La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición del PSOE de suspender el juicio del caso Kitchen para poder imputar de nuevo a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que fue sacada en su día del procedimiento, y que se cite al partido como partícipe a título lucrativo o responsable civil, según informa EFE.

El fiscal César de Rivas ha respondido así a una de las principales peticiones que formuló la acusación popular que ejerce el PSOE en la fase de cuestiones previas planteadas al tribunal en la primera jornada del juicio del caso Kitchen a la cúpula de Interior en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy por el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

En su respuesta, el fiscal ha recordado que la clausura de la instrucción de esta causa fue confirmada por la Sala de lo Penal en 2022 y ahora el tribunal que enjuicia los hechos carece de competencia para dejar sin efecto esas resoluciones como propuso el PSOE con el objeto de que se investigue "la rama política" del caso Kitchen.

Según el fiscal, no procede abrir una "instrucción suplementaria" que lleve a la suspensión del juicio porque no existe ninguna revelación novedosa que suponga un cambio "sustancial" en los elementos, que solo puede afectar a las personas respecto a las que se decretó la apertura de juicio oral.

En este sentido ha señalado que a Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, no se les incluyó en el auto de procesamiento tras haberles tomado declaración como imputados a petición de la Fiscalía por lo que no se les introdujo en ese auto de apertura de juicio oral.

Al decretarse el sobreseimiento para ambos, ha proseguido, Anticorrupción lo recurrió, y tanto el juzgado de instrucción como la Sala de lo Penal confirmaron esa decisión. Además, en 2022, el Ministerio Fiscal solicitó la reapertura de la causa por elementos nuevos respecto a Cospedal, pero también se rechazó por el juzgado y por la Sala, con lo que la causa está sobreseída para ambos y "el órgano de enjuiciamiento no tiene capacidad para revocarlo", ha destacado.

Por ello ha propuesto que si el PSOE entiende que existen nuevos elementos lo que tiene que hacer es solicitar la reapertura de la causa como se hizo en 2022 y como hizo este partido en 2025, petición que también fue rechazada por el juzgado de instrucción.

Lo mismo sucede, ha dicho, con el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo, una cuestión que ya se solicitó en su momento y que, primero el juzgado y después la Sala, rechazaron por lo que, considera, que es una cuestión sobre la que la Sala de enjuiciamiento carece de competencia.

En el juicio del caso Kitchen se sientan en el banquillo diez acusados, entre los que figuran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel, así como buena parte de la cúpula policial en esa época y comisarios como José Villarejo, de cuyo caso procede esta causa, la pieza número 7 del caso Tándem.

Durante años, un grupo de policías, a las órdenes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se dedicó a construir pruebas falsas contra adversarios políticos y a destruir pruebas que pudiesen comprometer al Partido Popular (PP) en investigaciones por corrupción. De forma sistemática y sostenida. Utilizando funcionarios y medios públicos al servicio de los intereses de las políticas de Mariano Rajoy y de las cuentas corrientes de una parte significativa de sus dirigentes y de su formación política.

Durante años, también, un grupo de altos cargos del Ministerio de Hacienda, al mando de su titular, Cristóbal Montoro, gestionó una red de influencia institucional para favorecer a empresas, especialmente del sector gasístico y energético, mediante reformas fiscales y beneficios normativos a cambio de pagos al despacho Equipo Económico. Durante ese tiempo, el ministro utilizó información confidencial en poder de la Agencia Tributaria para amenazar y, quién sabe, si destruir a adversarios políticos y periodistas incómodos al servicio, de nuevo, de los intereses políticos de Mariano Rajoy y de su mano derecha, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Todo presuntamente. Porque las investigaciones policiales y judiciales que han puesto de manifiesto estos casos todavía no han culminado en una sentencia en los tribunales. El caso Kitchen probablemente se juzgará en 2026. Los sumarios sobre la policía patriótica y, sobre todo, los que afectan a Cristóbal Montoro, todavía no se sabe. Aunque, eso sí, las evidencias son tan abrumadoras que permiten hacernos una idea del alcance que tuvo la patrimonialización de la democracia, al servicio de intereses privados, entre 2011 y 2018, los siete años de mandato de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

El concepto de “patrimonialización del Estado” ha sido revitalizado y popularizado por Stephen E. Hanson y Jeffrey S. Kopstein, dos destacados politólogos norteamericanos. Para ellos, el patrimonialismo es una forma de gobierno donde el poder se basa en lealtades personales, que derivan de relaciones patrón-cliente, alianzas personales, lazos de parentesco y combinaciones de todos estos vínculos. Se diferencia de las burocracias racionales-legales (que la ciencia política considera el modelo ideal del Estado moderno) en que la eficiencia no es el objetivo principal y el personal gubernamental no avanza por mérito, experiencia o capacitación, sino por su lealtad al líder. Lo que conduce a un aumento de la corrupción y al reemplazo de personas competentes por obedientes.

La profesora de Ciencia Política de la Universitat de València Astrid Barrio confiesa que le “ha alarmado mucho el tipo de orquestación” que implica el caso Montoro. “Que no se me malinterprete, pero puedo entender el choriceo. Puedo entender que alguien trate de influir en un contrato público”. Pero esta trama, que supone “acceder al poder con la voluntad deliberada de instrumentalizarlo en favor de unos intereses privados muy determinados, tiene una intencionalidad, un dolo, muy grave. Lo otro, el choriceo, también es grave. Y, si quieres, los tipos de intereses pueden acabar siendo los mismos. Pero aquí la intencionalidad previa, es decir, acceder a las instituciones, dirigir, colocar a personas en puestos clave para que satisfagan unos intereses particulares, para mí esto tiene un plus de gravedad que lo hace muy singular”, razona esta experta en el estudio de los partidos, el nacionalismo y el populismo.

José Real-Dato, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Almería, relativiza, en cambio, el peso de la patrimonialización en el último Gobierno del PP. “No creo que en la era Rajoy hubiera una ‘privatización del Estado’, como tampoco creo que la hubiera en los gobiernos de Zapatero, Aznar o González, o que la haya durante la etapa de Pedro Sánchez”.

Los objetivos del Estado (lo que llamamos ‘interés general’), explica, beben de diferentes intereses, que contribuyen a conformarlos. “Aquí encontramos tanto los intereses que representan los partidos políticos como los intereses de otros colectivos, de dentro y fuera de la Administración, y que, por diversos medios, acaban influyendo en la conformación de las decisiones públicas”. Desde la teoría política del pluralismo, razona, “diríamos que este estado de cosas es lo normal en cualquier sistema democrático, no solo desde un punto de vista empírico (las decisiones públicas son el resultado del balance, muchas veces desigual, de los distintos intereses particulares en juego), sino también normativo. Aunque esto último, evidentemente, solo en el caso de que no se vulnere la ley o los principios básicos del funcionamiento del Estado democrático de derecho”.

Este experto en élites gubernamentales y parlamentarias en España sostiene que el problema reside en que, hasta la fecha, no ha habido en España una regulación eficaz sobre cómo se integran esos diversos intereses particulares en los procesos de decisión política en consonancia con esos principios democráticos. “Casos como los que estamos viendo en estos meses demuestran que la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos es claramente insuficiente, y todavía es demasiado pronto para decir si la Ley de Protección a Informantes tendrá un efecto positivo. También, hace unos meses, el Gobierno presentó un Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés, lo cual es un paso importante, pero también mejorable”.

A todo lo cual hay que sumar, precisa, “un relevante componente cultural detrás de esta dificultad para una ‘sana’ integración de los intereses particulares. Siempre ha existido esa visión (no solo entre los políticos sino en la propia sociedad española) de la Administración más como un instrumento al servicio de aquellos que detentan el poder político que como una expresión de la autonomía del Estado como herramienta al servicio de la sociedad en general”. En su opinión, sería interesante que las iniciativas de reforma de la Administración Pública insistieran en “fomentar ese cambio cultural profundo hacia fuera de la propia Administración, y que debería afectar sobre todo a cómo esta es concebida y percibida por parte de los agentes políticos y la ciudadanía”.

La extensión, profundidad y gravedad de los casos que afectan al periodo en que Mariano Rajoy presidió el Gobierno de España constituyen algo más que una acumulación de escándalos. Lo que revelan es una utilización sistemática del aparato del Estado al servicio de intereses privados y partidistas, sin precedentes desde la restauración democrática. No se trata de errores aislados ni de abusos individuales, sino de un modelo de poder que, desde distintos ámbitos ministeriales —en particular dos resortes clave del poder público, como son Interior y Hacienda—, instrumentalizó instituciones clave para blindar al Partido Popular, neutralizar a adversarios políticos y favorecer a empresas a cambio de dinero.

En el Ministerio del Interior, el caso Kitchen sacó a la luz una operación parapolicial orquestada desde la cúpula de la Policía Nacional para robar pruebas incriminatorias a Luis Bárcenas y proteger así a altos dirigentes del PP. Por extensión, al propio Rajoy. Con fondos reservados, sin control judicial y a través de confidentes como el chófer del extesorero, se ejecutaron seguimientos, se sustrajeron móviles y agendas, y se intentó borrar el rastro de la financiación ilegal del partido. El juicio se celebrará en 2026, con Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y los entonces comisarios de la policía, Eugenio Pino y Villarejo, entre los acusados.

Pero esa no fue una operación aislada. En paralelo, la llamada policía patriótica operó como un grupo de choque contra rivales políticos del PP. Utilizó bases de datos policiales sin orden judicial para espiar a decenas de diputados de Podemos, fabricó y filtró informes apócrifos para erosionar su imagen, e impulsó la llamada Operación Cataluña para desacreditar a dirigentes independentistas mediante acusaciones falsas. Todo ello desde la cúspide del Ministerio del Interior y con conocimiento, al menos parcial, de la cúpula del partido.

A su vez, el caso Montoro, aún en fase de instrucción, ha destapado una red de tráfico de influencias insólita y, por sus dimensiones, sin precedentes, impulsada desde el Ministerio de Hacienda para beneficiar a clientes del despacho fundado por el propio ministro, Equipo Económico. Según la investigación judicial, Montoro y sus principales colaboradores promovieron reformas fiscales a medida de empresas a cambio de pagos millonarios. Además, habrían accedido de forma ilícita a información confidencial de la Agencia Tributaria para presionar a adversarios políticos y periodistas críticos.

Por separado, cada uno de estos casos sería alarmante. En conjunto, sugieren un patrón: un uso deliberado de los recursos del Estado —la policía, la fiscalidad, la inteligencia financiera, el BOE— para fines partidistas o privados. La confusión entre Gobierno y partido, entre interés general y conveniencia electoral, alcanzó cotas estructurales durante los años de Rajoy, con escasa fiscalización institucional y, hasta ahora, nula rendición de cuentas política.

