"Todo dependerá de la naturaleza de la respuesta de Israel. Este lunes, los analistas del mercado energético se veían luchando contra molinos de viento. Al igual que los líderes políticos mundiales, el mundo de la energía está a la expectativa de lo que suceda, con la esperanza de que la presión conjunta de Estados Unidos y sus aliados, así como de China y Rusia, logre contener la extensión del conflicto entre Israel e Irán y evitar una conflagración regional. 

Por el momento, los financieros parecen haber decidido no especular con el peor de los escenarios. El precio del Brent, que subió ligeramente en la apertura, no dejó de bajar hasta caer un 1%, hasta 89,5 dólares el barril. El precio del WTI, el petróleo de referencia en Estados Unidos, siguió exactamente la misma tendencia. 

"Los precios habían subido antes del fin de semana, y la prima de riesgo geopolítico ya se había tenido en cuenta", explica Daniel Hynes, estratega del banco ANZ. Tras la noticia del ataque al consulado iraní en Damasco el 1 de abril, los precios del petróleo subieron más de un 4%, superando los 90 dólares el barril. 

Incluso en el caso de un conflicto agravado entre Israel e Irán, ningún especialista del mercado del petróleo y el gas imagina que los países de la región puedan volver a utilizar el arma del petróleo, como hicieron en 1973: las diferencias entre Irán y varios países productores de la región son demasiado grandes para prever una respuesta conjunta, señalan los observadores. 

Además, los países de la OPEP+ (los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo más otros diez países productores, entre ellos Rusia) se negaron a recurrir al petróleo después de que el ejército israelí invadiera Gaza en respuesta a los ataques de Hamás el 7 de octubre. 

Por su parte, los países occidentales hacen todo lo posible por evitar la provocación y jugar la carta del apaciguamiento. En su comunicado del 14 de abril tras su reunión de urgencia, los miembros del G7 (Estados Unidos, Japón, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia), si bien condenaron expresamente el ataque iraní contra Israel, tuvieron cuidado de no mencionar posibles sanciones contra Teherán, en particular un embargo reforzado sobre el petróleo iraní. Sin embargo, esta arma se ha utilizado muchas veces en las últimas décadas. Pero esta vez, la posibilidad parece descartada. Al menos de momento. 

Cualquier decisión brusca sobre la energía podría tener repercusiones incontroladas en el conjunto de la economía mundial, dada la ya tensa situación. 

A pesar de las declaraciones triunfalistas de los bancos centrales, que se jactan de haber reducido la inflación vinculada en gran medida a los precios de la energía, la crisis energética de 2021-2022 está lejos de haber terminado. Incluso amenaza con estallar de nuevo en cualquier momento, con las extremas tensiones entre Irán e Israel añadiendo más leña a un entorno ya de por sí complicado. 

Sin que nos hayamos dado cuenta, los precios del petróleo y el gas ya han subido considerablemente desde principios de año. De unos 73 dólares el barril a principios de año, el precio del Brent subió a más de 87 dólares a finales de marzo, un aumento del 20% en sólo unos meses. A medida que se acerca el final del invierno, los contratos de gas han subido un 25% entre febrero y abril, hasta superar los 30 euros por megavatio-hora en el mercado europeo. 

La tendencia es la misma en Estados Unidos y Asia. En las últimas semanas, Arabia Saudí ha decidido subir el precio de sus entregas de petróleo a China. Las tensiones vuelven a ser tan elevadas que el petróleo ruso, aunque oficialmente limitado a 60 dólares el barril por las sanciones occidentales, cotiza ahora muy por encima de los 75 dólares. 

No parece que nada vaya a aflojar el cerco a corto plazo. A pesar de la ambición declarada de los gobiernos de abandonar los combustibles fósiles lo antes posible, el consumo de petróleo nunca ha sido tan alto, pese a la atonía de la economía mundial. Se espera que supere los 103 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de la Energía. Se trata del nivel más alto jamás registrado. 

Al mismo tiempo, la oferta es cada vez más escasa. Decididos a mantener altos los precios del petróleo –su objetivo es de al menos 90 dólares–, los miembros de la OPEP, con el acuerdo de Rusia, adoptaron hace más de un año una política de reducción de la producción de petróleo de más de 3 millones de barriles diarios. Estados Unidos, que se ha convertido en el primer productor mundial de petróleo y que hasta ahora había logrado mantener un relativo equilibrio, tiene dificultades para seguir siéndolo al estancarse la producción de gas y petróleo de esquisto. 

Tras las sanciones contra el gobierno de Putin, la administración Biden ha hecho todo lo posible para contener la subida de los precios de la energía. Para mantener la estabilidad de los suministros, liberó parte de sus reservas estratégicas. El presidente americano ha conseguido también que se levanten total o parcialmente los embargos sobre el petróleo venezolano e iraní. Y mientras se pronunciaba contra Vladimir Putin, Estados Unidos ha hecho en parte la vista gorda ante las diversas operaciones de contrabando que permiten el abastecimiento de petróleo ruso a los mercados, empezando por las refinerías de la India. 

En este contexto, el menor desequilibrio, la menor perturbación de la oferta, puede provocar una sacudida de los mercados mundiales. El presidente de Estados Unidos. preocupado por mantener los precios bajos durante la campaña electoral, está haciendo todo lo posible por evitar otra crisis energética, que podría avivar la inflación y obligar a la Reserva Federal a mantener altos los tipos de interés. 

Recientemente, el Secretario de Defensa americano, Lloyd Austin, no dudó en criticar públicamente los últimos ataques ucranianos contra la capacidad de refino rusa, señalando que tales ataques podrían tener un "efecto dominó" en los mercados energéticos. Pidió al gobierno ucraniano que dirigiera sus ataques contra "objetivos que puedan influir directamente en el combate". Tras esos ataques, que redujeron la producción rusa en un 10%, el gobierno de Vladimir Putin decidió suspender parte de sus exportaciones, lo que contribuyó a reavivar las tensiones. 

Aunque Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos disponen de capacidades paradas que pueden reiniciarse rápidamente, cualquier ralentización o interrupción de los suministros procedentes de Irán, que exporta unos 3 millones de barriles diarios, podría tener consecuencias muy desestabilizadoras.  

La situación es especialmente preocupante para Europa. La crisis energética y la invasión rusa de Ucrania han provocado choques asimétricos de un lado y otro del Atlántico. Mientras que Estados Unidos ha podido contar con su producción de gas y petróleo de esquisto, todos los países europeos, aislados de los suministros rusos, han tenido que comprar sus suministros energéticos a precios elevados. Durante la crisis energética se gastaron cerca de 500.000 millones de euros, para gran beneficio de los países productores, empezando por Estados Unidos. 

Incluso hoy, cuando se supone que la situación se ha normalizado, Europa sigue pagando por su gas y, por extensión, por su electricidad debido a un mercado disfuncional, cuatro veces mas que en Estados Unidos. Varios grupos energéticos ya han advertido de que esta desventaja competitiva, que afecta directamente a la industria manufacturera, va a continuar. Y si Oriente Próximo arde en llamas, Europa podría volver a estar en primera fila.

Traducción de Miguel López

La pandemia ha provocado un "incremento inédito y veloz" de la tasa de privación material severa, que pasa del 4,7% al 7% en un año. Se trata de un indicador que detecta carencias en el acceso al consumos básicos para una vida digna. No se habla aquí de de lujos, sino de un mínimo de calidad de vida. Así están las cosas.

Ahora 1,1 millones de personas se han sumado a la lista de quienes no pueden afrontar cuatro o más ítems de consumo básico de un total de nueve utilizados para las estadísticas homologables en la UE. Ya son 3,3 millones. Hay datos de récord. El porcentaje de quienes se retrasan en pagos relacionados con la vivienda o de compras a plazos salta del 8,3% al 13,5% y toca su techo desde el arranque de la serie, en 2008. También está su máximo el porcentaje de quienes no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días (5,4%). El salto de los que no pueden mantener su casa a temperatura adecuada es del 7,6% al 10,9%, el segundo dato más alto de la serie después de 2014. Y no todo es por el covid-19. Cuando llegó el virus 600.000 personas aún no habían recuperado los mínimos de calidad de vida anteriores a la Gran Recesión. Llueve sobre mojado. El porcentaje de quienes tienen "mucha dificultad" para llegar a fin de mes registra su mayor subida interanual.

Todo ello lo pone de relieve el informe El Estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España. 2008-2020, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que aglutina más de 8.000 entidades sociales sólo en España y es un referente en el diagnóstico de los problemas sociales en el país [ver aquí el resumen ejecutivo y aquí el estudio completo]

Problemas para lo básico

Los datos de carencia material y de falta de acceso a los consumos básicos, recogidos entre septiembre y diciembre de 2020, muestran la dureza del golpe de la pandemia. La privación "se intensifica extraordinariamente para todos los ítems de consumo estudiados, para todos los segmentos de población analizados y en la inmensa mayoría de las comunidades", en concreto 15 de 17, todas menos Castilla-La Mancha y Aragón. "Todo ello se traduce en un incremento inédito y veloz en la tasa de privación material severa, que pasa del 4,7% al 7%", destrozando cinco años de recuperación en este indicador, agrega el informe.

Evolución de la Privación Material Severa.

El incremento de 2020 provoca que 1,1 millones de personas se agreguen a la privación material severa, que afecta afecta ya a 3,3 millones, entre ellos casi uno de cada diez niños y adolescentes, una de cada siete personas en familias monoparentales y uno de cada cuatro extranjeros de fuera de la UE.

Pero, ¿qué define la privación material severa? Se consideran afectados por la misma quienes viven en hogares que no pueden afrontar cuatro o más ítems de consumo básico de un total de nueve: 1) No pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 2) No pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 3) No tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. 4) Han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 5) No pueden permitirse ir de vacaciones ni una semana al año. 6, 7, 8 y 9) No pueden permitirse disponer de un teléfono, un televisor, una lavadora, un automóvil. Es un indicador de "vulnerabilidad grave", así considerado en el conjunto de la Unión Europea, donde se utiliza para hacer comparaciones. La privación material severa adquiere ahora valor "extraordinario" como medidor porque "permite registrar el brutal efecto de la pandemia", señala el informe. 

Destaca el nuevo porcentaje de personas con retrasos en pagos relacionados con la vivienda o a plazos. Pasa en un año del 8,3% al 13,5%, el más elevado de toda la serie histórica, que arranca en 2008. La subida es más de 5 puntos. También sobresalen las subidas de quienes no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, del 3,8% al 5,4%. También es el punto más alto de la serie. Quienes no pueden mantener su casa a temperatura adecuada pasan del 7,6% al 10,9%, el segundo dato más alto después de 2014. Este porcentaje ha pasado desde 2008 del 5,9% al 10,9%.

Porcentaje de personas con retrasos en pagos relacionados con la vivienda o en compras a plazos y porcentaje de personas que no pueden mantener la vivienda a temperatura adecuada.

¿Iba todo como la seda antes del covid? No. En 2019, después de cinco años de recuperación macroeconómica, la tasa de privación material severa estaba todavía por encima de 2008. Se trata de 1,1 puntos porcentuales más, es decir, 600.000 personas que nunca recuperaron su "calidad de vida previa a la crisis", según el informe, elaborado a partir de fuentes oficiales, fundamentalmente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Ahora, sin haberse repuesto del golpe de la Gran Recesión, afrontan la pandemia.

Problemas para llegar a fin de mes

El 45,2% de la población española tiene "alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes", incluyendo el impacto de la pandemia. La cifra supone una reducción de 4,1 puntos porcentuales con respecto a 2019. Pero esconde un problema, que sólo se ve al afinar la vista.

La reducción se debe a la mejora del porcentaje de las personas que manifiestan grados de dificultad bajos e intermedios. Por el contrario, las personas que llegan a fin de mes “con mucha dificultad” han aumentado desde el 7,8% hasta el 10%, el mayor crecimiento interanual de la serie.

Dificultad para llegar a fin de mes.

Brecha territorial y social

El informe, en este caso con datos pre-covid, detecta 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión, es decir, el 26,4% de la población española. Juan Carlos Llano Ortiz, director del estudio, llama a la prudencia sobre los datos futuros, dado que, a su juicio, la respuesta con fuerte gasto público ha sido más acertada que la austeridad con la Gran Recesión.

Lo que resulta indudable es que existe una fuerte desigualdad territorial. El mapa que presenta la Red muestra una España partida en dos mitades, en la que grosso modo las comunidades del norte tienen tasas bajas en los indicadores de pobreza y exclusión y, en su mayoría, homologables con los países más desarrollados de la UE, mientras las del sur suspenden claramente.

"El territorio es una significativa fuente de desigualdad. [...] Las diferencias entre regiones son más que evidentes y pueden llegar a suponer [...] más de 26 puntos en la tasa Arope [riesgo de pobreza y exclusión], lo que evidencia que la cohesión territorial debería ser un importante objetivo político", señala el informe.

Desigualdad norte-sur en cuanto a la tasa Arope (At-Risk-Of Poverty and Exclusion, es decir, en riesgo de pobreza y exclusión).

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social detecta además un cambio a peor, desde 2008 y sin llegar a tener datos de pandemia, en la relación de los ingresos del 20% que más cobra con respecto al 20% que menos (S80/S20) y del 10% que más cobra con respecto al 10% que menos. Ambas brechas se abren, más aún entre el 10% de arriba y el 10% de abajo.

Relación de los ingresos del 20% que más cobra con respecto al 20% que menos (S80/S20) y del 10% que más cobra con respecto al 10% que menos (S90/S10).

Los fondos europeos de reconstrucción, que el Consejo Europeo aprobó el pasado otoño para ayudar a rehacer las economías del continente más dañadas por las consecuencias económicas del covid-19 y que según el Gobierno deben servir para transformar el tejido productivo en nombre de la digitalización y la transición ecológica, deben dedicarse al cemento, al ladrillo, a compensar bajadas de impuestos y poner en marcha la llamada mochila austríaca. Esas son, al menos, las prioridades a las que debería dedicarse el dinero, según el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Fue hace unos días en una conferencia pronunciada en el Cercle d’Economia de Barcelona, delante de empresarios catalanes de primer nivel y en el marco de la precampaña electoral catalana. Allí el líder de la oposición concretó por primera vez el enunciado de lo que, en opinión del Partido Popular, deberían ser los principales objetivos de los 140.000 millones de euros que la UE ha puesto a disposición de España y de los cuales 72.700 millones son ayudas directas.

“Hemos puesto letra a la música de los fondos europeos”, explicó, y al hacerlo “hemos declinado en grandes líneas los seis ejes que Europa ha propuesto a los Estados miembros para ajustarse a la concesión de estas ayudas”. Un dinero que —Casado no se cansa nunca de repetirlo— “el PP no sólo apoya sino que nuestras compañeras [Christine] Lagarde, [Angela] Merkel y [Ursula] von der Leyen han impulsado”. Como si su aprobación no hubiese sido el resultado de una de las cumbres más largas de la Unión tras un difícil y trabajado acuerdo suscrito por los líderes de los 27 países miembros.

En primer lugar, Casado propone, en nombre de “la competitividad”, que una parte del dinero que Europa pone a disposición de España no tenga otro destino que compensar una bajada de impuestos —no concretó si a las empresas o a los ciudadanos—, algo que según él ya se propone hacer Francia. Reducir impuestos está en el frontispicio del programa económico de la derecha y su líder repite siempre que tiene ocasión el mantra neoliberal de que, aplicando esa política, se acaba recaudando más dinero.

En segundo lugar, la propuesta del PP es utilizar los fondos para poner en marcha la llamada mochila austríaca, un modelo laboral ideado para cumplir tres objetivos: reducir a las empresas el coste del despido, incentivar la movilidad de los trabajadores y reforzar el sistema de pensiones.

En nombre de “la cohesión territorial” y de la “garantía juvenil”, Pablo Casado defendió utilizar el dinero para construir grandes infraestructuras y movilizar, de nuevo, el sector de la construcción. Hay que emplear los fondos, defendió, en terminar “los grandes corredores ferroviarios europeos”, entre ellos el corredor mediterráneo, e impulsar de paso “los corredores de mercancías”. Y hay que implementar, explicó, “una propuesta que la banca española lleva planteando mucho tiempo, que es un plan de vivienda joven” que movilice el sector de la construcción.

Donde el Gobierno quiere impulsar la transición ecológica de la economía —el líder del PP volvió a ridiculizar este objetivo afirmando que en realidad es un Plan E incapaz de crear empleo sostenible— Casado plantea la financiación de lo que el PP denomina un plan para el agua “que acabe” con el problema de los trasvases entre “cuencas cedentes y receptoras”. Un plan que, subrayó, “necesita de ayudas internacionales para hacer grandes acometidas”, lo que sugiere su objetivo de impulsar la realización de grandes obras hidráulicas.

Por último, explicó a los empresarios catalanes, pretende que el dinero de Bruselas, en nombre de la “digitalización”, se utilice para “racionalizar el gasto público” de lo que llamó “estructura burocrática”, algo que en la jerga conservadora suele apuntar a un “adelgazamiento” de la administración. De hecho, Casado se refirió a la función pública no “sanitaria, educativa ni de los cuerpos de seguridad del Estado”. Que es “excelente”, matizó, pero que según él “requiere de nuevos incentivos y de nueva movilidad profesional”.

Las diferencias con el Gobierno

Las prioridades del PP para los fondos europeos distan mucho de las del Gobierno de coalición, que dan prioridad a la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, la conservación y restauración de ecosistemas y la transición energética, así como a la digitalización de la administración —con especial protagonismo de la  justicia— y del tejido productivo. Sin olvidar la modernización y refuerzo de la investigación científica y del sistema sanitario, así como el impulso de la educación a todos los niveles.

En esta ocasión Casado no hizo referencia a la utilización de los fondos europeos para pagar ayudas a los afectados por la tormenta de nieve, como defendió hace una semana y le afeó todo el arco parlamentario. Es necesario “pedir ‘fondos Filomena'”, defendió entonces, “fondos para paliar los estragos de la tormenta perfecta”, algo que según él se puede hacer “en el Parlamento Europeo y también en los fondos de reconstrucción que estén viniendo”.

En el mismo foro, el Cercle d’Economia, el líder conservador aprovechó su exposición para volver a cuestionar las "verdaderas intenciones" de Sánchez con el dinero de Europa. Es “un proyecto ambicioso, generoso y necesario, pero de cómo lo gestionemos dependerán muchas cosas para España”. Y “creo humildemente”, dijo, “que el Gobierno lo está haciendo tarde y muy mejorablemente”.

Casado volvió a quejarse de que Sánchez no aceptase su propuesta de crear una agencia independiente para gestionar los fondos y prefiriese hacerlo directamente desde el Gobierno. Eso, insistió una vez más, abre la puerta a “clientelizar, o peronizar las ayudas”,“clientelizarperonizar en vez de gestionarlas “con rigor, rendición de cuentas y trasparencia”.

Lo que se necesita, añadió, “es un proyecto de país”, un “gran plan nacional del que hoy no hay rastro porque el Gobierno se ha limitado a ser un buzón de recepción de iniciativas para después repartir arbitrariamente los fondos”, acusó.

