forzoso va a implicar además para Villares un “crecimiento profesional” y “una oportunidad” al “abordar nuevas materias que también son competencia” de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La resolución concluye con un agradecimiento al “apoyo y comprensión de todos/as”.

Las tres sentencias conocidas hasta el momento en las que el Supremo anuló resoluciones previas del TSXG porque Villares participó en ellas junto con otros jueces no dicen que aquellas fuesen incorrectas o parciales. El Supremo dijo que esas resoluciones no tenían “signos manifiestos que permitan levantar, por sí solos, sospechas sobre la ausencia de parcialidad”, pero aun así consideró que se había vulnerado el derecho de la empresa recurrente a un juez imparcial. En aquellos procesos la Xunta incluso defendió al magistrado diciendo que el supuesto “vicio de parcialidad” que le atribuían no se había producido porque “la sentencia es correcta en derecho en cuanto al fondo”.

Por otra parte, el Supremo ya ha avalado resoluciones del TSXG en las que participó Villares, en particular sobre el sector eólico. Y, al mismo tiempo, el PP incluso criticó a Villares por la anulación en firme por parte del Supremo de un parque eólico en cuyo proceso judicial no participó ese juez.

Ante los ataques del PP al TSXG por sus resoluciones sobre el sector eólico, participe o no Villares en ellas, el propio tribunal y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia se pronunciaron públicamente en defensa de la “independencia judicial”, subrayando que “su respeto por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones” y “sin perjuicio de que quien esté disconforme con las resoluciones judiciales utilice los medios que le garantiza la legislación procesal”.

Los traslados forzosos decididos por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, especialmente el de Villares, causan “preocupación” en la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. El colectivo que agrupa el sector progresista de la judicatura, del que el magistrado ahora trasladado fue coordinador en Galicia, considera que la decisión “puede afectar a las garantías de inamovilidad e independencia judicial”.

Destaca la sección territorial gallega de XpD que este “desmantelamiento” de la Sección Tercera de la Sala, “no previsto en el programa de gobierno sometido a examen del Consejo General del Poder Judicial” con el que María Azucena Recio llegó al cargo, “supone de facto deshacer la composición de un órgano judicial que venía resolviendo asuntos de materias concretas”, ya que “afecta a la mitad de las personas que la componen”. Se trata, añaden, de un movimiento “inusual” tanto por su “envergadura” como por las “formas con las que se realiza”.

“El procedimiento habitual de cambio de magistrados entre secciones es el concurso interno voluntario cuando existen vacantes”, detallan, y “cuando la Presidencia propone una reorganización, lo normal es la consulta previa” con los afectados y aplicar los cambios “de modo individual” para no “perturbar” el trabajo. Pero en este caso los movimientos, entre los trasladados y los que llegan, “afectan a cuatro magistrados” de dos de las cuatro secciones de la Sala y “fue adoptado sin audiencia previa ni consultas informales” con los implicados.

En junio de 1996 el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Pontevedra publicó una nueva normativa urbanística del Ayuntamiento de Oia, una localidad sur de las Rías Baixas, que, entre otras cuestiones, pretendía facilitar un balneario de agua de mar en pleno cabo Silleiro, un emplazamiento de alto valor paisajístico. Pero alguien se olvidó de publicar la ordenanza concreta, la número 13, que regularía esa construcción, así que nunca entró en vigor. Eso no impidió al gobierno local del PP otorgar en 2000 la licencia al amparo de esa ordenanza fantasma de 1996. Y cuando la justicia estableció en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, que había sido ilegal, el edificio ya llevaba seis años funcionando.

Treinta años después, aquella ordenanza fantasma es ahora una amenaza real de quiebra para el Ayuntamiento de Oia. Porque si el derribo se concreta, como vuelve a insistir la justicia, los propietarios podrían exigir una indemnización millonaria a las arcas municipales.

La sentencia que en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, declaró ilegales las licencias del Ayuntamiento de Oia para construir el hotel y centro de talasoterapia de cabo Silleiro refleja así lo sucedido: “La Ordenanza nº 13, de equipamiento hotelero-balneario, de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Oia de 1996 no aparece en el texto que fue publicado en el BOP de Pontevedra de 18/6/96 y por lo tanto nunca entró en vigor”. Y concluía que “al no entrar en vigor dicha ordenanza ninguna licencia podía ser concedida a su amparo”.

Pero iba más allá e incluso decía que lo construido tampoco respetaría lo establecido en la ordenanza fantasma “en lo referente a altura y número de plantas de los edificios”.

Lo finalmente construido fueron varias plantas de altura, en teoría cinco sobre la rasante del terreno. Pero sobre un terreno en fuerte pendiente que hace que desde la carretera de acceso se puedan contar hasta ocho alturas distintas en el complejo. Todo ello a apenas cien metros del mar y a 500 metros del emblemático faro de cabo Silleiro, en un lugar de especial tranquilidad pero a tan solo 5 kilómetros de la muy turística Baiona.

Inaugurado en 2003, durante este tiempo el talaso de Oia, pese a su ilegalidad, recibió diversas ayudas públicas de la Xunta y del Estado e incluso albergó una conferencia internacional de ministros de Pesca en el marco de la World Fishing Exhibition celebrada en Vigo a los pocos meses de su apertura. Al tiempo, diversas administraciones le abrieron varios expedientes no solo por la ilegalidad de la construcción o por obras posteriores, sino también por vertidos al mismo mar del que obtiene el agua para el funcionamiento de sus piscinas de talasoterapia.

Con la sentencia firme de 2009 que estableció la ilegalidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento se instó el derribo del edificio, que también fue sentenciado por la justicia en 2012. Pero eso supondría que los propietarios del hotel podrían pedir una indemnización municipal, ya que ellos construyeron con una licencia en la mano que daban por válida. Con una población de apenas 3.000 habitantes y unos presupuestos municipales que apenas superan los 2 millones de euros, indemnizar el derribo de semejante complejo llevaría a las arcas municipales a la quiebra.

Para evitar la indemnización el Ayuntamiento lleva década y media intentando legalizar lo ilegal, de momento sin éxito. La justicia fue aplazando la ejecución del derribo ante la promesa de tramitación de un plan urbanístico específico para legalizar el hotel reduciendo su altura y reestructurando sus volúmenes para así adaptarlo supuestamente a lo que permite la legislación urbanística en ese entorno. Pero ese plan municipal sigue sin ser aprobado porque la Xunta no acaba de ver que la topografía del terreno vaya a quedar como estaba.

También consideró que el uso de talasoterapia está permitido en el tipo de suelo del litoral en el que se levanta el complejo, a apenas cien metros del mar, pero no así “los usos residenciales o terciarios asociados a estas instalaciones”. Esto es, el hotel.

A falta de un plan urbanístico que legalice el complejo, el juzgado de Pontevedra, que conoce del caso desde hace dos décadas, se cansó de esperar y acaba de emitir un nuevo auto en el que da al Ayuntamiento diez días para iniciar el proceso de derribo instando al propietario a que lo acometa. La amenaza surgida de la ordenanza fantasma de 1996 está más cerca de hacerse real.

La guerra de Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha provocado fuertes caídas en las bolsas e importantes incrementos en los precios del petróleo y del gas, incrementando casi de inmediato lo que los consumidores finales deben pagar por los combustibles de automoción, como la gasolina 95 o el gasóleo A, con subidas que esta semana ya superan el 17% en la gasolina y el 30% en el gasóleo.

Sin embargo, aún mayor es la subida que en los últimos 18 días experimentó el precio del gasóleo B, conocido popularmente como gasóleo agrícola, pues es el más empleado en la maquinaria del campo. Mientras que el 28 de febrero el litro se adquiría a un precio medio de 1,2 euros en Galicia, en la actualidad esa cifra ya se acerca a los 1,6 euros, un ascenso del 32%. El precio medio en Galicia se sitúa seis céntimos por litro por encima de la media española.

El precio del gasóleo B se sitúa ya cerca del máximo alcanzado en las semanas posteriores al inicio de la guerra de Ucrania (1,66 euros por litro) y el ritmo de encarecimiento es muy similar al que se produjo en ese momento.

Productores agrícolas y ganaderos, al igual que los sindicatos del sector, vienen alertando de estas subidas y exigiendo a las distintas administraciones medidas que ayuden a paliar este encarecimiento, que se suma a las subidas que en los últimos años vienen experimentando otros costes de producción, como los piensos, reduciendo así su margen de beneficios. Además, advierten de otro efecto derivado de la guerra en Irán que también puede tener graves consecuencias para el sector en los próximos meses: el encarecimiento de los fertilizantes. Cerca del 30% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados pasa cada año por el estrecho de Ormuz.

Uno de los sindicatos que viene denunciando esta situación es el Sindicato Labrego Galego, que alerta del componente “especulativo” que se añade a la subida de los precios del petróleo. Las personas agricultoras que llaman para encargar el gasóleo agrícola se encuentran “con enormes diferencias” y precios que cambian “de hora en hora o de lugar en lugar”, señalaba el sindicato hace unos días.

El SLG denuncia que “las subidas realizadas hasta este momento responden a una anticipación especulativa por parte de los distribuidores, realizando esas subidas sobre stocks comprados a bajo precio que ya tienen en los almacenes”.

En paralelo, denuncia el SLG, los productores gallegos ya están sufriendo un descenso en la nueva renovación de contratos en el precio al que les compran la leche. “En vísperas de renovaciones de contratos de la leche, pedimos que en los nuevos contratos que se renueven se tenga en cuenta esta crisis del gasóleo y lo que supone y va a suponer la subida de los costes en las granjas gallegas”, dice el sindicato.

Sobre la subida de los fertilizantes, el SLG denuncia igualmente que una parte del encarecimiento no tiene justificación. “Las importaciones de fertilizantes nitrogenados proceden esencialmente de Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia y ninguno de esos orígenes depende del estrecho de Ormuz”, explica el sindicato. “Estamos hablando de una amenaza para las personas agricultoras y ganaderas”, dice el SLG, que, al final, advierte, estas subidas también van a repercutir en el coste final de la alimentación para las personas consumidoras.

