“Me dijeron que, o invertía más, o perdía todo lo que tenía. No lo hice y vi que mi cuenta desaparecía [en la pantalla del ordenador]. Entonces invertí de nuevo. Siempre digo que en ese momento debería haber parado”. Pero el doctor M., cirujano vascular de Barcelona, propietario de una clínica, no paró y perdió casi un millón de euros tras ser estafado durante un año por los agentes telefónicos de una difusa, pero muy profesional, red internacional de ciberestafas dirigida desde Israel y Chipre. El médico catalán es sólo uno más de los 4.564 españoles que quedaron atrapados en los engaños de esta auténtica corporación criminal, que les robó 26,4 millones de euros en dos años.

Para hacerse una idea de la magnitud del ciberfraude, basta con recordar que el caso Gescartera, en 2001, afectó a unas 2.000 personas, la mitad de las perjudicadas ahora por el conglomerado israelí-chipriota. Si se añaden las 115 víctimas del AK Group, otro call-center georgiano con el que comparte modus operandi, proveedores de servicios e incluso víctimas, la cifra de españoles expoliados asciende a 4.679. El dinero robado por este centro de llamadas de Tiflis es mucho menor: entre octubre de 2023 y abril de 2024, despojaron de 425.000 euros a sus víctimas españolas.

Otra comparación: el Fondo de Víctimas de Madoff, creado para restituir a los estafados por el famoso financiero estadounidense con un esquema Ponzi que se extendió por 127 países, ha devuelto su dinero a 40.800 inversores a fecha de 31 de diciembre de 2024, 15 años después de que estallara el escándalo. Los embaucados por estas dos corporaciones criminales, la israelí-chipriota y la georgiana, suman no muchas menos: casi 33.000 personas, repartidas en 34 países.

Ambas redes quedan al descubierto en Scam Empire, la investigación en la que han colaborado 31 medios de todo el mundo, que se basa en documentos filtrados a la televisión pública sueca (SVT) y ha sido coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Como ocurría con esas dos famosas estafas españolas, las víctimas de la red israelí-chipriota se alejan del estereotipo de la viuda o el jubilado solitarios, tampoco son necesariamente personas sin cultura financiera. Aunque las haya con ese perfil. Arquitectos, médicos, empresarios, una famosa deportista, abogados y hasta asesores fiscales se cuentan entre los españoles que creyeron operar como exitosos inversores en Bolsa, materias primas, divisas y criptomonedas, pero acabaron perdiéndolo todo sin saber que también estaban engordando las cuentas de dos corporaciones criminales, una con oficinas centrales en Israel y Chipre, y enormes call-centers repartidos entre Bulgaria, Ucrania, Macedonia del Norte e incluso la misma España, y otra con call-centers en Georgia.

De hecho, España es el segundo país donde más víctimas ha conseguido la red dirigida desde Israel y Chipre, también donde más dinero ha robado, sólo después de Canadá. Pero, si se elimina el número de quienes sólo hicieron el primer pago de 250 euros –el anzuelo con el que los estafadores pretenden hacer creer a sus objetivos que los beneficios se han multiplicado milagrosamente–, España resulta ser el país que más dinero ha hecho ganar a esta corporación criminal, más de 18 millones de euros, el doble que el Reino Unido. Es más, 135 españoles han sido víctimas de los dos entramados, lo que sitúa a España, de nuevo, como el segundo país con más estafados compartidos tras Canadá, y muy por encima del Reino Unido.

Aunque para apreciar con exactitud la gravedad del expolio conviene acercarse a las cifras individuales. Según los análisis llevados a cabo por los periodistas que han participado en Scam Empire, la corporación dirigida desde Israel y Chipre, a la que los periodistas han bautizado como Red Sapir por el edificio de Tel Aviv donde situó sus oficinas centrales, estafó entre 100.000 y 400.000 euros a 48 ciudadanos españoles. Otros 80 perdieron entre 50.000 y 100.000 euros. Pero a quienes sacaron entre 10.000 y 50.000 suman más de 300.

Aunque el mayor golpe se lo llevaron las cuatro víctimas que entregaron más de 400.000 euros a los criminales. Uno de ellos, el cirujano catalán, es además el cuarto que más dinero perdió de todos los estafados en los 34 países donde actúa la red, sólo superado por ciudadanos británicos. “Tenía unos ahorros que no estaban haciendo nada, así que quise ponerlos a trabajar para ver si podía sacarles algún beneficio. Perdí los ahorros de toda mi vida”, resume el doctor M., a quien los criminales hicieron creer que había ganado 2,6 millones de euros. “Me han dejado en blanco”, se lamenta, “estoy tocado, muy tocado”. Aun así, sólo eleva el tono de voz cuando cuenta que denunció la estafa a los Mossos d’Esquadra y en el juzgado. “No sirve de nada: ni el juez te escucha ni la policía se mueve”, protesta: “Sólo me llamaron un día, a las 11 de la noche, y me dijeron que investigarían, pero con una desgana total y absoluta”.

Además de haber resultado una auténtica mina de oro para las dos corporaciones criminales, España es el primer país donde los tribunales han admitido a trámite una demanda colectiva contra estos entramados dedicados a la ciberestafa internacional. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir la que ha presentado el abogado Mauro Jordán de la Peña, experto en este tipo de fraudes, en nombre de 72 víctimas. El dinero que les estafaron alcanza los nueve millones de euros. Treinta y una de ellas aparecen en los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire.

Pero hay otra circunstancia que singulariza a España en la red criminal. También es el único país de la Europa occidental donde la corporación ha instalado un call-center. Situado en la calle Venezuela de Barcelona, permaneció abierto sólo unos meses el año pasado, tal y como confirmó el conserje del edificio a OCCRP. En ese tiempo, el centro de llamadas dio empleo a una veintena de personas. En marzo de 2024, una de las empresas de la red Sapir, Telecom Wide SL, pidió a un despacho de abogados de Barcelona, Gutierrez Pujadas & Partners, una opinión legal –asesoramiento– antes de abrirlo. Según los documentos de Scam Empire, la empresa pretendía prestar servicios a una compañía extranjera “para captar clientes de Latinoamérica”. Y preguntó a los abogados si las leyes laborales españolas permiten someter a la prueba del polígrafo a los candidatos a teleoperadores, entre otras cuestiones sobre tipos de contrato, periodos de prueba, causas e indemnizaciones de despido.

Gutiérrez Pujadas le contestó que las leyes españolas no prohíben usar el polígrafo en los procesos de selección de personal, pero se trata de una “práctica controvertida” que no está regulada de forma específica. Por tanto, aconseja que la prueba se haga “respetando los derechos fundamentales” y la privacidad de los candidatos. También debe ser “voluntaria” y sujeta siempre al consentimiento previo y expreso del trabajador. En todo caso, el abogado recomienda a su cliente que consulte con empresas especializadas antes de llevar a cabo ese tipo de exámenes. En el Registro Mercantil aparece como administrador y propietario de Telecom Wide SL un ciudadano húngaro, Imre Szalka, que constituyó la sociedad en marzo de 2024, el mismo mes en que solicitó la opinión legal a Gutiérrez Pujadas & Partners.

OCCRP ha preguntado al despacho barcelonés por esta empresa y el centro de llamadas, pero no ha obtenido respuesta alguna.

“Si una empresa se establece en España, seguro que no estafa aquí, sino a ciudadanos de otros países”, expone a OCCRP un investigador de los Mossos d’Esquadra especializado en ciberfraude. Lo que no impide que en Cataluña las estafas por internet sean el segundo delito más denunciado, añade. Es más, en toda España, los delitos cibernéticos crecen un 20% al año, destaca por su parte Alberto Redondo, jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil. Una de cada cinco denuncias son por crímenes cometidos gracias a internet y de éstos, el 90% son estafas, detalla. Sobre todo en los últimos cinco años, el aumento ha sido “exponencial”, tanto en número de víctimas como en las cuantías estafadas. Y no hay un perfil de víctima, resalta Alberto Redondo: “Ricos y pobres, vulnerables o no… Se ha puesto de moda entre los jóvenes invertir en criptomonedas, por ejemplo, y también ha coincidido con una época en que los bancos retribuyen poco los depósitos”. Mientras la remuneración media de estos productos financieros era del 2,31% en 2023, según datos del BCE, los estafadores prometen beneficios del 200% al mes, recuerda el investigador de los Mossos.

La historia de persuasión, ingenuidad y desengaño final que relata el cirujano catalán la repiten, con escasas variaciones, todas las víctimas contactadas por infoLibre. El doctor M., que como el resto de los estafados no ha querido revelar su verdadera identidad, pinchó en un anuncio falso de internet donde el presidente de Mercadona, Juan Roig –en otros casos eran Pablo Motos, Gerard Piqué o Fernando Alonso– aparecía prometiendo grandes beneficios a partir de inversiones modestas. Dejó su nombre y número de teléfono móvil para recibir información. No mucho tiempo después –a veces sólo unos minutos o unas horas más tarde, apuntan otros afectados–, un supuesto asesor financiero le llamó por teléfono para explicarle cómo funcionaba, usando la inteligencia artificial, una supuesta plataforma online de inversiones. El agente telefónico que contactó con el doctor M. decía llamarse Alejandro Sarmiento y hablaba con acento latinoamericano. No es su nombre verdadero, por supuesto. Ninguno de los más de 60 teleoperadores del departamento español de la red Sapir contabilizados por Scam Empire facilita su verdadera identidad. Y no sólo a las víctimas de la estafa. Ni siquiera figuran sus auténticos nombres en las nóminas que cobran o en cualquiera de los documentos internos de la red criminal a los que ha tenido acceso OCCRP.

Pero todos los miembros del departamento español son latinoamericanos o rumanos con un excelente castellano, de acuerdo con los testimonios recogidos de los estafados. Y aunque llamaban desde números de teléfono supuestamente españoles, su lugar de trabajo es Sofía, la capital de Bulgaria, según la investigación que ha llevado a cabo Scam Empire. Los call-center dedicados a engañar en español son denominados Zebra-IB y Sales-IB por la propia red criminal. En el primero trabajan 39 personas; en el segundo, 23.

Alejandro Sarmiento fue el analista de cabecera del doctor M., pero no el único agente que se ocupó de asegurarle como fuente de ingresos para la red. “Luego apareció otro, que parecía su superior”, recuerda el cirujano. Alguien que decía llamarse Emiliano Mendieta. “Eran muy persuasivos”, reflexiona ahora el doctor M. Muy hábiles en la manipulación psicológica. “Uno iba de poli bueno y otro de poli malo”. La amenaza del poli malo era directa: “Si no haces una transferencia hoy, lo pierdes todo”. El poli bueno le dejaba respirar sólo un poco: “Bueno, vamos a darte unos días”.

Desde febrero de 2023, cuando hizo su primer ingreso de 250 euros, hasta noviembre de ese año, el doctor M. firmó más de 60 transferencias bancarias, de acuerdo con los registros de los propios estafadores. A veces hasta cuatro en una misma fecha. La de mayor cuantía, una de 37.500 euros. Hubo un día en que les ingresó 86.000 euros en varias transacciones. Algunas fueron para comprar criptomonedas. A cambio, en 10 meses sólo pudo retirar 1.000 euros, uno de los trucos empleados por los estafadores para hacer creer a las víctimas que podían recoger el beneficio de sus “inversiones” en cualquier momento. De esa forma, el cirujano fue despojado de unos 990.000 euros, como se puede ver en los propios registros de los criminales y él mismo confirma.

El doctor M. hizo transferencias a las cuentas que Sarmiento y Mendieta le iban indicando. Así, pagó supuestas facturas a la cuenta en un banco lituano de una empresa estonia llamada Linerum OU, una gestoría. También a una empresa polaca de la construcción, Hilone SP ZOO, y a otra italiana de restauración, All Inclusive20 SRLS. Además de a una sociedad española, Selterico SL, que tenía abierta una cuenta en el Banco Santander. Creada en junio de 2023 por una ciudadana extranjera de nombre Sofija Ivanova, que figura también como su adiministradora y socia única, es una supuesta agencia de publicidad. En el Registro Mercantil figura como domicilio social un coworking en el barrio de Salamanca de Madrid. Su gerente aseguró a infoLibre que esa empresa jamás ha sido su cliente. Pese a esos extraños pagos, el cirujano creía estar invirtiendo en Rivobanc, una firma de inversión sobre la que han emitido advertencias la CNMV y sus equivalentes en Reino Unido, Irlanda, Suiza y Canadá porque carece de autorización para operar.

El doctor M. no sospechó hasta que pidió retirar sus supuestas ganancias y le hicieron una transferencia que debía ascender a 500.000 euros. “A través del BBVA, pero era completamente falsa. Fui al banco y me dijeron que esa cuenta no existía”, recuerda. Los estafadores le aseguraron entonces que tardaría tres semanas en cobrar. Después le llamó alguien que aseguraba ser el director del SabadellUrquijo: “[Los estafadores] Decían que era su banco”. “Me dijo que yo tenía unos beneficios y que me los enviarían en 24 horas. Pero nunca llegaron”, concluye.

La historia de I.G.P., una arquitecta de Sevilla en la cuarentena, revela además la absoluta falta de empatía de los ciberestafadores telefónicos. “En ese momento me encontraba en unas circunstancias que me hacían especialmente vulnerable ”, comienza, “porque yo ahora en algo así no entro…”. Tras haberle diagnosticado un cáncer de mama a finales de 2021, se estaba sometiendo a quimioterapia y sufrió un derrame cerebral que la llevó al quirófano. Al mismo tiempo, se estaba divorciando. “Había heredado unas tierras de mi madre, así que pensé en venderlas e invertir de otra manera”, explica. Pinchó en un anuncio donde Pablo Motos prometía ganancias. Al rato le llamó un tal Álvaro Enrique Álvarez. “Parecía español, pero me dijo que vivía en Ginebra”.

Se supone que I.G.P. estaba comprando acciones de Repsol, también materias primas, oro, plata. En su caso, invertía a través de Tigcap.com, otra entidad con advertencias de la CNMV y las autoridades financieras de Canadá y Australia. Nada más comenzar, Álvaro le hizo instalarse una aplicación llamada Anydesk, que permitía al estafador controlar en remoto el ordenador de la arquitecta sevillana. Al principio, todo iba bien, el asesor financiero le decía que sus valores no hacían más que subir. Hasta que las tornas cambiaron. “Presionada por ellos, pedí un préstamo de 50.000 euros, porque si no, me dijeron que perdería todo el dinero”. ING, el banco de I.G.P., se lo concedió. “Fue todo muy rápido, bastó con un click”, lamenta ahora. También abrió una cuenta en Binance, el más famoso exchange de criptomonedas, donde llegó a hacer compras por más de 300.000 euros.

