El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de condenar a Mercadona por ocultar a delegadas sindicales de la CIG (Confederación Intersindical Galega) en Pontevedra diversa información relacionada con la prevención de riesgos laborales que sí comunica a otros sindicatos. Una “vulneración del derecho fundamental de libertad sindical de la CIG” que es sancionada, además de con la obligación de facilitar la información ocultada, con una indemnización de 22.500 euros “por los daños morales”.

La condena del TSXG es una más en la sucesión de sentencias de diversos tribunales por toda Galicia que vienen reflejando cómo Mercadona toma represalias contra delegados o trabajadores del sindicato nacionalista con despidos o penalizaciones económicas, incluso “por el mero hecho de ser miembro del comité de empresa por el sindicato CIG”.

La condena ahora hecha pública por la CIG, con fecha del 6 de febrero, señala que la empresa no facilita a las delegadas sindicales de la CIG “la misma información en materia de prevención de riesgos laborales” que a otros sindicatos, no les entrega una copia del reglamento del Comité de Seguridad y Salud y no les informa de la identidad de los delegados sindicales de los otros sindicatos.

Unas actuaciones para las que “la empresa no acredita ninguna justificación”, dice la sentencia. Y una ocultación que “limita la posibilidad de contrastar, por parte de la demandante, si existe un trato diferenciado injustificado en la participación” en el órgano de seguridad y salud, en el que las delegadas de la CIG participan, al no ser delegadas de prevención, “con voz pero sin voto”, esto es, con la única limitación del voto pero no del acceso a toda la documentación necesaria para cumplir con sus funciones sindicales.

Ante esta sentencia la CIG, “sindicato mayoritario en Mercadona a nivel gallego”, denuncia “la política de represión sindical y de acoso laboral” de la empresa, reflejada en los últimos tiempos en diversas sentencias judiciales. Una situación ante la que el sindicato protestará con una concentración el 12 de marzo a las 11:30 horas delante del nuevo establecimiento de Mercadona en la calle García Barbón de Vigo.

Antes de esta sentencia del TSXG sobre hechos ocurridos en Pontevedra, el pasado enero Praza.gal reveló una condena a Mercadona del Juzgado de lo Social 4 de Ourense por denegar de forma discriminatoria una prima de 5.000 euros a una trabajadora afiliada a la CIG. “Existe vinculación entre la denegación de la prima correspondiente al año 2024 y la circunstancia de pertenencia al sindicato CIG y participación en el proceso electoral”, decía la sentencia.

En la misma provincia de Ourense ya había habido otras condenas a Mercadona por hechos similares de penalizaciones económicas a empleados vinculados con la CIG que previamente eran bien valorados por la empresa. Así lo sentenciaron a comienzos de 2025 al menos los juzgados de lo Social número 1 y 3 de Ourense. En uno de los casos la sentencia llegó a decir que hubo “claramente una persecución hacia él, por el mero hecho de ser miembro del comité de empresa por el sindicato CIG”. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) también se había pronunciado a finales de 2024 sobre otro caso en la misma provincia ratificando que el despido de un trabajador estaba vinculado con su presentación a elecciones sindicales por la CIG.

La CIG viene obteniendo otras victorias judiciales contra Mercadona en otras provincias, como la que condenó a la empresa a comienzos del pasado año por despedir como “discriminación por enfermedad” a una trabajadora en Carballo. O la que en 2018 obligó a Mercadona a readmitir a una trabajadora de A Coruña a la que despidió estando de baja.

Además, y nuevamente en otro caso en el que la trabajadora implicada estaba defendida por la CIG, hace unos meses el TSXG pidió a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue cómo gestiona las bajas Mercadona por la posibilidad de que coordinadoras de la empresa conozcan información “sensible” como los diagnósticos sanitarios.

Hace un año, el CIS publicó un informe bajo el rótulo “Turismo y gastronomía II”, en el cual se preguntaba a las personas encuestadas si consideraban que elaborar la comida en casa se sigue haciendo, si va reduciendo su uso o si se está viendo desplazada por la comida rápida: más de un 70% respondía que se reduce y que se ve desplazada. ¿El motivo? Un 69% lo achacaba a la falta de tiempo, fruto de un ritmo de vida acelerado. La paradoja: cada vez se inventan más aparatos que reducen y facilitan el cocinado de los productos, pero cada vez se percibe y se siente que no hay tiempo para cocinar.

Sobre esta base, el dueño de Mercadona, Juan Roig, augura que en el futuro las viviendas no tendrán cocinas, mientras observa —para su beneficio— que el gasto y consumo de platos preparados se ha disparado. Por supuesto, esto tiene su lógica: cocinar requiere de tiempo, pero no solo dentro de la cocina; requiere de tiempo para bajar al supermercado (especialmente si se trata de alimentos frescos, porque obliga a tener que ir varias veces por semana), y requiere de un tiempo para pensar, planear y prever qué cocinar. Esto, en el contexto contemporáneo, se vive como un fardo que cargar y, a la inversa, acceder a comida preparada se percibe como una liberación.

Pero nada de eso sucede en el aire y de manera aislada; al contrario, cobra sentido dentro de una dinámica muy concreta, en nuestro caso, la dinámica de la aceleración. Aceleración que, en palabras de Hartmut Rosa, implica un movimiento cada vez más rápido del mundo material, social y espiritual, lo cual acciona una forma de ser, estar y vincularse con el mundo y los demás. Una forma que busca subordinar todo el tiempo de vida disponible a un tiempo potencialmente vendible y comprable en la comunidad del dinero. Es por ese motivo que la pregunta que tenemos que hacernos no es solo la de qué hacer dentro del contexto, sino también aquella que cuestiona la razón de ser del propio contexto: ¿es preferible caminar hacia una sociedad que amplíe el tiempo libre para poder cocinar a una donde no se puede cocinar porque no se tiene tiempo?

Lo que comemos, cómo lo comemos, en dónde lo comemos, cuándo comemos y junto a quién lo comemos expresa una cultura, una relación con el mundo y un poso civilizatorio: “el hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es hambre muy distinta del que devora carne con ayuda de manos, uñas y dientes” (Marx). El sociólogo Norbert Elias, en su libro El proceso de la civilización, analiza el salto normativo que implicó la introducción del tenedor y el cuchillo en la mesa, validando así un espacio de encuentro y confianza social donde el cuchillo de uno no implicaba una amenaza vital para el otro. Son estos cambios, aparentemente pequeños, los que nos revelan transformaciones más profundas de la estructura social y cultural: no se trata solo de una cultura meramente culinaria, se trata de algo que lo cambia todo, aunque no siempre tiene que ser a mejor.

En la serie Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, se muestra la sociología de la América profunda a través de la historia de un rancho de cowboys ubicado en Montana. Se ha comentado que es la radiografía de una población trumpista que no quiere perder su modo de vida, basado en la apropiación pasada de tierras. Lo que me interesa destacar aquí es un elemento en concreto: cuando el progreso no supone avance, sino lo contrario. John Dutton (Kevin Costner) se postula para gobernador con un discurso cristalino contra el progreso porque vienen a por sus tierras y, al margen de que lo haga desde el mantenimiento de esa forma de vida siempre en disputa con los indios, esto no hace buena la amenaza que se cierne sobre ellos, también sobre los indios: multinacionales e inmobiliarias que quieren arrasar con todo el territorio, levantar un aeropuerto y convertir su vida en un parque temático. Mutatis mutandis, el progreso que busca desaparecer las cocinas —y todo lo que ello implica— no es un avance, es una amenaza: “yo soy el muro contra el que choca el progreso”.

Esto no significa que la comida preparada, en sí misma, sea algo malo o que no tenga su utilidad; tampoco se trata de juzgar a nadie, porque no es un problema de rectitud moral ni nada parecido. Es un problema de dinámica, y de lo que supone social y culturalmente esa dinámica sobre la vida, la libertad, las relaciones sociales y la autonomía. Hay que desmitificar la idea, siguiendo a Rosa, de que la calidad de vida humana puede reducirse únicamente en función de la cantidad de opciones a nuestra disposición, porque, en ocasiones, esto aparece sobre la imposibilidad de optar por tener tiempo libre. No hay opción a nuestra disposición que pueda competir con tener tiempo para cocinar con tu hijo subido a un taburete y enseñarle lo que son los alimentos.

Habrá quien tenga la tentación de pensar que todo esto es culpa del feminismo, porque cuestiona el rol donde las mujeres viven encerradas en una cocina, y que la solución a esta dinámica pasa por volver a poner las cosas en su lugar, para que cada uno cumpla el papel que tiene asignado. Nada más lejos de la realidad. No se trata de volver al pasado, sino de construir otro futuro: uno donde no haya que elegir entre la mujer encerrada en la cocina o la desaparición de la cocina, porque no hay que elegir –tampoco se puede– entre el capitalismo de posguerra o el actual. La liberación del tiempo de la necesidad es solo la condición de posibilidad de otra disputa política y cultural: qué hacer con ese tiempo y qué sentido darle. ¿Acabar como en la nave de la película Wall·E, o buscar ejes de resonancia que nos permitan cultivar todo aquello que el dinero no puede pagar?

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM y actualmente diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

La cesta básica de la compra, formada por aceite, arroz, café, detergente, galletas, entre otros productos, se ha encarecido un 47% en los últimos cuatro años, según el informe Construyendo la cesta de compra presentado este jueves por Kantar Worldpanel.

El estudio ha revelado como han cambiado las circunstancias y se han modificado los hábitos, dando lugar a un consumidor que acude menos veces a la compra —casi 3 veces por semana de media—, que orienta su compra hacia el canal dinámico (hipermercados o supermercados) en detrimento del canal tradicional (frutería o charcutería).

Así, Kantar considera que el consumidor elige el canal dinámico porque le da la posibilidad de acceder a más referencias para llenar la cesta de la compra y acudir menos veces a los establecimientos. En concreto, los hogares concentran el 75% de la compra en tres enseñas, más de la mitad sólo en la primera.

La firma revela que ante la inflación registrada en 2023, que afectó a los segmentos de la alimentación (11,9%) y las bebidas (8,9%), "el consumidor se ha intentado proteger con la marca del distribuidor, impulsada también por los propios 'retailers'". "Ya supone la mitad del gasto de la cesta de la compra de los españoles, con Lidl, Mercadona y Dia, en este orden, convertidos en sus principales estandartes, principalmente en droguería, donde alcanza el 58% y en alimentación, con el 54%", revela Kantar.

Sin embargo, sólo el 10% de las cestas son exclusivas de marca del distribuidor, seguida por un 30% de las de marca de fabricante, dado que las primeras están en tendencia ascendente, las segundas descienden, pero la mayoría (60%) combinan ambas y determinan cestas variadas donde "no todo es precio".

De este modo, el formato, el envase o el uso que se vaya a dar a ese producto siguen pesando "enormemente" en la compra pues, tal y como revela Kantar, es donde se toman el 70% de las decisiones.

En este escenario, los consumidores están conectando con las promociones y los descuentos, muchos de los cuales llegan a través de tarjetas de fidelidad, que ya están presentes en uno de cada cinco actos de compra.

Kantar detalla que es "curioso" que en muchas ocasiones un descuento alto no llega a triunfar entre los consumidores por sí solo, demostrándose la necesidad de que vaya acompañado de otras acciones complementarias para que cale entre los consumidores, resultando especialmente efectiva la comunicación directa en el 'packaging' de ese descuento.

