Los médicos forenses que examinaron al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un "deterioro cognitivo moderado", por lo que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio" ni dispone de "capacidad procesal" para defenderse.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, fue encargado por la Audiencia Nacional después de que la defensa de Jordi Pujol, quien está hospitalizado en Barcelona por una neumonía, pidiera que el tribunal valorara su capacidad para ser juzgado y reclamara que pudiera seguir el juicio por videoconferencia.

Tras recibir el informe forense, la Audiencia Nacional ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que cita a Pujol para examinarlo el próximo lunes, antes del inicio del juicio, aunque le permite comparecer por videoconferencia.

Antes de hacerlo, los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) que exploraron al presidente catalán por orden de la Audiencia Nacional están citados para que ratifiquen su dictamen, junto al médico forense de la Audiencia Nacional.

Los forenses, que se entrevistaron con Jordi Pujol en su propio domicilio de Barcelona para explorarlo, sostienen en su informe que el expresident sufre un "diagnóstico de trastorno neurocognitivo 2 de tipo mixto, alzhéimer y vascular".

Ese trastorno provoca en el expresident "un deterioro cognitivo moderado, siendo éste irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz", por lo que los forenses sostienen que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente".

En la entrevista, los forenses apreciaron fallos de memoria en el expresidente, quien perdió el hilo de la conversación con ellos en varias ocasiones, además de presentar una fatiga "atencional y cognitiva" conforme avanzaba la exploración.

"Los resultados obtenidos muestran alteraciones significativas en diversas áreas cognitivas, especialmente en orientación temporal, denominación, función visuoespacial, inhibición y fluidez verbal. A pesar de la conservación parcial de la memoria incidental, el perfil global sugiere un deterioro cognitivo moderado", añade el informe.

Pujol permanece ingresado en la clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía de la que evoluciona favorablemente, por lo que está previsto que pueda recibir el alta el próximo jueves, a tiempo para el juicio que debe sentarle en el banquillo junto a sus siete hijos en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel para el expresident, al que acusa de integrar, junto a su esposa Marta Ferrusola, ya fallecida, y sus siete hijos, una trama para enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones, hasta amasar una fortuna que ocultaron en Andorra durante décadas.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia.

Pujol, de 95 años, está a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre, y justamente esta semana un médico forense examinó al expresidente para enviar un informe a la Audiencia Nacional, que deberá valorar su estado de salud para decidir si puede ser juzgado y acudir presencialmente al juicio en Madrid.

Fue el mismo equipo legal de Jordi Pujol quien solicitó a la Audiencia Nacional que valorara su capacidad para ser juzgado y de afrontar el rol dialéctico de la defensa, o si puede no asistir presencialmente al juicio y seguirlo e intervenir de manera telemática.

De hecho, Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán, ha asegurado recientemente en una entrevista a Catalunya Ràdio que su padre "tiene ganas" de ir a juicio, si bien su cuerpo "no aguanta".

La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 24 de noviembre el inicio del juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

Según Oriol Pujol, a su padre a veces "le cuesta recordar los nombres de los hijos" y, de hecho, presenta "marcadores de alzhéimer". "Cognitivamente, es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien", precisó.

"No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar", agregó Oriol Pujol, que detalló que su padre "arrastra dolor" y que, a pesar de que su cuerpo está "castigado, débil, frágil", no quiere eludir el juicio: "En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio".

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias.

La Abogacía del Estado, por su parte, no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol i Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

Marta Ferrusola, la esposa del expresidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, ha muerto a los 89 años de edad este lunes por la noche, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press. Así lo ha avanzado La Vanguardia, que ha recordado que Ferrusola sufría alzhéimer desde el 2018 y desde entonces se había retirado de la vida pública. Ferrusola ha fallecido en su casa como consecuencia de una neumonía.

Marta Ferrusola ejerció de primera dama de Cataluña durante los 23 años de gobierno de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, durante los cuales destacó por ser una figura influyente, con autoridad, catalanista, católica y conservadora, y cuya última etapa de su trayectoria vital estuvo marcada por la confesión de su marido de que tuvo dinero en el extranjero sin regularizar y por su imputación en el caso Pujol.

Nacida el 28 de junio de 1935 en Barcelona, Ferrusola fue la mayor de los tres hijos de Josep y Carme, un matrimonio de dependientes de una tienda de ropa para hombres, Paños Ramos; estudió en la Immaculada Concepció de Barcelona y acabó el bachillerato.

Conoció a Jordi Pujol a través de la hermana de éste, Maria Pujol, con quien coincidía en la agrupación religiosa Confraria Virtèlia, contrajeron matrimonio el 4 de junio de 1956, y entre los años 1958 y 1972 tuvieron 7 hijos: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer.

Además de responsable de la sectorial de deportes de CDC, en el Govern contaba con una agenda pública propia de actividades, y en 1990 compartió con Núria Claverol -esposa del empresario Carles Sumarroca- la empresa de jardinería Hidroplant, con clientes como el FC Barcelona, consiguiendo un contrato para renovar el césped del Camp Nou que acabó en los tribunales porque tuvo que levantarse y plantarse de nuevo.

Pese a admitir que nunca se presentó a un concurso público, Hidroplant también suministró plantas y flores a diversas consellerias de la Generalitat durante el mandato de Pujol, sin admitir que pudiera haber un conflicto de intereses. También presidió el comité organizador del Festival de la Infancia, cargo que dejó en 2003 tras el cambio de Govern, que dio inicio al tripartito encabezado por el socialista Pasqual Maragall.

"Pujol no hubiese sido lo que fue sin ella. Ferrusola mandó mucho, tuvo mucha influencia dentro y fuera de la familia. No decía la última palabra pero siempre opinaba, a veces sin conocimiento de los hechos", explicó en declaraciones a Europa Press la periodista Cristina Palomar, autora de Això és una dona!, una biografía no autorizada de Ferrusola.

Así, se dice que muchos nombres de cargos del partido y puestos del Govern pasaban por el filtro particular de Ferrusola, también el del expresidente de la Generalitat Artur Mas. A menudo apodada como matriarca del clan Pujol, Ferrusola asistió a la canonización de Josemaría Escrivà de Balaguer, fundador del Opus Dei, y a lo largo de su trayectoria vital protagonizó diversas polémicas en ámbitos más allá de la política, como la familia, negocios, religión e ideología.

En 2001, levantó polémica al afirmar que las ayudas sólo eran para los inmigrantes que acaban de llegar, les acusó de querer imponer sus costumbres, de dedicarse solo a tener hijos, y de solo decir "dame de comer", y de no saber decirlo en catalán.

Dos años más tarde, tras perder la Generalitat al configurarse el primer tripartito de Pasqual Maragall, Ferrusola aseguró que se sentía "como si le hubieran entrado a robar a casa" después de 23 años de gobiernos de CiU. "Un andaluz que tenga el nombre en castellano, sí, molesta mucho, mucho. Y además, pienso que el presidente de la Generalitat tiene que hablar bien el catalán", también declaró Ferrusola en 2008 en una entrevista al ser preguntada sobre si le molestaba que un andaluz como José Montilla estuviera al frente del Govern.

Tampoco le gustaban las críticas a sus hijos y que se cuestionara el derecho de los siete a hacer negocios, hasta el punto que en su comparecencia en el Parlament en febrero de 2015 aseguró que "van con una mano delante y otra detrás" y que su familia no tiene casi dinero.

Cuando se conocieron los presuntos casos de blanqueo de dinero de los Pujol, salió a la luz que entre 1995 y 1998 Ferrusola había empleado lenguaje religioso clave para hacer transferencias a cuentas bancarias andorranas con el sobrenombre de "madre superiora de la Congregación". En una nota, pedía trasladar "dos misales de su biblioteca al cura de la parroquia", que la policía interpretó como que pedía transferir dos millones de las antiguas –12.000 euros- pesetas a su hijo Jordi Pujol Ferrusola, quien presuntamente dirigía las operaciones de la fortuna familiar.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga desde hace más de siete años el origen de la fortuna de la familia por el que se les imputa por delito fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal por presuntamente esconder más de 70,4 millones de euros a Hacienda.

Estando procesada por la Audiencia Nacional, el 1 de agosto de 2020, Ferrusola sufrió una caída en Queralbs (Girona), donde veraneaba con su marido, y fue trasladada en helicóptero en estado grave al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Pese a recuperarse, presentó un informe médico con fecha de 27 de noviembre de 2020, emitido por la Unidad de Memoria del Servicio de Neurología del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, que señalaba que padecía Alzheimer desde 2018 y que, debido a su demencia y a las lesiones cerebrales causadas por un politraumatismo sufrido tras su caída, no tenía "la capacidad de juicio ni la toma de decisiones conservadas".

Ferrusola se retiró de la vida pública y en mayo de 2021 el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó archivar la causa para Ferrusola debido a su estado de salud.