Cuando se dio cuenta de que la habían estafado, había perdido un total de 436.000 euros, según consta en los registros de sus estafadores: no sólo la herencia de su madre, sino también el préstamo, que no podía devolver porque ING le había bloqueado la cuenta: “Tuve que poner una reclamación”. Pero no fue el último susto. “La Policía me dijo que me estaban usando como mula con mi cuenta de Binance. Estaba recibiendo en ella dinero de otras personas que también estaban siendo estafadas”, recuerda horrorizada. Esa es una más de las estratagemas de los ciberestafadores: utilizar cuentas de unas víctimas para recibir pagos de otras.

I.G.P. es un buen ejemplo de los efectos devastadores del abuso infligido por estos nuevos criminales de guante blanco. “Fui muy ingenua”, confiesa. “Tonto” es el adjetivo que más se repite entre las víctimas con las que ha hablado infoLibre. La vergüenza les impide dar su nombre o mostrar su rostro. “Intento no hablar mucho sobre esto, no recordarlo mucho, porque no me sienta bien”, zanja la arquitecta sevillana, a la que se ha concedido la incapacidad absoluta y da el dinero por perdido, pese a que, además de a la policía, también ha presentado un escrito en la CNMV.

Carlos no quiere dar sus apellidos. Es asesor fiscal y también picó. Un anuncio de Gerard Piqué tuvo la culpa. Pero no llegó más que a hacer el primer ingreso, 250 euros. “Me pidieron que los enviara a una empresa de formación de Kenia, Edupac, eso fue lo que me hizo sospechar”, resalta. En su caso, varios supuestos empleados de Virgobanc, otra entidad con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera suiza, se pusieron en contacto con él por correo electrónico para convencerlo de las ventajas de invertir con ellos. Carlos rechazó su oferta y pidió que le devolvieran el dinero. Lo consiguió. Una de las empresas españolas de la trama, llamada Martello Circle SL, creada y administrada por un ciudadano búlgaro, Boris Borisov Kodjov, le reembolsó 42 euros más de los que había pagado, ríe ahora el asesor fiscal.

Tampoco revela su nombre una profesora de Tecnología de una universidad catalana a la que la red dirigida desde Israel robó 63.600 euros, según los registros a los que ha tenido acceso Scam Empire. Su estafador dijo llamarse Martin Coppola. La profesora no ha puesto una denuncia porque, dice, apenas tiene datos sobre “ellos”. Le hicieron creer que invertía en criptomonedas. Cuando empezó a sospechar y pidió que le reembolsaran sus supuestos beneficios, le advirtieron de que tendría que pagar impuestos a la Hacienda española si retiraba su dinero.

Teresa Rodríguez de la Borbolla, además de hermana del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, es arquitecta-decoradora. A ella sólo le birlaron los 250 euros de iniciación, que consiguió recuperar “inmediatamente”: “Reaccioné muy rápido”. Aunque eso no le evitó ni el acoso ni los insultos cuando se negó a seguir “invirtiendo”. “Me llamó ordinaria, histérica, me preguntó si tenía nervios por la regla… ‘¿Qué quieres, vieja?”, llegó a increparla quien se hacía llamar Sergio Berg.

A Blanca de Borbón le atrajo un anuncio donde aparecía Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Cuenta que está intentando renegociar con el banco la hipoteca que pidió con su marido para comprar la casa donde vive, por lo que necesitaba aumentar “un poco” sus ingresos. Blanca es la hija de Leandro de Borbón, el hijo ilegítimo de Alfonso XIII que hace unos años acaparó titulares tras publicar sus memorias y reclamar, en vano, el título de infante de España. Blanca impulsa una ONG, Proyectos de Vida, e intenta sacar adelante otra, Isla Mujer, un refugio para mujeres maltratadas. Suele aparecer en la televisión para hablar de los Borbón. “Recuerda que por primera vez tendrás la oportunidad de probar la bolsa real, las ganancias y el éxito. Te prometo que te ayudaremos a pagar mucho más rápido la hipoteca para que no sea una carga para tu hijo”, le escribió uno de los ciberestafadores por Whatsapp.

Blanca explica que han intentado estafarla varias veces. Es más, asegura que alguien que dice llamarse Emma, vivir en Londres y trabajar para un despacho de abogados, ha prometido llamarla el próximo lunes –la entrevista para este reportaje se celebró a finales del pasado enero– para ofrecerle nuevas oportunidades de inversión.

“Quería invertir para ayudar a mi hijo a emanciparse”, se justifica por su parte un abogado madrileño jubilado al que los ciberestafadores prometieron 200.000 euros de beneficios invirtiendo en café y otras materias primas, pero que perdió 11.000. “Me han dejado en blanco”, se queja. Ha presentado dos denuncias ante la policía, que instruye el Juzgado número 43 de Madrid.

Los operadores son mucho más que charlatanes telefónicos. Hacen un completo seguimiento de sus objetivos, como puede verse en los documentos que ha analizado Scam Empire. Sus anotaciones, en inglés, son otra prueba más del carácter despiadado de estos estafadores en remoto. “Jubilada, no tiene ni inversiones ni ahorros, pero sí una casa a su nombre que en su momento puede usarse para obtener algo de liquidez”, apunta uno de ellos sobre una mujer a la que asignan un “potencial” de 4.000 euros. “Cobra el subsidio, 480 euros, cuida a un anciano que le paga algo de vez en cuando, pero no tiene ahorros”, escribe otro sobre una mujer de 64 años de Palma de Mallorca a la que no ven ningún “potencial”. Aun así, no dejaron de llamarla una y otra vez, cuenta ella a infoLibre, tras haber abonado los 250 euros iniciales y 1.500 más en criptomonedas.

Lo mismo le ocurrió a otra mujer del Bierzo que no quiere dar su nombre. Sólo dejaron de llamarla hace un mes, asegura, casi un año después de que empezaran a engañarla. Hasta entonces, la molestaban “tres o cuatro veces al día”, rezonga. Tiene 60 años y cobra la pensión de viudedad. Según las anotaciones de los estafadores, el plan era despojarla incluso de los 5.000 euros que guardaba en su cuenta bancaria. Ella dice que le robaron más de 3.000.

Pero pueden ir mucho más lejos. Llamarlos vampiros no es en absoluto una exageración. Bien lo sabe Alberto, nombre figurado de un albañil de Huelva de 48 años que fue abordado por un agente telefónico del call-center de Georgia llamado Bruno Carvajal. Scam Empire ha podido escuchar muchas de las conversaciones que los estafadores mantienen con sus víctimas. Todas son grabadas, como en cualquier centro de llamadas legal, para evaluar el rendimiento de los teleoperadores.

En la grabación [que se puede escuchar en los clips que aparecen en esta información], Bruno Carvajal le dice a Alberto que necesita aportar 1.163 euros más de los que ya ha ingresado, a fin de completar los 3.000 “necesarios” para continuar invirtiendo y sumando beneficios. El albañil le contesta que no tiene ese dinero. Se acaba de quedar sin trabajo y su madre está enferma. “Ese dinero”, le asegura, “me hace falta para comer”. No importa. El estafador le pregunta si no puede pedirlo prestado. “A tu mamá”, le dirige. Alberto le contesta que no. “No me digas que eres la persona más pobre de España”, ataca Carvajal. “Pues al ritmo que llevo, lo seré”, replica el albañil, “me veo en la calle pidiendo”.

El teleoperador sube aún más la presión y le pregunta si no puede “empeñar o vender algo”. “Llevo cinco meses intentando vender un terreno [de su familia], pero ha sido imposible”, se defiende Alberto. Bruno sigue presionando inmune a la desesperación de su víctima: “¿No puedes vender otra cosa que te dé ese dinero?”. El coche, le sugiere. “El coche me hace falta. ¿Qué hago? ¿Vendo sangre?”, responde, cada vez más enojado, el albañil. Sorprendentemente, el estafador se echa a reír. “Pues mira, si te dan una buena pasta por eso…”. Y no afloja: “¿No tienes algo de oro, una cadena o un anillo? Cualquier joya sirve”, vuelve a insistir. El siguiente paso es una manipulación de libro: “Te digo todo esto para que puedas salir de esta situación, porque me preocupo”, remata. Bruno no suelta el hueso y quiere quedar con Alberto otro día: “A ver qué vendiste, la sangre o qué”.

infoLibre ha hablado con Alberto, que perdió más de 10.000 euros en dos años y medio. “Mis ahorros”, confiesa. Ha denunciado la estafa a la policía. Pero a él también lo denunciaron por una transferencia de 100 euros que otra víctima hizo a su cuenta. “Me usaron de mula”, protesta. “Pensaba que ganaría dinero para ayudar a mi madre enferma, porque no podía pagar a una mujer que la atendiera”. En cambio, lo desplumaron.

Puede que el éxito profesional de Bruno Carvajal se deba a un evidente talento natural, pero también al entrenamiento. Entre los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire, se encuentran los materiales didácticos con los que estos teleoperadores aprenden los trucos de su oficio. Por ejemplo, un powerpoint en castellano con los emblemas de Financika y Clicktrades, otros dos chiringuitos financieros señalados por la CNMV. El folleto llama “clientes” a las víctimas, cuya atención deben captar en sólo 10 segundos. Anima a crear “un vínculo” con ellas. A hablarles de “beneficios, beneficios”, “convertir sus deseos en necesidad”. Incluso apela a los “sueños”: “Que el cliente se vea ganando dinero para pagar el coche, la hipoteca, los estudios de su hijo”. También ofrece respuestas a las objeciones más habituales de las potenciales víctimas. A la de “no tengo dinero”, la réplica es el colmo del cinismo para un profesional del engaño: “Tenemos que saber cuándo el cliente miente, partiendo de la premisa de que todos los clientes mienten”. “Si dice eso, es porque no hemos trabajado bien el sueño y no le dimos emoción a la venta”, analiza el coach estafador. Y si dice que tiene que consultarlo con su mujer… “Cuando ella se va a comprar un traje, ¿te llama antes para preguntártelo?”, es el contraargumento que ofrece el entrenador. Finalmente, recurre a una técnica básica de la atención al cliente: “La sonrisa telefónica es imprescindible”.

El adiestramento no parece muy sofisticado y, a tenor de las conversaciones grabadas que infoLibre ha escuchado, tampoco se exigen demasiados conocimientos financieros para el puesto. Con sus víctimas, los estafadores emplean una verborrea en la que se confunden conceptos económicos con términos en inglés y alguna referencia a la actualidad –la subida de las materias primas por la guerra de Ucrania, la apuesta de Elon Musk por las criptomonedas, la inflación…–. Pasar la prueba del polígrafo no debe de ser un problema para quien se va a dedicar básicamente a mentir en jornadas de nueve a cinco. Por lo que Scam Empire ha podido constatar en los documentos del departamento de Recursos Humanos de la red, merece la pena el esfuerzo. Alejandro Sarmiento, el estafador que sacó al cirujano barcelonés casi un millón de euros, cobró en un mes, el de noviembre de 2023, un total de 11.064 dólares –10.064 euros–: 2.206 dólares de sueldo base y 8.858 dólares de bonus por su excelente desempeño. Además, él y el resto de sus compañeros reciben una ayuda de 500 euros para vivienda.

“En el mundo físico, cuando aumentan los robos en una zona, se mandan patrullas y los delitos disminuyen, pero en el mundo cibernético, no: el problema es el usuario”, advierte el guardia civil Alberto Redondo, “mientras no haya alarma social, no bajarán y no se legislará para atajar estos crímenes. La clave es denunciar”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputados al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al ex número dos de la Policía Eugenio Pino y a otros cuatro mandos policiales por presuntas investigaciones sin control judicial a miembros de Unidas Podemos en 2015 y 2016, informa EFE.

En una providencia, el magistrado cita para el 28 de octubre a Francisco Martínez y al comisario Enrique García Castaño, al día siguiente a Eugenio Pino y al inspector José Ángel Fuentes Gago, mientras que el 6 de noviembre han sido llamados a comparecer los comisarios Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira.

En su escrito, el instructor admite, además, la práctica de las testificales solicitadas por Podemos para el esclarecimiento de los hechos e indica que quedan pendientes de señalar según la disponibilidad del calendario del juzgado

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ha adoptado esta decisión después de que este verano la Audiencia Nacional avalara esta investigación al rechazar el recurso de Martínez contra la admisión de una querella de Podemos por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre determinadas personas que conformaban aquella organización política cuando gobernaba el PP.

En su recurso, Martínez señalaba que no debía admitirse a trámite la querella al basarse en veintitrés conversaciones mantenidas por Whatsapp que fueron obtenidas en el marco del caso Kitchen, el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia, por el que está pendiente de juicio junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al igual que gran parte de los imputados en esta nueva causa.

Según la Sala de lo Penal, la querella no solo se basa en los chats mencionados sino también en los otros documentos aportados por la querellante y en noticias publicadas en medios de comunicación. El magistrado excluyó no obstante de la causa al exministro Fernández Díaz al no ver indicios suficientes contra él, si bien acordó investigar a Martínez y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, entre otros.

Martínez denunció además en un escrito al juez la falta de "rigor" de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía en su oficio sobre las consultas desde bases de datos policiales a 55 diputados de Unidas Podemos entre 2015 y 2016, entre los que se ha incluido a Yolanda Díaz (ahora en Sumar).

El ex secretario de Estado de Interior apuntaba que de las búsquedas en bases de datos policiales aportadas al juzgado, "docenas" no se corresponden con la identidad de integrantes de la formación morada, sino con la de otros ciudadanos con nombres iguales o similares.

Entre las últimas diligencias, el juez acordó pedir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que informe sobre las razones y motivos por los que se efectuaron las búsquedas o acceso a las bases de datos policiales respecto de estos diputados.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado finalmente dejar sin efecto la orden de bloquear la aplicación de mensajería instantánea Telegram que él mismo autorizó el pasado viernes argumentando que la medida sería "excesiva y no proporcional" y asegurando que "supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan".