El SLG reclama la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Gobierno del Estado y de los gobiernos autonómicos, entre ellos la Xunta, “en un momento de crisis excepcional como esta”. “Hay fondos financieros y capital especulativo comprando contratos de futuros para obtener ganancias millonarias”, denuncia el sindicato, que recuerda que “los carburantes y fertilizantes que se están distribuyendo en este momento llegaron al Estado español con contratos previos a la guerra de Irán”.

Este martes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, demandó al Gobierno de la Xunta ayudas directas al sector agroganadero para afrontar el aumento de los costes de combustibles, fertilizantes y alimentación animal. Lo hizo desde Mazaricos, en una visita a una de las granjas afectadas por la crisis inflacionista consecuencia de la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.

Pontón reclamó a Alfonso Rueda que deje de “arrastrar los pies” y comience a tomar medidas para hacer frente a la escalada de precios que sufre un “sector estratégico” para la economía de muchas comarcas. Galicia cuenta con un “enorme potencial” para producir alimentos y, sin embargo, tiene “un gobierno que no está a la altura y no está apoyando como debería al sector”, denunció la líder del BNG.

Desde la Granxa Pazos de Mazaricos, Pontón abogó también por la “estricta aplicación de la ley de cadena alimentaria” para garantizar un precio justo para que los productores “no tengan que producir a pérdidas” y apostó igualmente por que no entre en vigor “un acuerdo con Mercosur que va a afectar a una parte del sector gallego”.

También la portavoz de Industrias Alimentarias del BNG en el Parlamento, Ariadna Fernández, acusa a la Xunta de tener el sector ganadero “abandonado frente a la bajada que se prevé en el precio de la leche y el aumento de costes por la guerra”. Un escenario que, advierte, anticipa una bajada “drástica” en el margen de beneficios que hará que cierren aún más explotaciones ganaderas. “Pese al escenario que se avecina, la Consellería do Medio Rural sigue en posición de espectadora y no actúa con responsabilidad para defender al sector”, critica.

En 2018, una mujer que estaba colaborando con la justicia en la investigación del caso Carioca de prostitución en Lugo obtuvo por su ayuda un permiso de residencia extraordinario a solicitud de la justicia. En 2022, tras residir legalmente más años de los requeridos, solicitó la nacionalidad, pero el Estado se la denegó en 2024 sin tener en cuenta su propio permiso extraordinario de residencia.

Ahora la Audiencia Nacional condena al Estado, considera “acreditado el cumplimiento del requisito de residencia legal” y le reconoce a la mujer “la nacionalidad española por residencia”.

El caso Carioca comenzó a investigarse con diligencias previas en 2008 por parte del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, en el que estaba la jueza Pilar de Lara. La investigación, como otras de la misma jueza –que acabó siendo sancionada–, se demoró y se diversificó en varias piezas, llegando la sentencia de la pieza principal en julio de 2024, cuando quedó confirmada para la justicia la existencia de favores mutuos entre agentes de la Guardia Civil y proxenetas, con varias mujeres prostituidas como principales víctimas.

En la sentencia de Carioca fueron condenados por conformidad dos guardias civiles y tres proxenetas. Y entre los primeros estaba precisamente uno que tenía entre sus cometidos realizar inspecciones “en clubes de alterne o establecimientos análogos” para, entre otros aspectos, “examinar la documentación del personal” y, en el caso de personas extranjeras, denunciar posibles estancias en situación irregular.

En este contexto, en marzo de 2018 el juzgado instructor envió un oficio sobre la mujer al subdelegado del Gobierno en Lugo “por el que informa sobre dicha colaboración y que su presencia en España es imprescindible, solicitando asimismo que se le conceda la correspondiente autorización de residencia por circunstancias excepcionales”. La mujer obtuvo “las correspondientes tarjetas de residencia en España desde el año 2018 hasta 2024”, pero en ese año le fue denegada la nacionalidad que había solicitado en 2022 por incumplir el requisito de residencia legal previa.

La legislación establece que las personas de Iberoamérica que soliciten la nacionalidad española solo tienen que residir previamente en España de forma legal, continuada y sin interrupción durante dos años. Y ese fue el argumento dado por el Estado: que no cumplía el requisito de residencia legal previa durante dos años, obviando el permiso extraordinario que había obtenido por su colaboración con la justicia. Así que ahora la Audiencia Nacional anula la decisión del Estado “y en su lugar reconocemos la nacionalidad española por residencia a la recurrente”.

Organizaciones memorialistas, formaciones políticas y administraciones celebraron este jueves la sentencia del Supremo que confirma la propiedad pública del Pazo de Meirás y pone fin a una lucha de años por la recuperación del inmueble.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña destacó la “victoria del memorialismo gallego y de la memoria histórica antifranquista”, así como de la “movilización social y ciudadana”.

“El dictamen del Supremo confirma la propiedad pública del Pazo y también las prácticas fraudulentas, ilícitas y coercitivas y de expulsión sobre la vecindad de Meirás que perpetraron el dictador Franco y los aparatos del Estado”, dice la entidad, que reprocha, no obstante, que los herederos del general fascista tengan que ser indemnizados por un “error procesal de la Abogacía del Estado” en la demanda, tal y como “ya se había advertido”. “Hay que acatarlo, guste o no”, dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La CRMH insta a las administraciones a que en el trámite de ejecución de sentencia referido a la cuantificación de la liquidación posesoria “se opongan y combatan las pretensiones de los Franco”.

Para la entidad, con el dictamen del Supremo el Estado “ya no va a tener excusa ni motivo que impida proceder a la ejecución de las obras necesarias para poner la integridad del Pazo al uso y servicio público, incluyendo todas las dependencias”. “Es preciso con urgencia resignificar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria”, dice la CRMH, que reclama también la “cesión” de las Torres a la Xunta de Galicia, aunque la futura gestión recaiga en el Gobierno gallego, junto con el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Sada.

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que con la sentencia del Supremo la ciudadanía gallega “ganó una batalla muy importante” y confirmó que el Pazo “no era propiedad de la familia Franco, sino que es propiedad de los gallegos y de las gallegas”.

Pontón defendió la transferencia del Pazo a Galicia para su apertura al conjunto de la ciudadanía y para su “conversión en un espacio de memoria con el objetivo de no olvidar lo que pasó en este país”. “Creo que es la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en el conjunto del Estado español y como gallega me siento tremendamente orgullosa”, dijo, tras aclarar que ni comparte ni entiende que la familia del dictador tenga que ser indemnizada.

Desde el PSdeG, su secretario general, José Ramón Besteiro, recuerda que “tuvo que llegar un gobierno socialista para que la recuperación del Pazo fuese posible”. El líder socialista asegura que la sentencia del Supremo “es para celebrar por parte de todas las personas e instituciones que lucharon durante años para que se hiciera justicia y, sobre todo, por parte de las víctimas de la represión”.

También el Ayuntamiento de Sada celebró que el Pazo de Meirás “es del pueblo” y pide que se proceda al “cambio de titularidad registral —que a día de hoy todavía figura a nombre de la familia Franco— para que el Estado pueda ejecutar las actuaciones necesarias que permitan la apertura completa del inmueble y su plena puesta al servicio de la ciudadanía”.

Además, la Diputación de A Coruña, a través de su presidente, Valentín González Formoso, valoró que el inmueble regrese “a las manos de las que no debería haber salido, las del pueblo gallego”, y mostró su satisfacción porque el Tribunal Supremo coincida con los informes jurídicos e históricos de la institución provincial, “que avalaron desde el primer minuto que el edificio era patrimonio público y no privado”.

También el Gobierno central celebró una “magnífica noticia”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aplaudió la sentencia del Supremo por “instar” a los herederos del dictador a “devolver el Pazo a lo público”.

El Supremo confirma que el Pazo de Meirás es un bien público, pero también que el Estado debe indemnizar a los Franco. La Sala Primera del tribunal desestimó todos los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial hace cinco años respecto de la propiedad del inmueble y que “confirma en todos sus términos”.

Así, el Tribunal Supremo, en una sentencia emitida este pasado miércoles 11 de marzo, acaba de confirmar que el Pazo de Meirás pertenece al Estado, ratificando así la histórica sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña que en septiembre de 2020, hace más de un lustro, ordenó a los Franco devolverlo. La titularidad pública del inmueble había sido también confirmada cinco meses después por la Audiencia Provincial que, no obstante, había ordenado indemnizar a la familia del dictador en una polémica decisión.

Ahora, el Supremo ratifica aquel dictamen de la Audiencia Provincial, en el que se determinaba que el Pazo era propiedad del Estado, que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolverlo pero también que tenían derecho a ser indemnizados por los “gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión”, tal y como resume el gabinete técnico del alto tribunal.

Ese derecho a indemnización o liquidación del estado posesorio se les permitía a los Franco “como poseedores de buena fe” del Pazo, en una resolución que había sido aceptada en un primer momento por el Gobierno de España, que acabó recurriendo para evitar pagar tras la presión de varias asociaciones por la memoria histórica. Pero el Supremo reconoce el derecho de los herederos del dictador a ser compensados.

Aquella sentencia de la Audiencia Provincial había condenado a la familia del general fascista a desalojar las propiedades de Meirás, “dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios”, pero añadió un matiz relevante: les reconoció el derecho a ser resarcidos por los gastos en que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio, algo que no se había aceptado en la sentencia de 2020.

El controvertido dictamen de la Audiencia, que le dio la razón al Estado en lo fundamental pero que reforzó algunas tesis de los Franco, dejaba claro también que fueron la inacción y la dejadez del Estado —en plena democracia y durante más de 40 años— en todo lo que tuvo que ver con el Pazo de Meirás lo que provocaba que los herederos del dictador pudiesen ser indemnizados por la administración después de ver cómo era aceptada parte de su recurso.

“La reivindicación de la propiedad [del Pazo de Meirás] es un evento totalmente nuevo que se produce ahora por vez primera”, advirtieran los jueces de la Audiencia Provincial para justificar que los Franco no tuviesen por qué considerar de “mala fe” su adquisición —como destacaba la sentencia de primera instancia— o ni siquiera creer que hubiese algo irregular en ella. ¿Por qué iban a hacerlo si gozaron de la propiedad del inmueble sin impedimento ni obstáculo alguno durante casi 45 años tras la muerte del dictador? He ahí la cuestión.