El análisis de Kantar también revela la conexión de la marca del distribuidor con la promoción, en la que mientras las promociones de marcas del distribuidor crecieron un 27% en el periodo comprendido entre 2029 y 2023, las de marcas de fabricantes disminuyeron un 11%. En este contexto, el estudio detalla que las ofertas están presentes en el 34% de las cestas de compra, siendo el 'precio especial' la oferta favorita de los consumidores.

Desde Kantar Worldpanel señalan que ya son varios los retailers que anuncian bajadas de precio en centenares de sus categorías, lo que forma parte de una estrategia que está resultando "efectiva", ya que asocia un determinado retailer a un concepto de precios bajos generalizados.

Poner en juego 146 millones de euros este año procedentes de su patrimonio personal y de dividendos repartidos por Mercadona para reactivar la economía valenciana y nacional, y desarrollar labores sociales, deportivas y de mecenazgo. Es lo que ha anunciado que hará el presidente de esa cadena de supermercados, Juan Roig. Con detalle, destinará a la sociedad su retribución bruta de 12 millones 2023, que serán 5,5 tras el abono del 54% en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), más el dividendo percibido a cuenta de los resultados de la cadena valenciana, 108,7 millones, según ha informado Ep.

Tanto Roig como su esposa, la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, ambos dueños del 80% de la empresa, reinvierten una parte de los dividendos y de sus fondos en lo que han bautizado como Legado Juan Roig con un fin: irradiar “los valores de la cultura del esfuerzo en diferentes ámbitos, como son el deporte, con el mecenazgo deportivo, que incluye el Valencia Basket Club, l’Alqueria del Basket y la Fundación Trinidad Alfonso; la cultura y el arte, a través de la Fundación Hortensia Herrero; el entretenimiento, con el Roig Arena; y la formación y el emprendimiento, que se materializa en Marina de Empresas”, según consta en su página web.

Diseminadas las piezas, la Fundación Trinidad Alfonso, nombre de la madre de Roig, ha sido el vehículo a través del cual se ha respaldado 25 proyectos, organizados en sus tres líneas de trabajo: eventos, deporte base y deportistas y clubes. Según su memoria de 2023, asignó 10 millones de inversión privada de Roig para impulsar el deporte y "seguir consolidando su tierra, sus raíces, como la Comunitat de l’Esport –proyecto de la Generalitat y la fundación para posicionar Valencia como un referente en la práctica deportiva–. Desde sus inicios –la primera memoria disponible es de 2013– ha canalizado 113 millones. Por lo que respecta a la Fundación Hortensia Herrero, ente sin ánimo de lucro que preside la mujer de Roig, contó con un total de activo de más de 24,4 millones en 2022, último dato disponible en su sitio web, y su misión es "promover el interés, el conocimiento y la sensibilidad por el arte y la cultura a través de proyectos creados en la Comunidad Valenciana por artistas de todo el mundo".

Mercadona colaboró además en 2023 con 762 entidades sociales de España y Portugal con la entrega de 23.100 toneladas de productos en el conjunto del año que equivalen a más de 380.000 carros de la compra, según la compañía. Ese año, la empresa de supermercados y venta online incrementó sus ventas consolidadas alrededor de un 15%, hasta alcanzar los 35.527 millones de euros. De este total, 34.124 millones corresponden al negocio de España y los 1.403 restantes al de Portugal. El beneficio neto de Mercadona, después de pagar impuestos, fue de 1.009 millones, esto es, un 40% más que en 2022, y un 48,3% más de los 680 millones que ganó en 2021. El dato es espeso: los supermercados de Roig aumentaron un 23% su margen de beneficios en plena escalada de precios de los alimentos. La cadena repartió un dividendo de 201,076 millones, lo que supuso un 24,7% más respecto a los 161,12 de 2022.

Al margen de Mercadona, un manantial de opiniones provoca a menudo la faceta filantrópica del dueño de Inditex, Amancio Ortega, poseedor de una fundación que lleva su nombre. Las cuentas públicas de la entidad sin ánimo de lucro revelan que, en el ejercicio 2020, el de la pandemia, la Fundación Amancio Ortega acrecentó su labor y acometió un pago de 146,6 millones de euros, un 53% más que en 2019, cuando la cuantía destinada a financiar tanto proyectos propios como de otras institucionales se elevó a 95,6 millones de euros.

Según las cuentas de la entidad, la inversión social global ejecutada entre 2018 y 2022 fue de 439 millones y la comprometida entre 2023 y 2027 rozará los 500 millones, al ser 488,6. Dentro de esta última cifra se incluye un acuerdo de donación de 30 millones a la Fundación Porque Viven para la construcción de un Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos Pediátricos y los convenios de colaboración firmados con Cruz Roja Española, con 15 millones; Cáritas, otros 15; y la Federación Española de Bancos de Alimentos, con 10 millones. El grueso del desembolso, tanto el ya gestionado como el previsto hasta 2027, se corresponde con proyectos relacionados con infraestructuras sociosanitarias: 359,7 millones, en el periodo 2018 y 2022, y 386,3 en el segundo. Ahí se incrusta la comentada adquisición de 10 equipos de protonterapia para tratar el cáncer.

A la luz de memoria anual del Grupo Inditex, sólo en 2023, la empresa, presente en 213 mercados, facturó en ventas 35.947 millones y obtuvo un beneficio de 5.381. Disparó su dividendo hasta los alrededor de 3.740 millones. La alta dirección de la empresa cobró 116,47, lo que significó un alza del 11% respecto a un año antes. Su fundador, Ortega, ha vuelto a aparecer este año como la mayor fortuna española, en el puesto 13 del ranking mundial de la revista Forbes, con un patrimonio estimado en 103.000 millones de dólares, o 95.805 millones de euros.

No son extrañas tampoco las fundaciones vinculadas al ámbito de la banca, como la Fundación Botín que desarrolla programas en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo rural. Invirtió 16,5 millones en 2022, 300.000 euros más que el año anterior, de los que 11,3 millones fueron para el Centro Botín en su quinto aniversario. Ese ejercicio el Banco Santander, que preside Ana Botín, registró unas ganancias de 9.605 millones, que se acrecentarían hasta los 11.076 en 2023, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones de beneficios en un año.

¿Qué les impulsa a crear ese tipo de entes, es compromiso social o estrategia de márketing? Juan Carlos Blanco, consultor de comunicación empresarial, señala que por lo general se trata de personas "que han triunfado por completo en la vida, en su más amplia extensión de la palabra, y tienen un potencial en la sociedad tremendo". "Pero –explica– una cosa es triunfar en tu ámbito profesional, y otra que uno sea consciente de su responsabilidad". Anota que, "en términos de reputación hay un concepto, el de la licencia social para operar, con el que se define cuando una persona o una empresa ha acreditado la suficiente confianza en su entorno para poder operar". Y explica luego que el tipo de perfiles como Roig u Ortega "la han encontrado, han triunfado en los negocios y, casi en un ejercicio de economía circular, suelen ser bastantes responsables a la hora de entender que debe haber una reversión a la sociedad, que incluya un cierto depósito social". "La sociedad invierte en mí, yo tengo la responsabilidad", sintetiza la idea.

Blanco aporta que en Estados Unidos "hay muchos grandes empresarios como Bill Gates que donan parte de su fortuna porque quieren seguir ganándose la confianza del entorno". En el caso de España, "Amancio Ortega tiene detractores por esto", admite, pero entiende que "está en un nivel que le ‘obliga’ a que su responsabilidad social sea mayor que la de otros, por una mera cuestión de cantidad, cualitativa y cuantitativa. Cuando tienes su capacidad, tienes mayor responsabilidad que el ciudadano medio que tiene que cumplir con sus obligaciones", recalca.

Insiste en que las donaciones y acciones similares son "relativamente habituales en las culturas anglosajonas, y en Europa, lo son cada vez más, a través de diferentes modos, fundaciones, dando una vuelta de tuerca a la responsabilidad social en la empresa, o que, a título personal, se decida invertir". Sostiene que Roig "fue de los primeros en montar en España proyectos lanzaderas de emprendimiento y pionero en medidas de conciliación", con lo que el aporte de 146 millones de su patrimonio y dividendos "no deja de ser una evolución", mantiene.

Para el consultor, en el ámbito reputacional se ha producido "un fuerte giro por parte de las compañías al comprender que no sólo se deben a sus accionistas y a su cuenta de resultados, sino que se deben a su entorno. El éxito de cualquier empresario se mide ahora también por esa capacidad de conectar con él". "Autónomos, empresarios y los ciudadanos que quieren vender servicios nos hemos convertido en cazadores de confianza", defiende, para añadir que perfiles como los fundadores de Mercadona, Inditex o Botín no dejan de ser "personas con problemas y sentimientos de personas, que se pueden plantear qué le van a legar a la sociedad" y que hacen labores filantrópicas "porque pueden". "Hablamos de contribuciones que están a la altura de lo recibido y de lo logrado con su esfuerzo. No estamos tan acostumbrados como en el modelo anglosajón -insiste-, pero es preferible este tipo de acciones a un ejercicio de caridad, con todo el respeto a quien haga obras de ese tipo. Esto es una inversión social para que mejore el entorno y está más en el ámbito de la innovación social que de otra cosa", remata.

Para concluir, asegura que las compañías son en la actualidad "más conscientes de las corrientes climáticas de la sociedad como los discursos de igualdad, de los abusos raciales, de la necesidad de la salud mental de sus empleados… Las empresas que transcienden y que son capaces de seguir siendo líderes, suelen tener este tipo de comportamientos", finaliza.

De otro lado, en el informe Fundaciones Corporativas en España, elaborado por la Fundación PwC en colaboración con la Fundación CEOE, se refleja que una iniciativa social genera un impacto tanto sobre la entidad que la lleva a cabo como, si se trata de fundaciones corporativas, sobre la empresa fundadora.

¿Qué se puede buscar con ella? El aumento de motivación y del sentimiento de pertenencia de los empleados con la compañía, lo que puede traducirse en "mejoras de productividad"; "mejorar la imagen de marca" de la entidad, la fidelidad de los clientes y la promoción boca a boca”; o "mejoras en la reputación". Los proyectos sociales pueden, asimismo, contribuir a "la innovación empresarial" y a la creación de opciones de negocio. "En algunos casos la filantropía -se recoge en el mencionado análisis- genera nuevas relaciones y oportunidades con personas y entidades fuera de su entorno tradicional" de actuación, que "pueden permitir a la compañía encontrar o demostrar nuevas ideas, tecnologías y productos". Esto la haría, en última instancia, rentable.

Mercadona ha aumentado en un 40% sus beneficios netos, hasta alcanzar los 1.009 millones de euros en 2023, tras registrar un incremento del 15% de sus ventas, que han ascendido a los 35.527 millones de euros.

Así lo ha expuesto el presidente de Mercadona, Juan Roig, durante la rueda de prensa anual de la compañía en la que ha comunicado los datos económicos de Mercadona correspondientes al ejercicio 2023 y las previsiones para 2024. Al acto han asistido directivos de la empresa, entre ellos, la vicepresidenta de la cadena, Hortensia Herrero.

Roig ha indicado que 2023 ha sido "el mejor año para los cinco componentes" de mercado, en referencia a los clientes, proveedores, trabajadores, el capital y la aportación social. "Estamos todos muy orgullosos de estos resultados", ha añadido.

En concreto, la empresa de supermercados ha conseguido una facturación de alrededor de 34.000 millones en España y 1.400 millones de euros en Portugal. Mercadona ha aumentado su cuota de mercado un 0,6% en España, hasta situarse en un 27,6% del total. La cuota de mercado ha ascendido al 8% en Portugal.

