El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que convocará al Consejo Territorial de Memoria Democrática para aprobar otra partida de tres millones de euros con la que espera completar las 10.000 exhumaciones pendientes de la Guerra Civil y la dictadura, según informa EFE.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha dicho que espera contar con el respaldo de las comunidades autónomas para aprobar estos tres millones de euros y que "nadie vote en contra", aunque se produzcan abstenciones para poder recuperar "los cuerpos que quedan del lado vencido por defender la democracia y la República".

Torres ha dicho que esta nueva partida permitirá seguir con estos trabajos que se llevan a cabo en las comunidades autónomas con los cabildos y los ayuntamientos para que cualquier persona que pueda ser sacada de una fosa o un pozo o cuneta tras perder la vida de manera violenta pueda ser devuelta a sus familiares.

El ministro además ha anunciado que el próximo día 27 de febrero se va a designar como primer lugar de Memoria en Canarias a la antigua colonia penitenciaria de Tefía, que fue centro de reclusión y trabajos forzados por ser homosexuales durante la dictadura franquista. Será un homenaje a todo el colectivo LGTBIQ+, por lo que será un día "muy importante en defensa de la libertad y de la orientación sexual". Torres ha recalcado que los jóvenes deben saber que a los homosexuales se les sometía a trabajos forzados durante la dictadura de Franco. 

El acto de Fuerteventura contará con la presencia de todas las administraciones canarias, el Gobierno de España y los colectivos LGTBIQ+.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a la exposición El viaje de Celia en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde se aborda el auge de la literatura infantil durante la República y su transformación tras la llegada de la dictadura franquista.

El Gobierno y RTVE han presentado El país de las 6.000 fosas, el primer mapa interactivo audiovisual que reúne información sobre las fosas comunes documentadas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La iniciativa, fruto de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Corporación RTVE, permite geolocalizar alrededor de seis mil enterramientos y acceder a documentación y vídeos sobre las víctimas y los trabajos de exhumación realizados en los últimos 25 años.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Instituto Cervantes, con la participación del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la comisionada para los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán; la consejera de RTVE Rosa León; y el director del Cervantes, Luis García Montero.

El proyecto, disponible en la web de RTVE, ha sido elaborado por un equipo interdisciplinar de la Dirección de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, en colaboración con el archivo documental y los centros territoriales de la radiotelevisión pública. A partir de la base de datos del Ministerio, el equipo ha revisado y ampliado la información, incorporando materiales audiovisuales, fotografías y testimonios cedidos por comunidades autónomas, asociaciones memorialistas y familiares de las víctimas.

La herramienta incluye un buscador que permite filtrar las fosas por estado actual —exhumadas, no exhumadas o trasladadas al Valle de Cuelgamuros— y por localización geográfica (comunidad autónoma, provincia o municipio). También es posible buscar por el nombre de las víctimas.

Además de los datos técnicos, el mapa propone una narración humana de la memoria a través de seis categorías temáticas: grupos represaliados, nombres propios y personajes destacados, mujeres en fosas, objetos hallados en exhumaciones, lugares de enterramiento y ‘exhumaciones tempranas’, realizadas durante la dictadura o la transición.

Según Fernando Martínez, la creación de este mapa reivindica la memoria de las víctimas, "no para reabrir heridas, sino lo contrario”. Además, el secretario de Estado de Memoria Democrática ha subrayado que los familiares de las víctimas “nunca se les dejó hacer el duelo” y que “las fosas de los vencedores fueron reconocidas todas, pero las de los vencidos no han sido desenterradas hasta la democracia, y no sin dificultades”.

Durante el acto de presentación donde Martínez ha hecho estas declaraciones, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha querido agradecer la decisión de presentar en la institución “este proyecto que pone la memoria al alcance de todos y hace visible lo que demasiado tiempo quedó oculto”.

Este martes se cumplen 25 años desde que España comenzó a destapar las cunetas del franquismo. El 21 de octubre del año 2000, la excavación de Priaranza del Bierzo, en la que se exhumaron de forma científica los restos de trece desaparecidos republicanos, marcó el inicio de un proceso de recuperación de la memoria que aún no se ha cerrado. Durante décadas, los cuerpos de decenas de miles de personas asesinadas y enterradas en fosas comunes o cunetas tras la Guerra Civil permanecieron relegados al olvido por parte del Estado.

La respuesta a esta desmemoria no llegó hasta 2007 con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, que se reforzó hace tres años con la Ley de Memoria Democrática. Unas normas que han conseguido imponer al Estado la responsabilidad de localizar desaparecidos, identificar restos y generar un "mapa integrado de localización de personas desaparecidas". No obstante, la memoria también ha sido objeto de disputa política durante estos años. En las legislaturas de Mariano Rajoy se vació de presupuesto la aplicación de la norma y, en los últimos años, varios gobiernos autonómicos de PP y Vox han intentado volver a frenar la legislación vigente.

El historiador Gutmaro Gómez Bravo señala que "la memoria no puede depender solo del voluntarismo" y advierte de que "tenemos que conocer el pasado para comprenderlo". "No vamos a poder resarcir a esa generación que se ha quedado sin ver los restos de sus familiares, pero sí podemos denunciar las atrocidades que realizó el régimen franquista", añade.

La dictadura de Franco no solo organizó la violencia, sino que también trató de imponer su propio relato realizando las primeras exhumaciones de los fallecidos en la Guerra Civil. A través de la Causa General —una instrucción judicial y militar que arrancó en 1939 con el objetivo de depurar a los "enemigos de la patria"—, el régimen investigó los supuestos delitos del bando republicano y llevó a cabo sus propias exhumaciones, traslados y ceremonias para los muertos de su bando.

Entre 1939 y 1959, miles de cuerpos fueron trasladados a cementerios, parroquias y panteones militares bajo inscripciones conmemorativas con misas y desfiles oficiales. El principal destino de esa movilización masiva de restos fue el Valle de Cuelgamuros. En su basílica reposaron 33.847 cuerpos procedentes de al menos 480 fosas comunes de todas las provincias españolas, trasladados sin consentimiento de las familias y en condiciones de total opacidad. Un tercio de esos cuerpos no fue siquiera identificado y, entre ellos, se incluyen también víctimas republicanas.

La arqueóloga forense Laura Muñoz Encinar explica que estas exhumaciones fueron "una práctica forense negligente y profundamente propagandística", enmarcada dentro de "una operación política y moral para legitimar la victoria franquista". "Las víctimas del otro bando quedaron fuera de toda reparación, y las fosas de los vencidos se convirtieron en una pedagogía del miedo, un recordatorio físico del castigo y de quién tenía el poder", subraya.

No será hasta comienzos del siglo XXI cuando se produzca una movilización desde la sociedad civil que permita empezar a reconstruir una memoria que tenga en cuenta a las víctimas de la represión franquista. La intervención en octubre de 2000 en Priaranza del Bierzo (León) inició el proceso para identificar científicamente a los desaparecidos y descubrir la magnitud de los crímenes. Muñoz detalla que en este contexto se produjo un cambio importante, ya que "las familias no solo querían encontrar a sus desaparecidos, sino también saber lo que había pasado". "Las víctimas ya no querían únicamente exhumar los cuerpos para enterrarlos en los cementerios de sus localidades, sino reconstruir los hechos, y para eso se necesitaban datos científicos", detalla la arqueóloga forense.

En ese ambiente surge la primera ley de memoria, aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoció por primera vez los derechos de las víctimas de la Guerra Civil. No obstante, según Gómez, "delegaba la responsabilidad en las familias y dejaba muchos vacíos". El avance, sin embargo, se vio abruptamente interrumpido. Con la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2011, la ley de 2007 no fue derogada, pero la financiación se esfumó al no destinarse ninguna partida presupuestaria para su aplicación.

Muñoz recuerda que "fue un nuevo golpe para las familias por parte del Estado", aunque se realizaron trabajos a nivel autonómico. "Gobiernos como los de Baleares, Extremadura o Andalucía tuvieron que desarrollar sus propias leyes para poder tener líneas de actuación a nivel autonómico y continuar con las excavaciones. Sin embargo, algunos proyectos que ya estaban en marcha se paralizaron en 2012", aclara la arqueóloga.

El Estado no asumirá la gestión pública hasta la entrada en vigor, en 2022, de la Ley de Memoria Democrática. Por primera vez, el Estado se responsabiliza de la búsqueda de desaparecidos, de crear un mapa estatal de fosas y de establecer mecanismos de financiación plurianuales para exhumaciones, análisis forenses y actuaciones en archivos. Una norma que, según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha permitido la recuperación de más de 8.941 cuerpos desde 2019.

Pese al aumento de las intervenciones, uno de los principales problemas radica en la identificación. De los casi 9.000 cuerpos encontrados, solo 70 han sido identificados genéticamente y devueltos a sus familias. Los expertos explican que este proceso depende de la confluencia de varias variables: familiares disponibles para la toma de muestras, material genético conservado y una infraestructura científica coordinada. En cambio, Gómez pone el foco en que "no existe un banco nacional de ADN plenamente operativo, sino registros dispersos en distintas comunidades autónomas y universidades". Además, recuerda que se trata de una iniciativa prevista en la última ley.

No obstante, Muñoz matiza que "poner el foco solo en el ADN es un error", porque "la memoria también necesita documentos, archivos y testimonios que completen la historia de las víctimas". "Es una tarea muy complicada por varios motivos: la conservación del ADN es muy limitada, los familiares han muerto o no son genéticamente viables, y a veces ni siquiera existen registros de las víctimas".

A ello se suma la falta de continuidad presupuestaria, que deja los proyectos a expensas de los ciclos políticos. Gómez advierte que "cada cambio de gobierno significa volver a empezar, y eso genera desánimo, especialmente entre las familias que ya llevan un cuartos de siglo esperando una respuesta". Muñoz concluye que la exhumación es "una herramienta de reparación y de conocimiento", pero también un espejo de nuestra democracia. "Cada fosa que no se abre es un silencio que sigue vigente y mientras eso ocurra, la herida seguirá abierta", añade la arqueóloga forense.

La fosa común del cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona), la mayor de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil y donde murieron fusiladas 1.200 personas de derechas o creyentes, se ha incorporado oficialmente este sábado a la Red de Espacios y Memoria Democrática de Cataluña, según recoge EFE. 

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, han presidido hoy un acto celebrado en el cementerio para escenificar la incorporación de la fosa a la Red de Memoria.

El cementerio de Montcada alberga la mayor fosa común de represaliados de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, de la que solo se conserva un parte: entre julio de 1936 y mayo de 1937 fueron enterradas en ella cerca de 1.200 víctimas de la violencia política y social desatada tras el golpe de estado.

Los ejecutados que fueron enterrados en esta fosa fueron, en su mayoría, personas represaliadas por sus creencias religiosas, su militancia en formaciones catalanistas de derecha o centroderecha o por pertenecer a familias acomodadas. 

Entre 1937 y 1938, la propia Generalitat republicana nombró a un juez especial encargado de investigar los hechos. Fueron exhumados entonces 450 cuerpos, 155 de los cuales pudieron ser identificados.

Posteriormente, entre abril y julio de 1940, el régimen franquista reanudó los trabajos de exhumación y recuperó otros 748 cuerpos, mientras que el resto de cadáveres no identificados fueron enterrados de nuevo en la fosa común.

Durante su intervención en el acto, Espadaler ha destacado que la incorporación del cementerio de Montcada a la red de espacios de memoria constituye un "acto de justicia, de reparación", que pretende "curar heridas y no dejar caer en el olvido ese espacio de dolor".

Las familias de cinco víctimas fusiladas hace 89 años en Nigüelas (Granada) han recibido los restos exhumados de una fosa común en un acto en el que han reclamado justicia para los represaliados, según informa EFE. 

Cerca de dos centenares de personas han arropado a los familiares durante la entrega de los restos de las víctimas efectuada este sábado en la Casa de la Cultura de Nigüelas, un acto en el que los familiares han reclamado su derecho a enterrar y recordar a las víctimas "para que el fascismo no vuelva a asesinar la democracia". 

El laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada (UGR) identificó el pasado marzo los restos de cinco asesinados hace 89 años, víctimas y enterrados en una fosa común. 

Se trata de Juan Antonio Pérez Ortega, Francisco Tito Mingorance, Francisco Ruiz Pérez, Ángel Matarán Muñoz y su hijo, Alfonso Matarán de Vicente, que fueron secuestrados, asesinados y hechos desaparecer por el fascismo.

En el acto han participado dos de los responsables de la exhumación de la fosa, el historiador e investigador Alfredo Ortega López y el arqueólogo miembro del proyecto multidisciplinar ArqueoAntro, Alejandro Calpe Vicente, encargados de explicar el trabajo desarrollado en la fosa. 

También ha participado la periodista y escritora Nieves Concostrina, que ha reclamado el reconocimiento de las víctimas de la ultraderecha y la recuperación de la memoria histórica en los centros educativos. 

El equipo ArqueoAntro ha actuado en esta fosa común con veinte víctimas, una zanja de metro y medio de profundidad en la que todos los represaliados presentaban signos de violencia, muchos maniatados y con impactos de proyectil, y algunos de entre 14 y 18 años.

Entre las víctimas identificadas están el maestro de Alhendín Ángel Matarán, fusilado junto a su hijo Alfonso el 13 de agosto de 1936, acusado de mantener una actitud antirreligiosa por cerrar los balcones de la escuela cuando pasaba una procesión.

El maestro también fue acusado de retirar los crucifijos de su escuela, tal y como ordenaba una circular del Ministerio de Instrucción Pública en pos de una enseñanza laica.

Cuando fueron asesinados, el maestro tenía 49 años y su hijo 19, un episodio que hizo que la viuda, maestra que fue apartada de la enseñanza, se refugiase en el barrio granadino del Albaicín. 

El acto de entrega de los restos a sus familiares contó además con la música del cantaor Juan Pinilla Martín, acompañado a la guitarra por Pablo Escudero; y del cantante de Niños Mutantes, Juan Alberto Martínez Yáñez, acompañado al piano por Toni Jiménez, con una composición inédita dedicada a las víctimas.

Juan Antonio Pérez Ortega fue asesinado de varios tiros en la nuca delante de sus hijos, mientras que Francisco Tito Mingorance, guardia civil, fue secuestrado y ejecutado por sus compañeros y su rastro se borró de los registros de este cuerpo armado.

Un informe técnico encargado por el Departamento de Justicia de la Generalitat ha identificado a 164 de las 700 personas enterradas en la fosa común del cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona), la mayor de represaliados de la retaguardia de la Guerra Civil en Cataluña.

Según ha informado el Departamento catalán de Justicia en un comunicado, el estudio técnico es fruto del encargo que el Departamento de Justicia hizo en 2023 al profesor de historia contemporánea de la Universidad de Barcelona (UB) Oriol Dueñas para documentar al detalle la fosa común de Montcada.

El informe ha permitido identificar a 164 de las 700 personas que permanecen enterradas en la fosa, así como sacar a la luz los 455 nombres de víctimas que fueron exhumadas de la fosa entre la Guerra Civil y la posguerra.

El informe identifica también a siete de las ocho personas que, tras ser exhumadas de la fosa de Montcada, fueron sepultadas por las autoridades franquistas en el Valle de los Caídos, ahora denominado de Cuelgamuros.

Los datos que el estudio ha sacado a la luz confirman que la fosa del cementerio de Montcada es la que albergó más restos mortales de represaliados en la retaguardia de la Guerra Civil en Cataluña, aunque hoy en día solo se conserva una parte de la misma.

En esa fosa fueron enterradas centenares de personas, en los actos de violencia que se desencadenaron en Barcelona y el área metropolitana durante los primeros meses de la Guerra Civil.

El objetivo del informe encargado por el Departamento de Justicia es doble: ampliar el conocimiento científico sobre la fosa común de Montcada como "servicio público" y, al mismo tiempo, "dignificar la memoria de las víctimas", lo que según el director de Memoria Democrática, Xavier Menéndez, supone un "deber y un compromiso institucional".

En ese sentido, el trabajo apunta a la necesidad de señalizar los diferentes espacios del cementerio para que sean reconocidos como lugares de memoria y se divulguen desde el punto de vista de la narrativa histórica de la memoria democrática.

De hecho, la Dirección General de Memoria Democrática se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Montcada para llevar a cabo la señalización de la fosa, de acuerdo con los criterios de la Red de Espacios de Memoria Democrática en Cataluña.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y los Gobiernos autonómicos han aprobado este jueves el reparto a las comunidades de tres millones de euros para este año, que irán destinados a localización, exhumación e identificación de los cadáveres, así como a la divulgación de los hallazgos en las fosas y a la "dignificación" de los lugares de memoria, según ha recogido Europa Press.

Así lo ha explicado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Consejo Territorial de Memoria que ha tenido lugar este jueves en la sede ministerial, en la que las comunidades y el Gobierno han aprobado este reparto con la abstención de las regiones gobernadas por el PP.

Según ha detallado, 1,6 millones de euros irán destinados a las comunidades que tienen un mayor número de fosas, mientras que casi 400.000 euros se reparten en función de si las regiones tienen o no fosas comunes. El millón restante está guardado para dar a conocer y divulgar los hallazgos que se han realizado en fosas y también la dignificación de esos lugares de memoria.

La comunidad autónoma que más fondos recibirá de estos tres millones destinados a memoria para este año será Andalucía, a la que se le transferirán más de 520.000 euros para estas labores. Le sigue Cataluña en segundo lugar, con un importe cercano a los 420.000 euros. Castilla-La Mancha será la tercera región que más recibirá, hasta los 313.874 euros.

Tras estas regiones se sitúan la Comunidad Valenciana (289.327 euros); Castilla y León (226.760 euros); Extremadura (192.422 euros); Navarra (140.974 euros); Aragón (126.759 euros); Baleares (124.195 euros); Asturias (105.815 euros); Galicia (77.686 euros); Canarias (74.104 euros); Cantabria (70.163 euros); Euskadi (70.419 euros); Murcia (65.032 euros); La Rioja (59.119 euros); Madrid (58.829 euros); Ceuta (31.868 euros) y Melilla (31.758 euros).

Asimismo, el secretario de Estado ha explicado que el Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas "la necesidad de conocer" que ya existe un 'software' para el Banco Estatal de ADN, que se ha adquirido por el Estado para la búsqueda de identificación de cadáveres y de personas desaparecidas.

"En el Consejo se ha planteado la posibilidad de aquellas personas que quieran dar muestras de ADN para si en un futuro se pueden encontrar los cadáveres de sus antepasados se pueda realizar, lo vamos a hacer a través de los laboratorios", ha añadido el secretario de Estado.

Otro de los acuerdos del Consejo tiene que ver con los representantes de las comunidades autónomas en las comisiones técnicas aprobadas por el Gobierno sobre memoria. En la comisión de reconocimiento del Pueblo Gitano, los representantes serán de Extremadura y Asturias, mientras que en la de descripción del conjunto de medidas desde la llegada de la democracia serán Navarra y Cataluña.

En cuanto a las discrepancias suscitadas con las leyes de concordia en algunas comunidades gobernadas por el PP, que han llevado incluso al Gobierno a presentar un recurso ante el TC por la ley de Aragón, el secretario de Estado ha dicho que no se ha hablado sobre ese tema en la reunión de este jueves.

En Paterna, en Pico Reja, en Ceares, en San Rafael de Córdoba, en Fregenal de la Sierra, en La Pedraja, en más de 4.000 fosas comunes, Antígona aguarda. 

Para poder emprender el viaje al otro mundo los muertos deben ser enterrados dignamente, llorados por los suyos. Escribe Ovidio en las Metamorfosis: “Faltándoles quienes lloren por ellos / sin poder descender vagan errantes”. El duelo es un ritual con hondas dimensiones emocionales en todas las culturas, una herida sin cerrar para los vivos si no pueden despedir a sus muertos. Al narrar la guerra de Troya, Ovidio refiere como Hécuba, tan desposeída, deja sobre el túmulo de Héctor “pobres ofrendas funerarias, un cabello y sus lágrimas”. Un cabello arrancado, unas lágrimas, es más de lo que miles de familiares de asesinados por los franquistas han podido depositar sobre sus cuerpos. El derecho a enterrarlos de forma digna les fue negado. El mito de Antígona, que arriesga su vida por realizar unas exiguas honras fúnebres a su hermano, resuena a través de los siglos cuando interpela a Creonte: “No creía yo que tus órdenes pudiesen prevalecer sobre las leyes no escritas”.

Hay más de 4.000 fosas en todo el país, la mayoría en cementerios, entre 120.000 y 140.000 desaparecidos que fueron arrojados a ellas amontonados, sin identificar, en muchos casos sin notificárselo a las familias. Los números sobrecogen. Sólo en Camboya hay más fosas comunes que en España. Cabe recordar que los fusilados eran leales al gobierno republicano legalmente constituido, su único delito era ser alcaldes, concejales, afiliados a un sindicato, maestros como Antoni Benaiges cuya historia recrea El maestro que prometió el mar. El cuerpo de Antoni podría estar en La Pedraja, pero aún no ha sido identificado.

Imitando a Creonte, la dictadura franquista prohibió a los familiares llevar a cabo el duelo, hacerlo público. Decretó muerte física y olvido, muerte simbólica. Siguiendo a Antígona, las familias, sobre todo las viudas, idearon mil formas de llorarlos. En la estremecedora exposición, Arqueología de la memoria: Las fosas de Paterna, en el Museo de Prehistoria de Valencia hasta abril de 2024, hay fotografías de reuniones en torno a las fosas el día de Todos los Santos, único en el que eran toleradas; en la fosa 112, en 1944, mujeres serias vestidas de negro, flores, retratos. Hécuba se arrancaba un cabello para dejarlo junto a su hijo, en Paterna se han recuperado ramos de flores que las familias pudieron arrojar sobre los cuerpos de los suyos, botellitas de vidrio que contenían un papel con el nombre. En El abismo del olvido Paco Roca y Rodrigo Terrasa han recreado la historia del enterrador de Paterna, Leoncio Badía, que se jugó la vida colocando las botellitas junto a los cadáveres, entregando a los familiares pedacitos de tela o botones. Para marcar las fosas las familias colocaban azulejos con los nombres, al cabo de un tiempo aparecían rotos, según los testigos la Guardia Civil los partía a culatazos. Con un propósito semejante, a martillazos, han sido destruidas en 2019 por orden del Ayuntamiento de Madrid las placas con nombres de los republicanos fusilados del cementerio de la Almudena.

Hablamos de fosas en plural, en el cementerio de Paterna hay 150 en las que están la mayor parte de las 2.238 personas asesinadas en el paredón del Terrer entre 1939 y 1956. Sólo hay un lugar con más fusilados, hasta 3.000, entre 1939 y 1943: las tapias del Cementerio del Este de Madrid. Fusilamientos a lo largo de muchos años no son una reacción en caliente. En Paterna algunas de las fosas tienen hasta seis metros de profundidad, con cinco sacas apiladas. Excavar seis metros muestra la premeditación. A la muerte se añaden otras formas de vejación, se entierran los cuerpos boca abajo, haciéndoles comer tierra, del mismo modo que Aquiles arrastra el cadáver de Héctor. La arqueóloga Laura Muñoz Encinar ha documentado violencias específicas sobre las mujeres y sus cadáveres, violaciones antes de ser fusiladas, inhumación entre dos cuerpos de hombres. Se arrojaron a las fosas mezclados con otros cadáveres, lo que dificulta su identificación. El duelo, necesariamente privado, por estas mujeres, por estos hombres, ha tomado formas como fotografías familiares de vivos en las que se inserta el rostro del fusilado, prácticas que analiza el libro de Jorge Moreno Andrés El duelo revelado, publicado por el CSIC en 2019.