Uno de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola, sigue manteniendo que su padre nunca tuvo dinero en el extranjero y que el caso formó parte de una operación gestada en las estructuras del Estado para "tumbar" a su padre. En una entrevista en TV3 recogida este domingo por Europa Press, Pujol ha concretado que las acusaciones contra su padre, lo que él llama Operación Pujol, fueron el inicio de la que califica como Operación Cataluña y tuvo el objetivo de "deteriorar la imagen y la credibilidad" del expresidente.

Ha añadido, además, que dicha Operación Cataluña está vigente y evidencia "la forma de hacer de las fuerzas de seguridad y del Estado profundo de Madrid".

Ha defendido que la herencia de seis millones de euros del abuelo Florenci no era suficiente para acabar con la reputación del expresidente, por lo que empezaron a "salir las grandes cifras y las grandes mentiras".

Esta mentira incluía informes falsos, que periodistas publicaron sin contrastar: "A nosotros no nos llamó nunca nadie", y ha mantenido también que se produjeron después de que excomisario José Manuel Villarejo le pidiera en 2013 que su padre hiciera un alegato contra el independentismo. Según él, "esta gran mentira evolucionó hacia un número: 3.000 millones" de euros, que empezaron a tratarse en las tertulias televisivas, provocando una alarma social y que la Fiscalía se interesara por el caso, dando paso a dicha operación.

Ha sostenido que cuando su hermano Jordi Pujol presentó una denuncia contra el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, dos policías se presentaron en su casa y le dijeron: "Si sigues con este tema vas a acabar muy mal".

Y ha recordado el atraco a mano armada en 2020 de la furgoneta que trasladaba ordenadores, pendrives, tabletas y teléfonos móviles de su familia, que según él no actuó nunca como una banda porque ni sus padres ni sus hermanos tenían "roles estratégicos".

Preguntado por si sería capaz de admitir culpabilidad para exonerar a su padre, ha respondido que sí, porque cree que es un "ser excepcional y extraordinario". También ha defendido que su hermano gestionó el dinero de su padre durante poco tiempo: "Mi padre es un hombre grande y no tiene capacidad de defenderse. Alguien tiene que defender los hechos tal y como son", ha concluido.

Hace casi un año, el 23 de noviembre de 2020, hombres armados atracaron una furgoneta de la empresa de mensajería MRW que trasladaba ordenadores, pendrives, tabletas y teléfonos móviles que pertenecen a la familia Pujol y que desde 2014 estaban en manos de la Audiencia Nacional por sus investigaciones sobre el origen del patrimonio familiar, informa Europa Press.

Según las fuentes jurídicas consultadas, el expresidente catalán y su familia llevaban tiempo reclamando a la Audiencia Nacional que les devolviera sus dispositivos, entre otros motivos, porque contenían información personal ajena al procedimiento. Finalmente, la procuradora que les representa pudo recogerlos de la sede judicial y enviarlos a Barcelona por carretera, a donde nunca llegaron.

De acuerdo con el relato avanzado por La Sexta, que ha podido confirmar Europa Press, el atraco a punta de pistola se produjo en torno a las 19.45 horas, cuando un todoterreno interceptó a la camioneta de MRW en la avenida Entrevías de Madrid en un semáforo, entonces sus cuatro ocupantes se bajaron, rompieron los cristales de la furgoneta de reparto, sacaron al conductor y se fueron con los dos coches. Este robo se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Madrid, si bien de acuerdo con las fuentes señaladas las pesquisas apenas han avanzado en este año.

Los dispositivos se habían usado en la investigación desarrollada por el Juzgado Central de Instrucción Número 5, que ya ha dado paso a la apertura de juicio oral contra el expresidente catalán y sus siete hijos -Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola- por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

En Barcelona, otro juzgado de instrucción, el 28, investiga las tres "intrusiones" que tuvieron lugar el 27 de febrero de 2013 en la casa donde en ese momento residían la hija pequeña y la ex mujer de Jordi Pujol hijo, concretamente a las 2.30, 5.45 y 15.30 horas de ese día, sin que tampoco se tengan noticias de progresos en esta causa, de acuerdo un con reciente escrito de la defensa del clan.

El expresidente catalán Jordi Pujol ha solicitado la libre absolución en el proceso que se sigue contra él y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas valiéndose de su cargo, insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el "riesgo político" asumido por su hijo, informa Europa Press.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, Pujol asevera que "no existe un solo ingreso en el patrimonio de sus hijos y esposa que tenga relación causal con un abusivo e ilegítimo ejercicio de su autoridad y potestades públicas", por lo que concluye que "procede la libre absolución".

Así, el otrora jefe del Govern cuenta que su carrera profesional empezó con "una fuerte vinculación a su padre", con quien detalla que tuvo entre manos "proyectos de tanta dimensión" como los Laboratorios Fides o Banca Catalana.

Sin embargo, explica que "pronto la actividad política pasó a reclamar el mayor empeño y esfuerzo", hasta el punto de que "la propia actividad económica quedó también reorientada y al servicio del proyecto político". En este sentido, menciona la publicación de la Enciclopèdia Catalana o de la Revista Destino.

"La profunda inestabilidad política y los riesgos" que Pujol asumía provocaron "inquietud y desasosiego" en su padre, que aventuraba un "futuro incierto" para su hijo y su descendencia, relata.

Pujol expone que, para "garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos", su padre les hizo saber que "constituía un depósito en el exterior, con el deseo que se mantuviera unido e intacto, para amortiguar futuras eventualidades de necesidad económica por el riesgo político" que asumía el expresident.

Al morir su padre, Pujol indica que se fortaleció el deseo de "respetar su voluntad" con relación a esos "fondos familiares", que entonces ascendían a 140 millones de pesetas en dólares.

Asegura que ese dinero "no guarda relación alguna" con sus cargos políticos. "Nunca, en el ejercicio de su alta función pública, Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio", afirma la defensa, destacando que actuó así incluso "desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos".

En la misma línea, el escrito añade que Pujol "no se prestó jamás a desplegar gestiones de invitación, incitación, sugerencia o influjo de prevalimiento sobre autoridades resolventes o funcionarios informantes en interés o a petición de sus hijos o cónyuge, ni tampoco fue nunca requerido por éstos en esa dirección".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su posición política, y ha pedido al clan que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles, según informa Europa Press.

Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del expresident, Marta Ferrusola —a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia sever—-, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la exmujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pide a Jordi Pujol Ferrusola que deposite 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días.

No obstante, el juez ha ratificado la situación de libertad de todos los procesados al considerar que "no existe la necesidad de asegurar la presencia de los acusados en las sesiones del juicio oral" que se seguirán en la Audiencia Nacional. Además, Pedraz ha dado un mes, hasta el 16 de julio, a los acusados para que presenten escrito de defensa ante las acusaciones formuladas, un lapso de tiempo que entiende "proporcional" a "la complejidad de la causa".

De esta forma, el magistrado ha seguido el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra todo el clan, al estimar que actuaron conjuntamente, mientras que Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr y su madre en la "dirección operativa" de esta presunta organización criminal.

El Ministerio Público solicitó 9 años de cárcel para el ex president, 29 para su hijo mayor, 14 para Josep y 17 para Gironés por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para los demás -Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola-, reclamó una pena de 8 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Los Servicios Jurídicos del Estado, en un escrito conocido el martes, pidieron una pena de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Jr, así como de 17 años y medio para su ex mujer y 4 para Josep, por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsificación en documento mercantil y frustración a la ejecución, exonerando al resto de la familia.

Las acusaciones habían exigido además que se aseguraran importantes cuantías. Así, Abogacía estimó que el mayor de los Pujol y su ex mujer deben depositar 7.768.127 euros por la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la Hacienda Pública, importe que Anticorrupción fijó en 6,84 millones para él y 668.000 para Gironés, pidiendo también 204.000 euros al ex presidente catalán y 932.000 euros a su hijo Josep.

Se aprovecharon de una "posición privilegiada"

En el auto con el que José de la Mata puso fin a la instrucción en julio de 2020, después de ocho años, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

De la Mata dio por acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles "cantidades millonarias" que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados.

El instructor situó origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a distintas empresas, que realizaban entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Y ello a cambio de una "contraprestación" que pasaba por que los Pujol ejercieran "concretas influencias" para adjudicaciones y concesiones "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".

De la Mata concretó el papel que cada miembro de la familia habría desempeñado en esta operativa. El liderazgo estaba "encarnado" en Jordi Pujol y Marta Ferrusola, que se autodenominaba la madre superiora de la congregación. En el siguiente escalón estaba Jordi Pujol Jr, el capellán de la parroquiael capellán de la parroquia, que siguiendo las instrucciones de sus padres "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas" dentro del grupo familiar. El resto de los hermanos -Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia-, sin perjuicio de su participación individual en determinados negocios u operaciones, "seguían las instrucciones" del mayor, "abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos" por el primogénito y "tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito".

