Tanto las medidas antiparaísos por la pandemia como los proyectos de reforma del sistema chocan contra un muro de límites jurídicos y problemas políticos.
Un informe de la Fundación Primero de Mayo, de CCOO, revela un problema masivo que afecta a trabajadores reclutados vía ETT malviviendo en áreas insalubres, cambiando semanalmente de alojamiento y cobrando menos de lo que se les decía en España.
Aunque ha sido una resolución de mínimos, parece que la crisis económica de la Covid-19 ya está medio solucionada con los acuerdos de la UE sobre el Fondo Recuperación.
Denunciamos poco el empeño de los grandes emporios de la información en colocar como ejes de debate público asuntos completamente ajenos a la realidad, mientras minimizan o directamente ocultan cuestiones decisivas para el interés de la ciudadanía.
El presidente se juega en dos semanas la presidencia del Eurogrupo, un amplio fondo no condicionado para la reconstrucción económica tras la pandemia y el futuro de las subvenciones a la agricultura española.
Si la UE alcanza un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción por la pandemia, el dinero no estará disponible hasta enero de 2021. Recurrir al BCE o aceptar las ayudas con condiciones del MEDE son las únicas soluciones para conseguir financiación con urgencia.
El Gobierno de Mark Rutte y su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra en particular, se han convertido en un símbolo del egoísmo de una Unión Europea condenada a la ruptura. Pero el debate en los Países Bajos es más complejo de lo que parece.
Los planes de empresa de Países Bajos, Reino Unido y California, los nacionales de Japón y los corporativos de gigantes como General Electric se encuentran en el ojo del huracán por los bajos tipos de interés.
Las autoridades de Países Bajos ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que detallan dos cuentas de empresas vinculadas a Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol.
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