Una vez más, Casado defendió lo que denomina “un gran plan de choque económico para España”, que incluye bajadas y supresiones de impuestos, 50.000 millones de euros de ayuda directa a empresas, sobre todo del sector turístico, y un impulso a la flexibilidad laboral —manteniendo la reforma de Mariano Rajoy que el Gobierno de coalición ha prometido modificar—. Y repitió los principios que le mueven. En primer lugar, “la defensa de la libertad individual frente a los colectivismos y los proyectos identitarios”, así como “la defensa de la propiedad privada” y el “libre mercado”, además de la defensa del “Estado de derecho”.

Una década atrás, no había Gobierno en la Unión Europea que, con la excepción de Alemania, repitiese otra legislatura porque eran barridos en las elecciones. Eso con suerte: si las cosas iban mal, los Ejecutivos eran reemplazados en mitad de la marcha por tecnócratas procedentes de Goldman Sachs (Monti en Italia, Papademos en Grecia). Para apuntalar las reformas, término que de 2010 a 2014 fue sinónimo de recortes, la Unión Europea -pero especialmente la Eurozona- creó la Troika, una suerte de trinomio entre la Comisión Europea, el BCE y el FMI que indicaba a los ministros de Finanzas cuánto meter la tijera si querían recibir préstamos con condiciones leoninas que lastraron el crecimiento comunitario durante todo un lustro. 

Lo único que queda en Europa de aquella etapa es Angela Merkel, la mujer más poderosa del mundo en 2019 según Forbes que se jubilará de la cancillería germana en 2021. Y ni siquiera es la misma Merkel de los tiempos de la Troika. Para regocijo de Pedro Sánchez -único presidente al frente de un estado miembro de la UE con un Gobierno de coalición de izquierdas-, la postura comunitaria para combatir el coronavirus es la expansión económica y no la vieja austeridad y el rigor fiscal de sello teutón.

Estamos ante dos crisis bien diferentes (financiera y del coronavirus) acaecidas en la misma década, efectos devastadores en ambas y dos salidas radicalmente distintas para España: recortes masivos en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 (aprobados en 2010) y gasto indiscriminado en los PGE de 2021, presentados esta semana. En los primeros presupuestos se recortaron 10.000 millones de gasto no financiero o público; en los segundos, los del año que viene, este capítulo crece en 70.000 millones de euros (68.766 millones), un 41% más que el año anterior. 

El desastre español con la crisis financiera arrancó a comienzos mayo de 2010. La entonces ministra económica Elena Salgado comunicó telefónicamente entre lágrimas a José Luis Rodríguez Zapatero al terminar el Eurogrupo que los recortes eran ineludibles. Y el ex presidente del Gobierno trasladó la idea al Congreso de los Diputados el 12 de mayo, al que avanzó un tijeretazo presupuestario de 15.000 millones de euros, decisión que, aseveró, haría "me cueste lo que me cueste". Todavía no hemos llegado a la elaboración de los Presupuestos Generales de ese año, que incluirán más medidas austeras. 

Visto todo con perspectiva, en 2010 se anunciaban nubarrones si no se hacían reformas radicales pero los datos, por el contrario, no asumen tal cosa. El paro antes del anuncio de Zapatero oscilaba el 18%: tres años después batió su récord al rozar el 28%. El PIB había crecido de 2009 a 2010 un modesto 0,2%, subida que no volvería a producirse hasta 2014. La prima de riesgo -un concepto extraño que viene a ser el diferencial que pagan los bonos de deuda españoles con los alemanes- mantuvo a España en vilo durante tres años, pero en mayo de 2010 rondaba los 200 puntos mientras que en julio de 2012 se desbocó hasta los 650 puntos tras varias raciones de austeridad. Era el momento de los brotes verdes y del Plan E. 

"Si tuviéramos que comparar las dos crisis, hay diferencias notables", razona Alejandro Inurrieta, que estuvo en el equipo económico de Zapatero al mando del ex secretario de Estado de Economía David Vegara. "La anterior fue una crisis de deuda privada, y no todo el mundo entiende aún que lo que ocurrió fue un sobreendeudamiento de las corporaciones y las familias a raíz de una burbuja inmobiliaria brutal que dejó seco al sector financiero". Inurrieta destaca esto porque cree que durante un tiempo se generalizó la idea de que la crisis era "de gasto público", y ello acarreaba recortes inevitables. "Quebraron grandes corporaciones en el mundo y se rescató parte de ellas con dinero público, que más o menos se ha recuperado. Excepto en España: aquí perderemos 30.000 o 40.000 millones del pasado rescate bancario", lamenta. Y zanja: "Fue una crisis sistémica por parte del sector privado". 

"Ahora curiosamente los mandatarios europeos han cambiado de perspectiva", celebra Inurrieta. "Tenemos que cambiar nuestro modelo de crecimiento. Algunos opinamos que España solo sabe crecer con burbujas: inmobiliarias, tecnológicas, turísticas, etcétera".

"Aparte de la naturaleza de la crisis, que es distinta, la reacción europea incluye no obligar a los estados miembros a hacer un ajuste fiscal en el peor momento de la crisis", valora el ex ministro de Industria Miguel Sebastián, otro de los que integró el equipo económico de Zapatero. "No solo son los fondos europeos sino que no te obliguen a hacer un ajuste fiscal". Sebastián identifica un giro importante con el cambio de Jean-Claude Trichet a Mario Draghi, al repeler el italiano el ataque de los especuladores financieros sobre la deuda soberana de los países de la UE a través de la expansión monetaria y las políticas cuantitativas. 

Una comparativa de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 y 2021 arroja mucha luz sobre el cambio de criterio en Bruselas (y Berlín) hacia un país periférico como España: 

Gasto público. En 2011 hubo una reducción del 8% del gasto no financiero, hasta los 122.022 millones de euros. La diferencia con el capítulo para 2021 es enorme: para el año que viene esta partida se lleva 236.331 millones de euros, 114.000 millones más que una década atrás. Es el mayor gasto público de la historia. 

Déficit y desempleo. Más allá de los datos, aquí también hay que fijarse en la contracción que conllevan las políticas austeritarias. Cuando se hicieron los primeros recortes de mayo y posteriormente la elaboración de los PGE, el objetivo era reducir el déficit un punto y medio sobre lo previsto, un 6% del PIB en vez del 7,5% esperado sin tijeretazos. El objetivo se cumplió pero los recortes fueron de 25.000 millones en total. En cambio, 2020 se espera cerrar con un déficit del 11,3% debido a, entre otras cosas, las ayudas a parados y ERTEs; para 2021 el pronóstico es rebajar 3,6 puntos del PIB con un gasto público de casi 70.000 millones solo en un ejercicio. 

Más desbocadas estuvieron las previsiones por desempleo. Cuando se elaboraron los Presupuestos de 2010, la tasa del paro alcanzó el 20% y el Gobierno de Zapatero adelantó que al cierre de 2011 ésta se reduciría hasta el 19,8%. No solo no ocurrió eso sino que se quedó al borde de llegar al 23%. En 2020 la tasa de desempleados está en el 17% y el Ejecutivo tiene el modesto objetivo de rebajarla hasta el 16%.

Recaudación tributaria: las cifras hablan por sí solas. En los PGE de 2011 la recaudación prevista por ingresos fiscales era de 164.932 millones de euros. En 2021, 222.107 millones. Se ha tocado el IRPF a las rentas de trabajo y a las de capital, el impuesto de Sucesiones, el de Patrimonio (aunque la decisión de aplicar el impuesto sobre la fortuna recae en las autonomías), se ha modificado el IVA de algunos productos y se han creado nuevos impuestos como la Tasa Google o la Tasa Tobin a las transacciones financieras.

Educación. 2.840 millones de euros en los Presupuestos de 2011, 4.893 millones  en los de 2021, incluyendo 2.090 millones para becas. Otra cifra que no necesita explicación.

Sanidad. Quizá una de las partidas que menos se resintió la anterior crisis. 4.264 millones de euros en los PGE de 2011 frente a 5.088 millones ahora.

Funcionarios. Congelación de los salarios tras un recorte del 5% aplicado por el Gobierno a lo largo de 2010. En 2021, subida salarial del 0,9%. 

Pensiones. En 2011, las pensiones mínimas subieron un 1% y el resto se congelaron. En 2020, crecen un 1,8% las pensiones mínimas y no contributivas y del 0,9% el resto, a pesar de que el IPC se sitúa en cero. El desembolso hace 10 años fue de 112.215 millones; ahora, de 163.297 millones.

Inversión en infraestructuras. Atención a los números para entender la magnitud de los presupuestos de antes de la crisis financiera. En los PGE de 2011 se redujo una inversión del 40,7% en infraestucturas, desembolsándose 8.493 millones (en los siguientes presupuestos la partida iría recortándose). Esto quiere decir que en 2010 se había destinado la barbaridad de 14.235 millones de euros, esto es, más de lo que se gasta en los Presupuestos para 2021: 12.344 millones.

Hay una explicación: la red de alta velocidad, que ha llegado a comerse más del 50% del capítulo inversor, está prácticamente terminada a falta de conectar Galicia, Burgos-País Vasco o Murcia, además del Corredor Mediterráneo. De hecho en los PGE actuales se persigue el cambio de modelo productivo, el impulso al I+D y a la economía verde y se apuesta por las infraestructuras “básicas para la cohesión territorial”, que vienen a ser el Cercanías o los trenes Regionales y de Media Distancia. En 2010 todavía imperaba el concepto de AVE en cada puerta.

"España no ha sido precisamente un modelo de austeridad allí donde sí tenía que haber hecho reformas estructurales", opina otro integrante del equipo económico socialista de 2004 a 2011, el profesor de la Universidad de Barcelona Germà Bel, que ha transitado del PSC al independentismo en los últimos años. Bel se refiere a medidas como la liberalizacion de actividades profesionales, la reforma de la política de infraestructuras, el cambio de ciertas figuras tributarias o la reforma de las políticas de familia. "Incluso en años de recortes ha habido un déficit público. La austeridad también significa equilibrar ingresos y gastos públicos. Ahora hay un imperativo de aumentar el gasto por la situación económica pero en 2021 como tarde tendrá que abordarse la cuestión del sector público.

Dos presupuestos en la misma década, un mundo entre ambos. "En 2008 era muy fácil hacer frente a la crisis", zanja el economista heterodoxo Juan Laborda. "Simplemente había que observar las experiencias de éxito en el siglo XX con otras burbujas. Yo siempre cito dos: el New Deal de Roosevelt a partir de 1933 y la burbuja inmobiliaria sueca de 1992. Solo había que hacer tres cosas: rescate bancario a costa de acreedores, quita de deuda a familias y empresas y una política fiscal expansiva. No se hizo nada porque se defendieron los intereses de la élite bancaria". A aprender de los errores. 

Dos hijos de la pandemia, el auge del teletrabajo y el hachazo al turismo, han precipitado una carrera: la lanzada por atraer a los llamados nómadas digitales, es decir, profesionales que trabajan en remoto, que desarrollan su tarea a distancia y que por lo tanto pueden vivir en cualquier parte. Por ejemplo, un trabajador estadounidense de una tecnológica que se afinca en una ciudad de la costa española para trabajar desde allí. Se multiplican las iniciativas institucionales para captar teletrabajadores. El dictamen de la Comisión de Reconstrucción andaluza, aprobado por el Parlamento con los votos de la mayoría que conforman PP, Cs y Vox, ha dado carta de naturaleza a esta figura incluyendo este sus recomendaciones la creación de un “paquete global” para “atraer talento de todo el mundo y lograr que se instale en Andalucía”, incluyendo expresamente a los nómadas digitales. Pero hay más comunidades detrás de los nómadas digitales. Y ayuntamientos. También proliferan las empresas que dan servicio a esta nueva figura.

Como tantos otros conceptos nacidos en torno a la nueva economía digital y el capitalismo de plataformas, la idea llega envuelta en aire de modernidad sofisticada. El nómada digital sería un empleado de una empresa con posibilidades de teletrabajo, digamos una tecnológica, sea de Madrid, Berlín o Helsinki, que al no estar atado a la asistencia a una oficina decide irse a vivir a un hermoso pueblo o ciudad, quizás apartado de los grandes polos tecnológicos, pero cargado de encanto y atractivo. Un aventurero digital. El nómada utilizaría el soporte digital para “combinar trabajos con viajes o cambios de domicilio continuos”, en la descripción del catedrático de Derecho del Trabajo Miguel Carlos Rodríguez-Piñero en un artículo sobre "trabajadores 3.0”. Con más acidez y acudiendo al sustrato ideológico del fenómeno, José Luis Mollinuevo, catedrático de Estética y Teoría de las Artes, ha categorizado al nómada digital como “esa clase social capaz de unir el anarquismo libertario de la Nueva Izquierda con el neoliberalismo de mercado de la Nueva Derecha”.

El hervidero de Internet

Internet es un hervidero de referencias sobre el nomadismo digital, un fenómeno en auge en tiempos de incertidumbre laboral y elevado prestigio de lo tecnológico. “Así es la generación knowmad: jóvenes, nómadas laborales y sin ataduras”, titula un artículo la web Código nuevo. Knowmad, neologismo acuñado por el investigador sobre el futuro del trabajo y la educación John Moravec, es mezcla de knowledge, conocimiento, y nomad, nómada.

¿Qué profesionales son los encuadrados? La empresa Globex, que les ofrece asistencia legal y alquileres por temporadas, detalla el catálogo de digital nomads, trabajadores que “llevan un estilo de vida independiente, trabajan desde su casa o desde un apartamento mientras están viajando”. Son desarrolladores de web, escritores de viajes, traductores, consultores de medios sociales, marketing on-line, diseñadores de gráfico, tutores on-line... La empresa Globex trata de hacer atractiva su oferta para digital nomads extranjeros describiendo la rica “vida social” y los buenos “servicios de salud” en Barcelona y Valencia.

Existe una Escuela Nómada Digital que ofrece claves y formación para convertirse en un knowmad. Su fundador, Antonio G. Romero, narra así su experiencia para convencer a otros: “En lugar de aceptar un trabajo de mierda como arquitecto diseñé Inteligencia Viajera. Ahora facturo entre 10.000 y 30.000 euros al mes, vivo viajando con la chica de la que estoy enamorado, trabajo dos días a la semana y tengo cinco libres, poseo 59 cosas que llevo en una mochila de 50 litros”. Hay incluso una a aplicación, The Nomadapp, una especie de Airbnb de “espacios flexibles dirigidos a todo aquellos que necesiten algo más que un Starbucks para trabajar, pero menos que una oficina completa”. Para ellos debe ahora la Junta de Andalucía diseñar una oferta.

El lobby Adigital, al que pertenecen las multinacionales Amazon, Facebook, Google, Apple, Airbnb, Uber, Deliveroo y Glovo, promociona así la figura, que tiene un inequívoco regusto de nuevo capitalismo californiano, siempre en busca de la gran fortuna pero sin prescindir del todo de la mochila: “Cada vez nacen más espacios de trabajos alternativos a la oficina, una tendencia que se debe principalmente al auge del teletrabajo. Ya no es necesario estar en tu oficina para trabajar y, cada vez más, los trabajadores dejan claro que la flexibilidad laboral es uno de los factores que más valoran. Vinculado a esto surgen, además, nuevos conceptos como el de knowmads o ‘trabajadores nómadas’, aquellos a los que su trabajo les permite cumplir con sus tareas desde cualquier punto del globo”.

Un nuevo mercado

El boom del teletrabajo, un fenómeno que el Gobierno trata ahora de regular con urgencia, ha puesto “al nómada digital” en primer plano. No ha sido sólo el dictamen andaluz, que insta al Gobierno de PP y Cs a crear un “paquete global” atractivo. Canarias y Comunidad Valenciana también pisan el acelerador.

En Andalucía el espaldarazo público ha llegado después que la iniciativa privada. En Málaga la tecnológica MálagaMakers lleva al menos desde 2015 atrayendo knowmads. Espacios de coworking –oficinas compartidas en alquiler por trabajadores sin conexión entre sí que comparten gastos– en Sevilla, Cádiz y otras ciudades se publicitan entre en el mercado knowmad. No es un fenómeno nuevo. Pero sí está ganando atención política.

Donde más desarrollada está la estrategia institucional es en Canarias. La Consejería de Turismo del Gobierno de las islas (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) ha anunciado una campaña que pretende captar a “los nómadas digitales o teletrabajadores”, con el objetivo atraer visitantes para “una estancia más larga, y que, a su vez, no dependan tanto de la conectividad aérea”, ahora en entredicho por el covid-19. “Luchar por hacernos un hueco en este segmento no será difícil gracias a las fortalezas del destino”, afirmó en la Cámara canaria la consejera Yaiza Castilla, que enumeró como ventajas de las islas el buen clima todo el año, sus aeropuertos internacionales y la cobertura de banda ancha en el 63% del territorio. Según el Gobierno canario, los nómadas digitales son en su gran mayoría millenials, el 62% con edades comprendidas entre los 26 y 36 años y sin responsabilidades familiares. Sus ingresos, siempre según el Ejecutivo insular, varían entre los 1.000 y 5.000 euros al mes.

La pandemia, con el golpe al turismo y el teletrabajo, ha redoblado el interés los knowmads. Pero el cortejo venía de atrás en las islas. Desde 2016, Las Palmas de Gran Canaria alberga el Nomad City, un evento europeo centrado en el trabajo remoto y patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas. Las autoridades no ocultan el deseo de liderar este “segmento”. El Cabildo de Tenerife anunció en agosto que la demanda de los nómadas digitales “ha aumentado desde el inicio de la crisis del coronavirus, por la seguridad sanitaria y jurídica que les aporta el hecho de ser territorio europeo, pero a la vez aislado". Tenerife cuenta incluso con una submarca turística dirigida a knowmads, llamada Work & Play. El Cabildo ofrece el servicio Welcome Pass, cuyo fin es dar descuentos a estos trabajadores en su acceso a distintos servicios, por ejemplo en espacios coworking. Este aumento de la demanda supone "un respiro” para las empresas turísticas, que “incluyen otro perfil de cliente” y palían así el golpe sufrido con el coronavirus, en palabras del consejero Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana (PSPV, Compromís y Unides Podem) también se promociona como destino para knowmads durante la pandemia, en este caso a través de la plataforma Adigital tiene en el sur del Mediterráneo un entorno ideal para desarrollar sus proyectos y carrera profesional sin renunciar a disfrutar de la calidad de vida que ofrece la zona”, señala la Comunidad Valenciana en un artículo titulado Por qué vivir en la Comunidad Valenciana si eres un nómada digital lanzado en agosto. Las “ventajas” valencianas referidas son un “ecosistema tecnológico de primer nivel”, “talento tecnológico”, “calidad de vida”, “clima envidiable”, “conexiones de transporte internacionales” y “zonas de coworking”. Municipios como Xàbia, Xixona y Orihuela se han adherido a este proyecto de la Comunidad Valenciana. La Fundación Turismo de Benidorm, con participación pública y privada, acaba de lanzar la iniciativa Vivir en Benidorm, trabajar desde el paraíso, dirigida a nómadas digitales. El catálogo de atractivos del nuevo “producto” integra “conectividad”, “salud y seguridad”, “sostenibilidad y naturaleza”, un “directorio de coworking”...

