La tensión política somete a presión el modelo de regulación independiente de TV3, el mejor de España
Cataluña cuenta con un sistema de medios públicos autonómicos que, a pesar de las tensiones políticas derivadas del enfrentamiento entre independentistas y unionistas, ha consolidado un modelo singular dentro del ecosistema audiovisual español.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), creada por la Ley 11/2007 del Parlament de Cataluña, es el ente que articula este sistema. De ella dependen la televisión pública TV3 y las emisoras de Catalunya Ràdio, entre otras plataformas.
A diferencia de otros modelos autonómicos, el catalán se caracteriza por una arquitectura institucional y legal más compleja, así como por la existencia de un órgano regulador independiente, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que ejerce funciones de supervisión sobre todos los operadores del sector audiovisual en el ámbito catalán, incluidos los públicos.
La CCMA está sujeta al control parlamentario y a una gobernanza reformada varias veces, la última de ellas en 2019. Su estructura directiva tiene al frente un consejo de gobierno diseñado para dificultar el dominio de un único partido: son siete miembros (uno de ellos con el cargo de presidente, que hace las veces de director general en otros modelos de medios públicos). Los proponen al menos tres grupos parlamentarios (después de oír obligatoriamente a las entidades y a los grupos más relevantes del sector audiovisual).
Mayoría cualificada
Esa dirección la elige el Parlament por una mayoría cualificada de dos tercios y con un mandato de seis años, con el objetivo de desvincularlo de la representación política de la legislatura (se renueva por mitades cada tres años). El CAC, además, debe examinar previamente la lista de candidatos para verificar su idoneidad. Es una fórmula que, aunque en la práctica ha sido motivo de debate por las dificultades que implica alcanzar consensos tan amplios y con tantos participantes, busca preservar la independencia del ente frente a las mayorías coyunturales. De hecho, la actual presidenta, Rosa Romà i Monfà, una publicitaria especializada en dirección estratégica, transformación digital, marketing y creatividad, fue elegida en 2022, cuando ERC gobernaba Cataluña. Y seguirá al frente de la CCMA hasta 2028, durante toda la legislatura del socialista Salvador Illa.
¿Y quién integra el Consell de l’Audiovisual? Cinco personas, incluido su presidente, elegidas también por el Parlament, por mayoría reforzada (dos tercios, a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios) y con un mandato de seis años. Su función no es gestionar medios públicos, sino supervisar que todo el sistema audiovisual —privado, público y del tercer sector— cumpla con los principios de pluralismo, veracidad, diversidad y protección de los derechos fundamentales.
El CAC también vela por la transparencia de la financiación de los medios y dicta resoluciones sobre el contenido audiovisual. Sus decisiones han tenido peso en debates mediáticos y políticos: desde las quejas por tratamiento partidista en determinados informativos hasta las resoluciones sobre el uso del catalán o la visibilización de discursos de odio. Su figura ha sido objeto de elogio y de crítica, en función del posicionamiento ideológico de quien lo analice, pero constituye una excepción en el panorama estatal, donde los consejos audiovisuales con funciones de regulación independientes son la excepción y no la norma, y goza del respaldo de los representantes del periodismo profesional.
Contrapesos
El equilibrio de contrapesos se completa, en primer lugar, con un Consejo Asesor de Contenidos y de Programación (dieciséis miembros, elegidos por el Parlament también por mayoría reforzada, en representación de la pluralidad de la sociedad catalana y, como mínimo, de los sectores profesionales, los sectores educativos, las asociaciones cívicas, culturales y de usuarios, y los trabajadores de la CCMA). Y, en segundo lugar, con consejos profesionales en la televisión y la radio, elegidos por los periodistas para defender su independencia gracias a un estatuto profesional. Hay, además, un defensor de la audiencia, a quien telespectadores y radioyentes pueden dirigirse para expresar sus quejas o hacer recomendaciones.
La CCMA cuenta además con un contrato-programa que asegura que su presupuesto no dependa de los premios y los castigos del Govern de turno. El último se aprobó en 2024 y tiene vigencia hasta 2027, pase lo que pase en la política catalana.
Este dibujo institucional, sin embargo, no ha eliminado las críticas políticas, que se centran habitualmente en dos ejes: su supuesta falta de neutralidad y el uso partidista de sus contenidos, especialmente los informativos. Las formaciones no nacionalistas han acusado recurrentemente a TV3 y Catalunya Ràdio de actuar como altavoces del independentismo, tanto por la elección de los temas como por el lenguaje empleado y la presencia desproporcionada de voces afines al soberanismo. Por su parte, desde sectores independentistas se ha cuestionado la gestión de las etapas en las que no han tenido el control de la Generalitat.
La realidad, como demuestran los informes semestrales del CAC, es muy distinta. Durante el primer semestre de 2025, el Partido Popular (PP) lideró el tiempo de palabra en los informativos de los principales medios audiovisuales catalanes —TV3, TVE Catalunya y RAC1—, tal como ya ocurrió en 2024. En todos estos casos, el PP (junto al PPC, su federación en Cataluña) superó a Junts, ERC y Sumar, con diferencias que oscilaron entre 3 y 5 puntos porcentuales. Solo Catalunya Ràdio rompió la tendencia, situando a Junts como el partido con mayor presencia, seguido por el PP. Este patrón confirma una tendencia general hacia una cobertura informativa que prioriza al principal partido de la oposición estatal en los medios de comunicación catalanes, aunque con matices según el medio analizado.
Alineados con la EMFA
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En el contexto de la futura aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 y que estará plenamente vigente el 8 de agosto, el modelo catalán presenta elementos que lo alinean con las nuevas exigencias de gobernanza independiente para los medios públicos.
La EMFA impone la necesidad de garantizar la autonomía editorial, la transparencia financiera y la protección de los directivos frente a ceses arbitrarios. En este sentido, la CCMA cumple formalmente varios de estos criterios: procedimientos reforzados para el nombramiento de cargos, mandatos protegidos frente a injerencias políticas y mecanismos legales para asegurar financiación estable. La politización en el proceso de nombramiento —al depender del Parlament y, por tanto, de los equilibrios partidarios— sigue siendo un factor de vulnerabilidad frente a lo que exige el reglamento europeo en materia de independencia estructural, reducido, eso sí, por la exigencia de mayorías reforzadas y la necesidad de contar con el CAC en el proceso.
En términos de audiencia, TV3 es un modelo de éxito que continúa siendo líder en Cataluña, un fenómeno que no se reproduce en ninguna otra comunidad con televisión autonómica propia. Según los últimos datos disponibles de Barlovento, correspondientes a junio de 2025, TV3 registró una cuota de pantalla del 14%, situándose por encima de todas las cadenas estatales en el ámbito catalán, incluidas Antena 3 (10,7%), Telecinco (9,5%) y La 1 (7,9%). Ninguna otra autonómica alcanza un liderazgo tan sólido: ETB2 ronda el 9% en Euskadi; la TVG gallega no alcanza el 8%; Canal Sur y Aragón TV se sitúan entre el 9% y el 11,6%; y la valenciana À Punt apenas supera el 2,5%.