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 incide en que el bloqueo "tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas".

"Lo mismo podría decirse de algunos grupos, organizaciones o entidades de distinto tipo, que podrían estimar que ello afectará a sus mecanismos y procesos organizativos al privarles de una vía o canal de comunicación rápido y de gran alcance a su mercado diana. No se trata de libertad de expresión o información, sino si la medida es o no proporcional. Y lo que se constata, por lo dicho y después de dictar el auto, es que la medida sería excesiva y no proporcional", sostiene.

La decisión llega después de que en la mañana de este lunes el juez acordase suspender la ejecución del bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea para solicitar al servicio de inteligencia de la Policía a que le aporten datos sobre las características de la plataforma "así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal".

Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando el magistrado acordó bloquear Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.

Un día después, el sábado, el juez dio tres horas a las operadoras españolas para que, desde la recepción de su comunicación, procediesen a la suspensión de los recursos asociados a la aplicación. Fuentes jurídicas han explicado que, sin embargo, el magistrado no llegó a ejecutar ese requerimiento.

El juez consideraba la medida del bloqueo como necesaria, idónea y proporcional para la que no existía alternativa que pudiera detener la reiteración de los hechos denunciados, toda vez que las autoridades de las Islas Vírgenes no han colaborado con la comisión rogatoria enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

La resolución explicaba que para el buen fin de la instrucción resultaba necesaria la práctica las diligencias contenidas en la comisión rogatoria remitida a Islas Vírgenes sin que hasta el momento se tuvieran noticia del cumplimiento del citado instrumento de cooperación, por lo que quedarían pendientes numerosas diligencias de investigación dependiendo de la información que facilitará la ejecución de la citada Comisión Rogatoria Internacional. El incumplimiento reiterado de la petición dirigida a Islas Vírgenes de 28 el julio del 2023, señalaba, impide la continuación de la instrucción de la causa. En dicha comisión se solicitó que Telegram informase sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual de las entidades personadas como acusación particular.

Esa falta de colaboración de las autoridades de islas Vírgenes, apuntaba el juez, a las que solo se les pedía una actividad de comunicación a los responsables de la red social provocó que debieran adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares.

A su juicio, las medidas cautelares solicitadas se erigían como las únicas posibles ante la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes. "No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados", subrayaba. Añadía el magistrado que la medida acordada es idónea porque su ejecución podría fin a la infracción de los derechos de la propiedad intelectual denunciada a impedir el acceso a través de la red a los contenidos de los derechos citados.

En su resolución, Pedraz también explicaba que la medida tiene apoyo legal contemplado en el artículo 13.2 de la LECRIM. Por todo ello, consideraba que la medida cautelar interesada estaba justificada porque es necesaria para poner fin a la infracción denunciada, es proporcional e idónea para el fin perseguido por la medida ya que no cabe acudir a otro tipo de actuación con la misma finalidad y está contemplada expresamente por la Ley.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado suspender la ejecución del bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram al que accedió el pasado viernes a la espera de un informe que ha solicitado a la Comisaría General de Información sobre la incidencia que pueda tener esa medida. En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 insta al servicio de inteligencia a que le aporten datos sobre las características de la plataforma "así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal".

Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando el magistrado acordó bloquear Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.

Un día después, el sábado, el juez dio tres horas a las operadoras españolas para que, desde la recepción de su comunicación, procediesen a la suspensión de los recursos asociados a la aplicación. Fuentes jurídicas han explicado que, sin embargo, el magistrado no llegó a ejecutar ese requerimiento, y que el mismo queda a la espera del requerido informe.

El juez consideraba la medida del bloqueo como necesaria, idónea y proporcional para la que no existía alternativa que pudiera detener la reiteración de los hechos denunciados, toda vez que las autoridades de las Islas Vírgenes no han colaborado con la comisión rogatoria enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

La resolución, recogida por esta agencia de noticias, explicaba que para el buen fin de la instrucción resultaba necesaria la práctica las diligencias contenidas en la comisión rogatoria remitida a Islas Vírgenes sin que hasta el momento se tuvieran noticia del cumplimiento del citado instrumento de cooperación, por lo que quedarían pendientes numerosas diligencias de investigación dependiendo de la información que facilitará la ejecución de la citada Comisión Rogatoria Internacional.

El incumplimiento reiterado de la petición dirigida a Islas Vírgenes de 28 el julio del 2023, señalaba, impide la continuación de la instrucción de la causa. En dicha comisión se solicitó que Telegram informase sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual de las entidades personadas como acusación particular.

Esa falta de colaboración de las autoridades de islas Vírgenes, apuntaba el juez, a las que solo se les pedía una actividad de comunicación a los responsables de la red social provocó que debieran adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares.

A su juicio, las medidas cautelares solicitadas se erigían como las únicas posibles ante la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes. "No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados", subrayaba. Añadía el magistrado que la medida acordada es idónea porque su ejecución podría fin a la infracción de los derechos de la propiedad intelectual denunciada a impedir el acceso a través de la red a los contenidos de los derechos citados.

En su resolución, Pedraz también explicaba que la medida tiene apoyo legal contemplado en el artículo 13.2 de la LECRIM. Por todo ello, consideraba que la medida cautelar interesada estaba justificada porque es necesaria para poner fin a la infracción denunciada, es proporcional e idónea para el fin perseguido por la medida ya que no cabe acudir a otro tipo de actuación con la misma finalidad y está contemplada expresamente por la Ley. En su auto, el magistrado acordaba también la prórroga de la investigación por seis meses, hasta el 29 de septiembre.

–¿Ha sufrido intentos de apartarle de esta investigación o presiones?

–Sí. A varios de los que estamos aquí. Lo que se buscaba era generarnos tensión para que nos doblegáramos y no esclareciéramos los hechos. Han intentado que me apartara de la investigación.

El que responde es el inspector jefe Manuel Morocho, el policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que lideró la investigación del caso Gürtel y de la caja b del PP y que aún sigue aportando informes sobre esa financiación irregular a la Audiencia Nacional. Pronunció estas palabras, en respuesta a las preguntas de una acusación popular, en el reciente juicio por la utilización de los fondos de esa contabilidad paralela que gestionó Luis Bárcenas a lo largo de casi veinte años en el partido conservador, pero no era la primera vez que contaba los episodios en que se intentó boicotear una investigación de la que él estaba a los mandos desde 2008, cuando comenzaron las pesquisas sobre la macrocausa de corrupción.

En este juicio, en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen y ante el juez instructor de este último procedimiento, el inspector el inspector 81.067 ha contado una serie de sucesos que vienen la confirmar la tesis tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del magistrado Manuel García Castellón: que sus superiores en la Policía Nacional, tras la llegada del PP a la Moncloa a finales de 2011, pusieron en marcha una serie de movimientos "para calmar" a los dirigentes del PP, unos movimientos que pasaban por dejarle fuera de juego en Gürtel y en caja bGürtel . El auto de imputación de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, revela un posible nuevo intento: la posibilidad de un traslado a Lisboa, quizá para alejarle aún más de las diligencias judiciales.

Morocho está citado a declarar como testigo el próximo 15 de junio en la Audiencia Nacional. El juez quiere preguntar al policía si conocía este posible intento que reflejan las agendas intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo. No es descartable, vistos los antecedentes: un operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 dirigido a robar a Bárcenas documentación que se podría haber llevado del PP tras ser despedido y que podría afectar gravemente al partido y a algunos de sus dirigentes en las causas judiciales abiertas como Gürtel o la caja b, pero también las propias manifestaciones de Morocho sobre los empeños de sus superiores en apartarle de las pesquisas. Por eso, García Castellón ve necesario "escucharle de nuevo para preguntarle sobre las referencias que se hacen en la agenda en relación con Lisboa por si puede aportar alguna aclaración al respecto".

El primer apunte de la agenda sobre este asunto está fechado el 29 de abril de 2013. "ORTI. Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)". ORTI es el entonces jefe de gabinete de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha, sobre el que Villarejo anotó varias conversaciones –razón por la cual también está imputado–. Otras entradas "significativas" para el juez sobre el inspector se apuntaron ya en mayo de 2013. El día 13: "ILH (López del Hierro). Dice que MD (Cospedal) hablará con CHISCO (Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad) y con OLI (José Luis Olivera, comisario y el antiguo jefe de Morocho en la UDEF) y si puede también conmigo. Muy decidido a todo". Y diez días más tarde: "CHISCO. Morocho-Lisboa", y "COSPE (Cospedal). Este MOROC nos necesita a Losa y a mí. Morocho-Lisboa".

Las "barreras" y el traslado de la UDEF

El contexto es importante: sólo hacía dos meses que Morocho había recibido el encargo del entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de investigar los papeles de Bárcenas. Según el relato del inspector en el juicio de la caja b, en el Congreso y en sede judicial, empezaron entonces los movimientos para apartarle. Lo ha dicho con unas palabras o con otras, pero la conclusión a la que llega es la que resumió en la comisión de investigación sobre la operaciónKitchen a finales del pasado marzo: "El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar a los órganos superiores del ministerio (del Interior) que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar".

En la Cámara Baja, explicó que se ha enfrentado a diferentes "barreras" en su investigación, como la "sobrecarga" de trabajo, valoración de informes "apócrifos" como el de las finanzas de Podemos, a los que pretendían que estampara su firma para darles veracidad, o un traslado de destino dentro de la Policía en enero de 2015, y por un año y medio, pasando de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que entonces dirigía Eugenio Pino, uno de los principales investigados en la causa sobre el espionaje a Bárcenas. Todo para que no pudiera seguir desarrollando su "actividad normal" en la investigación de Gürtel y en las diligencias sobre la contabilidad en negro del PP.

Otra barrera: en agosto de 2015 sospechó de que la DAO estaba realizando una investigación paralela "secreta" sobre Bárcenas, ya que recibió un correo electrónico con información sobre el extesorero que era "coincidente" con Gürtel y sobre la que él, investigador principal, no tenía conocimiento. Y una última observación muy clarificadora: si hubo seguimientos a Bárcenas a partir de 2013, él no los ordenó, y si él no los ordenó por orden de un juez siendo el inspector al mando, fueron ilegales.

"Es un hecho que el tiempo que estuve allí (en la DAO), a pesar de que intenté compatibilizar ambas cosas, al final lo que generó es que el procedimiento fuera decayendo y se generaron retrasos en la elaboración de informes que se iban acumulando en el tiempo", dijo en su declaración en la Audiencia Nacional recordando un periodo, entre 2013 y 2015, de lo más "convulso" en cuanto a la carga de trabajo en la macrocausa de corrupción: la información que llegaba de Suiza –"en francés, inglés y alemán"– sobre la estructura financiera de Bárcenas y las nuevas revelaciones sobre la caja b que había manejado el PP desde, al menos, 1989.

El traslado que le comunicaron en 2015 implicó que tuviese que compaginar su trabajo para la Audiencia Nacional con otras obligaciones que le encargaban y para las que, según le dijeron, era necesaria su pericia en investigaciones de tipo financiero. Así, se le pidió que valorara informes realizados en el entorno del DAO, como uno relativo a los Pujol o al incremento patrimonial del comisario Villarejo, pero "ni siquiera quisieron conocer" las conclusiones, tal y como explicó el propio Morocho en el Congreso. Y llegaron a ofrecerle "desde la DAO y otras personas", cuya identidad no quiso revelar, hasta "tres destinos" distintos que él rechazó. El juez quiere saber si uno de esos destinos era Lisboa, la ciudad apuntada en la agenda de Villarejo.

El PP no ha parado de cuestionarle

El inspector sigue soportando a día de hoy las críticas y los cuestionamientos a su labor al frente de la investigación policial del caso Gürtel y de la caja b del PP. Doce años después de que se abriera la causa y varias sentencias judiciales condenatorias después. Llegan desde las filas del partido conservador y las tuvo que escuchar en vivo y en directo hace pocos meses durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. "Lleva trece años investigando al PP, a nadie se le ha dado tanto tiempo, ¿Cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?", le llegó a preguntar un diputado. Está visto que Morocho ya está acostumbrado y no perdió la oportunidad de aclarar el error del parlamentario: "Yo actúo como policía judicial bajo dirección de tribunales y fiscales, no abro ni cierro investigaciones". Otro portavoz del PP puso en duda su investigación, gracias a la ayuda de Villarejo, que dijo también en la comisión que los inicios de Gürtel habían sido una "operación política".

También le han acusado de incluir "juicios de valor en sus informes", en concreto mencionando un informe sobre la caja b. Una vez más, el inspector tuvo que puntualizar que sus escritos tienen "un valor de atestado sometido a valoración de órganos judiciales". La valoración es de sobra conocida: condenas a los responsables de la trama Gürtel, incluido el PP como beneficiario a título lucrativo, y dos sentencias que dan la razón a Morocho y avalan sus conclusiones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el partido conservador.

Aún estando destinado actualmente en Canfranc (en el Pirineo de Huesca), sigue entregando informes, como policía judicial, al magistrado Santiago Pedraz, ahora titular del juzgado de la Audiencia Nacional que ha heredado la última de las investigaciones sobre la caja b: un posible cohecho por las donaciones en negro de empresarios al PP a cambio de contratos en la administración pública. Les pesquisas se han dirigido ahora a la etapa de José María Aznar al frente del partido y del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado este martes retirar el pasaporte al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, una medida que había solicitado la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), y mantiene para el próximo 1 de junio la citación para tomarle declaración en relación con las querellas presentadas en su contra por supuestas torturas y maltrato a prisioneros.

ASADEDH había pedido la retirada del pasaporte para impedir que salga de España después de que Okdiario publicara declaraciones del número dos del Frente Polisario, Salem Lebsir, en las que aseguraba que Ghali "no se presentará ante el juez". En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que "las informaciones que hayan aparecido en medios de comunicación no pueden, por obvio, dar lugar a acordar medida restrictiva alguna para cualquier investigado".

El magistrado aprovecha además para librar exhorto al Juzgado Decano de los de Instrucción de Logroño, la ciudad donde se encuentra ingresado Ghali por complicaciones derivadas del coronavirus, con el fin de que se le dé traslado al líder saharaui de la querella de ASADEDH con el objetivo de que pueda designar abogado y procurador. Avisa de que en caso de que no tenga abogado, se le asignará uno de oficio. Asimismo pide al juzgado decano que le haga llegar la citación para el 1 de junio y que en el supuesto de que permaneciera ingresado en el centro hospitalario de La Rioja, pueda realizarse esta diligencia vía telemática. De este modo, Pedraz confirma que aprovechará la comparecencia de Ghali para preguntarle por las dos querellas.