La investigación judicial sobre el patrimonio oculto de la familia Pujol Ferrusola ya ha concluido y está a la espera de juicio. De momento, las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción están claras: un entramado delictivo que se extendió en el tiempo durante décadas y que estaba organizado a tres niveles. El primero, la obtención de la enorme fortuna que manejaron, que los fiscales sitúan en el cobro de comisiones ilegales; el segundo, la creación y gestión por parte del primogénito de una compleja red de empresas sin actividad para mover ese dinero; y el tercero, la apertura de cuentas bancarias en Andorra a nombre de la mujer del expresidente catalán y los siete hijos para ocultar los fondos al fisco español.

Así lo explica el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que los fiscales del caso exponen el papel que tuvo cada miembro del clan en una trama que considera una organización criminal dirigida al enriquecimiento y la ocultación de una fortuna de la que, sin embargo, no se ha podido establecer un origen concreto. El escrito comienza con el comunicado que Jordi Pujol envió a los medios de comunicación en verano de 2014 en el que hablaba de una supuesta herencia que su padre habría dejado a su mujer y sus hijos en 1980 y de la que "nunca se encontró el momento adecuado para regularizar". De la investigación posterior, tal y como concluye Anticorrupción, no hay ni rastro de esa herencia y sí muchas actividades supuestamente ilícitas que implican posibles delitos de blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y falsificación de documentos, entre otros.

Aunque el comunicado del expresident Pujol es de julio de 2014, la familia ya era objeto de titulares por la denuncia que había presentado un año y medio antes la examante del primogénito. Ahí radica el origen de la investigación que ha acabado con el clan al completo a punto de ser enviado al banquillo en la Audiencia Nacional –el juicio se hará esperar un poco más–. Tal y como recuerda Anticorrupción en su escrito, en diciembre de 2012 Victoria Álvarez denunció que Jordi Pujol Ferrusola "disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor que introducía en España desde Andorra", que "tenía negocios en países como Andorra, el Reino Unido, Argentina y México", y que había escuchado conversaciones entre el hijo mayor, su esposa y su madre "sobre dinero que se encontraba en el extranjero”.

Administraciones controladas por Convergència

Para la Fiscalía, la historia se enmarca en los tiempos en que Pujol ejerció como presidente de la Generalitat de Cataluña, diputado en el Parlament y presidente del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), cargos con los que "aprovechó" para tejer una "red de clientelismo" con la que construyó un "entramado" a través del cual tanto él como "determinados empresarios afines" a la formación política se repartieran "sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". Los fiscales no concretan desde qué año hasta qué año estuvo en marcha esa red clientelar, pero sí destacan que Pujol estuvo en lo más alto de la política catalana durante más de treinta años.

"Así consiguió un patrimonio, ajeno a sus ingresos legales, que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y, en particular, a la sociedad catalana", explica el escrito. He aquí donde entran el resto de miembros de la familia, con cuya "connivencia" y de forma "coordinada" a lo largo de "muchos años" se mantuvo un entramado para "ocultar el auténtico origen del dinero", a través de cuentas bancarias en Andorra, y "disfrutar del mismo, una vez oscurecido su origen". En la cúspide de esa trama, el propio expresident, su esposa, Marta Ferrusola; el hijo mayor de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, y la mujer de éste, Mercé Gironés. El resto se dedicaron a beneficiarse "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a ocultarlas".

Pero si hay un verdadero protagonista del escrito de acusación de la Fiscalía es el primogénito. Jordi Pujol Ferrusola aparece como el artífice de las operaciones bancarias y societarias que mantuvo durante años para ocultar el patrimonio familiar, con la participación de su entonces esposa y siempre "en cumplimiento de lo acordado por sus padres". No en vano, Pujol Ferrusola es el único del clan que ha pasado por prisión provisional, donde estuvo ocho meses en 2017, y es el que se enfrenta a una petición más alta de pena: 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el padre, Anticorrupción pide nueve años y para el resto de los hijos, entre 8 y 17 años. Marta Ferrusola no ha sido acusada al habérsele archivado las diligencias por enfermedad.

Contrataciones ficticias con ingentes ingresos

En lo que respecta a la ocultación del dinero en Andorra, los miembros del clan y la esposa del primogénito fueron "titulares y/o dispusieron de fondos en cuentas bancarias" desde 1990 en la entidad Andbank y después en la Banca Privada de Andorra (BPA) "que al tiempo de cumplimentar la solicitud ya habían sido canceladas, a excepción de cuentas de Josep Pujol Ferrusola". Y en lo referente a las sociedades mercantiles investigadas, todas tenían como socios, apoderados o administradores a Pujol Ferrusola y Gironés. Del análisis realizado en los ocho años de pesquisas, los fiscales concluyen que no había diferenciación alguna de actividades entre ellas y no reflejan ninguna justificación económica y jurídica de las operaciones que declaraban realizar. En resumen, la Fiscalía habla de "contrataciones ficticias" con las que Pujol Ferrusola y Gironés percibieron "ingentes ingresos".

Esas sociedades, que Anticorrupción analiza una por una, no tenían personal –a excepción de una de ellas, una única trabajadora en muy corto periodo de tiempo– y los servicios que afirmaban prestar eran los de “asesoramiento/consultoría e intermediación” en "conocimientos en ingeniería, construcción, inmobiliaria, incluso industria fotovoltaica". Las empresas a las que supuestamente prestaban asesoramiento sí tenían capacidad tanto material como de personal cualificado para realizar tales funciones y todas presentaban una característica común: habían resultado adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas de Cataluña.

"La realidad es que la actividad de esas sociedades se confunde con la de los propios acusados. Y todo ello significa que tanto los intereses como sus patrimonios se confunden con los de los propios acusados, acreditado ello al actuar los acusados Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés bajo el principio de unidad de caja, consiguiendo de esta manera tributar a través del Impuesto de Sociedades, lo que la realidad ha determinado que son actividades imputables a las personas físicas. La finalidad de las sociedades, por tanto, no era el ejercicio de sus propias actividades mercantiles, por lo que las ganancias obtenidas por las sociedades deben imputarse a estos a razón de su participación en las mismas", explican los fiscales.

Millones en euros, pesetas, libras, marcos y dólares

En lo que respecta a las cuentas en Andorra, el Ministerio Público estima que los Pujol llegaron a amasar al menos 38,79 millones de euros, más de 8 millones de dólares, más de 2,7 millones de marcos y más de 95.000 libras. Es lo que se ha conseguido acreditar. El escrito refleja las numerosas entradas y salidas de dinero que se han podido acreditar con la información facilitada en las comisiones rogatorias enviadas al Principado. Entradas y salidas que, según el año, aparecen tanto en pesetas como en dólares, marcos, libras o euros. En una de las cuentas, por ejemplo, la Fiscalía expone que "se produjeron numerosos abonos millonarios, algunos por transferencias internas de la propia entidad, otros por transferencias desde Suiza, así como ingresos en efectivo o bien ingresos de cheques", aunque "de la mayoría se desconoce su origen". En los ingresos cuyo origen sí se pudo determinar, se ha podido establecer en algún caso la procedencia del cobro de comisiones ilegales.

En muchas ocasiones había "repartos" entre las cuentas de los miembros del clan Pujol Ferrusola, y en esos casos utilizaban en las órdenes de transferencia entre ellos y su gestor bancario la nomenclatura “SAGRADA FAMILIA””. La misma operativa se repetía con origen en una cuenta que recibía una gran cantidad de dinero, tras lo cual las demás recibían exactamente los mismos fondos, haciendo un reparto equitativo entre los hermanos y los padres. Unas cuentas estaban abiertas dos años; otras, más de diez. Aparte de las cuentas de Andorra, Jordi Pujol Ferrusola fue titular de una cuenta en Suiza entre 2002 y 2004 que se abrió con más de siete millones de euros que sirvieron para adquirir un fondo de inversión al que transfirió 4,4 millones más. El fondo fue cancelado y se tranpasaron tanto títulos como dinero a cuentas en Delaware y a otras en Luxemburgo y Ginebra.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar para Marta Ferrusola, la matriarca del clan Pujol, la causa sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex presidente catalán Jordi Pujol y su familia, debido a su estado de salud.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ha accedido así a la petición formulada por la defensa de Ferrusola, que había solicitado el archivo para ella alegando que sufre demencia y aportando documentación médica para acreditarlo, según recoge Europa Press.

La Fiscalía pidió un examen médico forense y, una vez realizado, decidió no oponerse al archivo, sin perjuicio de que se diera traslado al Ministerio Público de los informes incorporados al procedimiento con objeto de instar ante la jurisdicción civil su incapacitación.

En su auto, Pedraz indica que "deben tenerse en cuenta las circunstancias que concurren en el presente caso y que se describen por la médico forense".

Ferrusola fue procesada por integrar presuntamente, junto a su familia, una organización criminal destinada a acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Uno de los hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola, ha asegurado que su padre nunca tuvo dinero en Andorra y ha sostenido que la policía llevó a cabo una investigación "con chantajes a banqueros andorranos y procedimientos absolutamente dudosos en cuanto a su legalidad" para obtener información de personas de su familia que, según él, sí poseían cuentas en ese país, según recoge Europa Press.

