El nuevo modelo de la TVG refuerza el control político y entierra las demandas de sus trabajadores
Desde hace seis años, un grupo de trabajadores de la radio y la televisión públicas de Galicia se moviliza cada viernes vestido de negro —los llamados venres negros— como forma de protesta frente al uso partidista y propagandístico de sus medios por parte del Partido Popular.
El colectivo @DefendeAGalega nació para exigir el cumplimiento de la ley reguladora de los medios públicos de 2011, una norma concebida durante el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, a la sombra de la que reguló RTVE en 2007, y que incluía herramientas esenciales para garantizar la calidad e independencia de la información, como el Estatuto Profesional y el Consejo de Informativos. Una ley que nunca llegó a aplicarse.
Feijóo, primero, y Alfonso Rueda, después, prefirieron ignorarla. La Televisión de Galicia siempre ha sido una pieza útil para el Partido Popular. Los datos de audiencia de la temporada que acaba de finalizar demuestran su relevancia, con una cuota de audiencia del 8,5 %, solo superada en sus respectivos territorios por TV3 (14,1 %), Aragón TV (12,1 %) y Canal Sur (9,4 %).
El modelo Feijóo
La subordinación informativa tiene su origen en 2009, cuando Feijóo, recién llegado a la Presidencia de la Xunta, nombró a dedo a Alfonso Sánchez Izquierdo como director general. Su mandato expiró en 2014, pero Feijóo prorrogó su cargo mediante una disposición añadida a los Presupuestos autonómicos, evitando así cumplir con la ley de 2011, que exigía una mayoría parlamentaria cualificada para dicho nombramiento y establecía un mandato limitado a cinco años para asegurar su independencia respecto a los ciclos políticos.
El pasado 8 de julio, lejos de avanzar hacia un modelo más profesional y transparente, la situación empeoró. Tras una modificación de la ley impulsada por Rueda y rechazada por la oposición, los trabajadores y los órganos de representación de los periodistas gallegos, como el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), se eligió, con los votos en exclusiva del PP en el Parlamento de Galicia, como nueva directora general de la ahora denominada Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antes CRTVG— a Concepción Pombo. Bastaron los votos del PP porque la nueva ley de los medios públicos, en vigor desde abril, permite esquivar la mayoría reforzada de dos tercios (50 escaños) o tres quintos (45) si no se alcanzan en las dos primeras votaciones y, en la tercera, elegir la dirección por mayoría absoluta.
La elección de la nueva directora general no es neutral. Pombo, hasta ahora miembro de la cúpula de la corporación como responsable del área de la que dependen los servicios informativos, es una figura que no cuenta con el aval del BNG ni del PSdeG y, sobre todo, es el centro de las críticas de los trabajadores, que la culpan de las peores prácticas en la radio y la televisión públicas de los últimos años.
Figura divisiva
Es “imposible” que una figura como Concepción Pombo “pueda generar ningún tipo de consenso”, sostiene la presidenta del Comité Intercentros. “Estamos hablando de la persona responsable de los informativos desde 2017, es decir, la máxima responsable de la manipulación, en la etapa de mayor control político y descrédito de la información en los medios públicos de Galicia”, añade.
“Nunca hubo peor clima laboral en los servicios informativos, nunca tanta protesta por la parcialidad de la línea informativa de los medios públicos dentro y fuera de la Corporación y nunca índices de audiencia tan bajos. Eso es lo que se premia e incentiva con esta propuesta”, afirman a su vez fuentes de @DefendeAGalega.
Los trabajadores llevan años denunciando la utilización “cada vez más obscena” de la televisión y la radio gallegas como instrumentos de propaganda partidista. Una deriva que ha venido acompañada de una creciente degradación de las condiciones laborales y profesionales de sus trabajadores, que en el año 2019 merecieron el prestigioso Premio José Couso, otorgado por votación directa de los periodistas gallegos. La TVG, en un gesto revelador del clima informativo, ni siquiera informó a sus espectadores del galardón.
El reglamento europeo
Los ejemplos de manipulación informativa son incontables y se acumulan año tras año sin que nadie haga nada para impedirlo. Habrá que ver si la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés), y sus previsiones en materia de regulación de la radio y la televisión públicas, tiene algún efecto en Galicia. La CSAG incumple todas sus exigencias.
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En primer lugar, recomienda a los Estados miembros (y eso incluye a las comunidades autónomas españolas) la adopción de normas internas claras y comités independientes para proteger la libertad de los periodistas frente a presiones internas o externas. Eso significa aprobar un documento que recoja los principios éticos, los derechos de los periodistas y los procedimientos para resolver conflictos con la dirección, así como la creación de consejos de redacción, órganos elegidos por la plantilla periodística para autoprotegerse, emitir informes o vetar decisiones que afecten la independencia profesional.
La segunda exigencia de la EMFA es que el nombramiento del equipo directivo de los medios públicos se base en procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, con duración limitada y causas claras de cese. Una fórmula que apunta a la convocatoria de concursos públicos con méritos profesionales, evaluados no por políticos, sino a través de un órgano plural e independiente, aunque en última instancia desemboquen en una votación parlamentaria que necesariamente deberá ser por mayoría reforzada.
La tercera, a la que deberían adaptarse la radio y la televisión públicas gallegas, tiene que ver con la financiación, que debe ser “plurianual, estable y adecuada”; debe estar separada de los presupuestos generales para evitar castigos o premios en función de los contenidos, y tiene que basarse en mandatos de servicio público definidos y evaluables.