La compañía obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 2.100 millones de euros, de los que 600 millones se repartieron en primas a sus trabajadores (un 50% más que el año pasado) y 520 millones se pagaron en impuestos.

De los 1.009 millones de euros en beneficios netos, se repartieron 200 millones de euros en dividendos a sus accionistas y 800  se reinvierten en la empresa. Roig ha señalado además que entre él y su mujer --la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero--, invierten 100 millones de euros al año en el "legado de su patrimonio personal", a través de iniciativas como Marina de Empresas, el mecenazgo deportivo y el cultural, entre otras.

Mercadona ha crecido en 5.000 puestos de trabajo con contrato fijo respecto al año anterior, hasta alcanzar una plantilla de 104.000 trabajadores en los dos países. La compañía ha aumentado los salarios en un 15,3% en España desde 2022, ajustando los sueldos al IPC, con un incremento del 5,7% en 2023 y del 3,1% en 2024. En Portugal los salarios han subido un 9,6% en 2023 y este año lo harán en un 1,4%. Así, el salario de un gerente A (cajeros, reponedores o repartidores) se sitúa en 30.000 euros brutos anuales.

Roig ha señalado que en 2023 la empresa ha continuado con su estrategia de convertirse en "totaler radical", al tiempo que ha indicado que se han tomado "decisiones muchas veces impopulares" como el cambio de ubicación de 400 tiendas, el cierre de 130 y la sustitución o eliminación de productos.

Se trata del primer año en el que la compañía no ha registrado pérdidas en Portugal desde que inició su andadura en el mercado luso, y Roig se ha mostrado "seguro" de que en 2024 empezarán a registrar beneficios y obtendrán una facturación de 1.900 millones de euros.

Desde 2019, Mercadona ha invertido 900 millones de euros en su implantación en Portugal, donde cuenta con 49 tiendas, tras la apertura de diez nuevas en 2023. También ha abierto dos bloques logísticos en el país vecino. En 2024 abrirá once tiendas más.

Roig ha indicado que la empresa ha sido "bien recibida" en el país y quieren "ser portugueses" y entender al cliente portugués. Respecto a expandirse a otros países, el presidente de Mercadona ha señalado que eso está en stand by hasta que tengan el mercado portugués "igual de dominado que España".

Asimismo, Juan Roig ha destacado que la compañía ha rebajado el precio de 1.000 productos entre abril de 2023 y febrero. Así, ha señalado que los precios de las materias primas están bajando, pero "siempre cuesta más bajar los precios que subirlos". Ha detallado que los productos más afectados por la inflación han sido el aceite de oliva, cuya subida ha sido "espectacular", el azúcar y el arroz. Roig ha asegurado que los beneficios de Mercadona "no tienen impacto en la inflación" ni se obtienen "a base de la inflación".

Roig promueve esta rebaja de precios tras admitir durante la rueda de prensa anual para presentar los resultados de 2022 que la empresa valenciana había subido un 10% los precios al público. El presidente de Mercadona defendió en aquella declaración que era "imposible" e "irrealizable" establecer un tope de los precios de la cesta de la compra porque estos "dependen de la oferta y demanda de productos"

Por otro lado, la empresa valenciana ha realizado una inversión récord de 10.000 millones de euros en siete años para la "brutal transformación de la compañía", tras invertir 1.062 millones en 2023. Se ha llevado a cabo la reforma y renovación de un total de 1.364 de sus supermercados con su Nuevo Modelo de Tienda Eficiente (Tienda 8), que cuenta con las nuevas secciones de frescos, el servicio Listo para Comer y que duplica la rentabilidad frente a una tienda convencional.

Roig ha destacado que Mercadona online ha conseguido rentabilidad y ya representa el 2% de las ventas. Antes, se perdían 15 euros con cada servicio a domicilio y hoy la compañía les saca un beneficio de cinco euros.

Roig ha señalado que Mercadona tiene un "futuro espectacular" y ha decidido invertir 5.000 millones en los próximos cinco años, 1.100 millones en 2024. La empresa espera obtener en 2024 unas ventas de 37.800 millones de euros, incrementar un 6% su inversión con 1.100 millones anuales, aumentar su plantilla en mil personas y lograr un beneficio neto "parecido al de este año o un poco más".

Sus objetivos serán "seguir satisfaciendo a los cinco componentes", "continuar mejorando la calidad de producto" y "seguir bajando los precios de venta del carro menú, para lo cual contará con sus 3.000 proveedores e interproveedores. Finalmente, sobre su sucesión al frente de Mercadona, Roig ha manifestado que "mientras esté en perfectas condiciones, tanto físicas como mentales", seguirá dirigiendo la empresa, y si le ocurre algo, se ha diseñado un sistema para que "haya un sustituto dirigiendo la empresa".

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha subrayado este martes, respecto a las protestas del sector agrario, que "los agricultores trabajan mucho y tiene que ser rentable producir productos", porque el país se está "jugando la alimentación", al tiempo que ha asegurado que la cadena de supermercados "no hace abusos de precios" hacia este sector.

Roig, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa anual de la compañía en la que ha comunicado los datos económicos del ejercicio 2023, ha señalado que se ha "dado por sobreentendido" el trabajo de los agricultores e idealizado el campo como algo "bucólico", pero "trabajan mucho" y "tienen razones" para protestar porque "tienen que ganar dinero", según ha informado Europa Press.

La cuarta persona más rica de España según la lista Forbes, ha apuntado que él no sabe cuál es el origen concreto del problema, pero ha indicado que desde la compañía "tratan de que los proveedores ganen dinero", entre ellos agricultores, ganaderos y pescaderos. "Tenemos que cuidar el campo, cómo se cuida no lo sabemos. Nosotros podemos tocar la parte que nos toca, pero hasta ahí", ha indicado.

En ese sentido, ha señalado que desde la compañía les "cuesta mucho explicar" la diferencia de precios en origen y en el mercado, que se debe a que los costes en la cadena agroalimentaria "son muy altos" para los productos frescos. "Cuando una sandía está en un campo no es la misma. Primero, se pone el precio en el campo, hay que cogerla, transportarla al almacén, limpiarla, seleccionarla, transportarla, ponerla en el lineal y luego vender", ha relatado, antes de subrayar: "No hacemos abusos de precios".

¿Puede la misma empresa deshacerse en elogios hacia un sistema de reciclaje en Portugal y rechazarlo al mismo tiempo en España? Sí puede. De hecho, Coca-Cola, Mercadona y Dia lo hacen. ¿Puede una patronal oponerse en España a un modelo de reciclaje y al mismo tiempo pertenecer a una organización europea que lo defiende como la mejor opción? Sí puede. De hecho, las patronales de bebidas refrescantes y de aguas minerales están en esa situación.

Las multinacionales hacen negocios en diferentes países, lo que las obliga a adaptarse a marcos regulatorios y condiciones de mercado diferentes. Pero es difícil encontrar que la misma compañía defienda posiciones tan opuestas en dos países vecinos como ocurre con el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para envases de un solo uso.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). En 13 países europeos ya funciona con éxito un sistema así para botellas de plástico o latas (puedes leer aquí el reportaje sobre cómo España se queda cada vez más sola en su rechazo al SDDR).

En España ha existido en la última década una oposición frontal al SDDR liderada por Ecoembes, la empresa que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros y que tiene como accionistas a todos los grandes productores y envasadores (aquí puedes consultar quiénes son los dueños de Ecoembes). Entre ellos están cuatro compañías –Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl– que son también socias de la entidad SDR Portugal, que impulsa en este país el modelo de retorno de envases.

En Portugal el SDDR se denomina Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), de ahí el nombre de la compañía lusa. Constituida en septiembre de 2021 como una asociación sin ánimo de lucro, su objetivo es “crear y gestionar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas de un solo uso”. En Portugal se aprobó por ley la implantación de un SDDR, que debería haber empezado a funcionar en enero de 2022, pero el Gobierno luso aún está pendiente de decidir quién se encargará de gestionarlo. Los principales productores y envasadores portugueses crearon la asociación para hacerlo ellos.

La página web de SDR Portugal recoge de forma sucinta y clara las principales ventajas que tiene un sistema de retorno. Lo que se relata coincide, por cierto, con las conclusiones de decenas de estudios a nivel internacional sobre los beneficios de los SDDR implantados en países de Europa, en Canadá, en diferentes territorios de Estados Unidos o en Australia.

El SDDR, sostiene la asociación, “permitirá a Portugal reciclar y reutilizar más y mejor las decenas de millones de envases de bebidas no reutilizables”, con tasas de reciclaje previstas en torno al 90%. Es una “alternativa sustancialmente más sostenible y eficiente” para el reciclaje y la reutilización, puesto que “garantizará muy eficazmente” la reincorporación de los envases “al circuito de producción y, con ello, a un verdadero sistema de economía circular”.

Con el SDDR, afirman los productores y envasadores lusos, se conseguirá “que los envases de bebidas no reutilizables sean considerados como una materia prima y no como un residuo, como ocurre en la actualidad” y tendrá “enormes beneficios medioambientales”.

La entidad pone cifras a ese impacto medioambiental favorable: el aumento de las cantidades recuperadas de envases “permitirá evitar la emisión anual de 108.000 toneladas equivalentes de CO2 en la producción de nuevos envases”; la mejora de la calidad del material recogido, al ser utilizado en la producción de nuevos productos, “evitará la emisión anual de 109.000 toneladas equivalente de CO2”; se reducirá el littering (basura dispersa abandonada en parques o playas) “entre un 30 y un 40% en total, y entre un 70 y un 90% en el littering de envases de bebida; habrá una “reducción de la basura marina” y también una “reducción de contaminantes (entre el 18 y el 26%)”.

El SDDR también tendrá importantes efectos positivos en la economía. Para empezar, la industria y distribución del gran consumo calcula que se crearán más de 1.500 puestos de trabajo. Además, como está previsto que se duplique “con creces” la cantidad de envases de PET –el plástico que se utiliza en las botellas– recuperados de alta calidad, ello “brindará la oportunidad de invertir en la duplicación de las capacidades nacionales de reciclado de PET”.

Todas estas explicaciones constan en una página web que está presidida por los logos de las 24 empresas que forman parte de SDR Portugal, que en conjunto controlan el 90% del mercado de bebidas refrescantes y el 80% del comercio minorista de alimentación.

Periodistas de infoLibre y de Investigate Europe, dentro de una amplia investigación sobre la amenaza que suponen los residuos de plástico en Europa cuya publicación se inicia este jueves (puedes leer aquí y aquí otros reportajes de la serie), plantearon a Coca-Cola, Mercadona, Dia y Lidl una serie de preguntas para saber qué razones explican que mantengan “dos posturas aparentemente contradictorias sobre el SDDR en Portugal y en España”. En el primer país impulsan ese sistema de recogida de residuos, que pretenden gestionar y cuyos beneficios difunden públicamente, mientras que en España forman parte de Ecoembes y de otras patronales sectoriales que llevan años oponiéndose a la implantación de un SDDR.

Coca-Cola ofreció la siguiente explicación: “En España, nuestra posición respecto al SDDR está estrictamente alineada con la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), que está trabajando con el resto de la industria para implantar la mejor solución para cumplir con los plazos marcados por la normativa aprobada recientemente en nuestro país". Anfabra, como parte de Ecoembes y también de la patronal de Alimentación y Bebidas (FIAB), se opone a la puesta en marcha de un SDDR en España.