En esta sentencia, conocida este jueves, el Supremo aclara que “en la demanda” original sobre el Pazo “se indicó expresamente que no se discutía que los herederos de Franco fuesen poseedores de buena fe y que, por lo tanto, una vez devuelta la posesión del pazo, deberían ser indemnizados en los términos previstos para estos casos en el Código Civil”. “Es perfectamente congruente con lo sostenido en el informe jurídico que se incorporó al informe de la comisión de expertos creada en el Parlamento de Galicia para estudiar la viabilidad de la reclamación de la propiedad del Pazo, que se pronunció expresa y taxativamente en esos términos”, aclara la Sala en la explicación técnica del dictamen.

Así, el Supremo considera que si en la demanda se mantuvo esta postura, “no se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos”. “Los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita”, añade.

El Supremo da ahora la que es la última palabra sobre las Torres, que pasaron a manos del Estado tras un proceso judicial impulsado por la Abogacía del Estado en Galicia con la demanda presentada en el verano de 2019 contra la familia Franco y que contó con un importante apoyo social y de las entidades de memoria, así como de la Xunta y la Diputación de A Coruña, además de los ayuntamientos de A Coruña y Sada.

Entregadas las llaves al Estado en un acto histórico en diciembre de 2020, la titularidad pública del Pazo de Meirás —hasta ahora provisional— se vuelve definitiva este viernes. Ahora, y ante los recursos de la familia Franco para recuperar las Torres, el Supremo “confirma la propiedad del Estado” y concluye que “desde 1938 el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio de El Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer el predio en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los años 90 del siglo XX, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración”.

En definitiva, ante la intención de los herederos del dictador de adquirir por usucapión el inmueble, aclara que “no transcurrió el plazo legal de treinta años para poder adquirir la propiedad por esta vía” ya que antes fue, en realidad, residencia del jefe del Estado.

Además, el Supremo aclara también que en los recursos interpuestos por el Estado y la familia del dictador “ya no se discutía que los títulos jurídicos en los que se fundara la propiedad de Francisco Franco Bahamonde (donación y compraventa) eran nulos”, sino si la propiedad era del Estado y si los herederos del dictador debían ser indemnizados.

Por lo tanto, lo que sí volvió a confirmar el Supremo, como hizo la primera de las sentencias sobre la titularidad de Meirás, es la nulidad de la donación efectuada en 1938 de las Torres, al demostrar los documentos que la Xunta Pro Pazo —constituida por élites franquistas para sufragar el regalo— regaló el inmueble al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal.

También ratifica que la compraventa del 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, lo que determina la nulidad de la misma. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción del predio en el Registro de la Propiedad.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra esa sentencia, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

El Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, fue residencia de verano de Franco durante toda la dictadura, tras un proceso que simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la guerra civil.

A partir de la muerte del dictador, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

La sentencia, fechada el 11 de marzo y adoptada por unanimidad, hace hincapié en que, durante la dictadura, resultaba complicado distinguir entre los bienes personales de Franco y del Estado, al tratarse de una "autocracia personalista".

Realiza un relato extenso de lo ocurrido desde el inicio de la guerra civil y la adquisición del inmueble a la viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, Manuela Esteban Collantes, por parte de una junta de notables de la zona, para después regalárselo a Franco y posteriormente simular la venta directa desde la propietaria al dictador -este acto es nulo, pues realmente ya lo había vendido-, así como la falta de entrega del dinero fijado en la escritura.

El Supremo da la razón a los fallos previos al anular todo aquel proceso de regalo y venta, así como a descartar la posible propiedad de los Franco por usucapión o prescripción adquisitiva, pues considera que el pazo nunca dejó de ser un bien de dominio público y, sobre los plazos, defiende que como mínimo hasta la década de 1990 no poseyeron la finca como dueños, por lo que no transcurrió el plazo legal de treinta años.

De forma paralela, en otro proceso judicial el Estado logró la propiedad de 559 elementos que siguen en el edificio, pues la demanda sobre la propiedad del inmueble no incluía su contenido.

Las administraciones públicas recurrieron el hecho de que la Audiencia Provincial de A Coruña determinó en 2021 que los Franco debían ser indemnizados por los gastos que tuvieron en la propiedad, al considerarlos poseedores de "buena fe". Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que en la demanda original no se discutía esta cuestión y no es posible añadirla en un momento procesal posterior.

"La demanda no contenía pretensión alguna sobre la liquidación del estado posesorio", resume el fallo, sobre el escrito presentado en su momento para abordar el proceso. Entiende que las administraciones "alteraron sustancialmente la demanda" al añadir ahora que los herederos de Franco deben ser considerados poseedores de "mala fe".

Menciona también el hecho de que las primeras propietarias del Pazo de Meirás, tras la muerte de Franco, fueron su viuda, Carmen Polo, y luego la hija de ambos, Carmen Franco, ambas ya fallecidas. "La buena o mala fe debe ser la de ellos, y no la de la viuda e hija de Franco, cuya posesión no fue discutida, ni por tanto, hubo de ser liquidada", continúa.

El Tribunal Supremo concluye, por tanto, que debe abordarse esta liquidación del estado posesorio y los Martínez-Bordiú Franco deben ser indemnizados.

El PPdeG ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) que reclamaba la oposición, a la que ha instado a llevar al juzgado sus "mentiras" y "difamaciones" sobre la tramitación de este expediente, cuyo archivo ya anunció la Xunta, según recoge EFE.

Los votos del PPdeG han hecho que no saliera adelante este martes, en el pleno del Parlamento, la iniciativa presentada por el BNG, y apoyada por el PSdeG, para "conocer toda la verdad" sobre las "irregularidades" que creen que hay tras este proyecto de macrocelulosa y han pedido que se "desclasifiquen los papeles" del acuerdo firmado por la Xunta con la multinacional portuguesa.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha instado a la oposición a continuar en el juzgado con esta petición planteada por el BNG ante el Tribunal Superior de Galicia (TSXG), que la ha admitido a trámite, porque si la justicia dice que se puede hacer pública esta documentación que es confidencial, según la Xunta, quedaría acreditado "todo lo que lleva mentido" la oposición.

Pazos ha reprochado que acusan a la Xunta de "graves ilegalidades" y solicitan una comisión de investigación para "prolongar su campaña de difamaciones" en el Parlamento, pero no son capaces de "trasladarlas" al juzgado lo que evidencia su "enorme cobardía".

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, está claro que el proyecto de Altri es un ejemplo de que la Xunta es "capaz de cometer todo tipo de irregularidades para favorecer intereses privados" y "tiene miedo de que se conozca la verdad" sobre esta "traición" que el pueblo gallego "no olvidará", ha advertido al PP.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha llegado a hablar de "posible tráfico de influencias" en la tramitación del proyecto de Altri y ha asegurado que si la Xunta sigue negando información, también su partido valora "acudir a los tribunales" para conocer toda la documentación al respecto.

Aparte de pedir conocer el memorandum de entendimiento entre la sociedad público-privada Impulsa -con un 40% de participación de la Xunta- y Altri firmado en octubre de 2021, la oposición ha reiterado sus sospechas sobre la "rebaja de protección" de una zona en la Serra do Careón cercana a donde se iba a instalar el proyecto, sobre lo que ya hay una sentencia del TSXG tras una denuncia presentada por Adega.

Son muchos los indicadores que muestran el declive del poder y de la influencia de la religión católica. Desde la disminución del porcentaje de personas que se consideran creyentes y, sobre todo, las que efectivamente practican sus ritos y acuden, por ejemplo, a misa. También el descenso de las bodas católicas o, igualmente, la caída de las declaraciones de la renta en las que se opta por destinar una parte de su dinero a la Iglesia. Y, de forma muy importante, los datos de la enseñanza correspondientes al alumnado que elige la materia de Religión Católica.

Las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, publicadas hace unas semanas y que muestran la situación del curso 2023-24, revelan que el porcentaje de alumnos y alumnas que cursan esta materia en la enseñanza primaria sigue descendiendo y está muy cerca de bajar del 50% por primera vez.

Los datos reflejan que Galicia es la comunidad autónoma en la que más descendió la elección de Religión en Primaria, pasando del 90,9% en el curso 2003-04 al 53,5% en el 2023-24, veinte años después. En la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato las cifras también muestran una tendencia a la baja, pero mucho más lenta.

De hecho, en los últimos siete cursos con datos prácticamente no hubo cambios en el porcentaje y la cifra, tanto en la ESO como en Bachillerato, se sitúa algo por encima de los mínimos alcanzados alrededor del año 2015.

Tan importante fue el descenso en Primaria que el porcentaje de alumnado que cursaba Religión, que siempre había sido superior en este nivel que en la ESO, se situó por debajo a partir del curso 2022-23.

En todos los casos (Primaria, ESO y Bachillerato) el porcentaje de alumnado que cursa una materia de Religión correspondiente a otras confesiones es casi inexistente (0,8%, 0,4% y 0%, respectivamente).

Las cifras gallegas, especialmente en Primaria, llaman aún más la atención puestas en relación con las que se registran en otras comunidades autónomas y en el conjunto del Estado español. En el curso 2003-04 el porcentaje de alumnado gallego que cursaba Religión en Primaria era del 90,9% y se situaba casi diez puntos por encima de la media española. Veinte años después es del 53,5%, casi dos puntos por debajo de la media. Galicia pasó de ser el cuarto territorio que más elegía Religión (después de Extremadura y las dos Castillas) a ser el séptimo que más opta por la alternativa a la materia de contenido católico.

El descenso en Galicia (37,5 puntos menos) supera ampliamente la reducción media (25,9 puntos). Tan solo Navarra, Aragón y Baleares presentan caídas en la elección de la materia de Religión con cifras que se aproximan a las gallegas, aunque por debajo.

En la ESO el descenso desde el curso 2003-04 en la proporción de alumnado que elige la materia de Religión también es superior en Galicia (12,7 puntos menos) a la media del Estado (10,4 puntos), pero en este caso las caídas están lideradas por Euskadi y Navarra, en torno a veinte puntos menos. Aun así, el porcentaje de quienes cursan esta materia en Galicia en la ESO supera ligeramente la media estatal.

En Bachillerato, en cambio, la reducción en Galicia (19,2 puntos menos) se sitúa algo por debajo de la media del conjunto de España (19,7) y muy lejos de los descensos registrados en regiones como La Rioja, Extremadura, Cantabria, Navarra o Asturias. También aquí los datos gallegos siguen algo por encima de la media.