Lo ha explicado en declaraciones al documental Pujol: els secrets d'Andorra —emitido en TV3 este domingo— sobre la causa abierta contra la familia Pujol Ferrusola por formar presuntamente una organización criminal para acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas", en palabras del juez instructor.

Josep Pujol ha acusado al excomisario José Manuel Villarejo de dirigir esa investigación contra su familia: "Una investigación policíaca sin autorización judicial que viene a decir: Señor Villarejo, haga usted lo que sea pero encuéntrele algo a esta gente".

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Según ha explicado, Villarejo le dijo que esta investigación "se liquidaría y esto se terminaría" si su padre se declaraba constitucionalista y unionista, a lo que él le respondió que el expresidente de la Generalitat ya no tenía papel en el escenario político catalán.

Además, Josep Pujol ha mantenido que la gran mayoría de la gente entiende la situación de Jordi PujolJordi Pujol, aunque "hay un mundo mediático que le ha querido sacar punta y crear un personaje, el villano, el malo de la película, que ha dado mucho contenido al mundo de las noticias y ha permitido que haya gente que se sienta decepcionada".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirme la decisión del juez instructor José de la Mata de proponer juzgar al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal y aprovecharse de su "posición privilegiada" para acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas", según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La defensa de la familia Pujol recurrió este procesamiento al entender que el juez adoptó tal decisión contra ellos por ser miembros de esa familia, pero sin describir las conductas individualizadas que habría desarrollado cada uno de ellos y que justificaría el delito de organización criminal. Asimismo, solicitaron el sobreseimiento de la causa.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dictó a mediados de julio un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, de 509 páginas, con el puso fin a la investigación de la pieza principal de este caso. El magistrado considera que los hechos serían constitutivos de presuntos delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos han recurrido su procesamiento afirmando que no son una organización criminal y acusando al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, de proponer juzgar a todos sólo por ser miembros de esa familia.

También piden el sobreseimiento de la causa en la que están imputados desde hace casi ocho años y cuya instrucción acaba de concluir el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha propuesto juzgar a toda la familia por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.

Para empezar, la defensa de los Pujol considera en su recurso, de 76 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, que el magistrado no justifica en ningún momento el delito de organización criminal, pues no describe las conductas individualizadas que habría desarrollado cada miembro de la familia dentro de esa red.

"Se acude a una suerte de responsabilidad de la tribu o Sippe germánica y a una suerte de derecho penal de autor (ser un Pujol), construcciones ambas impropias de nuestro sistema penal garantista, que se construye sobre el derecho penal del hecho y la exigencia de responsabilidad con arreglo al principio de culpabilidad, que sólo atiende a la responsabilidad por el hecho propio", explica.

Según la defensa, que dirige el letrado Cristóbal Martell, el auto no describe "atribución individualizada de conducta" a los miembros de la familia porque "sencillamente no han desplegado esa conducta delictiva que tan graciosamente se les atribuye".

Marta Ferrusola, comportamiento pasivo 

Es más, recuerda que el auto subraya que era el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, quien administraba la fortuna, mientras que el resto de hermanos y la madre "muestran una conducta perfectamente estática y pasiva". "Son receptores de una corriente monetaria, que les efectúa liquidaciones periódicas. Su comportamiento es perfectamente pasivo como receptores de ingresos, conducta que no resulta subsumible en las exigencias típicas de miembro de la organización criminal", apunta.

"El auto no consigue concretar, ni remotamente, delitos singulares, y mucho menos la ejecución de actos de autoría o, más sencillamente, de colaboración, participación, preparación o encubrimiento. Nada, ni una sola atribución concreta a persona concreta en relación con padre, madre y conjunto de hermanos. El auto sólo refiere conductas de Jordi Pujol Ferrusola relativas a predicada actividad delictiva", remarca.

Por otro lado, la defensa reprocha que el auto en el que el juez propone juzgar a los Pujol no dé crédito a la explicación de que la fortuna sea fruto de la gestión de la herencia del abuelo Florenci Pujol, pero al mismo tiempo diga que "desconoce el concreto origen de los fondos" aunque lo atribuya después a "pagos ilícitos" de autoridades o cargos públicos de Cataluña en concepto de comisiones a cambio de tener el favor de la familia.

En este sentido, la defensa llama la atención sobre la inconcreción sobre esos pagos que, en su opinión, se hace patente en el auto del instructor. "¿A qué autoridades se refiere? ¿A qué funcionarios públicos responsables de informar o resolver? ¿A qué resoluciones administrativas? ¿A qué modificaciones del planeamiento urbanístico? El auto no identifica a uno solo de ellos ni describe relación con empresarios ni intervención en operaciones económicas", explica.

En todo caso, la defensa opina que el delito de organización criminal estaría prescrito para Jordi Pujol, Marta Ferrusola y cinco de sus hijos –Marta, Josep, Pere, Mireia y Oleguer–, pues la investigación "no ha conseguido concretar respecto de ninguno de ellos tareas de dirección de la asociación ilícita".

Jordi Pujol, escasamente mencionado 

En cuanto a la actuación concreta del expresidente catalán, el escrito resalta que "aparece muy escasamente mencionado" en el auto del juez, ya que "sólo" se le atribuye de manera directa una cuenta en la entidad andorrana Andbank "que se afirma titularizaba".

"Una larga instrucción de ocho años no ha evidenciado ni puesto de manifiesto ni indiciaria ni remotamente que Jordi Pujol hubiera realizado en favor de los clientes de las empresas de su hijo mayor la más mínima gestión, sugerencia, invitación o influjo. Ni un solo caso", afirma la defensa, que añade que tampoco se le atribuye ninguna conducta relacionada con el blanqueo de capitales.

Así lo dice el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el auto por el que pone fin a ocho años de investigación sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol y por el que propone juzgar al expresidente catalán, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

En la resolución, de 509 páginas, de la que informa Europa Press, el magistrado instructor destaca que existen "indicios sólidos" que acreditan que la fortuna no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia del abuelo Florensi Pujol, sino que se trata de una estrategia de ocultación de fondos liderada por el matrimonio y dirigida por el hijo mayor.

Dinero en cuentas andorranas

Sobre Jordi Pujol Ferrusola, el juez instructor recalca que "habría concedido su aval personal a operaciones de financiación ilícita del partido político Convergencia Democrática de Cataluña –condenado en firme por el caso Palau por el cobro de más de 6 millones de euros por comisiones ilegales– con liquidez suya propia en cuentas andorranas".

El magistrado indica que por las fechas en las que se desarrolló la operativa, "parece que pudo relacionarse con una campaña electoral, las elecciones generales de marzo del 2000". "Por tanto, la liquidez gestada en virtud de las líneas de crédito podría haberse utilizado para obtener recursos con los que pagar servicios al partido CDC, relacionados con esa campaña electoral", dice el auto.

El juez De la Mata explica que CDC propuso a las sociedades Hispart, Altraforma y Winner Graph, con las que venía contratando servicios de publicidad y propaganda para campañas electorales, proceder al pago de estos servicios mediante "procedimientos opacos, simulando la existencia de determinadas operaciones de préstamos a cada una de estas empresas".

Los préstamos serían concedidos formalmente por Fibanc, entidad financiera con la que ninguna de las tres mercantiles tenía "relaciones comerciales o bancarias previas, ni de financiación ni de ninguna otra clase", sino con Pujol Ferrusola, pues disponía cuentas personales en dicho banco. Según el juez, la elección de Fibanc por parte del hijo mayor del matrimonio Pujol Ferrusola para llevar a cabo esta operativa "no parece casual", ya que tenía conexión con las cuentas andorranas desde las cuales se realizaba el aval para ejecutar la financiación.

Mecanismos ilícitos

Así, los representantes de las tres empresas acudieron a instancias de CDC a firmar la solicitud y el contrato de préstamo, quedando el partido político oculto, aunque el abono mensual de los recibos del préstamo sería atendido por la formación "mediante mecanismos también ilícitos".

Para apuntalar esta tesis, el juez recoge una carta firmada por Jordi Pujol Ferrusola el 16 de diciembre de 1999 dirigida al representante de la banca Reig Josep María Pallerola Segon, pidiendo que le conceda una serie de avales, a través de Fibanc, para garantizar "facilidades crediticias" a las siguientes empresas y por las cuantías especificadas: Hispart por importe de 168 millones de pesetas; Altraforma por 56 millones de pesetas; y Winner Graph por la cuantía de 112 millones de pesetas.

El magistrado concluye que la simple observación de las partidas económicas" de las tres empresas "sugiere que, de no ser por el aval concedido por Banca Reig a través de Jordi Pujol Ferrusola, las líneas de crédito parece difícil que se hubiesen conseguido en el volumen descrito".

Además, subraya que los movimientos en cada unas de las cuentas corrientes vinculadas a las operaciones de préstamos, "ponen de manifiesto determinados patrones en la operativa implementada que no parecen ajustarse a la finalidad, idéntica, por cierto, anunciada por las mercantiles en cuento al uso del crédito solicitado: 'financiación para pago a distintos proveedores'".

