El PP impulsa en el Senado una comisión de investigación para desacreditar a RTVE a un año de las elecciones

El Partido Popular registró este lunes en el Senado una solicitud de comisión de investigación sobre “la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público”. Es la séptima iniciativa de este tipo que impulsa el partido de Alberto Núñez Feijóo en la cámara que controla con mayoría absoluta en lo que va de legislatura.

El texto, de cuatro páginas, enumera acusaciones de una gravedad extraordinaria: balances ficticios, artificios contables, administración desleal, conflictos de interés, irregularidades en la contratación de personal y contratos que, según afirman, habrían beneficiado a “empresarios con responsabilidades penales”. Muchas de ellas son afirmaciones que, de ser ciertas, tendrían encaje en el Código Penal. Pero el PP no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía ni ante ningún juzgado. Ha elegido el Senado, donde controla la agenda, los tiempos y las conclusiones.

Lo cierto es que el PP ya tiene la investigación hecha, a juzgar por la rueda de prensa en la que la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García, presentó la iniciativa. RTVE, señaló repetidamente, es “telepedro”. El presidente de la corporación, José Pablo López, ejerce “como auténtico delegado del Gobierno” y ha convertido la radiotelevisión pública en “una agencia de colocación privada al servicio del poder”.

Sin respuesta

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron cuál era exactamente el modelo que el PP proponía para RTVE, García no contestó: “No le voy a avanzar las conclusiones porque tendrán que ser los trabajos de la propia comisión”. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, se limitó a decir: “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

El reglamento del Senado permite la creación de comisiones de investigación al amparo del artículo 59.1. Su utilidad es política y parlamentaria, no judicial: pueden recabar documentación y citar a comparecer, pero sus conclusiones no tienen fuerza de ley ni valor procesal.

El PP lo sabe, y también que el Senado es la única cámara en la que su mayoría absoluta le permite impulsar esta clase de iniciativas sin depender de socios parlamentarios. En el Congreso, el escenario sería otro.

El documento registrado este lunes invoca la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal, y su artículo 2.1, que define el servicio público de radiotelevisión como “un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas”. A partir de él, el texto sostiene que RTVE ha ido “alejando crecientemente” a la corporación de esos cometidos para convertirla en “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Supuesta deriva

Como prueba de esa deriva, el PP menciona la externalización de programas de infoentretenimiento —que, según el escrito, eluden el artículo 7.5 de la misma ley, que obliga a que los informativos sean cien por cien de producción propia, aunque RTVE siempre ha alegado que son programas de actualidad, no informativos—, la contratación de lo que llama “presentadores estrella” mediante contratos mercantiles que, según el PP, ocultarían relaciones laborales, y la devolución de fondos europeos no gastados de un programa de formación que no alcanzó las matrículas previstas y que el PP, sin aportar pruebas, se esfuerza en presentar como indicio de una utilización fraudulenta del dinero.

Los programas de infoentretenimiento están precisamente en el punto de mira del Consejo de Informativos de TVE, el órgano de representación de los periodistas, con el que la presidencia de RTVE sostiene un llamativo pulso desde que estos espacios fueron acusados de servir de vehículo a mensajes de odio.

Nada de esto es nuevo. Lo que sí lo es la urgencia con la que el PP necesita desacreditar RTVE, cada vez con más audiencia, a doce meses de las elecciones generales de 2027, en las que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a lo que probablemente será su última oportunidad de llegar a La Moncloa.

RTVE atraviesa su mejor etapa de audiencia en años. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, lidera su franja horaria de mañana rozando el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz, se ha situado por encima de programas históricos de la competencia como los de Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. La Revuelta, de David Broncano, compite directamente con El Hormiguero de Antena 3, propiedad del Grupo Planeta, empresa considerada afín al PP. El canal de 24 horas registró su mejor dato en quince años. Y los informativos, que ya son líderes por la mañana, crecen mes a mes en todas las franjas horarias.

Programas incómodos

Son programas que resultan incómodos para el PP por una razón estructural: a diferencia de las entrevistas en Antena 3 o Telecinco —televisiones más afines—, en los programas de TVE los representantes del partido deben responder a preguntas que sus interlocutores no filtran previamente.

Hay un factor personal que explica en parte la relevancia que la calle Génova concede al objetivo de desacreditar a RTVE. Existe evidencia demoscópica de que una entrevista de Intxaurrondo a Feijóo en La Hora de La 1, en la que el líder del PP fue desmentido en directo pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023, contribuyó de forma significativa a que no alcanzara La Moncloa. Todo indica que la herida sigue abierta.

El PP critica en su solicitud al Senado los “nombramientos a dedo” y las “purgas de profesionales independientes” en RTVE. Es una acusación que, aplicada a los medios públicos autonómicos que el propio partido controla, describe con bastante precisión su propia política.

Es el caso de la gallega CRTVG, ahora reconvertida en CSAG, en la que los trabajadores de Radio Galega y la Televisión de Galicia llevan años protestando —los llamados “venres negros”— y denunciando el sometimiento editorial al Ejecutivo autonómico. La Xunta de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, derogó hace menos de un año la ley que hubiera obligado a elegir al máximo responsable de los medios gallegos con una amplia mayoría parlamentaria: la norma nunca se aplicó precisamente porque habría puesto fin al control unilateral del PP.

En la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón rebajó las mayorías necesarias para controlar À Punt antes incluso de que la catástrofe de la dana pusiera en cuestión toda su gestión de gobierno. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo lo propio con Telemadrid en 2021. Sucedió lo mismo en Andalucía con Canal Sur.

Descrédito europeo

El State Media Monitor 2025, informe elaborado por el Media and Journalism Research Center que analiza la libertad editorial de 606 medios públicos en 170 países, ofrece un retrato elocuente de esta situación. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades y mínima autonomía editorial—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala directamente al Partido Popular como motor de ese deterioro.

En la rueda de prensa de este lunes, los periodistas presentes intentaron, sin éxito, obtener respuestas concretas a preguntas elementales. ¿Cuál es el modelo de RTVE que propone el PP? ¿Les parece bien el sistema de elección del Consejo de Administración aprobado por decreto en 2022? ¿Con el PP en el poder habría producción externa en informativos o se eliminaría por completo? ¿Citarán a periodistas a comparecer?

Su portavoz en el Senado no respondió a ninguna de ellas en términos sustantivos. “Dejen que hoy funcione el trabajo de esta comisión antes de anticipar cuáles son [las conclusiones], porque lógicamente no tendría mucho sentido si yo le anticipo cuáles son”, dijo ante la pregunta sobre el modelo.

Elevar la presión

Es una posición que resulta difícil de sostener: una comisión de investigación parlamentaria no suele presentarse sin que sus impulsores tengan, al menos, una hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación.

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Falta aproximadamente un año para que se celebren elecciones. Feijóo se lo jugará todo por segunda vez consecutiva. En ese contexto, el calendario de la comisión —que deberá debatirse en pleno, abrir un plazo de constitución y presentar su plan de trabajo antes de empezar a citar comparecientes— garantiza que su actividad se desarrollará en plena precampaña.

La BBC, señalada por el informe del State Media Monitor entre los escasos medios públicos europeos que mantienen la categoría de “independientes”, acaba de atravesar una crisis sin precedentes provocada, en buena medida, por una operación política coordinada desde dentro de su propio Consejo de Administración con el objetivo de debilitar su credibilidad editorial.

El paralelismo con lo que ocurre en España tiene sus límites —las instituciones, la cultura mediática y los actores son distintos—, pero la lógica subyacente es la misma: atacar la credibilidad de un medio público que no se puede controlar directamente.