Ghali fue ingresado el pasado 18 de abril en el Hospital de San Millán-San Pedro, en La Rioja, con un cuadro grave por dolencias derivadas de la covid-19, en un traslado desde Argelia que la diplomacia española tildó de cuestión humanitaria, si bien está en el trasfondo de la crisis desatada con Marruecos en la frontera. Su estancia en España reactivó una querella presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica, que le acusa de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en 2019 en los campamentos de Tinduf. Según el relato de Breica, a su llegada a los asentamientos de refugiados saharauis en dicha localidad argelina fue amenazado por agentes del Frente Polisario para que se fuera. Lejos de hacerlo, organizó varios actos de protesta, siendo arrestado por militares y trasladado a centros de detención indeterminados donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas. Por estos hechos, Pedraz acordó tomar declaración a Ghali como imputado el 1 de junio.

Poco tiempo después, el instructor de la Audiencia Nacional admitió una segunda querella, presentada por ASADEDH contra Ghali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, "especialmente" a los de origen español. La asociación reclamó la detención de Ghali, pero el juez rechazó las medidas cautelares solicitadas debido al estado de salud del líder del Polisario y teniendo en cuenta que "no hay indicios claros de su participación en las conductas recogidas en la querella".

El Partido Popular tuvo cuatro presidentes hasta 2018. De ellos, dos –José María Aznar y Mariano Rajoy– dirigieron la formación política cuando Luis Bárcenas controlaba la contabilidad en negro desde la que se pagaron sobresueldos y se financiaron campaña electorales y reformas de sedes. Pero los ataques del extesorero sólo van dirigidos directamente a uno, Rajoy, el que presidía el partido cuando todos los escándalos de corrupción estallaron y el que le mandó un mensaje de ánimo y renegó de él después. De Aznar y su posible conocimiento de las ilegalidades que se cometían en el PP, salvo las declaraciones que ha prestado él mismo negando tener ningún conocimiento, nada más se sabe.

Aznar y Rajoy serán los testigos estrella, aún sin fechas, del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre el presunto pago con dinero negro de las obras de reforma de la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. Y Bárcenas ha dejado este lunes muy claro a quién ha dejado en peor situación de cara a esa declaración. Mientras que de Aznar no ha dicho absolutamente nada –sólo le ha citado una vez como parte de la enumeración de los presidentes que tuvo el PP durante los treinta años que él estuvo en el partido–, no ha ahorrado en menciones a Rajoy siempre que podía y siempre que el curso de su comparecencia como acusado le ha servido de excusa para sacarlo a colación.

Tanto se ha nombrado a Mariano Rajoy en la declaración de Bárcenas durante el juicio que el presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora Alarcón, ha acabado confundiendo uno con otro. "¿El señor Rajoy desea ir al baño?", ha preguntado al decretar el receso de la sesión a media mañana. Nadie ha respondido, pero estaba claro que se refería al acusado.

Del que fue presidente del partido conservador entre 2004 y 2018, Bárcenas ha reiterado que le pagó sobresueldos procedentes de la "contabilidad extracontable" –como la ha llamado al principio del juicio, aunque después ya ha accedido a referirse a ella como caja B y en una ocasión ha hablado de la documentación que él manejó como "los papeles del PP"–. Lo ha repetido las veces que ha podido. También le ha situado en la lista de secretarios generales del PP con Aznar que mantenían una relación directa con el que fue tesorero antes que él, el fallecido Álvaro Lapuerta, el mismo que, según su versión, entregaba los sobres con el dinero negro, desplazándose para ello incluso a los ministerios que dirigían entonces.

"Ellos saben qué hacen con ello"

Esta versión no es nueva en absoluto. El nombre de Rajoy aparece en los conocidos como papeles de Bárcenas, la contabilidad en B del PP, y el extesorero ya lo confirmó al juez durante la instrucción de este procedimiento en 2013. Este lunes ha vuelto a mencionar una donación en efectivo que hizo un empresario al partido por "40.000 o 50.000 euros" y que Bárcenas dividió en dos y entregó a Rajoy y la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal. Junto con el expresidente, la también exministra de Defensa es otro de sus claros enemigos, como demuestran los litigios que ambos han mantenido desde que el extesorero fue despedido. De hecho, él mismo lo recordó hace un par de semanas en la Audiencia Nacional, durante la declaración como testigo en otra causa de corrupción que afecta al PP, el caso Púnica, donde afirmó que con Cospedal se lleva "fatal".

Bárcenas no da puntada sin hilo: sitúa el supuesto cobro de este dinero negro por parte de Rajoy y Cospedal en 2010, sólo tres años antes de la apertura de la causa de la caja B en la Audiencia Nacional. "Como desde el último apunte del 2008 ni la secretaria general María Dolores de Cospedal ni el presidente Mariano Rajoy habían recibido nada porque habíamos dejado la caja a cero, le doy un sobre a cada uno con la mitad y ellos saben lo que hacen con ello". Ese, según su versión, habría sido el final de la caja B. También ha destacado otros apuntes de sus papeles, en concreto de 2008, en los que figuran entregas de dinero a Rajoy por 12.600 y 2.400 euros. En ambos casos, se trataría de pagos no declarados y cobrados en años no prescritos, al ser de los cinco años previos a la apertura de la investigación.

De la comparecencia de Bárcenas este lunes en el juicio por la caja B del PP, donde se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel. los dardos han ido dirigidos a Rajoy, ninguno a Aznar. Ambos presidieron el PP el mismo tiempo, catorce años, pero la contabilidad opaca estuvo activa más años con el segundo que con el primero, según los papeles del extesorero y las dos sentencias judiciales que la acreditan. Los dos expresidentes han negado cualquier conocimiento al respecto, pero sólo Rajoy se ha visto en la tesitura de decirlo ante un tribunal, durante el primer juicio de Gürtel, donde también negó haber cobrado sobresueldos en negro.

"Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", dijo en julio de 2017, cuando compareció como testigo. Su credibilidad, no obstante, ya fue cuestionada por el tribunal, y así fue reflejado en la sentencia. Bárcenas ha rebatido ahora esta versión de su exjefe: ha asegurado que efectivamente los altos cargos del PP recibían sobresueldos, pero que cuando entraron en el Gobierno en 1996 los pagos pasaron a ser en B debido a la ley de incompatibilidades y así poder igualar el sueldo que habían venido percibiendo.

"La propuesta que recibe el tesorero –Lapuerta– es que, a partir de ese momento, se nivele. Que no perciba menos neto. Había que complementar con fondos de la contabilidad extracontable hasta llegar a esa cantidad, que igualase la que venían recibiendo, periódicamente», ha aseverado, tras facilitar una lista de nombres: Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas y Mariano Rajoy.

Sitúa a Cascos como el ideólogo de los sobresueldos

De Aznar, una vez más, nada. Y eso a pesar de que el extesorero del PP ha aportado otro dato en su declaración que salpica al entorno más cercano del que fue presidente del partido entre 1990 y 2004: "Creo que Francisco Álvarez Cascos fue el que le dio a Álvaro Lapuerta instrucciones para esa forma de actuar", ha dicho en referencia a los sobresueldos, en respuesta a una de las preguntas que le ha dirigido el fiscal anticorrupción Antonio Romeral.

La situación de Rajoy frente a su próxima declaración como testigo en el juicio es, a todas luces, bastante más desfavorable que la de Aznar. Ya lo venía anunciando el extesorero desde que aportó el pasado febrero un escrito a la Fiscalía en el que señalaba a Rajoy por ser "perfecto conocedor" de la financiación irregular del PP, cuyo origen sitúa en 1982. Aunque no aportaba prueba documental de ese conocimiento que pudo tener el expresidente conservador, el patrón se repetía: todo contra Rajoy, nada contra Aznar.

No obstante, hay que tener en cuenta que Bárcenas es acusado en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, por lo que puede elegir qué contesta, cómo lo contesta y a quién. De hecho, ya ha anunciado que sólo responderá a las preguntas del Ministerio Público, la Abogacía del Estado y su abogado –los dos últimos interrogarán este martes–. Los testigos, en cambio, están obligados a decir la verdad y han de contestar a todas las partes, también a las acusaciones populares.

Son muchas las cuestiones que Bárcenas ha dejado abiertas para la declaración de Rajoy, en la que es más que previsible que alguna de las partes las saque a colación. Aparte de los ya mencionados sobresueldos, ha aportado un dato desconocido hasta ahora a pesar de los ocho años que lleva en instrucción la causa de la caja B del PP: una posible oferta económica del partido a principios de 2013 a cambio de manipular la contabilidad opaca, que había sido publicada por El País, para así generar confusión entre la opinión pública "de cara a cuáles eran los buenos y los malos y si había una manipulación de alguien para perjudicar al PP". "Se me ofrecieron 500.000 euros que aportarían empresarios", ha apuntado, para después añadir que rechazó esta cantidad porque, en su opinión, le correspondían 975.000 euros y no en negro.

Lo más seguro es que esta revelación no tenga ninguna consecuencia jurídica o penal, si bien la situación vuelve a desfavorecer a Rajoy: la imagen que Bárcenas intenta transmitir es que los responsables del PP en 2013, un partido que dirigía entonces Rajoy, trataron de sobornarle para alterar las pruebas de la financiación irregular que habían sido publicadas en prensa.

De todas formas, aunque Bárcenas haya salvado a Aznar en su declaración, éste no debería relajarse, pues en la línea de investigación que aún está abierta, en manos del Juzgado Central de Instrucción número 5, sobre las presuntas comisiones finalistas entregadas por empresarios al partido, esto es, a cambio de adjudicaciones de obra pública, el juez Santiago Pedraz ha ordenado a la Policía que indague en los más de una veintena de contratos que fueron firmados por varios ministerios y otros departamentos entre 2002 y 2004 con uno de los donantes del PP. La cuantía del valor de las adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.

Entre 2012 y 2019, Julian Assange, fundador de Wikileaks y considerado por Estados Unidos como enemigo número uno, permaneció bajo asilo de la Embajada de Ecuador en Londres. Allí se recluyó, con permiso del Gobierno de Rafael Correa, después de que Suecia y las autoridades norteamericanas pidieran su entrega, en el primer caso por presuntos delitos sexuales y en el segundo, por hasta 17 cargos de espionaje por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal de Internet. Durante al menos tres de esos siete años de encierro, el activista y los contactos que mantuvo tanto en sus relaciones personales como con sus abogados fueron espiados por la empresa que se hizo cargo de la seguridad de la legación diplomática y que resultó ser española. 

Esta es la cara B del caso Assange y que corresponde investigar a la Audiencia Nacional por tratarse de presuntos delitos cometidos por un español en el extranjero. De momento, están imputados tanto el propietario de la empresa de seguridad Undercover Global S.L. (UC Global) –con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz)–, el exmilitar David Morales, como el que fuera su jefe de operaciones Michelle Wallemacq y la compañía en sí como persona jurídica. El Juzgado de Instrucción número 5, dirigido hasta hace unas semanas por el magistrado José de la Mata y del que tomará las riendas próximamente Santiago Pedraz, les atribuye delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, cohecho y blanqueo de capitales.

Según De la Mata, "entre los años 2015 y mediados de 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a una empresa española, con sede social en Puerto Real (Cádiz) y oficinas en Jerez de la Frontera (Cádiz), denominada UC Global", empresa que era "administrada y dirigida por David Morales, gerente y máxima autoridad de esta", quien aprovechando la prestación de este servicio, utilizó diversos dispositivos de grabación de audio y vídeo, para grabar reuniones que Assange mantenía con distintas personas, entre ellas asesores y letrados, "así como para transferir a terceros la información obtenida". También habría inspeccionado y copiado documentos y dispositivos que los visitantes entregaban en el control de seguridad de la entrada. A través de estos medios, dice el juez, se habrían captado reuniones que Assange mantenía con sus abogados, políticos, periodistas, amigos personales, así como visitas médicas, incluso "los micrófonos habrían llegado a captar igualmente reuniones de los agentes diplomáticos ecuatorianos".

El contenido de esta investigación se adjuntó a la causa de extradición abierta en Reino Unido contra Assange, quien fue entregado por el Gobierno de Ecuador tras la salida de Rafael Correa y está reclamado por Estados Unidos por 17 cargos de espionaje y uno de pirateo por los que podría ser condenado hasta a 175 años de cárcel. El primer paso dado por la Justicia británica ha sido favorable al activista: la jueza de distrito ha denegado la entrega por razones de salud, aunque las autoridades norteamericanas aún pueden recurrir ante instancias superiores.

Un detallado informe que presentó la defensa de Assange en la Audiencia Nacional, que coordina el exjuez Baltasar Garzón, detallaba prácticas de espionaje que van desde la colocación de micrófonos y cámaras, copiar teléfonos móviles y documentos de identidad de las visitas que recibía, hasta perfiles de políticos, médicos y abogados con los que el fundador de Wikileaks mantuvo contacto. Esta información fue elaborada a partir de documentos que estaban en posesión de UC Global y que fueron entregados por uno de los extrabajadores de la empresa.

"En los ordenadores y servidores de UC Global se hallaba, inexplicablemente, un ingente volumen de material consistente en vídeos, audios, perfiles de personas, documentos personales de visitas, capturas de dispositivos electrónicos, cartas personales y demás información del señor Assange, sus abogados, médicos y demás visitas", explica el informe, que apunta que "es inexplicable que la empresa de seguridad de la misión diplomática ecuatoriana en Londres, cuyo objetivo era simplemente proveer una elemental seguridad perimetral, haya obtenido tamaño volumen de información".

Correa y Varoufakis, espiados

De este presunto espionaje a Assange se habrían visto perjudicadas un buen número de personalidades, incluido su abogado Baltasar Garzón, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el excónsul del país latinoamericano en Londres Fidel Narváez o incluso el exministro griego Yanis Varoufakis. Todos ellos le visitaron durante su estancia en la legación diplomática en Londres y por ello ya han declarado como testigos ante el juez, además de periodistas y amigos del activista, así como su pareja, la abogada Stella Morris. Estas comparecencias se han ido sucediendo en los últimos meses, según fuentes jurídicas, a través de videoconferencia debido a la situación de la pandemia de coronavirus y a que la mayoría viven fuera de España, por lo que se han solicitado desde la Audiencia Nacional numerosas comisiones rogatorias a otros países.