Hay, eso sí, importantes diferencias según la titularidad de los centros de enseñanza a la hora de elegir o no la materia de Religión católica. En Primaria, el porcentaje de alumnado gallego de centros públicos que cursa esta materia confesional es del 45%, mientras que en los colegios privado-concertados la proporción sube hasta el 76%. En los privados no concertados, en cambio, los datos son inferiores a los de la pública (34%). La situación se repite en la ESO (51,5% en la pública, 74% en la concertada, 34% en la privada no subvencionada).

En Bachillerato, el porcentaje en los centros públicos (29%) es muy inferior al que se da en los centros privados no concertados (72%), donde domina la elección de Religión. En Galicia no hay centros privados concertados que impartan Bachillerato.

El último gráfico, interactivo, permite comparar los datos gallegos, por nivel educativo y tipo de centro, con la media estatal y con los de las demás comunidades autónomas. Galicia está lejos de los datos de las comunidades autónomas que más optan por Religión en Primaria, como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o La Rioja. Pero también se sitúa en niveles muy diferentes de los territorios en los que la materia confesional es más rechazada, como Cataluña, País Vasco o Baleares.

Los datos de la mayor parte de comunidades autónomas confirman el patrón, también observable en Galicia, de una mayor elección de la materia de Religión en los centros privados concertados y un mayor rechazo tanto en los centros públicos como en los privados no concertados.

La electricidad de origen renovable que se descarta cada día continúa creciendo a medida que aumenta la potencia fotovoltaica instaladas en España. Los vertidos de origen solar alcanzaron el 2,5% de toda la luz generada por esta tecnología en 2025, un máximo histórico y el doble que en 2024, y se espera que ese porcentaje siga siendo elevado en 2026 y 2027.

Esos descartes de energía fueron mucho mayores en Extremadura y Ciudad Real, donde numerosos nudos de la red eléctrica tuvieron más de un 30% de vertidos, según cálculos de la consultora Aurora Energy. Su informe también prevé que ese atasco en la red se vaya corrigiendo en la próxima década, y que el embudo de renovables se desplazará al norte de la península, especialmente a Galicia.

Los vertidos de energía renovable se producen porque la electricidad producida por plantas solares, eólicas o hidráulicas no puede ser absorbida por la red. Estas instalaciones generan energía cuando hay sol, viento o agua, pero no siempre esa luz puede ser utilizada, de manera que el operador de la red eléctrica obliga a que algunas instalaciones se apaguen, desperdiciando esa energía potencial que se produciría a coste cero. A menudo se argumenta que la energía renovable se desecha porque no hay demanda suficiente para consumirla, lo cual es cierto, pero el análisis de Aurora Energy detalla que el 86% de esas restricciones se activan por congestiones en la red eléctrica.

Esa congestión se produce porque en los últimos cinco años España ha más que duplicado la fotovoltaica y la eólica instalada, pero la red eléctrica no ha crecido al mismo ritmo, de manera que los cables de alta y media tensión no tienen capacidad para transportar toda esta energía a los puntos donde se consume. Como la mayoría de estas renovables se concentra en zonas poco pobladas, hay que llevar esa luz hasta los polos de población, de manera que se producen fuertes cuellos de botella en la red, explicó este jueves Javier Pamos, consultor de Aurora, en una llamada con periodistas.

"El problema es que los centros de producción de energía renovable en España están completamente separados de la demanda. Si esta infraestructura no está bien diseñada o dimensionada como para compensar esta diferencia, lo que ocurre es que las redes se congestionan y Red Eléctrica tiene que cortar producción en unos nudos y activarla en otros para compensar esa diferencia", explicó el experto.

En concreto, en 2025 se tiraron nada menos que 3,6 teravatios hora (TWh) de luz por orden de Red Eléctrica, un 110% más que en 2024. La cifra equivale al 1,6% de toda la electricidad que se consumió en España el año pasado.

Otros países vecinos también sufren el mismo problema, ya que los vertidos de electricidad son inevitables hasta que se comiencen a instalar a gran escala baterías en la Unión Europea. Esas baterías permiten almacenar la luz que no se pueda verter a la red en las horas de sol o de viento, y consumirla en las horas siguientes, una manera de maximizar el beneficio del dueño de la planta renovable y de bajar el precio de la luz para todos los consumidores en las horas de mayor demanda.

Badajoz, Cáceres y Ciudad Real son las provincias con mayores vertidos de electricidad renovable debido a que son polos muy importantes de producción de energía solar. Si la media de vertidos en España es del 2,5%, en esas zonas es de entre el 5% y el 30%, según el estudio de Aurora. Solo la provincia de Badajoz concentra alrededor del 20% del conjunto de vertidos en la España peninsular, aunque también hay problemas en Aragón y en algunos nudos del sureste.

En 2025 el porcentaje de pérdidas de electricidad fue mucho mayor que en 2024, y se espera que en 2026 se reduzcan ligeramente (hasta 3,05 TWh), así como en 2027 (3,38 TWh). En 2025 se ha producido un récord porque hubo factores puntuales que dispararon los vertidos: los incendios récord de agosto, que obligaron a cortar líneas eléctricas, y el apagón de abril, que incrementó el uso de centrales de ciclo combinado y desplazó a las renovables para garantizar la estabilidad.

Otro factor que está disparando los vertidos en España en los últimos años son las altas temperaturas de verano, debido a que el calor reduce la eficiencia de las líneas eléctricas para transportar energía y aumenta los problemas de cuellos de botella en la red. Esto explica que la inmensa mayoría de la electricidad vertida se concentra en julio y agosto.

En la próxima década, los analistas calculan que el mapa de plantas que sufrirán desconexiones forzadas se desplazará hacia el norte de España, donde ahora no hay prácticamente problemas. Se espera que en esa zona se instale una gran cantidad de molinos de viento, tanto en suelo como en el mar, y al mismo tiempo se concentrará allí un "limitado refuerzo de la red eléctrica". En 2035, los cuellos de botella se ubicarán en todas las provincias gallegas, especialmente en Ourense. También en Castilla y León, Asturias, País Vasco, Cantabria y Aragón.

El pleno municipal de A Coruña ha aprobado este jueves continuar con el proceso iniciado para buscar la recuperación de la Casa Cornide para el patrimonio público, en la actualidad en manos de los herederos de Franco, según informa EFE. 

La Casa Cornide es un palacete situado en el centro de A Coruña y del siglo XVIII, ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también del dictador Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña. 

En 2024, el Ayuntamiento de A Coruña inició un procedimiento de revisión de oficio de aquel proceso, que en su momento tenía un plazo de seis meses, que ya han pasado, por lo que los Franco han solicitado su caducidad. 

El pleno, por unanimidad del PSdeG, el PPdeG y el BNG, ha aprobado la "declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio" y continuar por tanto con el citado procedimiento de revisión al considerarlo de interés general. Asimismo, los Franco también han llevado la cuestión a la vía judicial, ante lo que el pleno también ha aprobado de forma unánime la personación del Ayuntamiento de A Coruña para evitar la caducidad del proceso y el archivo del expediente. 

En este proceso está también implicado el Gobierno a través de los Ministerios de Educación y Hacienda, al haber pasado el edificio por su patrimonio. De forma paralela a este proceso de recuperación, anunciado desde hace años, la Xunta ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el inmueble, aunque ha excluido los bienes contenidos en su interior y los Franco la vaciaron antes de abrirla. 

Como BIC, la obligación es permitir visitas gratuitas al menos cuatro días al mes, un régimen que se cumple desde el pasado mes de agosto y tras una sanción de 3.000 euros por no haberlas permitido durante dos años. 

Al mismo tiempo, está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), con una decisión ya tomada, pero que todavía no se ha hecho pública y que, por ahora, mantiene el inmueble y la mayor parte de sus bienes en manos del Estado.

Ana Pontón (Sarria, 1977) acaba de cumplir diez años como portavoz nacional del BNG. Asumió el liderazgo en el momento más crítico de la historia de la formación y, una década después, encabeza la oposición al frente de un grupo parlamentario cuatro veces más amplio que el logrado en las primeras elecciones en las que fue cabeza de cartel del Bloque, en aquel mismo 2016. En un momento de avance global de las derechas, al frente de un BNG que “no tiene techo”, Pontón dice estar convencida de que hacen falta “políticas valientes” y de que, en el caso gallego, existe ya una “nueva mayoría que quiere políticas alternativas” a las de un PP al que, sostiene, solo le resta hacer “propaganda para ver si convence de que va a hacer lo que no hizo en 20 años”. Conversamos con ella sobre estos años, la situación política del país y del Estado y asuntos clave como la vivienda, la transición ecológica o la industria tras el fracaso de Altri.

Hace ahora diez años que asumía la portavocía nacional del BNG, en lo que posiblemente fue el momento más crítico de la organización, cuando ya se esbozaban escenarios en los que incluso parecía posible que se convirtiesen en fuerza extraparlamentaria y en un momento además de crisis en muchos niveles. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza al recordar aquella Asamblea Nacional y aquel momento político?

La descripción que hace en la pregunta refleja lo que pasaba en aquel momento. Estábamos en un momento de crisis económica y también del sistema de partidos. Y todo esto afectó al BNG; seguramente estábamos en el momento más difícil de toda nuestra historia. Recuerdo que yo tenía absoluta confianza en que el Bloque era un proyecto necesario para este país y que si éramos capaces de analizar en qué estábamos fallando y resintonizábamos con la sociedad gallega teníamos un gran porvenir, porque el nacionalismo es necesario para Galicia y Galicia necesita una fuerza como el BNG; siempre digo que es un proyecto que si no existiese habría que inventarlo, porque este país necesita a alguien que lo defienda, que confíe en sus potencialidades y sea capaz de romper con el guion de discriminación, de dependencia y de agravio que significa el centralismo. En aquel momento era consciente de la responsabilidad que teníamos, pero tenía absoluta confianza en que si éramos capaces de acertar con el discurso, el BNG tenía un gran futuro. Y, afortunadamente, estos diez años demuestran que era cierto.