Los intentos de atraer a nómadas digitales no se limitan a destinos turísticos populares. Ni se ciñen al estereotipo millenial del knowmad. “La situación de excepcionalidad que está viviendo nuestro país por la pandemia del covid-19 va a hacer necesario replantear algunos aspectos referentes al trabajo y a la forma de vida, y Candeleda está ya apostando por ser un lugar de acogida para los denominados nómadas digitales”, declaró en junio el alcalde de este municipio, Carlos Montesino, como recogió Diario de Ávila. Este municipio de 5.000 habitantes reproduce a escala rural el mismo esquema promocional de los grandes destinos: buenas conexiones físicas y digitales, tranquilidad... En el caso de Candeleda, la estrategia está dirigida a trabajadores con segunda residencia en el pueblo. La idea es que, una vez que han descubierto durante la pandemia que se puede vivir y trabajar en el pueblo, pasen allí el máximo tiempo posible. En Salamanca, cuatro municipios –San Esteban de la Sierra, Fuentes de Béjar, Béjar y Linares de Riofrío– han habilitado “puntos nómada digital” para garantizar allí buena conexión a Internet.

Los destinos españoles no aparecen todavía destacados en los listados de “paraísos” para los trabajadores nómadas. Las Palmas de Gran Canaria sí ha sido citada en artículos en Cosmopolitan y Der Spiegel. Pero las ciudades españolas no sobresalen en el Nomad list, un ranking frecuentemente citado en el mundillo. Las primeras ciudades españolas de esta lista internacional son Madrid (puesto 25), Tenerife (33), Madrid (57), Las Palmas de Gran Canaria (66), Valencia (80), Sevilla (124) y Alicante (334).

José Ignacio Conde Ruiz, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, se muestra convencido de que estamos sólo en los prolegómenos del fenómeno, que va a ir ganando importancia en los próximos años. A su juicio, la lógica favorece su expansión tanto para el trabajador, en la medida en que pueda elegir ciudad de residencia, como para la empresa, que puede ahorrar costes tanto con oficinas más pequeñas como ajustando el sueldo a la ciudad de destino. Conde Ruiz cree que, en este contexto, cobra sentido que las autoridades de los posibles destinos habiliten facilidades. “Si se atrae al trabajador, sobre todo si es de ingresos altos, al final va a gastar en tu ciudad”, señala.

Marialaura Birgillito, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha, inserta el nomadismo digital dentro de un amplio fenómeno de capitalismo digital que viene “ocultando las objetivas alteraciones de las relaciones laborales con un argumentario tecnológico”. En la proliferación de esta fórmula observa un riesgo de continuar con la uberización de las condiciones de trabajo que intentan generalizar empresas como Glovo y Deliveroo. También cree que es posible que redunde en estrategias de “reducción de costes” mediante dumping social, con empresas de centros económicos contratando personal en la periferia con condiciones precarias.

El Gobierno trabaja a marchas forzadas para cerrar el modelo de gestión de los fondos europeos que el Consejo Europeo aprobó para España. Las cifras todavía no están cerradas, pero la intención del Ejecutivo es que una parte de ese dinero se integre en las partidas de inversión de los Presupuestos General del Estado para los próximos años, empezando por el de 2021 que Hacienda tiene intención de enviar al Congreso el próximo mes de octubre.

La previsión es que gracias a ese dinero el Estado recupere, al menos parcialmente, cifras de inversión que en su momento llegaron a estar en torno al 5% del PIB pero que desde hace tiempo apenas alcanzan el 2%. Un crecimiento que, esperan, será crucial para impulsar la recuperación económica tras los devastadores efectos de la pandemia de covid-19. “Será una inyección enorme” para los Presupuestos, apunta una fuente de la Moncloa con la que ha hablado infoLibre.

El resto del dinero europeo, la mayor parte de los 140.000 millones a los que tendrá acceso España mediante transferencia directas y préstamos si es capaz de poner en marcha los suficientes proyectos concretos susceptibles de recibir esa enorme suma de dinero, se canalizará por medios en los que el gobierno todavía trabaja.

Uno de ellos será la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación que Sánchez quiere situar en La Moncloa bajo responsabilidad directa de Manuel de la Rocha, director del departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia, al frente del cual está Iván Redondo. Esta unidad es la que el líder del PP, Pablo Casado, propuso convertir en una agencia independiente porque sospecha que si depende directamente de Sánchez acabará repartiendo el dinero siguiendo criterios “clientelistas”.

Habrá otras tres herramientas, según lo que Sanchez prometió a los presidentes autonómicos a finales de julio. Una Comisión Interministerial para el Fondo de Recuperación presidida por él mismo, una Conferencia Sectorial liderada por la ministra de Hacienda sobre el Fondo de Recuperación para el análisis y seguimiento de su ejecución por parte de las comunidades autónomas y un comité de alto nivel para el asesoramiento estratégico sobre el fondo y el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que es donde el Gobierno quiere sentar a las grandes empresas y corporaciones, además de las patronales CEOE y CEPYME, para asegurar su participación en la gestión de los planes, muchos de los cuales el Ejecutivo espera que sean el resultado de proyectos de colaboración público-privada.

Todos estos instrumentos se están afinando estos días porque deberían estar listos a tiempo de enviar a Bruselas, el próximo 15 de octubre, el plan que definirán grandes cifras, las prioridades a las que España va a dedicar los 140.000 millones. Como también la cogobernanza del dinero, en la que Sánchez quiere implicar a los presidentes autonómicos incorporando el Fondo de Recuperación a los trabajos de las Conferencias de Presidentes.

Esto último daría a Sánchez la oportunidad de introducir un elemento clave para hacer realidad su deseo de reforzar el carácter institucional de la Conferencia de Presidentes haciendo que asuma algunas funciones ejecutivas. La idea sería que la Conferencia dejase de ser una reunión en la que sus participantes intercambian peticiones e información y se convierta en el órgano en el que tenga lugar “la cogobernanza”, el término que Sánchez ha instalado en el vocabulario político desde que decidió coordinar con las comunidades autónomas la gestión de la nueva normalidad.

El grueso del fondo europeo, del que España recibirá 140.000 millones —72.700 en ayudas directas— está formado en su mayor parte por el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, concebido para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia de coronavirus, iniciar la recuperación y preservar y crear empleo.

El resto de programas palidecen a su lado, pese a representar por sí solos objetivos muy ambiciosos, como el React-EU, destinado a inversiones para apoyar el mantenimiento del empleo, en particular mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyo a los trabajadores por cuenta propia. Estos fondos, a los que tendrán acceso también sectores como el turismo o la cultura, particularmente afectados por la crisis, también se pueden utilizar para fomentar la creación de empleo y las medidas de empleo juvenil, para los sistemas de asistencia sanitaria y para facilitar capital circulante y apoyo a la inversión a las pymes.

El resto del dinero se reparte entre el Fondo de Transición Justa, Desarrollo Rural, Horizonte Europa —fomento de la investigación y la innovación y RescEU —el mecanismo de protección civil de la UE para emergencias—.

Territorio desconocido

Para la administración, la gestión de este dinero es territorio desconocido. Y a la vista de la actitud de Holanda y de sus países afines —Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia—, estará plagada de obstáculos. De ahí que una de las prioridades del Gobierno sea afinar todo lo posible no sólo la definición de las prioridades, siguiendo para ello los criterios establecidos por la UE —entre otros la transición ecológica y la digitalización— sino también, y muy especialmente, los mecanismos de tramitación de los proyectos que se presenten para beneficiarse de las ayudas.

Los proyectos que opten a ser financiados con estos fondos se tramitarán “de abajo a arriba” siguiendo un proceso en el que la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda está llamada aplicar todo su conocimiento y su pericia a la hora de gestionar —lo que los economistas llaman expertise—. Allí acabarán llegando tanto los proyectos que tengan su origen en el mundo empresarial como los que provengan de las comunidades autónomas. Será esta Dirección General quien los presente en Bruselas, después de examinarlos en detalle para evitar las zancadillas que el Gobierno espera acaben llegando de Holanda y sus aliados. “Va a ser una verdadera yincana administrativa y burocrática”, reconocen en Moncloa. “Ese va a ser el gran desafío”.

Los que no pasarán por Hacienda serán los grandes proyectos de colaboración público privada. Esos serán los que se piloten directamente desde Moncloa.

Los detalles se conocerán en los próximos días, cuando el Gobierno presente el plan que enviará a Bruselas dando cuenta de las prioridades en materia de digitalización o de transición ecológica, por citar las dos áreas más evidentes que pueden beneficiarse de la iniciativa europea. Encima de la mesa está cómo construir programas estatales de actuación en determinadas materia y la manera de que en ellos se puedan integrar los que hagan las comunidades autónomas.

El plan que el Gobierno enviará a Bruselas —indicando la proporción que España quiere dedicar a digitalización, a mundo rural, a proyectos de automoción, pero sin detallar proyectos concretos— acompañará al que, en la misma fecha, se remite todos los años dando cuenta del borrador de presupuestos —previsión de ingresos y de gastos— y de las previsiones de déficit y de deuda. No son documentos de los que el Gobierno espere un visto bueno de las instituciones europeas, aunque sí, como ya es tradicional, un comentario técnico que en muchas ocasiones la oposición utiliza para extraer conclusiones políticas. “Bruselas no sanciona o aprueba”, explican las fuentes consultadas or infoLibre, “contesta desde un punto de visto técnico si le parece coherente y en tono de recomendación. Tiene una lectura política pero no jurídica”.

Ese plan será la “primera señal” que empresas, patronal, comunidades y pymes esperan para empezar a preparar sus proyectos. A partir de ese momento se sabrá cuándo dinero hay disponible para un sector concreto o para un área de actividad determinada, si bien probablemente, y como consecuencia de todos los trámites necesarios, la llegada del dinero a sus solicitantes —si el proyecto resulta aprobado y obtiene el visto bueno de la UE— puede demorarse hasta un año.

Cada semana, desde hace muchos años, su columna en el New York Times y en otros periódicos del mundo se sigue con una especie de reverencia y temor. Ganador del Nobel de Economía en 2008, este catedrático neoyorquino (1953) no deja indiferentes ni a los poco iniciados en los misterios de la economía ni a sus propios colegas, dianas muchas veces de sus dardos envenenados. Aunque adora la precisión matemática de su profesión, le cautiva también la belleza keynesiana de un mundo más justo e igualitario donde un poder estatal vigile los excesos del banquete capitalista. Su afilada lengua y su corrosiva pluma rara vez defraudan a los que buscan consuelo científico en un mundo gobernado por multimillonarios como Donald Trump y plagado de extraños zombis que ofrecen remedios solo a los que quieren aumentar la cuenta de beneficios sin importar la ética, la degradación del planeta o, incluso, el sospechoso tráficos de datos. Con motivo de la publicación en España de Contra los zombis Contra los zombis(Crítica) Paul Krugman nos recibe una mañana de febrero en la Fundación Rafael del Pino, poco antes de que el coronavirus causara otra grave recesión mundial (muy distinta a la de 2008) e hiciese del planeta un reino de zombis con mascarilla. 

Pregunta. Permítame que empiece por algo personal. Un amigo dice que le arruinó usted un negocio que ya tenía apalabrado con un cliente que canceló la inversión tras leer una columna suya hablando de una nueva crisis. Muchos ven en usted una especie de oráculo de Delfos moderno. ¿Cómo lleva ese papel?

Respuesta. Pues me equivoco muchas veces. Si nunca haces una mala predicción en economía, quiere decir que no estás arriesgando lo suficiente. En general mi balance histórico no es tan malo, pero dista mucho de ser perfecto.

P. Pese a la exactitud arrogante de los cálculos macroeconómicos, fueron contados los economistas que supieron anticipar la gran crisis de 2008.

R. Para empezar hay que decir que eso es bastante normal. El FMI hizo un estudio sistemático de cuántas recesiones habían sido previstas por los economistas a lo largo de la historia y la respuesta es cero. Nunca jamás un economista ha podido prever una crisis. Yo creo que era obvio que íbamos a asistir a un estallido de la burbuja inmobiliaria, que era obvio también que el sector inmobiliario había inflado los precios tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Todo el mundo estaba de acuerdo conmigo en ese punto, pero la escala de la crisis fue lo que realmente sorprendió a todos y el motivo fue que nadie apreció exactamente la magnitud del cambio que se había producido en el sistema bancario. Los bancos son seguros, suelen tener garantías, pero no nos dimos cuenta de que la mayoría de la banca moderna tiene mucho que ver con la banca en la sombra y eso es lo que ha estado sucediendo. Yo intuí la crisis cuando estalló la burbuja inmobiliaria, pero no percibí la monstruosidad de crisis en la que acabó convirtiéndose.

P. La imagen de Nancy Pelosi rompiendo los papeles del discurso de Trump durante el último estado de la Unión ha dado la vuelta al mundo. ¿Tiene arreglo Estados Unidos?

R. Para eso los republicanos necesitan perder una serie elecciones de manera estrepitosa. No hay ningún tipo de compromiso posible que se pueda articular ahora mismo. Seamos francos, el Partido Republicano es un régimen autoritario con el que no hay manera de dialogar en estos momentos. 

P. El auge populista, incluida la versión de Trump, lanza un peligroso mensaje: la rebelión contra las élites del poder político y económico, contra las reglas del juego democrático. ¿No le resulta una deriva demasiado peligrosa? ¿Todo esto no recuerda, en cierta manera, a un escenario neofascista?

R. Desde luego es un riesgo muy verdadero y real. De hecho, lo hemos visto. Hablo de Hungría como un modelo de lo que puede llegar a pasar. Hungría sigue siendo una democracia sobre el papel, pero en realidad, y en la práctica, se trata de un gobierno de un solo partido autoritario. Creo que Estados Unidos, de seguir este camino, bien puede llegar ahí dentro de un par de años. Hablamos de una rebelión contra de los líderes, pero la Administración de Trump solo ha servido los intereses de la élite económica, se ha opuesto a todo lo demás y ha apelado a una hostilidad subyacente entre gran parte de la población. A mí, evidentemente, no me gusta el populismo de Trump, pero tampoco me gusta llamarlo populismo porque, de alguna manera, sugiere que Trump está haciendo algo por las personas y eso no es así. Lo que llamamos populismo es, en su caso, un nacionalismo blanco.   

P. Naomi Klein sostiene que Trump es la punta del iceberg de un gobierno de las corporaciones sobre la política de los Estados.Naomi Klein

R. No estoy en desacuerdo totalmente con esa afirmación. Creo que Trump representa una combinación de procesos, porque él no ha surgido de la nada. Pero sí que mantengo que hay personas, como la propia Naomi Klein, que hablan demasiado sobre las corporaciones y no suficiente sobre los individuos y esta es no solo una rebelión por los intereses corporativos, sino también por los intereses de los propios multimillonarios. Es fácil hablar del mundo corporativo y no darnos cuenta de lo mucho que dejamos de hablar y de señalar a los individuos más ricos.   

P. La desigualdad sigue siendo el gran caballo de batalla del sistema capitalista. Como usted mismo afirma en su libro, el valor neto del 0,1% de los estadounidenses más ricos iguala el valor combinado del 90% más pobre. Parece que no es suficiente solucionar el problema solo con una subida de impuestos a las grandes fortunas. 

R. Lo digo con absoluta claridad: hay que subirles los impuestos a los más ricos. Es una medida que apoyo y con la que estoy absolutamente a favor. Hicimos algo de eso en la Administración de Obama. Mucha gente no se da cuenta, pero con Obama hubo una subida de impuestos a los más ricos. Se necesita todavía mucho más. Recuerdo que la generación más próspera de Estados Unidos, la que sobrevino a la Segunda Guerra Mundial, tuvo una carga del 70% de impuestos del Estado y de casi un 90% de impuestos sobre la renta, así que podríamos volver a eso por muy lejos que quede.

P. La sanidad pública y la educación parecen ser puntos de debate encendido incluso entre los propios candidatos demócratas. A cualquier europeo le resulta impensable que Estados Unidos carezca de una sanidad universal. 

R. Existe toda una historia detrás de eso. Si preguntas por el motivo por el que no tenemos un sistema sanitario universal es básicamente por dos cosas. Estuvimos muy a punto de gozar de ese derecho en 1947, pero la reforma se vio bloqueada, en parte por los propios médicos, que pensaron que la medida les llevaría a tener salarios más bajos; pero de manera mucho más decisiva por parte de los segregacionistas, que temían por la integración de los hospitales. Ahora mismo hay muchos intereses en juego y gran parte de ellos son contrarios a la sanidad universal porque la mayoría de estos problemas, tanto en Estados Unidos como en Europa, son debidos a la raza, al racismo. Las consecuencias de la esclavitud siguen teniendo una sombra demasiado alargada en Estados Unidos. 

P. Afirma usted que la profesión de economista se extravió porque los economistas como colectivo empezaron a confundir la belleza con la verdad. ¿Podría explicarnos esta paradoja aristotélica?

R. Esto es algo verdadero. Cosas como las que ocurrieron en 2008 en la crisis financiera y la recesión severa no hubieran podido pasar si las mentes racionales y los mercados fueran perfectamente eficaces. El modelo de un mercado de seres racionales y perfectamente eficaz es un modelo precioso y muchos economistas eligieron creer en él a pesar de que no se correspondía con la realidad. El gran fallo de 2008 no fue que los economistas no lo predijeran o se equivocaran, sino que pensaron que era imposible que ocurriera algo de esas dimensiones. Ese es el principal error de la profesión. No incluyo en esto a todo el mundo. Entonces hubo una gran división entre los economistas que estudiaban la economía internacional y los que estaban más enfocados en la economía doméstica. Nosotros, los que estábamos más centrados en la economía internacional, éramos muy conscientes de que una crisis de tal magnitud podía darse. Aquellos que conocíamos crisis como la japonesa o la argentina no nos sorprendía, de hecho, que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos, pero otros colegas que estaban más pendientes los asuntos domésticos jamás creyeron que algo así pudiera pasar en Estados Unidos. 

P. ¿Cree que proyectos como el Green New Deal pueden representar una nueva era en la historia del capitalismo? Dicho de otra forma, ¿el capitalismo como sistema puede experimentar una nueva refundación?Green New Deal

R. Desde luego es algo que hemos hecho en el pasado. En 1929 el capitalismo era muy libre, sin restricciones de ningún tipo. En 1959, en cambio, teníamos sociedades que eran mucho más igualitarias y reguladas. No veo el motivo por el que no podríamos volver a hacerlo. Algo como el Green New Deal, aunque nadie sabe qué significa exactamente, pero eso mismo es bueno —el Green New Deal, digo— puede convertirse en un enorme paraguas bajo el cual quepan muchas posibilidades. Eso es bueno. 

P. Lo que parece claro a estas alturas es que conservar el planeta resulta incompatible con la idea de un crecimiento económico ilimitado.

R. En mi libro hablo mucho sobre los zombis de derechas, hay muchos, la verdad, pero la idea de que tengamos que frenar el crecimiento económico para salvar el planeta me parece la idea de un zombi de izquierdas. Nuestro nivel de vida puede seguir creciendo al mismo tiempo que salvamos al planeta. El crecimiento económico no pasa por tener más industrias petrolíferas o del acero, sino que puede significar también nuevos servicios o productos de mayor calidad. Hemos asistido a un progreso tecnológico asombroso en la energía verde. Hace 15 años solo los hippies creían en la energía solar, ahora mismo es bastante más barata que la del carbón.

P. Puede decirse que el keynesianismo —regulación de mercados financieros, intervención contra el desempleo, mayor inversión en obra pública— ha perdido definitivamente la batalla contra la dictadura de los mercados. ¿Usted se considera un discípulo de Keynes?