Assange, con el exministro griego Yanis Varoufakis, en la Embajada de Ecuador en Londres

Es Estados Unidos el que no está prestando ninguna colaboración en esta causa, según denuncian abogados de Assange. Tal y como han explicado a infoLibre fuentes de la defensa, el magistrado José de la Mata libró dos comisiones rogatorias –una para pedir información sobre las IP de los servidores norteamericanos donde se iba recogiendo la actividad del espionaje y otra para interrogar a supuestos implicados en la trama–, pero las autoridades han contestado solicitando más documentación o pidiendo la identidad de los testigos protegidos, extrabajadores de UC Global que han facilitado gran parte de las pruebas sobre las que se basa la instrucción.

Esta causa se abrió en el otoño de 2019 a raíz de una querella presentada por la defensa de Assange contra Morales, quien se encuentra en libertad con medidas cautelares, y UC Global, y aparte del espionaje en sí, la Audiencia Nacional investiga si el dueño de la compañía de seguridad facilitó a los servicios de inteligencia de Estados Unidos el seguimiento de reuniones de Assange con sus abogados y colaboradores, así como audios y vídeos de las numerosas visitas que recibió durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres.

Esta es la teoría que sostiene la defensa del fundador de Wikileaks, que cree que Morales habría estado entregando toda esa información a los servicios secretos norteamericanos, principalmente a través de la cooperación de la empresa Las Vegas Sands –en cuyos hoteles se habría alojado cuando viajaba a ese país– y su personal de seguridad. Esta es una de las limitaciones que está encontrando el juez De la Mata, pues pidió a Estados Unidos poder tomar declaración a Sheldon Adelson, jefe de seguridad de la compañía, pero la solicitud no ha sido atendida de momento, ya que las autoridades norteamericanas alegan que necesitan más información sobre la causa para tramitar la propuesta.

Según el informe, los empleados de UC Global fotografiaban los dispositivos móviles de los visitantes a la Embajada de Ecuador y en ocasiones hasta abrían o desmontaban los aparatos para copiar sus números de tarjeta SIM o los IMEI –código que identifica cada teléfono–, datos que luego se volcaban en las bases de datos de la empresa. En esa base de datos de la empresa jerezana también se encontraron "multitud de repositorios de documentos de identidad de particulares escaneados", junto a listas detalladas de personas o incluso sellos de viajes o visados, "todo lo cual se encuentra ubicado en una carpeta titulada '8 PASAPORTES LONDRES'", explica el documento entregado al juez.

Además de esta lista de pasaportes, la defensa también aportó otras en las que se destacan personas que la empresa de Morales consideraba importantes en el marco del control al que habrían sometido a Assange, al que apodaba 'el huésped'. Tenía datos de los médicos que le visitaban, los abogados que le asesoraban o los políticos con los que se entrevistaba, añadiendo sus nacionalidades y otros datos de interés. Hasta realizó "seguimientos personales" y fotografías a Baltasar Garzón, una de ellas cuando fue a recibir al aeropuerto de Barajas al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. El informe también llama la atención sobre la cantidad de material relativo a Iván Orosa, exasesor principal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, además de numeroso personal diplomático del país sudamericano, y también se ha encontrado información sobre el congresista estadounidense Dana Rohrabacher, a cuyo teléfono también accedió UC Global cuando visitó la Embajada de Ecuador.

Micrófono en el extintor y análisis de ADN de las heces de un bebé

En la legación diplomática en Londres se colocaron micrófonos de muy diferentes tipos y en lugares como la base de PVC del extintor de la sala de reuniones, así como cámaras que en un principio no captaban sonido pero que fueron sustituidas por unas más sofisticadas que también grababan audio en forma encubierta. Buena parte de ese material se adquirió a 'Espiamos.com', tal y como acreditan las comunicaciones de trabajadores con esta compañía.

Pero el presunto espionaje no se quedaba ahí. Según el informe de la defensa, también se tomaron huellas dactilares del propio Assange, que UC Global habría extraído de un vaso, e incluso se extrajeron muestras de heces del pañal de un bebé para hacer una prueba de ADN y tratar de acreditar si se trataba del hijo del fundador de Wikileaks.

Tal y como dijo Baltasar Garzón después de declarar como testigo en la Audiencia Nacional, esta trama "es algo escandaloso que podemos decir que sólo ocurre en las películas de espías, pero esto no es una película porque está en juego la vida de una persona, que es periodista, que todo lo que se ha hecho es en persecución de un periodista por revelar hechos gravísimos de crímenes contra la humanidad y de procesos de corrupción". Un espionaje que, según apuntó, "se ha nutrido y se ha servido presuntamente de la empresa de seguridad, que a través de su responsable máximo reportaba con regularidad minuciosa y pormenorizadamente lo que hacía el equipo de defensa" del activista.

Toda la información con la que se realizó este informe fue aportada por extrabajadores de UC Global, responsables de informática considerados como testigos protegidos en la causa, pero también ha sido confirmada por los que denominaba la compañía como "operadores de seguridad", quienes han relatado al juez que desde la dirección se les encargaba descargar los contenidos de los micrófonos o de las cámaras así como informar de las visitas que iba a recibir Assange y otros datos, según las fuentes jurídicas consultadas. Al sumario de la causa se ha incorporado todo el material incautado a David Morales en las entradas y registros efectuados en la empresa y que están analizando los investigadores.

Para defenderse de las sospechas en su contra, Morales declaró también en la Audiencia Nacional: afirmó que fue el propio Gobierno ecuatoriano el que le solicitó implantar métodos de escucha al estar preocupado porque el fundador de Wikileaks se reunía con "delincuentes", y negó haber vendido información a Estados Unidos, asegurando que los viajes a ese país fueron para contactar con otros clientes de su empresa, pues UC Global ha prestado servicios para los gobiernos mexicano y colombiano, entre otros, y también tiene clientes norteamericanos, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. También acusó a Assange de ser él quien colocaba métodos de vigilancia y de tratar de entorpecer su extradición, denegada este lunes por la Justicia británica.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se hará cargo de las causas del juzgado que próximamente dejará libre su compañero José de la Mata una vez sea nombrado oficialmente representante de España en Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal que tiene sede en La Haya (Países Bajos). Pedraz asumirá sus investigaciones, incluida la de la caja B del PP, hasta que se nombre un nuevo instructor del Juzgado Central de Instrucción número 5, en un concurso público que tiene que convocar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La designación de De la Mata como candidato más idóneo para Eurojust se hará oficial en el Consejo de Ministros del próximo martes. Se trata de una plaza a la que se han presentado varios candidatos, que son evaluados tanto por Fiscalía General del Estado como por el CGPJ, que elevan sendos informes al Ministerio de Justicia. En función de las conclusiones, en las que se valora la experiencia y capacidad de los aspirantes, el departamento que dirige Juan Carlos Campo realiza una propuesta. El elegido, según fuentes jurídicas, ha sido De la Mata para un mandato de cinco años de duración.

El magistrado ha cumplido ya cinco años en la Audiencia Nacional, siempre en el juzgado 5, donde finalmente obtuvo la plaza fija. Es previsible que no renuncie a ella, pero aún así el órgano de gobierno de los jueces deberá convocar concurso y después designar al sustituto que se encargue de las causas ya abiertas y las que están por venir. El proceso puede demorarse varias semanas a partir de que De la Mata deje oficialmente su puesto y el CGPJ publique el concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La plaza se asigna por antigüedad

La plaza de la Audiencia Nacional se otorgará por concurso ordinario, por lo que no se trata de un nombramiento discrecional de los vocales del CGPJ. El sustituto de De la Mata en el juzgado 5 será nombrado por la Comisión Permanente en función de la antigüedad de los candidatos que decidan optar, los cuales deben llevar al menos ocho de los últimos 12 años de ejercicio en la jurisdicción penal. De entre todos los que se presenten, el órgano de gobierno de los jueces examinará que cumplan los requisitos y asignará el puesto al más veterano de todos ellos. El nuevo magistrado de la Audiencia Nacional será titular del juzgado 5 y si De la Mata decidiera volver a su plaza, el primero quedará adscrito a la Sala de lo Penal de este tribunal.

No es la primera vez que De la Mata ha optado por otras plazas fuera de la Audiencia Nacional. Su objetivo en los últimos años estaba a sólo unos metros de distancia, al otro lado de la Plaza de la Villa de París, en el Tribunal Supremo. Fue uno de los jueces que se presentó a una de las tres vacantes de magistrado en la Sala de lo Penal, un nombramiento que en este caso sí es discrecional. Su nombre sonaba muy fuerte cuando se convocó la primera vacante, hace ya un año, pero no pasó el primer filtro.

Muy respetado entre sus compañeros, que sólo expresan buenas palabras hacia él, De la Mata tiene fama de trabajador incansable e instructor muy concienzudo. Sus autos de fin de instrucción suelen ser muy extensos, de cientos de páginas en algunas ocasiones, y prolijos en detalles sobre cada operación o cada imputado al que decide mandar a juicio. Por ejemplo, la resolución de transformación del caso Pujol en procedimiento abreviado tenía 509 páginas. Entre los fiscales, la opinión general es la misma: un juez con buen criterio y que se implica en las instrucciones, en las que mantiene buena interlocución con el Ministerio Público.

Junto con el Juzgado Central de Instrucción número 6 del que es titular Manuel García Castellón, el juzgado de De la Mata acumula las causas más mediáticas sobre corrupción de la Audiencia Nacional. Heredó el caso Gürtel, del que ha mandado a juicio ya todas las piezas salvo la referida a la de la presunta financiación irregular del PP, la conocida como papeles de Bárcenas o caja B, que continúa en instrucción. El magistrado encargó recientemente nuevas diligencias para tratar de establecer la posible relación entre las donaciones de empresarios al partido y adjudicaciones de obra pública a cambio. En uno de los últimos autos de esta investigación, De la Mata encontró "una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre los pagos de un empresario y los contratos que firmó luego con la Administración.

Desde hace unos meses, De la Mata ya parecía intuir su salida de la Audiencia Nacional. No en vano, el verano pasado cerró dos de las macrocausas más extensas a las que ha tenido que hacer frente en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Por un lado, propuso juzgar a toda la familia Pujol por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas". Pocos días después, hizo lo propio con tres exgerentes de Convergència (CDC) y otras 29 personas en el caso conocido como del 3% sobre la supuesta financiación ilegal del partido catalán. De esta causa aún queda en instrucción una pieza separada por blanqueo de capitales de donaciones a la formación política de la que se deberá hacer cargo su sucesor.

Menos conocidas pero igual de vastas son otras macrocausas de las que se ha hecho cargo De la Mata en estos últimos cinco años, también sobre corrupción, como Defex, Mercasa y el caso Madeja. Instruye desde hace más de dos años el caso de las estafas en las clínicas iDental, que se divide en varias piezas separadas, de las cuales ya ha mandado a juicio la referida a los delitos económicos presuntamente cometidos por la antigua cúpula de la compañía.

Pedraz, 15 años en la Audiencia Nacional

Los casos que deja pendientes los heredará, al menos unas semanas, el juez Pedraz, uno de los magistrados históricos de la Audiencia Nacional, donde lleva trabajando desde hace ya quince años. Titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y además juez decano del tribunal, en este tiempo se ha hecho cargo de varias causas tan importantes como la del asesinato del periodista José Couso en la guerra de Irak, en la que dio curso a la comisión rogatoria para interrogar como imputados a los tres militares estadounidenses responsables del carro de combate que disparó contra el Hotel Palestina. La Sala de lo Penal ordenó el archivo al entender que se trató de un acto de guerra.

Pedraz también ha llevado casos de justicia universal: imputó a responsables políticos chinos por su actuación en el Tíbet, pero la instrucción se cerró tras la reforma legal promovida por el Gobierno del PP que limita la actuación de tribunales españoles en otras jurisdicciones. En los últimos años, también ha instruido causas complejas como la de la estafa de Afinsa, las irregularidades en el Banco de Valencia, el escándalo bursátil de Gowex o los contratos irregulares de la Federación Española de Fútbol. En 2016, abrió diligencias contra el expresidente de Banesto Mario Conde por presunto blanqueo y delito fiscal, pero la cerró dos años y medio después al considerar que el dinero que repatrió desde Suiza es anterior a su etapa al frente del banco.

Uno de los magistrados más veteranos de la Audiencia Nacional también se llevó muchos titulares con la instrucción del caso de la presunta extorsión de Ausbanc y Manos Limpias, que precisamente se está juzgando ahora, en un proceso en el que el fiscal pide más de 100 años de cárcel para el presidente de la asociación de usuarios de banca, Luis Pineda. Pedraz le mantuvo en prisión provisional durante tres años y sólo le permitió salir tras el pago de una fianza de 200.000 euros.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha confirmado este lunes el archivo de la denuncia contra la marca Tous e impone a la asociación Consujoya el pago de las costas del recurso que presentó por "evidente mala fe y temeridad" dada la "clara inconsistencia de sus pretensiones y la injusticia y sinrazón de su acción". Desestima así el juez el recurso contra el archivo presentado por Consujoya –la denunciante– y archiva la denuncia contra la joyera catalana por presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad de documento y corrupción en los negocios, por la composición de determinados artículos de joyería que comercializa en el que usa relleno.

Pedraz señala que la asociación de consumidores y usuarios de joyas actuó con "evidente mala fe y temeridad al formular el recurso" y que presentó de forma "torcida" los hechos para confundir a la instrucción de la causa desde la denuncia. Añade en su auto que "los indicios criminales en los que se basaba la acusación se concretan única y exclusivamente en la interpretación de la norma", por lo que se tratan de "meras opiniones". En el auto de Pedraz se recoge parte del escrito de Fiscalía en el que ésta también se opone al recurso y en el que se expone que "a la vista de las circunstancias cabe sostener que se asiste a una manipulación engañosa de la realidad que dio lugar a una investigación que, de no haberse presentado en los términos indicados, nunca se habría iniciado".

El artículo 55 y el 39 del Reglamento de Metales Preciosos

Según apunta, analizado el Reglamento de Metales Preciosos cabe afirmar que la ley permite el uso de materiales no metálicos para conferir estabilidad a los productos. Recalca que en el certificado de compra del producto de Tous queda patente que ese material no metálico era para dar estabilidad al objeto, por lo que no había pretensión de "engañar al consumidor".