Todo lo cual plantea una incógnita adicional. Hasta ahora hay constancia de que, de un modo u otro, hasta tres ministros clave de la administración Rajoy estaban al tanto: Jorge Fernández Díaz, Cristóbal Montoro y la entonces titular de Defensa, María Dolores de Cospedal. La pregunta es: ¿podía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, muy vinculada políticamente a Montoro, no saber nada? ¿Es verosímil que Rajoy tampoco estuviese al tanto de ninguna de estas prácticas, dada la dependencia funcional y personal que, sobre todo, tenía Fernández Díaz con él?

Sáenz de Santamaría controlaba el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su nombre —o su apodo de “la pequeña”— es mencionado por participantes en diferentes tramas. Hasta el narcotraficante Marcial Dorado, durante años amigo íntimo del hoy presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la mencionó esta semana en una entrevista en la que alude a ella como la persona que en 2014 le ofreció salir absuelto, cuando ya estaba en prisión, si echaba “basura” contra determinadas personas del PP. “¿Quién manda esto?”, dice que preguntó al abogado que hizo de intermediario. “Bueno, esa es una pequeña”. “¿Pero qué pequeña, el qué?”. “Sí, la pequeña. Del PP, del PP. De Madrid. ¿Quién es la pequeña? Pues eso.”

Pero ni Rajoy, cuyo nombre aparece en los papeles de Bárcenas bajo el enunciado M. Rajoy, ni Sáenz de Santamaría han sido nunca imputados. “Es raro”, admite Barrio. “Si tú eres un dirigente, sabes lo que hacen tus subordinados. Pero también es cierto que en este tipo de cosas se intenta ser discreto”, así que no le “extrañaría una cosa ni la otra. Ahora, ¿que es sospechoso? Claro, es sospechoso”. Especialmente, añade, si se confirma que varios ministros del PP habían alertado a Mariano Rajoy durante su mandato contra los manejos de Montoro en favor de la consultora que había fundado y, a través de ella, de determinadas empresas. Puede que no lo supieran, asegura. Pero, “del mismo modo, me suena raro que Felipe González tampoco supiese nada” de la guerra sucia contra ETA.

Su colega de la Universidad de Almería, sin embargo, no ve por qué la acumulación de poder en manos de la vicepresidenta o del presidente del Gobierno debería asociarse a una necesaria vinculación con la presunta utilización estructural del Estado al servicio de intereses políticos y privados.

Las tramas de corrupción económica, detalla, “suelen operar en secreto (forma parte de su propia naturaleza) y solo los directamente implicados son conocedores”. Por eso es muy posible que sus superiores u otras partes de la organización desconozcan qué está sucediendo, concluye.

Si los mecanismos institucionales de alerta “fuesen más eficaces y, por ejemplo, ofreciesen incentivos suficientes para que posibles conocedores destapasen la situación” o les disuadiesen de participar en este tipo de actuaciones ilegales (como una vigilancia más intensa de las situaciones de riesgo o sanciones más elevadas), “el peligro de riesgo moral disminuiría”. “Pero imagino que en la mayoría de estos casos suele ser habitual que los conocedores sean, al mismo tiempo, beneficiarios de la vulneración de la ley, por lo que no tienen la motivación suficiente para destapar las situaciones de corrupción en las que, además, están involucrados”.

Real-Dato imagina, además, que las prioridades de los servicios de inteligencia del Gobierno no incluyen, aunque haya excepciones, controlar la acción de los miembros del gobierno o la Administración “más allá de lo relacionado con la consecución de los propios objetivos políticos generales del Gobierno”. Lo cierto, remata, es que hay “un alto grado de autonomía en el funcionamiento de los distintos ministerios (lo que se conoce como ‘departamentalización’) en la Administración Pública española”.

Supiesen algo Rajoy y Sáenz de Santamaría o lo ignorasen todo, la naturaleza de los casos que afectan al PP y la coincidencia en el tiempo con la investigación de las mordidas que afectan a altos cargos y dirigentes del PSOE extienden el pesimismo acerca de lo que pueda venir en el futuro.

La gravedad no radica solo en los delitos presuntamente cometidos, sino en el daño institucional: el descrédito de la Administración, la pérdida de confianza en las fuerzas de seguridad, la degradación del sistema fiscal, la normalización de la guerra sucia y el debilitamiento de los controles democráticos.

“Ninguno de los casos de corrupción que han afectado a este país en las últimas décadas ha tenido un efecto positivo en su salud democrática”, recuerda el profesor Real-Dato. El problema es que, en la actualidad, “con niveles tan elevados de desconfianza hacia instituciones democráticas básicas como los partidos políticos, acompañados del crecimiento de opciones políticas populistas que crecen a costa de alimentar dicha desconfianza, el efecto de cualquier caso de corrupción política sobre la confianza en el sistema democrático podría resultar aún más destructivo”.

La profesora Barrio está de acuerdo. “Mina mucho, otra vez, la credibilidad de los dos grandes partidos, que al final han sido los que han aguantado” el sistema político sobre sus hombros. Y se pregunta si lo que está pasando “puede acabar llevándose a los dos por delante, porque tanto lo que afecta al PSOE como lo que afecta al PP es muy grave. Al final, la confianza de los electores en el sistema es muy limitada”.

Hay algo, además, que “antes no pasaba”, añade. “Lo preocupante es que empieza a haber opciones que acaban por sacar rédito” a esta situación, como es el caso de Vox. Y que empieza a haber una parte de la población “que no ve tan malas las soluciones autoritarias si son eficientes”.

El peligro es que se asiente “una visión de que esto de la democracia está muy bien, pero no produce buenos resultados”. Y cada vez más gente prefiera “otro sistema”. Aunque los regímenes autoritarios sean más corruptos, “en un contexto de cabreo y de ignorancia” esa deriva “puede ser peligrosa”.

Y pone un ejemplo: ya empieza a oírse, explica Barrio, que a China, aunque no es democrática, “no le va tan mal”. Es esta idea de que en “un sistema que permita el crecimiento, y que sobre todo sea eficiente”, lo de menos son los mecanismos de elección o los sistemas de garantías. “La gente no quiere saber, solo quiere pensar que es gobernada decentemente”, aunque en realidad no tenga modo de saberlo.

Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy se han ido, de momento, sin rendir cuentas. Pero su legado salpica indirectamente a Feijóo. No solo por el error cometido en el congreso celebrado hace tres semanas, en el que abrazó su herencia y la de José María Aznar (incluido el amplio historial de casos de corrupción que les salpica), sino por la decisión de incorporar a la dirección del partido a Alberto Nadal como responsable del área económica del partido, porque, aunque no haya sido imputado, fue uno de los más fieles colaboradores de Montoro entre 2016 y 2018.

Hubo una época en la que María Dolores de Cospedal lo fue prácticamente todo. En el Gobierno, como ministra de una de las carteras más sensibles –la de Defensa–. Y en el PP, como secretaria general. Hasta que las aguas fecales que comenzaron a brotar de las cloacas acabaron por arrastrarla. Su relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el rey de las cañerías al que no dudaba en recurrir para aquellas labores de fontanería que lo precisaran, acabó de un plumazo con su carrera política. Una sombra que aún hoy persigue a la ex número dos del PP, que pese a la montaña de elementos que apuntan hacia ella no ha tenido más problemas judiciales que una breve imputación.

El nombre de Cospedal siempre acaba saliendo a flote cuando se levantan las tapas de las alcantarillas del poder. Y una prueba de ello la encontramos en el penúltimo caso que persigue al PSOE y, por extensión, al Gobierno. El pendrive que la exmilitante socialista Leire Díez entregó al partido tras hacerse pública una grabación en la que se la ve interesada en encontrar trapos sucios de miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluye, entre otras cosas, el audio de una reunión con Villarejo en el que éste pide a la exministra popular que interceda para cambiar la cúpula policial y en el que sale el nombre del fiscal Anticorrupción José Grinda. "A Grinda hay que matarlo", se escucha decir a Cospedal.

Es el último capítulo de una amistad que se remonta a hace más de tres lustros. El 21 de julio de 2009, en plena eclosión del caso Gürtel, Cospedal se reunió en secreto con Villarejo en la sede nacional del PP. En aquel encuentro, que fue la continuación de otros que previamente había mantenido el entonces marido de la primera –Ignacio López del Hierro– con el comisario, se habló, entre otras cosas, del pendrive intervenido al que fuera contable de Francisco Correa. "O sea, que hay de todo", deslizó la política. "Hay mucha chicha", respondió el policía, que aseguró que habían hecho "todo lo posible" por "romper el USB". Por aquel entonces, el secreto de sumario de Gürtel aún no se había levantado.

En la reunión, celebrada pocas horas antes de la declaración de Luis Bárcenas en el Tribunal Supremo, se hablaba de si convenía retrasar "todo lo posible" la instrucción del caso y de la posibilidad de encargar al comisario algunos "trabajos puntuales". Dos meses después, López del Hierro y Villarejo vuelven a encontrarse. Y es ahí cuando el empresario le hizo determinados encargos. Pidió un "dossier" sobre el papel del entonces dirigente conservador Javier Arenas en la Fundación de Estudios Europeos, de la que Bárcenas fue tesorero. Y continuó: "El segundo tema es el del hermano de Rubalcaba". Un nombre que ya había salido en la reunión secreta con Cospedal. "Eso sí que es un punto débil que podéis utilizar", planteó el comisario.

Todos estos audios vieron la luz un año después de la detención del comisario jubilado. Justo en un momento en el que el nombre de Cospedal acababa de aflorar en un informe de la Unidad de Asuntos Internos. Aquel documento, fechado el 29 de octubre de 2018 y del que nació la pieza Kitchen, recogía el extracto de una conversación en la que Villarejo vinculaba a "Cospe" y a su marido –El Polla– con la captación de Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas, en el marco de la operación parapolicial para hacerse con información comprometedora que pudiera tener el extesorero.

Luego vinieron las agendas del comisario, índice de todo lo que fue grabando en secreto. Y ahí, el nombre de la ex secretaria general aflora en varias ocasiones. "Llamó para vernos. La parienta María Dolores de Cospedal quiere datos para tomar decisiones", reza una anotación del 26 de enero de 2009. "Me envía a José L. Orti –en referencia a José Luis Ortiz, jefe de Gabinete de la política– con 100 y promete 50 más el lunes", se lee en otra del 6 de diciembre de 2012. "Muy preocupada con los 5 pago de 200. Me pide que le mantenga informada", apunta un año después. Y el 15 de septiembre de 2014 insiste en que "Cospe" promete "pagar la deuda de 100" y pide "un análisis de Ezquerra (sic)".