Antígona tiene nombre, es Ascensión Mendieta, que con 91 años recuperó el cadáver de su padre en el cementerio de Guadalajara, historia narrada en el filme El silencio de los otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar. Se llama Pepica Celda, cuya historia narra El abismo del olvido, Benita Navacerrada, que aguarda encontrar a su padre en Colmenar Viejo. Es Beatriz Alonso, María Luisa Pérez, Antonio Martínez, en Pico Reja, de Sevilla, la mayor fosa común de Europa occidental, después de Srebrenica, en la que podría estar Blas Infante. Antígona tiene nombre y no debería aguardar otros ochenta años. La mayor parte de las exhumaciones se han iniciado gracias a la iniciativa de las familias, es un deber social que sean impulsadas de forma sistemática por el gobierno. Frente al olvido decretado por los tiranos, demos la victoria a Antígona.

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Marilar Aleixandre es escritora y premio nacional de narrativa 2022.

Las fosas comunes del cementerio de Sevilla son un rompecabezas. La investigación historiográfica ha concluido que miles y miles de víctimas del franquismo yacen arrojadas sin orden ni reconocimiento, pero apenas existe la plena certeza de algunos cientos de nombres inscritos en el registro municipal. Lo que hay bajo tierra es un sórdido totum revolutum de huesos de fusilados allí mismo y en tapias cercanas, de muertos en cárceles y campos de concentración o en enfrentamientos con las tropas sublevadas, o de víctimas del hambre y de la pobreza a los que se enterraba gratuitamente junto a los represaliados. Hoy el puzle sigue lejos de estar completo; probablemente jamás llegue a estarlo, porque parte de la misión del conjunto de fosas del cementerio de San Fernando era borrar las huellas del crimen.

Pero algunas piezas empiezan a encajar. Incluso es posible ya vislumbrar algunas formas. Lo que se observa desborda cualquier hipótesis.

No todo en esta historia se resume en números, porque tras cada número hay un ser humano. Pero los números son imprescindibles para entender su dimensión. Ahí van: la búsqueda en las fosas comunes del franquismo liderada por el Ayuntamiento de Sevilla se amplía ya a más de 4.000 posibles víctimas, según los cálculos del propio consistorio, basados en fuentes historiográficas. En el primer enterramiento excavado, Pico Reja, han aflorado ya restos de más de 1.700 represaliados, el doble de lo previsto, lo que la convierte en "la mayor fosa común abierta en Europa occidental desde Srebrenica", como destaca el Ayuntamiento. En la segunda, llamada Monumento, pendiente de apertura, podría haber más de 2.600. El horror desvelado en el que fue feudo de Gonzalo Queipo de Llano parece no tener fin.

Los trabajos de exhumación en la fosa de Pico Reja, iniciados hace poco menos de dos años, se acercan a su fin. "La idea [del Ayuntamiento] es hacer un acto de cierre simbólico de la fosa antes de que acabe enero. Vamos a hacer todo lo posible", explica Juan Manuel Guijo, director de la excavación, de la que se encarga la sociedad de ciencias Aranzadi, un referente en este campo. Guijo no las tiene todas consigo con los plazos. "La fosa hay que dejarla limpia, sin restos", dice. Además, "está saliendo una cantidad ingente de material funerario".

El antropólogo usa jerga científica: "Cantidad ingente de material funerario". Son huesos de seres humanos. La previsión inicial del número de muertos era de algo más de 1.100, de los que entre 850 y 900 serían víctimas de la represión franquista, según el Ayuntamiento. Pero la realidad ha roto cualquier pronóstico. Guijo adelanta a infoLibre las cifras a 30 de diciembre: han sido localizados restos de 8.600 individuos, casi ocho veces más de lo que se pensaba; de ellos, 1.718 son víctimas del franquismo, en torno al doble de lo previsto. Las dos cifras, señala Guijo, "quedarán superadas" al final de la intervención.

"Podemos llegar a las 9.000 personas exhumadas. Todo esto era una cosa imposible de prever. Está por encima de cualquier previsión posible", dice. Lo ha dicho con otras palabras el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE): "La realidad era mucho peor de lo que se estimó en las previsiones iniciales". ¿Una explicación? La fosa "no se colmató poco después del golpe, como se pensaba, sino que estuvo abierta hasta 1940, o al menos fue abierta puntualmente en 1940", explica el concejal Juan Tomás de Aragón.

Los restos –alambres y grilletes– o la postura permiten concluir que una víctima estuvo atada, bien con las muñecas juntas o con las manos a la espalda. Han aparecido pasadores para sujetar a varios en fila con cuerda o alambre. El cráneo es la zona más frecuente de impacto del proyectil, especialmente por detrás, aunque también en el rostro. Abunda el proyectil de arma larga usada para fusil Mauser, también las balas de arma corta, principalmente 9 milímetros. Además de los inconfundibles agujeros de los disparos, hay fracturas "más simples" que apuntan a "malos tratos" y "ensañamiento", explica Guijo. Las fragmentaciones extremas, mutilaciones, restos de metralla y de granada parecen atribuibles a "traumatismos de alta energía", propios de un combate.

Una de las piezas del puzle encajó en junio. Los técnicos confirmaron la existencia de pruebas que certifican restos de al menos una treintena de las víctimas que fueron miembros de la conocida como Columna Minera, una agrupación de combatientes voluntarios de la zona minera onubense que llegó a Sevilla para llevar dinamita. Las características de algunos enterramientos –cuerpos sin ataúd, agrupados y boca abajo– y las evidencias de que habían sido represaliados –tiros en la nuca, ataduras, fracturas perimortem– permitieron junto a algunos hallazgos específicos esbozar la hipótesis de que eran miembros de la Columna Minera. Había una vía para confirmarlo. ¿Cómo? Estos trabajadores respiraron, bebieron y comieron en un entorno minero sin las medidas de seguridad actuales, luego podía existir una transferencia de metales pesados a su organismo. En efecto, los análisis realizados en la Universidad de Santiago de Compostela lo han ratificado.

Aún queda mucho por confirmar. Unos 500 familiares han ofrecido muestras de ADN, que hay que cotejar con los restos de las víctimas, sobre todo fémures, con signos de represión. No siempre se puede. Hay más de 300 víctimas que no presentan restos óseos viables. Están prácticamente pulverizados. Ello, sumado a que el porcentaje identificaciones con respecto al total de cuerpos exhumados en este tipo de trabajos suele rondar el 10%, aconseja prudencia. Este mismo mes de diciembre ha muerto Horacio Hermoso, hijo del que fuera alcalde de la ciudad, del mismo nombre, miembro de Izquierda Republicana, asesinado en septiembre del 36. Horacio hijo dio su ADN, pero no llegó a tiempo de ver el final del proceso de cotejo de los restos.

Entre los familiares que aún esperan está Estanislao Naranjo, nieto de Blas Infante, considerado padre del andalucismo, asesinado en agosto de 1936. "La cosa va lenta, porque es una fosa difícil", dice. ¿Ve posible la identificación de su abuelo? "En teoría, sí. Por las fechas, tuvieron que tirarlo a esa fosa. Ahora bien, es difícil saber quién fue represaliado y quién no. Si la bala impactó en un hueso, se puede ver. Si sólo tocó partes blandas, no", dice. Las investigaciones históricas sostienen que, además de Infante, en la fosa descansan los restos de otras figuras políticas y sindicales de la época, así como de militares leales –el capitán Ignacio Alonso– y guardias de asalto.

El concejal Juan Tomás de Aragón (PSOE) pone el énfasis en que todas las víctimas tendrán un "enterramiento digno". El Ayuntamiento construirá para ello sobre la fosa un osario-memorial y un columbario. El edil trata de no generar excesivas expectativas sobre las identificaciones, para no hacer pivotar sobre esa última fase el éxito o el fracaso de los trabajos. Lo cierto es que la exhumación de Pico Reja ha supuesto mucho más que exhumaciones y posibles identificaciones. Por ejemplo, ha llevado a la realización de varios documentales, como Pico Reja. La verdad que la tierra esconde. Alumnos de colegios, institutos y universidades, de Sevilla y fuera, han organizado visitas a la zona de trabajo. Numerosos investigadores universitarios se han interesados por el proceso.

La apertura no se limitará a Pico Reja. El Ayuntamiento prevé licitar en 2023 los trabajos de excavación de un segundo enterramiento. Es la conocida como fosa de los Alpargateros o del Monumento. Según los estudios disponibles, estuvo abierta entre septiembre de 1936 y enero de 1940 y en la misma se depositaron no menos de 7.440 cuerpos de muertos por distintas causas, de los que unos 2.613 serían víctimas del franquismo. Entre ellos se cree que están los ocho condenados por un complot contra el general Gonzalo Queipo de Llano, episodio en el que se detiene Concha Morón en La resistencia en Sevilla. Un intento de derrocar a Queipo (Aconcagua, 2013). También puede estar Carmen Díaz, hermana del secretario general del PCE, José Díaz.

Si se cumplen las previsiones de víctimas del franquismo de la fosa del Monumento, el total de los dos enterramientos superaría holgadamente los 4.000. Tras la sorpresa de Pico Reja, nadie se atreve a asegurarlo. Quizás, dice el arqueólogo Guijo, cuerpos atribuidos a Monumento estuvieran en Pico Reja.

El Ayuntamiento confía en que en que la colaboración de la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno en Pico Reja, donde han invertido 1,5 millones de euros, se repita en Monumento, así llamada por un monumento conmemorativo elevado allí en 2003 a iniciativa de la Asociación de ex Presos y Represaliados Políticos del Franquismo.

Casi todo lo que recuerda que en toda esta zona el crimen alcanzó cotas inhumanas ronda la fosa del Monumento. Además del monumento, en su zona enlosada hay una cruz colocada por un herrero comunista a principios de los 50, tolerada por las autoridades y conocida como la Cruz de Lolo. Por lo demás, nadie lo diría. Sevilla ha vivido durante décadas en democracia de espaldas a la memoria de sus horrores. Mientras los restos de Blas Infante, nombrado por el Parlamento "padre de la patria andaluza", no se empezaron a buscar hasta 2020, los de Queipo, jefe de la represión en el sur de España, el golpista que llamaba a violar rojas, sólo han salido recientemente del lugar de honor que ocupaban en la basílica de La Macarena, en cumplimiento de una ley estatal, sin que la hermandad con más miembros de la ciudad actuara por propia iniciativa. Al margen de esta exhumación, los honores que se le concedieron aún manchan la ciudad.

El concejal Juan Tomás de Aragón destaca la "normalidad" con la que se ha desarrollado la exhumación de Pico Reja, que está seguro que se repetirá en Monumento. "Nadie se ha llevado las manos a la cabeza. La gente es más inteligente y madura de lo que a veces se piensa", afirma. Cree que la clave ha sido el respeto: "No hemos ocultado lo que estábamos haciendo, tampoco lo hemos usado para el enfrentamiento contra nadie".

Hay más fosas en el complejo, además de Pico Reja y Monumento. Antigua –delimitada y donde se ha comprobado que no hay restos de represaliados, según el concejal–, Rotonda de los Fusilados, Disidentes y Judíos, algunas ampliaciones de fosas colmatadas... "El franquismo nunca reconoció que había fosas, por eso se las conoce con nombres populares. Si las hubiera reconocido, se llamarían San Rafael, Santa Águeda...", explica Juan Morillo, un referente del movimiento memorialista en Andalucía, que ve "ejemplar" el proceso de exhumación de Pico Reja, pero al mismo tiempo subraya: "Todo esto, hay que recordarlo, se ha hecho por la presión de familiares y asociaciones. Nadie lo llevaba en su programa. La memoria sigue siendo el gran déficit democrático en este país, donde aún hay fosas sin abrir y calles con nombres franquistas". El Ayuntamiento no tiene previsto excavar estas fosas, al menos no mientras las mayores estén abiertas. Según la evidencia disponible, tienen mucha menor cantidad de represaliados que Pico Reja y Monumento.