Ahonda el juez al señalar que ni la Ley ni el Reglamento que la completa prevén "clara y concretamente" la piezas que pueden llevar un relleno distinto al de la pieza. "El único supuesto previsible es el del artículo 55 del Reglamento", apunta Pedraz para señalar que ese apartado incide en que se acepta el uso de materiales no metálicos, tales como yeso, masilla y materiales plásticos o similares, o de plomo, con la finalidad de materializar uniones o de conferir estabilidad en objetos fabricados con metales preciosos. Ese artículo destaca que se puede usar otro material para unir piezas de metales industriales a otras de metales preciosos, para rellenar fondos de vasijas, candelabros o similares para conferirles estabilidad, o para rellenar mangos de cubertería.

También cita el juez en el auto el artículo 39 del reglamento que señala que la composición de los objetos fabricados será la misma para todas las partes de cada objeto con la excepción, en su caso, de las soldaduras, y la ley será uniforme en todo el cuerpo del mismo, o en cualquier caso superior a la mínima admitida como oficial, con la misma salvedad anterior. Para Pedraz, "no existe infracción normativa alguna" del 39 puesto que hace referencia a la ley, esto es, que la composición sea la misma en toda la parte que contiene la aleación. Y recuerda que es obvio que el "relleno" o "núcleo" no forma parte de la aleación.

"Si se aceptara la tesis de la acusación se llegaría al absurdo, ya no solo por contradecir el artículo 55 sino también porque estaría vedado el contraste de piezas de oro o plata que llevaran incrustadas piedras preciosas", añade.

Las diligencias "ponen al desnudo la realidad de los hechos"

El auto del juez desestima todos los argumentos planteados por Consujoya para la reapertura de la causa, entre ellos también el reproche de falta de diligencias de prueba respecto de los hechos investigados. Sostiene Pedraz que se han realizado sin demora las diligencias aportadas tanto por la denunciante como las practicadas por la Guardia Civil y las fiscalías tanto de Córdoba como de la Audiencia Nacional, y añade que esas actuaciones para el Ministerio Público "han puesto al desnudo la realidad de los hechos".

Por otro lado, el magistrado señala que sorprende que a la par que Consujoya pide diligencias de prueba, manifieste a su vez en el recurso que el instructor va más allá de su potestad y que se quiebra el que denomina "principio básico la doble intervención judicial" al realizarse "un juicio propio de la fase oral". "Podrá no estar de acuerdo con el archivo, pero la argumentación que hace es de todo punto inaceptable por pura lógica jurídico procesal para el caso. No se entiende", recalca Pedraz.

Los hechos que han dado origen a estas actuaciones se iniciaron por una denuncia de la asociación Consujoya presentada en Córdoba en diciembre de 2018. Unos meses después, en marzo de 2019, la Fiscalía de Córdoba incoó diligencias de investigación, inhibiéndose posteriormente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la que, en noviembre de 2019, presentó la denuncia ante el juez.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra tres exdirectivos del Banco de Valencia por un delito continuado de administración deseal por la presunta adquisición irregular del 68% de la piscifactoría Acuigroup Maremar, propiedad del exministro socialista Antoni Asunción, fallecido hace dos años. Esta operación supuso un perjuicio económico para la entidad de algo más de 29 millones de euros.

Para el ex consejero delegado Domingo Parra, el Ministerio Público pide cuatro años de prisión, mientras que para los exresponsables de Departamento de Participadas Juan Carlos Zafrilla y Celestino Aznar reclama tres años de cárcel, según consta en el escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, quien se ha hecho cargo de la investigación.

La de la adquisición de parte de la sociedad del exministro socialista, dedicada a la cría de dorada y lubina, es una de las numerosas piezas que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula del banco valenciano.

Entrar en el accionariado "a todo trance"

Según el escrito de acusación, el consejo de administración del Banco de Valencia dio el visto bueno en 2006 a la adquisición del 20% de Acuigroup Maremar a través de Inversiones Valencia Capital Riesgo (Ivscr), que era la sociedad instrumental creada por motivos fiscales de la que la entidad se valía para la participación en otras sociedades.

"Guiados, por tanto, del objetivo de inyectar fondos en la nueva sociedad de explotación de peces que se iba a constituir por los vendedores a partir de la fusión de las existentes, procedieron los acusados a articular los pasos necesarios que revistieran de legalidad la decisión de entrar a todo trance en el accionariado de aquélla", explica.

El fiscal encargado del caso, José Miguel Alonso, apunta que la entrada en la sociedad propiedad de Antoni Asunción fue "totalmente indebida" y "contraria a cualquier tipo de racionalidad económica, entendida ésta en el sentido de aparecer encaminada a favorecer los fines legalmente atribuidos a la institución financiera Banco de Valencia".

Aumentaron la participación al 68%

Tras la adquisición del 20% de la empresa, y a pesar de que el "deteriorio patrimonial se mantuvo en el tiempo" y de que "no generó resultados positivos en ningún ejercicio" posterior, "lo cual debería haber conducido a proponer al consejo de administración del Banco de Valencia la adopción de medidas drásticas" como la venta de la participación, el Ministerio Público indica que los acusados optaron "arbitrariamente, sin apoyatura en criterio económico lógico alguno y con perjuicio muy previsible", por "aumentar el porcentaje de participación hasta el 68%".

Este incremento en la participación en Acuigroup Maremar llevado a cabo en 2010, según añade el escrito, no sirvió "más que para que la entidad bancaria, en cuanto socio mayoritario", pasara a ser, además de financiador, "garante del excesivo endeudamiento bancario" de la empresa del exministro socialista.

Para Anticorrución, "la falta de lógica económica del aumento de la participación del banco hasta el citado porcentaje venía determinada por la conocida para los acusados falta de viabilidad del negocio", por lo que la operación no fue presentada ante el consejo de administración, sino que se aprobó únicamente en la junta general de Ivscr, en la que Domingo Parra representaba a Banco de Valencia.

Conscientes de la falta de rentabilidad

"En definitiva, se decidió la compra de un 48% adicional de la compañía con plena conciencia por los acusados de su falta de rentabilidad pasada, presente y futura, aún cuando se siguió trasladando a los órganos sociales correspondientes la impresión de ser factible de conseguir, tal y como figura en el acta de la reunión del consejo de administración de Ivscr de 31 de marzo de 2011", explica.

"Todo lo anterior conforma un marco en el que el Banco de Valencia incurre en lo que en términos empresariales se denomina riesgo reputacional, que es evidentemente muy superior para la entidad financiera una vez adquiere sin lógica de ningún tipo un 68% de la compañía, frente al 20% que detentaba hasta julio de 2010", remarca el fiscal en su escrito.

Es más, Anticorrupción considera que los acusados, "conscientes en todo momento de la situación extremadamente deteriorada de Acuigroup Maremar", trataron de "salvar su responsabilidad, por un lado, pactando con los hasta mediados del año 2010 socios mayoritarios y, por otro, propiciando el ejercicio de acciones judiciales contra éstos a modo de cobertura ante eventuales reclamaciones que les pudieran ser exigibles a ellos mismos".

Tras la dimisión de Domingo Parra en octubre de 2011, y ante el "reconocimiento del propio Banco de Valencia de no poder acometer un plan creíble para recomponer su situación económica, y con agravamiento de los problemas de liquidez", tuvo lugar un mes después la intervención de la entidad por parte del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Además de la petición de cárcel para los tres acusados, Anticorrupción pide que indemnicen solidariamente a CaixabankCaixabank, entidad sucesora del Banco de Valencia, o bien, en caso de renuncia de ésta, al FROB por la cantidad de 29,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz concluyó la instrucción sobre las presuntas extorsiones a diversas entidades bancarias en la que participaron Ausbanc y Manos Limpias y propuso juzgar a 14 personas, entre ellas al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda –que se encuentra en prisión provisional–; al presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, y a la abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, según informó Europa Press.

En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 finaliza la investigación que abrió hace dos años asegurando que ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda para la "obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros".

El juez ve indicios de que los 14 acusados incurrieron en los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.

La exposición razonada del juez, de 17 páginas, describe el entramado empresarial que creó Luis Pineda con la finalidad de "obtener lucro personal" y ocultar la verdadera procedencia del beneficio, a través de las sociedades personales del presidente de Ausbanc.

Según el magistrado, bajo la cobertura de una "defensa de los consumidores", Ausbanc presionó a aquellas entidades financieras que supuestamente, "por la naturaleza de la asociación", debería luchar para lograr "una protección efectiva de los consumidores". Apunta que, junto a Manos Limpias, la práctica era "coaccionar" a dichas empresas para llevar a cabo determinados acuerdos económicos "enmascarados como convenio publicitarios".

El juez Pedraz detalla en su auto que el dinero que recaudó Ausbanc procedió de dichos acuerdos de publicidad y del cobro de subvenciones por su condición de asociación sin ánimo de lucro, más las aportaciones de los asociados. Añade que este dinero no redundaba en el beneficio de la asociación, sino que gran parte "se distraía entre las sociedades creadas al efecto por los dirigentes de Ausbanc, con la finalidad última de beneficiarse personalmente".

"No es un hecho aislado"

Por otro lado, afirma que no es un "hecho aislado" que Ausbanc financiase a Manos Limpias para ejercer como acusación popular en distintos procedimientos judiciales con la "finalidad de ejercer presión contra determinadas personas o entidades para que éstas cedan a los objetivos" de la asociación. Contaba con el "apoyo y beneplácito del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a quien Luis Pineda, en cierto modo, controlaba y manejaba" y con la colaboración de la abogada Virgina López Negrete, indica el juez.

El auto recoge ocho proceso judiciales en los que, según el instructor, quedaron "acreditadas" las coacciones. Se trata de los casos relacionados con los ERE de Andalucía; la denuncia de Manos Limpias al Banco Sabadell; las actuaciones de "interés personal" contra el portavoz de Facua, Rubén Sánchez; así como, el intento de cese de una campaña de publicidad de Endesa; el caso abierto por las emisiones de CO2 en el que está implicado Volkswagen, el convenio publicitario con el Banco Santander y una denuncia por el presunto asesinato del presidente de la entidad Emilio Botín; o el referido a Fernando Puig de la Bellacasa.

Hay que destacar que Manos Limpias ejerció la acción popular en el caso Palma o Nóos, que afectaba a la Infanta Cristina. Pedraz destaca en este caso concreto que Pineda utilizó la "estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación" contra la hermana del rey "a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre dos y tres millones" y que contó con la "participación activa" de Pineda, Bernad, López Negrete y Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez.

Archiva la causa para un investigado

El juez archivó la causa del abogado de Manos Limpias que ejerció la acusación en el macroproceso de los ERE de Andalucía, José María Gómez de León Contreras; y dio un plazo de días para que la Fiscalía y las acusaciones personadas presenten sus escritos de acusación o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento de la causa.

Además de los responsables de Manos Limpias y Ausbanc, la abogada y Castro-Villacañas, se encuentran procesados los altos cargos de la asociación Alfonso Solé, Ángel Garay, María Manuela Mateos, María Isabel Medrano, Hermenegildo García, José Marín y Ramón Perfecto. También se incluye a la mujer de Pineda, María Teresa Cuadrado, y a su secretaria personal, Rosa Isabel Aparicio.

Su puesta en libertad ha tenido efecto después de que este mismo martes abonasen las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, impuesta este lunes por el juez instructor, pese a que el pasado 20 de julio decretó su prisión incondicional. El magistrado también fijó la misma cantidad para el vicepresidente económico del organismo, Juan Antonio Padrón, que también se prevé que salga este martes de este centro penitenciario.

A su salida, Villar ha hecho unas "breves" declaraciones a los medios de comunicación en las que ha agradecido "a todas aquellas personas que han confiado, en privado y públicamente" en él, en su hijo y en el vicepresidente económico y que les ha "defendido". Asimismo, ha dado las gracias y deseado "suerte" a los presos del módulo número 1 de Soto del Real, en el que han permanecido durante estos días, "por el cariño y afecto que han tenido" con ellos.

El juez instructor dictó este lunes un auto en el que puso en libertad provisional bajo fianza a estas tres personas, al entender que "difícilmente podrían obstaculizar la instrucción de la causa", ya que la documentación no puede ser "alterada", ni pueden "influir" en los testigos y en el resto de investigados a los que ya se ha tomado declaración.

Del mismo modo, el magistrado señaló que no existía riesgo de fuga al acordar las fianzas y otras medidas de control, ni ocultar bienes y patrimonio gracias a que sus cuentas están bloqueadas y embargadas. "Resulta oportuno modificar la situación personal" de los tres investigados, dijo el juez de la Audiencia Nacional, tras haber practicado una serie de diligencias como volcado y depósito y custodia de la documentación requerida e intervenida para su análisis, así como las declaraciones de más investigados y testigos.

No obstante, Pedraz indicó que seguirían existiendo motivos para considerarles responsables de haber cometido presuntamente los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Medidas cautelares

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional obliga a estos tres investigados a comparecer semanalmente ante el juzgado, la retirada del pasaporte, además de facilitar un teléfono móvil donde puedan ser localizados y llamados en cualquier momento para ponerse a disposición del juzgado.

El juez instructor explica en el auto del pasado 20 de julio por el que decretó la prisión de estas tres personas y la del secretario de la Federación Tinerfeña Ramón Hernández Baussao —que salió al día siguiente tras pagar 100.000 euros de fianza—, que existen indicios de que Villar creó un entramado, al menos desde 2009, para la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos para garantizar su permanencia al frente del puesto que ostenta desde el año 1988.

Se sospecha que el expresidente ha cometido "excesos administrativos", por un lado, con el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva (que utiliza a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le son contrarios), y por otro, con la concesión de beneficios a los que han favorecido su candidatura.

Red de clientelismo y tratos de favor

El magistrado destacó que se estableció una red de "clientelismo"red de "clientelismo" para la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros. Además, afirmó que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad "de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros".

Respecto al papel de Gorka Villar en la trama, Pedraz apuntó tratos de favor a su hijo a través de la sociedad que administra, Sport Advisers S.L. En concreto, el expresidente de la RFEF se aprovechó de los partidos de fútbol amistosos de la Selección Española de Fútbol con otras como la de Corea del Sur, Venezuela o Chile para beneficiar a su hijo, abogado especialista en derecho deportivo.