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en plena pandemia la imputación tanto de Cospedal como de su marido. Lo hacía al entender que la exministra "tendría interés personal" en que la operación Kitchen "tuviera éxito desde una doble perspectiva". "Directa: como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. E indirecta: como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo", resaltaba el Ministerio Público en su escrito.

Pero la justicia tardaría tiempo en situar directamente el foco sobre la exministra. El instructor del caso, Manuel García-Castellón, consideró que antes de decidir sobre estas imputaciones debía citar de nuevo al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien meses antes había dejado escrito en WhatsApp que su mayor "error" fue ser leal "a miserables como Jorge [Fernández Díaz], Rajoy o Cospedal": "Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar". Pero cuando lo tuvo delante, se olvidó de preguntar por los indicios que existían sobre Cospedal.

La imputación llegó, finalmente, el 1 de junio de 2021, después de que las agendas del comisario dieran un nuevo impulso a la investigación. Y se mantuvo hasta el 29 de julio, momento en el cual García-Castellón decretó el fin de la investigación y archivo contra ella y su marido. En su auto, sostenía que achacarles una participación intelectual en la trama contra Bárcenas no era más que el "resultado de una inferencia voluntarista sin indicio alguno", calificaba como "dudosa" la fiabilidad de los audios filtrados sobre la reunión de 2009 y aseveraba que no había indicios para afirmar que los encuentros buscasen recopilar información sobre el caso Gürtel.

Anticorrupción –que llegó a acusar al instructor de imponer una "inaceptable línea roja" que no dejaba investigar la "conexión política"– y las acusaciones recurrieron el carpetazo. Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló el archivo. Todo parecía indicar que ahí se acababa la batalla. Sin embargo, la publicación de nuevos audios puso todo de nuevo patas arriba. Grabaciones inéditas que demostraron que lo que Cospedal y Villarejo habían tenido no era, como ella había afirmado en sede judicial, una "relación no demasiado intensa" con conversaciones de tipo "social".

El 20 de enero de 2013, dos días después de que El Mundo desvelase que Bárcenas había pagado sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP, Cospedal le lanza a Villarejo: "Por eso te estoy llamando… la libretita... sería mejor poderlo parar". Y unos meses después, el 26 de abril, ambos charlan sobre los informes policiales que se estaban elaborando en el marco de la investigación judicial abierta tras la publicación de los papeles de Bárcenas. "A mí me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez", se escucha decir a la ex secretaria general del PP.

Aquel nuevo paquete de cintas, que incluía parte de una conversación mantenida en mayo de 2017 en la que muestra interés por supuestas informaciones contra Podemos, fue utilizado por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones para intentar reabrir Kitchen y que se siguiera indagando en el papel de Cospedal. Pero todos los intentos fueron infructuosos. Al final, las maniobras de la ex secretaria general de la formación conservadora en las cloacas, que aún hoy siguen saliendo a la luz, se han saldado con un par de meses de imputación y el fin de su carrera política. Y no parece que vaya a ir a más a pesar de ese "a Grinda hay que matarlo", porque la conversación contenida en el pendrive de Leire Díez apenas ha tenido 48 horas de vuelo antes de quedar eclipsada por el tsunami Cerdán.

El pendrive que entrego al PSOE la exmilitante socialista Leire Díez incluyen grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que acreditan un sinfín de operaciones ilegales durante la etapa de Gobierno del PP (2012-2018), según publica este lunes El País. En concreto, en uno de ellos hablan sobre el fiscal anticorrupción José Grinda, encargado de algunas de las causas relacionadas con las tramas corruptas que afectaban a dirigentes independentistas en Cataluña. "Al [fiscal] Grinda hay que matarlo", afirmó la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

En la grabación que recoge El País, que recoge una reunión en julio de 2017 entre Villarejo y Cospedal, el excomisario también le pide a la exministra que interceda para cambiar la cúpula policial, con cambios en la UDEF y la UCO, que considera dominada por el PSOE. "Estoy detrás de las gestiones de Interior y creo que lo vamos a conseguir (…) Creo que está hecha la estructura nueva, y lo de la Guardia Civil igual", aseguró la entonces secretaria general del PP.

En esa misma conversación, Villarejo le relata a Cospedal que enviados de Margarita Robles, entonces portavoz parlamentaria del PSOE, le habían hecho llegar el mensaje de que si denunciaba al PP por la Operación Cataluña resolverían sus problemas con la Fiscalía. Además, las grabaciones documentan operaciones extraoficiales contra el independentismo catalán, en las que el excomisario describe el uso de bulos, informes apócrifos y filtraciones a medios como instrumentos de guerra política.

Muchos de los audios y los documentos incluidos ya forman parte de distintas piezas separadas del caso Tandem que investiga las actividades ilícitas del excomisario.

Leire Díez entregó este pendrive con abundante información al PSOE que remitió esa documentación a la Fiscalía General del Estado, dónde aún no han decidido qué hacer con ese material.

La ex secretaria general del PP durante una década (2008-2018) María Dolores de Cospedal ha asegurado este lunes que la llamada policía patriótica o política es una "creación ficticia" que no existió, que no ha impulsado ninguna operación Cataluña porque también es "una ficción" y que no se dio ninguna orden para espiar a dirigentes de Podemos, según recoge EFE.

Cospedal ha comparecido en el Congreso en una nueva sesión de la comisión de investigación de la bautizada como operación Cataluña, la presunta trama parapolicial urdida desde el Ministerio del Interior para dañar a dirigentes independentistas.

Dispuesta a colaborar con los diputados, según ella misma ha dicho al inicio de la sesión, la exdirigente popular y exministra de Defensa solo ha rehusado responder a las primeras preguntas de la líder de Podemos, Ione Belarra, sobre la "libreta" del extesorero el PP Luis Bárcenas al considerar que este asunto de la operación Kitchen "está judicializado" y "no es objeto" de la comisión.

No obstante, ha recordado que en esta causa ella no figura ya como investigada tras así acordarlo la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en dos ocasiones, en uno de sus resoluciones, ha enfatizado, "con claros ataques a la falta de parcialidad de la Fiscalía".

Durante más de tres horas, la que fuera número dos del PP durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del partido ha negado cualquier participación, conocimiento o, incluso, existencia de maniobras ilegales urdidas para dañar a adversarios políticos e insistentemente ha cuestionado la veracidad de las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Respecto a la policía "paralela", "patriótica" o "política", Cospedal ha dicho que se trata de una creación ficticia que no ha existido y sobre la operación Cataluña, ha señalado: "Yo no he impulsado ninguna operación Cataluña y creo que es también una ficción, la única operación Cataluña fue un intento de golpe de Estado".

"¿Nadie le habló nunca de que había actuaciones policiales sobre dirigentes catalanes?", ha interpelado el diputado de ERC Francesc Álvaro Vidal, a quien Cospedal ha replicado que nunca nadie le habló de esto y que, aunque no era responsable del Ministerio del Interior, no existió una policía paralela.

Otra cosa es lo que pudieran hacer "unos policías en concreto, pero que hubiera una policía paralela con esos fines yo lo niego", ha añadido antes de negar haberse reunido alguna vez con mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil o el CNI para efectuar operaciones relacionadas con Cataluña o el procés. Cospedal ha admitido que se ha reunido entre "seis y ocho veces" con Villarejo "hace mucho tiempo", pero a todas las preguntas relativas a los audios y conversaciones grabadas por el agente de sus reuniones ha respondido con fórmulas similares: del "no recuerdo" esa conversación al "no le doy valor" a esas grabaciones.

"No reconozco la veracidad ni credibilidad de esas conversaciones que están en el audio", ha dicho a preguntas de Junts, de ERC y de EH Bildu, en tanto que en otro momento del interrogatorio ha apuntado que "hay muchas cosas que están publicadas y no tienen por qué ser verdad. La veracidad de unos audios "viene de un juez o no viene", ha defendido.

Respecto a una de esas conversaciones mantenidas con Villarejo y hecha pública este lunes por Rac1 sobre una reunión en 2014 en su despacho de la calle Génova en la que presuntamente traman contra el independentismo, la compareciente se ha limitado a decir nuevamente que desconoce esa conversación y que hace mucho tiempo que no lee las informaciones relativas a estas supuestas grabaciones.

"Me fío más de mi memoria de lo que diga un medio de comunicación, que no sé si eso va a estar manipulada y no tengo por qué darles credibilidad", ha insistido la exdirigente del PP que ha deslizado que no ha existido custodia sobre esas grabaciones y que, por tanto, han podido ser manipuladas. Al término de la comisión el diputado de Junts Josep Pagès ha instado a la mesa de la comisión a poner en conocimiento de la Fiscalía tanto esta última grabación como a la falta de verdad en las respuestas de Cospedal.

Cospedal se ha mostrado más molesta cuando desde las filas de Podemos y Sumar han recordado las condenas al PP y sus calificativos de "organización criminal" o estar financiado ilegalmente. "La afirmación de que el PP ha sido condenado es falsa. Es el partido que más hecho por la democracia", ha replicado a Belarra en tanto que ha animado a la diputada de Sumar Aina Vidal, con quien ha mantenido un tenso rifirrafe, a acudir a los tribunales si de los audios que posee deduce alguna actuación ilegal.

Antes de terminar su comparecencia, Cospedal ha querido hacer uso de su palabra para concluir que no ha oído esta mañana Rac1 ni lo va a hacer y que esta comisión, como han apuntado los portavoces de Junts y Vox, fue creada "por imposición" del partido catalán a cambio de sus siete votos que promovieron junto con ERC "un golpe de Estado".

"Siete votos a cambio de humillar a las fuerzas de seguridad, siete votos a cambio de intentar perpetrar el asalto al poder judicial... siete votos, en fin, que se han pagado con algo que está fuera del comercio y que es el derecho de todos los españoles a decidir lo que quieren que tenga que ser nuestro país", ha concluido.

El cole y la Feria han tenido mal encaje en Albacete toda la vida. Empezar siempre cuesta mucho, y cuesta más si uno está de fiesta. La Feria de Albacete transcurre entre el 7 y el 17 de septiembre. Pero no hay más remedio que arremangarse. Aunque no recuerdo ningún septiembre tan complicado como el del año 11.