A Esther Mateo Cabrero le cuesta mantenerse el día que empiezan a emerger los primeros huesos. Se acuerda de su padre, que nunca superó el final violento del suyo: "Tuvo siempre un halo de tristeza". Es nieta de Manuel Mateo López, alcalde de San Sebastián de los Reyes entre febrero de 1937 y mayo de 1938. Se fue sin cumplir un último deseo, comprarles una bicicleta a sus hijos. Así lo escribió en la carta de despedida. El padre de Esther fue quien finalmente compró aquella bicicleta. Una bici que nunca se atrevió a tirar, por más que pasaron los años. Era el símbolo de uno de los últimos deseos del abuelo.

A ese deseo y a "mantener siempre la cabeza alta" se suma hoy algo de la justicia que también pidió por escrito. "Al menos, que les devuelvan la dignidad, no pueden estar ahí tirados como perros", dice su nieta. Lo fusiló un pelotón de refuerzo, porque no se fusilaba en domingo. Era el día 22 de octubre de 1939. La guerra había terminado hacía seis meses. En esa misma fosa está un primo de su padre y un tío abuelo. El 10% de la población civil de San Sebastián de los Reyes fue represaliada con fusilamientos, destierros, cárcel o destacamentos penales.  

Son las 8.45 horas del 24 de agosto de 2022, tercer día de trabajos, cuando los equipos dan con el primer hueso. Forma parte del esqueleto de un hombre de menos de 25 años. El cráneo está abierto por la mitad, probablemente como consecuencia del tiro de gracia. "Ese es el abuelo de todos", dice alguien. Después de años de búsqueda, de documentos, de solicitudes, de informes y de esperar, están ahí y tienen el primer hallazgo. Es uno de los 90 cuerpos que fueron asesinados y arrojados a esa fosa que hoy forma parte del Cementerio Parroquial de Colmenar Viejo y de la que solamente se está excavando la mitad. Otros 18 están enterrados en otras fosas bajo los pasillos del cementerio. Dicen que porque confesaron antes de morir, pero no es una conclusión fiable.  

Es la primera fosa común de civiles que se exhuma en la Comunidad de Madrid. Los trabajos durarán hasta el día 31 de agosto, porque ese es el permiso que ha concedido la Iglesia para trabajar sobre su suelo y el tiempo que tienen para empezar a exhumar a las 108 personas de varios pueblos asesinadas desde abril de 1939 hasta finales de ese año.  

Rojos fusilados por las fuerzas franquistas de la dictadura. El 98% fueron jornaleros, obreros y campesinos. También están allí miembros de la élite política de izquierdas de la Sierra Norte. El más joven tenía 22 años; el mayor, 56. Hasta el cuarto día de trabajos, han aparecido los restos de cinco personas, todos en ataúdes.  

Esta exhumación es resultado del empeño de la asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes. A su ayuntamiento ha concedido la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la subvención de 20.000 euros para iniciar los trabajos de desentierro. Los está llevando a cabo la Fundación Aranzadi —responsable de la exhumación de más de 5.000 víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura en España—, el Equipo A de Arqueología, y la propia asociación. 

Es solo el principio de un fin: el fin a 83 años de incertidumbre, de no tener dónde visitar a sus muertos, de tristezas heredadas, de conversaciones que lo han elucubrado todo sobre el destino fatal que tuvieron aquellos 107 hombres y una mujer, de hijos que se marcharon sin saber qué pasó con sus padres, que murieron sin superar su ausencia. "Es que vamos muy tarde", dice Carmen Carreras Béjar, secretaria de la asociación. 

A Lucía, arqueóloga de 23 años, que participa por primera vez en una exhumación, le parece un trabajo "emocionante". Debe ser difícil llegar a trabajar en esto si no crees en los tres conceptos que articulan la memoria democrática: verdad, justicia y reparación. "Esto implica un compromiso", afirma Almudena García-Rubio Ruiz, de la Fundación Aranzadi y directora de la excavación. Es ella quien va ofreciendo los datos corroborados e hipótesis. Aquí son la ciencia y la historia las que irán devolviendo a cada hueso su nombre. Pero tienen que esperar. Los huesos irán al laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid, a la espera de otra subvención para ser analizados.

Cuentan las familias a pie de fosa que a este suelo lo llamaban en el pueblo "la fosa de los desamparados", porque ni siquiera estaba entonces dentro del cementerio. Sobre ellos cayeron escombros, restos cementeriales, fragmentos de maceteros. También han encontrado los equipos de arqueólogos restos comunes en otros suelos de cementerio como son enterramientos perinatales de no bautizados y otros huesos sueltos.  

Allí también tiraron al padre de Benita, Facundo Navacerrada Perdiguero, fundador de la UGT de San Sebastián de los Reyes. "Decían en el pueblo que a mi padre lo quemaron. Que lo ataron a un camión con una soga y le prendieron fuego", cuenta. Ella tenía seis años y narra la familia que su hermana Adela, que tenía 16 en 1939, fue a ver a los fusilados aquel día, que les limpió la cara y no pudo reconocer a su padre. Estaba acusado de robo. "Qué buen ladrón debió ser –dice con cierta ironía– si se le murieron de hambre tres de los ocho hijos que tuvo". La madre de Benita estaba en la cárcel entonces, cuando dijeron en casa que Facundo había sido asesinado, y la abuela materna, que se estaba haciendo cargo de los cinco hijos, murió de un infarto ese mismo día tras conocer la noticia. Los cinco niños se quedaron solos.  

Una de las personas que excava los primeros días en esa fosa es Elvira, forma parte del Equipo A de arqueólogos. Es voluntaria y bisnieta de un fusilado de Colmenar Viejo, Guillermo Nogales Bartolomé. La observan con sobriedad su madre y su abuela Victorina, de 93 años, hija de Guillermo. A Guillermo lo mataron un 24 de mayo de 1939 "por defender el bien común y no intereses particulares". Son cuatro las generaciones reunidas en ese lateral del cementerio, desde el bisabuelo fusilado a la nieta que hoy suda cavando bajo el sol.  

Ahora, queda esperar un nuevo permiso y una nueva subvención para terminar los trabajos. Queda esperar la solución que devuelvan los análisis de los ADN para entregar los restos a las familias. Confían que la nueva Ley de Memoria Democrática ayude a agilizar la burocracia que requieren las exhumaciones. Pero, por ahora, algunas partes de la excavación han dado ya sobre el suelo geológico.  

Con el paso de los días, familiares, técnicos y visitantes van conociéndose. Las conversaciones fluyen bajo el sol implacable de este verano. Desde la directora de la excavación a la mujer que trae agua fría a los arqueólogos forman un equipo engrasado. Es un trabajo ingente, minucioso y colectivo que nació hace unos años y terminará dentro de otros.  

Mientras, este país seguirá caminando sobre un suelo horadado de zanjas y de muerte. 

La nueva fase de excavaciones y exhumaciones que un equipo interdisciplinar liderado por la Universidad de Granada (UGR) ha llevado a cabo sobre el terreno desde abril hasta este pasado miércoles en el barranco de Víznar, en el área metropolitana granadina, ha permitido recuperar los restos de 49 víctimas de la represión franquista, de las que 20 se han identificado como de mujeres.

Así lo ha detallado a Europa Press el profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, Francisco Carrión Méndez, que dirige estos trabajos que han comenzado ahora la fase de análisis en laboratorio en unas instalaciones de un molino en el mismo municipio de Víznar cedidas por el Ayuntamiento.

Con estos trabajos, previstos hasta finales de septiembre, se dará por concluido el proyecto de este año, que ha tenido un presupuesto aproximado de 150.000 euros, que ha supuesto una "inversión real" de unos 135.000 euros, incluidos ocho contratos de investigación por seis meses.

Son fondos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que se distribuyen entre las universidades andaluzas para proyectos memorialistas a través de la Junta de Andalucía. En lo relativo al proyecto conveniado con la UGR para este año, el presupuesto ha sido prácticamente el mismo que el desarrollado el año pasado.

En cuanto a los resultados, destaca la aparición de restos de cuerpos de mujeres, por un lado en una fosa de doce, y en otra de seis, a los que se suman dos más en otra de las zonas donde han trabajado los científicos de la UGR, que han apuntado a que se van "confirmando" lo que algunas de las fuentes históricas indicaban, y que sugieren por otro lado que "tendrán que aparecer más".

Carrión Méndez ha afirmado también que, para finales de noviembre, se prepara una reunión de todos los miembros del equipo para planificar la próxima campaña, con nuevos trabajos de excavaciones y exhumaciones en 2023, previsiblemente en esta misma zona del barranco de Víznar; en el paraje del Caracolar, en término del municipio vecino de Alfacar, unos trabajos estos últimos para los que se ha pedido una ayuda a la Federación Española de Municipios y Provincias; y en Padul.

En el marco de este mismo proyecto, y sin fecha de inicio aún, se buscarán, después de tres intentos fallidos, los restos del maestro Dióscoro Galindo, conforme a la petición de su nieta adoptiva, Nieves García Catalán. El que fuera uno de los compañeros de Federico García Lorca, de cuyo asesinato se acaban de cumplir 86 años, añade relevancia a esta búsqueda, si bien para los investigadores, que trabajarán para ello en paralelo en el barranco de Víznar y el Caracolar, todas las víctimas son igual de importantes.

"Es indiscutible que el tema de Lorca está ahí" pero "tenemos censadas al menos a 300 personas", que se sabe que están "desaparecidas", y cuyos restos pueden estar en estos parajes, conforme a lo estudiado, según ha detallado Carrión Méndez, por historiadores como Rafael Gil Bracero o la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, que colabora con la UGR en este proyecto.

Se trata, en este sentido, de "exhumar" al máximo número de víctimas, partiendo de la base además de que en este momento "no se puede saber a ciencia cierta" dónde es más probable que estén los restos de Federico. En términos generales, se excavará previsiblemente al menos en entre seis o siete fosas en el Caracolar más las que quedan pendientes en el barranco, algunas aún por detectar.

En cuanto a los trabajos que se analizan ahora en laboratorio, a principios de julio, cuando ya se habían exhumado los restos de 39 víctimas del franquismo, se habían recuperado también algunos objetos personales y restos de vestimentas. Hay un reloj de bolsillo, botes de medicamentos, así como botones y suelas de zapatos similares de color rojo, por lo que se baraja la hipótesis de que algunos pudieran ser trabajadores de la fábrica de pólvora y explosivos de El Fargue.

Se ha excavado en los tres enclaves que componen el núcleo más importante de fosas del barranco, donde hay unas 200 víctimas documentadas. Los trabajos de campo se han desarrollado en paralelo con el estudio antropológico forense en el laboratorio de Víznar y se han tomado muestras para la identificación de AND y compararlo con las cerca de 70 familias que reivindican la localización de sus seres queridos en este lugar.

Junto a ello, se emplean técnicas de reconstrucción 3D con los restos craneoencefálicos con el objetivo de poder identificar a las víctimas usando como base fotografías aportadas por los familiares. Carrión Méndez mostraba entonces su satisfacción con que finalmente se esté interviniendo en este lugar, uno de los más emblemáticos de la memoria histórica de la provincia de Granada, y aunque "hayamos llegado tarde se empiece a ver la luz" y a honrar a las víctimas.

De acuerdo con las investigaciones históricas realizadas y documentadas, quedan aún por exhumar fosas de la Guerra Civil y la posguerra en 13 municipios de la provincia de Granada. Entre ellas, se encuentran las fosas del barranco de Víznar que pueden albergar en total a unas 400 víctimas.

Quebrar el muro de silencio impuesto para buscar la memoria, justicia y reparación tantas veces negada. Ese ha sido siempre uno de los principales retos a los que se enfrentan las víctimas de la dictadura franquista. Un desafío enorme que requiere de gran valentía. Lo sabe bien Rafael Barberá. Lo ha vivido en primera persona. Hace no tanto que se enteró de que el tío abuelo de su mujer había sido asesinado tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil. Forma parte de la familia desde hace décadas: "Casi cincuenta años casado". Y nunca había escuchado absolutamente nada del asunto. "El abuelo de mi mujer jamás habló de su hermano, probablemente por miedo, seguro que todo aquello fue muy duro. La historia quedó totalmente oculta y la hemos empezado a conocer recientemente", relata con voz pausada el hombre al otro lado del teléfono.