En cuanto a Padrón, el magistrado indicó que el vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol medió para favorecer que sociedades cercanas a la trama continuaran como proveedoras de material deportivo a las que se les pagó de más —y cuya ropa "en muchos casos" no se llegó a utilizar— y con las que se ocultaron las comisiones presuntamente cobradas.

El juez que investiga la operación Soule atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción para todos ellos y para el cuarto detenido, el secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández Baussou, a quien envía a prisión eludible bajo el pago de una fianza de 100.000 euros, según informan fuentes jurídicas a las que hace referencia Europa Press.

En el auto, Pedraz les imputa los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares y justifica la adopción de medidas cautelares ante "la gran capacidad económica de la que disponen" y para evitar la obstrucción de la investigación ya que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.

El juez apunta que al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y Mupresfe (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.

El pasado mes de junio, según recoge el auto, el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Pélaez, comunicó a Villar que había dejado fuera de reparto de los presupuestos de la Federación 5.210.000 euros para disposición personal del principal acusado, a quien le llegó a decir que podría emplear esa cantidad para lo que le saliera "de los huevos".

Los cuatro acusados han declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que les ha interrogado por el presunto cobro de comisiones y por los negocios del Grupo Santa Mónica, tras el cual se encontraba el fallecido Jesús Sámper, exmiembro de la junta directiva. La resolución del contrato con este grupo, que adeudaba 20 millones de euros, causó un perjuicio a la RFEF de 51.746.071 euros.

Sobornos para garantizar su reelección

Respecto al presunto cabecilla de esta trama, Pedraz detalla en su auto que Villar cometió "excesos en las facultades de administración" aprovechándose de su posición de dominio en calidad de presidente de la Federación desde 1988 y precisa que existen indicios para afirmar que se garantizó la mayoría necesaria para seguir al frente del organismo.

Concreta dichos excesos en los nombramientos de la Junta Directiva por un lado (que utiliza a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le son contrarios), y por otro, en la concesión de beneficios a los que han favorecido su candidatura. Estas serían la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Federación Cántabra de Fútbol.

Así se desprende de la transcripción de unas grabaciones telefónicas incorporadas al sumario que se atribuyen a Villar, a Padrón y al que fuera entrenador de la Selección Nacional de Fútbol Javier Clemente. En estas se aprecia como el principal acusado le ofrece a José Ángel Pélaez una entrada gratis para la final de la Champions League en Cardiff (Reino Unido) de este año.

Clemente advirtió de la compra de votos

En dichas conversaciones, Clemente le dice a Padrón que Juan Luis Larrea, delegado de la Selección Nacional, está preocupado por tener que pagar 300.000 euros a la Federación Cántabra de Fútbol por unos campos de fútbol que nunca serían de la federación sino del Ayuntamiento. Padrón le responde que Villar no va sino a lo de él y que le importa "tres cojones" la federación.

Igualmente, Clemente advirtió a Padrón de que Villar había comprado votos ya que en su conversación dijo: "Son votos, son votos comprados. ¡Joder Juan!... Apoyos comprados... Decir amén, amén por... llevarse unos dineros", dijo.

Respecto al papel de Gorka Villar en la trama, Pedraz apunta tratos de favor a su hijo a través de la sociedad que administra, Sport Advisers S.L. En concreto Villar se aprovechó de los partidos de fútbol amistosos de la Selección Española de Fútbol con otras como la de Corea del Sur, Venezuela o Chile para beneficiar a su hijo, abogado especialista en derecho deportivo.

Las grabaciones también ponen de manifiesto cómo el presidente de la Federación "ejercía presión" sobre los que pudieran votar una candidatura contraria a la suya en las elecciones del organismo como es el caso del presidente de la Federación de Fútbol Sala de Madrid, Julio Cabello, a quien le expresa sutilmente que le compensará económicamente en el futuro si obtiene su voto favorable.

Indemnizada con 300.000 euros y vuelta a contratar

La investigación, que surge a raíz de una denuncia del Consejo Superior de Deporte (CSD), expone igualmente que una auditoría del organismo concluyó que el promedio de retribuciones anuales a 40 empleados era de 5,5 millones de euros y alertó sobre la contratación excesiva de personal, los altos sueldos y la baja productividad de parte de éste.

Villar también maniobró para que la secretaria general de la RFEF, Esther Gascón, percibiese 300.000 euros en calidad de indemnización por su despido para posteriormente ser de nuevo contratada.

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha solicitado este viernes al Ministerio del Interior, de Exteriores y Defensa los informes relacionados con la investigación del atentado contra la embajada española en Afganistán cometido el 11 de diciembre de 2005 en el que murieron dos policías, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El juez instructor reclama esta documentación dentro de la investigación sobre los fallos de seguridad en la legación diplomática, en la que se encuentran imputados por delito de homicidio imprudente el embajador y el segundo embajador en aquella fecha, Emilio Pérez de Ágreda y Oriol Sola Pardel, respectivamente.

La causa comenzó en noviembre tras una extensa investigación anterior por parte de la Fiscalía. Los familiares de las víctimas acusan en su querella a Pérez de Ágreda de no atender "nunca" las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad para la Embajada, que se remontan al inicio de su construcción, en el año 2008.

Riesgo de ataque

Los denunciantes aseguran que las deficiencias se comunicaron también a Exteriores y que la mañana del día en que se produjo el atentado se alertó, por los servicios secretos franceses, del riesgo de ataque. "Esto debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas" que hubieran evitado la explosión de un coche bomba en los muros de la legación, dicen los familiares.

Las instalaciones de la Embajada, con garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, no eran las adecuadas para el lugar donde se encuentra, añade la querella, que destaca que la sede diplomática está, además, situada fuera del perímetro de seguridad, en un barrio "rodeado de casas de militares y de señores de la guerra".

El domicilio del embajador –que estaba de vacaciones el día que se produjo el atentado– sí se encuentra, no obstante, en la conocida como zona verde. Pérez de Ágreda mantuvo, a pesar de ello, un "mutismo absoluto" sobre estos problemas y "ponía en constante riesgo" a los ocupantes del edificio al permitir "el trasiego de mercaderes" que paseaban por la legación ofreciendo productos como joyas y alfombras, dicen los familiares.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este miércoles la puesta libertad de los dos detenidos como presuntos yihadistas el pasado 28 de diciembre, a los que se atribuyó haber tenido acceso a un kalashnikov, según ha informado Europa Press. El magistrado asegura que los indicios "se han desvanecido" y constata que hubo un confidente que "mediatizó" una investigación policial en la que "no hay dato alguno" que avale el vínculo con el terrorismo.

26 días después de decretar su ingreso en prisión por un delito de enaltecimiento y otro de depósito de armas de guerra, Pedraz justifica en un auto la modificación de la situación en prisión de los dos detenidos, Edrissa Ceesay Sanuwo y Samir Sennouni Mouh, fijándoles la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio y requiriéndoles un teléfono móvil a fin de estar localizados.

El magistrado sostiene que aún no ha podido determinar quién suministró los cargadores y la munición que fueron hallados en la parcela conocida como La Cabaña de Valdebernado. También cuestiona la intención de los detenidos de adquirir armas, algo que habrían hecho "en todo caso mediatizados" por el confidente Manuel Mohamed Rodríguez Mniri, el hispano-marroquí conocido como Lolo o José, "ya que es él quien se pone en contacto con el agente encubierto y dirige las gestiones con él".

En su auto de cinco páginas, Pedraz destaca el papel desempeñado por el confidente, al que los arrestados acusaban de ser "artífice o inductor" de la operación Serkan. Para ello se remite a un informe de la Unidad Central Especial número 2 de la Guardia Civil en la que se da cuenta de los cinco vídeos aparentemente amenazantes de un grupo integrado por hasta cinco jóvenes.

Un segundo informe de la Guardia Civil, remitido al juzgado el 5 de enero, describía a Lolo como una persona "perturbadora, inteligente, manipuladora y colaborador del Cuerpo Nacional de la Policía". El Instituto Armado señalaba que podría haber sido este confidente el que habría "colocado los elementos incriminatorios malintencionadamente para incriminar a terceras personas" y, en todo caso, "careciendo de verosimilitud de amenaza terrorista".

Pedraz detalla las diligencias de una investigación que se inicia cuando la Brigada Provincial de Información de la Policía de Madrid alerta de una organización que supuestamente adquiría armas en Portugal con el interés de venderlas a personas vinculadas a grupos yihadistas. El 19 de enero se pidió a esta unidad un informe "urgente y ampliatorio" tras las dudas suscitadas en el operativo, tomando declaración como testigo al jefe de la brigada y a otros dos agentes.

"Clara contradicción" del confidente

La instrucción, apoyada en el confidente Lolo, llevó a investigar en julio de 2016 y también a descartar la implicación de un carnicero que supuestamente había adoctrinado a los jóvenes para que cometieran acciones terroristas. El juez señala como "llamativo" que sea este colaborador el que suministre al policía los vídeos que alertaron por su potencial amenaza.

"En relación con las armas", recoge el auto, "lo único que consta son los cargadores y munición hallados en la parcela de Valdebernardo, ignorándose quién las ha podido esconder en la misma y por quién fueron adquiridas, y sin que se haya podido determinar que el AK-47 utilizado en los vídeos sea real".

En contra de lo que señaló la Brigada de Información de Madrid, Pedraz asegura que "no consta que en la Cabaña de Valdebernardo tuvieran armas portándolas bajo la ropa y exhibiéndolas sin ningún tipo de reparo".

"Es clara la contradicción de Lolo al decir que compraron armas cuando el propio agente encubierto lo niega, como el resto de los investigados", señala Pedraz, que también califica de "llamativo" que este colaborador de la Policía acuda a la Guardia Civil el mismo día en el que se había practicado el registro en su vivienda.

El instructor de la Operación Nelson en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y de sus empresas satélite en Estados Unidos, Venezuela y Colombia, al mismo tiempo que ha prohibido la venta de los inmuebles que el presunto cabecilla de la trama, Luis Pineda, llegó a atesorar en estos tres países, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado adopta esta decisión tras decretar el levantamiento del secreto de esta pieza separada del sumario sobre la actividades de la trama en los tres países, y al constatar la existencia de "indicios suficientes" de que Pineda creó "un complejo entramado empresarial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, empleado para continuar efectuando el modus operandi de Ausbanc en terceros países, así como aprovechar esa presencia internacional para presionar a las entidades españolas con intereses" en esos Estados.

Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que Pineda creó empresas filiales en los países en los que tenían presencia las entidades bancarias extorsionadas en España: "También se aprecia cómo se distraen los beneficios obtenidos por Ausbanc, ampliando y expandiendo el 'modelo de negocio', y adquiriendo determinadas propiedades en el extranjero", como por ejemplo un apartamento de lujo en Miami (Florida-EEUU) y oficinas en Bogotá (Colombia) y en el área metropolitana de Caracas (Venezuela).

Sociedades "controladas por Pineda"

Estos inmuebles fueron adquiridos por sociedades extranjeras "controladas de una u otra manera por Luis PinedaLuis Pineda", completa el juez en el auto, en el que reclama el auxilio de las autoridades de los tres países para que transfieran al juzgado "los saldos objeto de embargo y bloqueo" en las entidades bancarias Wells Fargo Bank, Banco Universal y Citibank.

Los agentes del Grupo II de Fraude Financiero de la Udef tuvieron acceso a carpetas informáticas que fueron incautadas "en la oficina en la que trabajaba [el imputado] Alfonso Solé Gil", situada en la Avenida de América de Madrid. Y en concreto, en el documento titulado "Transferencias América", los policías descubrieron que la trama detallaba ahí "las diversas transferencias realizadas entre 2010-2015 a las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Venezuela". 

Gracias a este documento, los policías han podido constatar la existencia de "importantes cantidades derivadas a estas entidades en el extranjero, las cuales, además de captar fondos propios con el mismo modus operandi que la matriz Ausbanc, recibían parte de financiación de la propia asociación".

Prohíbe la venta

Este es el motivo por el que el juez Pedraz ordena el bloqueo y el embargo de las cuentas bancarias de la trama en estos países, al mismo tiempo que prohíbe la posible venta de los inmuebles. El propio magistrado explica en el auto que esta decisión pretende impedir "la transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de esos saldos".

Y como estas cuentas y los inmuebles se encuentran fuera de España, el instructor reclama "la cooperación entre países para combatir la amenaza de ocultar los hechos delictivos y el beneficio de sus delitos, nacionales o transnacionales, y evadir las investigaciones y el enjuiciamiento; pues esa facilidad de traspasar fronteras dificulta el intercambio de información, la obtención de pruebas, el rescate de bienes producto de delitos y permite la evasión de responsabilidades, y por ende acarrea impunidad".

El juez reclama a las autoridades de los tres países que identifiquen a los titulares y personas autorizadas, en las cuentas indicadas, y faciliten copia de los contratos de apertura y documentación complementaria. Asimismo, deberán facilitar y remitir "los movimientos bancarios, transferencias realizadas y recibidas, con expresión de la cuenta de origen y destino, ordenante, beneficiario, banco ordenante, banco beneficiario y cuantos datos posea sobre esa cuenta desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad, con el mayor nivel de detalle posible".

En el auto, el juez indica, además, que entre la documentación de Ausbanc se ha detectado una transferencia en 2013 de 169.644 euros para la compra del apartamento en Miami (Florida), que figura a nombre de la sociedad Mdusa International Media Group LLC, en la que figuran como directores Luis Pineda, María Teresa Cuadrado y Ángel Garay Echevarría.

Dinero desde España

Los agentes de la Udef también han detectado dos transferencias de Ausbanc Empresas de 50.345 euros y 36.761 euros con destino a la mencionada firma Mdusa International Media Group LLC en Estados Unidos, según consta en la documentación facilitada por el Banco Santander. Gracias a estos extractos, los agentes han llegado a la conclusión de que la compra del apartamento de Miami "fue adquirido con dinero procedente de la asociación Ausbanc Empresas, objeto de la presente investigación".

En relación con la empresa que Pineda creó en Colombia, que se denomina Mercado de Dinero Colombia, los agentes han descubierto otras dos transferencias desde España a este país sudamericano por un total de 22.000 euros.  Esta sociedad es propietaria, según el juez Pedraz, de al menos un inmueble que estaría valorado, según las cuentas de la empresa, en unos 118.000 euros.