En aquella altura yo escuchaba muchas voces fuera, también algunas dentro, que pensaban que un proyecto como el BNG ya no tenía cabida, pero yo pensaba en todos esos hombres y mujeres que durante tanto tiempo trabajaron para levantar un proyecto que nace del pueblo, que no está sustentado en ningún grupo económico ni mediático y decía que la fuerza de nuestro amor no puede ser inútil. Y hoy estamos en el mejor momento de la historia del BNG. Tuvimos unas elecciones gallegas hace dos años en las que uno de cada tres que fueron a votar cogieron nuestra papeleta y lo hicieron con ilusión y convicción. Y estoy convencida de que ese cambio que empezó a abrirse ahí, esa grieta que abrimos al Partido Popular, va a verificarse en las próximas elecciones y podremos tener un gobierno dirigido por el BNG.

Tres elecciones después de aquella asamblea ese crecimiento se tradujo en cuadriplicar la representación respecto a las elecciones de 2016. En esas elecciones de hace dos años a las que se refería el objetivo del BNG fue muy claro, gobernar y liderar el Gobierno. ¿Qué diría que falta? Porque el crecimiento fue obvio, pero también lo fue que la disminución del Partido Popular fue mucho menor que el crecimiento del BNG...

Los cambios transformadores como los que significa el BNG a veces tardan más de lo que quisiéramos, pero estamos ahí impulsando. Y esta legislatura está demostrando que hay una pulsión social de cambio: lo que acabamos de ver con Altri no es un hecho cualquiera. Es la evidencia de que en la sociedad gallega hay una nueva mayoría que quiere políticas alternativas a las del Partido Popular; porque Altri no era un proyecto más, Altri era el gran proyecto, primero de Feijóo y luego de Rueda, de modelo de desarrollo económico del país, que consiste básicamente en volver a un franquismo industrial de las macrocelulosas de Ence y ahora, una macrocelulosa diez veces mayor. Pero el resultado es que el pueblo mandó y venció frente a la soberbia y la prepotencia de un PP que estaba haciendo de comercial de Altri. Esto es un síntoma, igual que muchas otras luchas que estamos viendo en este momento y que el BNG también está acompañando en la defensa de la sanidad pública, de la enseñanza, del derecho a vivir aquí, de la reclamación de políticas de vivienda, de que no podemos seguir con un modelo de expolio de nuestro territorio, de defensa de la lengua... Están evidenciando un país que se está abriendo y que hay un cambio que es imparable.

Viendo los números de la evolución electoral, todo apunta a que el BNG consiguió captar electorado que en otros momentos apoyó otras fuerzas de la izquierda como el Partido Socialista o las antiguas mareas. El crecimiento, ese salto adelante que les falta, ¿tendría que llegar por electorado que en algún momento estuvo próximo o cogió la papeleta del PP?

Siempre digo que los votos no son de las fuerzas políticas, que son de las personas y que en cada momento deciden a quién quieren apoyar. Si analizamos lo que pasó en las últimas elecciones vemos cómo el BNG crece mucho más de los votos que pierde el Partido Socialista; creo que estamos conectando con muchos sectores de la sociedad que quieren una alternativa propia para Galicia. Por lo tanto, quizá tengamos que romper ese marco que funcionó más en otras etapas políticas, porque la sociedad ha cambiado mucho y quizá el nivel de fidelidad que hay con las organizaciones políticas no tiene nada que ver con lo que podía haber en el siglo pasado, antes de esta crisis. Y también es un escenario que nos permite abrir grandes oportunidades. Nosotros nos dirigimos a todos los gallegos y gallegas que quieren más para este país. Que quieren que en Galicia nuestra lengua siga teniendo futuro, que quieren empleo digno, que quieren vivienda a precios que puedan asumir, que quieren que Galicia no sea una tierra de sacrificio, que quieren que nuestros recursos estén al servicio del país. Yo creo que ahí hay una nueva mayoría social que se está articulando en torno al BNG y si acertamos en nuestra línea de trabajo como estamos acertando en estos últimos años, el BNG lo que está demostrando es que no tiene techo. Quien tocó techo fue el Partido Popular. Yo siempre soy poco creyente de las encuestas en cuanto a la foto fija que nos quieren hacer, pero sí de las tendencias. Y lo que estamos viendo es cómo el Partido Popular está bajando y el BNG está subiendo. Esto lo que nos dice es que hay un descontento evidente con estos 20 años de gobierno del Partido Popular que nos están dejando una Galicia donde la gente vive peor, donde hay menos oportunidades, donde los salarios cada vez dan para menos o los servicios públicos están más deteriorados. Y frente a todo eso la única alternativa que hay es el BNG.

¿Cree, entonces, que de alguna manera Galicia puede quedar, no sé si al margen, pero sí tener una dinámica diferente en un momento global en el que esa —llamémosle— internacional reaccionaria está cobrando fuerza en muchas elecciones? A nivel del Estado, por ejemplo, ¿cree que hay margen para que las próximas generales no den lugar a una mayoría absoluta de PP y Vox que parece que, en algunos ámbitos, se da casi por descontada?

Primero, Galicia es un sitio distinto y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Porque lo cierto es que en Galicia la extrema derecha es irrelevante. Tiene cero diputados en el Parlamento gallego, cero concejales y concejalas, cero representantes en el Congreso. Creo que esto habla bien de Galicia, pero a lo mejor tenemos que hacer una reflexión un poco más profunda. Porque en muchas partes lo que estamos viendo es cómo gente que en algún momento no apoyó a la derecha ahora se está agarrando a la extrema derecha como a un clavo ardiendo ante una situación de crisis evidente que está provocando una brecha social importante. Tenemos que preguntarnos por qué muchas de esas personas dejaron de ver a las fuerzas progresistas como su alternativa. Y yo eso lo entiendo. Porque, claro, cuando uno ve lo que era el centro de la socialdemocracia defendiendo la agresión a Palestina, como puede ser la socialdemocracia alemana, el disparate es evidente. Cuando hay un gobierno que se dice el más progresista de la historia pero que no está siendo capaz de poner soluciones ante graves problemas que tiene la población de acceso a la vivienda, de pérdida de poder adquisitivo... Una también entiende que haya una decepción con personas que se presentaron a las elecciones con un programa que no están cumpliendo. O cuando vemos cómo en el Estado español con tantas necesidades sociales lo que se está haciendo es multiplicar el gasto militar. En Galicia, a diferencia del Estado, hay muchas personas que tienen una alternativa transformadora como es el BNG. Y quizá lo que deberíamos pensar no es qué va a pasar en las elecciones, sino qué tiene que hacer el Gobierno, porque tiene un margen muy importante de actuación para que todos esos sectores sociales que ahora pueden estar mirando a la extrema derecha como una alternativa desesperada, vean que hay otra opción. Porque no es que esas fuerzas estén fuera del gobierno; tienen instrumentos muy importantes y deberían avanzar en la agenda social. En el Estado hay un escenario que está muy abierto y ya vivimos otra legislatura donde todas las encuestas decían que iba a gobernar la derecha con la extrema derecha y eso no fue lo que pasó en las elecciones.

En este sentido, a nivel de Estado hay una cierta reestructuración en lo que se da en llamar la izquierda del Partido Socialista. ¿Cómo valoran o cómo observan en el BNG propuestas como la que lanza Gabriel Rufián sobre la necesidad de coordinar esfuerzos, de algún tipo de confluencia? No sé si incluso tuvieron algún ofrecimiento en ese sentido...

Gabriel Rufián es una persona que conozco, que aprecio y valoro. Es una persona a la que hay que escuchar y, evidentemente, desde el BNG compartimos la preocupación por el avance de la derecha o de la extrema derecha. Pero en Galicia la gente sabe que el BNG es una garantía de que nunca vaya a gobernar la derecha ni la extrema derecha. Y nosotros ya somos un frente amplio que aglutina una mayoría que nos permite precisamente algo tan importante como que en Galicia la extrema derecha ya sea irrelevante. Por lo tanto, creo que la izquierda estatal tiene que ser capaz de solucionar sus propios problemas, sus dilemas y su situación, pero en Galicia tenemos un panorama muy distinto. Es más, nuestra experiencia colectiva como país o con fuerzas políticas que transitaron su camino... El resultado fue el que fue. La mejor manera de garantizar derechos y de frenar a la derecha en Galicia es el BNG.

Estamos, en el caso gallego, en la mitad de una legislatura que comenzó marcada por una cuestión a la que antes se refería, el proyecto de Altri. Entiendo por sus palabras que cree que el anuncio de archivo por no entrar en los planes eléctricos del Estado es un punto final definitivo, que no va a haber una reactivación, que el gobierno de la Xunta o la empresa o ambos no van a encontrar un camino para retornar.

Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero lo evidente en este momento es que el pueblo gallego hizo que Altri se paralizase. Y es más, viendo la sentencia que conocimos esta semana respecto de que el Tribunal Superior de Xustiza le decía a la Xunta que no podía dejar de proteger los terrenos en los que iba Altri, quizá ese anuncio se hace deliberadamente antes de esta sentencia para tener una coartada que no sea la evidencia de cómo el Partido Popular estaba trabajando directamente para Altri y en contra de la legislación vigente. Este es un hecho gravísimo y el PP tiene que dar explicaciones de por qué un gobierno se salta la normativa y desprotege espacios protegidos única y exclusivamente para beneficiar a una empresa portuguesa que además viene a contaminar nuestro país. Estamos ante un punto muy grave donde el presidente de la Xunta tiene que comparecer en el Parlamento de Galicia, porque el nivel de ocultación que hay con Altri es brutal. Empezando ya por ese acuerdo secreto que está guardado bajo siete llaves en la Xunta de Galicia y que se nos oculta a los gallegos y a las gallegas. ¿Por qué no podemos conocer los documentos que firmó el Partido Popular con Altri? ¿Por qué no podemos conocer esa documentación oficial? ¿Qué le esconde el señor Rueda a los gallegos y a las gallegas? Creo que cada vez es más evidente que detrás de Altri había intereses económicos, no sé si alguna puerta giratoria que ahora se truncó y por eso estaba tan enfadado el señor Rueda en el último pleno. En todo caso, tenemos derecho a saber la verdad y desde el BNG no vamos a parar hasta que aparezca.

El BNG está intentando obtener ese pacto secreto a través de la Justicia, en el Tribunal Superior. ¿Confían en que esa vía pueda fructificar? Teniendo en cuenta que por la vía parlamentaria ya se toparon con algunas respuestas como que la Consellería de Industria dice que no conoce el contenido del acuerdo que firmó el anterior titular de la Consellería...