Habla de Salvador Gómez González. Campesino de profesión en tierra de olivas. Y político por vocación. No de los de proyección nacional, ni mucho menos. Lo suyo era la cercanía con los vecinos. El hombre ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Enguera, un municipio de la provincia de Valencia que por aquel entonces contaba con algo menos de seis millares de habitantes. El consistorio llevaba desde febrero de 1936 bajo la batuta de los partidos que conformaban el bloque del Frente Popular. Y tras el estallido de la Guerra Civil, la localidad, incrustada en la retaguardia republicana, permaneció leal al Gobierno constitucional hasta los últimos días del conflicto. En concreto, hasta el 29 de marzo de 1939. Fue ese día cuando las tropas rebeldes franquistas ocuparon el pueblo. Y cuando empezó la represión.

A Salvador lo encerraron en el antiguo claustro del convento. Empleado como cárcel, desde allí partió en plena noche del 6 de junio de aquel año una camioneta cargada hasta los topes. En la parte trasera iba el campesino, al que acompañaban otros seis vecinos: Antonio Rico, Ricardo Simón, Leandro Pastor, Miguel Rovira, José Barrón y Pedro Simón. Alcaldes, ediles, consejeros del Comité Popular y un oficial de prisiones camino de la tapia trasera del cementerio de la localidad. Al alba, los golpistas acaban con sus vidas. Como lo harían diez días después con el concejal Emilio Marín. Y como lo hicieron doce antes con Pedro Herrero, teniente de la Guardia de Asalto, a quien ahora creen haber encontrado junto al mausoleo que en el municipio tiene uno de los precursores del fascismo patrio: José María Albiñana. ¿La clave? Un botón.

Los trabajos de búsqueda y exhumación en la localidad valenciana arrancaron el primer día de febrero. Lo hicieron con el visto bueno de los descendientes de Albiñana y en base a una exhaustiva investigación del coordinador de la Asociación Progresista Socialista de Enguera, Alfredo Barberán. Aquellas pesquisas le pusieron frente a los documentos oficiales que corroboraban la muerte de todos estos cargos públicos locales. Papeles en los que, sin embargo, no se hacía mención alguna a fusilamientos. En el caso de Salvador, por ejemplo, el certificado de defunción recoge que perdió la vida en "el campo" –como absolutamente todos– a consecuencia de un "síncope cerebral". "Falsearon las diversas causas médicas", se muestra convencido Barberán en conversación con este diario.

El plan inicial de Arqueoantro, un equipo interdisciplinar de historiadores, antropólogos o médicos forenses, era intervenir durante tres semanas. "Al principio nos centramos en una zona muy concreta, pero no encontramos nada", cuenta a este diario el arqueólogo Miguel Mezquida. Fue entonces cuando comenzaron a ampliar el área de búsqueda alrededor del mausoleo del doctor Albiñana, el lugar señalado por los distintos testimonios orales que se fueron recopilando. "Con la mitad del trabajo hecho, nos encontramos una fosa individual", explica el especialista. Dos fueron los asesinados en solitario hace más de ocho décadas: el responsable del orden público y el concejal Marín. Y, entre medias, la saca de siete de la que formaba parte Salvador, el campesino de 46 años que dejó viuda y dos hijos.

"Todo indica que los restos pertenecen a Herrero, el teniente de la Guardia de Asalto", señala el coordinador de la Asociación Progresista Socialista de Enguera. Por el momento, son solo indicios que ahora toca ir confirmando. Pero a ojos de Barberán tiene buena pinta. Primero, por el hecho de que se encontrase enterrado de forma individual. Segundo, dice, porque la edad del cuerpo rescatado parece que puede coincidir con la del teniente. Y tercero, porque junto a los restos se localizaron un par de botones que podrían pertenecer a la chaqueta de la Guardia de Asalto. "Aún se tienen que limpiar bien, pero históricamente todo parece coincidir", apunta. En este caso, dice, es la única forma que tienen de certificar su identidad. "Con ADN es complicado porque no se ha podido localizar a descendientes", señala Barberán.

El hallazgo empujó a Arqueoantro a alargar los trabajos. En lugar de tres semanas, estuvieron cinco. "No podíamos irnos de allí sin acabar de verificar todo. Había que hacer todo lo posible", sostiene el arqueólogo. Un tiempo extra que el coordinador de la Asociación Progresista Socialista de Enguera dice que estará cubierto con el respaldo económico recibido por parte de las administraciones para el proyecto. Pero que, por desgracia, no sirvió para nada. Ni un solo enterramiento más apareció por la zona. "Se te queda mal cuerpo, porque el objetivo era encontrar a todos ellos", apunta Mezquida. No obstante, dice que el hecho de haber podido localizar al menos a uno hace que todo el trabajo, todo el esfuerzo, haya valido la pena.

Un sabor agridulce que también comparte Barberá. Por un lado, se ha hallado la que puede ser una de las víctimas y, además, se ha sacado "a la luz" lo que sucedió en el pequeño municipio valenciano tras el fin de la Guerra Civil. Y eso es bueno. Pero, por otro, siguen sin saber nada de Salvador y el resto. No obstante, asegura que lo seguirán intentando. "Hasta que podamos", dice. Una pizca de esperanza que conservan también desde la Asociación Progresista Socialista de Enguera. De hecho, no descartan impulsar una segunda fase en las inmediaciones de donde se desenterraron los botones. "Notamos un corredor, una franja que nos hace pensar que ahí puede haber una continuación de los enterramientos", asevera Barberán, que anuncia de que ahora se pondrá un nuevo monolito en recuerdo a todos los represaliados en la localidad valenciana.

Para Mezquida no existen "fosas fáciles", de ahí que los intentos fallidos sean comunes. Ni en mitad de un paraje ni tampoco en un camposanto. Sobre todo, ocho décadas después. "Los cementerios tienen vida propia. Y, en este caso, se ha modificado mucho, con inhumaciones posteriores que ni siquiera fueron registradas", afirma. El arqueólogo tiene las sospechas de que los restos de las demás víctimas pudieron haber sido retirados cuando se construyeron los mausoleos, tanto el del doctor Albiñana como otro que vincula a la misma familia. "Si en una futura segunda fase por la zona adyacente se siguiese sin encontrar al resto, habría que empezar a hacerse a la idea de que los restos desaparecieron con las diferentes operaciones mortuorias", señala Barberán.

El proyecto para levantar en el cementerio en Enguera un mausoleo en el que poder enterrar a Albiñana se puso en marcha a comienzos de la década de los cuarenta. La operación, para la que se constituyó una Junta –algo similar a lo que se hizo en su momento con el Pazo de Meirás– costó 45.717,25 pesetas de la época. Esto incluía la construcción y traslado de la obra escultórica de Madrid a Enguera, la exhumación del cuerpo en la capital y su traslado hasta el municipio valenciano, "misas gregorianas", "coronas" o "impresos de propagandas", entre otras muchas cuestiones. El resumen de estos gastos quedó plasmado en un folleto editado por Semana Médica Española y fechado, en la capital, en 1941.

¿Y cómo se pagó ese dineral? A través de una "suscripción nacional". El listado de donantes lo encabezaba "S.E. el Jefe Del Estado y Generalísimo de los Ejércitos" con 5.000 pesetas. Y le seguían otros hombres fuertes de su Gobierno. El entonces ministro de la Marina, Salvador Moreno, puso 200 pesetas. El de Obras Públicas, 100 pesetas. Los del Ejército y Justicia, 500 pesetas cada uno. En total, de entre el núcleo duro del dictador se aportaron a la causa más de 6.500 pesetas. Gobernadores civiles y alcaldes, entre otros, pusieron sobre la mesa 7.564 pesetas. Una suscripción nacional en la que participaron, incluso, las propias instituciones. El Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, aportó de las arcas públicas 1.000 pesetas.

"Mostró su extraordinaria intuición política al crear la milicia de guerrilleros nacionalistas españoles (Legionarios de España), cuya intervención combativa alcanzó tanta resonancia. Las primeras camisas azules, la cruz de Santiago y el saludo a la romana fueron implantados en España por el dinámico levantino". Así se recogía en el homenaje póstumo del médico, jurista y filósofo fundador del Partido Nacionalista Español (PNE), una de las primeras organizaciones de corte fascista. El mismo al que detuvieron por el asalto a tiros de los paramilitares Legionarios de España al semanario Nosotros en mayo de 1931. El mismo que consideraba un honor, un año más tarde, que se le comparase con Hitler. Y el mismo al que historiadores como Julio Gil Pecharromán sitúan como portador para Emilio Mola de "mensajes" sobre "los planes" para el golpe de Estado en Madrid.

El cementerio de Paterna (Valencia) ha rendido este sábado homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, coincidiendo con el inicio de los trabajos de exhumación de la fosa 126, la más grande del territorio valenciano, en la que se espera localizar los restos de 170 personas represaliadas, según informa Europa Press.

La consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha asistido al acto junto al director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico; el diputado del área de Cultura de la Diputación de València, Xavier Rius; así como familiares de las víctimas, representantes de asociaciones de familiares y entidades memorialistas. El acto ha contado a su vez con la presencia de representantes municipales de localidades de procedencia de las víctimas como Massamagrell, Llíria, Alcàsser, Xàtiva, Albal, Manises, Oliva y València, entre otras.

El inicio de estas exhumaciones constituye, en palabras de la consellera, un "paso imprescindible para conseguir un territorio libre de fosas", que no es otra cosa que "un país donde la impunidad no vuelva a imponerse sobre la dignidad, la decencia y la verdad".

La intervención en la fosa 126 del cementerio de Paterna pretende localizar alrededor de 170 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista procedentes de cinco "sacas" de los fusilamientos que se produjeron entre los meses de agosto y septiembre de 1940.

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha destinado 447.700 euros a los trabajos de investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico en la fosa más grande del territorio valenciano.

Se trata de la segunda intervención que se realiza en esta fosa que ya fue intervenida parcialmente en el año 2012. Unos trabajos que fueron promovidos por las hermanas Josefa y Carmen Celda Soler, para exhumar los restos de su padre, José Celda Beneyto, de Massamagrell que fue fusilado el 14 de septiembre de 1940. A su vez, durante esta intervención se pudo enterrar los restos de 42 personas, 38 de las cuales eran vecinas de Massamagrell fusiladas el mismo día que José Celda.

Pérez Garijo ha afirmado que "no podemos olvidar", pero sobre todo, "no queremos olvidar que bajo este minúsculo rectángulo de tierra yacen más de 170 personas asesinadas a sangre fría y que en el espacio que nos rodea se enterraron más de dos mil, durante una matanza sistemática perpetrada en nombre de Dios y de la patria".

"Queremos que las familias puedan hacer su duelo, restablecer los vínculos más íntimos con nuestro pasado, reconstruir una historia familiar ocultada por el terror institucionalizado y por una vergüenza impuesta", ha subrayado la consellera de Calidad Democrática.

Pérez Garijo ha lamentado que 81 años después "todavía hay quién querría que no excavamos esta tierra porque no lo estiman prioritario", una cuestión que la consellera ha considerado "urgente" para restaurar la decencia de un país o hacer una mínima reparación cuando el tiempo de la verdadera justicia ya pasó con la desaparición física de los verdugos.

"Por fin sabemos que no cayeron en combate o en un bombardeo, ni murieron de enfermedad o hambre; sabemos que una bala perfectamente identificable los atravesó y que alguien ordenó que los enterraran sin nombre para que nadie pudiera ir a llorarlos o recordarlos".