Al mismo tiempo, en su respuesta, Coca-Cola admite que “los sistemas SDDR han demostrado ser la forma más eficiente de garantizar una alta tasa de recogida en los países en los que se han implantado”.

En otras palabras: Coca-Cola no apuesta en España por el sistema que sabe que es más eficaz para la recogida de botellas de plástico y se escuda detrás de la posición de la asociación de bebidas refrescantes, donde es probablemente la compañía con más poder a la hora de tomar decisiones y fijar postura.

Mercadona ha sido especialmente activa en la lucha contra el SDDR, sobre todo cuando el Gobierno de Ximo Puig lo intentó implantar en la Comunidad Valenciana. El proyecto al final no salió adelante y su gran defensor, el secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Alvaro, fue destituido a principios de 2018.

Una portavoz de la multinacional que preside Juan Roig explica así su postura: “En Mercadona siempre hemos entendido que hay que trabajar por una solución global para todos los envases, no solo botellas y latas de bebidas. El SDDR da respuesta a una parte mínima de los residuos de envases que se generan en nuestro país, y a un coste muy elevado (coste que finalmente acabará pagando el consumidor). Somos de la opinión de que esa inversión debería ir destinada a mejorar la gestión de todos los residuos de envases”.

Es más, dicha portavoz entiende que “la postura de Mercadona es la misma en España y en Portugal”. Algo que sostiene en el hecho de que en ambos países respeta la legalidad: “Portugal aprobó en 2018 la implantación por ley de un SDDR, y desde la compañía se respeta esa decisión (como no puede ser de otra manera), mientras que en España se ha condicionado su implantación al incumplimiento de los objetivos”. Efectivamente, las leyes de envases y de residuos aprobadas en España el año pasado establecen la obligación de crear un SDDR si no se consiguen determinadas tasas de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. El objetivo para 2023 es el 70%, listón que casi con toda seguridad se superará, puesto que Ecoembes asegura que en 2021 la tasa ya estaba en el 71%.

Dia, por su parte, respondió con una declaración genérica sobre su compromiso “con el medio ambiente y con la implementación de las medidas necesarias para cumplir y superar los objetivos que marca la normativa vigente, ya sea optimizando los sistemas actualmente existentes o implementando otros que resulten técnica y económicamente viables”. Al igual que Mercadona, su portavoz también hace referencia a la situación legal en el país vecino: el SDDR es allí “obligatorio, razón por la que en 2022 Dia se asoció a SDR Portugal con el objetivo de dar cumplimiento a la norma y avanzar en la implementación de las obligaciones que se establecen”. 

Hay que señalar que infoLibre e Investigate Europe no preguntaron a ninguna de las cuatro multinacionales si tenían previsto respetar la legalidad, sino si consideraban que los argumentos que utilizan para defender el SDDR en Portugal (tasas de recogida del 90%, mayor calidad de los envases recogidos, menores emisiones, creación de puestos de trabajo…) también son aplicables en España. Ni Coca-Cola, ni Mercadona, ni Dia respondieron a esa sencilla pregunta.

Quien sí lo hizo, con todo tipo de detalle, fue Lidl. En su caso, los periodistas incluyeron en sus preguntas referencias al hecho de que la cadena de supermercados no solo defiende el sistema de retorno en Portugal, sino que en Alemania presume de la eficiencia y los beneficios del SDDR propio implantado en sus tiendas, y también lo ha apoyado públicamente en Austria y Reino Unido.

“Gracias a nuestra experiencia internacional e implementación en otros países como en Alemania, sabemos que el SDDR para plásticos de un solo uso sería una de las mejores opciones para contribuir de forma positiva al medio ambiente. En efecto, en Alemania el reciclaje de materiales de un solo uso alcanza ya el 98,5%, y a su vez, gracias a la recogida separada, proporciona más materiales reutilizables de alta calidad. Es decir, a través de este sistema se permite el reciclaje de botella a botella o lo que es lo mismo, que una botella vuelva a ser otra botella tras su proceso de reciclaje”, indica el portavoz de Lidl en España.

Por otro lado, añade dicho portavoz, “también nos encontramos con una ventaja desde el punto de vista de reducción de emisiones de CO2. Su sistema de compresión [de las máquinas del SDDR] supone ahorrar espacio a la hora de transportar las distintas botellas para reciclar. Con ello, y según se desprende del estudio Ifeu realizado en Alemania, se lograría compactar en un solo camión todo el material para el que hasta ahora serían necesarios 26 camiones”. Ifeu son las siglas del Instituto de Investigación Energética y Medioambiental de la ciudad alemana de Heidelberg.

“En definitiva, contamos con datos que avalan el éxito de este sistema y por tanto siempre y cuando se logre el consenso entre todos los actores partícipes en España, desde Lidl apoyaremos la implementación de este sistema de reciclaje”, concluye la cadena de supermercados alemana.

Las dos principales patronales del sector de las bebidas también tienen posturas diferentes sobre el SDDR según dónde firmen los comunicados. En Europa piden cosas a las que en España se oponen.

La Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra) forma parte de Unesda, la patronal europea del sector, mientras que la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) está integrada en Natural Mineral Water Europe (NMWE, antes denominada EFBW).

Pues bien, en septiembre de 2020, las dos patronales europeas firmaron una declaración conjunta en la que solicitaban “un amplio despliegue de sistemas SDDR bien diseñados en los países de la UE” (puedes ver aquí el comunicado conjunto en inglés).

"Tanto Unesda como la EFBW consideran que un SDDR bien diseñado es un sistema de recuperación eficaz para alcanzar los objetivos europeos de recogida de botellas de bebidas y para salvaguardar la calidad del PET reciclado que necesitan nuestras industrias. Además, también puede contribuir a los objetivos climáticos de la UE, por ejemplo, al requerir el uso de menos materiales vírgenes gracias al reciclado en circuito cerrado, lo que se traducirá en una menor huella de CO2. Por este motivo, cada vez son más los Estados miembros de la UE que se plantean la introducción del SDDR”, se lee en la declaración conjunta.

Anfabra y Aneabe no solo son accionistas de Ecoembes, punta de lanza contra el SDDR en España, sino que su gran apuesta es Reciclos, un falso sucedáneo de SDDR. Como ha desvelado la investigación de infoLibre e Investigate Europe, Reciclos es un sistema abierto al fraude y con un diseño completamente ilógico, que dice pretender fomentar el reciclaje estableciendo límites a las botellas y latas que se pueden reciclar (puedes leer aquí el artículo sobre Reciclos).

En febrero de 2021, Anfabra y Aneabe (a través de la Federación España de Industrias de Alimentación y Bebidas) firmaron junto a otras patronales del sector del gran consumo una declaración en Barcelona mostrando su apoyo a Reciclos, iniciativa que calificaban como “pionera en Europa” y en la que realizaban afirmaciones sin ningún tipo de evidencia científica o fáctica, como que Reciclos “puede contribuir a frenar” el littering.

Es decir, las dos patronales reclamaron en septiembre de 2020 en Bruselas "un amplio despliegue" de los SDDR en la UE y cinco meses después respaldaron públicamente en Barcelona la estrategia de Ecoembes para evitar la implantación del SDDR en España.

infoLibre e Investigate Europe plantearon a Anfabra y Aneabe una serie de cuestiones para aclarar esa contradicción. En concreto, preguntaron si estaban de acuerdo con que un SDDR es la mejor forma de recoger más envases y de mayor calidad y de contribuir a los objetivos climáticos, tal y como se afirma en la declaración europea, y también si comparten la conclusión de los estudios internacionales que sostienen que un SDDR reduce de forma considerable el littering.

Ambas organizaciones respondieron a los periodistas, pero con afirmaciones genéricas que no abordan las cuestiones planteadas.

Anfabra asegura que “el SDDR es una realidad impuesta normativamente que implicará nuevas dinámicas, tiempos de preparación y puesta en marcha, así como grandes inversiones por parte de toda la cadena de valor”. Esto en realidad no es cierto, ya que el SDDR no se ha “impuesto” en España, sino que la ley “condiciona” su puesta en marcha a que se incumplan unos objetivos determinados de recogida separada de botellas de plástico en 2023, 2025, 2027 y 2029. Si se logran esos objetivos, no es necesario implantar un SDDR.

La breve respuesta de Anfabra se completa con la siguiente afirmación: “En línea con nuestro firme compromiso con la sostenibilidad y circularidad de los envases, nuestro sector seguirá avanzando para encontrar las soluciones que mejor encajen con la realidad y las particularidades del mercado y los consumidores en España, en colaboración con toda la cadena de valor, otros sectores y, en particular, nuestros clientes del retail”.

Aneabe, aunque sin responder tampoco a las cuestiones concretas, transmite una posición más matizada. “Nuestra prioridad es continuar trabajando, junto a nuestras empresas asociadas, para alcanzar la plena circularidad de nuestros envases, que es uno de los retos del sector”, asegura la patronal de aguas minerales, que añade lo siguiente: “Por este motivo, estamos centrando nuestros esfuerzos y nuestra atención en la tramitación del Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos de Envases, porque creemos, firmemente, que la nueva normativa es una oportunidad única para lograr la circularidad completa para los envases de bebidas, acompañando a las empresas en este viaje con las condiciones y herramientas más adecuadas”.

El Reglamento Europeo que menciona Aneabe está ahora en fase de negociación en las instituciones comunitarias. El primer borrador difundido, en octubre del año pasado, establece la obligación de implantar un SDDR salvo que un Estado logre una recogida selectiva del 90% de botellas de plástico en 2026 y 2027. Pero, lógicamente, nadie puede saber si se aprobará finalmente dicho Reglamento y cómo quedará redactado.

“Desde Aneabe queremos seguir impulsando, como hasta ahora, la recogida de botellas de bebidas de PET, de la manera más eficiente y sostenible posible. En la actualidad, en España, se recoge ya, de forma separada, un 71% de las botellas de bebidas de menos de tres litros, según los últimos datos de Ecoembes”, destaca también esta asociación.

Por último, infoLibre e Investigate Europe recabaron la opinión sobre el SDDR a la Asociación España de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). No existen en su caso posturas contradictorias, pero es una voz autorizada en el sector ya que representa tanto a los grandes distribuidores como a los pequeños supermercados. “El debate de ‘SDDR sí o SDDR no’ está superado, hay otros objetivos para la cadena con un gran poder transformador, como la ecomodulación, las medidas de prevención en su conjunto o el porcentaje de plástico reciclado en envases de PET”, señala María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas.

No obstante, la directiva de Asedas pone el énfasis en alguno de los posibles inconvenientes de un SDDR. “Tenemos que decir que el almacenamiento en tienda es complicado por las propias características del supermercado de proximidad, situado en zonas urbanas y basado en la rotación de productos, por lo que tiene muy poco espacio”, explica, en referencia a aquellas tiendas más pequeñas que optasen por recoger los envases devueltos de forma manual y no a través de máquinas.

“En nuestra opinión, tenemos que abordar el debate desde un punto de vista amplio y centrado en objetivos. El mayor desafío es que un envase no se convierta en desperdicio y, para ello, es necesario que todo ciudadano, empresa y administración haga sus deberes y asuma su responsabilidad”, concluye Martínez-Herrera.

Mercadona ha decidido ajustar sus precios de venta desde este mes de abril en 500 de sus productos de consumo diario hasta final de año. Según sus cálculos, supondrá un ahorro de hasta 150 euros anuales en la cesta de la compra de sus clientes, según ha informado Europa Press.