En cuanto a la filial de Ausbanc en Venezuela, también denominada Mercado de Dinero, los agentes han podido descubrir que el presunto cabecilla abonó 100.000 dólares de Estados Unidos para comprar el 100% de las acciones de la empresa, al mismo tiempo que realizó diferentes transferencias de dinero al país sudamericano que habrían servido para adquirir un inmueble de 130 metros cuadrados de superficie en el área metropolitana de Caracas.

Blanqueo y alzamiento de bienes

El juez Pedraz ha acordado librar las comisiones rogatorias después de recibir un informe policial de 25 de noviembre, al que también ha tenido acceso infoLibre, en el que los agentes le pedían que reclamara auxilio judicial a las autoridades de Washington, Caracas y Bogotá por "la gravedad de los delitos cometidos y con el objeto de que no se pueda disponer de un importante patrimonio en el extranjero obtenido principalmente como consecuencia de los delitos investigados".

Además, los policías especifican que el bloqueo de las cuentas tiene como "finalidad última asegurar las posibles responsabilidades civiles que pudieran exigirse a los responsables de los delitos imputados y garantizar el cumplimiento de las sanciones pecuniarias que pudieran imponerse a éstos; así como delimitar las posibles responsabilidades penales por los actos que pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales o de alzamiento de bienes".

El sumario contra la madre de los gemelos de Badalona a los que un captador yihadista trató de enviar a Siria el año pasado ha estado meses descuidado en una cajonera del juzgado de instrucción. Además, el juez instructor reconoce que el proceso siguió indebidamente bajo secreto desde hace más de un año, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre. La mujer, que estuvo veinte meses en prisión preventiva, salió en libertad hace diez días, a tiempo para reencontrarse con sus dos hijos antes del juicio que estos afrontan este lunes.

Rhimou Ben Youssef, de 53 años y nacionalidad marroquí, salió en libertad el pasado viernes 2 de diciembre por la noche y viajó en autobús desde Salamanca hasta su casa en Cataluña, donde vive desde hace diez años. Ella, sus dos hijos gemelos, que tenían entonces 16 años, y su marido, fueron detenidos en Badalona el 31 de marzo de 2015. La Guardia Civil irrumpió de madrugada en el piso familiar, según el comunicado oficial, porque “estaban preparando su partida inminente hacia Siria”. Al día siguiente, el juez de guardia, Pablo Ruz, decretó el secreto de sumario y ordenó el ingreso de los dos hijos en un centro de menores y de la madre en la cárcel. El padre quedó en libertad con cargos.

Veinte meses después, la defensa seguía sin conocer el detalle de los elementos de prueba reunidos por los investigadores contra los padres. “El proceso ha estado paralizado durante más de un año”, denunció el abogado en un escrito del 30 de noviembre pasado. En octubre de 2015, se denegaron “las prórrogas de las intervenciones telefónicas” que justificaban el secreto, por lo que, “desde ese momento”, “debió alzarse el secreto sumarial”, según el auto que el mismo día 30 dictó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz. Durante el último año, por tanto, la causa estuvo durmiendo en un cajón y Ben Youssef, en la cárcel de Topas, en Salamanca.

Los dos gemelos, en libertad vigilada desde hace meses, declararán este lunes por videoconferencia desde Barcelona en el juicio oral a celebrar en el Juzgado de Menores de la Audiencia Nacional. Las partes pactaron una condena de “dos años de libertad vigilada” para ellos, según su defensa. “Mis hermanos han vuelto a la normalidad. Están estudiando un curso de electricidad”, según Raouia. Los padres esperan la fecha de su propio juicio oral.

“Absoluto abandono”

Desde julio pasado, la funcionaria encargada de la tramitación del expediente contra los padres señaló en los registros de control interno, en al menos dos ocasiones, que la causa la había subido a Fiscalía. “La funcionaria se fue del juzgado en noviembre y cuando llegó la persona sustituta se encontró con que el sumario estaba en una cajonera”, explicó el juez Pedraz a infoLibre.

El personal que tramita y gestiona los expedientes depende jerárquicamente del letrado de la Administración de Justicia (el antiguo secretario judicial) destinado en cada juzgado. Según fuentes solventes del juzgado, a la funcionaria “se le va a abrir un expediente”, aunque la Secretaria del Juzgado Central de Instrucción número 1, Silvia Martínez, no quiso confirmarlo ni desmentirlo: “Eso es competencia del Ministerio de Justicia”, dijo. “La causa ha estado parada más de un año”, según Pedraz: “Es una cosa grave porque la mujer [Rhimou Ben Youssef] estaba presa”.

El abogado de Ben Youssef, Jacobo Teijelo, que defiende también a los dos menores, había denunciado el “absoluto abandono del mínimo cuidado debido” y solicitado la “inmediata puesta en libertad” de su defendida, según su escrito. La fiscal, Dolores Delgado, se opuso a la puesta en libertad de Ben Youssef. Sin embargo, el juez Pedraz dictó libertad provisional “dado que prácticamente ha concluido la instrucción” y no aprecia riesgo de fuga, según un auto del 2 de diciembre pasado.

Desde un principio, la familia “ha reconocido los hechos” y “ha aportado cuantos datos conocía en relación con el verdadero autor de los mismos”, alega la defensa en el escrito presentado. “Cuando pasó todo esto, mis hermanos estaban en Marruecos, nosotros no podíamos notar el cambio”, dice Raouia, de 20 años, la única chica de los cuatro hijos del matrimonio. Un vecino de Tetuán llamó al padre para alertarle de que los dos menores “andaban con un tipo que envía gente a la guerra”, según cuenta Raouia por teléfono. “Mi madre se los trajo al día siguiente y les quitó el pasaporte para que no pudieran viajar”, añade.

Rhimou Ben Youssef sabía de lo que hablaba su vecino. Su hijo mayor, nacido de un matrimonio anterior, había muerto un año antes en Siria, donde se había enrolado en uno de los grupos yihadistas. “El vecino llamó por la mañana y mi madre viajó por la tarde para traérselos”, según Raouia. De las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, sin embargo, se aprecia también cómo la madre acabó postrándose ante la insistencia del captador y sugiriéndole que les hiciera llegar el dinero del viaje a través de Western Union. La fiscal encargada de la causa de los padres, Dolores Delgado, ultima ahora el escrito de acusación que deberá elevarse a la Sala de lo Penal, encargada de juzgar a los progenitores.

El patrono de la Fundación Bancaria Unicaja, José Luis Gómez Boza, identificado por la Policía como la persona que alertó al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, de que estaba siendo investigado, ha negado este viernes en la Audiencia Nacional haber advertido del procedimiento judicial, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Boza ha declarado como imputado ante el juez Santiago Pedraz después de que la Policía apuntara, en un informe, que él fue la persona que dio el "chivatazo". Pineda conocía antes de su detención en abril que estaba siendo investigado.

El aviso se produjo después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reclamara a este banco datos sobre los ingresos y movimientos de cuentas de Pineda. Este "chivatazo" provocó que el presidente de Ausbanc remitiera una carta a varios medios de comunicación, fechada el 4 de abril, en la que aseguraba que la Fiscalía estaba investigando a la asociación.

"Las personas, instituciones y empresas que se relacionan con Ausbanc están recibiendo cartas de la Fiscalía que no hacen más que perjudicar nuestra imagen y ya veremos si terminan incluso poniendo en marcha una querella", decía Pineda en esta misiva.

La investigación posterior condujo a concretar que el autor de ese aviso acudió a un acto un mes antes de los arrestos en Sevilla. Los agentes concluyeron que la única persona presente en aquel encuentro público y procedente de Unicaja fue el citado Boza y dedujo que fue, por tanto, quien dio la advertencia a Pineda.

Por otra parte, el abogado y empresario José María Mas Millet ha admitido ante el magistrado que una persona de La Caixa le puso en contacto con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, que quería que le asesorara en la elaboración del documento mediante el que el sindicato Manos Limpias retiraba su acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos, han informado fuentes jurídicas.

Mas Millet, que ha declarado como testigo, ha explicado que preparó el escrito que debía presentar Bernad ante la Audiencia Nacional de Palma. El documento nunca llegó a registrarse en el Juzgado.

Empresario de la seguridad

El juez Pedraz ha interrogado también este viernes al propietario de la empresa de seguridad LPM SL Lorenzo González. Según ha reflejado el magistrado en varios de sus autos y han declarado algunos testigos, Bernad empleó esta empresa como "escudo" en uno de los primeros intentos de extorsión relacionado con su acusación contra la Infanta Cristina y solicitó dos millones de euros como "ayuda" a Lorenzo González, que atravesaba en aquel momento serios problemas económicos.

Ha precisado que contactó con Bernad en un intento desesperado por buscar financiación y concretado que el secretario general de Manos Limpias le recomendó que se viera con Francisco Nicolás Gómez, El pequeño Nicolás.

El dueño de LPM ha declarado que llegó a comer con éste último y una tercera persona que dijo ser miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pagó aquel almuerzo y se fue con la sensación de que le habían engañado.

González ha reconocido, además, que mantuvo un encuentro junto a Bernad en el banco catalán donde se trató su necesidad de efectivo para reflotar su compañía y también se habló del caso Nóos.

Ronda de testigos

Pedraz ha citado a otros 10 testigos, en su mayoría directivos de bancos como el Santander (declarará su dircom) Liberbank y el Grupo Volkswagen para los próximos días. Además, ha librado exhortos a juzgados de Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid para que se le remitan las actuaciones relacionadas con Antonio Ballabriga, jefe de Reputación Corporativa de BBVA, que fue acusado por Manos Limpias en el marco del caso Noos; el expresidente de Unicaja Braulio Medel, el responsable de comunicación de Facua Rubén Sánchez; el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; y el que fuera delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos.

El titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado crear en el caso Ausbanc-Manos Limpias una pieza separada secreta tras tener conocimiento de nueva información facilitada por las entidades bancarias presuntamente extorsionadas por el presunto cerebro de la red corrupta, Luis Pineda, y contra el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

Tanto Luis Pineda, el creador de Ausbanc y sus asociaciones y empresas satélite, como el jefe de la segunda organización bajo sospecha, Miguel Bernad, de Manos Limpias, permanecen en prisión provisional sin fianza desde abril.

Pedraz acuerda el secreto, por un plazo de un mes, después de recibir un informe del Grupo II de Fraude Financiero de la Udef-Central "en el que se expone una serie de conclusiones a las que ha llegado en el marco de la investigación", especifica el magistrado en un auto de este miércoles 30 de noviembre difundido a las partes personadas en el caso.

"Tras el análisis de efectos informáticos incautados y de nueva información facilitada por entidades bancarias, [la Policía Judicial] termina solicitando la práctica de determinadas diligencias de investigación sumarial para el aseguramiento de pruebas y comiso de efectos de los delitos de amenazas y administración desleal que se atribuye a la organización criminal investigada en este procedimiento", explica Pedraz, en referencia a Manos Limpias y Ausbanc.

Trece testigos

Pedraz interrogó en junio pasado a trece testigos, entre los que se encontraban el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, uno de los abogados de la infanta Cristina Miquel Roca, el directivo de Caixabank Jaume Giró y el de Banco Sabadell Gonzalo Barettino. 

También fueron citados altos directivos de BBVA como Ignacio Moliner y Javier Ayuso [este ya no trabaja en el banco], así como el exresponsable de Comunicación de Caja Madrid Juan Manuel Astorqui, el presidente de Crédit Services Francisco Javier López, el expresidente de Novacaixagalicia Banco José María Castellano Ríos, el directivo de Caixa Catalunya Joan Rafols Llach y los abogados Ramón Luis García Torre y Monserrat Trinidad Suárez Abad.

Tal y como publicó infoLibre tras estas declaraciones se tuvo conocimiento de que la caja que presidía el exministro Narcís Serra y ahora denominada Catalunya Banc, grabó en noviembre de 2008 cómo Pineda le pidió medio millón de euros a cambio de "pasar página" tras una sentencia del Supremo que dos meses antes y tras un proceso emprendido por la asociación había confirmado la ilegalidad del redondeo al alza en los créditos hipotecarios de esta entidad financiera.

Contra Catalunya Banc

Si el acuerdo no llegaba a materializarse, Ausbanc amenazó con movilizar a los afectados que hasta entonces no habían efectuado ninguna reclamación a la entidad. "Nos tocará mover la bandera", fue la advertencia literal. La hizo el propio Pineda en una conversación telefónica grabada por los directivos de la caja, y que fue aportada al juez Pedraz.

Los dos directivos de Catalunya Banc que  declararon como testigos aseguran que la entidad no pagó. Y que cumpliendo su aviso, Pineda organizó una manifestación en 2009 ante la sede central de Catalunya Banc, ahora propiedad del BBVA.

La primera de las dos transcripciones, cuyo contenido publicó infoLibre, muestra cómo la directora de la asesoría jurídica de Ausbanc, la imputada Manuela Mateos, cifra en 500.000 euros el precio de la paz durante una reunión con el director de la asesoría jurídica de Caixa Catalunya, Ramon Lluis Garcia Torné. Según su testimonio, la reunión se celebró el 12 de noviembre de 2008.

"Un acuerdo razonable"

La segunda transcripción muestra cómo días después -el 27 de noviembre de aquel año- es el propio Luis Pineda quien lanza un aviso durante una conversación telefónica con el mismo Garcia Torné: o ambas partes alcanzan un "acuerdo razonable" o Ausbanc "moverá la bandera" para que los afectados conozcan la sentencia del Supremo y reclamen la devolución de cantidades indebidamente cobradas.

Fue la subordinada de Pineda quien se encargó de transmitir en persona a la caja las condiciones de Ausbanc: que la caja aceptase entregar a la asociación 250.000 euros para que esta compensara a los afectados de forma "extraprocesal" y se quedase con la parte que nadie reclamara en dos años. Y que Caixa Catalunya aceptase asimismo suscribir un convenio con la asociación por otros 250.000 euros en concepto de colaboración institucional.

En la conversación que su jefe mantuvo días después con el mismo directivo de Catalunya Banc, Pineda se declara dispuesto a firmar la paz, a no volver a mencionar a la entidad como "ejemplo malo" y a "pasar página" de forma que ambas partes, la caja y asociación, "rememos en la misma dirección".