El 30 de abril de 2015, el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, puso sobre la mesa del Congreso de los Diputados su proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa con la que se buscaba “agilizar la justicia, fortalecer las garantías procesales de los investigados y promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción”. Sin embargo, la aplicación real de los plazos máximos de instrucción lo que ha terminado generando ha sido una “impunidad” alrededor de complejas macrocausas judiciales a lo largo de los últimos años. Es el caso de Pasarela, Acal o Colina Roja, que se derrumbaron por esta cuestión, o de Púnica, asfixiada por unos límites que cumplen en las próximas semanas. Un debate que estará bien presente este miércoles en el Pleno de la Cámara baja, donde se volverá a abordar la proposición de Ley de Unidas Podemos que busca poner fin de una vez por todas a una norma “de punto final” duramente criticada por parte de las asociaciones de fiscales: “Es imposible que en ese tiempo se puedan tramitar casos importantes que requieren de periciales complejas o instrumentos de cooperación internacional”.

La proposición de Unidas Podemos llegó al Congreso el pasado mes de febrero después de dos intentos fallidos de tramitar la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en los últimos dos años. El Pleno aprobó la toma en consideración con sólo un voto en contra y las abstenciones del Grupo Parlamentario Popular y EH Bildu. Este miércoles, cuatro meses y una pandemia después, el Congreso dará otro impulso importante a la iniciativa con el debate en el hemiciclo de las enmiendas a la totalidad presentadas. Un punto al que no se había conseguido llegar antes –PP y Ciudadanos dejaron varado el texto en la Comisión de Justicia– y que los conservadores intentan aprovechar para descafeinar la propuesta planteada. En su enmienda a la totalidad, la formación presidida por Pablo Casado mantiene los plazos máximos fijados, aunque incluyendo algunas novedades respecto a 2015, como la obligación del juez de informar al fiscal de la finalización de los límites temporales impuestos para que pueda pedir en tiempo y forma la ampliación de la investigación.

Esta idea choca frontalmente tanto con lo que llevan años solicitando las asociaciones de jueces y fiscales como lo que plantea directamente Unidas Podemos. El grupo confederal es claro en su texto. “Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Once palabras para poner fin a unos topes temporales que han introducido “serias dificultades” en la investigación de grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción. El texto, además, añade una disposición transitoria única en la que se establece que esto “será de aplicación a todos los procedimientos que se hallen en tramitación” a su entrada en vigor. “Esto tiene una doble lectura. Por un lado, las causas que se estén instruyendo en ese momento dejarían automáticamente de estar encorsetadas en unos plazos máximos. Y, por otro, se cierra la puerta a una posible retroactividad. Es decir, no afectaría a las archivadas en base al artículo 324”, señalan fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Esta disposición transitoria impediría, por tanto, que algunos de los grandes casos de corrupción que se encuentran en marcha en estos momentos acaben cerrándose en falso por la falta de tiempo para completar correctamente las pesquisas. De una derogación de los plazos máximos que fuera efectiva tras el verano se podría beneficiar, por ejemplo, Lezo, la causa con un sinfín de piezas y comisiones rogatorias por la que está siendo investigado desde hace años el expresidente madrileño Ignacio González y cuya instrucción debería finalizar a mediados del próximo mes de diciembre, tal y como acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, no es la única. Una eliminación de los límites temporales también daría un respiro en el complejísimo caso Pujol, en el que están bajo la lupa más de una treintena de personas. El instructor de la causa ha fijado marzo de 2021 como fecha límite para seguir recopilando información sobre la supuesta fortuna oculta del expresident de la Generalitat.

Desde el grupo confederal dan por hecho que la enmienda a la totalidad conservadora no prosperará. Y calculan que el texto pueda estar aprobado definitivamente, más o menos, para el mes de octubre. Un plazo que, sin embargo, no englobaría en principio otras causas como Púnica. A comienzos de junio, el magistrado instructor fijó en un auto el próximo 27 de agosto como fecha límite para la instrucción de la causa que salpica a los expresidentes madrileños Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. En un principio, la finalización estaba prevista para hace diez días. Y el decreto anti-colapso del Gobierno durante la pandemia llevó a pensar que el contador de los plazos volvería a ponerse de nuevo a cero. Nada más lejos de la realidad. Al final, las pesquisas se han prolongado por 82 días, los mismos que duró el parón. Dos meses y medio en los que se tratará de dilucidar, entre otras cosas, qué papel jugó Aguirre –si jugó alguno– en la trama. Para ello, entre las diligencias que tiene acordadas el magistrado a petición de Anticorrupción destaca la declaración de quien fuera administradora de varias de las sociedades de Gürtel.

De hecho, algunos de los últimos escritos del Ministerio Público, publicados por El País, ya ponían en evidencia el problema del tiempo. Así lo trasladaron las fiscales cuando el juez denegó la petición de requerir al Ayuntamiento de Valdemoro, epicentro de la trama, documentos previos al año 2004. “La denegación de las diligencias causa indefensión al Ministerio Fiscal (…) Además, valorando que estamos en el plazo máximo de instrucción de la causa, y que el mismo está próximo a concluir, el dictado de este Auto motiva la interposición de un recurso cuya preparación, y resolución por la Sala, recorta el tiempo del que se dispone para concluir una instrucción que es extremadamente compleja”, señalaban el pasado mes de enero.

“Impunidad” alrededor de causas de corrupción

La reforma de la Lecrim, impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, fue aprobada en junio de 2015 con los votos a favor del PP, la abstención de CiU y el PNV y el voto en contra del resto de grupos parlamentarios. Entre sus novedades, la nueva norma fijó unos plazos máximos de instrucción de causas penales con el objetivo de obligar a los jueces a resolver las pesquisas en un tiempo “razonable”. En concreto, el artículo 324 establece que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. No obstante, contemplaba para los casos en los que la causa fuera declarada compleja un tope de dieciocho meses, prorrogables por el instructor de la causa “por igual plazo o uno inferior” a instancia del Ministerio Fiscal. En resumen, el tiempo máximo puede oscilar entre los 18 y los 36 meses. Es decir, entre un año y medio y tres años.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales cargaron entonces duramente contra la norma. Y, cinco años después, lo siguen haciendo. Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), explica que esos plazos impuestos pueden dar lugar “de facto al archivo de la causa” o hacer que todas las diligencias que se han practicado con posterioridad a la fecha límite queden completamente invalidadas. Aunque sean clave para atar una acusación. Esto a lo que conduce, continúa la jurista, es a que las investigaciones queden “muertas” o, como poco, “cojas”. Algo que si se suma, además, a la falta de medios puede ser letal. En opinión de la fiscal, que por supuesto es partidaria de que las instrucciones no se eternicen “infinitamente” estigmatizando al investigado, estos límites temporales sólo tienen sentido con un sistema procesal acorde a la realidad de otros países de nuestro entorno, en la que sea el fiscal el encargado de dirigir las pesquisas. “En la nuestra, tiene difícil encaje porque se obliga a quien no lleva la investigación a ejercer una función de vigilancia, algo que es muy complicado”, dice.

En la misma línea se pronuncia Teresa Peromato, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. “Es imposible que se puedan tramitar causas complejas, con multitud de investigados, periciales difíciles e instrumentos de cooperación internacional, con plazos tan exiguos”, explica en conversación con infoLibre. Estos límites temporales, explica, lo único que han hecho ha sido provocar “impunidad” alrededor de diferentes causas de corrupción. Es algo con lo que coincide un miembro del equipo jurídico de IU que lleva años con los ojos puestos en causas como Púnica, Lezo o Los Papeles de Bárcenas. “Nos ha afectado en algunas piezas de Gürtel. Estos límites obligan a acelerar de forma artificial todo porque hay un plazo impuesto, no porque la investigación esté agotada, lo que provoca que en ocasiones el caso no quede bien cerrado. Y es un problema que afecta, sobre todo, a causas ligadas a delitos patrimoniales, de corrupción, de fraude, de criminalidad organizada. Causas que suelen estar asociadas al PP”, apunta.

Carpetazos en Murcia o Granada

De hecho, todas las fuentes consultadas recuerdan que en los últimos años se han producido numerosos archivos derivados de estos tiempos máximos de instrucción. Uno de los más sonados fue el caso Pasarela, centrado en la contratación del arquitecto Martín Lejarraga para la reconstrucción y embellecimiento de un puente y una pasarela en Puerto Lumbreras durante el primer mandato del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. El proceso fue una auténtica montaña rusa. El fiscal solicitó declarar la causa como compleja dos días después de que expirara el plazo, lo que llevó al juez instructor a dictar el archivo. Meses más tarde, tras el recurso del Ministerio Público y las acusaciones populares, la Audiencia Provincial de Murcia ordenó reabrirla. Sin embargo, con los acusados ya sentados en el banquillo, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dio carpetazo al asunto al entender que hubo una “indolencia en la instrucción”. El pasado mes de octubre, la Fiscalía presentó un recurso ante el Supremo pidiendo la anulación de las resoluciones y la celebración del juicio.