R. Me considero, en cierta manera, su discípulo. La economía no es una religión. Keynes no era un dios, ni tampoco tenía razón en todo, pero sí acertó en muchas cosas y el enfoque keynesiano, su pensamiento, ha funcionado extremadamente bien, sin ir más lejos, durante la última década. Yo diría que soy un orgulloso keynesiano. Hoy en día aún podemos leer lo que Keynes escribió en los años treinta del siglo pasado y resulta perfectamente actual. 

P. Comparte Premio Nobel con algún colega norteamericano como Edward Prescott, que no se ha cortado en decir que “el desempleo es una decisión deliberada de los trabajadores de tomarse unas vacaciones”.Edward Prescott

R. Puede imaginar que esa declaración me pareció totalmente absurda. Una vez más confunde la belleza con la verdad. Para mí fue todo un honor recibir el Premio Nobel, pero, a fin de cuentas, eso no significa más que lo que han pensado unas cuantas personas que viven en Suecia. En ese sentido, está bien pensar que alguien puede recibir un Nobel por un trabajo que está totalmente equivocado. Seguro que hay muchas personas que piensan eso mismo sobre mí. Yo también lo hago sobre otras personas. 

P. Bob Dylan debe tener una opinión similar a la suya.

R. No sé si fue una decisión muy inteligente por parte de la Academia Sueca darle el Nobel a Bob Dylan, pero, desde luego, es un grandísimo poeta y uno de los Nobel más merecidos. 

P. Aunque la ortodoxia de Bruselas está garantizada a través de Nadia Calviño, ministra de Economía, muchos piensan que el Gobierno de coalición izquierdas en España supone una muy mala noticia para los mercados ¿Tiene usted alguna opinión sobre el asunto?

R. No he podido hacer los deberes como me hubiera gustado sobre este asunto en concreto. Pero sí me gustaría decir que la Comisión Europea ha tenido muy mal juicio durante la última década, si pensamos en la troika, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional, a mi juicio, fue el integrante de la troika más inteligente; mientras que la Comisión Europea fue el peor, dado que apoyaba al 100% las medidas de austeridad con resultados desastrosos, como luego se han comprobado. Así que no he podido evaluar la situación en España, pero vuestro vecino portugués ha tenido a un dirigente que ha relajado mucho las políticas de austeridad y le ha ido muy bien. 

P. Bernie Sanders aparece en el horizonte como un posible aspirante demócrata a la Casa Blanca. ¿Es concebible imaginar a un socialista en la Casa Blanca?Bernie Sanders

R. Sinceramente, no creo que un socialista pueda gobernar los Estados Unidos, pero Bernie Sanders no es un socialista como tal, sino un socialdemócrata. En Europa se le consideraría incluso un moderado de centroizquierda. Lo que da miedo de Sanders, con esa etiqueta, es que está invitando a los ataques de la gente. Hay personas, como yo, que dicen que no lo es, pero él mismo se autodefine como socialista.

P. ¿Cree que su división entre economistas de agua dulce (Chicago), neoliberales, y de agua salada (California, Nueva York), keynesianos, rige ya en todo el mundo?

R. Chicago ya no es tan Chicago como antes, ya es más de agua salada. Minnesota sigue siendo la reserva más representativa de agua dulce. Esta no es una definición original mía, sino del economista Robert Hall. Es casi un accidente geográfico que, en Estados Unidos, las costas sean más demócratas y el interior mucho más conservador. De todos modos, casi todas las personas que han querido salvar el mundo últimamente venían del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Bernanke, Draghi, Blanchard, todos estudiamos allí en los años setenta.

*Esta entrevista está publicada en el número de abril de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí

Los hospitales privados, concertados y públicos con gestión privada han sido objeto de críticas estos días. No obstante, ninguna autoridad pública ha hecho denuncias sobre su actuación, ni consta que haya expedientes abiertos por incumplimiento de ninguna normativa. El hospital de Valdemoro, público de gestión privada, señalado por derivar casos de coronavirus a otros centros, ha respondido a través de El País que esta política obedecía a una directriz del sistema madrileño de salud. La Vanguardia ha informado de la escasez de pruebas de coronavirus en la sanidad privada de Cataluña, pero tampoco consta denuncia de la Generalitat. Este periódico preguntó al Ministerio de Salud si tenía conocimiento de conflictos entre las autoridades sanitarias públicas y las empresas privadas, sin respuesta. Tampoco ofrece el dato de cuántos pacientes han sido atendidos o están hospitalizados en la sanidad privada, ya que –asegura el ministerio– debe concretarlo cada comunidad autónoma. Es el propio sector, a través de la patronal Aspe, el que ofrece estos datos: hay más de 200 casos positivos atendidos (dato del miércoles). Tanto Aspe (hospitales) como Unespa (seguros) y fundación IDIS (lobby del sector) insisten en un mensaje: los hospitales están cumpliendo los "protocolos".

Vicente Ortún, antiguo decano del Departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y exahustivo conocedor de los procesos de privatización y colaboración público-privada, cree que hay que diferenciar entre la crítica a la privatización, que sí tiene interés en el análisis de esta situación, y la crítica a la conducta puntual de algún centro privado, de escaso o nulo impacto. "He oído decir que los hospitales privados tienen que arrimar el hombro. Eso contribuye a despistar a la gente". A su juicio, más relevante es el desgaste del sistema público, que sí tiene conexión con años de recortes y privatizaciones, especialmente en Madrid. "El porcentaje de financiación pública sobre el gasto sanitario total ha bajado. Estamos como cuando se hicieron los recortes. Tenemos una financiación pública por debajo de los países con los que debemos compararnos", señala.

El profesor cree confuso un análisis que incorpore la idea de que la sanidad privada está "haciendo negocio" con esta crisis, en base a noticias como el cobro de 300 euros por una prueba de coronavirus a pacientes asintomáticos a solicitud de empresas. "Siempre va a haber comportamientos oportunistas. Si una prueba que cuesta 40 euros la cobran a 300, es discutible, pero no es algo que afecte al sistema", señala Ortún.

Marciano Sánchez Bayle, presidente de la presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), cree que los hospitales y seguros privados contribuyen poco a la resolución de crisis como esta. Están incluidos en esa valoración no sólo los privados-privados, sino también los concertados –es decir, hospitales privados que prestan servicios públicos– y los mixtos o concesionados –es decir, los públicos con gestión privada–. "Siempre que pueden, te indican que vayas al hospital público. Por ejemplo, un hospital como Torrejón, que recibe un pago capitativo [pago por cada paciente atendido], no tiene incentivos para atender enfermos de este tipo, no le compensa", señala.

Sánchez Bayle coincide en que la clave está en la "insuficiencia de los medios" del sistema público, "provocada –a su juicio– de manera intencionada durante años, y que hace que la capacidad de respuesta del sistema esté muy tocada". "El sector privado no es sanidad, es asistencia sanitaria. Lo que intenta es hacer negocio. Y ahí no hay nada que criticar. El problema es que se ha explicado que el desarrollo de la privada era lo mejor para la salud de la población, cuando en realidad se está dejando al sistema sin red de garantías y con menor capacidad de respuesta", señala. A su juicio, la presente crisis lo deja al descubierto. 

Privatización y recortes

Hay datos datos ilustrativos del retroceso de la sanidad pública mientras la privada crecía. La crisis del coronavirus se produce en un momento álgido de la sanidad privada en España. El último informe Sanidad privada, aportando valor, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), sobre el ejercicio de 2017, presenta unas cifras de récord. La facturación del sector alcanzó los 6.405 millones de euros, un 3,7% más que en 2016. El crecimiento es fuerte y constante. En 2013 la facturación fue de 5.481 millones. Es decir, ha subido en cuatro años 924 millones, un 16,85%, sin dejar de crecer en ningún ejercicio. La facturación basada en conciertos fue de 1.615 millones, un 25,21% del total. También ha crecido año a año desde 2013.

Todo esto ocurre mientras el gasto sanitario público total, 68.483 millones en 2017, aún no ha alcanzado los umbrales previos al recrudecimiento de la crisis. En 2008 (66.858 millones), 2009 (70.674, techo histórico) y 2010 (69.530) el gasto fue superior. Se completa un fenómeno similar al que se da en el ámbito educativo. Es decir, la concertación sale de la crisis y bate récords, contribuyendo al boyante negocio de los privados, que también tocan techo, todo ello antes de que la inversión en el sistema público recupere el pulso y cure las heridas de la crisis.

Sólo País Vasco, Navarro, Murcia y Castilla y León han alcanzado su pico histórico de inversión sanitaria pública. Las restantes 13 autonomías siguen por debajo de las marcas de gasto consolidado alcanzadas en años anteriores, previos al recrudecimiento del bache presupuestario. El informe realizado por CCOO a partir de los presupuestos autonómicos señala que, si se hubiera mantenido a lo largo de la crisis el pico presupuestario, se habrían invertido 8.000 millones más. CCOO entiende por ello que ha habido más de 8.000 millones en "recortes". Estos ajustes se han realizado rebajando en casi 5.000 el número de camas.

La Fadsp elabora año a año un mapa de la privatización sanitaria, en base a nueve variables. El último, presentado hace algo menos de un año, mostraba que Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco son las comunidades con mayor privatización, pero que es un fenómeno que afecta a todas.

Otros datos del Ministerio de Sanidad apuntan a este drenaje de recursos públicos en favor de la sanidad privada. Entre 2010 y 2017, el personal de los hospitales públicos subió de 471.661 sanitarios a 476.128, sólo un 0,94%. Por contraste, en los privados –incluidos los concertados– subió de 81.107 a 93.905 (15,77%). Los hospitales privados sacan además más rendimiento a sus instalaciones. En sus quirófanos se realizan 908 intervenciones al año, frente a 833 en los públicos. El porcentaje de operaciones que se realizan en los privados con respecto al total creció entre 2010 y 2017 –último periodo comparable con datos homogéneos– del 28,6% al 31,1%.

Seguros y colaboración público privada

Lejos de pensar que el avance en todos estos frentes de la sanidad privada desgasta a la pública y la acaba por dejar escasamente guarnecida para situaciones como la actual, las patronales de la sanidad privada defienden que la privada es un complemento que permite a la red pública mantenerse con menos inversión.

La misma lógica se aplica a los seguros. Ha habido un boom del seguro privado en España, un sector dominado por Segur Caixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV Seguros y Mapfre, que suman el 72% del mercado. En 2018 España superó por primera vez los 10 millones de asegurados. La subida es potente con respecto a 2017: 430.000 asegurados más, un 4,34%. Ha subido 1,32 millones en cuatro años, un 14,6%.

Otra vez se trata de un avance de la sanidad privada a costa de la inversión pública. La propia fundación IDIS, en su último informe de situación, vincula directamente el avance del seguro privado con el retroceso de la inversión en el sistema público. "Determinadas comunidades autónomas que cuentan con una mayor penetración del seguro privado, como Madrid y Cataluña, pueden disponer de un menor presupuesto sanitario público per cápita que la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país", señala el informe.

Además, el alcance de los seguros se revela ahora limitado ante la urgencia del coronavirus, dado que existen cláusulas que excluyen la cobertura de las epidemias, aunque la patronal Unespa intenta transmitir una imagen de colaboración con el Estado e insiste en que las empresas asumirán sus responsabilidades.

Riesgos

En Madrid es donde más fórmulas de penetración del sector privado se han ensayado. Del total de 83 hospitales, 50 son privados, según los datos del catálogo nacional. A esto hay que sumar al menos siete hospitales públicos con gestión mixta. En ellos pone el foco el del Observatorio de la Deuda en la Globalización en su informe sobre colaboración público privada de septiembre de 2019, que señala que esta fórmula provoca en el mercado sanitario "desregulación" y "fragmentación", así como la implantación de la llamada "nueva gestión pública", basada en la aplicación de criterios de la empresa a la administración.

Este informe, que destapó importantes sobrecostes, señala cómo los "riesgos" acaban siempre siendo asumidos por la parte pública. Javier Padilla, médico de familia e investigador sobre el sistema sanitario, autor de ¿A quién vamos a dejar morir. Sanidad pública, crisis e importancia de lo político (Capitán Swing, 2019), coincide en la lógica descrita: "Lo privado sólo corre con los riesgos que puede prever y asumir". Y añade "Las epidemias son imprevisibles".

2008 fue el último año del espejismo de crecimiento permanente abierto durante el boom del ladrillo. El gasto de las familias tocó aquel año su techo histórico, con más de medio billón de euros. Concretamente, 542.287,05 millones. Luego empezó la caída. El suelo estaba en 2013, el año más crudo de la recesión, cuando el gasto de los hogares españoles bajó de los 500.000 millones hasta situarse en 494.475,24 millones. Desde entonces, el rebote ha permitido a la cifra crecer año a año. Hasta que, en 2018, diez años después por primera vez se han superado las cifras precrisis.

El pasado año se batió el récord histórico de gasto familiar, con 556.432,59 millones de euros, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el estudio más fiable para observar el detalle de las economías domésticas en España. No obstante, diez años después del arranque de la crisis, los alteraciones socioeconómicas provocadas por la misma, así como los cambios culturales y tecnológicos, han dejado huella en el reparto de ese presupuesto familiar, más dedicado que antes a la atención de lo imprescindible.

Los números del gasto familiar ponen a la sociedad española ante el espejo. Y el reflejo muestra economías más atadas que antes de la crisis a las necesidades básicas.

La referencia la da el crecimiento global del gasto familiar, que ha pasado entre 2008 y 2018 de 542.287,05 a 556.432,59 millones, una subida del 2,6%. Esto supone de media 29.871,28 euros por hogar y 12.018,94 euros por persona, un 0,59% y un 1,04% más que en 2008.

  SUBIDAS

Vivienda

Llama la atención, por comparación con la subida media, la fuerza del incremento de los gastos de vivienda, agua, electricidad y gas, una partida contabilizada conjuntamente por el INE que ha alcanzado su máximo: 171.015,99 millones, lo que supone un crecimiento del 15,75% con respecto a 2008. Este apartado suponía antes de la crisis un 27,24% del gasto familiar; ahora, un 30,73%. Ha sido y es con diferencia el bocado más grande del presupuesto familiar, por delante de los alimentos. El gasto por persona se acerca ya a los 4.000 euros al año.

Dentro de estos gastos, un ascenso especialmente notable es el del dinero dedicado a alquiler de vivienda, que ha pasado de 13.228,24 a 19.217,67 millones, un 45,27% más, alcanzando el récord de la serie histórica. El gasto en electricidad y gas sube un 43,96% (hasta acercarse a los 22.000 millones) y el de agua y otros servicios relacionados con la vivienda un 32,81% (hasta superar los 15.000 millones). Los seguros de vivienda baten máximo histórico, con 3.755,18 millones, un 32,83% más que en 2008.

Sanidad y educación

Los gastos en sanidad y educación también suben por encima de la media. En el caso de la sanidad, el global asciende de 17.229,1 a 18.808,81 millones, un 9,16% más. Se trata del máximo histórico [ver aquí una información en detalle sobre el incremento del gasto familiar en sanidad]. Las familias gastan ya más de 1.000 euros al año en salud. El presupuesto supone por primera vez en la historia más de 400 euros por persona.

En cuanto a la enseñanza, ha pasado de suponer 5.584,04 millones en 2008 a 8.581,08 millones en 2018, un incremento del 53,67%. El incremento afecta especialmente a la enseñanza secundaria (+101,86%) y superior (+56,07%).

Seguros, restaurantes, móviles

Hoy las familias gastan más en seguros que antes de la crisis. Un 16,07% más, concretamente: de 16.691,33 millones en 2008 a 19.373,68 en 2018, máximo de la serie, iniciada en 2006. Son más de 1.000 euros por familia al año.

También sube levemente (2,87%) el gasto en restaurantes y hoteles: de 53.370, 5 a 54.906,11 millones entre 2008 y 2018. El peso que supone para las economías domésticas sigue siendo similar, pasando del 9,84% al 9,87%.

Fruto del vertiginoso acelerón tecnológico de los últimos diez años, hay partidas que suben espectacularmente. La telefonía móvil consumió en 2018 1.778,23 millones, su máximo histórico, un 505,7% más que en 2008.

También crece el gasto en bebidas alcohólicas, que nunca estuvo tan alto: 3.660,31 millones, casi un 18% más que en 2008.

  BAJADAS

Alimentos

Todo esto en cuanto el capítulo de las subidas. Pero, ¿qué partidas de gasto bajan desde 2018, a pesar del alza de los precios? Hay varias. Una de ellas afecta al segundo bloque de gasto más importante, el de alimentos y bebidas no alcohólicas. Aunque el gasto total sube levemente desde 2008 (+0,7, lo que supone un retroceso si se descuenta la inflación) hasta situarse en 78,670,81 millones, el gasto medio por hogar cae un 7,72%.

Gastamos globalmente menos en carne (-5,61%), aunque más en pescado y marisco (+0,38%) y en frutas (+18,3%).

El tabaco cae a poco más de 6.000 millones, cuando hace diez años estaba por encima de los 7.300 (ha caído 18,32 puntos).

Transporte, ropa, vehículos

Cae también el gasto dedicado al transporte, la tercera mayor partida de gasto en las familias españolas (12,69% del total). Pasa de 74.124,25 a 70.602,79 millones, un 4,75% menos. El gasto en este apartado bajó después de 2008 a de los 4.000 euros por familia y nunca recuperó los niveles precrisis.

También a la baja va el gasto en vestidos y calzado, que pierde un 17,8% y se queda en 27.254,29 millones. Es una bajada notable. Llegó a estar en casi 2.000 euros por hogar al año y ahora está por debajo de 1.500.

La compra de vehículos pasa de 26.735,01 a 22.135,45 millones entre 2008 y 2018, perdiendo un 17,2%.

Ocio, cultura, libros, prensa, tabaco

Caen también los gastos en ocio y cultura: 30.608,24 millones en 2018, un 17,77% menos que diez años atrás. Hay caídas llamativas, elocuentes del cambio en las pautas de ocio. Por ejemplo, el gasto por hogar en cine, teatro y espectáculos ha pasado de 111,75 a 87,24 euros (-21,93%).

Muy relacionadas con los cambios tecnológicos están las caídas del gasto en libros (1.869,46 millones, un 27,56% menos que en 2008) y prensa (650,71 millones, un 66% menos que hace diez años).

Pese a que la economía española crece a un mayor ritmo que el de los países más ricos de la UE, los ciudadanos españoles ven la situación económica del país mucho peor que sus vecinos europeos. Esa es una de las conclusiones que pueden extraerse del último Eurobarómetro, publicado el pasado lunes y que refleja que el 72% de los ciudadanos consideran "malo" el estado de las cuentas de España, por tan solo un 26% que opinan que la economía española marcha bien. En comparación, solo el 47% de los europeos ven negativamente la situación de la economía de su país, mientras un 49% creen lo contrario.

Según la encuesta, elaborada por la Comisión Europea, los ciudadanos españoles son los quintos de toda la UE que peor ven la economía de su país, tan solo superando a Italia (donde el 76% de los encuestados creen que el país marcha mal en términos económicos), Bulgaria y Croacia (en esos dos países solo el 20% de los ciudadanos ven bien el estado de las cuentas), además de la depauperada Grecia, un país en el que prácticamente toda la población (hasta un 93%) considera la situación económica "mala". En contraste, el 83% de los alemanes, el 90% de los holandeses, el 91% de los daneses o hasta el 94% de los luxemburgueses creen que la economía de su país marcha viento en popa.