Con esta decisión pretende adelantarse a la bajada de costes, tras comprobar que "lentamente" ya se está produciendo en el mercado, explica la cadena valenciana de supermercados en un comunicado.

Esta iniciativa, subraya, se lleva a cabo "sin tocar la calidad de los productos y garantizando la sostenibilidad de toda la cadena alimentaria (proveedores, sector productivo, empresa y trabajadores)".

En total, de acuerdo a sus cálculos, supondrá un ahorro para los clientes de 200 millones de euros de aquí a final de año y tendrá un impacto en el margen de la compañía de -0,6 puntos. Se suman a la reducción realizada por la empresa de -1,1 puntos desde 2020 para minimizar el incremento de los precios de coste en origen y la industria.

La bajada de precio de estos 500 productos, de los que muchos estarán debidamente identificados en las tiendas, se aplicará a numerosos alimentos de consumo diario: productos en conserva como el atún, lácteos como algunos quesos y yogures, frutos secos, aceites, limpieza y mantenimiento del hogar, alimentación para mascotas, bollería, bodega o perfumería.

En el caso de los productos frescos, la compañía garantiza que aprovechará las oportunidades de mercado para bajar el precio, como por ejemplo en el calabacín, el pescado o las pechugas de pavo. Todos estos productos irán también debidamente identificados.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reconocido que los precios de venta en los supermercados de la firma han subido "una burrada", como él nunca había visto, pero ha asegurado que la compañía se ha "dejado la piel" para repercutir menos costes a los consumidores y ser "dique de contención" entre la cadena de valor y el público. Según el empresario, si no se hubieran subido los precios, "el desastre de la cadena de producción hubiera sido impresionante".

En el próximo mes de abril, pendiente de resolver los últimos trámites, Ferrovial decidirá definitivamente si traslada la sede de su compañía a Holanda. Ahora dicen que Leopoldo del Pino, cuarto accionista del grupo y hermano del actual presidente, está en contra de instalarse en los Países Bajos. Rafael del Pino Calvo-Sotelo cometió el error de anunciar la noticia del traslado en un momento de lo más inoportuno. La oposición quiso sacar provecho y culpó al Gobierno, en pleno fragor preelectoral, de la supuesta inseguridad jurídica por su política fiscal. La reacción del presidente Pedro Sánchez y de la vicepresidenta económica Nadia Calviño fue instantánea. Criticaron su falta de patriotismo. Recordaron que España le había dado todo a Ferrovial y calificaron de inaceptable la actitud de una empresa que ha vivido durante décadas gracias a la inversión púbica y que ahora muestra semejante falta de compromiso con su país. El Gobierno necesitaba evitar por todos los medios el efecto contagio para frenar posibles traslados de otras grandes firmas.

Conscientes del resultado negativo que provocó en la reputación de la compañía su fuga a Holanda, intentaron plegar velas. Tras una semana de desgaste, un portavoz de Ferrovial, intentando calmar los ánimos, salió a desmentir cualquier tipo de motivación fiscal o personal en la decisión y elogió la seguridad jurídica española, “homologable a la del cualquier otro país europeo”. Sea cual sea la decisión, el daño ya está hecho. Como consecuencia de la polémica salieron a relucir una serie de noticias sobre las andanzas de la saga de los Del Pino. Lujosas mansiones, fabulosos tesoros artísticos, aviones privados, yates, veleros y, cómo no, desavenencias familiares, divorcios, reclamaciones, enfrentamientos y hasta remontarse al origen de su fortuna. Asuntos que a nadie le gusta airear y menos le hubiera gustado al fundador de la dinastía, Rafael del Pino y Moreno y, sobre todo, a su esposa Ana María Calvo-Sotelo, hermana del que fue presidente de Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo. Ambos tuvieron cinco hijos y como lema la discreción, la elegancia y la sobriedad. Nada que ver con su principal heredero, aficionado a grandes lujos, que al ser nombrado presidente de la constructora se distanció del resto del clan.

Y en este punto se estarán preguntando si a una de las personas más ricas del mundo le preocupa la opinión del resto de los mortales. Quizá no le afecte tanto a su persona, pero sin duda le importa y mucho a su compañía, que se ha visto obligada a desarrollar una estrategia de comunicación para limpiar la mala imagen creada a raíz de los últimos acontecimientos. La prueba de que la reputación importa es que la decisión de Ferrovial ha provocado el posicionamiento de los otros hipermillonarios que ocupan las primeras posiciones de la lista Forbes. No es fortuito que Juan Roig, en un ejercicio de transparencia sin precedentes, saliera a dar explicaciones precisas sobre la cuenta de resultados de Mercadona, e incluso hiciera mención a la pérdida de confianza de proveedores a los que incluso quiso pedir disculpas. Tampoco es casual que el CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, quisiera marcar distancias con Ferrovial y se comprometiera a mantener en España la sede de todas las sociedades de Amancio Ortega.

Ferrovial, Inditex y Mercadona, cada cual a su manera, están desarrollando una estrategia para defender la reputación corporativa de sus respectivas empresas. Es improbable que les hayan afectado los improperios recibidos por parte de las ministras moradas del Gobierno; sin embargo, están dispuestos a borrar la desmesurada imagen de “capitalistas despiadados”. La buena reputación no es solo una cuestión ética o estética, sino un valor económico que interviene en la cuenta de resultados. Se trata de una consideración casi imperceptible, pero influye de un modo decisivo en la confianza de los inversores, accionistas, entes sociales, clientes e incluso a la hora de establecer las relaciones con los trabajadores. Cargados de buenas intenciones, los empresarios prometen rebajar la crispación y declaran literalmente entre sus principales objetivos: la creación de empleo y la formación de equipos para contribuir a formar una sociedad más próspera. Todo encaminado a un mismo fin: aumentar sus beneficios para crear riqueza. Es el principio irrenunciable del capitalismo. Mientras tanto, aumenta de forma alarmante el contraste entre la prosperidad macroeconómica y el malestar social. Miremos con atención lo que está sucediendo en Francia.

Vivimos en una economía de guerra, con la inflación disparada y una situación convulsa; sin embargo, las grandes empresas declaran sus mejores intenciones pero no están dispuestas a renunciar a ninguno de sus privilegios. Mejoran las ventas, los beneficios y sus ingresos, pero suben los precios y las familias pierden su poder adquisitivo. Los sueldos crecieron el último año casi seis puntos menos que el IPC. Las comparaciones son odiosas y en este caso de un modo especial. El salario bruto anual de Juan Roig es de 11 millones de euros, más los 88 millones que le corresponden en concepto de dividendos, a lo que habría que añadir los ingresos de su esposa, 45 millones, como vicepresidenta y segunda accionista de la compañía. Por poner otro ejemplo aún más llamativo, el primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha recibido 2.217 millones sólo de dividendos. Su hija, Marta Ortega, obtuvo una remuneración mucho más modesta, 834.000 euros, por ser este su primer año al frente de la compañía. No seré yo quien juzgue sus méritos. No obstante, teniendo en cuenta que el dinero no desaparece, sólo cambia de manos, sospecho que cuanto mayores son nuestras privaciones, más desorbitadas serán sus fortunas.

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Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, galardonadas con algunos de los principales premios literarios.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha tachado de "falta de respeto" a la ciudadanía las declaraciones del presidente de Mercadona, Juan Roig, sobre la subida del precio de los alimentos y cree que esas opiniones le "retratan", según informa Europa Press.

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, ha vuelto a arremeter contra el directivo de esta cadena de supermercados y reclama que el Gobierno actúe "cuanto antes", porque no se puede dejar la evolución de los precios de la cesta básica de la compra "en manos de quienes solo buscan blindar sus beneficios milmillonarios".

Ayer, Roig abogó por "perseguir" una bajada de los costes con el fin de abaratar los precios de venta al público (PVP), además de reconocer que los precios de venta en los supermercados de la firma han subido "una burrada", como él nunca había visto, pero ha asegurado que la compañía se ha "dejado la piel" para repercutir menos costes a los consumidores. Según el empresario, si no se hubieran subido los precios, "el desastre de la cadena de producción hubiera sido impresionante".

"Yo creo que es una falta de respeto a la gente de nuestros país. Cuando tú estas haciendo beneficios millonarios exactamente igual que en años anteriores, plantear de alguna manera que tú también lo estás pasando mal cuando hay gente que no puede llenar la nevera (...) porque los precios están desbocados, yo creo que sus palabras le retratan", ha enfatizado la secretaria general de Podemos.

Por tanto, ha vuelto a demandar al PSOE que acceda a aplicar un tope a la cesta básica de la compra o, si lo prefiere, aplicar una bonificación de los productos básicos de alimentación del 14%, como ya pidió su formación.

Ayer, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, arremetió duramente contra el presidente de Mercadona, tras conocer el balance de beneficios de la cadena el año pasado y su posición respecto a los precios de los alimentos. "Además de meterte la mano en el bolsillo cada vez que vas a la compra, se mea en tu cara", espetó Echenique en las redes sociales.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha arremetido contra presidente de Mercadona, Juan Roig, tras conocer el balance de beneficios de la cadena el año pasado y su posición respecto a los precios de los alimentos.

"Además de meterte la mano en el bolsillo cada vez que vas a la compra, se mea en tu cara", ha lanzado en las redes sociales, tras compartir una información sobre sus declaraciones ante el alza de precios.

Luego, ha ironizado de que no hay que decir "una palabra más alta que la otra", ni hacer "ruido" sino "bajar los decibelios" y mostrar una "sonrisa" ante "el saqueo y la humillación", pues "son los millonarios los que crean la riqueza".

Previamente, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, ha vuelto a cargar contra Mercadona, a la que culpa de aprovechar la crisis para sacar "mucho rédito", y demanda que el Gobierno tiene que poner "límite a la especulación e intervenir la cesta de la compra".

Así lo ha trasladado también las redes sociales tras conocer los datos del IPC de febrero, que reflejan un aumento del precio de los alimentos del 16,6% en relación con el mismo periodo del año pasado.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reconocido que los precios de venta en los supermercados de la firma han subido "una burrada", como él nunca había visto, pero ha asegurado que la compañía se ha "dejado la piel" para repercutir menos costes a los consumidores y ser "dique de contención" entre la cadena de valor y el público. Según el empresario, si no se hubieran subido los precios, "el desastre de la cadena de producción hubiera sido impresionante", informa Europa Press.

Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa anual para presentar los resultados de 2022 de Mercadona, en la que ha explicado que la empresa valenciana ha experimentado un 12% de subida de precios de sus proveedores y ha repercutido al público un incremento del 10%.

"Hemos conseguido paliar dos puntos que para nosotros es muchísimo, 600 millones, nos hemos dejado la piel para intentar paliar estos dos puntos", ha remarcado.

Roig ha asegurado que bajar los precios de venta es uno de los principales objetivos de la compañía valenciana de supermercados de cara a 2023 y que Mercadona se ha "dejado la piel" este año por intentar paliar la subida de costes para que no repercutiese en los precios, reduciendo un 0,6 puntos su margen de beneficios. El presidente de Mercadona ha expuesto que los gastos de la empresa se han incrementado hasta los 22.500 millones de euros.

Juan Roig ha señalado que en los dos últimos ejercicios las empresas se han enfrentado a "escenarios inimaginables y no previstos", como la pandemia de coronavirus y la invasión de Ucrania y sus consecuencias, entre la que destaca la inflación. Así, ha señalado que "hay una verdad universal" sobre la inflación" que se cumple guste o no, y que es que "los precios se marcan por oferta y demanda". Como decir que "el agua moja", ha subrayado.