Es todo un disparate. Están tan llenos de soberbia y de absolutismo que creen que pueden pasar por encima de las leyes y del Parlamento. Es gravísimo además que la Consellería nos diga a la cara que miente. ¿Cómo puede decir que no conoce un documento que firmó un vicepresidente del Gobierno gallego y que lo firmó porque la Xunta tiene el 40% de esa sociedad? No era su negocio particular y privado; estaba ahí representando al Gobierno gallego. ¿Y cómo puede ser, además, que se atrevan a poner por escrito que no lo conocen y dos días después tengamos al presidente de la Xunta diciendo que él conoce el contenido de ese acuerdo? Y a la propia conselleira de Industria, en sus entrevistas, también reconociendo que sabe cuál es el contenido de ese acuerdo. Estamos ante un abuso claro de poder y ante un Gobierno que algo tiene que temer para ocultar esta documentación.

Usted reprochaba al presidente Rueda también en este último pleno que Altri fuese hasta ahora su única política industrial. ¿Por dónde debería ir esa política para el BNG, teniendo en cuenta que Altri como mínimo está arrumbada, fuera del carril?

El problema de Altri es que significa un modelo de expolio y destrucción de nuestro territorio que condena nuestro rural a ser una gran masa de eucalipto. En el rural tenemos una capacidad enorme, primero en todo el sector agroganadero, que además en la comarca de A Ulloa es un ejemplo de la capacidad de transformación con pequeñas y medianas empresas que no solo producen leche, que la están transformando. Y esta es una industria vital para nosotros, para asentar población y cuidar el territorio. Y después tenemos la otra pata, que es el modelo de política forestal que queremos. Y nosotros decimos que Galicia tiene que apostar por un nuevo modelo sostenible. Estamos en pleno cambio climático, acabamos de ver las consecuencias de los incendios y me parece un auténtico disparate y una irresponsabilidad querer extender la política del eucalipto a todo el país. Necesitamos apostar por producciones de madera de calidad, por una industria que transforme en segundas y terceras transformaciones esta madera, y si la Xunta en vez de apostarlo todo a la carta perdedora como era Altri apostase, como dijo el BNG en su momento, por proyectos que realmente transformasen nuestro sector forestal quizá hoy no estaríamos donde estamos. Yo también me pregunto quién va a asumir las responsabilidades por decidir apostar todo a la carta perdedora de Altri en vez de apoyar otros sectores económicos que en ese momento tenían proyectos muy interesantes sobre la mesa para recibir fondos Next Generation. El señor Rueda es el máximo responsable de esta situación y este es un fracaso industrial que lo único que nos demuestra es que no tienen una política industrial de futuro. Su única apuesta son las industrias del siglo XX cuando estamos en pleno siglo XXI y hace mucho tiempo que está superada la falsa dicotomía entre medio ambiente o industria. La industria o es sostenible o no tiene futuro y si no aprendemos esta lección es que no sabemos nada. Claro que hay alternativas; el problema es que el PP no tiene ni confianza ni ningún proyecto de futuro para Galicia.

Si hablamos de medio ambiente y de industria hablamos de transición energética. La ausencia de plan eólico desde la cancelación del del Gobierno de PSdeG y BNG, por un lado, y también las paralizaciones cautelares en la justicia de proyectos eólicos, por otro, están condicionando el sector de las renovables. El BNG viene reiterando que está a favor de esa transición y del desarrollo eólico pero no del modo en que se está haciendo. ¿Por dónde debería ir? Porque lo cierto es que hace más de diecisiete años que la potencia es prácticamente la misma y el sector está estancado...

La responsabilidad de que el sector esté estancado es del PP, que paralizó un plan eólico perfectamente legal única y exclusivamente porque lo pidieron las grandes empresas eléctricas que mandan en el Estado español y que parece que también tienen una silla en el Consello de la Xunta. La situación actual también es responsabilidad del PP, porque el desarrollo eólico necesita planificación y seguridad jurídica, dos cuestiones que el PP no está haciendo porque quiso imponer la ley de la selva. El BNG defiende que el desarrollo energético, que no es solo eólico porque hay muchas más energías renovables que pueden entrar en el mix, tiene que hacerse primero teniendo en cuenta cuáles son las necesidades energéticas de Galicia y segundo, respetando a la gente de nuestro medio rural y del mar frente a los intereses del lobby eléctrico. Y esto tiene que revertir en nuestro país: tenemos que tener una tarifa eléctrica más barata para compensarnos por los costes sociales y ambientales de la producción de electricidad; la propuesta del BNG, que supone una rebaja de entre un 10% y un 15% de la factura de la luz, es mejor aliciente para que vengan empresas a Galicia que cualquier otra política. Y también tenemos que tener una empresa pública de energía como los países de nuestro entorno, que además permite que esos beneficios redunden en el conjunto de la sociedad y no en que cuatro se hagan ricos a costa de la electricidad de Galicia.

Se refería antes, cuando hablábamos del Estado, a la crisis de vivienda como uno de los elementos que está condicionando el panorama político. Es posiblemente el gran tema político, también en nuestro país. Después de 15 años de escasez los planes de la Xunta hablan de 4.000 viviendas en esta legislatura. Suponiendo que se materialicen, cubrirían alrededor del 20% de la demanda. ¿Cómo lo abordaría el BNG desde el Gobierno?

Hay que tener mucha fe para creer eso... Lo primero es que en política de vivienda estamos como estamos porque el Partido Popular lleva 17 años dinamitando la política social de vivienda. Si cogemos los históricos es la etapa en la que menos vivienda pública se puso a disposición a pesar de que se sabía que había un problema que ya viene de 2008. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Yo creo que propaganda. Es cierto que se está licitando alguna vivienda, pero las promesas de Rueda son un bluff, porque las políticas de vivienda del PP son un bluff propagandístico. ¿Qué habría que hacer? Dar soluciones para aquí y ahora. Todo el mundo sabe que esas viviendas que está anunciando Rueda no se van a construir en esta legislatura; si se construyen de aquí a 2030 ya me parece un poco más realista. En todo caso, la gente no puede esperar 4, 5, 6 años o 10 años para que haya solución a los problemas de la vivienda. ¿Qué haría falta en este momento? Primero, topar los precios del alquiler y en las zonas donde estamos viendo que hay incrementos desmesurados la Xunta podría. No lo hace porque no le da la gana. De hecho, acaba de boicotear esa declaración en el Ayuntamiento de Santiago y tengo muy claro que ese boicot es única y exclusivamente para hacerle oposición al gobierno de Goretti Sanmartín sin importar que eso suponga que la gente pueda pagar menos de alquiler. ¿Qué más podría hacer el Gobierno? Un programa de compra pública de vivienda ya construida para ponerla en alquiler; es mucho más rápido y ecológico y además hay recursos públicos para poder hacerlo. Y la tercera: que se limiten las viviendas de uso turístico con un tope de su número y lo primero, que se quiten todas las ilegales. La pregunta es por qué no lo quieren hacer.

Lo que hay es un cambio como mínimo de discurso por parte del Gobierno gallego después de años. ¿Detectan si el PP, de alguna manera, intentó —no sé si— arrebatarles o hacer suyas algunas de las que fueron banderas en su campaña en 2024? La vivienda fue una de ellas; pienso también en otras como pueden ser los traspasos de competencias. Ustedes hablan de “abrir grieta” en el PP; ¿detectan que el PP quiere hacer lo contrario y hacer ver que algunas políticas que ustedes reivindicaban también pueden ser del Partido Popular y por eso no hace falta un cambio?

El PP se está dando cuenta de que tiene un problema muy grave en Galicia porque sus políticas están haciendo que la gente viva peor. Y en estos dos últimos años vemos un ejercicio de propaganda terrible en esos ámbitos mientras la realidad sigue siendo la misma. Si la gente tiene más problemas de acceso a vivienda que hace dos años, en muchos casos es responsabilidad del PP; si tenemos un deterioro de la sanidad pública que es mayor porque los problemas cada vez son más grandes, el PP puede intentar echarle la culpa a Madrid, pero todo el mundo sabe que la responsabilidad de la gestión sanitaria está en la Xunta. Igual que sabemos que le recortó 1.600 millones de euros a la Atención Primaria y que por eso tenemos lista de espera para poder ir a nuestro médico de cabecera. El PP es consciente de que se está agotando su ciclo y está haciendo un ejercicio de propaganda para ver si convence a los gallegos y gallegas de que ahora va a hacer lo que no hizo en 20 años. Pero esto tampoco cuela, porque cuando no hay voluntad real para cambiar la situación, los problemas siguen creciendo.

Se refería ahora a la sanidad. Esta semana publicábamos en Praza.gal que el Sergas quiere impulsar que haya menos gente que rechace ir a operarse a la privada financiada con fondos públicos. ¿Cómo valora que materialicen en un documento oficial este objetivo?

Está bien que por lo menos no escondan que están trabajando para la sanidad privada, aunque su objetivo tendría que ser que cada vez la sanidad pública tenga mayor capacidad de resolución. Y pueden hacerlo contratando más personal, haciendo que nuestras instalaciones hospitalarias funcionen por la mañana, por la tarde y los fines de semana si es necesario. Lo único que se necesita es voluntad política y recursos, justo lo que no quiere destinar el PP.

Estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral. De momento tenemos una fecha, la de las municipales de mayo del año que viene. El BNG llega a esos comicios teniendo la alcaldía de Santiago, de la que ahora hablaba, también la de Pontevedra, gobierna Lugo y las diputaciones de Lugo y de A Coruña... ¿Con qué expectativas las afrontan? El PP está transmitiendo una sensación de que tienen unas expectativas muy altas tanto en los sitios en los que lleva mucho tiempo sin gobernar como puede ser Lugo, como también por ejemplo en el Ayuntamiento de Santiago, que parecen tener en el blanco de una manera especialmente significativa. ¿Se ven en condiciones de revalidar y ampliar o va a ser un ejercicio de resistencia de la izquierda?