Y eso que, en el último año, en España ha comenzado a calar un ligero optimismo, ya que en otoño del año pasado tan solo el 18% de los encuestados españoles se atrevía a calificar de buena la marcha de las cuentas del país. Pero el pesimismo sobre el futuro sigue siendo el protagonista de las reflexiones de los ciudadanos también sobre su futuro. El 31% de los españoles incluidos en la encuesta consideran mala su situación personal en el trabajo (por solo un 21% de media en la UE), pero, además, el 67% de los encuestados creen que las cosas no van a cambiar en su faceta profesional en el próximo año: diez puntos porcentuales más que la media europea.

Y es que el mercado de trabajo y, en concreto, el desempleo sigue siendo la principal preocupación para los españoles. Nada menos que un 51% de los encuestados de nuestro país lo consideran el principal problema al que tiene que hacer frente España, muy por encima del 22% que menciona las pensiones y del 21% que habla, en general, de la "situación económica". La cifra de europeos que creen que el paro es la preocupación más acuciante de su país es muy diferente: solo de un 21%, el mismo porcentaje que menciona "el alza de los precios y el coste de la vida" y también "la salud y la seguridad social".

El eurobarómetro no analiza el motivo por el que los españoles tienen tan mala impresión del estado de la economía, aunque los expertos economistas consultados por infoLibre señalan a la preocupación por el empleo como una de las primeras causas de esta desconfianza. Pero, además, los conflictos económicos que se están produciendo a escala global –como pueden ser el Brexit o la guerra comercial y de divisas entre EEUU y China– son motivos de alarma que, pese a que no se mencionan en la encuesta, pueden convertirse en motivos de preocupación para España.

Una salida de la crisis que no llega a los bolsillos

"Un porcentaje tan alto de personas que ven mal el estado de la economía responde a una conjugación de factores, pero es indudable que, en términos de expectativas, la mayor parte de la gente siente que no ha salido de la crisis", reflexiona Javier Santacruz, economista jefe del think tank Civismo, que afirma que "es posible que estemos en la etapa de expansión económica" que menos confianza está despertando en los ciudadanos de los últimos tiempos.

En España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos que también se vieron inmersos en la crisis, "existe una percepción de que uno vive peor que hace años y, además, de que las cosas no van a volver a ser como eran", apunta Santacruz, que sostiene que esta percepción "choca con el desempeño" del país a nivel macroeconómico pero también plantea que "es importante, porque termina determinando las decisiones" de consumo de los ciudadanos.

"Y ese caldo de cultivo, por el cual a pesar de que mejora el empleo y la situación económica no mejora la percepción de la economía, va a ser muy difícil de borrar, y más aún cuando parece que estamos al final de este ciclo de crecimiento", asevera el economista. Con él coincide parcialmente el también analista económico Juan Ignacio Crespo, que explica que, tradicionalmente, en España "es muy característico de todas las crisis económicas recientes que se siga hablando la crisis cuando la crisis ya se ha superado" en términos macroeconómicos, ya que "la percepción del estado de la economía se mantiene por hechos individuales, por detalles del entorno", y no tanto por las grandes cifras.

En el mismo sentido se expresa Carles Manera, catedrático de historia económica de La Universidad de Islas Baleares, que considera que buena parte de la desconfianza hacia la economía parte de que "en España la gente es consciente de que la recuperación laboral" iniciada hace unos años "es muy precaria", ya que "hay una tasa de precariedad muy importante en las economías que se dedican fundamentalmente a los servicios, entre ellas la española". "Los salarios no han remontado para poder elevar el consumo, y además en más de medio millón de hogares no entra ningún ingreso, así que es normal que la percepción de la economía sea mala" pese a que las cifras macroeconómicas sean buenas y el PIB español crezca, plantea Manera.

El Brexit y la guerra comercial EEUU-China

Pero, ¿tiene la ciudadanía española otros motivos, además de los mencionados, para ver un panorama económico tan oscuro? Pues, pese a que en el Eurobarómetro no se mencionan, los expertos consultados llaman la atención, especialmente, sobre las consecuencias que tendrá el Brexit en la economía de nuestro país. "El Reino Unido es un socio comercial importantísimo para España, fundamentalmente en los sectores turístico y agroalimentario", explica Javier Santacruz, que señala que estos podrían ser sectores muy afectados por la salida del país de la UE, especialmente si se hace sin acuerdo y a las bravas. Y Manera coincide: "El turismo británico ya ha caído un 5%, y el Brexit está generando inquietud a economías que dependen de la demanda británica, como Baleares, en menor medida Cataluña, la Comunitat Valenciana o Andalucía", detalla.

Al contrario de lo que ocurre con la salida británica de la UE, España no está expuesta de una manera particular a la guerra comercial desatada entre China y EEUU. Pero el hecho de que no ser uno de los países que corren más peligro no implica que no vaya a verse afectado si las tensiones continúan. "Estas políticas proteccionistas, con imposiciones de aranceles, provocan bajadas en las exportaciones a nivel mundial" por el aumento de los precios, explica el catedrático Carles Manera, lo que en España puede afectar a sectores "como la industria del automóvil". Ese mismo sector menciona Javier Santacruz, que plantea que "la vía de contagio para España" en lo relativo a las consecuencias de la guerra comercial "es Alemania, porque su principal socio principal es China".

La Comisión Europea ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para España en 2019, cuando confía en que la economía se expandirá a un ritmo del 2,3%, prácticamente el doble que el crecimiento del 1,2% proyectado para la zona euro, mientras que ha mantenido sin cambios su pronóstico de evolución del 1,9% en 2020, medio punto por encima de la media prevista para la eurozona.

Desde el Ministerio de Economía y Empresa se ha destacado que "España es la única de las grandes economías de la zona euro cuyo crecimiento ha sido revisado al alza debido al dinamismo registrado en la primera parte del año".

El pasado mes de junio, el Banco de España elevó dos décimas, hasta el 2,4%, su estimación de incremento del PIB español para 2019, manteniendo en el 1,9% y el 1,7% sus previsiones para 2020 y 2021, respectivamente.

En su análisis, Bruselas destaca la "sorpresa" de un crecimiento de España en el primer trimestre (+0,7%) más fuerte de lo esperado por la contribución positiva de las exportaciones ante la leve contracción de las importaciones, añadiendo que el dinamismo de la inversión en vivienda y equipamientos compensó la debilidad del aumento del consumo.

De cara a los siguientes trimestres, la Comisión señala en sus previsiones provisionales de verano que las encuestas e indicadores de actividad apuntan a una progresión del 0,6% del PIB en el segundo trimestre, superando, a pesar de la desaceleración, las previsiones de primavera ante la recuperación de cierto impulso por el consumo.

"Se espera que el crecimiento disminuya algo más en el tercer trimestre de 2019 estabilizándose alrededor de una tasa del 0,5% trimestral durante el resto de trimestres del horizonte de la previsión, en línea con lo anticipado en primavera", apunta la Comisión.

En este sentido, Bruselas anticipa que la demanda doméstica, y en particular el consumo, seguirá siendo el principal motor del crecimiento de la economía española, con una contribución prácticamente neutral de las exportaciones netas.

"En un contexto de tensiones comerciales globales, aún se espera que las exportaciones e importaciones de España se recuperen, pero menos de lo previsto en la primavera", advierte la Comisión, añadiendo que el aumento del empleo debería disminuir a lo largo del horizonte de las previsiones, aunque seguirá expandiéndose con fuerza, lo que permitirá reducir aún más la tasa de desempleo, lo que, unido a los aumentos salariales, debería respaldar el incremento de los ingresos disponibles y una mayor tasa de ahorro de los hogares.

En cuanto a la evolución de los precios en España, las nuevas previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea contemplan una tasa de inflación armonizada del 0,9% en 2019, cuatro décimas por debajo de la media del 1,3% prevista para el conjunto de la zona euro, mientras que en 2020 los precios subirán un 1,2%, frente al 1,3% de los Diecinueve.

Economistas Frente a la Crisis, una iniciativa impulsada desde distintas disciplinas para denunciar las formas en las que se ha gestionado la crisis, pide en una declaración aprobada por su junta directiva que haya un acuerdo de gobierno progresista para, entre otros fines, "recomponer la cohesión y la justicia social". Desde el colectivo entienden que sólo con "políticas decididas y firmes" se puede revertir la crisis y ofrecer a los ciudadanos un acuerdo por la estabilidad y por el cambio, que lleve al país "a los niveles de bienestar y justicia de los países más avanzados". 

En la carta que este miércoles hacen pública señalan especialmente tres esferas estratégicas de política económica que las fuerzas progresistas tienen que abordar "sin ambages, con total claridad". Sus propuestas pasan por estabilizar el mercado de trabajo, aumentar la justicia fiscal y social para garantizar la redistribución y emprender reformas regulatorias en mercados clave como el de la energía o la vivienda. Si no fuera así, advierten desde la iniciativa, serán "los ciudadanos y las empresas" los que "correrán con los costes" y "todos perderemos el tren del futuro". 

Aquí tienes el manifiesto de Economistas Frente a la Crisis.

La principal puerta de entrada al sistema público de salud está desvencijada. Mal engrasada. Los efectos son varios. El primero es que compromete las condiciones en que los profesionales prestan el servicio y por lo tanto la calidad del mismo. El segundo es que invita a cambiar de sistema, concretamente al privado. La atención primaria, el médico de familia, el espacio del sistema en el que más eficiente resulta la inversión, identificado internacionalmente desde la Conferencia de Ama-Ata de 1978 como la clave para su óptimo funcionamiento, se ha convertido en la mejor muestra del deterioro de la sanidad pública a raíz de la gran recesión. Así lo indica el informe Repercusiones de la crisis sobre la atención primaria. Evolución en las comunidades autónomas, presentado este miércoles por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y que revela que más de un 41% de los médicos de familia superan el número recomendado de pacientes que el Gobierno quiere evitar y asociaciones como Semergen sitúan como listón inaceptable: 1.500. Incluso hay un 2,12 en "sobresaturación", con más de 2.000 pacientes. 

El estudio muestra cómo ha caído desde 2010 el gasto sanitario en atención primaria. "La desatención presupuestaria está en el origen de la precaria situación y el descontento vivido en todo el país sobre la atención primaria actual. Hay una gran presión sobre los profesionales que no se ha reducido durante la crisis, cuando la disminución de la población podría haberse aprovechado para acortar significativamente las ratios de población por profesional", señala el informe, que destaca que un 24% de los pacientes son atendidos más de 6 días después de solicitar la cita. 

Que la crisis ha provocado una importante erosión en la atención primaria es algo que denuncian los propios profesionales. Sus carencias han motivado las movilizaciones sanitarias más sonadas de 2018. En Cataluña los médicos de familia sólo desconvocaron su huelga a finales de noviembre tras aceptar la oferta del Govern de inyectar 100 millones de euros a atención primaria. En Aragón, ante la escalada de protestas, el servicio autonómico de Salud también respondió con un refuerzo en este punto. Las movilizaciones en Castilla y León denunciaban un "acoso" a la atención a la primaria. Similares situaciones se han dado en Andalucía y la Comunidad Valenciana. En Galicia se produjo un hecho insólito, que desveló la profundidad de la crisis: en diciembre, en medio de una escalada de protestas, 22 jefes de servicio de medicina de familia de la comarca de Vigo dimitieron por la situación "insostenible" derivada de la "sobrecarga" de trabajo.

Durante la crisis gallega, el portavoz de SOS Sanidade, Manuel Marín, puso palabras a una denuncia que recorre las movilizaciones sanitarias a lo largo y ancho del país: "Sin una atención primaria potente la sanidad pública será mucho más costosa,SOS SanidadeSin una atención primaria potente la sanidad pública será mucho más costosa ya que se dispararán los gastos curativos". Es una diagnóstico que concuerda con el realizado por Carmen Esbrí, coordinadora estatal de Mareas Blancas, para quien los problemas en atención primaria –también en listas de espera– forman parte de una agenda para incrementar el poder de la sanidad privada. La Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública ha insistido en esta idea: hay que invertir en atención primaria para reforzar la credibilidad del sistema, hacer más eficiente su funcionamiento y atajar las tentaciones privatizadoras.

Menos inversión relativa

Pero este énfasis en la inversión en atención primaria no se ha producido. Así lo ha constatado la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que ha denunciado que existe una grave infrafinanciación y escasez de plantillas que se traduce en una "insoportable sobrecarga asistencial" en atención primaria. El informe de la Fadsp, referente del diagnóstico crítico sobre la sanidad española, le pone números a esta "insoportable sobrecarga asistencial". El estudio toma como punto de partida 2010, fin del ciclo presupuestario alto. Entonces el porcentaje de inversión en atención primaria sobre el total era del 14,88%. En 2016, último año analizado por la Fadsp, fue del 13,67%. Una caída de 1,21 puntos.

Hay un incremento de la desigualdad entre comunidades autónomas. La brecha entre la que más porcentaje dedica a atención primaria, Cantabria (17,7%), y la que menos, Madrid (11,64%), es mayor que la que había en 2010 entre la que más (Baleares) y la que menos (Murcia). Por encima de la media (13,67%) se encuentran Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. El resto, por debajo: Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Extremadura, Galicia y Madrid

En Sanidad pública. Entre el éxito y el desastre (Tevescop, 2015), una síntesis de los puntos fuertes y débiles del modelo sanitario español, Marciano Sánchez Bayle y Sergio Fernández sitúan la atención primaria como "eje del sistema" y advierten de que las políticas sanitarias no la toman como tal. El porcentaje que consideran óptimo es un 25%, que es el que demandan sindicatos como CCOO y asociaciones de médicos. En las recomendaciones incluidas en su informe, la Fadsp pide un 20%. Pero aún estamos lejos. Además, según ha explicado a este periódico José Polo, vicepresidente de Semergen, los datos que se suelen ofrecer son engañosos porque "las administraciones imputan un presupuesto muy elevado de prescripción a atención primaria, cuando en realidad el 40% viene impuesto desde el hospital".

También ha decrecido la inversión por habitante y año en atención primaria, que en 2010 era de 199,98 euros y ahora de 196,3, según el informe de la Fadsp. Por encima de la media están Cantabria (la que más, con 254,17 euros), Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. Por debajo, Madrid (la que menos, con 167,15 euros), Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia y Galicia. "Llamativa es la situación de Madrid, que permanece la ultima desde 2010 a pesar de que esta situada la tercera por la cola en presupuestos totales per cápita en 2016", señala el informe.

Médicos saturados

La Fadsp considera que el sistema ha desaprovechado el descenso de la población para aliviar suficientemente la sobrecarga de los profesionales de atención primaria. Ha habido, eso sí, una leve mejoría. El ratio de médicos de familia por paciente ha pasado de 1.398 a 1.357, 41 menos (-2,93%). Mientras tanto, la población cayó, según el INE, de 46.815.516 habitantes en 2010 a 46.528.966 en 2017, es decir, 286.550 personas menos (-0,61%). No obstante, cuatro comunidades, Aragón, Baleares, Madrid y La Rioja, vieron sus ratios aumentar durante este periodo.

También ha habido un retroceso del porcentaje de médicos de familia con más de 1.500 pacientes, el límite que se considera recomendable no superar, que pasa del 45,11% a 41,49%. Es decir, un 41,49% están por encima de lo desaconsejado por los prescriptores sanitarios.

Además ha crecido el porcentaje de médicos con más de 2.000 pacientes, de 1,67% en 2010 a 2,12% en 2017. Estos entran dentro de una "evidente sobresaturación".

De nuevo hay una enorme desigualdad entre comunidades. La comunidad con más porcentaje de médicos por encima de 1.500 pacientes es Baleares, con un 82,26%. También están por encima de la media Andalucía, Asturias, Canarias y Madrid. La que menos tiene, es decir, la autonomía con menos médicos saturados, es Castilla y León, con un 11,86%. Por debajo del promedio están también Cantabria, Castilla La Mancha, Valencia, Extremadura, Galicia y Murcia. No hay datos de 2017 de Cataluña. Llaman la atención los porcentajes de "sobresaturación", con más de 2.000 pacientes, de los médicos de familia en Baleares (7,46%) y Madrid (7,81%).

"Preocupante" enfermería

La Fadsp señala que ha habido leves descensos entre 2010 y 2017 del ratio de niños por pediatra (de 1.037 a 1.018, un -1,83%), pacientes por trabajador de administración (de 3.045 a 2.876, un -5,55%) y habitantes por enfermero (de 1.606 a 1.547, un -3,67%). No obstante, las ratios siguen mostrando saturación.

"La situación de enfermería es especialmente preocupante", señala el informe. Mientras la media de profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes es de 9 de promedio en la OCDE, en España de 5,5. A ello se suma, señala el informe, que "mientras en la mayoría de los países la ratio de profesionales de enfermería/de medicina en atención primaria es de 2 o 3, en España es de promedio de 0,87 y está por debajo de 1 en todas las comunidades, con excepción de Navarra".

Faltan MIR

El informe señala que hay una política "miope" de los Gobiernos del PP en la formación de especialistas en medicina de familia y pediatría. El número de plazas convocadas en el MIR pasaron de 7.288 en 2010 a 6.682 en 2013, 6.968 en 2016 y 6.325 en 2017, recoge el informe. CCOO ha calculado que entre 2010 y 2018 se perdieron 298 especialistas en enfermería familiar y comunitaria, 93 plazas de pediatría y 1.051 plazas de medicina familiar y comunitaria. Ello, "unido al aumento de la emigración de profesionales (habitualmente a países con mayor densidad de los mismos) ha generado la situación actual", señala la Fadsp en su informe.

"Una cuestión fundamental en la evolución de los profesionales de atención primaria –señala el informe– tiene que ver con la escasa consideración que ha recibido la misma desde las autoridades sanitarias, que puede decirse que la han marginado dentro del sistema sanitario público, bien porque al ser una partida menos relevante del gasto no le prestaron la atención debida, bien porque tenían puesto su objetivo en la mercantilización y privatización de la asistencia sanitaria y les molestaba una atención primaria que difícilmente encajaba en este paradigma".

Contraste público-privado

"La atención primaria en España continúa hoy en día desfinanciada, con escaso personal sanitario, con demoras en las citas, insuficientes unidades de apoyo y principalmente es cuestionada por no ser capaz de consumar las necesidades básicas de salud que se requieren satisfacer frente a un sector privado cada vez más presente en la asistencia sanitaria de todos", concluye el informe.

El estudio se publica con el sector sanitario privado en cifras de negocio récord, que se apoyan fundamentalmente en el auge de los conciertos y el aseguramiento y en la infrautilización de recursos públicos. Mientras tanto, la privatización sanitaria ha roto su techo, en contraste con una inversión pública sanitaria que sigue sin recuperar sus niveles precrisis.

Sin estrategia

España carece de una estrategia política común para encarar los problemas y carencias de la atención primaria. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo (PSOE), había convocado para el martes a los consejeros en el órgano de encuentro entre el Gobierno y las autonomías para presentarles un plan estratégico. Entre otras medidas se recoge que el número de pacientes por doctor no supere los 1.500 y, en el caso de pediatría, los 1.000. Los consejeros del PP plantaron a la ministra alegando que se trata de una iniciativa "precipitada" y "electoralista".

La antesala de un ciclo electoral no suele ser buen momento para acuerdos de Estado en temas clave. Y la puerta de entrada a la sanidad pública es un tema clave.