En ese sentido, ha defendido que "solo si generas ofertas puedes bajar los precios" y es "imposible" e "irrealizable" establecer un tope de los precios de la cesta de la compra porque estos "dependen de la oferta y demanda de productos", por lo que ha defendido que se debe "hacer más productiva la economía" desde la gestión, ha insistido preguntado por la posibilidad de que se fije un tope a los precios de venta de la cesta de la compra para combatir la inflación o se implementen medidas como la del Gobierno de Francia, que establece una cesta básica de compras a precios reducidos.

"Lo que se ha hecho en Francia, con todo el respeto para los competidores, pero esto funciona con oferta y demanda y lo demás son brindis al sol. Topar los precios es imposible, es como decir que el agua no moja. Toparíamos si el proveedor nos topara precios, pero no sabemos lo que va a pasar si subimos el precio de venta de 30 productos, mañana pueden subir precios por cualquier acontecimiento", ha expuesto el empresario.

El empresario de Mercadona ha señalado la "complejidad" de la escalada de precios debido a la globalización, que ha ejemplificado en que los tomates han subido su precio un 50% en 2022 debido al incremento del gas, pasando de 1,39 € a 2,05€, ya que en el resto de países europeos no salió rentable cultivarlos en invernaderos, recurieron a la "huerta de Europa" y, con el aumento de demanda, subieron los precios. Así, ha afirmado que ante este escenario los supermercados se encuentran con dos opciones: "comprar tomate o dejar a los clientes sin tomate".

Del mismo modo, ha explicado que el incremento de demanda de China ha llevado a que el precio de cerdo en canal pase de 1,05 euros en enero de 2021 a 1,96 en la actualidad. También ha puesto como ejemplo el aceite de girasol, que valía 1,60 euros el año pasado y pasó a 3,20 euros porque Mercadona traía "el cien por cien de Ucrania". Ha recordado que hubo un desabastecimiento que obligó a limitar las ventas. Asimismo, ha avanzado que, por el ascenso de temperaturas, prevé una bajada del coste de las verduras.

El presidente de Mercadona ha expuesto que los gastos de la empresa se han incrementado en 22.500 millones de euros. "Hemos tratado de hacer un dique de contención" en los precios y "hemos tenido tensión con los proveedores" porque "nos hemos estado peleando con ellos muchísimo" para tratar de limitar una subida de precio que él "no ha vivido nunca" hasta ahora. De hecho, ha comentado que han "tensionado tanto con los proveedores que alguno ha dejado de producir".

"Eso de que un distribuidor puede poner los precios que quiera es imposible" porque el cliente se va a su competencia. "A los tenderos no nos gusta subir los precios, nos gusta bajarlos", ha asegurado, antes de añadir: "Hemos subido una burrda los precios, tienen razón, pero hay que hacer sostenible toda la cadena" y, "si no hubieramos subido precios, el desastre en la cadena de producción habría sido impresionante".

Por otra parte, el empresario ha destacado la contribución "histórica" de Mercadona este año, al aportar 2.263 euros a las arcas públicas, y ha criticado que no se deflactaran los efectos de la inflación en el IVA y el IRPF. Sin embargo, ha considerado que la reducción del IVA en productos básicos "estuvo muy bien".

Mercadona ha aumentado su beneficio neto en 2022 un 5%, hasta alcanzar los 718 millones de euros, y sus ventas han crecido un 11% interanual, hasta los 31.041 millones de euros, debido principalmente a la inflación, según informa Europa Press.

Así lo ha explicado el presidente de Mercadona, Juan Roig, durante la rueda de prensa anual para presentar los resultados de la entidad en 2022. El empresario ha abogado por "perseguir" una bajada de los costes con el fin de abaratar los precios de venta al público (PVP).

"Nos estamos enfrentando a escenarios ni imaginables ni previstos que han traído, entre otros factores, un importante incremento de la inflación", ha señalado Roig, quien ha asegurado estar muy preocupado por el aumento de los precios.

A este respecto, durante la presentación de resultados de la compañía en 2022, ha señalado que Mercadona "ha hecho de dique de contención de precios, al ser capaz de poner en marcha numerosas medidas para reducir los costes y mejorar la productividad, con las que ha evitado trasladar parte del incremento de costes sufrido al precio final".

En este sentido, ha concretado que "los precios de los productos que comercializa en sus lineales han subido un 10% de media, frente al incremento del 12% experimentado por los precios de coste en origen, dos puntos de diferencia que han incidido negativamente en el margen de la compañía, que ha sido 0,6 puntos menor que en 2021".

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha vuelto a cargar contra Mercadona, de la que ha dicho que aprovecha la crisis para sacar "mucho rédito", y demanda que el Gobierno tiene que poner "límite a la especulación e intervenir la cesta de la compra".

En las redes sociales, Belarra ha apuntado que esta cadena de supermercados ganó 718 millones de euros en 2022, un 5,5% más, y ha criticado que "algunos están sacando mucho rédito de una crisis económica que está haciendo que cada vez a más gente le cueste llenar la nevera".

"El Gobierno tiene que poner límite a la especulación e intervenir la cesta de la compra", ha enfatizado en referencia a las propuestas en esta materia planteadas por su formación al PSOE, que pasan por topar el precio de los alimentos o bonificar un 14% los productos básicos de la cesta de la compra.

A su vez, Podemos ha criticado desde su cuenta oficial de Twitter que definir los ingresos récord de Mercadona en 2022 de "capitalismo despiadado no es un insulto sino una descripción de la realidad", cuando muchas familias no pueden afrontar las "subidas de precios masivas de sus productos".

El del modelo fiscal sí que es un problema. Es un problema que un trabajador que gane 40.000 euros al año con su trabajo, una contribución neta a la generación de riqueza en nuestra sociedad, pague muchos más impuestos que un rentista que obtiene la misma cantidad en concepto de rendimientos del capital, que se han podido obtener especulando en fondos y, en definitiva, sin contribuir en absoluto a la economía productiva. Lo es todavía mayor que con recursos legales, las grandes fortunas y las grandes corporaciones, a base de paraísos fiscales y otros ardides sorprendentemente legales, lleguen a no pagar nada o casi nada.

Pero hay otro problema con estas grandes empresas, y tiene que ver directamente con el impacto que generan en el ecosistema económico local en el que se implantan.

Cuando un Mercadona se instala en una localidad relativamente pequeña o en un barrio, en poco tiempo, el mercado y el comercio minorista de alimentación local sufre una sacudida desastrosa. Nadie puede competir, por lo que la mayoría acaba desapareciendo. Las ramificaciones de este impacto llegan muy lejos y afectan a toda la economía de proximidad. Mercadona apuesta por las economías de escala, que le permiten adquirir los productos en grandes cantidades a precios bajos por todo el mundo y proponerlos a sus clientes en España más baratos que sus equivalentes españoles, aunque a menudo de peor calidad. Los productores locales también acabarán desapareciendo, lo mismo que el pequeño comercio. El vibrante centro de la ciudad donde los vecinos acudían a hacer sus compras se vacía y se muere. Su calidad de vida se resiente.

Se habla mucho de los puestos de trabajo que crea Mercadona, pero no se dice nada de los que destruye.

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Juan Pedro de Basterrechea es socio de infoLibre.

La cesta de la compra básica se ha encarecido un 1,31% entre enero y febrero, lo que supone la primera subida de precios en lo que va de año a pesar de la rebaja del IVA aprobada en diciembre para alimentos básicos, pastas y aceites, según informa Europa Press.

En concreto, la cesta de alimentos registró un precio de 30 euros el 27 de febrero, frente a los 29,61 euros de finales de enero. Según un análisis de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), el aumento de 39 céntimos en la cesta de la compra rompe la tendencia a la baja continuada e implica la disolución del efecto de la bajada del IVA.

En lo que se refiere a las cadenas de supermercados, Mercadona (-0,13 euros) y Dia (-1,23 euros) han sido las que han rebajado sus precios a finales de febrero. Carrefour, por su parte, ha sido la cadena que más ha subido los precios en la comparación mensual, con 2,13 euros más. De su lado, El Corte Inglés (0,78 euros) y Alcampo (0,39 euros) han sido los otros dos supermercados que han encarecido la cesta de la compra básica.

Pese al repunte observado a finales de febrero, el análisis de Asufin apunta que desde el pasado 2 de enero, la media de la cesta básica de alimentos se ha rebajado un 10,9% en comparación con el 29 de diciembre, cuando el precio de la cesta se situaba en 33,67 euros. Es decir, en lo que va de año la cesta se ha abaratado en 3,67 euros de media.

Con todo ello, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha subrayado que a tenor de los datos las medidas "están demostrando, mes a mes, su ineficacia". "Se trata de medidas sin graduación, que benefician tanto al que más compra como el que menos", señala Suárez. Asimismo, ha indicado que vigilar los márgenes empresariales de las grandes superficies "es muy difícil", al igual que determinar que la bajada del IVA está abaratando la cesta de productos básicos.

Dejando claro Asufin que no está de acuerdo en topar precios, sí considera la asociación que los Gobiernos tienen medios para determinar quién necesita una ayuda directa para combatir los efectos "perniciosos" de la inflación.

Este lunes era el día de ir a hacer la compra con los tiques antiguos del supermercado. Este domingo 1 de enero entró en vigor la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno, que suprime el IVA de los productos básicos alimentarios (gravados con un 4%) y reduce a un 5% el de algunos alimentos como la pasta o el aceite de oliva (desde un 10%). En la mayoría de productos, esto apenas supone la rebaja de unos pocos céntimos, aunque las diferencias se hacen más palpables en los productos más costosos, como el mencionado aceite de oliva o algunos tipos de pescados y quesos.

La medida, negociada por el Gobierno de coalición, despertaba las dudas del socio minoritario. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, consideró que “no es la medida que creo que pueda ayudar” y mostraba sus dudas sobre si las distribuidoras de alimentación trasladarían al usuario esta rebaja del IVA o tratarían de incorporarlo a sus propios márgenes. Es por eso que la vicepresidenta condicionó su apoyo a que se controlaran los márgenes empresariales, para garantizar que la supresión del impuesto se traslada a los precios finales de los productos. Según ha podido confirmar infoLibre con fuentes gubernamentales, esa misión ha recaído en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que pertenece al Ministerio de Agricultura.

La supresión del IVA ha sido actualizada este domingo automáticamente en las principales cadenas de distribución de alimentos. Según ha podido constatar infoLibre en algunos establecimientos de Carrefour, Mercadona, Dia y Eroski, los precios de algunos productos como leche, huevos, frutas o patatas han bajado en torno al 4%, aunque en algunos casos los precios de productos básicos se han mantenido o incluso incrementado.  

El usuario de Twitter @PerseP ha recogido el precio de 631 precios de Mercadona del 31 de diciembre y el 1 de enero. Este usuario, que prefiere no ofrecer su nombre, sostiene que es informático y que, por mera curiosidad, descarga mediante un programa los precios de manera automática, para comprobar las variaciones. Este periódico ha constatado decenas de precios de antes y después, como los de los diferentes tipos de aceite, y coinciden con los recogidos por este usuario.

Según esta información, la media de estos productos ha bajado un 4,25%, lo cual constata que la rebaja del IVA en Mercadona sí se ha trasladado a los productos. Las mayores reducciones netas se dan en el precio del aceite de oliva de la marca blanca Hacendado. El litro pasa de 24,75 a 23,62, lo que supone un descuento de 1,13 euros, mientras que el virgen extra pasa de 17,55 a 16,75, 80 céntimos menos. En la mayoría de productos, la reducción del IVA supone una caída del precio de pocos céntimos.