Dolores Cospedal acababa de ser elegida presidenta de la Comunidad y tenía tanta prisa por implantar sus recortes que obligó a los centros educativos a rehacer las programaciones con el curso ya empezado, para que los profesores tuvieran que asumir más horas de docencia directa, entre otras medidas que vendió como castigos que los profesionales tenían muy merecidos. Era lo que, en un marco más general, se conoció como austericidio, y demolió la sociedad del bienestar, minó los servicios sociales y creó un desempleo insostenible.

Paradójicamente, al mismo tiempo el PP aprovechaba para autofinanciarse de forma irregular hasta convertirse en una asociación de malhechores, según tres sentencias confirmadas por la Audiencia Nacional. Han pasado trece años. Desde 2015 en Castilla-La Mancha gobierna Emiliano García-Page, el socialista que sustituyó en el mandato a Cospedal.

Page se ha hecho muy popular siendo el presidente regional del PSOE más contestatario. En cuanto su partido adopta una medida polémica, Page se apresta a declarar contra los suyos. La última vez ha sido contra el acuerdo entre el Gobierno y Cataluña para otorgar a esta comunidad una financiación singular. Puede generar agravios y es razonable protestar. Ahora bien, ¿para qué? Porque los ciudadanos queremos que nuestras comunidades estén bien financiadas, pero para que sus gobiernos inviertan en Educación, Sanidad y Dependencia. Un socialismo merecedor de este nombre debería priorizarlas.

Sin embargo, en sus nueve años al frente del gobierno regional, Page no ha encontrado la ocasión de revertir las medidas impuestas por la pepera Cospedal, al menos en lo que atañe a la Educación Pública. La Concertada tiene otro trato, ha sido blindada para los próximos seis años. Es la razón por la que 7.000 profesores castellano-manchegos han empezado el curso con una huelga. Y aseguran que seguirán reivindicando un cambio que debería haberse aplicado al día siguiente de la toma de posesión de Page, hace 9 años.

Por supuesto, la mayoría de los medios de comunicación de Castilla-La Mancha han preferido no hacerse eco de la huelga o esconderla mucho. No en vano, dependen de la publicidad institucional, llena de fotos de un Page más joven y lustroso de lo que realmente es y de anuncios de un mundo idílico que, de existir, existirá muy lejos de esta autonomía compuesta con retales.

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Arturo Tendero es periodista y poeta. Autor de 'El principio del vuelo' (Páramo, 2022) y de 'Viaje a Nemiña y a la Castilla mística' (La Siesta del Lobo, 2022). Estas reseñas y otras más pueden encontrarse en su blog 'El mundanal ruido'.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha reconocido este martes que se reunió con el ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo en cinco o seis ocasiones, al tiempo que ha asegurado que no recuerda que en esos encuentros hablasen del extesorero de la formación Luis Bárcenas o de su abogado, Javier Gómez de Liaño, desmarcándose así de las supuestas presiones a ambos.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como testigo ante el juez que investiga supuestas presiones a Bárcenas y a su letrado, Cospedal ha sostenido que no conocía los motivos por los que había sido llamada a sede judicial.

Después de que le explicasen los motivos que propiciaron su citación, Cospedal ha explicado que no conoce a los investigados y ha apuntado que si se reunió con Villarejo fue porque éste tenía información de personas que querían perjudicar a los populares.

En esos encuentros, que mantuvo en su condición de secretaria general del partido, nunca se habló de la trama Gürtel, una causa que seguía habitualmente a través de las informaciones publicadas en prensa, según ha dicho.

Cabe recordar que, en su declaración como testigo este lunes, Villarejo insinuó que informó a Cospedal sobre la investigación que realizó por unos presuntos pagos del líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov a Gómez de Liaño.

En el marco de su testifical, Cospedal también ha reconocido que se reunió con el abogado Javier Iglesias -que declaró como testigo en esta pieza- en tres o cuatro ocasiones porque este ostentaba la representación del extesorero del PP Álvaro Lapuerta.

En su etapa como secretaria general del PP, Cospedal ha aseverado que también se reunió con el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez por una candidatura del partido. También mantuvo un encuentro con el que fuera director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, aunque no recuerda de qué conversaron.

La exdirigente del PP también ha sido abordada acerca del supuesto 'lobby judicial' al que se hace alusión en una de las grabaciones que constan en la causa y que supuestamente dirigiría un ex abogado del Estado cercano al PP.

Al ser interpelada, Cospedal ha preguntado qué era el lobby judicial y ha dicho que no conocía al que fuera abogado del Estado, alegando que no tenía por qué tener conocimiento del nombre de todos los letrados.

Todo ello en el marco de esta causa en la que el juez del caso Villarejo investiga las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el propio Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama Gürtel.

La presente pieza 36 de la macrocausa Tándem se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado este lunes ante el juez que investiga las presuntas presiones ejercidas sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y sobre el que fuera su abogado Javier Gómez de Liaño que él probablemente informó a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal sobre la investigación que realizó por unos presuntos pagos del líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov a Gómez de Liaño, según informa Europa Press.

Así lo ha explicado él mismo en declaraciones a los medios al término de su comparecencia como testigo por esta pieza 36 del caso Tándem en la que el instructor Manuel García Castellón indaga en esas presiones que habrían tenido por finalidad que no se publicaran informaciones comprometedoras para el PP vinculadas a la trama Gürtel.

El comisario, al que la Audiencia Nacional ya ha condenado tras ser juzgado por tres de los muchos trabajos investigados en la macrocausa, ha explicado que le han preguntado expresamente por los posibles pagos comprometedores que habría recibido el abogado y las "gestiones" que llevó a cabo en 2014 al respecto. Según ha indicado, su trabajo se vio boicoteado porque no pudo visitar a Kalashov en prisión.

Esta pieza se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador o intermediario que tenía conexión con Kalashov.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según rezaba el auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.

A raíz de dichos audios, el juzgado de Marbella ofició a la Policía para que emitiera un informe e identificara a los tres interlocutores en los cuatro archivos de audio remitidos a la dirección de mail de Gómez de Liaño, tratándose de José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Días Moro.

En ese informe policial se ponía de manifiesto información relativa a Halit Sahitaj, en cuya vivienda se encontraron los audios, "concretada en anotaciones realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo relativas a supuestos pagos recibidos por Gómez de Liaño que podrían resultar comprometedores --a los cuales, además se hace referencia en los cuatro archivos de audio a fin de utilizarlos como elementos de presión--".

"Asimismo, se pusieron de manifiesto gestiones realizadas en 2014 por el propio José Manuel Villarejo con Halit Sahitaj para obtener información sobre dichos supuestos pagos", recogía la Sala, que apuntaba que esas gestiones habrían sido referidas también por el comisario al ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez --imputado en Kitchen--.

Este lunes el comisario ha señalado, al ser preguntado sobre si informó de ese encuentro con Sahitaj al entonces 'número dos' de Interior, que él "siempre daba cuentas a las altas autoridades del Ministerio del Interior y del CNI". "Era mi función, era un torpe que creía en el Estado de Derecho", ha comentado para luego explicar que su función era la de "aportar información de inteligencia que luego podía acabar siendo judicializada.

Si bien en un principio ha acotado esa transmisión de información con Interior, tras recordarle que en anotaciones de sus agendas aparecía el nombre de Kalashov junto recordatorios de citas con Cospedal, ha explicado que con ella también mantenía intercambio de información en encuentros "sociales y entrañables" y que "probablemente en algún momento ella preguntó por ello porque tenía muy buena relación con Francisco Martínez y con el ministro --Jorge Fernández Díaz--".

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que otro de los interrogados este lunes, el abogado José Aliste, que comparecía como investigado, se ha negado a declarar en un principio sobre el asunto, si bien posteriormente sí ha respondido al fiscal. No obstante, las fuentes consultadas han explicado que esa declaración ni la del abogado Óscar Jiménez de la Rubia han sido de utilidad.

Sobre la declaración de Villarejo, han subrayado que les ha llamado la atención que haya sostenido que entró a investigar esos pagos a Gómez de Liaño porque Bárcenas tenía o podía tener información delicada de la Casa Real y de Estado.

Cabe recordar que Gómez de Liaño declaró a finales del pasado mes de mayo que supuestos agentes del CNI trataron de sobornar a una de las secretarias de su despacho para que les filtrara documentación e información de la defensa de Bárcenas.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño tomará declaración testifical el próximo 28 de noviembre a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal después de que la Sala de lo Penal corrigiera su decisión previa de no interrogarla, según confirman a Europa Press fuentes jurídicas. Además de a la exministra, el juez cita para ese mismo día también en calidad de testigo al comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado en la causa Tándem.

Estas citaciones se producen tras conocerse el auto, recogido por Europa Press, de la Sala de lo Penal que estimaba el recurso presentado por el abogado y exjuez Gómez de Liaño contra la decisión del magistrado del pasado mes de junio, cuando rechazó citar a Cospedal y Villarejo al considerarles únicamente como "testigos de referencia" y no apreciar la "necesidad y utilidad" de su interrogatorio.

La Sala corregía al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 y le emplazaba a escuchar a ambos en sede judicial señalando que el hecho de "que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca" en una posición de referencia si, "como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados".

En este punto, los magistrados se referían a la decisión del juez que, en la resolución por la que rechazó llamar a Cospedal y Villarejo, decidió citar al letrado Javier Iglesias. "Al igual que la persona que tampoco participó en las conversaciones y cuya declaración ha sido admitida podrían aportar información relevante acerca de los hechos, lo que convierte a las diligencias denegadas en útiles y necesarias", apostillaba la Sala.

Además de la citación de sendos testigos, los magistrados también emplazaban al instructor a que tomara declaración a los abogados José Aliste y a Óscar Jiménez de la Rubia. El juez les cita para el 27 de noviembre, al primero como investigado y al segundo como testigo.

Todo ello en el marco de esta causa en la que el juez del caso Villarejo investiga las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el propio Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama 'Gürtel'.

La presente pieza 36 de la macrocausa Tándem se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.

La Audiencia Nacional ha corregido al juez que investiga las supuestas presiones al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y a su exabogado Javier Gómez de Liaño y le ha instado a tomar declaración a la exministra y ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y al comisario jubilado José Manuel Villarejo como testigos.

En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal estima el recurso presentado por Gómez de Liaño contra la decisión del magistrado del pasado mes de junio, cuando rechazó citar a Cospedal y Villarejo al considerarles únicamente como "testigos de referencia" y no apreciar la "necesidad y utilidad" de su interrogatorio.

Ahora, la Sala corrige al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 y le emplaza a escuchar a ambos en sede judicial señalando que el hecho de "que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca" en una posición de referencia si, "como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados".