El Gobierno tiene previsto invertir en 2022 un total de 11,8 millones de euros para desarrollar la ley de memoria democrática -que según el Ejecutivo, entrará en vigor a finales de este año o principios de 2022- y los trabajos de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, como por ejemplo, la exhumación de hasta 800 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y la resignificación del Valle de los Caídos, informa Europa Press.

Así consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que el Gobierno ha registrado este miércoles en el Congreso, y en el que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños desde julio, cuenta con 276,4 millones de euros.

De ese presupuesto total para el departamento de Bolaños, las políticas de memoria democrática recibirán 11,8 millones de euros, frente a los 11,3 que se le asignaron en los Presupuestos de 2021, para avanzar en la exhumación de víctimas del franquismo y desarrollar otras medidas "en materia de conservación, defensa, fomento y divulgación de la Memoria Democrática en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición".

"Monumentalización de lugares de memoria"

Según se detalla en el tomo específico del Ministerio de Presidencia, que recoge Europa Press, el incremento del presupuesto para memoria responde a la creación de nuevas subvenciones así como a la previsión de iniciar en 2022 la "monumentalización de determinados lugares de memoria, continuar el proceso de resignificación democrático en el Valle de los Caídos, y proceder a la adquisición de una herramienta de software para la gestión del banco de ADN a nivel nacional".

En concreto, el Gobierno tiene previsto proseguir este año con las tareas de exhumación "que permitan proceder a la identificación del mayor número posible de los restos" depositados en el Valle de los Caídos, así como "iniciar el proceso de resignificación democrático" que prevé la ley de memoria.

Además, ese presupuesto de 11,8 millones también servirá para elaborar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, de carácter público, tal y como pidió la ONU, con la colaboración de las Comunidades Autónomas, administración local, universidades, asociaciones de Memoria Histórica, fundaciones y particulares.

También se pretende elaborar un censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada, y otro para recabar información sobre la retirada de simbología franquista, mediante la creación de una herramienta informática, que permita localizar e identificar los vestigios, para proceder a las retiradas oportunas.

En cuanto al Plan de Exhumación de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, el Gobierno ampliará en 2022 la búsqueda e identificación de estos desaparecidos, al considerar que "constituye una obligación y responsabilidad del Estado". Es más, defienden que esta cuestión "deberá configurarse como una auténtica política pública que tendrá impulsar y acometer el Gobierno tanto de manera directa, como en colaboración con las CCAA y las Ciudades de Ceuta y Melilla".

La previsión es que se localicen en el año 2022 hasta 1.000 cuerpos, y que se exhumen 800. En el año 2021 se presupuestó la localización de 300 cuerpos, y finalmente se podrán encontrar hasta 700, con un total de 450 exhumaciones realizadas, frente a las 150 que se habían previsto.

El Gobierno Vasco da por concluido el proceso de exhumaciones de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo en Euskadi, aunque no descarta que pueda producirse en el futuro "algún nuevo hallazgo", informa Europa Press.

Así lo ha manifestado la directora de Gogora-Instituto de la Memoria, Aintzane Ezenarro, en una entrevista en Radio Vitoria. "Es evidente que no vamos a recuperar todos los restos humanos que se perdieron tras la guerra civil en Euskadi. Han pasado más de 85 años y nuestra geografía ha cambiado mucho. Es imposible, no se puede generar esa expectativa de que vamos a recuperar todos", ha asegurado.

Ezenarro ha considerado que es momento de centrarse en la recuperación y divulgación de la Memoria Histórica, y ha destacado que el anteproyecto de Ley aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno ayudara a cumplir este objetivo.

Sobre las sanciones que penalizan la apología del franquismo, ha afirmado que en Euskadi no existe problema con esta cuestión. "Desconozco asociaciones franquistas o que hacen apología del franquismo. Eso no quiere decir que no pueda haber algún acto vandálico, no lo sé. Pero no es ese el problema", ha indicado.

Para la directora de Gogora, "la memoria es absolutamente necesaria" porque "el olvido genera un vacío ético y hay que combatirlo". "Es necesario que conozcamos todo lo que ha ocurrido en nuestro pasado reciente, todo lo que ha supuesto anteponer una causa política a la dignidad y la vida humana, para valorar en toda su dimensión todo lo que esto supone y poder ahora construir una convivencia mejor que la que hemos tenido", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que "aflorar la verdad es también hacer justicia, la que reclaman las propias víctimas". "Una vez de sacada la luz la verdad, hay que divulgarla", ha subrayado.

Creo no equivocarme al afirmar que el primer extranjero en indicar públicamente que Federico García Lorca podía estar enterrado en el llamado barranco de Víznar, pueblo situado a ocho kilómetros al noreste de Granada, fue el conocido hispanista inglés Gerald Brenan. Lo hizo en su libro The Face of Spain (La faz de España), publicado en Londres en 1950. El autor de El laberinto español había visitado el país –por primera vez después de la Guerra Civil– el año anterior, e incluido a Granada en su itinerario con la intención de averiguar las circunstancias del asesinato del genial poeta de Fuente Vaqueros. En el cementerio de San José, situado detrás de la Alhambra, preguntó si sus restos se hallaban mezclados con los de los miles de fusilados contra el paredón del recinto. Un sepulturero le aseguró que no, que lo mataron cerca de Víznar. Brenan logró localizar el escarpado paraje, situado al borde del camino que conduce al pueblo colindante de Alfacar. “Toda el área estaba salpicada de hoyos de poca profundidad y montículos –escribió–, sobre cada uno de los cuales se había colocado una pequeña piedra. Empecé a contarlas, pero acabé por dejarlo al darme cuenta de que había varios cientos”.

Dos años después, en 1951, llegó en busca del poeta otro hispanista, esta vez francés: Claude Couffon. Concluyó que, efectivamente, Lorca estaba en Víznar. Su reportaje, más detallado que el de Brenan, salió en Le Figaro Littéraire bajo el título de Ce que fut la mort de García Lorca. Tuvo una enorme resonancia. Luego lo incorporó a su libro À Grenade, sur les pas de García Lorca (1962), con una foto que me facilitó la identificación del barranco en 1965, al inicio de mi propia indagación sobre el crimen. Allí se podían ver todavía, pese a la masiva plantación de pinos para enmascararlas, las siluetas de numerosas fosas.

Había estado en la ciudad, mientras, entre 1955 y 1956, el malogrado español exiliado Agustín Penón, que murió en Costa Rica en 1976, algunos dicen por su propia mano al no haber logrado publicar su versión de los hechos, fruto de un año entero buscando incansablemente sobre el terreno.

Los foráneos –hubo otros– que tratamos, bajo el franquismo, de documentar en lo posible la atroz represión llevada a cabo en Granada, y, en particular, la muerte del poeta, no tuvimos la posibilidad de acceder a los archivos imprescindibles, en primer lugar los de la Falange local, ventaja que sí disfrutó, por suerte, el escritor Eduardo Molina Fajardo, director del periódico falangista Patria, cuyo libro acerca de la muerte del poeta, editado por Plaza y Janés póstumamente en 1983, contiene un vasto corpus de entrevistas y declaraciones, mezcla de verdades y mentiras, y una documentación sólida y en algunos casos definitiva.

Otra dificultad para los investigadores, españoles incluidos, ha sido la terca negativa de la familia de Lorca, hasta hoy mismo, de apoyar la búsqueda de los restos. Siempre han alegado que no quieren que el caso del poeta sea especial, que prefieren que siga donde esté, entre la multiplicidad de víctimas anónimas enterradas en fosas y cunetas entre Víznar y Alfacar. Nadie entiende por qué, y circulan por Granada numerosas especulaciones al respecto. No parecen comprender que se trata del desaparecido tal vez más llorado y querido del mundo, y que quienes admiramos al hombre y su obra sentimos la necesidad perentoria de saber cómo murió y dónde están sus despojos, para poder rendirles el debido homenaje. Laura García de los Ríos, que se suele denominar Laura García-Lorca, hija del hermano del poeta, Francisco, y Laura de los Ríos, la del célebre ministro socialista de la República, ha dicho incluso, en el espléndido documental de Andrea Weiss Bones of Contention (en español, Pero que todos sepan que no he muerto), rodado en 2017, que “los huesos del poeta no tienen en sí ningún interés, ninguna importancia”, que buscarlos es a su juicio “fetichista”, “un abuso de su memoria”, que espera que no se encuentren, y que, en fin, “hay que dejarle en paz”.

¿Existe la posibilidad de que a la familia, que llegó a un acuerdo con el régimen franquista en los años cincuenta sobre los derechos de autor, se le permitiera rescatar entonces sus restos y volver a inhumarlos en un lugar solo por ellos conocido? ¿En la Huerta de San Vicente, por ejemplo –su casa de campo en la linde de la ciudad y La Vega– o en la que tenían en Nerja? Es posible. Que yo sepa nunca han declarado oficialmente si saben o no saben dónde están. No me parece en absoluto justo. No me parece fair play.

Durante mi estancia en Granada tuve la suerte de localizar a uno de los masones utilizados en Víznar para enterrar a los condenados a muerte. Se llamaba Antonio Mendoza de la Fuente. Su testimonio fue escalofriante. ¿Cuántas víctimas cayeron y fueron inhumadas en el barranco? Se hablaba de muchos centenares, quizás de miles, entre ellos solo algunos con apellidos conocidos, como en el caso de Salvador Vila Hernández, catedrático de Árabe y rector de la Universidad de Granada, amigo de Unamuno traído específicamente desde Salamanca para ser fusilado.

Todo esto lo traigo a colación porque hay una magnífica noticia. Y es que, por fin, se ha iniciado la búsqueda de los inmolados (e inmoladas) de Víznar gracias a sendas subvenciones del Ministerio de la Presidencia del Gobierno a la Universidad de Granada y al Ayuntamiento del pueblo. Dirigen la excavación, con la colaboración de un equipo multidisciplinar, el profesor de arqueología Francisco Carrión, de dicha Universidad, y el historiador granadino Rafael Bracero. Ya se han encontrado cadáveres y balas, y Carrión y sus colegas calculan que, en la zona donde están trabajando actualmente, podrían yacer entre 200 y 300. Dada la posible vinculación con Lorca –aunque sigo pensando que está con sus tres compañeros de infortunio en el cercano parque que lleva su nombre en Alfacar, no suficientemente explorado–, la apertura del barranco va a despertar el interés internacional y recordará a la humanidad que España, después de Camboya, sigue siendo el país del mundo con más desaparecidos, entre ellos uno de los poetas y dramaturgos más inmensos del siglo XX.

Entretanto nuestras derechas se niegan a asumir la criminalidad del régimen franquista, Rajoy se jactaba de no haber gastado “ni un euro” en Memoria Histórica, Pablo Casado proclama que está hasta la coronilla de “la fosa del abuelo” y nadie entre ellos, salvo el alcalde de Málaga, ha tenido ni tiene la decencia de apoyar cristianamente las exhumaciones de los “rojos”. Me provocan vergüenza ajena y me hacen llorar por la España que podría ser pero que todavía no es.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces. La memoria de quienes podrían contar ese tiempo no llegó a ser nunca memoria: se quedó bajo tierra después de los tiros que los asesinaban. Digo que los asesinaban y no que los fusilaban. Para que la palabra “fusilamiento” fuera correcta tendría que haber habido antes un juicio o al menos un juicio justo. No hubo juicios casi nunca y tampoco juicios celebrados con las garantías suficientes de defensa para que pudiésemos considerar justas las sentencias. Si no existió nada de eso, no podemos llamar fusilamientos a lo que fueron simple y llanamente asesinatos.

La otra memoria nos ha ido llegando a través de quienes vivieron aquel tiempo ya lejano. Lamentablemente, ya queda muy poca gente que haya sido testigo directo de los hechos. Y cuando ya es mucha la edad, los recuerdos se confunden, los detalles se difuminan en medio del tiempo que tan frágilmente regresa hasta nosotros. Nos quedan archivos donde escarba la historia, relatos familiares que a veces (es mi caso) encontramos en los cajones de las casas antiguas donde vivieron nuestros antepasados, esa huella que de repente descubrimos en un descampado porque un golpe de lluvia levantó la piedra bajo la que hay unos restos humanos que no son del tiempo de los moros, como decíamos en Gestalgar cuando éramos críos y encontrábamos huesos sueltos cerca de los yesares abandonados.