Lo mismo pasó en la región con el caso Acal y en Granada con Colina Roja. La primera causa, en la que se investigaba si el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz había incorporado a expedientes urbanísticos informes jurídicos falsos, fue archivada por el instructor después de que la Audiencia Provincial anulase una resolución del juzgado por haberse producido doce días después de que hubiera expirado el plazo para la finalización de la instrucción. En cuanto a la segunda, centrada en una supuesta trama de contratos en la Alhambra que habría provocado un perjuicio en las arcas públicas de 7 millones de euros, una disputa de competencias entre dos juzgados hizo encallar el proceso hasta tal punto que cuando se nombró finalmente instructor el plazo para solicitar la prórroga como causa compleja ya había concluido. Tras un recurso de una de las investigadas, la Audiencia Provincial ordenó poner punto y final y el instructor se vio obligado a declarar el sobreseimiento. La Fiscalía recurrió el archivo, pero la Audiencia Provincial confirmó el carpetazo, aunque reduciéndolo a provisional.

Los límites temporales también han afectado al famoso caso del ático de Ignacio González en Estepona o a la causa conocida como La Sal, centrada en la supuesta malversación de fondos públicos en el proyecto de la desaladora de Escombreras y que ha llegado a poner bajo la lupa al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel.

Incluso el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia se ha llegado a pronunciar sobre los problemas que está provocando el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo hizo en julio de 2019, en un acuerdo en el que sostenía que “la concreta forma en la que se ha regulado esta materia (…) produce efectos negativos en la eficacia de la persecución penal”. Así, destacaba que con la reforma de Catalá se limitaban “las clases de asuntos susceptibles de ser declarados complejos y, por tanto, de prorrogar el plazo de instrucción” a sólo aquellos que reúnen “determinados y muy exigentes requisitos”. “La gran mayoría de asuntos objeto de investigación judicial (…) deben ser instruidos completamente en el plazo de seis meses, sin posibilidad de prórroga”, continuaban los magistrados, que añadían que con la norma, además, se incrementa “la posibilidad de disfunciones, errores y problemas de coordinación”, lo que puede provocar que se agoten los plazos “sin haberse podido completar las diligencias de instrucción necesarias”.

Las autoridades de Países Bajos ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que detalla que dos cuentas de empresas vinculadas a Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, acumularon en el año 2015 algo más de 26 millones de euros. En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press y que responde a una comisión rogatoria del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, se adjuntan los extractos bancarios de los activos que, a 31 de diciembre de ese año, tenían ambas cuentas, las cuales están asociadas a las empresas Anline Services BV y Dotricia BV.

Sobre la primera, el magistrado instructor sospecha que detrás de ella están Oleguer Pujol y Luis Iglesias –yerno de Eduardo Zaplana–, ambos investigados en la causa sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol. Esta sociedad, a su vez, tiene una participación en Dotricia de entre un 11 y un 15 por ciento. El juez había solicitado a las autoridades holandesas los movimientos de las cuentas bancarias vinculadas a las mencionadas empresas así como los estados financieros de ambas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, información que se recibió en la Audiencia Nacional el pasado 30 de enero.

Buscando 90 millones

De la Mata está buscando el destino y reparto de más de 90 millones de euros –procedentes a su vez de la venta de dos inmuebles por parte de la empresa española Longshore SL– que salieron de España a principios de 2015 con destino Dotricia, sociedad que, según el auto en el que solicitó la información bancaria, es una 'joint venture' "tras la que se esconden los compradores finales".

Estos compradores son dos partes diferentes, apunta el instructor: por un lado, Anline Services, tras la que sitúa a Oleguer Pujol y a Luis Iglesias, y una entidad de Luxemburgo, ESS-LUX SARL, detrás la que se encuentra, tras otras varias intermedias, el fondo de pensiones canadiense PSP (Canadá), cuyo porcentaje de participación en Dotricia se sitúa entre un 85% y un 89%. Por eso, el magistrado también ha solicitado información a Luxemburgo, pero está pendiente de ser recibida.

El informe aportado por las autoridades de Países Bajos –que está redactado en neerlandés y el magistrado ha ordenado traducir– indica que la cuenta de Dotricia tenía a finales de ese año 21.840.068 euros, mientras que el dinero en la cuenta de Anline Services ascendía a 4.162.727 euros. La suma da como resultado 26.002.795 euros.

La Agencia Tributaria reconoce en un informe entregado a la Audiencia Nacional que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol defraudó en el año 2000 más de 885.000 euros, pero subraya que el delito ya está prescrito.

Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, del pasado 15 de octubre que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, quien investiga el presunto origen ilícito de la fortuna de la familia Pujol Ferrusola.

"Aunque se trata de un ejercicio fiscal prescrito (2000), la cuota dejada de ingresar en el IRPF, según se detalla en la propuesta de regularización adjunta, por el ingreso en efectivo sin justificar realizado en la cuenta bancaria del obligado tributario, asciende a 885.651 euros", concluye el documento de Hacienda.

Estos impuestos dejados de abonar por el expresidente catalán corresponderían a un "ingreso en efectivo" de origen desconocido de 307 millones de pesetas (algo más de 1,8 millones de euros) que se produjo el 21 de septiembre de 2000 en una cuenta de la entidad andorrana Andbank.

El "titular formal" de esta cuenta, según las conclusiones del informe de la Onif, era Jordi Pujol Ferrusola, pero "su propietario real" era su padre, tal y como éste reconoció en un documento con membrete del mismo año 2000 —adjuntado al mismo informe— en el que dejó escrito que en caso de fallecimiento el dinero debía pasar a su esposa, Marta Ferrusola.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado prorrogar hasta el 23 de marzo de 2021 la instrucción del llamado caso Pujolcaso Pujol, que investiga el origen de la fortuna de la familia del expresidente catalán y en el que están investigadas 36 personas, entre ellas el expresidente de la Generalitar Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos por delito fiscal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 argumenta su decisión asegurando que "siguen concurriendo muchas de las mismas circunstancias que motivaron las prórrogas anteriores", y añade que algunas no dependen de la Audiencia Nacional, sino del "grado y celeridad de la cooperación facilitada por otras jurisdicciones", ya que la mayor parte de la actividad empresarial y de la fortuna del clan Pujol ha sido localizada fuera de España.

El magistrado ya acordó en 2016 la complejidad de esta causa en tanto que la investigación recae supuestamente sobre una organización criminal, tiene por objeto numerosos hechos punibles, muchos investigados y por tanto es necesario analizar abundante documentación y realizar actuaciones en el extranjero.

Nuevos informes y comisiones rogatorias

Atendiendo ahora la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez explica que actualmente está pendiente de informes de auxilio judicial en relación con el menor de los hijos del expresidente, Oleguer Pujol Ferrusola, y otros investigados que originarán nuevas órdenes europeas de investigación y nuevos informes de la Agencia Tributaria sobre esta parte de la causa.

Además, De la Mata recuerda en su auto que en la parte central de la investigación, la referida a la organización criminal integrada por los miembros de la familia, está aún pendiente de practicar diligencias como las comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a Andorra y Luxemburgo y otra de Dinamarca pendiente de cumplimentar. También está pendiente la solicitud de diligencias solicitadas por la entidad Gran Tibidabo, personada como acusación popular.

Por último, el juez recuerda que recientemente se ha descubierto una nueva Fundación, denominada Paty, vinculada a Josep Pujol Ferrusola, en un banco de Andorra en el que se ha identificado un ingreso de 600.000 euros y que ha motivado una nueva petición de la Fiscalía para cursar otra comisión rogatoria internacional al Principado "a fin de obtener información sobre este nuevo instrumento societario opaco tras el que se parapetaba" el investigado.

Según el último informe de la UDEF incorporado al sumario de la causa, al que tuvo acceso Europa Press, en la dirección de la Fundación Paty figura la sociedad panameña Gesfund INC, en la que estaban como apoderados Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés y Manuel Domingo Narvarte, todos ellos "vinculadas en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith y Advocats i Consultors Associats.

En la cuenta de la fundación, añade el informe, se contabilizó el abono mediante transferencia de 600.000 euros, cantidad cuyo origen radica en la cuenta que Josep Pujol tenía en el banco andorrano Andbank.

Por todo ello, De la Mata concluye que procede fijar un plazo máximo de instrucción final adicional en esta causa, visto que por las "circunstancias sobrevenidas a la investigación ésta no puede razonablemente completarse en el plazo estipulado".

Eso sí, aclara que esta ampliación no significa que se vaya a agotar el nuevo plazo, sino que el instructor tiene la "obligación de concluir la instrucción total o parcialmente mediante la incoación de las correspondientes piezas separadas tan pronto como considere que la instrucción haya cumplido su finalidad".

Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente Jordi Pujol, llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y medio de euros entre los años 1993 y 2000 a través de 69 movimientos que incluyen ingresos en efectivo de origen desconocido, según un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que también ha identificado una nueva fundación del clan radicada en Panamá y en la que se llegaron a inyectar 600.000 euros.