La base de datos también muestra las rebajas de precios en productos de primera necesidad no alimentarios. Por ejemplo, un paquete de compresas con alas normal de Evax cotton like pasa de 3,85 a 3,64 euros (una rebaja de 21 céntimos, es decir, el 5,7%) o una caja de preservativos natural de Durex pasa de 7 euros a 6,62 (38 céntimos menos, mismo porcentaje que en el primer caso).

En otros supermercados ha quedado patente la falta de tiempo para poder acometer los cambios en los precios, que se ha resuelto en los carteles de manera atropellada. Por ejemplo, en los carteles de las ofertas de Dia, que se cambian cada miércoles, los porcentajes han quedado trastocados. Desde el 28 de diciembre, una malla de patatas de 3 kilos pasaba de 4,39 euros a 2,99. Sin embargo, tras la aprobación de la medida del Gobierno, en el cartel del supermercado la oferta que aparece es de 2,99 a 2,88, una rebaja del 4%, correspondiente a la supresión del IVA, en lugar del 32% que se está aplicando realmente.

En este caso, la medida del Gobierno está correctamente trasladada al consumidor; sin embargo, el cartel “esconde” la oferta original que realiza la empresa desde la semana pasada. Fuentes de Dia achacan esta eventualidad al escaso tiempo que han tenido para cambiar todos los precios de sus tiendas y al hecho de que hubiera un día festivo en medio. El supermercado ha optado por automatizar todos los carteles, por el tiempo que requería ir oferta a oferta adaptando las cifras. Por lo tanto, a lo largo de estos días, algunos productos mostrarán en sus carteles una oferta que es menor respecto a la que realmente se está aplicando.

No obstante, en otras cadenas la rebaja del IVA no se nota en todos los productos. En Carrefour, por ejemplo, este periódico ha constatado la supresión del impuesto mediante la comparación de tiques del 21 de diciembre y del 2 de enero. Por ejemplo, el litro de leche entera ha pasado de 92 céntimos a 88; la harina de trigo, de 72 a 69 céntimos, o el queso mozzarella, de 1,05 a 1,01. En todos los casos se trata de alrededor de un 4% menos. 

No obstante, la comparación de precios también constata el aumento de precios en diferentes tipos de frutas, verduras y panes. Por ejemplo, la lechuga romana ha pasado en esos días de 71 a 79 céntimos; el kilo de manzana tipo golden de 1,72 a 1,85, el manojo de puerros de 750 gramos, de 1,79 a 2,10. Esto ocurre, según ha comprobado infoLibre, con varias frutas, verduras y diversos tipos de pan. Este diario ha tratado de obtener una explicación de este incremento por parte de Carrefour, aunque al cierre de esta edición no se ha obtenido una respuesta. 

La medida que aprobó el Gobierno en la última semana de 2022 trata de contener parcialmente un fenómeno que ha asfixiado los presupuestos de las familias: el enorme incremento de los precios alimentarios. El estudio más reciente que da fe de este fenómeno lo hizo la organización de consumidores OCU. A finales de septiembre constató en 1.180 supermercados cómo se estaba incorporando a los precios la galopante subida de materias primas alimentarias y energéticas a sus productos.

La conclusión es que, de media, los precios habían subido un 15,2% en un año. El organismo confirmó que hay productos que incluso habían duplicado sus precios, respecto a los de septiembre de 2021, como el del aceite de girasol (118%). Entre otras subidas destacables, los plátanos de Canarias (64%), el aceite de oliva (53%), la pasta (56%) o las harinas (50%), no solo por la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, sino también por la sequía, o en el caso de los plátanos, por la erupción del volcán de La Palma.  

La subida de los precios, sin embargo, fue desigual entre las distintas cadenas de distribución. El ranking estuvo liderado por La Plaza de Dia, Mercadona y Dia, más de un 15% cada uno. Los que menos subieron los precios, Alimerka, Carrefour Express y BM Urban, por debajo del 10%. 

Los precios online en las principales cadenas de supermercados han subido un 9,4% de media entre el 20 de marzo de 2021 y el 8 de marzo de 2022, según un estudio de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 156 productos de alimentación, higiene y droguería en diez ciudades españolas, recogido por Europa Press.

En concreto, la organización de consumidores, que califica de "preocupante" este incremento de precios, ha explicado que responde a diferentes factores como la escalada de precios de la energía y de las materias primas, como los fertilizantes, el trigo o el aceite, que gravan la producción y la distribución de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como el impacto que está teniendo el impacto de la guerra de Ucrania.

El estudio muestra que no todas las cadenas de supermercados han aumentado de igual manera sus precios. Así, Carrefour acumula una subida del 12,1% los últimos 12 meses y Mercadona un 11,4%, mientras que en El Corte Inglés e Hipercor la subida ha sido del 7,7%. No obstante, tanto Mercadona como Carrefour siguen manteniéndose entre las cadenas nacionales más baratas, junto con Alcampo.

Las subidas de precios alcanzan al 84% de los productos analizados, especialmente los de alimentación. Así, entre los más afectados son los aceites, que se han disparado una media del 34%, los pescados (16%), los alimentos envasados (11%) y los lácteos (11%).

La OCU alerta de que las subidas se sienten especialmente en los productos de marca blanca, ya que parten de precios más bajos y las califica de "muy preocupantes", ya que, de mantenerse, supondrán un incremento de más de 500 euros al año en productos de la cesta de la compra de una familia media.

Ante esta difícil situación para los hogares españoles, la organización de consumidores ha solicitado a la Administración que se articulen medidas para proteger a los hogares económicamente más vulnerables.

Antonio Garamendi adelantó que cada uno de los más de 100 empresarios invitados a la megacumbre que la CEOE celebra estos días iba a expresar “su opinión” sobre el futuro inmediato de España tras la pandemia. “Van a plantear qué habría que hacer y cómo habría que trabajar para poner en marcha el país”, precisó. Pero han hecho mucho más. A lo largo de cinco días –y aún faltan cuatro jornadas– un reparto de lujo integrado por los más significados líderes corporativos del país ha exhibido su catálogo de vetos al mismo tiempo que reclamaba su trozo del pastel de las milmillonarias ayudas que se espera lluevan desde Europa. Garamendi también avanzó que, al término de la cumbre, trasladará al Gobierno el mensaje. Como parte de su “trabajo” habitual con el Ejecutivo, con el que mantiene –y lo repitió– una relación “muy buena”.

Opiniones las están dando los grandes empresarios, y también van sumando presión. “Son los que generan efecto tractor en el resto de las empresas”, explicó el responsable de la patronal cuando presentó el elenco de la cumbre. Pablo Isla, el presidente de Inditex, uno de los mayores grupos textiles del mundo, abrió las intervenciones y cerrará el acontecimiento el próximo jueves junto con el propio Garamendi. Ana Patricia Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Juan Roig (Mercadona), Rafael del Pino (Ferrovial), José María Entrecanales (Acciona), Antonio Brufau (Repsol), Antonio Sánchez Galán (Iberdrola), Jordi Gual e Isidro Fainé (Caixabank) ya han hecho sus aportaciones. La semana que viene es el turno de Víctor del Pozo, (El Corte Inglés), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Fernando Abril-Martorell (Indra) y de los presidentes en España de las cuatro grandes (Big Four) auditoras mundiales Ernst & Young, PwC, Accenture y Deloitte. También intervendrán las responsables nacionales de Netflix y Facebook. Todo un cartel aderezado con un puñado de exministros: Josep Piqué, Javier Solana, Fátima Báñez, Cristina Garmendia, Eduardo Serra o Beatriz Corredor.

Aunque el tono ha sido, en general, bastante conciliador, muchos de ellos han aprovechado para dejar claro dónde marcan los límites. Ni subidas de impuestos, ni nuevos tributos; en todo caso, rebajas en el IVA –superreducido para todas las actividades turísticas, reclamó el presidente del grupo Barceló, y para los productos pesqueros, exigió el secretario general de los armadores, Javier Garat– y exenciones fiscales –a las socimis, las pidió el consejero delegado de Merlin Properties, la mayor socimi de España–. Goirigolzarri advirtió de que aplicar nuevos impuestos a la banca es “contraproducente” por la baja rentabilidad de las entidades debido a los tipos de interés en mínimos históricos.

También se repitieron las apelaciones a una mayor seguridad jurídica y a la reducción de la burocracia, al tiempo que se subrayó el rechazo a la derogación de la reforma laboral. Aunque casi no se la mencionó por su nombre, sí se recurrió al eufemismo sobre los perjuicios de “revertir las reformas eficaces” y “desmontar lo que está funcionando”. “No hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo”, apremió el presidente de Inditex. Porque todos se reivindicaron como creadores de puestos de trabajo, pero sólo uno, Antonio Catalán, el dueño de AC Hoteles, abogó por un turismo pospandemia con “salarios justos”. Cierto que Goirigolzarri destacó la importancia del “capital humano” y de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales– para mejorar la empleabilidad e incluso “reducir las desigualdades sociales”.

Por el contrario, el presidente de Acerinox, Bernardo Velázquez Herreros, planteó una disyuntiva poco halagüeña: “O contamos con un precio competitivo de la energía o tendremos que compensarlo con mano de obra más barata y, como España ya no es un país de salarios bajos, al menos en la industria, afrontamos el riesgo de que las inversiones busquen otros entornos regulatoriamente más favorables”. No mencionó a Alcoa, la factoría de aluminio del norte de Lugo que ha presentado un ERE para 534 de sus trabajadores, pero no hizo falta.

Fue más unánime incluso la solicitud de ayudas al Gobierno. El sector turístico reclamó la prórroga de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que les garantizan los ERTE, mientras que el presidente de Iberia, Luis Gallego, pidió un Plan Renove que bonifique la sustitución de aviones viejos por otros nuevos y ecológicos. Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y de Air Europa, fue más melodramático: “Estamos secos. No tenemos dinero. No sé cómo vamos a aguantar. Si no nos dan ayudas, vamos a durar menos que un telediario”, lamentó, “ahora creo que es imposible quitarnos esta losa que nos está aplastando”. Tomás Pascual, que preside el grupo alimentario que lleva su apellido, pidió moratoria de pagos, hipotecas y arrendamientos; Ignacio Osborne, una campaña de imagen en el exterior.

Inversiones millonarias para negocios sostenibles

Otro término recurrente fue la colaboración público-privada. El maná millonario que se está negociando en Bruselas es un poderoso incentivo para las empresas. Así que muchos de ellos fueron a la cumbre para hablar de lo suyo. Manuel Manrique (Sacyr), Rafael del Pino (Ferrovial) y José Manuel Entrecanales (Acciona) defendieron la inversión en infraestructuras, desde carreteras hasta instalaciones de tratamiento de agua y residuos, o centros sanitarios y educativos. Mientras que las energéticas instaron al Gobierno a adelantar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos están fijados en principio para 2030. Ignacio Sánchez Galán quiere que se “acelere” a 2025, puesto que las inversiones previstas en ese programa tendrían “un efecto inmediato en la economía”: aumentarían la competitividad, reducirían la dependencia energética exterior, mejorarían la balanza de pagos, recortarían emisiones, explicó. Todo ellos sin presionar las cuentas públicas. José Bogas, consejero delegado de Endesa, tiene más prisa y reclamó que se adelante un 30% del plan a 2021 y 2022. Y Beatriz Corredor, flamante presidenta de Red Eléctrica (REE), se apresuró a asegurar que su empresa tiene capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias y funcionar como “tractor” para otras.