ELOY ARIZA

No son huesos de los moros los que llenan esa fotografía de Eloy Ariza. Esos huesos forman cuerpos enteros dejados caer ahí a lo bruto, de cualquier manera, cruelmente amontonados, como despojos despreciables a quienes sus asesinos no consideraban ni siquiera humanos. Para ellos, para los que hicieron de la violencia y el exterminio su guerra y su victoria, no eran humanos. Todavía hoy no lo son para quienes heredaron de sus padres y abuelos esa gallardía patriótica que los llena de un orgullo de pacotilla. Eso de la fotografía, qué es aparte de un montón de huesos, dijo en su momento Pablo Casado, así o con palabras parecidas, cuando se hablaba de las exhumaciones de las fosas comunes.

Todavía quedan miles y miles de huesos como esos en la tierra oscura de la invisibilidad. Han pasado casi noventa años desde entonces y esa tierra sigue regándose con la memoria de tanta muerte violenta, con el rencor todavía caliente en la oratoria cínica de los vencedores, con la renuncia a la memoria republicana que ha establecido como propia la misma democracia. Qué lástima que la democracia eligiera el olvido para seguir su itinerario demasiado largo de renuncias. Qué pie le ponemos a esta fotografía. Cómo ordenamos los huesos para sacarlos del amontonamiento inhumano. Dónde escribimos que hubo una vez una República legitimada en las urnas y que un golpe de Estado se levantó contra ella y deslindó a los buenos patriotas de los que sólo eran –ya entonces– furibundos partidarios de la antiespaña. Cómo iluminamos el lenguaje para que no se confundan –como pasó entonces y sigue pasando ahora– los rebeldes contra la democracia con sus defensores. Miren estos versos: “En España no hay bandos, / en esta tierra no hay bandos, / en esta tierra maldita no hay bandos. / No hay más que un hacha amarilla / que ha afilado el rencor”. Los escribió León Felipe en su exilio mexicano de 1939. Todavía seguimos diciendo y escribiendo que en la guerra había dos “bandos”, igualando a quienes defendían la República y a quienes habían hecho del resentimiento, primero, y la venganza después, su manera violenta de enfrentarse primero a la legalidad republicana y a su derrota cuando se acabó la guerra.

Lo mismo pasa con los huesos que aparecen en esta fotografía. No son humanos en el lenguaje de quienes heredaron aquel resentimiento y siguen negando que es un deber de las instituciones democráticas echar luz a la oscuridad de una memoria machacada. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, desde el día o la noche o la amanecida en que el fascismo la dejó caer ahí, amontonada y cubierta con humillantes paletadas de olvido. No fueron fusilados esos cuerpos cuando estaban llenos de vida. Fueron asesinados. Los juicios, cuando existían, eran una simulación insultante para la justicia y para la dignidad de las personas juzgadas.

En el cementerio de Paterna, ciudad próxima a Valencia conocida como el Paredón de España, hay localizadas 154 fosas, aunque, en palabras del arqueólogo Miguel Mezquida, pueden ser bastantes más. Y eso sólo en el cementerio de Paterna. En toda España, según los datos aportados por el reputado antropólogo forense Francisco Etxeberria, podemos hablar de más de 3.000 fosas. El historiador valenciano Vicent Gabarda reseña 2.238 “fusilados” en Paterna, de los cuales entre 2.000 y 2.200 estarían enterrados en ese cementerio. Ahí, desde 2010, han sido exhumadas 1.000 víctimas gracias a los trabajos llevados a cabo por Arqueoantro y CAVEA-Paleolab. En esa recuperación han colaborado la Diputación de València y la Generalitat a través de la Conselleria de Transparencia. Es lo que toca a las instituciones. La historia y la memoria son un bien común. Y las instituciones no pueden escurrir el bulto a la hora de cumplir con sus responsabilidades. Por eso mismo, Mariano Rajoy tendría que haber sido juzgado por presumir, con una risa bobalicona y cuando era presidente del Gobierno, de no respetar el compromiso institucional que los presupuestos generales del Estado habían contraído con los trabajos de exhumación. Ni un euro para esas exhumaciones. No eran sus muertos. No son, tampoco, los muertos de sus herederos al frente de un partido que sigue sin admitir la legitimidad del gobierno de coalición, como tampoco lo hicieron las derechas cuando el Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936. El pasado y el presente se parecen mucho demasiadas veces. Y no precisamente para bien.

En ese sentido y de aquí a nada, se debatirá en el Congreso la nueva Ley de Memoria. Ojalá vaya más allá de lo que fue la del año 2007, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero se plegó en muchos casos a las exigencias de la derecha. Por ejemplo, no se contempló finalmente declarar ilegales los juicios sumarios del franquismo. Buena parte de la nueva ley chocará, casi seguro, con la Ley de Amnistía de 1977. Habrá de llegar algún día en que esa revisión sea resuelta: al menos en aquel articulado que hace referencia a la igualdad de víctimas y verdugos. Las fosas del olvido han de ser abiertas en su totalidad, después de su vergonzoso itinerario por los interesados laberintos de una democracia que se pone a temblar cuando le hablan del pasado. Una democracia demasiado débil cuando se trata de abordar su relación con nuestra última historia.

No sé cómo se llamará la nueva ley. A mí me gustaría que llevara dos apellidos: democrática y antifascista. El primero igual es fácil de conseguir. Con el segundo la cosa ya está más complicada, ¿no? Pero insisto en ese segundo adjetivo, sencillamente porque en España la derecha –por no hablar de la extrema derecha– nunca fue antifascista, cosa que sí que fue en los países de nuestro entorno. Y cuando digo nunca también incluyo a la derecha de ahora, faltaría más. ¿O es que va a resultar que Casado, Díaz-Ayuso y por supuesto Abascal son el estrellato del antifascismo?

Desgraciadamente la fotografía de la plaza de Colón y la que ilustra este artículo se juntan. La realidad de una fosa común que viene de la violencia fascista y el desprecio que ese fascismo –o como se llame ahora– sigue mostrando por la memoria de la dignidad republicana. Dos fotos. Una misma historia. A ver qué dice la nueva Ley de Memoria. A ver qué dice.

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro es Algo personal (Piel de Zapa, 2021)

Hay una persona mayor sentada en una silla, esperando. En realidad, ha estado a la espera desde que nació. Pertenece a una generación marcada por la ausencia. Muchos crecieron sin abuelos, sin padres, sin madres, con parte de la familia desaparecida, huida o en la cárcel. Todo de lo que no se podía hablar. Fueron educados como culpables, cómplices necesarios de una historia oculta bajo tierra, que han llevado todos estos años como un estigma. A media mañana hay más sillas, aunque el calor ya aprieta. No apartan la mirada de la fosa común donde fueron a parar los restos de sus ancestros, enterrados en un corral, fuera del cementerio, extraños al pueblo. Las sillas van y vienen. La escena se repite a diario porque los trabajos duran mucho tiempo; después habrá que identificar todos los cuerpos, y, si todo va bien, podrán cruzar los escasos metros que les separaban del cementerio municipal. Cada familia recorre estos días los rincones de su memoria. Más allá del luto y de sus viejas fotos retocadas de las bodas o del servicio militar, no pudieron mostrarlos nunca, ni siquiera con la democracia. Ahora comienzan a cerrar el duelo, dando por fin sepultura a sus seres queridos. También hay casos que nadie reclama. Se los ha tragado la fosa, el agujero del tiempo, los estratos y las cargas de la vida que trataron de soportar muy lejos, en la gran ciudad o en otro país.

Hoy tenemos la obligación de reconocerlos pero también deberíamos aprovechar la fuerza de ese momento, para explicar la esencia que tiene ese gesto como sociedad. Todos los que están allí enterrados murieron por poder reunirse. La lección es clara y pasa por no separar, excluir o castigar a nadie por su condición, su forma de ser, vivir o pensar el mundo, por sus creencias y, en definitiva, por su ideología. Todas estas cosas nos jugamos en el presente, en un país que tiene, desgraciadamente, todavía mucho de su pasado bajo tierra. La exhumación de las fosas de Manzanares y Almagro (Ciudad Real) que comenzaron esta pasada semana, abren la ventana a ese pasado incómodo del que solo se habla para arrojárselo a la cara políticamente, de donde puede parecer que no salimos. A pesar de todo, se ha avanzado mucho en el conocimiento y coordinación científica de arqueólogos, antropólogos, forenses e historiadores que precisan estas intervenciones, como también en la forma de comprender y explicar una dimensión fundamental que deben tener estos actos: la pedagógica. La posibilidad de acercar a la escuela todas las herramientas de estas disciplinas para explicar y resolver conflictos está también en nuestras manos. Y la mejor es la capacidad crítica. Un acercamiento didáctico a la guerra civil, que las nuevas tecnologías permiten desarrollar ya prácticamente en todos los niveles, puede contribuir más a desenredar la madeja del relato heredado del franquismo que su sustitución por una versión alternativa oficial. No habría consenso en ello, no por razones historiográficas sino políticas, posicionamiento que influiría de nuevo en las propias familias y alejaría definitivamente a la gente joven del tema.

La oportunidad general que se abre para este tiempo es grande, al igual que la responsabilidad de perpetuar o no un acercamiento a la guerra civil cortoplacista, que corre el riesgo de nacer desfasado. Hay que incorporar los datos, las miradas, los territorios y todos esos nombres que no solo lucharon por un enfrentamiento previo, como se quiere seguir mostrando hoy por distintas razones. El golpe de estado y las maquinarias bélicas propagandísticas revistieron todo de legitimaciones ideológicas para matar, pero la dirección de la violencia y, sobre todo, el alcance de la fuerza, no fue el mismo ni tuvo el mismo impacto. No solo por el desenlace y la división en vencedores y vencidos, como es sabido, sino por los propios mecanismos puestos en marcha en los dos primeros años de guerra que terminaron configurando un aparato dictatorial de larga duración. Pero tampoco perdamos la oportunidad de explicarlo todo y, sobre todo, no ocultemos ni demos por sabido nada. Los treinta cuerpos que se encuentran en esa fosa común se corresponden a las dos gestoras municipales de Manzanares y de Almagro durante la guerra, concejales, miembros del Frente Popular y de organizaciones políticas y sindicales que habían apoyado a las mismas elecciones de febrero de 1936. La geografía del final de la guerra, de Levante a la zona Centro, marcan esa funesta cifra de ejecuciones de las comisiones municipales prácticamente al completo. Fueron acusados del delito de rebelión militar por oponerse a la sublevación y fueron ejecutados por ello en la fase alcista de la represión. No tuvieron un juicio con garantías. Se les atribuyó colectivamente los crímenes contra religiosos y personas de derechas que se cometieron en sus comarcas en el verano de 1936. Crímenes que existieron y que no se pueden negar ni borrar, que hay que explicar. De lo contrario se sigue abriendo esa brecha entre muertos de una comunidad y extraños a la otra. Seguirán los excluidos pero también todos aquellos de los que se apropió la dictadura bajo el manto de los mártires. Manto que cubrió a los miembros de las nuevas gestoras municipales y ayuntamientos de posguerra durante mucho tiempo, que sirvió para restaurar el orden tradicional de las cosas. Demasiado tiempo y solo les separaban unos metros y una tapia.

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Gutmaro Gómez Bravo es profesor titular de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y del Franquismo.

El Consejo Fiscal ha aprobado este jueves, con un ajustado apoyo del bloque progresista de este órgano, un informe favorable al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que el voto de la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido determinante para superar el empate existente.

Los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), de corte conservador, presentaban un texto alternativo que pone serios reparos a la norma impulsada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Entre otros motivos por la indefinición que la ley da a la labor que deben realizar los fiscales en este ámbito, ya que no queda muy claro si tendrán una función tuitiva (de amparo a las víctimas), supervisión de organismos públicos o de tipo penal, según fuentes de este sector.

