Telemadrid: un retroceso histórico de la mano de Ayuso
En los últimos años, Radio Televisión Madrid (RTVM) ha experimentado una serie de cambios normativos que han debilitado significativamente su independencia editorial, su pluralismo interno y su capacidad para ejercer como servicio público de la ciudadanía madrileña.
Esta deriva institucional se ha traducido, además, en prácticas informativas que diversos colectivos profesionales y académicos consideran incompatibles con los estándares europeos de libertad de medios. A tenor de los parámetros establecidos en el nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), actualmente en vigor, la cadena autonómica madrileña no cumple los requisitos mínimos de autonomía, supervisión independiente ni rendición de cuentas pública exigibles a un medio de titularidad pública.
La ley de Radio Televisión Madrid de 2015, aprobada en su día con un amplio consenso parlamentario —gracias a que el PP no tenía entonces mayoría absoluta—, fue concebida como un modelo de regeneración blindado frente a las injerencias partidistas que habían caracterizado etapas anteriores del ente público.
Entre sus principales garantías figuraban la elección por mayoría de dos tercios de la Asamblea de Madrid del director general y del Consejo de Administración, y la existencia de un consejo de informativos elegido por la redacción.
Demolición de un modelo
Sin embargo, en julio de 2021, el Gobierno autonómico del Partido Popular, presidido por Isabel Díaz Ayuso, impulsó una reforma exprés de la ley con el respaldo de Vox. Esta modificación eliminó la exigencia de mayoría cualificada para el nombramiento del director general, permitiendo su designación por mayoría simple. También suprimió el mandato de seis años previsto para ese cargo, lo que facilitó el relevo inmediato del entonces director general, José Pablo López, hoy presidente de la Corporación Radio Televisión Española, que había sido elegido con consenso parlamentario, y su sustitución por José Antonio Sánchez, que había sido el máximo responsable de RTVE durante la etapa de Mariano Rajoy y figura próxima al Partido Popular (“Yo voto al PP, y seguiré votando al PP”, dijo sin rodeos en una comparecencia en el Congreso).
De los siete consejeros que hoy forman el Consejo de Administración, y que la reforma legal vincula mecánicamente al peso de cada partido en la Asamblea, cuatro fueron nombrados a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, uno por el Grupo Parlamentario Socialista, otro por el Grupo de Más Madrid y el último por el Grupo de Vox.
El consejo de redacción, al que correspondía no sólo representar, sino proteger a los profesionales que trabajan en la radio y la televisión públicas, fue directamente suprimido.
Desde entonces, diversas asociaciones profesionales han denunciado un incremento alarmante de la manipulación informativa y la censura interna en Telemadrid. Hay casos sangrantes, como todo lo que tiene que ver con la gestión sanitaria en las residencias durante los peores días de la pandemia, cuando el Gobierno de Ayuso aplicó un protocolo que dejó morir sin atención médica a miles de mayores. También la cobertura de la peripecia judicial del novio de la presidenta, e incluso la cobertura electoral, ha sido objeto de controversia, por otorgar mayor presencia y tratamiento favorable a los partidos de gobierno y sus aliados, en detrimento de otras formaciones.
Obligaciones
La nueva normativa europea sobre libertad de medios, la EMFA, adoptada en 2024, establece un marco legal vinculante para garantizar la independencia y el buen gobierno de los medios de comunicación públicos en todos los Estados miembros. Entre sus exigencias clave —que en su mayor parte cumplía RTVM hasta la reforma legal ordenada por Díaz Ayuso— figuran la necesidad de que los nombramientos de los órganos de dirección de los medios públicos sean transparentes y no partidistas, que exista estabilidad en los cargos directivos separándolos de la duración de las legislaturas para evitar destituciones arbitrarias, la implementación de órganos internos de supervisión editorial con capacidad real de intervención, evaluaciones periódicas independientes del pluralismo y el equilibrio en los contenidos informativos, y mecanismos de protección de los profesionales frente a presiones políticas o represalias, como un estatuto profesional y un consejo de redacción.
A la luz de estos criterios, Telemadrid se sitúa claramente en una posición de incumplimiento. La designación del director general por mayoría simple, el cese anticipado de su antecesor, la falta de transparencia en la toma de decisiones y la supresión del consejo de redacción constituyen vulneraciones graves del EMFA. La Comisión Europea ha advertido que observará de cerca la aplicación del reglamento y que podrá activar mecanismos de supervisión y sanción ante casos evidentes de injerencia política, como el de RTVM.
Los incidentes y las evidencias de falta de independencia y de manipulación informativa se suceden. El último, hace pocos días, tuvo lugar cuando el Telenoticias 1, en una pieza sobre la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había mantenido con otros líderes políticos en Latinoamérica, emitió un vídeo manipulado en el que se escucha la voz del presidente ralentizada de manera evidente.
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En mayo, Telemadrid respondió a la iniciativa de RTVE durante Eurovisión (un rótulo que decía: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina”) con otro mensaje que nada tenía que ver con lo ocurrido en el festival: “Ante la vulneración de los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz en Israel y en Palestina, para los homosexuales y las mujeres perseguidas en Irán, con la represión, el exilio y el fraude electoral en Venezuela. Con los cristianos asesinados en Nigeria”.
En noviembre, uno de sus tertulianos, empleado del periódico derechista OkDiario, Vicente Gil, se permitió llamar “rata miserable” y “narcisista sociópata” a Pedro Sánchez por lo ocurrido durante la DANA que causó la muerte a más de 200 personas en València.
A falta de consejo de redacción, los sindicatos son ahora quienes airean los casos más graves de manipulación y el punto de vista de los trabajadores. En octubre, reprocharon a RTVM que no se hable del novio de Ayuso y sí de la reforma de RTVE como “tema estrella”. CCOO, UGT y CGT denunciaron la cobertura “sin pena ni gloria” de la investigación a Alberto González Amador, la amplia atención dedicada a la reforma de la ley reguladora de RTVE, y un tuit de la cadena que señalaba falsamente a periodistas como miembros de Hamás.