Sánchez Galán llegó cargado de cifras para apoyar los beneficios múltiples de aprovechar esas inversiones: 32.000 millones de euros, que generarán, aseguró, 90.000 empleos. Además, la electrificación creará 12 puestos de trabajo en otros sectores, desde la construcción hasta los servicios de ingeniería, por cada empleo interno. Si, además, se eliminara el límite máximo de inversión del 0,13% en redes de distribución eléctrica, fijado por ley, se generarían 40.000 puestos de trabajo más. Otros 5.000 millones de euros dedicados al bombeo hidráulico o las baterías para almacenar energía crearán 14.000 empleos en la España vaciada. Los 40.000 millones necesarios para climatización y bombas de calor son 110.000 puestos de trabajo más, según las cuentas del presidente de Iberdrola. Para descarbonizar hidrógeno industrial harían falta 4.000 millones de euros, que se convertirían en 11.000 nuevos empleos.

José María Entrecanales, José Bogas, Antonio Brufau (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy) y Antonio Llardén (Enagás) se encomendaron a los negocios sostenibles como el “vector de crecimiento más importante de la economía”: rehabilitación energética de edificios, transporte limpio, infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. Descarbonización y transición ecológica son ahora los motores que pueden sacar al país de la crisis, subrayaron. Ángel Simón (Agbar) destacó la necesidad de construir “infraestructuras resilientes” que hagan frente a sequías e inundaciones.

Y es que las millonarias ayudas que se negocian en Bruselas estarán condicionadas a que las inversiones que se acometan vayan dirigidas a la transición ecológica –y digital–. Además, son objetivos estratégicos anteriores a la pandemia. El Green Deal que Ursula von der Leyen presentó en diciembre del año pasado pretende transformar la economía comunitaria convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050. Para echar mano a esas cantidades, pues, los proyectos en España tendrán que llevar la etiqueta verde. Así que Brufau pidió un plan para reactivar el automóvil, aunque no sólo el eléctrico; Reynés, un Plan Renove energético para el turismo; Llardés habló de gases renovables “verdes” como el hidrógeno o el biometano, verdaderos “vectores de la recuperación”. Luis Gallego también enfocó la renovación de la flota de Iberia hacia la compra de “aviones menos contaminantes”.

Invitaciones a la concordia y reproches al dogmatismo del Gobierno

Como queda dicho, el tono general de las intervenciones fue conciliador y las llamadas al consenso, la concordia y la unidad de las fuerzas políticas y sociales, continuas. Las hizo el presidente del BBVA, Carlos Torres, y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que pidió “políticas de Estado”, o el de Caixabank, Jordi Gual, a favor de un “gran acuerdo” para conseguir una “España más productiva y con una economía sostenible”. Juan Roig, el dueño de Mercadona, invitó a “trabajar todos juntos por la recuperación económica”. “Concordia social e institucional” fue la petición de Francisco Reynés.

Pero también se oyeron reproches a los “intereses ideológicos” que algunos empresarios advierten en los políticos. Los más duros, los expresados por el presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien dijo que la pandemia había revelado la “visión más ideologizada y dogmática nunca vista sobre los empresarios de algunos responsables políticos”, que han hecho declaraciones propias de personas “que, con algunas excepciones, no han visto una empresa en su vida ni la entienden”. “La realidad”, les reprendió, “les demostrará que el dogmatismo no crea empleo ni lo mantiene”.

Sólo un par de días antes el secretario general de los armadores de pesca, Javier Garat, había pedido al Gobierno que “aparque la ideología y la propaganda, y actúe con humildad”.

Otros tres empresarios atacaron además el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda que acaba de aprobar el Ejecutivo para personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Para el presidente del grupo alimentario Ebro, Antonio Hernández Callejas, ese tipo de medidas, si son permanentes, “hacen clientelismo, adoctrinan a gente para que se acostumbre a la ociosidad y no a la generación”. “Creo que eso debe estar muy meditado, la dignidad de las personas necesita un trabajo, y no un subsidio o un cheque, que crean dependencia y falta de libertad”, sostiene. A continuación, abogó por una reforma fiscal “justa”, pero no “confiscatoria”. En parecidos términos se expresó la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, quien aseguró que este tipo de medidas “no propician el interés por un trabajo formal”. “Sería fundamental”, recomendó, “hacer compatibles las ayudas a los más desfavorecidos con el estímulo para encontrar un puesto de trabajo”.

Javier Tebas, el presidente de La Liga, abundó en esa línea: “No es mejor la famosa renta vital que un puesto de trabajo”. Después se quejó del trato fiscal que, según dijo, se les da en España a los futbolistas de élite y que provoca la huida de ese “talento” a otros países. “Con sólo dos puntos más de IRPF a estos jugadores, perdemos un talento muy importante”, advirtió. Tebas también fue de los que insistió en que no se derogue la reforma laboral, no sin antes presumir de que el fútbol es el principal sector exportador neto del país, puesto que repatría 1.350 millones de euros vendiendo fuera “un producto fabricado íntegramente aquí”. “Los 42 empresas/clubes producen el 1,4% del PIB y generan 180.000 empleos directos e indirectos”, resaltó.

De ricos y pobres

De ricos y pobres se ocupó igualmente el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. La globalización, admitió, está ensanchando las brechas sociales. Y recordó que, según la definición al uso de pobreza severa, en España quien ingresa menos del 30% de la renta mediana anual está incluido en esa categoría. Pero a continuación apuntó que si se aplica ese porcentaje incluso a países como Suiza, “con ese cálculo siempre habrá pobres”. Quien fue presidente de Caixabank hasta 2016 protestó por la petición que ha hecho el BCE a la banca para que no reparta dividendos por la pandemia. Aunque él se refirió a la directriz como “esa política que ahora está de moda”. “Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos; protesto, como os podéis imaginar”, recalcó, porque esos beneficios “los necesita la gente para complementar su pensión”, y los bancos “para hacer obra social”.

El viernes abrió las intervenciones la exministra de Empleo Fátima Báñez, que fue fichada por Garamendi el pasado abril para coordinar el proyecto Empresas que ayudan de la Fundación CEOE. La responsable del ministerio que elaboró la reforma laboral no la mencionó en su discurso, pese a haber sido reivindicada por los empresarios durante tantos días. Báñez se limitó a repetir el argumentario del PP a lo largo de la crisis: “La mejor política social es el empleo”. Y Garamendi la secundó después: “La que no crea empleo es la Seguridad Social, por muchas fórmulas mágicas que tenga, lo generan las empresas, especialmente las privadas”.

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, se mantiene como la primera fortuna de España, con un capital de 70.000 millones de euros, seguido de su hija Sandra Ortega y el presidente de Mercadona, Juan Roig. Los tres lideran la lista de las 100 grandes fortunas nacionales realizada por la revista Forbes.

En total, la riqueza de las mayores fortunas de España en 2017, según la lista Forbes registra un aumento del 2% respecto a 2016, hasta alcanzar los 158.750 millones de euros.

Un año más, la lista Forbes española, cerrada el pasado 30 de septiembre, está encabezada por el fundador de Inditex, cuya fortuna, 1.000 millones inferior a la de 2016, equivale a la de los 51 millonarios siguientes.

Este jueves Ortega ampliará su fortuna al cobrar 628 millones de eurosampliará su fortuna por la última retribución del año que abonará Inditex a sus accionistas, con lo que el fundador de la compañía gallega eleva a 1.256 millones de euros lo que ha cobrado en 2017 en dividendos de la firma.

Este año el patrimonio neto promedio de un miembro de la lista es de 1.580 millones de euros si se cuenta a Ortega, y de 890 millones de euros si se le excluye.

Por detrás de Ortega, su hija Sandra, con una fortuna de 6.500 millones de euros, y del presidente de Mercadona, Juan Roig, con 4.800 millones de euros, se sitúan el presidente de Iberostar, Miguel Fluxá, con una fortuna de 3.600 millones de euros, y el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, con 2.900 millones de euros.

En total, las cinco primeras fortunas de la lista suman este año 87.800 millones de euros, frente a los 88.700 millones de euros de 2016, y suponen el 55,3% del total de la riqueza.

Completan el top ten de millonarios españoles, la mujer de Roig y segunda mayor accionista de Mercadona, Hortensia Herrero, con una fortuna equivalente a 2.600 millones de euros, seguida del propietario de Cirsa, Manuel Lao, con 2.400 millones de euros, el fundador y mayor accionista de Mango, Isak Andic, con 2.300 millones de euros, y la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, que acumula una fortuna de 2.300 millones de euros.

27 mujeres amasan una fortuna de 24.500 millones

Por género, el ranking de los 100 más ricos de España cuenta con 27 mujeres, que amasan una fortuna de 24.500 millones de euros, lo que supone una media de 900 millones de euros por cada mujer millonaria.

Sandra Ortega continúa siendo la mujer más rica de España, con una fortuna en 2017 de 6.500 millones de euros, sin variación respecto al pasado año.

Por detrás de la hija de Amancio Ortega se sitúan la mujer del presidente de Mercadona, Hortensia Herrero, con una fortuna de 2.600 millones de euros, frente a los 2.750 millones que amasaba en 2016, y la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, con 2.300 millones de euros (2.100 millones en 2016).

En cuanto a la diferencia de sexo hay que tener en cuenta el efecto Ortega. Así, si se incluye al dueño de Inditex, la diferencia entre hombres y mujeres ricos es muy elevada: los hombres sumarían una media de 1.800 millones de euros frente a los 900 millones de euros de las mujeres.

No obstante si se excluye a Ortega, la riqueza se iguala notablemente, ya que los hombres suman 880 millones de euros frente a los 900 millones de euros de las mujeres.

A grandes rasgos, el perfil más frecuente de la lista es el de empresario e inversor, además de personajes volcados en el mundo de la cultura como Julio Iglesias, que cuenta con una fortuna de 850 millones de euros, o Carmen Thyssen-Bornemisza, con 600 millones de euros.

El sector de la moda suma 81.100 millones de euros frente a los 83.000 millones de euros de 2016, respondiendo a la evolución de Inditex y un ajuste en las valoraciones de Mango y Desigual.

Una familia española puede ahorrar una media de 909 euros al año en la cesta de la compra dependiendo del establecimiento en el que compre, lo que supone casi la quinta parte del gasto anual en alimentación de un hogar medio (unos 4.783 euros al año), según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de la cesta de la compra.

Por cadenas, Supermercados Dani es la más barata, seguida de Cash & Fresh, Alcampo, Familia y Supeco, mientras que Sánchez Romero, Ulabox y Sorli Discau son las más caras.

Según la OCU, las ciudades donde más barato resulta hacer la compra son Almería y Puertollano, seguidas de Ciudad Real, Jaén, Vigo, Logroño, Burgos, Granada y Sevilla. Por el contrario, Palma de Mallorca, Barcelona, Badalona-Santa Coloma y Teruel son las más caras.

Por comunidades autónomas, La Rioja y Galicia son las comunidades más baratas para hacer la compra, en tanto que Cataluña y Baleares son las más caras.

El informe, que analiza casi 164.000 precios de una cesta de 233 productos de 1.137 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional e Internet, concluye que los consumidores pueden ahorrarse 909 euros al año si eligen los establecimientos más baratos de su ciudad, cifra 24 euros inferior a la del año anterior debido al ligero aumento en la homogeneidad y la convergencia de las cadenas.