En este punto, los magistrados se refieren a la decisión del juez que, en la resolución por la que rechazó llamar a Cospedal y Villarejo, decidió citar al letrado Javier Iglesias. "Al igual que la persona que tampoco participó en las conversaciones y cuya declaración ha sido admitida podrían aportar información relevante acerca de los hechos, lo que convierte a las diligencias denegadas en útiles y necesarias", apostilla la Sala.

Además de la citación de sendos testigos, los magistrados también emplazan al instructor a que tome declaración a los abogados José Aliste y a Óscar Jiménez de la Rubia.

Todo ello en el marco de esta causa en la que el juez del caso Villarejo investiga las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el propio Gómez de Liaño para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama Gürtel.

La presente pieza 36 de la macrocausa Tándem se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov.

A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel,Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado apoyan que se reabra la investigación sobre la operación Kitchen y que se inste al juez instructor del caso Villarejo a indagar en el supuesto papel que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal habría jugado en el espionaje al extesorero conservador Luis Bárcenas, según ha informado Europa Press.

En un escrito del pasado 30 de diciembre los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas piden a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que estime el recurso de apelación interpuesto por el PSOE. En el mismo, la formación solicita que se inste al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, a que siga investigando.

El Ministerio Público solicita que se dejen sin efecto las resoluciones por las que el instructor rechazó seguir indagando en estos hechos. Además, Anticorrupción pide la "formación de una pieza separada bis que tenga por objeto investigar si en la planificación y ejecución por parte de la cúpula policial y de los máximos responsables del Ministerio del Interior intervinieron además miembros relevantes del Partido Popular, por entonces en el Gobierno de la nación, y, en concreto su secretaria general María Dolores de Cospedal.

Adicionalmente, los fiscales instan a que se prorrogue el plazo de instrucción por tiempo de seis meses y que se realicen las pruebas periciales necesarias para certificar el "reconocimiento de voz y la identificación de los participantes" en las últimas conversaciones aportadas a la causa.

En su recurso, el PSOE señalaba que "si antes, sin el conocimiento de los nuevos audios, podía entenderse que no quedaba acreditado que las reuniones fueran de contenido meramente social o relativas a la operación Kitchen, los audios aportados y cuya incorporación se solicita, despejan cualquier tipo de duda sobre su relación con la operación y por tanto la participación" de Cospedal.

En esos audios, publicados por El País, Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del extesorero estuvieran en poder de periodistas.

El partido liderado por Pedro Sánchez acudió ante la Sala de lo Penal después de que el juez García Castellón rechazase el pasado 30 de noviembre su petición de investigar a Cospedal y de continuar con las pesquisas. En ese auto, el magistrado advertía a la formación que cualquier finalidad "proto-procesal" que tuviese como partido no tenía cabida en el procedimiento.

En este contexto, Anticorrupción no solo apoya el recurso del PSOE, sino que también se alinea con el formulado por Podemos. En un escrito del pasado 24 de enero, recogido por Europa Press, la Fiscalía también solicita la revocación del auto recurrido por los 'morados', por el que el juez descartaba reabrir Kitchen.

La Abogacía del Estado, por su parte, "no se opone" a la petición de los socialistas al considerar que va dirigida a "agotar las vías de investigación propias de la instrucción respecto de indicios desconocidos en el momento de acordarse el sobreseimiento provisional de varios investigados".

En un escrito del pasado 7 de octubre, la abogada del Estado Rosa María Seoane advierte que "negar dicha investigación por considerar que no hay hechos nuevos, precisamente por no practicar las diligencias interesadas, supone una suerte de suplantación por el órgano instructor de las funciones del órgano que debería juzgar y resolver sobre la tipicidad de los hechos indiciariamente acreditados y la participación de quienes en ellos han intervenido o los han conocido".

Y es que, apuntan los servicios jurídicos del Estado, "lo que se solicita es dejar sin efecto" el sobreseimiento provisional acordado por el juez "practicándose en fase instructora las diligencias de investigación necesarias para confirmar si tales audios que pudieran revelar información relevante sobre dicho conocimiento o participación son auténticos".

"Y, en tal caso, si esa nueva información sobre los mismos hechos, constituye indicios concretos y plausibles a los efectos de realizar un juicio de inferencia razonable respecto de la participación de quienes fueron sobreseídos", añade el escrito.

Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal ratificó la decisión del juez de dar por finalizada la investigación de Kitchen al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas. Sin embargo, fue la aparición de los mencionados audios lo que hizo que las acusaciones tratasen de reactivar la pieza para indagar en los mismos.

La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal ha asegurado al juez del caso Villarejo que existe una "imposibilidad manifiesta" de verificar y corroborar la "autenticidad e integridad" de los últimos audios en los que conversaba con el comisario jubilado sobre el supuesto espionaje al extesorero de la formación Luis Bárcenas, según informa Europa Press.

En un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de la exministra incide en que no se puede comprobar si esos archivos son fiables en tanto que "no se dispone de las grabaciones originales". "Incluso aunque se requiriese a los medios digitales su aportación al procedimiento, resulta palmario que éstos no disponen de las fuentes originales de las grabaciones", sostiene.

En concreto, en esos audios publicados por El País Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación porque los papeles del extesorero estuvieran en poder de periodistas.

El abogado de Cospedal sostiene que, aunque esas conversaciones "fueran verificables", se trata de audios "irrelevantes". "No solo porque son completamente ajenos al objeto de la presente pieza separada, sino porque no aportan ningún hecho nuevo no conocido por ese Juzgado a la hora de decretar el sobreseimiento provisional de mi representada, que ha sido confirmado por la Sala", aduce.

Es por eso que el letrado de la otrora secretaria general de los conservadores se opone al recurso presentado por el PSOE, que pidió al instructor que investigase a Cospedal por la operación Kitchen al considerar que exigía "información" y daba "directrices" de qué se debía hacer, participando "directamente" en el espionaje a Bárcenas.

Los socialistas presentaron ese escrito después de que el instructor rechazase el pasado 13 de septiembre la petición de PSOE y Podemos, a las que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción, para reabrir 'Kitchen' en base a los nuevos audios. En concreto, solicitaron que imputase a la exministra por las conversaciones que habría mantenido con Villarejo.

"La práctica totalidad de los cortes de audio aportados por el PSOE no guarda absolutamente ninguna relación, ni con el objeto de la presente pieza separada, ni con mi representada la señora Cospedal", insiste su representación, que asegura que "lo que se infiere" de esos extractos, de ser ciertos, es una "crítica" de la exdirigente hacia los medios de comunicación.

En concreto, explica, "ante la posible publicación de determinados hechos falsos, sin pruebas, causando con ello un grave daño al partido". "Haría un comentario genérico respecto de que 'sería mejor poderlo parar'. Es decir, que sería mejor poder parar la publicación en estos medios de comunicación de estos hechos falsos e injustificados", afirma.

Se trata de hechos, continúa, que solo corroboran que "que mantuvo conversaciones con el señor Villarejo con el exclusivo objeto de hablar de noticias de prensa (al igual que su marido Ignacio López de Hierro, de quien origina la relación con el Sr. Villarejo), y ello por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación".

En su escrito, el abogado de Cospedal insiste en que esos audios no pueden ser "considerados como hechos nuevos a los efectos de reabrir la instrucción". "En el hipotético supuesto de ser ciertos (lo que no reconocemos), no se aprecia en ellos absolutamente ningún indicio de criminalidad que pueda justificar, siquiera mínimamente, una eventual revocación del sobreseimiento provisional firme", repite, cargando contra los "intereses espurios" de la acusación popular ejercida por los socialistas.

La Fiscalía Anticorrupción se ha posicionado a favor de investigar los últimos audios conocidos sobre las conversaciones entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en relación con la conocida como Operación Kitchen, sobre el presunto espionaje al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, así lo plantea Anticorrupción en un escrito donde responde al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, después de que el magistrado diera traslado al Ministerio Fiscal de un escrito presentado por el PSOE en ese sentido "para que con su conocimiento manifieste lo que a su derecho convenga".

Las fuentes explican que estas conversaciones grabadas no podrán investigarse en la pieza separada destinada a Kitchen, dado que quedó definitivamente cerrada cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) rechazó los numerosos recursos -incluidos los de Anticorrupción y el PSOE- que reclamaban reabrir esta línea de investigación para profundizar en la llamada trama política.

En este marco procesal, aún no está claro cómo podrían investigarse estos audios, si bien las fuentes indican que una opción sería sumar una nueva pieza separada a la macrocausa sobre el comisario jubilado, Tándem, formada ya por más de una treintena.

La acusación socialista alegó en su escrito que "resulta no ya aconsejable sino absolutamente preciso" reabrir una instrucción que acabó el pasado 29 de julio, dados "los nuevos datos hechos públicos y desconocidos hasta la fecha".

El PSOE se refería a los audios publicados por El País, en los que Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.

Para la acusación popular del PSOE, las grabaciones publicadas ponen de manifiesto la participación de la ex dirigente en Kitchen, por lo que entiende que, "si los indicios no eran suficientes", ahora "se abre la posibilidad (...) de investigar los audios, comprobar su veracidad y, en función de lo que se descubra, procesar o limpiar el nombre de la señora Cospedal".

Cospedal estuvo imputada unos dos meses porque entonces el instructor sospechaba que ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, podrían haber tenido una intervención directa en la captación de Sergio Ríos, antiguo chófer de los Bárcenas, como espía de la Kitchen, pero al finalizar las pesquisas dejó a ambos fuera de la causa al considerar que no había indicios suficientes en su contra.

En la misma línea, Podemos pidió a García Castellón que incorporara a Kitchen los audios de las conversaciones entre Villarejo y Cospedal al estimar que ésta podría no solo haber conocido sino participado en las presuntas maniobras para "fabricar" pruebas contra el partido y sus líderes.

En su caso, la formación morada se refería a un audio difundido el pasado 7 de julio por El País que refleja una charla que Villarejo y Cospedal habrían tenido el 5 de mayo de 2017 en relación al denominado Informe PISA, donde el comisario ofrece "un tema de la hostia contra Podemos" a la entonces ministra de Defensa y ésta responde que lo quiere porque "es una bomba".

Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal respaldó la decisión de García Castellón de dar por finalizada la investigación de Kitchen denegando las peticiones de reapertura encaminadas a determinar si la orden de espiar a Bárcenas partió del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, o llegó desde más arriba.

Los magistrados confirmaron de esta forma el auto donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluyó que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de 'Kitchen'. También están procesados el ex secretario de Estado Francisco Martínez; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; Villarejo y los también ex mandos policiales Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y Ríos.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón una "explicación convincente" de por qué se desimputó a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a raíz de los nuevos audios publicados con el excomisario José Manuel Villarejo, según informa Europa Press.