Nosotros vamos a por todas y con el objetivo de mejorar la posición del BNG en todos los ámbitos, no solo manteniendo las alcaldías que tenemos sino también incrementándolas e incrementando la representación. En estas elecciones municipales vamos a dar un gran salto adelante en todo el país que va a acreditar que el BNG es la fuerza política que avanza, en la que cada vez confían más gallegos y gallegas. En los ayuntamientos tenemos un modelo de gobierno municipal en el que demostramos la capacidad de transformación y esto es lo que molesta al Partido Popular. Lo llevamos demostrando muchos años en muchos ayuntamientos pero decía usted sobre el caso de Santiago de Compostela: es paradigmático cómo vemos un PP volcado en trabajar en contra de Santiago única y exclusivamente por intereses partidistas. Es un escándalo que se nieguen a la declaración de zona tensionada, pero también cómo se está utilizando la Xunta como ariete contra un gobierno democráticamente elegido. Creo que les va a salir mal, porque Santiago está viendo que el PP es un partido que está trabajando en contra de la ciudad única y exclusivamente por sus intereses partidistas. Y además, en Santiago ya sabemos lo que significa un gobierno del PP: tres alcaldes en un mandato y un gobierno que única y exclusivamente trabajaba para defender intereses espurios. Frente a eso, Goretti Sanmartín está demostrando que tiene un proyecto de ciudad. Creo que lo que necesita es una mayoría sólida para poder llevar adelante las grandes transformaciones que se están iniciando en este mandato, porque aun en un contexto tan complejo se desbloquearon temas estratégicos para la ciudad.

Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones gallegas, ¿cree que puede ser el momento en el que avancen significativamente en las dos ciudades más pobladas? Fueron primera fuerza en Vigo y tuvieron un resultado muy significativo en A Coruña...

Vamos a avanzar en todas las ciudades, vamos a dar un nuevo gran salto adelante y el BNG va a ser la fuerza que más crezca en esas elecciones municipales.

Tras archivar el proyecto de Altri, el pasado lunes 23 de febrero el presidente de la Xunta aseguró conocer el contenido del pacto secreto firmado con la empresa en octubre de 2021 para su llegada a Galicia, que el Gobierno gallego se viene negando a revelar. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una petición oficial de transparencia a la Presidencia de la Xunta para acceder a la información que obre en poder de ese departamento. La respuesta dada por el gabinete de Rueda, firmada apenas dos horas después de recibir la solicitud formal y sin motivación alguna, fue desentenderse de ella y remitirla a la Consellería de Industria, que previamente ya había negado conocer ese documento ante la Comisión de la Transparencia de Galicia.

La Ley de Transparencia establece que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Sin embargo, la Xunta ha esquivado la aplicación de ese artículo en sucesivas peticiones de transparencia formuladas por Praza.gal con respecto al pacto con Altri.

En febrero del pasado año, cuando todo apuntaba a que el primer dictamen ambiental de la Xunta sobre el proyecto de Altri sería inminente —la declaración de impacto ambiental favorable para la factoría acabó siendo firmada el 5 de marzo—, Praza.gal solicitó a la Consellería de Economía e Industria acceder al acuerdo con la empresa. La consellería obvió la petición y solo contestó cuando intervino la Comisión de la Transparencia de Galicia, dependiente de la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo), tras un recurso de Praza.gal.

En su respuesta, la consellería inadmitió la petición de Praza.gal con el argumento de que el acuerdo no había sido firmado por la Xunta sino por una empresa privada, Impulsa Galicia, creada por la Xunta para apoyar proyectos como el de Altri pero en la que el capital público era del 48%. Al no llegar al 50%, la Xunta consideraba esa empresa privada y, por tanto, al margen de la Ley de Transparencia, pese a que el Consello de Contas insistió de manera reiterada y también sin éxito en que las características de Impulsa Galicia debían someterla a una mayor fiscalización pública.

Praza.gal recurrió esa inadmisión ante la Comisión de la Transparencia subrayando que el documento había sido firmado por el entonces titular de Economía, Francisco Conde, presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro. La respuesta que dio la Xunta a esa alegación fue que Conde no había firmado el acuerdo como conselleiro sino como parte de un "negocio jurídico privado".

Tras esa respuesta, Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia a Economía e Industria poniendo ahora el foco no en quién o cómo había firmado el documento, sino en que obraba "en poder" de la Xunta, como contempla la Ley de Transparencia, "en el ejercicio de sus funciones" de control de su propia participación en empresas. La respuesta de la Xunta, al límite del plazo legal, obvió el énfasis de la petición de Praza.gal en el hecho de que el documento estuviese en poder de la Administración en el ejercicio de sus funciones y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la petición previa, esto es, que había sido firmado por Impulsa Galicia, una empresa privada.

Praza.gal recurrió nuevamente esa respuesta ante la Comisión de la Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento sea público por estar "en poder" de la Administración. Pero la respuesta que dio Economía e Industria a la Comisión de la Transparencia, según reflejó esta, fue que la información solicitada era "desconocida" para la consellería y, por tanto, no podía facilitarla.

Tras esa alegación del pasado enero de que Economía e Industria "desconoce" el pacto firmado por quien en 2021 era conselleiro y como tal presidente de Impulsa Galicia, el pasado lunes 23 de febrero el presidente Rueda dijo que él sí conocía el acuerdo con Altri y que no contempla "ningún tipo de compensación" para la empresa. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una tercera petición formal de transparencia, pero esta vez ya no a la Consellería de Economía e Industria, que decía desconocer el documento, sino a la Presidencia de la Xunta.

En la petición se expusieron los antecedentes de las dos solicitudes de transparencia previas y se hizo hincapié en que se pide el pacto con Altri como documento conocido por el presidente. Un presidente de la Xunta que no tuvo ningún cargo en Impulsa Galicia y, por tanto, solo pudo conocer el documento como presidente de la Xunta, no como miembro de una empresa privada.

Pero la respuesta de Presidencia de la Xunta, firmada apenas dos horas después de que Praza.gal registrase su petición y sin incluir en ella ninguna motivación o argumentación de la decisión, fue remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria. Lo hace tergiversando y simplificando el texto de la petición de Praza.gal, obviando que la petición expresa es a la Presidencia de la Xunta y remitiéndola a un departamento que ya dijo que no conoce el documento solicitado. El gabinete de Rueda se desentiende así de la afirmación del presidente de que conoce el pacto con Altri y deja en manos de Economía e Industria explicar cómo pudo conocerlo si la consellería dice desconocerlo.

Tras unos pocos días de tregua, las lluvias regresaron a Galicia este miércoles, en un comienzo de año en el que sobran los dedos de las manos para contar los días sin precipitaciones en Galicia. La sucesión de borrascas (Goretti, Harry, Ingrid, Leonardo, Marta, Nils u Oriana), su persistencia y la intensidad del agua caída provocaron en las primeras semanas de este 2026 una “situación extraordinaria”, según destacó la Xunta.

Los valores de precipitación media en enero duplicaron los habituales en este período y Meteogalicia tuvo que activar por primera vez en su historia —más de 25 años— un aviso rojo por lluvias, que en los primeros 44 días del año registraron más de 14.300 hectómetros cúbicos en Galicia. Hubo inundaciones, paralización del transporte ferroviario o marítimo en las rías, desvíos de vuelos, accidentes, graves afectaciones al marisqueo o ríos desbordados, y el 112 gestionó más de 7.600 incidencias relacionadas con los temporales, movilizando sus servicios en más de 21.000 ocasiones. En otras partes del Estado los problemas causaron varias muertes, al igual que en el norte de Portugal, donde la emergencia fue también extrema.

La sucesión inusual de borrascas y su fuerza fue señalada, aun sin análisis detallados ni concluyentes, por numerosos expertos como una de las consecuencias del calentamiento global por el debilitamiento del vórtice polar (una gran zona de bajas presiones y aire muy frío que en invierno se sitúa sobre el Ártico) y por el excepcional calentamiento de los mares. Ahora, el primer estudio científico sobre esta situación excepcional confirma las sospechas: el cambio climático provocado por el ser humano aumentó la intensidad de las lluvias torrenciales en Galicia.

La conclusión surge de la investigación llevada a cabo por la World Weather Attribution (WWA), una red científica que desde hace una década analiza los vínculos con la crisis climática en eventos extremos como olas de frío y calor, riadas, sequías o incendios forestales. Esta comunidad de investigación internacional acaba de divulgar su primer análisis sobre las lluvias extremas en España, Portugal y el norte de Marruecos, centrándose en las zonas más afectadas, también Galicia.

Los y las investigadoras de la WWA estudiaron la probabilidad e intensidad de las precipitaciones más fuertes “en dos regiones que abarcaban las zonas más afectadas”: el norte de Portugal y noroeste de España (donde se incluye Galicia), por un lado, y el sur de Portugal y el suroeste de España, junto con el norte de Marruecos, por otro.

Los datos basados en observaciones indican que los días con mayores precipitaciones en ambas áreas “son ahora aproximadamente un tercio más lluviosos que antes de que el planeta se calentase 1,3 grados centígrados”. Y también que hay “un claro aumento en la intensidad” de estos episodios de lluvia extrema en una jornada: un 36% más de agua en la región sur y un 29% en la región norte, es decir, en Galicia y en el norte de Portugal.

En el caso de esta área, que abarca Galicia y el norte portugués, la investigación halló que hubo un aumento de alrededor del 11% en la intensidad de la lluvia que “puede atribuirse directamente a las emisiones de carbono”. Y lo hizo después de que los y las investigadoras, “para identificar la influencia humana en este cambio” en las lluvias, combinaran los aumentos observados en las precipitaciones con simulaciones de modelos climáticos.

El estudio aclara que, mientras en Galicia y en el norte de Portugal ese aumento de más del 11% en las precipitaciones es directamente atribuible al incremento de las emisiones de carbono, en la región sur analizada los modelos climáticos “no reprodujeron la tendencia observada”.

“Esto es exactamente lo que supone el cambio climático: los patrones meteorológicos que antes eran más manejables ahora se están convirtiendo en desastres más peligrosos”, explica Friederike Otto, profesora de Ciencias Climáticas en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres y una de las autoras del estudio. “Ya sea el aumento del 11% que pudimos atribuir directamente a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, o las tendencias mucho más elevadas que observamos sobre el terreno a lo largo de décadas, estamos seguros de que la crisis climática hace que estas intensas lluvias sean más severas”, añade.