Lo que cuenta Beatriz Moreno le sonará a más de uno: "La inmobiliaria nos lo puso muy bonito. Que teníamos que comprar una casa, que teníamos una familia, que era lo mejor para invertir, que las casas nunca iban a bajar de precio, que si yo me cansaba la podía vender e iba a ganar dinero...". Luego pasó lo que pasó: el paro, los ahorros que se acaban, tener que elegir entre comer o la cuota de la hipoteca. Cuando dejó de pagar, en 2013, debía 140.000 euros. Un año y tres meses más tarde debía 158.000 euros. En 2012 se produjeron en España 46.559 desahucios, 517 al día, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Es una de las protagonistas del documental Flores en la basura, dirigido por José Antonio Romero y estrenado el martes en Madrid, que compone un retrato de la crisis económica a partir de las vivencias de quienes más la sufrieron. Ángel Martín, al que se identificacomo "parado de larga duración", como a otros muchos en la película, cuenta que antes de la crisis ganaba 1.200 euros, en 2013 pasó a ganar 900, de ahí fue al paro y acabó recibiendo un subsidio de 426 euros. Su pareja, Lourdes Rodríguez, recuerda la primera carta de desahucio: "Creo que me dio hasta algo, porque estuve un rato que no sé lo que pasó". Consiguieron salir adelante gracias a la ayuda económica de su hermana, que había podido conservar su trabajo. Pero en este catálogo de males de la crisis hay también padres ancianos que pierden su vivienda por avalar la hipoteca de sus hijos, hogares en los que el único ingreso es el de la pensión de la abuela, jóvenes emigrados, trabajadoras explotadas...

Han sido más de 80 horas de entrevistas entre 2013 y 2019, resumidas en un metraje de 60 minutos. El proyecto nació queriendo ser un Inside job a la española, una réplica de aquella película ganadora del Oscar al mejor documental en 2011 sobre el temerario funcionamiento de la industria financiera y el nulo control de las autoridades, que llevaría en 2008 al colapso económico global. "Luego nos dimos cuenta", apunta Romero, "de que hacer algo parecido a Inside job iba a ser muy difícil, porque los poderosos estaban muy metidos en una campana de cristal y eran inaccesibles. Paralelamente, fuimos viendo que las experiencias personales de la gente que nos contaba cómo estaba sufriendo la crisis adquirían un interés tremendo y finalmente eran más relevantes". El casting de protagonistas tuvo mucho de trabajo periodístico, con el apoyo de reporteros como Maika Ávila, de Cadena Ser, y el equipo recorrió núcleos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, distintos barrios de Madrid y Sevilla, universidades, centros de trabajo en los que existieran conflictos laborales...

No es que en el documental no se recurra a expertos: figuran economistas como Emilio Ontiveros y Daniel Raventós, analistas políticos como Susan George o Sami Naïr, empresarios como Marcos de Quinto —entonces exvicepresidente de Coca Cola, hoy candidato de Ciudadanos al Congreso— y Antonio Garrigues Walker, y escritores como Almudena Grandes o Juan José Téllez. Pero, cuantitativa y cualitativamente, quienes pesan más en el metraje son los ciudadanos anónimos, expertos en sus propias vidas. Sus vivencias invalidan parte del discurso generado en torno a la crisis: que habían vivido por encima de sus posibilidades, que se habían endeudado para adquirir frivolidades, que jamás debieron comprar... "[Ellos] no conciben ni la han vivido de cerca, lo que es la crisis. Esos son los que han vivido por encima de sus posibilidades", protesta Ángel Martín. En 2014 no pide grandes cosas para salir del hoyo: "Lo que nos haría falta para poder vivir cubriendo gastos serían cerca de 900 euros". 

El proceso de producción ha sido largo. Romero, en un principio, iba a ser solo el productor, y Benito Zambrano se encargaría de la dirección. Como el proyecto marchaba lentamente, el cineasta tuvo que dejarlo, y entró Gerardo Herrero, que también lo abandonó para dedicarse por entero a la producción de El hombre que mató a don Quijote, de Terry Gilliam. Finalmente, Romero se decidió a coger las riendas. El rodaje terminó realizándose en tres bloques, llegando al mismo 2019: en el metraje aparecen asuntos muy recientes, como las protestas de los trabajadores del almacén de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) —hablan Douglas K. Harper y Alfonso Domínguez, empleados y sindicalistas— y la última huelga del taxi contra la falta de regulación de las VTC —con Jesús Fernández, vicepresidente de la Asociación Profesional del Taxi, y su familia—.  

Ese dilatado proceso de grabación ha permitido también seguir a algunos de los protagonistas a lo largo de los años. No a todos: "Algunos aceptaron, pero otros estaban muy quemados y solo querían dejar todo eso atrás". Entre los que sí se prestaron está Merche Atienza, otra "parada de larga duración" que hablaba amargamente de la dificultad de encontrar trabajo a los 55 años y de cómo le afectaba depender económicamente de sus padres. "Merche ha encontrado trabajo, que en 2015 no tenía y el año pasado sí, y eso le ha cambiado la vida, pese a que es un trabajo precario y mal pagado, porque de no ingresar nada a ingresar eso...", cuenta Romero. También ha encontrado empleo Lourdes Rodríguez: "Ella está un pelín peor, porque los trabajos que encuentra son trabajos de sustitución, muy temporales". Sus experiencias son muy representativas: la tasa de temporalidad del empleo en España alcanza el 26,86% y es la más alta de los últimos diez años, según datos de la EPA del cuatro trimestre de 2018. 

Es esa la idea que rige el filme: la crisis empezó, pero para la mayoría de la población aún no ha acabado. Al inicio del metraje, Garrigues Walker, en una entrevista filmada en 2013, lanza: "No creo que la crisis pueda durar otros cinco años, la humanidad no está preparada para eso". No pueden coincidir los trabajadores precarios de Amazon, las empleadas que limpian hoteles en Baleares o quienes han sufrido un desahucio por impago del alquiler, todos representados en el documental. "Saldremos e iniciaremos un periodo de crecimiento nuevo", insistía el prestigioso abogados. Le responde, gracias al montaje de César Herradura, Amanda Padillo, una joven estudiante: "¿Estamos saliendo de la crisis? Estarás saliendo de la crisis tú, guapo, porque aquí la crisis está todo el día en casa de cada uno". 

A falta de una distribución comercial en salas —"No hay un solo documental que dé dinero", dice Romero—, por ahora la productora prepara presentaciones en Sevilla, Valencia, Barcelona y Cádiz. La película trata de dejar buen sabor de boca y termina haciendo un llamamiento a la protesta en la calle y en los centros de trabajo. "Esta sociedad no puede aguantar esta situación mucho más tiempo", dicen los trabajadores de Amazon. "Yo la única alternativa que veo es que este sistema economicista desaparezca", suelta Pepe Chamizo, antiguo Defensor del Pueblo Andaluz. "Y sé lo que digo, sé que es una utopía. Pero es que no veo otra". En Madrid, la proyección estuvo acompañada de la Solfónica, la orquesta que nació del 15M. ¿Corren vientos de cambio? "Eso espero", contesta Romero, "por que si no, ¿qué hacemos?". 

La conocida como "Administración paralela" sobrevive holgadamente a la crisis y a los recortes. No sólo es que acumule más de 5.000 terminales, sin que haya planes para una reducción significativa, sino que además la Administración se ha hecho tan dependiente de la misma que conviene tomar con cautela las promesas de los partidos que aseguran que van a liquidarla. El Gobierno andaluz de PP y Cs, que ha hecho grandes anuncios sobre su desmontaje, hasta ahora ha adoptado sólo medidas de escaso impacto. El ruido en torno a los "chiringuitos" y los excesos de la descentralización contrasta con el silencio sobre los males profundos del sistema y sus soluciones.

Calificar de "chiringuitos" al conjunto de los entes públicos sería una inexactitud. Junto a los ineficientes y opacos, como la fundación de la que fue gerente Santiago Abascal en Madrid, hay otros que desarrollan tareas relevantes. El mirador más privilegiado es el Inventario de Entes del Sector Público del Ministerio de Hacienda (Invente). En este listado aparecen 18.779 entes, de los que algo más de 5.000 podrían considerarse "Administración paralela". No obstante, el dato admite matices, como señala Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo, en Las Administraciones españolas (Tecnos, 2018). "Ni son todos los que están ni están todos los que son", señala el autor, que recuerda que "no siempre las comunidades autónomas y las entidades locales comunican al Ministerio de Hacienda" la creación de entes.

La descripción que hace este ensayo del atomizado sistema administrativo español, que no es en la actualidad objeto de ningún plan de reforma, resulta inquietante, dado que la diversidad de terminales sin sujeción plena al Estatuto Básico del Empleado Público facilita la colonización partidista y es un "factor de debilidad institucional". No existe un estatuto del personal directivo profesional. Es llamativa la escasez de control. El último informe "trimestral" de "seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas" (CORA) es de octubre de 2016. O sea, nada de trimestral. Dicha comisión, creada en 2012, pretendía alumbrar un diagnóstico sobre la Administración para reducir estructuras. En su último informe, la comisión aseguraba que había eliminado 2.364 entes: 115 estatales, 813 autonómicos y 1.436 locales. No se especifica la cuantía ahorrada, ni el impacto en las plantillas, ni tampoco se hace una identificación de estructuras ineficientes. Desde entonces no hay actualizaciones del informe.

  Andalucía: del dicho al hecho

Andalucía ofrece indicios de que entre lo que se dice en el debate político y lo que ocurre hay un trecho. El acuerdo de Gobierno de PP y Cs recoge en uno de sus puntos "desmontar la Administración paralela". Y detalla: "Reduciremos a la mitad el entramado institucional paralelo". El pacto de legislatura de PP y Vox va más allá: "Suprimir la Administración paralela". Tanto el PP como Cs y Vox han vinculado la "Administración paralela" a una red clientelar. Y sobre todo a la noción de "chiringuito".

Antes de abandonar el PSOE el poder, la Junta cifraba en 69 las agencias, sociedades, fundaciones y consorcios de su sector instrumental, aunque el número de entes dependientes supera en conjunto los 300. Había reconocidos oficialmente más de 700 directivos y 27.000 empleados. PP y Cs desconfían de las cuentas del PSOE. En su programa para los primeros 100 días recogen la aprobación de un "decreto-ley para centralizar" el sector instrumental. Aún no se ha aprobado. Lo que sí ha hecho el Gobierno andaluz es encargar una auditoría que sólo abarca 12 agencias, a lo que se suma la encomienda a la Cámara de Cuentas de un informe sobre la RTVA. Es decir, el alcance de la auditoría ha bajado con respecto al discurso de oposición. El presidente de la Junta afirmó tras su elección que la auditoría tardaría 45 días. Su consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), ya ha señalado que se trata de "45 días hábiles" a contar desde el 1 de febrero. Y que son "susceptibles de ampliación".

  Extinciones de lo inactivo

¿Ha hecho el Gobierno andaluz algo más? Sí. Anunció la "extinción definitiva" de más de 80 consorcios de empleo. Como la medida era impulsada desde la macroconsejería que dirige Juan Marín, de Cs, los dirigentes nacionales de su partido celebraban en Twitter el logro, que deparó jugosos titulares. Lo mismo ocurrió cuando la Junta anunció que "autoriza la extinción" de la Fundación Mediara y cuando afirmó que suprimirá la Agencia de Evaluación Educativa. No obstante, el desmontaje está lejos de ser revolucionario.

Los consorcios "extinguidos" carecían ya de actividad. De hecho, aparecían como "en extinción" en un listado oficial de octubre de 2018. Según un informe del Ministerio de Hacienda, los consorcios de empleo andaluces carecen de presupuesto desde septiembre de 2012. La propia Consejería de Hacienda confirma que no provocan gasto alguno "desde hace años". En cuanto al Consorcio Guadalquivir, cuyo cierre también fue anunciado con notable repercusión, "no llegó a constituirse", si bien tuvo un acto de presentación en 2009 que costó 250.000 euros, según la Junta. En lo que respecta a la Fundación Mediara, no aparece en el listado oficial de la Junta de octubre de 2018. Hacienda (PP) asegura que esta fundación, dedicada a la mediación y el arbitraje, ha costado 200.000 euros al año. La Consejería de Regeneración (Cs) afirma que la Agencia de Evaluación Educativa consumía 500.000 euros al año. 

Es decir, el ahorro total de las supresiones, que han dominado la agenda pública del Gobierno andaluz en sus primeros compases, se proyecta en un total de 700.000 euros al año. 

No son cifras con las que el Gobierno andaluz se pueda permitir su anunciada "bajada masiva de impuestos". Menos aún cuando el bipartito asegura haber encontrado las finanzas en pésimo estado. Con todo ello será difícil una reducción drástica del sector instrumental, que formalizó casi tres de cada cuatro contratos de la Junta en 2014 y 2015, según la Cámara de Cuentas. El gasto en personal se acerca a los mil millones al año. Es imposible bajar la persiana sin miramientos, pero también comenzar a realizar despidos que supondrían indemnizaciones difíciles de asumir para unas arcas tocadas. Es más, casi dos meses después de la toma de posesión del Gobierno andaluz, no ha destacado por el trauma laboral. El relevo ha afectado a los altos cargos y eventuales, como siempre ocurre. Y Cs ha tirado incluso de altos cargos que ya ocupaban responsabilidades con Susana Díaz, por ejemplo en el área de Economía. El tantas veces pronosticado "ERE de la Junta" cuando cayera el PSOE se ha quedado ya en el olvido.

  Empresarial y fundacional

De regreso al ámbito estatal, en los 18.779 entes recogidos en Invente entran 52 diputaciones, consejos y cabildos, 8.122 ayuntamientos, 3.697 entidades menores que el municipio, 953 mancomunidades, 82 comarcas, 76 agrupaciones de municipios, 3 áreas metropolitanas, 2 ciudades autónomas... En total son más de 13.000 entidades que no podrían considerarse "Administración paralela", término peyorativo pero de frecuente uso. Tampoco lo serían 49 universidades, 31 "organismos de derecho público vinculados al Estado" (CNI, Puertos del Estado...), 23 "entidades de derecho público" (Airef, Banco de España, Consejo Económico y Social...), 6 "autoridades administrativas independientes" (CNMC, Agencia Española de Protección de Datos...) y 6 órganos más con dotación diferenciada en los PGE (Casa del Rey, Cortes, Consejo de Estado...).

Hay que aclarar –como ocurre con los entes del anterior párrafo– que el hecho de que una entidad tenga personalidad jurídica propia y cierta autonomía no lo convierte en "Administración paralela". Y tampoco ser "Administración paralela" convierte a un ente en un "chiringuito". Para entenderlo hay que mirar el detalle. La legislación presupuestaria distingue el sector público administrativo, lo que vendría ser la Administración pura y dura, de los sectores públicos "empresarial" y "fundacional". En estas dos últimas categorías englobaríamos lo que se conoce como "Administración paralela". Según Invente, serían:

– 2.135 sociedades mercantiles.

– 1.145 organismos autónomos (entre comerciales, administrativos y otros).

– 918 fundaciones.

– 968 consorcios.

– 152 entes públicos.

– 119 entidades empresariales.

– 94 instituciones sin ánimo de lucro.

– 48 comunidades de usuarios.

– 26 fondos sin personalidad jurídica.

– 24 agencias.

– 22 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

– 6 entidades gestoras de la Seguridad Social.

En total, 5.657 entes que podría considerarse "Administración paralela".

  Leve bajada

¿Han ido a más o a menos? Tomando como referencia 2014, el primer año recogido por el inventario de Hacienda, a menos. Pero levemente. Para realizar la comparación hay que prescindir de las comunidades de usuarios, que no aparecen en el listado de 2014. Hecha esta salvedad, quedan 5.609 entes en 2018, frente a 5.703 en 2014. Ha bajado en 94. La caída es de un 1,64%, según Invente. Las sociedades han pasado de 2.242 a 2.135 (-4,77%); los organismos autónomos, de 1.359 a 1.145 (-15,7%). Pero al mismo tiempo, según Invente, los consorcios y las fundaciones han ido a más. En 2014 había 853 fundaciones, por 918 ahora (+7,62%). En cuanto a los consorcios, pasan de 863 a 968 (+12,16%). En las demás categorías hay subidas o bajadas menos significativas.

Si se toman en consideración todos los entes recogidos en el inventario, no sólo los que cabría considerar "Administración paralela", la cifra ha pasado de 18.867 en 2014 a 18.779 en 2018, lo que supone una caída del 0,46%. Hay que tener en cuenta que es más difícil que se produzca una poda de estructuras estatales cuando el empleo público en España ha pasado desde 2014 hasta 2018 de 2,9 millones de asalariados a 3,1, según el INE. Los afanes de desmontaje de supuestas estructuras ineficientes y opacas a menudo se topan con una realidad: la economía española requiere de un vigor en el sector público que es inalcanzable sólo mediante funcionarios con oposición.

De los 5.657 entes que cabría considerar "Administración paralela", casi un 60% corresponden a las entidades locales, algo más de un 32% a las comunidades y casi un 7% al Estado, según datos de Invente. Los ayuntamientos y diputaciones son los que más sociedades mercantiles (1.541) y más organismos autónomos (934) tienen. Las comunidades son las que más fundaciones (534) y más consorcios (452).

  Enormidad y descontrol

La casuística de todos estos entes es muy variada. El más reciente análisis es de Sánchez Morón, en su ensayo Las Administraciones españolas, donde describe un "conjunto variopinto" hasta tal punto que incluso hay entes con un carácter público "dudoso". Es el caso de las comunidades de usuarios de las aguas públicas, las mutuas o instituciones "sin ánimo de lucro" como la Orquesta Sinfónica de Arriaga o la Red de Juderías de España.

Sánchez Morón alerta de los riesgos de la extrema "fragmentación" de este modelo, que tiene su origen en el new public management de raíz thatcheriana, respuesta liberal-conservadora a las burocracias tradicionales. La idea teórica era asemejar lo máximo posible la gestión pública a la privada. En la práctica, se ha ido generando, explica el autor, una estructura atomizada donde los requisitos de acceso, los controles y la fiscalización se relajan, al tiempo que se rebaja el rigor presupuestario. El catedrático recuerda que el ejemplo máximo de corrupción municipal, la Marbella del gilismo, basó su gestión en una extrema atomización del cuerpo administrativo.

Frente al discurso de trazo grueso contra los "chiringuitos", Sánchez Morón afina en su descripción. Ve lógico, por ejemplo, crear entes aparte para producir bienes u ofrecer servicios mediante un precio, caso de Renfe o Paradores de Turismo. También cuando se dota de entidad propia a un centro que quiere ser independiente, léase el CIS. Pero, ¿por qué independizar la Agencia Tributaria, si lo que hace podría hacerlo sin cambios el Ministerio de Hacienda? El ensayo desgrana ejemplos que ilustran cómo la atomización multiplica el riesgo de irregularidades, como las detectadas por el Tribunal de Cuentas en el Consejo Económico y Social. Uno de los grandes problemas del desarrollo de una ingente Administración instrumental es la deficiencia del aparato de control que conforman los parlamentos, el Tribunal de Cuentas, los defensores del pueblo y las oficinas contra el fraude y la corrupción, señala Sánchez Morón.