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación para informar del escrito cursado por Podemos para incorporar estas nuevas conversaciones a la causa, al considerar que esta podría no solo haber conocido sino participado en las presuntas maniobras para "fabricar" pruebas contra el partido y sus líderes.

Para el partido político, estos audios "tienen una evidente relevancia en cuanto a la posible participación y conocimiento de los hechos investigados en la presente causa de María Dolores de Cospedal", que estuvo imputada por el presunto espionaje a Bárcenas pero finalmente quedó fuera de la lista de once procesados que encabeza el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

Echenique ha cuestionado cómo es posible que esos audios incautados por la Policía no se incorporaron a la causa abierta por la Audiencia Nacional, cuando el magistrado además permitió que Cospedal "se fuera de rositas" al "desimputarla".

Por tanto, ha exigido una aclaración a la decisión judicial del archivo de la investigación sobre la exnúmero dos del PP porque no hace falta ser "policía ni juez" para ver que estaba conspirando con un "mafioso" al que pedía "pruebas falsas" para intentar "destruir" a Podemos. "Es gravísimo", ha enfatizado el parlamentario que el hecho de no incluir estas grabaciones, que tienen evidente interés judicial, "pinta muy mal".

Mientras, la secretaria e Acción Institucional de la formación morada, María Teresa Pérez, ha insistido en la línea de su compañero y ha acusado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que normalice "tener relaciones con mafiosos" al no condenar ni pedir perdón por la actitud de Cospedal.

El excomisario José Manuel Villarejo y la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han vuelto a ser protagonistas este jueves de nuevos audios desvelados por El País. En ellos se ha vuelto a hacer patente la existencia de informes falsos para dañar al "hijo de puta" del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, tal y como lo califican ambos.

El periódico ha revelado parte de una conversación que mantuvieron el 5 de mayo de 2017 y en la que resumieron la “manera de hacer” campaña contra la formación morada mientras que Jorge Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio del Interior. En el audio, ambos reconocen que el informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) —un documento creado por la policía patriótica que se filtró a la prensa y que tenía como objetivo hacer creer que el dirigente de Podemos recibía dinero ilegal de la dictadura iraní— era “basura”.

El comisario también explica en la conversación a Cospedal que la operación policial para acusar a Iglesias de haber sido financiado por el régimen venezolano a través de una cuenta bancaria en Islas Granadinas resultó un fracaso. 

Villarejo afirma también que en el año 2014 tenía “un segundo tema de la hostia” proviniente de “un coronel del servicio secreto venezolano” con “unas actas donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y con los de Podemos” en Venezuela. Esto a la exministra de Defensa le parece “una bomba”.

“Esa bomba, cuando yo se lo dije a esta gente, Paco [Martínez, en ese momento número dos del Ministerio del Interior] se cagó. Paco, pobrecico, buena gente y tal…”, le dice Villarejo. “Pero yo eso sí lo quiero”, asegura Cospedal.

En este diálogo, que no ha sido tenido en cuenta para ninguna causa judicial, ambos insultan al dirigente de Podemos: “El Coletas es un hijo de puta”, afirma el comisario, a lo que ella responde que es “un hijo de puta en toda regla”.

A pesar de todas las acusaciones que hace Villarejo, nunca llegó a aportar pruebas de ello, ni siquiera ha habido una investigación judicial que acredite lo dicho contra Podemos. 

El PSOE ha solicitado a la Audiencia Nacional la reapertura de la investigación sobre la Operación Kitchen al considerar que las últimas conversaciones conocidas entre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo suponen un hecho nuevo sobre el que debe profundizarse para agotar las pesquisas sobre el presunto espionaje al antiguo tesorero conservador Luis Bárcenas.

En un escrito de este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación popular ejercida por el PSOE insta al Juzgado Central de Instrucción Número 6 a retomar las indagaciones, que finalizaron el 29 de julio, aduciendo que "resulta no ya aconsejable sino absolutamente preciso (...) reabrir la instrucción e investigar los nuevos datos hechos públicos y desconocidos hasta la fecha". El PSOE se refiere a los audios publicados esta última semana por El País, en los que Cospedal pedía a Villarejo, en una conversación de enero de 2013, "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.

Para el PSOE, las grabaciones publicadas "ponen de manifiesto la participación de Cospedal en la denominada Operación Kitchen", por lo que entiende que, "si los indicios no eran suficientes", ahora "se abre la posibilidad (...) de investigar los audios, comprobar su veracidad y, en función de lo que se descubra, procesar o limpiar el nombre de la señora Cospedal, pues los audios no la dejan precisamente en buena situación ni ante la ley ni ante la opinión pública".

En este sentido, enfatiza que las citadas charlas evidenciarían que Cospedal "estaba al tanto y hacía seguimiento y también daba órdenes sobre los principales objetivos para desbaratar la acción de la Justicia contra la trama Gürtel, y más específicamente en lo que a ella le afectaba y en general al Partido Popular y sus dirigentes". Es más, en su opinión, "las conversaciones publicadas ponen claramente de manifiesto que Villarejo, siguiendo órdenes de entre otros Cospedal, desarrolló una intensa actividad durante el mes de enero de 2013 en relación con Gürtel, en al menos dos direcciones".

Por un lado, relata el PSOE, "dentro del propio Ministerio de Interior, intentando conseguir información sobre cómo avanza la investigación de la policía judicial e intentando presionar para modificar los informes de la UDEF". Y, por otro, continúa, "con los medios de comunicación y sus periodistas de confianza", para "intentar obtener información sobre los documentos que tienen" e "impedir que publiquen los nombres de dirigentes del Partido Popular que cobraron sobresueldos".

La acusación socialista estima que lo reflejado en dichas conversaciones "contradice abiertamente" los argumentos utilizados por la Sala de lo Penal no solo para ratificar el final de la instrucción de Kitchen, sino también el archivo de la causa para Cospedal, que estuvo imputada apenas dos meses.

El PSOE extrae de estos audios que Cospedal era al menos "conocedora de las prácticas ilegales que desarrollaba el comisario Villarejo" para presionar al inspector principal de la Gürtel, Manuel Morocho. Y, siendo abogada del Estado -razona-, "no podía desconocer la obligación de denunciar tan graves delitos que afectan a la credibilidad y profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Con todo, insiste en que no es posible limitar la Operación Kitchen al Ministerio de Interior, como ha establecido la investigación judicial, puesto que "Cospedal no ostentaba ningún cargo en ese ministerio en el momento de producirse los hechos". Así, incide igualmente en que Kitchen, "cual mancha de aceite, se extiende al Partido Popular en la persona de su secretaria general, salvo que ulteriores investigaciones pongan de manifiesto que el interés de Cospedal era puramente personal, pues constaba al menos entre los receptores de sobresueldos".

La acusación socialista argumenta además que el contenido de las conversaciones publicadas y los apuntes de Villarejo en sus agendas personales coinciden, lo que cree que "daría visos de credibilidad a los audios reproducidos", dando "base más que suficiente" para retomar las indagaciones judiciales sobre esta pieza separada número 7 de Tándem. El PSOE subraya que, al margen de las cuestiones referidas a Kitchen, también observa relación entre los apuntes de Villarejo y las conversaciones grabadas sobre la "cuestión catalana" y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. "Todo concuerda. Es decir, tiene visos de realidad", afirma.

A este respecto, esgrime que, "dado que los cuadernos más que citas parecen apuntes sobre conversaciones mantenidas, se hace necesario disponer de las grabaciones para poder comprobar si cubren los huecos no anotados o anotados solo parcialmente en los cuadernos" del comisario. Asimismo, el PSOE ha querido poner de manifiesto que ha llegado a esta conclusión, a pesar de que el acceso a las agendas de Villarejo, que solo se han podido consultar físicamente en la Audiencia Nacional, "ha sido parcial y complicado (por no decir medieval, como amanuenses), y aunque no sea posible en muchos casos ni señalar el punto concreto de las mismas donde se reflejan las conversaciones reproducidas".

A pesar de estas últimas revelaciones, la Audiencia Nacional no ve de momento sustento suficiente para retomar la investigación sobre el supuesto espionaje a Bárcenas, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal respaldó la decisión del juez Manuel García Castellón de dar por finalizada la investigación de Kitchen al rechazar todas las peticiones, incluidas las del PSOE y la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en las pesquisas con el objetivo de determinar si la orden de espiar al extesorero partió del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz o llegó desde más arriba.

Los magistrados confirmaron de esta forma el auto donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluyó que el supuesto espionaje a Bárcenas y su entorno, que se habría puesto en marcha entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior para robarle la información sensible que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes, existió y tuvo éxito.

Procesó por ello a un total de once personas, situando a Fernández Díaz como el máximo responsable de Kitchen. La Sala avaló los indicios en los que se basaba su imputación, recordando que fundamentalmente son las declaraciones del que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez, y los mensajes que se intercambiaron.

Los magistrados entendían que la explicación que dio Fernández Díaz sobre su conducta, así como la valoración del informe pericial que aportó para desvirtuar dichos mensajes, debería estudiarse en el juicio. De momento, "la apariencia delictiva de los hechos imputados impide acordar el sobreseimiento interesado", zanjaban. Además de Fernández Díaz y Martínez, la Sala selló el procesamiento del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; de los ex mandos policiales José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y del ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos.

Los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo sacuden otra vez a un PP que no es capaz de deshacerse de la alargada sombra de corrupción que le persigue desde hace más de una década. Las nuevas grabaciones, desveladas por el diario El País, afectan por el momento a dos pesos pesados de la formación conservadora: la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Y guardan relación con la caja B del partido y la famosa fuga en coche de la exbaronesa conservadora en la capital. Varios audios inéditos que, aunque datan de la década pasada, desvelan diversas falsedades en las declaraciones que ambas dirigentes conservadoras hicieron en su día ante la justicia. Grabaciones con las que el PSOE pretende solicitar la reapertura del caso Kitchen y la imputación de la ex número dos del PP, que por el momento se ha librado del banquillo.

En la última década, Cospedal ha prestado declaración en más de una ocasión en las causas judiciales que han sacudido los cimientos de la formación conservadora. Una de las comparecencias, que tuvo un enorme seguimiento mediático, se produjo en pleno verano de 2013. Era 14 de agosto. Y la entonces secretaria general del PP declaraba en el marco del denominado caso Bárcenas. Entonces, fue como testigo. Y estuvo respondiendo a las preguntas del juez y los letrados de las acusaciones y las defensas durante algo más de dos horas. Una comparecencia que le sirvió para negar la existencia de una contabilidad B en el partido y para responsabilizar a los diferentes tesoreros de la gestión de los fondos de la formación conservadora.