Según el nuevo informe policial incorporado al sumario de la causa que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, de 193 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, Josep Pujol fue quien realizó la transferencia a la denominada 'Fundación Paty', de la que era su "primer beneficiario".

La UDEF ha redactado este informe en base a la documentación que se le ha remitido desde Andorra en respuesta a la comisión rogatoria emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que es el que instruye este caso.

Según el documento, alguno de los ingresos que suman dicha cantidad fueron realizados en efectivo por el propio Josep Pujol, pero también por el que fuera director de la antigua banca Reig Antoni Zorzano y por María Pallerola, a quien la Policía vincula con otras operaciones realizadas por el primogénito del clan y presunto 'cerebro' de la trama familiar, Jordi Pujol Ferrusola.

De hecho, alguno de los ingresos analizados en este informe, como uno por importe de 244.953,16 euros, se realizaron en cuentas en las que figura como titular el propio Jordi.

En otro de los puntos del informe, y como contestación a una de las comisiones rogatorias internacionales impulsadas por el juez De la Mata, se ha podido constatar que una de las transferencias realizadas en 1997 fue ordenada por la sociedad Colil Capital NV desde la entidad Banco Zaragozano. Añade que la entidad Bank of New York actuó como banco corresponsal de la operación.

Dicha mercantil se encuentra domiciliada en Curaçao, territorio autónomo de los Países Bajos y que la UDEF identifica como paraíso fiscal en el que la banca offshore offshorecontinúa siendo un importante sector de su economía. El director general de la compañía se identifica en el informe como Juan Manuel Rosillo.

Promotor hallado muerto en Panamá

Según recuerda la UDEF, esta persona fue un empresario que se introdujo en España representando a la promotora inmobiliaria Kepro para desarrollar el barrio de Diagonal Mar en Barcelona, cuando tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, siendo condenado a más de 6 años de cárcel en 1999 por delitos relacionados con un fraude inmobiliario masivo en la compra de terrenos. Huyó de España y se le localizó en Panamá, donde fue encontrado muerto en octubre de 2007 en el Hotel Ambassador.

La Policía destaca las conexiones entre Jordi Pujol Ferrusola y el conocido como 'John Rosillo' que aparecen referenciadas en publicaciones de prensa escrita, blogs de Internet e incluso en la sentencia en la que Rosillo fue condenado en España, puesto que el asesor fiscal de la familia Pujol fue testigo en la citada causa.

En otras de las subcuentas analizadas en este informe figuran abonos o cargos, contabilizados bajo el concepto 'Arbit', que generan una serie de cargos por comisión de cambio de divisa y que la policía identifica con algún tipo de moneda que no puede precisar.

Posible préstamo ficticio

Los investigadores dan especial importancia en su informe a un movimiento en especial, un supuesto préstamo de 2009 que, según la propia declaración de Josep Pujol, realizó al empresario Jorge Barrigón, dueño de Cat Helicopters, compañía que habría obtenido contratos públicos a cambio de trasladar "en múltiples ocasiones" a la familia Pujol a Andorra, según la Policía.

Pues bien, ese préstamo por importe de 960.000 euros, de los cuales 900.000 iban a ser empleados para una opción de compra de las acciones de una sociedad andorrana denominada Heliand S.A., es puesto en duda por la UDEF en su informe, ya que sospecha que fue ficticio y su fin verdadero era el blanqueo de capitales.

Según la UDEF, el objetivo era "dificultar y ocultar el origen y destino de los movimientos de dinero" que iban a quedar registrados en la cuenta de BPA que usaba Josep Pujol así como en dos cuentas de su hermano mayor Jordi, ya que el mismo día que el primero retiró el efectivo para el supuesto préstamo el segundo recibió en su cuenta una cantidad idéntica.

A pesar de que tanto Josep Pujol como Jorge Barrigón han tratado de justificar estos movimientos, los investigadores sospechan que "el destinatario final de esos 900.000 euros podría haber sido Jordi Pujol Ferrusola".

El préstamo, añaden, permite a ambos hijos de Jordi Pujol desvincular el dinero ingresado en sus cuentas del Andbank, cuyo origen es desconocido, para ingresarlo en la cuenta del BPA de Josep, justificando dichos ingresos a través de las dos devoluciones del préstamo, cuando en realidad "no procedería de la devolución del préstamo, sino de una serie de ingresos y retiradas de fondos cuyos orígenes son desconocidos y que intentan enmascararlos gracias al citado préstamo, el cual genera la cobertura necesaria para desvincular y ocultar la procedencia real de los ingresos realizados en la cuenta del BPA", resume el informe.

Sobre la 'Fundación Paty', la UDEF ha concluido que en la dirección de la misma figura la sociedad panameña Gesfund INC, en la que figuraban como apoderados Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés y Manuel Domingo Narvarte, todos ellos "vinculados en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith y Advocats i Consultors Associats".

En la cuenta de la fundación, añade el informe, se contabilizó el abono mediante transferencia de 600.000 euros, cantidad cuyo origen radica en la cuenta que Josep Pujol tenía en Andbank.

El clan de los Pujol, al frente del cual se situaban el expresidente catalán y su primogénito, impuso su modus vivendi de corruptelas y negocios ilegalesmodus vivendi mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años y no quisieron denunciar porque "estarían muertos civilmente" si lo hacían y "les sería imposible continuar con su modo de vida". Así resume la UDEF según recoge Europa Press el sistema de sobornos que estableció la familia Pujol en Cataluña desde 1980, cuando Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalitat, hasta mucho después de que éste abandonara el cargo, pues para eso "fue introduciendo a su hijo Oriol, quien sucesivamente fue ganando cuota de poder" en las instituciones catalanas.

Y mientras Oriol Pujol ascendía en el plano político, la investigación ha acreditado el papel esencial del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, "en el desarrollo de un sistema espurio, la financiación de partidos políticos con capitales adulterados". Y es que "sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieron para financiar campañas electoras de CDC, que además en gran parte finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos".

Es más, el informe de la UDEF, entregado en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que Pujol Ferrusola "ha jugado un papel relevante en la transformación de CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción, como las fundaciones conexas" al partido. "Esta conexión de alto nivel permitió a la familia Pujol Ferrusola la formulación de políticas, obtener información estratégica y garantizarse una protección sólida, siendo además la lucha contra este tipo de conexiones muy difícil desde dentro de la propia administración autonómica", explica el informe.

En este sistema, añade el inspector que firma el documento, "las redes se solidifican porque hay un entorno que tiende a aceptar y excusar la corrupción, aún cuando la propia corrupción genera un entorno que tiende a justificarla o disculparla".

Durante todos los años en que el sistema se mantuvo activo, se impuso una "forma de coacción en el ámbito civil". De hecho, el inspector subraya que "se han recabado muchos testimonios de personas que han manifestado su temor, que no han querido denunciar conductas porque desde entonces estarían 'muertos civilmente' y les sería imposible continuar con su modo de vida en Cataluña". Se trataba, al fin y al cabo, de "utilizar la administración para dificultar la vida de quienes se opusieran a su 'modus vivendi'", lo cual "ha sido la práctica diaria" que "se ha venido dando desde antaño" en la administración autonómica catalana.

Según la UDEF, estas "actitudes coercitivas" también se han visto en otro procedimiento judicial que igualmente investiga la Audiencia Nacional, como es el caso conocido como 3%, con "coacciones hacia los funcionarios para cumplir con los designios políticos y favorecer a empresas que pagaban comisiones". "La coacción constituye un medio de desarrollo tradicional de los grupos criminales y su utilización tiene diversos objetivos, atendiendo a las victimas u objetivos a quienes va dirigida", apunta el inspector.

Corrupción constante durante 30 años

Y es que, según el informe, de más de 200 páginas, "las conexiones a lo largo de más de 30 años con actividades de corrupción han sido una constante", pues "han sido innumerables los procedimientos judiciales en los que han estado inmersos no sólo los miembros del núcleo familiar, sino inclusive los colaboradores más cercanos, como era el caso de los más cercanos partícipes en la actividad política de Jordi Pujol". "No han sido acciones delictivas ocasionales y oportunistas, sino una metodología implantada que ha venido funcionando de forma recurrente y que ha impregnado la actuación de múltiples representantes públicos", añade.

A través de este sistema, la UDEF estima que la familia Pujol llegó a amasar al menos 290 millones de euros en cuentas en paraísos fiscales. El inspector atribuye al primogénito, como viene siendo habitual en la investigación, el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, denominándole incluso "paladín familiar en la organización delictiva" que era el clan y cuyas actividades encuadrarían "dentro del concepto de crimen organizado".

Según el informe policial, "todos los ingresos" de Pujol Ferrusola responden a la prestación de servicios ficticios de asesoría justificados con facturas falsas de un complejísimo entramado societario con el que iba blanqueando los ingresos ilícitos. Aunque "la mayoría de las acciones criminales son fruto de una acción individual o particionada" por el primogénito, explica el inspector, "en todas ellas hay detrás una voluntad implícita de acciones planificadas y estructuradas que comparten los miembros de la familia, si bien no se trata "de la tradicional visión de las organizaciones criminales tipo mafia".