Por su parte, David García, profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas e Ingeniería Aeroespacial de la Universitat de Alacant y otro de los autores del informe, destaca que el volumen de agua caída en lugares como Grazalema fue “asombroso”. “Que caiga en pocos días el equivalente a las precipitaciones de todo un año supone un impacto enorme para nuestras infraestructuras y nuestro suelo”, afirma quien considera que el estudio de la WWA “confirma que el calentamiento de la atmósfera provocado por nuestras emisiones colectivas de carbono está dando lugar a un patrón de lluvias más extremas e intensas”.

En su investigación, estos y otros investigadores indican también que el aumento de precipitaciones asociado a la variabilidad provocada por la crisis climática en la Oscilación del Atlántico Norte —fenómeno atmosférico clave en el norte del Atlántico que controla el clima fluctuando entre la alta presión del anticiclón de las Azores y la baja presión en Islandia— tiene también su influencia, aunque menor. Contribuye en un 5% adicional a la intensidad de las lluvias en el sur de la península Ibérica y en tan solo un 2% en el caso del norte de Portugal y de Galicia.

El informe advierte asimismo de un “sistema meteorológico bloqueado”, caracterizado por las altas presiones sobre Escandinavia y Groenlandia, que “actuó como una barrera física en la atmósfera, canalizando tormenta tras tormenta hacia Europa occidental”, aunque aclara que la relación entre este bloqueo y el cambio climático es un área de investigación aún activa.

Además, y aunque el estudio precisa que las aguas que rodean la península Ibérica y Marruecos no presentaron temperaturas anormalmente altas, las tormentas de comienzos de año sí se “vieron potenciadas por ríos atmosféricos que extrajeron humedad de una ola de calor marina, de fuerte a severa, más al oeste del Atlántico”.

Ante esta situación, la comunidad investigadora de la WWA advierte del “riesgo creciente” de unas precipitaciones extremas que se “están convirtiendo en una amenaza cada vez mayor para las infraestructuras y las viviendas en las regiones afectadas”. Por ello, y aunque destaca que los Estados han “avanzado en la gestión de desastres”, es necesario “armonizar mejor los sistemas nacionales y municipales de alerta temprana e invertir en el desarrollo de capacidades locales”.

Ante el aumento en la intensidad de las lluvias, David García insta a los “responsables políticos” a “prepararse y adaptarse para proteger las vidas, los medios de subsistencia y las infraestructuras” de estas regiones más afectadas por estos fenómenos.

En una rueda de prensa este pasado miércoles, varios de los autores insistieron en la necesidad de que las administraciones y la UE en su conjunto “se adapten” a la nueva situación de riesgo que provoca la crisis climática y que, en el caso de lluvias extremas e inundaciones, “lleva diez años” mostrando su cara más dura en el continente. “Necesitamos adaptarnos lo antes posible”, destacaron sobre las consecuencias del calentamiento global que, recuerdan, “no son un problema que vaya a venir, sino que ya está aquí y ahora”. “Necesitamos abordarlo”, indicaron, tras recordar que los fenómenos de “menos lluvia pero más concentrada” son un horizonte del que la ciencia advierte desde hace años y para el futuro más inmediato.

“Tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para evitar que esto empeore, pero necesitamos la voluntad de ponerlos en práctica con mayor rapidez y cambiar nuestros sistemas sociales para mejor”, añade Friederike Otto. “Merece la pena luchar por cada fracción adicional de grado de calentamiento o las lluvias torrenciales no harán más que empeorar”, concluye una de las investigadoras participantes en el estudio de la WWA.

Esta red científica fue la que llevó a cabo también un primer análisis sobre los incendios forestales en Galicia y Portugal y en entornos limítrofes como Castilla y León o Asturias durante el pasado verano. Su conclusión también fue clara: están ligados a la crisis climática y fueron más graves por esta razón.

Entre la documentación desclasificada en torno al Golpe de Estado del 23-F, además de informes policiales sobre las reacciones políticas, sindicales y estudiantiles en Galicia, figura un informe del Ministerio de Defensa “sobre la amenaza interior”, fechado el 10 de febrero, dos semanas antes del golpe, en el que se tienen en cuenta “las hipótesis de acciones involutivas” con respaldo militar.

En ese informe se analizan también otras amenazas, entre las que aparece “el separatismo en Galicia”. El documento lo minimiza y señala, sobre la posibilidad de un separatismo violento, que “puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”.

El Informe semestral sobre la amenaza interior, del Centro Superior de Información de la Defensa, con fecha de 10 de febrero de 1981, destaca el origen “esencialmente interno” de las principales amenazas para España. Entre ellas señala como la más probable el terrorismo, seguida de “brotes más o menos generalizados de desobediencia civil separatista” y añade que “en tercer lugar deben considerarse las hipótesis de acciones involutivas, bien por medio de maniobras políticas extraconstitucionales con respaldo militar, o por acciones armadas de entidad limitada”.

En su desarrollo, el documento analiza la situación política y sindical, la “amenaza revolucionaria” y diversos separatismos, con especial atención al terrorismo de ETA. Las 21 páginas del documento dedican medio folio a analizar “el separatismo en Galicia”, del que afirma que “al igual que en Cataluña, el separatismo violento gallego encuentra por el momento poco eco, aunque puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”. Sería en 1987 cuando el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive iniciaría su actividad violenta.

Al margen de ese pronóstico sobre el separatismo violento, el informe militar de dos semanas antes del 23-F señala que “el espectro separatista gallego” estaba formado, “principalmente”, por cuatro entidades. La primera citada es el Bloque Nacional Popular Galego (BN-PG), del que afirma que “su apoyo electoral ronda el 3% del censo electoral de la región”. La segunda organización es el Partido Obreiro Galego, “integrado en Esquerda Galega, cuyo respaldo popular no está cuantificado por no haber participado hasta el momento en elecciones pero que, a tenor de su apoyo en la calle, parece mínimo”.

Frente a esas consideraciones del informe militar, unos meses después, en las primeras elecciones gallegas del 20 de octubre de 1981, la coalición de BN-PG y PSG obtuvo el 6,2% de los votos y 3 diputados, encabezados por Bautista Álvarez, que no llegaron a tomar posesión por su negativa a jurar lealtad a la Constitución. Por su parte, Esquerda Galega obtuvo el 3,4% de los votos y un escaño, ocupado por Camilo Nogueira.

El informe también cita como formaciones menores al Partido Galego do Proletariado, partido que presenta como “partidario de la lucha armada” y que “mantiene relaciones con ETA”. Y, de pasada, a la Irmandade Galega, con “escasa militancia”.

El informe considera que “a medio plazo, solo en Vascongadas y Cataluña podrían originarse hechos o actitudes separatistas susceptibles de provocar una decisión del Gobierno en relación con algún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas”.

El documento comienza señalando que las principales amenazas para el Estado eran internas, “lo cual no impide que determinados grupos cuenten con apoyos exteriores ni que sus actividades favorezcan de modo más o menos indirecto los intereses de otras potencias, en particular los del bloque soviético”. Y concluye advirtiendo de la posibilidad de interrelación entre esas amenazas y señalando la “mutua influencia entre posibilidades involutivas y posibilidades revolucionarias, viéndose cada una de ellas estimulada por el crecimiento de la otra”.

A través de los Acuerdos de Gestión (ADX), el Servicio Gallego de Salud formula cada año desde hace media década los objetivos anuales de las siete áreas sanitarias en diversas materias de organización interna y atención a la población. Se presentan como pactos firmados por las gerencias de cada área con los máximos responsables de Sanidad cuyo grado de cumplimiento, no obstante, la Consellería está evitando revelar a posteriori.

Varios de esos objetivos están ligados a las listas de espera para consultas, pruebas y operaciones. En lo que respecta a las cirugías, los ADX para 2026 dibujan un panorama en el que, en la mayoría de áreas sanitarias, la demora media se va a mantener o aumentar. Pero también un escenario en el que todas ellas asumen la obligación de reducir el número de pacientes que rechazan que la operación por la que esperan sea realizada en un hospital privado sufragado con dinero público —concertado— y no directamente en un centro del propio Sergas.

Esta derivación a la privada como vía para reducir demoras o cumplir objetivos de espera media lleva más de una década asentada en la legislación sanitaria gallega —desde la controvertida reforma del Gobierno de Feijóo en 2013—. Y los ADX fijan abiertamente para todas las áreas sanitarias desde 2025 el objetivo de "disminuir el porcentaje de pacientes en espera no estructural que rechazan un centro concertado".

Según la normativa estatal en materia de listas de espera y la gallega que la adapta al Sergas, los pacientes "en espera no estructural" son "aquellos que en un momento dado están pendientes de ser atendidos" pero "su espera no es atribuible a la organización de los recursos disponibles". Están clasificados en dos grandes grupos. El primero son enfermos "transitoriamente no programables" por "motivos clínicos" —una causa médica "desaconseja temporalmente" la operación— o por "voluntad del paciente" —por ejemplo, una razón laboral—.

El segundo grupo de personas en espera "no estructural" son las que aguardan "tras la negativa a la derivación a un centro concertado o a otro centro del Servicio Gallego de Salud", según explica el propio Sergas. Es este colectivo, concretamente el de pacientes que quieren atención en la pública y no en la privada, el que las áreas sanitarias se comprometen a reducir en un contexto en el que, sin embargo, no son públicos ni el número total de personas en lista "no estructural" ni su demora media.

En los ADX de 2025, los primeros con este indicador específico, las siete áreas sanitarias pusieron cifras al "porcentaje de pacientes en situación de espera no estructural" que aspiraban a tener en "situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" con "más de 365 días de espera". Los objetivos, como muestra la tabla que acompaña esta información, oscilaban entre igual o menos de un 2% en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y un máximo de un 30% en la de Lugo.

Para 2026, los ADX reformulan ligeramente el objetivo y la mayoría de las áreas sanitarias evitan las cifras, más allá de un compromiso genérico de reducir la cifra de enfermos que no quieren ir a operarse a la privada. El indicador es ahora el porcentaje de pacientes "en el registro de espera quirúrgica en situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" sobre "el total de pacientes en el registro de espera quirúrgica", sin el matiz de llevar más de un año esperando.

En este caso, solo las áreas de Santiago y Vigo firman un objetivo concreto: la compostelana, igual o menos de un 14%, y la viguesa, "reducir un 25% los cierres del anterior". En las cinco áreas restantes, lo pactado es que en 2026 haya, como máximo, el mismo porcentaje de pacientes que rechazan ir a la privada que en 2025.