En los primeros compases del interrogatorio, el juez Pablo Ruz intentó conocer si la número dos del PP había tenido conocimiento en algún momento de la existencia de cuentas paralelas en el partido político. Algo que ella negó tajantemente:

–¿Durante su etapa como secretaria general del partido usted tuvo en algún momento conocimiento de que por parte de los Sres. Bárcenas y Lapuerta se llevaran o se redactaran documentos que reflejaran algún tipo de contabilidad paralela en el Partido Popular, contabilidad al margen de la oficial, con registro de ingresos y salidas en efectivo?

–No, jamás. También tengo que precisar que en mi etapa de secretaria general, el señor Lapuerta ya no era tesorero. Ya no era tesorero, pero no he tenido conocimiento ni en mi etapa de secretaria general solo por el antiguo gerente o tesorero, Luis Bárcenas, ni por el señor Lapuerta, no.

Estas declaraciones contrastan con lo que se desprende de la conversación mantenida con el comisario jubilado José Manuel Villarejo medio año antes. En concreto, el 20 de enero de 2013, dos días después de que El Mundo desvelase que Bárcenas había pagado sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP. "Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?", preguntaba Cospedal al policía, al tiempo que decía que era algo que el periodista Eduardo Inda iba "contando". "A mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado", le responde Villarejo. En aquel momento, la existencia de los papeles de Bárcenas ni siquiera había trascendido públicamente.

A ojos de Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de falso testimonio. "El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses tener encaje en un delito de falso", se recoge en el artículo 458 del Código Penal. El problema es que, en opinión de Cancio, este delito ya "estaría prescrito".

Cospedal habló hace un año del comisario jubilado ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el marco del conocido como caso Kitchen, centrado en el espionaje parapolicial a Bárcenas. Era junio de 2021. Entonces, acudía a la cita como investigada. Su nombre aparecía en las agendas de Villarejo: "Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L.Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla". Pero no solo eso. Sobre la mesa había también una grabación de un encuentro, celebrado en el verano de 2009 en la sede nacional del PP, en el que la número dos del partido hablaba de encargar "trabajos puntuales" para la formación y prometía al comisario jubilado "discreción".

En aquella declaración, García-Castellón trató de incidir en el contenido de las conversaciones mantenidas con Villarejo. "Hablábamos de la actualidad en general, de las noticias que aparecían en la prensa, sobre todo, relacionadas, obviamente, con el PP", trató de explicar Cospedal. Esto es algo en lo que insistió mucho la ex secretaria general de los conservadores, que trató de quitar relevancia a sus charlas con el comisario jubilado. "Yo no recuerdo que me diera ninguna noticia que yo no supiera".

Pero lo cierto es que los nuevos audios evidencian que las conversaciones iban mucho más allá del simple comentario sobre la actualidad política del día. Cuando hablaban de la "libretita", todavía quedaban once días para que el diario El País desvelase la existencia de los famosos papeles de Bárcenas, con copia de los mismos entre sus páginas. Sin embargo, no fue la única conversación sobre asuntos que todavía no habían trascendido a los medios. En abril de ese mismo año, por ejemplo, charlaron sobre los informes policiales que se estaban elaborando en el marco de la investigación judicial abierta tras la publicación de los documentos.

"A mí me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez", le dice Cospedal a Villarejo. Una conversación en la que el comisario jubilado da algún detalle sobre el contenido de los trabajos que se estaban realizando. "En el informe iba hasta el nombre del presidente [del Gobierno], no sé si lo sabes", le dice el viejo agente. "No", responde Cospedal. "Iba hasta el nombre del presidente del Gobierno, iba toda la lista reproducida de El País por no sé qué, por no sé cuánto, unas conclusiones de estas, de esta gente", continúa explicando el comisario.

En su declaración ante el juez, la ex secretaria general del PP trató de restar importancia a la información que le trasladaba el comisario. "Él presumía de saber muchas cosas, pero en fin, no había nada que yo ya no supiera", dijo Cospedal, quien trató de enmarcar sus conversaciones dentro del ámbito "social". Sin embargo, en aquellas charlas se llegó a desvelar la existencia de presiones para intentar que los investigadores policiales redactaran los informes que afectaban al PP de una determinada manera. Y se comentó cuál podía ser la solución más oportuna para deshacerse de agentes incómodos que formaran parte del equipo que se encargaba de elaborar dichos documentos, al frente del cual se encontraba el inspector Manuel Morocho.

Así, el comisario jubilado cuenta a Cospedal que se fue a cenar "con el Morocho de los cojones" y con quien fuera comisario jefe de la UDEF, José Luis Olivera. "Luego se quedó a solas José Luis con este hombre, comiéndole el tarro", explicaba Villarejo en relación a lo primero. Y sobre la fórmula para quitarse de en medio a determinados agentes, dice que había una "oportunidad tremenda" ascendiendo "a dos del grupo de este tío, que son los que hacen todos los informes, y son tres años fuera". El problema es que suspendieron el ascenso, que Villarejo define como "una forma sutil de no largar a un tío". "Totalmente", responde Cospedal.

La ex número dos conservadora no es el único peso pesado del PP que aparece en los nuevos audios del comisario jubilado. También está la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. En su caso, la conversación se produjo en septiembre de 2014. Parte de la charla giró, fundamentalmente, alrededor del incidente que tuvo con dos agentes de movilidad de la Policía Municipal cuando, al intentar multarla, arrancó su vehículo y emprendió la marcha hacia su domicilio. En el asunto se terminó metiendo la asociación Transparencia y Justicia, que capitaneaba Villarejo. "Mira, Pepe, la clave para mí es que Transparencia y Justicia no pida... ¿Cómo se llama?", señala Aguirre. "Diligencias", dice otro de los interlocutores. "Diligencias, esa es la clave", confirma la expresidenta.

En aquella reunión, el comisario jubilado también habló con Aguirre sobre algunos de los políticos que formaron parte de su Gobierno. Entre ellos, Ignacio González, el exvicepresidente Alfredo Prada o Francisco Granados. "El Prada era un choricete...", dice en un momento dado Villarejo. Es algo que no niega la expresidenta madrileña. "Ese sí, por eso lo eché. Granados también, por eso lo eché", dijo. Esto contrasta con lo que afirmó en su declaración como investigada en el caso Púnica cuando la fiscal le preguntó por los motivos que la llevaron a cesar como consejero a Francisco Granados. "Había perdido en él la confianza política. Yo iba a dar una noticia de que iba a acabar con todos los liberados sindicales (...). Y cuando era lo único que podía anunciar en un momento de crisis (...) me lo encuentro en el periódico. (...) En el Gobierno filtradores yo no quería".

El juez Manuel García-Castellón zanjó la investigación de Kitchen en verano del año pasado. En su auto de procedimiento abreviado, y en contra del criterio de Fiscalía y acusaciones populares, dejó fuera del banquillo de los acusados tanto a Cospedal como a su marido, centrando el tiro exclusivamente en la cúpula de Interior. Ahora, con los nuevos audios sobre la mesa, el PSOE estudia volver a pedir la reapertura del caso y la imputación de la ex secretaria general de los conservadores. "Se puede hacer si surgen nuevos indicios de delito. Habría que ver, por tanto, si hay nuevos elementos probatorios y si estos son distintos a los que ya fueron en su momento analizados por el instructor", explica a este diario el magistrado Joaquim Bosch, quien, no obstante, avisa también de que habría que verificar la vía de obtención de esas pruebas y la "autenticidad" de las mismas.

Más allá de esa posibilidad, las fuentes jurídicas consultadas sostienen que de los audios se extraen hechos que podrían tener encaje en diferentes "figuras delictivas". Dejan caer la revelación de secretos, el encubrimiento o una posible obstrucción a la justicia. "Como mínimo, en lo que respecta a Cospedal, la omisión del deber de perseguir delitos", desliza Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Se refiere, en concreto, al 408 del Código Penal: "La entidad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables". Al fin y al cabo, el comisario habló con esta abogada del Estado de documentos que ni siquiera se habían enviado al juez o de presiones a investigadores en la causa.

"Todo esto al margen de que haya más hechos que revelen que estaba en el ajo durante la ejecución de las conductas de Villarejo, lo que la colocaría en una posible posición de cooperadora o inductora", concluye Cancio.

En 2013, cuando María Dolores de Cospedal pedía ayuda al entonces comisario de Policía José Manuel Villarejo para neutralizar a Luis Bárcenas y tapar el escándalo de los sobresueldos en el PP, Alberto Núñez Feijóo llevaba cuatro años al frente de la Xunta y siete en la presidencia del partido en Galicia. 

El dirigente gallego, que en aquellos días estaba muy ocupado intentando acallar sus propios escándalos —el diario El País había publicado pruebas gráficas de su larga amistad con el contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado—, era en 2013 cualquier cosa menos un cargo de segundo nivel dentro de la estructura de poder del PP. Pero eso no le ha impedido ahora, ya como líder de la organización y máximo responsable del comportamiento de sus miembros, desde los altos cargos hasta los militantes, tratar de desmarcarse de aquellos hechos restándoles importancia con el argumento de que se trata de “grabaciones de hace una década”.

Para Feijóo no hay en este asunto otra medida que lo que digan los jueces. Da igual que en las grabaciones la entonces secretaria general del PP, con la que él mantuvo pública afinidad política, pronuncie frases y haga afirmaciones que comprometen gravemente su comportamiento. Mientras no haya reproche judicial, él no tiene nada que decir. 

“Nuestro partido es absolutamente respetuoso con el Estado de Derecho, respetuoso con cualquier investigación judicial y respetuoso con las decisiones judiciales”. Y nada más. A menos, claro está, que las acusaciones afecten a otros partidos.

El nuevo presidente del PP, que este martes estaba de visita en Ceuta, se estrenó hablando de corrupción en su partido sin ni siquiera tratar de marcar la misma distancia con la que amagó su antecesor. Cuando salió a la luz el Caso Kitchen, en septiembre 2020, y salpicó directamente al exministro Jorge Fernández Díaz e indirectamente a Cospedal y al expresidente Mariano Rajoy, Pablo Casado anunció que sería intransigente con las malas prácticas: “Caerá quien tenga que caer”, enfatizó.

Entonces Feijóo fue tibio en sus declaraciones, como acostumbra, salvo para hablar de Rajoy, sobre cuya “honorabilidad” afirmó no tener ninguna duda. “Estoy a favor de que se investigue todo y a todos”, afirmó cuando le preguntaron por Fernández Díaz y Cospedal.