Pujol Ferrusola llegó a ejercer funciones de tesorero de CDC

También consta en el informe de la UDEF que Jordi Pujol Ferrusola habría llegado a ejercer funciones atribuibles a un tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) con la recaudación del 3% en comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos públicos. Buena parte de este dinero la habría destinado a engordar la fortuna de su familia. El informe atribuye al hijo mayor de Jordi Pujol, como viene siendo habitual en la investigación, el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, denominándole incluso "paladín familiar en la organización delictiva" que era el clan Pujol.

La UDEF afirma que el primogénito "habría desarrollado las funciones atribuibles" al que fuera el tesorero del partido Andreu Viloca "en cuanto a la recaudación del 3% u otros porcentajes" de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos en los primeros gobiernos autonómicos catalanes, aunque "habría derivado una parte sustancial del dinero al patrimonio de la familia".

Y así, tras la detención de Viloca el 21 de octubre de 2015 por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) –el primer juzgado que investigó la causa del 3%; ahora está en manos del mismo juez que instruye el caso de los Pujol en la Audiencia Nacional, José de la Mata– mantuvo varias conversaciones con entonces dirigentes del partido.

Uno de los "contactos" que mantuvo Pujol Ferrusola fue, a las cinco y media de la tarde del día posterior a la detención, con el exconsejero Joaquim Forn, quien entonces era primer teniente de alcalde de Barcelona, con quien comentó vía mensajes "la actuación judicial", según explica el informe policial. Forn se encuentra actualmente en prisión provisional a la espera de sentencia por su presunta participación en el proceso independentista en Cataluña. La Fiscalía pide para él una condena de 16 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación.

Pujol Ferrusola también guardaba en su teléfono móvil, añade el informe de la UDEF, "varios mensajes en los que se alude a hechos vinculados con el caso 3%" y en uno de ellos comentaba "alarmado qué contenido tendrán los correos electrónicos intervenidos a Viloca".

Según los investigadores, Pujol Ferrusola ha mantenido una "íntima relación pasada y actual con CDC", la cual es, además, "transversal a todas sus estructuras, abarcando desde los puestos más representativos, con la presencia de dirigentes históricos como Josep María Cullel, considerado junto a su padre uno de los fundadores del partido, hasta Artur Mas", sucesor de Jordi Pujol al frente del partido y también expresidente de la Generalitat.

Pero también mantenía relación con personas de la "base" del partido, como el caso de un trabajador "con quien mantuvo muchas impresiones el día que se estaría registrando la sede" de la formación, el mismo día de la detención de Viloca por el 3%.

En el informe policial también se destacan otras conversaciones que Pujol Ferrusola habría mantenido con Germá Gordó y Francesc Sánchez Vera, exgerente y excoordinador de CDC, respecticamente, ambos también investigados en el caso del 3%. Por tanto, para la UDEF "no resulta sorprendente la presencia entre los contactos" del teléfono de Pujol Ferrusola, "con sus datos privados, de personas cuya relación con el investigado ya se ha acreditado con amplitud en la presente causa, siendo el caso de Lluís Badía y Xavier Trías, ambos personas representativas en el organigrama de CDC".

En el caso del primero, además, "se le atribuye la participación directa en negocios conjuntos con Jordi Pujol Ferrusola, e incluso la adopción de decisiones cuando dirigía el Puedo de Tarragona que favorecieron sus intereses".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha librado una comisión rogatoria a las autoridades de Luxemburgo en la que pide información sobre cuentas bancarias en las que el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol movió hasta 8 millones de euros desde una cuenta abierta en Suiza. Así se explica en un auto con fecha del pasado 12 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide dicha información para "seguir la trazabilidad de los fondos atribuidos a Jordi Pujol Ferrusola en las cuentas abiertas en Suiza".

La petición la hace a raíz de la información enviada desde Suiza sobre los fondos de la familia Pujol, que están siendo investigados desde diciembre de 2012 por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil, así como de un posible delito de organización criminal. En dicha resolución se explica que Pujol Ferrusola solicitó en septiembre de 2004 "el traspaso de todos los activos" almacenados en la entidad bancaria helvética JP Morgan a las cuentas bancarias de Banque Pictet & Cie de Luxemburgo, un montante que ascendió a 8.002.162,47 euros.

El juez De la Mata afirma en su resolución que estas facturaciones millonarias realizadas "a través de las sociedades instrumentales asociadas a Jordi Pujol Ferrusola no tienen justificación material alguna", ya que no se sustentan "en ningún caso en la prestación real de servicio alguno asociado al concepto que se trasladó a las facturas".

Por ello concluye que "ha quedado reiteradamente acreditado" que el primogénito del hijo del expresidente catalán ha utilizado la jurisdicción suiza y otras para realizar distintas operaciones "encaminadas a la ocultación y blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos, a su vez ocultos en Andorra y otras jurisdicciones".

"La familia Pujol se ha aprovechado de su posición"

Asimismo, el magistrado instructor reitera que la familia de Jordi Pujol y Marta Ferrusola se ha aprovechado de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social, económica catalana para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas".

El juez De la Mata detalla la operativa de este movimiento concreto y comienza explicando que la "operación que cuantitativamente es más importante, con bastante diferencia" es la que se lleva a cabo el 27 de septiembre de 2002, en la que se transfieren 4,409.212,43 euros desde una cuenta andorrana a la de JP Morgan, cuyo beneficiario es el depósito a nombre de Selecta Fund Ltd./Amigo, con sede estatutaria en las Islas Vírgenes Británicas. Para afrontar la salida de este dinero, prosigue el instructor, ese mismo día se traspasa desde otra cuenta de Andorra el importe de 2.025.774,25 €, además de dos ingresos en efectivo de 1.131.243,44 euros y 40.754,74 euros.

De hecho, estas dos últimas cantidades en realidad son dos reintegros que constan en otros dos cuentas andorranas, de las cuales una de ellas había sido inicialmente abierta a nombre de Oleguer Pujol Ferrusola, quedando más tarde su hermano Jordi como único titular, y en la que siempre estuvo como apoderada su expareja Mercé Gironés, recuerda.

"El manejo de esta operación pone de relieve el principio de unidad de caja con el que funciona la familia y todas las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola", señala De la Mata, al mismo tiempo que hace hincapié en que de la información enviada por las autoridades helvéticas se desprende que en la cuenta de JP Morgan también están autorizados Gironés y el empresario Carles Tusquets Trias de Bes.

El juez hace hincapié en que este fondo llegó a acumular 17.935.861,97 millones de euros en marzo de 2004. Sin embargo, tan solo hace alusión a la petición de transferencia de 255.193,52 euros que el representante de Selecta Fund, Augusto Berni, pide a JP Morgan que haga a una de las dos cuentas que la mercantil había abierto en Luxemburgo. Se da la circunstancia que las autoridades suizas destacan como "relevante" que el fondo de esta empresa consta a nombre de Pujol Ferrusola y Tusquets.

Por otro lado, el auto constata que Jordi Pujol Ferrusola además tenía otra cuenta personal abierta en la entidad JP Morgan, en la que también están autorizados su exmujer y el empresario catalán, en la que consta que en septiembre de 2004 había alcanzado 8 millones de euros, que se transfieren íntegramente a Luxemburgo. Aunque el magistrado no hace alusión a si los fondos pudieron ser transferidos entre las cuentas de Pujol Ferrusola en el banco suizo, sí apunta que el representante de Selecta, Augusto Berni, envió en febrero de 2004 una carta en nombre de la empresa a JP Morgan" solicitando la transferencia de todos los fondos" de la cuenta personal a la aperturada en Luxemburgo.

"Dominio total" del primogénito

"La conclusión es que no cabe duda alguna respecto al dominio total de la operativa bancaria por parte de Jordi Pujol Ferrusola en colaboración con Carlos Javier Tusquets Trías de Bes, posicionándose en última instancia como beneficiarios de los activos inyectados en las cuentas objeto de análisis", dice el juez De la Mata.

Por todo ello, solicita al Banque Pictet & Cie de Luxemburgo que remita la información del contrato de apertura de las cuentas bancarias, identificando a sus titulares, autorizados y beneficiarios, además de los extractos de movimiento con "el mayor nivel de detalle", pues interesa que se señale las cuentas de origen y de destino de las transferencias que han tenido lugar desde 2004 hasta la actualidad.

Esta no es el único auxilio judicial que ha hecho recientemente el juez de la Audiencia Nacional, pues el pasado 7 de agosto, envió una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Andorra para que reclamen a cuatro bancos de Principado información sobre seis cuentas bancarias que presuntamente tenía el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a través de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes.

La decisión la tomó después de la reclamación de la Fiscalía Anticorrupción y tras conocer un último informe de la Agencia Tributaria, que afirma que el hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola traspasó más de nueve millones de euros entre empresas de México y Panamá, que procedían de "ingresos sin justificar" y supuestamente con el objetivo de invertir en negocios de casinos en el primer país.