  Sociedades mercantiles y fundaciones

Entrando en la harina de la "Administración paralela" –término que Sánchez Morón no utiliza–, Las Administraciones españolas hace parada en cada uno de los tipos. Las sociedades mercantiles son las más reguladas por el derecho privado. Con antecedente en Campsa (1927), estas sociedades han buscado "una mayor flexibilidad en la gestión, eludiendo o sorteando en distinto grado los requisitos, límites o formalidades que impone la legislación presupuestaria". El resultado es que de las 140 sociedades estatales en activo, son minoría las que tienen un objeto propiamente mercantil, como Navantia (construcción naval) o Cetarsa (tabaco). Hay otros casos, como Acuamed, en que ha aparecido la mancha de las irregularidades. Las altas retribuciones y los nombramientos políticos son también, explica Sánchez Morón, distintivos de estas sociedades.

A nivel autonómico, de las 473 sociedades mercantiles, el País Vasco tiene 250, debido al mantenimiento de sus políticas industriales públicas. Es llamativo el caso del Canal de Isabel II de Madrid, implicada en uno de los principales casos de corrupción descubierto en los últimos años (el caso Lezo).

Las fundaciones tampoco resisten un examen detallado. A partir del boom de los años 90, se ha consolidao una malla en la que no todo está libre de sospecha. Mientras pueden tener justificación las que gestionan teatros o auditorios –Real, Liceu, Palau de les Arts– o las dedicadas a la investigación científica, más incierto es el porqué de las que actúan en el sector de los servicios sociales o la cooperación. "Muchas de ellas se dedican a distribuir ayudas y subvenciones [...] que tienen origen público [...]", explica Sánchez Morón, que recuerda las irregularidades descubiertas en las fundaciones de empleo integradas por Administraciones, patronales y sindicatos.

  Consorcios

En todos los tipos de entes de la "Administración paralela" se observa incertidumbre normativa, opacidad y arbitrariedad, siguiendo la narración de Sánchez Morón. La escasez de control se extiende a los consorcios, que a veces son considerados tales cuando en realidad son mancomunidades. El catedrático señala que, si bien una reforma legal de 2015 ha introducido mayor claridad, su funcionamiento ha adolecido de "opacidad" y "descontrol". Y cita específicamente a Cataluña (292 consorcios) y Andalucía (193). Es más, Sánchez Morón establece una relación directa entre grado de atomización de la Administración y riesgo de corrupción, irregularidades y clientelismo, señalando a Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana por tener 2.259, 1.924 y 1.049 de los 18.779 entes totales. Hay que destacar, en el caso de Andalucía, que las agencias han tenido un papel destacado en los principales casos de corrupción. La Agencia IDEA pagaba las ayudas sociolaborales en cuestión por el caso ERE. La sociedad mercantil Invercaria da nombre a un caso de supuesta malversación vinculada a inversiones públicas con criterios indebidos. El acceso arbitrario y el uso indebido de tarjetas de crédito han puesto en el punto de mira a la extinta fundación Faffe.

El desafío que se ha impuesto el Gobierno andaluz es imponente: aclarar lo sucedido allí donde ha habido irregularidades, introducir medidas para que no vuelva a ocurrir, podar lo ineficiente y mantener los servicios. Y todo ello con un Ejecutivo presidido por un partido, el PP, que es corresponsable de la extensión en toda España de un modelo de Administración atomizada y esquiva a los controles. Un modelo difícil de revertir cuya reforma exigiría una reflexión crítica sobre el sentido profundo de la cosa pública.

La economía española creció un 0,6% en el segundo trimestre del año, tasa similar a la del trimestre anterior, gracias al empuje de la inversión, ya que el consumo prácticamente se estancó. Por su parte, la tasa interanual se situó en el 2,5%, tres décimas menos que en el trimestre anterior, según la Contabilidad Nacional Trimestral publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa del 2,5% es dos décimas inferior a la inicialmente estimada por Estadística a finales del mes pasado (2,7%). Sí ha coincidido, por el contrario, el dato trimestral que adelantó el INE, del 0,6%.

Debido a la revisión de la Contabilidad Nacional Anual de España, se han revisado las series desde el primer trimestre de 2015. Uno de los datos revisados ha sido el del primer trimestre de este año. Inicialmente se calculó un crecimiento trimestral del 0,7% para el periodo enero-marzo. Una vez revisados los datos, esta tasa se ha rebajado al 0,6%. De este modo, con la serie revisada en la mano, el PIB mostró tanto en el primer trimestre del año como en el segundo un crecimiento similar, del 0,6%.

Con el repunte interanual del 2,5% registrado en el segundo trimestre del ejercicio, la economía española acumula 18 trimestres consecutivos de tasas interanuales positivas, mientras que con el avance trimestral del 0,6% se acumulan 19 trimestres consecutivos de alzas.

La demanda nacional aportó 3,3 puntos al crecimiento del PIB interanual en el segundo trimestre, dos décimas más que en el trimestre anterior, en tanto que la demanda externa restó ocho décimas al crecimiento, cinco décimas inferior a la del trimestre anterior.

Aunque los síntomas de asfixia del sistema financiero estadounidense llevaban desde 2007 manifestándose tímidamente, el crack que hizo que todo se viniera abajo no sonó hasta el 15 de septiembre de 2008. Aquella mañana, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, se declaró en bancarrota arrastrado por la crisis de las hipotecas basura. Ni las autoridades norteamericanas –que se negaron a sanear la entidad con dinero público– ni el sector privado –fracasaron las negociaciones con Bank of America y Barclays para vender la firma– lograron impedir el desplome. La caída de Lehman Brothers, que se unió a la que experimentaron sólo unos meses antes otras entidades como Fannie Mae, Freddie Mac o el gigante Bear Sterns, fue la mecha que condujo al estallido de la crisis financiera global. Un maremoto económico cuyos efectos aún siguen siendo visibles.

Tras el crack del banco de inversión, los movimientos para sortear un colapso de mayor envergadura fueron constantes. Durante la semana siguiente a la quiebra, la aseguradora American International Group (AIG) fue rescatada de la bancarrota y las dos principales entidades de inversión del país, Morgan Stanley y Goldman Sachs, tuvieron que reestructurarse en bancos comerciales para poder acceder a las ayudas contra la crisis financiera de la Reserva Federal estadounidense (Fed), aceptando así una mayor supervisión de la que tenían hasta la fecha. Y el Ejecutivo del republicano George W. Bush, tan reacio al intervencionismo estatal en los mercados, se vio obligado finalmente a preparar un ambicioso plan de rescate financiero para evitar que la crisis se agravara. Un descomunal desembolso que recibió la luz verde del Senado a finales de aquél trágico mes de septiembre.

Pocos meses después, la marejada llegó a Europa con el hundimiento de la economía irlandesa. En España, el primer aviso oficial se dio en diciembre de 2008, cuando el Banco de España anunció que la economía entraría en recesión en el último trimestre del año. Tras esto, llegaron las intervenciones de las cajas de ahorros, la caída libre de la Bolsa o el ascenso exponencial de la prima de riesgo. Y, por supuesto, los recortes: el tijeretazo de más de 15.000 millones llevado a cabo por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y el ajuste de 16.500 millones que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar a la Moncloa en diciembre de 2011. Sin embargo, el rescate parcial no llegó hasta 2012. El 9 de junio de ese año, se solicitó formalmente a Bruselas la ayuda económica para intentar evitar el colapso de unos bancos, cajas y entidades de crédito que acumulaban 130.000 millones de créditos dudosos.

Una década después del estallido, el paisaje financiero ha cambiado sustancialmente: en EEUU desaparecieron 489 entidades entre 2008 y 2013; España se quedaba sin cajas de ahorro, fusionadas primero y transformadas después en bancos. Y para quienes sobrevivieron, las instituciones internacionales aprobaron nuevas y más rigurosas normas de funcionamiento con la intención de evitar la repetición de los perversos comportamientos del pasado que habían conducido a la mayor crisis económica desde 1929. Pero, ¿cuáles han sido las diferencias sustanciales entre el estallido estadounidense y el español en materia de sanciones, procesos judiciales abiertos, investigaciones parlamentarias y devolución de las ayudas económicas?

  El plano judicial

Desde el colapso financiero de 2008, ni uno sólo de los peces gordos de Wall Street ha sido condenado. Sí que han caído, no obstante, decenas de ejecutivos de entidades de menor tamaño. Según aseguró en abril de 2016 la Oficina de la Inspectora General Especial del Programa de Rescate de Activos Financieros (Sigtarp, por sus siglas en inglés) en un informe remitido al Congreso de EEUU, más de una treintena de banqueros han sido condenados a prisión durante los últimos años por delitos relacionados con la crisis financiera. Una cifra que contrasta con la que el diario Financial Times puso sobre la mesa en agosto de 2017. Con datos del mismo Sigtarp, el rotativo elevaba a 324 el número de banqueros de pequeñas entidades, brokers o asesores inmobiliarios que fueron encontrados culpables en relación con el crack de hace una década.

En el caso de España, las pesquisas se han centrado principalmente en las cajas de ahorros quebradas. En los últimos años, 80 directivos han sido condenados a penas de entre tres meses y seis años por los desfalcos detectados en varias de las entidades colapsadas. Sesenta y cinco de estos altos cargos fueron condenados por las famosas tarjetas black de Caja Madrid. A ellos se suman los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia que cobraron indemnizaciones por 18,9 millones de euros, los cuatro de Caja de Ahorros del Mediterráneo condenados por falsedad contable y falsedad en la información que daban a los inversores, los dos de Caja Castilla La-Mancha que fueron encontrados culpables de alterar las cuentas de la entidad y los cuatro directivos de Caixa Penedés condenados por un delito continuado de administración desleal.

Esta cifra podría aumentar a medida que se vayan resolviendo otros tantos procesos judiciales que actualmente están abiertos en los tribunales. En noviembre, por ejemplo, arrancará el juicio del caso Bankia, que sentará en el banquillo de los acusados a 33 ex altos cargos de la entidad por las irregularidades detectadas en la salida a Bolsa de la entidad. También están siendo investigados una docena de Banco de Valencia por el supuesto falseamiento de las cuentas de 2009 y 2010, así como otros 41 exdirectivos y exconsejeros de Caixa Catalunya por el aumento de las remuneraciones aprobado mientras la caja de ahorros estaba en pleno rescate público. También están imputados otros ocho directivos y ex altos cargos de Banca Cívica por las irregularidades detectadas en la fusión que dio lugar a la entidad y su salida a Bolsa.

  La investigación parlamentaria

Ocho meses después de la caída de Lehman Brothers a los infiernos, el Congreso estadounidense dio luz verde a la Ley de Recuperación y Lucha contra el Fraude. Dicha norma, una de las primeras firmadas por Barack Obama al frente de la Casa Blanca, contemplaba la puesta en marcha de la Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC), una comisión parlamentaria que tenía como objetivo “examinar las causas de la crisis financiera y económica de EEUU”. Compuesto por diez “ciudadanos privados” –seis a propuesta de los demócratas y cuatro de los republicanos– con experiencia en el sector de la vivienda, las finanzas, la banca o la protección de los consumidores, el panel arrancó sus pesquisas en enero de 2010, un año y medio después de que colapsara el sistema financiero estadounidense, con un presupuesto de 9,8 millones de dólares.

En enero de 2011, la comisión de investigación puso sobre la mesa su informe final. El escrito, elaborado tras realizar más de 700 entrevistas y revisar millones de páginas de documentos, era demoledor. A lo largo de más de 600 páginas, los miembros del panel acusaron a funcionarios, políticos y banqueros de haber propiciado un colapso financiero que “habría podido evitarse”. En definitiva, el informe calificó el estallido de 2008 como el “resultado de la acción y la inacción humana”. “Los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron las advertencias y fallaron en cuestionar, entender y gestionar los cambiantes riesgos dentro de un sistema esencial para el bienestar público estadounidense”, rezaba el documento, en el que se insistía que la caída “fue un gran fallo, no un tropiezo”.

En España, por el contrario, el colapso económico ha tardado casi una década en llegar al Parlamento. La comisión de investigación sobre la crisis financiera echó a andar en el Congreso de los Diputados en febrero de 2017 y espera tener listos la ponencia y el dictamen de conclusiones antes de que acabe el año. De momento, ya ha finalizado el periodo de comparecencias de personalidades políticas, económicas y académicas. Durante todos estos meses de trabajo, han desfilado por la Cámara Baja los consejeros delegados de los principales bancos españoles –BBVA, Banco Santander, Bankinter, Sabadell o Caixabank–, los principales responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante aquellos años o los exministros de Economía Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado.

Durante las comparecencias, prácticamente todos tiraron balones fuera. Rato negó la existencia de una burbuja inmobiliaria durante su etapa al frente del ministerio –“demanda embalsada de creación de hogares” lo llamó–. Solbes reconoció que no fue capaz de poner freno a un tren “que se iba acelerando” y echó la culpa del escándalo de las preferentes al Banco de España y la CNMV. Los responsables del supervisor y el regulador por aquel entonces, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, se desentendieron cuando se les preguntó por su inmovilismo ante el problema de las cajas de ahorro y la venta de las preferentes. La respuesta, similar: falta de competencias. La exministra Elena Salgado, por su parte, también admitió que se habían cometido “errores”, pero achacó el estallido de la economía española al colapso financiero internacional.

  Las sanciones

A pesar de la dificultad para perseguir judicialmente a los ejecutivos de las grandes firmas financieras estadounidenses, lo cierto es que los gigantes de Wall Street sí que han terminado pagando un alto precio por la hecatombe de 2008. Pero lo han hecho en forma de multas. Desde el estallido de la crisis, las entidades financieras de todo el mundo han pagado sanciones por valor de 321.000 millones de dólares –275.300 millones de euros–, según un informe de Boston Consulting Group. Casi la mitad de estos castigos se han concentrado en Estados Unidos, cuya banca ha terminado abonando 150.000 millones de dólares –unos 121.600 millones de euros–, según un análisis elaborado por el Financial Times. La mayor parte de las sanciones fueron por los engaños a los compradores de valores financieros avalados por hipotecas.

De todos los bancos, agencias de calificación y otras entidades financieras analizadas por el rotativo económico británico, el que más sanciones ha tenido que afrontar ha sido el Bank of America. En total, el segundo banco más grande de EEUU por valor de activos ha pagado más de un tercio de las multas impuestas por las autoridades estadounidenses: 56.000 millones por la venta de sus hipotecas y de las de dos de las firmas que adquirió –Countrywide y Merrill Lynch–. Le sigue JPMorgan Chase, que ha tenido que desembolsar 27.000 millones de dólares por el papel que tuvieron durante el crack tanto la compañía como las dos empresas que compró –Bear Stearns y Washington Mutuals–. El podio lo completa Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, que ha tenido que pagar unos 12.000 millones de dólares en multas.

En suelo español, las sanciones han sido mínimas. Desde el estallido de la crisis, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto sanciones a los bancos españoles por valor de 45,2 millones de euros, según consta en el informe La crisis financiera en España: marco normativo y actuación supervisora (2007-2015), entregado por el organismo regulador en el marco de la comisión de investigación de la crisis económica. El documento, que analiza las acciones en relación con la emisión de preferentes, deuda soberana y fondos de inversión, recogía tres multas al Santander por valor de 17,9 millones de euros y otras tres a CaixaBank por siete millones entre 2010 y 2011. En los años posteriores, también cayeron sanciones sobre Caja España, NCG Banco, Bankinter, Popular, Caja Madrid/Bankia, Catalunya Banc o BBVA.

  Recuperación del rescate

En Estados Unidos, el Programa de Rescate de Activos Problemáticos (TARP, por sus siglas en inglés) fue dotado con la friolera de 700.000 millones de dólares –unos 560.000 millones de euros–, con los que el Tesoro estadounidense compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos. Sin embargo, de esa cantidad se han desembolsado hasta la fecha 439.000 millones de dólares, según consta en el último informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos (CBO, por sus siglas en inglés), presentado el pasado mes de marzo. Dicho documento también referencia que, hasta el 31 de enero de 2018, los bancos y empresas rescatadas durante los años posteriores al crack financiero estadounidense han devuelto unos 377.000 millones de euros. Por tanto, las arcas de EEUU ya han recuperado el 85,9% de la ayuda económica desembolsada.

Algo muy diferente ha sucedido en España. A pesar de que en 2013 el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba que se recuperaría lo que el Gobierno del PP definió como “un crédito a la banca” que no costaría “ni un euro” a los contribuyentes, la realidad ha sido bien distinta. Según los datos del último Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014 del Banco de España, referidos a julio de 2017, las arcas sólo han recuperado 3.873 de los 56.865 millones de euros de dinero público inyectados durante esos siete años para evitar el desplome del sistema financiero español. Es decir, las entidades financieras han devuelto apenas el 6,8% de lo aportado. Y el regulador bancario ya ha dicho que no cree que se logre recuperar finalmente más del 25% de lo aportado –14.275 millones–.

Introducción

En lo que llevamos de esta década la economía española ha tenido que metabolizar una gigantesca burbuja financiero-inmobiliaria y, al mismo tiempo, adaptar sus actividades productivas a un proceso de digitalización y financiarización sin precedentes a escala de la economía global.

Dejaremos aquí a un lado el muy particular caso del sector de la construcción, que ha perdido más de millón y medio de empleos y aún se encuentra muy por debajo de su actividad previa a la crisis, para centrarnos en el resto de actividades inmersas en dicho proceso de digitalización y financiarización.

Actividades que han permitido compensar aquel batacazo financiero-inmobiliario y situar el valor añadido, por la producción total de la economía española (PIB), por encima de los niveles previos a la crisis en términos reales. Mientras tenemos que soportar el grave problema social de haber añadido dos millones de personas más a los desempleados previos a la crisis, así como un agudo proceso de devaluación y precarización laboral.

La cuestión relevante de la que nos ocuparemos aquí es aclarar si en esta última década, de adaptación a lo que se ha dado en llamar ECONOMÍA 4.0, la recuperación de la producción está permitiendo generar más empleo en unas actividades del que está destruyendo en otras. Aunque no sea menos importante valorar, y aquí no lo analizamos, si los empleos destruidos eran de mayor calidad que los que se están generando.

Radiografía de la contabilidad nacional

Para empezar utilizaremos los datos de la Contabilidad de España del INE (disponibles en su última serie para el período 1995-2016) que informan con detalle de los empleos equivalentes a tiempo completo para cada una de las actividades de nuestra economía, además del valor añadido generado o de los salarios percibidos. Y lo haremos para el sub período 2010-2016. Es decir, para lo que llevamos de esta década y de larga salida de la crisis. Un período para el que el INE nos confirma que la economía española habría recuperado ya el nivel global previo de riqueza generada.

Una de las actividades paradigmáticas en la aplicación de la automatización y digitalización es sin duda el sector industrial o manufacturero. Sector que ocupa a más de dos millones de personas en múltiples sub actividades –desde fabricación de coches a industria química– y que según el INE entre 2010-2016 habría recuperado el nivel previo de su capacidad productiva. Pero, como visualizamos en un primer gráfico, lo habría hecho con 258.600 ocupados menos –un 13% del empleo actual–. Siendo así que nuestra industria produce hoy más, pero con mucho menos empleo que antes de la crisis.