Pocos meses después, en junio de 2021, sí se mojó. En un acto de partido y en respuesta a las preguntas de los periodistas, se mostró “convencido” de que las cosas se aclararían y de que Cospedal “es una persona limpia”.

Lo cierto es que la sintonía política entre Feijóo y Cospedal es bien conocida y viene de lejos. La exsecretaria general del partido no confirmó su candidatura a las primarias que decidieron la sucesión de Rajoy hasta que el presidente de la Xunta anunció que no se presentaría. Y el propio Feijóo, aunque oficialmente no apoyó a ninguno de los aspirantes —la terna de favoritos se completaba con Pablo Casado y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría— apenas disimuló sus preferencias durante las dos visitas que, durante la campaña, realizó Cospedal a Galicia en el verano de 2018.

Son elogios que hoy, sabiendo el valor que Feijóo otorga a determinados perfiles, resultan muy reveladores. En Ourense destacó la experiencia de Cospedal, expresidenta de Castilla-La Mancha, exministra de Defensa, ex secretaria de Estado de Seguridad y exsecretaria general del PP. “No viene a aprender a gobernar”, alabó el entonces presidente de la Xunta, porque “ha gobernado ya, sabe ganar elecciones” y también “sabe estar en la oposición, algo necesario para tener una carrera política completa”. Exactamente las mismas virtudes que se ha atribuido a sí mismo para presentarse como el líder ideal del PP en estos momentos.

En A Coruña, poco después, repitió sus buenas palabras. Cospedal “no viene aquí a aprender, esta se lo sabe”, tras “servir a España tanto en el Gobierno como en la oposición”. Y subrayó su buena opinión sobre el eslogan de campaña de la exministra —“El partido, primero”—, tan “claro y diáfano”, según él, como el suyo en las autonómicas de 2016. “Si este eslogan es votado por la mayoría, hay que cumplirlo”, advirtió en el mitin de la candidata.

La relevancia de Cospedal dentro del PP está fuera de toda duda. Su presencia al frente del partido, como número dos de Rajoy, se extendió durante una década (2008-2018) y sus cargos en Interior y Defensa le dieron acceso a información sensible en una época en la que las fuerzas de seguridad investigaban las prácticas corruptas de su partido. 

Su peso en el PP fue decisivo hasta en la derrota. En el congreso extraordinario de 2018 fue ella quien inclinó la balanza a favor de Pablo Casado a pesar de que Soraya Sáenz de Santamaría —su máxima rival— gozaba del favor de la mayoría de los militantes. 

La exsecretaria general también optaba a la presidencia del partido, quedó tercera y acabó decidiendo la sucesión y el mandato de casi cuatro años de Casado que concluyó se forma abrupta a finales de febrero cuando todos los barones —con Feijóo a la cabeza— se conjuraron para obligarle a convocar un congreso extraordinario y ceder el mando.

Entre los seguidores de Cospedal que siguen vivos en la dirección del PP destaca un nombre: Cuca Gamarra, que la apoyó en el congreso de 2018, se hizo un hueco en el equipo de Casado y supo sobrevivir a su caída convirtiéndose a su vez en secretaria general del PP con Feijóo ya instalado definitivamente en la calle Génova.

Presente y pasado, Ayuso y Cospedal, coinciden en los titulares de los periódicos. La primera dice sobre la ley que amparará las bajas menstruales: "La única regla que me importa es la regla de tres." A la segunda, le ha sacado El País unos audios de sus conversaciones con el comisario Villarejo, de cuando se movía como pez en el agua por las cloacas del Estado, en los que no se sabe si le da una orden o le hace una sugerencia inquietante: “Lo de la libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar.” ¿Cómo? ¿De qué hablaba? ¿De entrar por una ventana a robar la contabilidad paralela que demostraba la caja b del PP y sus trapicheos contables y electorales? ¿De callarle la boca al tesorero? ¿Cómo? Nada es descartable, si recordamos los ordenadores destruidos a martillazos y a los asaltantes disfrazados de cura con pistola.

La frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid deja claro que a ella no le interesan las personas, sólo los números, y podría añadirse que, especialmente, los ceros a la derecha que van a las cuentas de familia y amigos. La de la antigua ministra, que la corrupción es una pescadilla que se muerde la cola y se alimenta de sí misma, haciendo un monstruo cada vez más fuerte, más temible y que siempre acaba igual: mordiendo la mano que le dio de comer. En un momento determinado, tuvieron dos opciones, el partido o la democracia, y ya se sabe lo que eligieron. Y siguen eligiendo, al mantener, con Feijóo o sin él, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, cuya finalidad es exactamente la misma: tratar de que la Justicia no les eche el guante.

A Ayuso nada más que le interesa la economía, sobre todo la de algunos, pero desde luego que no le interesa la sanidad pública, ni a ella ni al resto de su formación, por eso Andalucía y Madrid son las comunidades que menos invierten en ese terreno. Por eso el Zendal a un lado y los recortes de plantilla y el cierre de ambulatorios y urgencias en el otro. Por eso Moreno Bonilla destinó once millones de euros del Fondo de Emergencia Social y Economía Covid19 a la Radio Televisión Pública de Andalucía, donde hacía un amigo de la casa su programa. Por eso en Madrid el alcalde Almeida ha censurado las palabras de Antonio Resines en defensa de la sanidad pública que hizo durante su pregón de San Isidro. Por eso los comisionistas de las mascarillas, en una y otra administración, el dinero perdido y los aviones fantasma. Por eso, sobre todo, las privatizaciones de hospitales, residencias geriátricas y demás.

Lo llaman privatizaciones como llamaban a un finiquito “indemnización en diferido” o a la emigración “movilidad exterior”, pero es una simple estafa. ¿Una muestra? Aguirre y Botella vendieron de forma fraudulenta cientos de pisos calificados como vivienda social a un fondo buitre, que exigió una indemnización cuando le obligaron a devolverlos, y ahora Ayuso le ha pagado 107 millones. A las y los madrileños, por lo tanto, les atracaron dos veces. Y dicen que van bien en las encuestas y que esas cosas son agua pasada que no mueve molino.

El modelo que defienden también tiene seudónimo, lo llaman neoliberalismo y consiste en que los pobres mantengan a los ricos, que a las grandes empresas todo les vaya viento en popa y el resto naufrague. Aquí y ahora, en plena crisis, otra más, ahora por la invasión de Ucrania, la inflación, el precio insoportable de la gasolina, la luz o el gas, mientras la gente normal tiene el agua al cuello resulta que las energéticas del Íbex 35 ganan 3.400 millones hasta marzo, un 52% más; que el banco de Santander, por ejemplo, gana otros 2.500 y Telefónica, otros 700… Hay crisis, pero sólo para los de siempre y utilizadas por los de siempre para enriquecerse un poco más. infoLibre lo ha publicado: El pago de dividendos a los accionistas ha crecido en España siete veces más que los salarios desde 2000. Sumas todo eso y ya tienes el resultado de la regla de tres de la que habla Isabel Díaz Ayuso. 

No se dejen engañar por las frases hechas. No hay dos Españas, lo que hay es un saqueo implacable, organizado, sistemático, llevado a cabo por unos pocos contra el resto. Eso sí, también hay otra cosa que no puede ser una ciencia exacta porque no tiene explicación, y es el que una parte de las víctimas del expolio les hagan de guardaespaldas a quienes los atacan. Igual va a ser que neoliberalismo no rima con masoquismo por casualidad.

La secretaria general del Partido Popular entre 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal, pidió en enero de 2013 ayuda al comisario José Manuel Villarejo, ahora jubilado, para frenar la publicación de los denominados papeles de Bárcenas, los documentos que evidenciaban la existencia de una caja b en el partido.

Así lo revelado este lunes el diario El País, que ha publicado un audio de una conversación entre Cospedal y Villarejo que se produjo el 20 de enero, después de que el 18 de enero El Mundo hiciese una publicación sobre que el pago de sobresueldos en negro a una parte de la cúpula del PP, ha informado Europa Press.

En la conversación, grabada por Villarejo —se requisó en su vivienda por orden judicial dentro de la Operación Tándem—, Cospedal expresa su preocupación porque los papeles, a los que denomina "libretita de Bárcenas", estuvieran en poder de periodistas, y cuestionaba si estos tenían una lista de los supuestos beneficiarios de los sobresueldos.

"La libretita... sería mejor poderlo parar", pide Cospedal a Villarejo, que intenta tranquilizarla y le dice que no se preocupe, que va a "estar al loro" del tema.

En el diálogo, Villarejo expresa también a Cospedal que tienen que "anticiparse a la jugada", en lo que ella está de acuerdo y dice: "Es lo más importante".

"(Hay que) ver por dónde van a respirar y qué van a hacer (los periodistas) y cuál es la evolución de todas estas cosas, y tratar de anticiparnos un poco a la jugada", subraya Villarejo.

Asimismo, señala que estuvo "comiendo el tarro" a los periodistas, y menciona a Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta. "El día de ayer estuve comiéndole el tarro (...) a todos, de que no sacaran. Porque querían sacar al principio una lista de las que ellos decían que había, una lista en la que estaba el presi", advierte. "Tú sacas una lista así, y al día siguiente tienen una querella, ¿eh?", contesta Cospedal.

Finalmente, el 31 de enero de 2013 se publican en El País los papeles manuscritos de Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP, que registró una contabilidad paralela entre 1990 y 2019 con las cantidades periódicas que miembros de la cúpula del PP recibieron como sobresueldos.

Cospedal y Villarejo vuelven a hablar el 26 de abril de 2013 cuando la Policía empieza a elaborar informes sobre los documentos. Ambos debaten sobre las fuentes que habría informado al mundo sobre los sobresueldos. Ambos hablan sobre los informes que salen del Ministerio del Interior hacia la Audiencia Nacional que investiga el caso y de dificultades que existen para lograr cambiar los párrafos que más afectan al PP, según los audios.

En la conversación, Villarejo dice que él y su "amigo José Luis", en referencia a Olivera, que fue Comisario jefe de la UDEF, se fueron "a tomar una copa y cenar con Morocho", el inspector de Policía encargado de redactar los informes para el juez. "Luego se quedó a solas José Luis con este hombre, comiéndole el tarro porque en el informe iba hasta el nombre del presidente, no sé si lo sabes", añade.

Morocho señaló en junio de 2021 al juez de la Audiencia Nacional que instruye la Kitchen que en junio de 2013 en una reunión en una cafetería con el ex jefe de su unidad, el comisario José Luis Olivera, éste le ofreció un puesto en Lisboa e incluso en la ONU porque querían apartarle de sus pesquisas en las que indagaba en la caja b del PP.