Así las cosas, el texto que avala la ley ha recibido el apoyo de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales, del jefe de la Inspección Fiscal –miembro nato–, y de la fiscal general, que ha desecho el empate existente frente a los cinco votos en contra de los vocales de la AF. No estaba presente, por un tema de salud, el teniente fiscal del Supremo, también miembro nato.

Entre otros aspectos, la ley contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; o la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos, además de la significación del Valle de los Caídos, de donde saldrán los benedictinos.

Adaptación a compromisos internacionales 

El texto que ha salido adelante, elaborado por la Secretaría General Técnica, valor valora positivamente la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por España en esta materia.

Sus precedentes se encuentran en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre –conocida como "Ley de Memoria Histórica"– y en la prolija legislación autonómica.

Pretende, según su Exposición de Motivos, "fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana", y proporcionar una reparación integral de las víctimas mediante el desarrollo de "las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado".

Además, a juicio de la Fiscalía, sitúa a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ellola repetición de hechos similares.

Se destaca igualmente que el Anteproyecto crea la figura de un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

La creación de este Fiscal de Sala supone, a juicio del Consejo Fiscal, una novedad y una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Permite, por ejemplo, la delegación de la fiscal general, a través de su vinculación directa, en aspectos de representación institucional, unificación de criterios de actuación y coordinación de una respuesta institucional en materia de Derechos Humanos. Asimismo, se ordenan estatutariamente las relaciones con el Defensor del Pueblo.

Voto discrepante 

Los vocales de la AF emitirán un voto particular discrepante en los próximos días. Por el momento, la asociación ha hecho público un comunicado en el que explican que desde "la sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica. Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal".

Así, consideran que corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. "Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación penal", insisten los fiscales de esta asociación.

Los miembros de la AF añaden, respecto a la ley, que "la redacción de la norma resulta confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del Anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas, y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, es este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria".

Por último, añaden que "las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil, y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento".

Así, insisten en que la Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación".

Emilio Silva lleva ya dos décadas trabajando intensamente para rescatar del olvido a las miles de personas asesinadas y arrojadas a una cuneta durante la guerra civil y la posterior dictadura. Empezó con su abuelo, pero no tardó en convertirse, junto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), en el faro al que dirigirse para recuperar todos estos restos perdidos. En todo este tiempo, no ha parado. Tampoco durante la pandemia. Hace algo más de un mes, el colectivo se encontraba trabajando sobre una fosa en Andorra (Teruel). Fue la última intervención del año de una asociación con una enorme lista de deseos de cara a 2021. “Llevamos ya tanto tiempo esperando que te puedo enumerar uno a uno todos los cambios que nos gustaría ver de una vez”, responde al otro lado del teléfono mientras deja aparcada la nota de prensa que está preparando. Una carta de peticiones que puede resumirse prácticamente sobre una idea: que el Estado se implique de manera directa en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación que tantas veces llevan reclamando sin éxito, algo en lo que redundan otras asociaciones.

Los colectivos son plenamente conscientes de que el Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el principio anunció que las víctimas de la guerra civil y la dictadura serían una de sus prioridades, ya tiene elaborada una reforma de la Ley de Memoria Democrática, que presentaron a bombo y platillo después del verano. “Nos dijeron que en tres meses se estaría debatiendo en las Cortes, pero todavía no se ha producido ningún movimiento”, se lamenta Silva. Al presidente de la ARMH no le parece mal que se legisle. Pero considera que el texto elaborado se queda corto, a la espera, claro, de las enmiendas que puedan incluirse durante la tramitación parlamentaria. “Nos gustaría que saliera una ley que atienda de verdad a las familias”, asevera. Comparte impresiones Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. En conversación telefónica con este diario, sostiene que es necesario que la nueva norma vaya “mucho más lejos” para poder acabar así con la “impunidad” de los crímenes franquistas. Porque no están dispuestos, dice, a tener que batallar otros trece años más para conseguir un texto mejor.

Apertura de las fosas

Los movimientos memorialistas creen imprescindible la creación de un organismo a nivel estatal que se encargue de atender a todas las víctimas. Algo a imagen y semejanza del Instituto Gogora puesto en marcha en Euskadi: “Te pones en contacto con ellos, te dan una cita, expones tu historia, se investiga y, en caso de encontrar el lugar donde pueda estar enterrado el familiar, el Gobierno vasco tiene un acuerdo con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para que se proceda directamente a la exhumación e identificación de los restos”. Según los últimos datos de la institución, por esta vía se han llevado a cabo en los tres últimos años casi una treintena de excavaciones que han permitido recuperar los restos de cerca de un centenar de personas. A nivel nacional, el trabajo que queda por hacer en este sentido es inmenso. La última actualización del Mapa de Fosas del Ministerio de Justicia referencia 2.246 enterramientos por todo el territorio. Los colectivos memorialistas siempre han defendido que esta cifra está incompleta y que el número total, aunque desconocido, podría ascender a tres millares.

En los Presupuestos Generales del Estado para este año, el Gobierno ha reservado a la memoria histórica 11,3 millones de euros, una cantidad menor que la que planteó el propio Sánchez en su primer intento de sacar adelante unas cuentas públicas allá por 2019. De las partidas que no están dedicadas al gasto de personal, un 60% se va a destinar a apoyar los trabajos de exhumación. Los colectivos memorialistas, en este sentido, desean que se ponga fin de una vez por todas al “modelo de subvenciones”, lo que sitúa el peso de la búsqueda y la recuperación de los restos sobre las espaldas de las asociaciones. “Debe ser el propio Estado el que asuma de forma directa las riendas de estos trabajos y deje de estar al margen. Es la única manera de que se construya un buen pedazo de la verdad oficial sobre los crímenes del franquismo”, apunta Silva. La nueva Ley de Memoria Histórica establece que será la Administración General del Estado la que se encargue de la búsqueda de desaparecidos. Pero a los colectivos memorialistas les escama que se sigan sacando ayudas para que las asociaciones continúen exhumando restos.

A las víctimas también les gustaría ver durante el próximo año, dentro de esa idea de implicación absoluta del Estado, una condena institucional de la dictadura y un reconocimiento de las víctimas y sus derechos. “Nos dicen que tenemos que perdonar, pero nunca nadie nos ha pedido perdón a nosotros. Ya ha llegado la hora de que eso se haga”, señala Peinado. Es algo natural que ya se ha hecho en otros países. “Me inclino ante las víctimas del ataque de Wielun. Me inclino ante las víctimas polacas de la tiranía alemana. Y pido perdón”, decía hace un año en un acto público el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier. Unos meses después, era el Gobierno holandés el que pedía disculpas por la actitud de las autoridades del país ante la persecución de judíos que tuvo lugar durante la ocupación nazi. “Nosotros seguimos esperando todavía una declaración del Estado condenando la dictadura. Es muy sencillo y barato de hacer”, dice Silva, cuya asociación registró el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco, una petición para que esto se lleve a cabo. Algo que llevan haciendo ininterrumpidamente desde hace años.

Una justicia implicada

Cuando los presidentes de la ARMH o de la Federación de Foros por la Memoria hablan de la implicación estatal, no se olvidan tampoco de la justicia. Hacen mención, por ejemplo, a los obstáculos puestos durante años a la investigación iniciada por las autoridades argentinas. O al absoluto pasotismo de algunos jueces cuando se les avisa de un enterramiento. “Cuando nosotros denunciamos la existencia de una fosa, en más de un 90% de los casos nos responde nuestro eco. Es decir, prácticamente nunca se lleva a cabo un procedimiento por parte del juzgado”, cuenta Silva, que recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los jueces a ir a “recoger información” cuando se les reporta la existencia de restos óseos que guarden vinculación con una muerte violenta. “Los jueces están incumpliendo con su deber, y eso se llama prevaricación”, denuncia. El “compromiso” estatal para que se haga justicia en todo lo relacionado con la represión franquista es otro de los deseos de Peinado para el próximo año.

La nueva Ley de Memoria Histórica dedica un capítulo a la cuestión judicial. Tres artículos en los que se establece que el Estado garantizará “el derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión de la guerra civil y la dictadura” y que contemplan la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Sin embargo, los colectivos presentan algunas dudas sobre cómo se podrá garantizar la primera cuestión teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que impedía la perseguibilidad de los crímenes franquistas. O el alcance o competencias que podrá asumir la nueva pata del Ministerio Público teniendo en cuenta que la Ley de Amnistía de 1977 pesa como una losa sobre cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo o las torturas cometidas durante aquel periodo oscuro, como se ha encargado de recordar también Amnistía Internacional en un informe técnico presentado ante el Ministerio de Presidencia. “Va a estar atada de pies y manos”, sostiene el presidente de la ARMH.

Archivos y expolio

Los colectivos memorialistas también ponen el foco en los archivos y fondos documentales. “Es necesario que se rompa el candado”, explican. Y, para ello, dicen, tiene que retocarse con “urgencia” la Ley de Secretos Oficiales. “No sabemos cuántas cosas puede estar escondiendo el Estado respecto a la represión, y eso va en contra del derecho a la verdad de las víctimas”, resaltan. En este sentido, la nueva norma contempla que se promoverá una modificación de esta ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor. Sin embargo, no se especifica el alcance de los cambios previstos. Y, hablando de archivos, las asociaciones también marcan como un objetivo para el nuevo año la recuperación del fondo documental que está en poder de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF): casi 27.500 documentos, la gran mayoría de carácter público, donados por Carmen Polo a la entidad. “Hace tres años llevamos esta cuestión a la Fiscalía, quien preguntó a Cultura si se sentía damnificada. A día de hoy, seguimos esperando una respuesta”, dice Silva.

Franquistas homenajean al dictador el pasado 20-N en su tumba del cementerio de Mingorrubio. | EFE

Otro deseo de la ARMH para el nuevo año pasa por que el caudillo deje de estar enterrado en el panteón del cementerio de Mingorrubio, que pertenece al Estado. “Seguimos todos con nuestros impuestos financiando la tumba”, se quejan. Mientras, el Valle de los Caídos continúa siendo un lugar de exaltación para el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y un lugar del castigo para los familiares de todas aquellas personas cuyos restos fueron trasladados sin permiso al mausoleo que construyó en su momento el verdugo. Esa es otra de las tareas que tiene pendientes el Ejecutivo. En la nueva ley de memoria histórica, se remarca en relación con Cuelgamuros que “se atenderán las reclamaciones y peticiones de exhumación de los familiares que solicitaron o soliciten la entrega de las víctimas inhumadas”. Sin embargo, ya existe desde 2016 una sentencia judicial que abre el camino a que determinadas personas puedan recuperar los restos óseos de sus seres queridos del Valle de los Caídos. A día de hoy, se sigue esperando el cumplimiento de dicho fallo. “Tanto el anterior Gobierno como este no han parado de marear la perdiz sobre este asunto”, señala Silva.

Pero la lista de deseos no termina ahí. Los colectivos memorialistas también incluyen en ella la necesidad de que se haga una auditoría del patrimonio amasado por la familia Franco de una vez por todas. Sobre todo, después de lo visto tras la recuperación del Pazo de Meirás y el inventario de todos los bienes allí ubicados realizado por Patrimonio Nacional, un documento en el que se avisaba de la presencia de “mobiliarios y enseres de carácter decorativo de índole marcadamente institucional”, algunos de ellos con origen “en las Colecciones Reales Españolas y cuya titularidad corresponde” al Estado. “Meirás solo es la punta del iceberg del expolio”, explican las asociaciones. Mientras tanto, los colectivos memorialistas ya se han organizado para exigir al Ayuntamiento de A Coruña que inicie el procedimiento judicial para recuperar también la Casa Cornide y para pedir que se ponga “vigilancia” en el inmueble a fin de evitar “el expolio de un bien público”. Una petición que llega pocas semanas después de que algunas furgonetas sacasen determinado mobiliario de la casa en poder de los Franco.