El sector del comercio –mayorista o minorista– y de las reparaciones ocupa en España a más de dos millones de personas y está también inmerso en un proceso de adaptación a la economía 4.0 –distribución online incluida–. Entre 2010-2016 ha mejorado en diez puntos porcentuales su nivel de producción real, y lo ha hecho con 87.200 ocupados menos –de nuevo ver el primer gráfico– como resultado del creciente control de la distribución por los canales más digitalizados y automatizados.

Otras importantes actividades, que no recogemos en el gráfico, también han reducido su empleo mientras mejoran su producción: transporte, logística y almacenamiento en 80.000 personas, o actividades financieras en 43.000. Estas últimas tienen una importancia singular, porque están inmersas en un proceso de concentración oligopólico que genera tanto un riesgo sistémico creciente como una excesiva posición de dominio sobre nuestra economía. En lo que aquí más importa forman parte de las actividades destructoras de empleo neto en esta fase de infocapitalismo español.

Si agregamos las actividades que han reducido su empleo, mientras aumentan su producción, llegamos a un descenso de 469.200 empleos. Pero, ¿una tal creciente digitalización e informatización de nuestra economía no induce un mayor empleo en otras actividades como sostienen enfáticamente no pocos analistas?

En el gráfico recogemos, de acuerdo con la Contabilidad Nacional, las dos más importantes: el subsector de información y comunicaciones, junto al de actividades profesionales, científicas, técnicas y de todo tipo de asesoramientos –marketing, publicidad, ofimática, big data, etc.–. Su progresión productiva está siendo espectacular, pero en empleo eso supone añadir apenas 128.500 empleos más entre 2010-2016.

En consecuencia, el saldo neto en términos de empleo del intenso proceso de reestructuración, digitalización y robotización de nuestras actividades manufactureras, comerciales, logísticas, financieras y demás, se resume en una destrucción de 340.000 empleos en lo que llevamos de década. Un proceso que, en consecuencia, destruye tres empleos por cada uno que crea. Y, reiteramos, no nos ocupamos aquí sobre el crucial asunto si, además, el empleo destruido está siendo sustituido sobre todo por otro de peor calidad salarial y laboral.

Radiografía según la encuesta de población activa

Para las mismas actividades ya analizadas hemos recurrido a una fuente estadística alternativa, también del INE, que nos permite actualizar el diagnóstico hasta 2018 (primer trimestre). Ahora el período de análisis se amplía a una década completa (2008-2018) de este siglo XXI. Los datos básicos de ocupados asalariados –en miles de personas–, en cada una de las actividades del sector privado de nuestra economía consideradas en el anterior apartado, se presentan en un recuadro.

Fuente: elaboración propia con datos del INE-EPA

Pasamos de una destrucción neta directa de 340.000 empleos entre 2010-2016 según la Contabilidad Nacional, a una destrucción de 612.000 empleos entre 2008-2018 por el infocapitalismo español según la Encuesta de Población Activa (diferencia entre 817.000 destruidos y 204.900 creados).

Desaparecen cuatro empleos en actividades digitalizadas por cada uno generado en las que acompañan dicha digitalización. Entre estas últimas además de información y comunicaciones, o actividades profesionales, se integran también transporte y agua, saneamiento o gestión de residuos para llegar a los 204.900 empleos generados anotados en el recuadro.

Balance final

Para reducir el actual volumen de desempleo en España no parece que la actual digitalización de nuestra economía esté siendo una ayuda sino más bien un agravante. Pues desde el año 2008 dicho proceso está destruyendo mucho más empleo que el que genera mientras, simultáneamente, nuestra economía recupera niveles productivos y bate récords exportadores.

¿Existen nichos de empleo dinámicos al margen de los aquí analizados? Según la Encuesta de Población Activa en el sector público el empleo se habría mantenido prácticamente estable en los últimos diez años –algo más de tres millones cien mil asalariados–. Como consecuencia de un proceso de ajustes de plantillas, no sustitución de vacantes, no ampliación de coberturas asistenciales, digitalización, externalización y privatización. Habría que revertir por tanto dichos procesos con cargo a recursos derivados de una profunda y urgente reforma fiscal –como la que esbozó en 2017 el profesor Zubiri– acompañada de una reforma de ingresos de la seguridad social, si se quiere recuperar dicho motor de empleo decente para nuestros actuales parados.

Al margen de ello está el sector de la hostelería, vinculado en buena medida al turismo extranjero, que en los últimos diez años habría generado ciento ochenta mil empleos. Pero se trata de empleos con una galopante precarización y a los que, además, la comercialización online está poniendo en serio peligro de que tal proceso se agrave aún más.

Y por último, la Encuesta de Población Activa nos informa del incremento de casi trescientos mil nuevos asalariados, en el sector privado, en diversos servicios sociales –geriátricos y otros–, personales o de entretenimiento entre 2008 y 2018.

Un incremento que, en buena medida, es la otra cara de la dimisión, por estrangulamiento y abducción neoliberal, de nuestros servicios públicos para ofrecer prestaciones sociales que garanticen un acceso igualitario y dignidad en su prestación. Cosas que casan mal con la obsesión tecnocrática de la economía 4.0 y que, muy al contrario, reclaman un horizonte de sociedad 5.0. apoyada en la citada reforma fiscal y de ingresos de nuestra Seguridad Social. _________________

Albino Prada es doctor en Economía y ensayista

Las ganancias de las grandes empresas continúan disparadas, mientras la anemia salarial se consolida y el gasto social, determinante para la redistribución de rentas, sigue a la baja. Si hay algo claro es que el reparto de los esfuerzos que han propiciado la recuperación del entorno macroeconómico tras los años de recesión ha sido dispar, lo que hace que la desigualdad sea una de las grandes secuelas de la crisis económica. 

Estas tendencias las apuntó recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE), que certificó que las rentas de las sociedades no financieras alcanzaron los 267.680 millones de euros, un 58,3% más que en 2008. Por otro lado, las ganancias de las 35 principales sociedades cotizadas alcanzaron el año pasado los 43.872 millones de euros, un 15,6% más que en el ejercicio anterior, según los datos facilitados por las compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Por el contrario, la remuneración de los asalariados, otro de los componentes de la contabilidad nacional, sigue sin recobrar los niveles de antes de la crisis. Ha caído un 2,8% desde 2008, lo que supone 10.214 millones de euros menos.

La euforia de resultados sí se ha trasladado inmediatamente a los dividendos. En 2017 las empresas cotizadas repartieron 27.844 millones de euros entre sus accionistas, un 2,6% más que un año antes. La rentabilidad por dividendo del parqué español lleva ya 11 años por encima del 4%, una de las mayores del mundo, según el último informe de mercado de Bolsas y Mercados Españoles (BME). En Alemania es del 2,5% y en Estados Unidos, del 1,9%.

"Las cifras sobre rentas y salarios evidencian que la gran empresa española participa de un modelo global de economía financiera más basado en remunerar a los accionistas y a los tenedores de activos que en apostar por mejorar los salarios o por reinvertir las ganancias, lo que tiene consecuencias para las pymes, que suelen ser subcontratas de las grandes empresas, y, en consecuencia, para la economía real", explica el economista Alejandro Inurrieta. 

En los últimos años se ha repetido como un mantra que la moderación salarial, que permitiría mejorar la productividad y, en consecuencia, la competitividad de las empresas, sería clave para la recuperación de la economía. Ahora que empiezan a recogerse los frutos de ese esfuerzo, lo lógico sería acceder por fin a las prometidas mejoras salariales.

Inurrieta no cree que esto vaya a producirse. Y da tres motivos: la pérdida de poder de los trabajadores propiciada por el debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos, la existencia de una gran masa laboral de baja cualificación y productividad ligada al turismo y la construcción y el hecho de que exista todavía una reserva de desempleo considerable. 

"Se habla mucho de temporalidad en el empleo, pero esa es una realidad que ya existía antes de la crisis. Los salarios han bajado porque los que se quedaron en el paro durante la crisis, cuando han regresado al mercado laboral, lo han hecho cobrando hasta un 30% menos por el mismo trabajo. Las empresas se sienten muy cómodas en la situación, campan a sus anchas y no tienen objeción legal alguna para no hacerlo", ilustra Inurrieta. 

Políticas públicas

Con los salarios mermados y perdiendo poder adquisitivo, toman más protagonismo, si cabe, las políticas públicas que contribuyen a disipar las desigualdades que genera el mercado. Pero tampoco ahí el panorama es alentador. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó en la rueda de prensa en la que se presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que el Gobierno pretende que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB a medio plazo. Teniendo en cuenta que el compromiso con Bruselas es alcanzar el déficit cero, eso supone que el gasto público acabaría en ese 38%, 4,2 puntos por debajo del porcentaje actual. 

"Va a ser muy difícil hacer políticas públicas si no se limita la creciente reducción de la política impositiva que se plantea desde el Gobierno central y desde algunas comunidades autónomas", señala Olga Cantó, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Y eso es precisamente a lo que apunta la cifra aportada por el titular de Hacienda. Cantó señala que el peso de las políticas impositivas en España ya está entre un cinco y un 8% por debajo respecto a la media de los países de la UE. 

El técnico de Hacienda José María Mollinedo, portavoz del sindicato Gestha, recuerda que el único impuesto que no ha recuperado la recaudación de antes de la crisis es precisamente el que se aplica sobre los beneficios empresariales, que ha pasado de recaudar 44.823 millones de euros en 2007 (el 22,3% del total) a 23.143 (el 11,9%). De hecho, las cifras oficiales evidencian que el erario público ha dejado de recaudar 242.369 millones de euros de forma acumulada por el impuesto sobre sociedades entre 2007 y 2017. 

"Los beneficios fiscales de las sucesivas reformas del impuesto de sociedades son aprovechados casi en su totalidad por los grupos empresariales que facturan más de 45 millones de euros. La carga real del impuesto que soportan las empresas respecto del tipo nominal del 25% está prácticamente por debajo de la mitad en las pymes, donde es del 12,2%; y supone menos de un tercio en los grupos empresariales (7,3%). Además está el problema de las grandes multinacionales como Telefónica, el BBVA o el Banco Santander, que hacen  una planificación fiscal abusiva, según la terminología de la OCDE", señala Mollinedo.  

"La política fiscal española no es nada redistributiva y favorece a las rentas altas. Supone un gran problema político, pero ni este Gobierno ni el anterior han sido proclives a instaurar unos impuestos más justos", señala, por su parte, Inurrieta, que fue presidente de la Sociedad Pública del Alquiler con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Aunque tanto Cantó como Mollinedo coinciden en que incrementar los ingresos del impuesto de sociedades sigue siendo una asignatura pendiente, ambos explican que el principal impuesto redistributivo no es el que grava los beneficios empresariales, sino el IRPF, que está soportado principalmente por las personas que declaran rentas inferiores a 30.000 euros, que son el 85% del total. "Quienes más aportan a la redistribución son las personas que ganan entre 12.000 y 30.000 euros", sostiene Mollinedo.  

"El IRPF reduce entre un once y un 12% el Índice de Gini [el indicador más utilizado para medir las desigualdades, que va de cero, que es la igualdad perfecta; a uno, la desigualdad absoluta]. De hecho, es la segunda política que más lo reduce después de las pensiones contributivas, que acaparan más de la mitad de todo ese efecto. Así que cualquier rebaja de su progresividad o del tipo efectivo, que es lo que realmente se paga respecto a lo que se gana, puede suponer un aumento de la desigualdad", señala Cantó. 

¿A qué se deben, entonces, las resistencias a incrementar la redistribución de rentas? Pau Marí-Klose, profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, cree que hay varios factores. Por un lado, las consideraciones ideológicas, pues los partidos liberales y liberal conservadores "creen que el crecimiento es mayor cuando los recursos los gestionan agentes privados y ese mayor crecimiento redunda en mayor bienestar general".

Por otro, los costes electorales, en el sentido de que una mayor presión fiscal puede incomodar tanto intereses empresariales poderosos como a ciertos segmentos sociales. Y en tercer lugar, los fundamentos tecnocráticos, que pueden llevar a creer que los impuestos ralentizan la actividad económica o que medidas como las rentas mínimas universales tienen riesgos de desincentivo del trabajo. "Muchas de estas consideraciones tecnocráticas son discutibles y tienen un barniz ideológico de perfil liberal", añade este experto. 

Consecuencias 

Una política fiscal laxa no propicia la redistribución de rentas que posibilita el gasto público, lo que también tiene efectos. Marí-Kloseadvierte varios: dificultad para corregir la situación de falta de protección que sufren muchas personas que están excluidas de las prestaciones (parados sin cobertura, por ejemplo) o condenadas a prestaciones no contributivas muy bajas (subsidios de desempleo de 400 euros, rentas mínimas, pensiones no contributivas...) y mayor deterioro de los servicios públicos que sí tienen un carácter universal como la sanidad y la educación pública, lo que podría llevar a las clases medias a abandonarlos fomentando su estigmatización y legitimando futuros recortes. 

No obstante, este experto insiste en que hay distinguir entre volumen de gasto público y redistribución. "El volumen de gasto público es un determinante de la redistribución pero no el único. El otro es que las políticas sean progresivas, es decir, que trasladen recursos desde los que más tienen a los que menos. En España se aúnan las dos condiciones negativas: gastamos poco y gastamos de manera bastante regresiva. Buena parte de las políticas sociales en España no llegan a los que menos tienen", asegura.

Mientras en el entorno macroeconómico se suceden las noticias positivas, sigue evidenciándose la costosa factura que los años de recortes e incertidumbre han dejado forma de conquistas sociales perdidas o frustradas. De ahí que los expertos consultados insistan en que es indispensable tanto dotar de más recursos a los servicios sociales universales como la sanidad, la educación o la dependencia y mejorar las rentas focalizadas en grupos desfavorecidos (pensiones más bajas, rentas mínimas, transferencias por hijo a cargo...); como expandir el Estado del bienestar hacia nuevas áreas de protección social.

Cantó recuerda que España dedica mucho menos dinero a las familias con hijos a su cargo que la media de la UE, algo sustancial teniendo en cuenta que son el colectivo actualmente más vulnerable y que más ha sufrido la crisis. Marí-Klose recuerda, además, que "existe bastante evidencia que demuestra que los recursos que se invierten en infancia, particularmente la más  vulnerable, además de equitativas al beneficiar más a los colectivos más desfavorecidos, resultan rentables porque permiten capitalizar el talento natural de niños pobres, que de otra manera se hubiera echado a perder". 

"Los niños que han podido desarrollar todo su potencial gracias a la protección pública terminan convirtiéndose en adultos productivos que realizan contribuciones a su sociedad en forma de mayores cotizaciones, que permiten sostener el gasto público, y mayor potencial para innovar y aportar creatividad en la economía", asegura. 

Respecto a las nuevas áreas de protección social, Marí-Klose alude también a propuestas como como "igualar los permisos de maternidad y paternidad y que estos sean intransferibles; ampliar la cobertura de las prestaciones de desempleo tal y como sugiere una iniciativa de los sindicatos; desarrollar un ingreso estatal para asegurar un mínimo vital en línea de la propuesta del PSOE o un complemento salarial para los trabajadores más pobres como propuso Ciudadanos". 

A su juicio, en este segundo capítulo también podrían entrar nuevas políticas de vivienda muy poco desarrolladas en España, como el desarrollo de iniciativas de alquiler social o recuperar los cheques de emancipación.

Se consolida el cambio de tendencia en la demografía española. Los últimos datos del padrón continuo difundidos este martes por el INE, con cifras provisionales a 1 de enero de 2018, refuerzan el incremento de población ya apuntado de manera más tenue el año pasado. Y traen una novedad: por primera vez tras cinco años consecutivos de descensos crece el número de extranjeros empadronados, que se incrementa en 126.437 personas, hasta los 4,7 millones. Esta subida modera la pérdida de empadronados de nacionalidad española que descienden en 20.174 inscritos, hasta los 42 millones. En total, viven en España 46.698.569 personas, 126.437 más que hace un año.

El país desde el que llegaron más inmigrantes fue Venezuela, que lidera este crecimiento tanto en términos absolutos como relativos. 26.608 personas vinieron en 2017 desde ese país, que está sumido en una relevante crisis política, económica y social. En 2016 habían sido 14.485 y un año antes, cuando la emigración venezolana en España empezó a remontar, con 5.980. En total, 47.053 en tres años, hasta los actuales 95.474. Es decir, su número prácticamente se ha duplicado en ese período. Además, en ese mismo trienio se incrementó en 17.177, hasta los 127.825, el número de venezolanos que tienen la nacionalidad española y residen en España.

En el último año también ha sido significativo el aumento del número de inmigrantes hondureños, país también aquejado por una grave crisis política e institucional. Los nacionales de este país empadronados en España pasaron de 58.859 en 2016 a 75.137 en 2017 (16.278 más). En 2016 habían llegado 9.518 y en 2015, otros 6.058. Por tanto, 31.854 en tres años. En consecuencia, su número se ha incrementado un 64,6% en ese período. De hecho, la emigración de Honduras a España mantuvo una tendencia creciente incluso en los años más duros de la crisis. 

Además de Venezuela y Ecuador, los países cuyos ciudadanos experimentaron mayores aumentos de la emigración a España en términos absolutos durante el año pasado fueron Colombia (20.250), Marruecos (19.380) e Italia (16.286). En cambio, donde más caída se registró fue entre los ciudadanos de Rumanía (-14.716), Ecuador (-6.765) y Bulgaria (-3.939). La mayoría de los extranjeros que se establecieron en España en 2016 pertenecen a América del Sur (55.995) y África (23.950).

Aumento tras la crisis 

De los inmigrantes registrados, la mayoría proviene de fuera de la Unión Europea: un 59,5% (2.938.720) frente al 37,7% que suponen los comunitarios (1.780.698). Esta proporción prácticamente no ha variado en la última década. Por países, la mayoría de extranjeros residentes en España siguen siendo marroquíes, cuyo número se incrementó en 2017 en 19.380, hasta los 769.050; y rumanos, cuya cifra se redujo el año pasado en 14.716, hasta los 673.017, un 2,1% menos.  

El INE explica que, desde el año 2000, el aumento de la población española se debió "fundamentalmente" a la inscripción de extranjeros, cuya cifra pasó de 923.879 ese año a 5.751.487 en 2011. A partir de ese momento la cifra de extranjeros comenzó a descender, produciéndose la mayor caída en 2013, cuando la población extranjera residente en España bajó hasta las 5.023.487 personas, 522.751 menos que en el año anterior. Esa tendencia a la baja se mantuvo hasta 2017, cuando se produjo el citado incremento. 

La estadística oficial también ofrece datos por autonomías. Así, las comunidades con mayor proporción de extranjeros son Baleares (17,1%), Cataluña (14,2%) y Murcia (13,7%). En contraposición, las que tienen una menor proporción de extranjeros son Extremadura (2,9%), Galicia (3,4%) y Asturias (3,9%). Además, durante el año pasado, el número de extranjeros aumentó en todas las comunidades salvo en Extremadura. Los mayores incrementos se registraron en Navarra (7,2%), País Vasco (5,7%), Galicia (5,6%) y Canarias (5,3%). 

Por otro lado, los datos del INE también muestran que la población extranjera es más joven que la española. La edad media de los españoles es de 43,9 años y la de los extranjeros de 36,0 años. Las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes se dan en los ciudadanos británicos (53,5 años), alemanes (49,3) y franceses (42,7). Por el contrario, las más bajas corresponden a los ciudadanos hondureños (30,4 años), marroquíes (30,8) y pakistaníes (31,0).