La Fiscalía ha mantenido este lunes su petición de 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, y de penas que oscilan entre los ocho y los 14 años de prisión para sus seis hermanos por el origen de la fortuna oculta en Andorra.

En el trámite de conclusiones del juicio, que se sigue desde el pasado mes de noviembre en la Audiencia Nacional, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo únicamente ha introducido dos modificaciones: la petición de archivo de la causa para el expresidente catalán, después de que el tribunal lo haya exonerado por demencia, y para el empresario Carles Vilarrubí, fallecido el pasado mes de diciembre.

De hecho, antes de que las partes hayan expuesto sus conclusiones, el presidente del tribunal, Ricardo de Prada, ha anunciado que dictará un auto para acordar el sobreseimiento del caso para Jordi Pujol Soley, una vez acordó eximirlo tras concluir que su deterioro cognitivo impide juzgarlo.

La Fiscalía acusa a los Pujol de los delitos de blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución y mantiene también el de asociación ilícita pese a que han quedado fuera de la causa los dos presuntos líderes de esa pretendida organización: Jordi Pujol Soley y su esposa Marta Ferrusola —fallecida en 2024—.

El ministerio público pide la mayor pena, de 17 años de cárcel, para el primogénito de los Pujol y su exesposa Mercè Gironès, a quienes sitúa al frente del supuesto entramado para el cobro de comisiones ilegales de empresarios con las que cree amasaron la fortuna que durante décadas mantuvieron oculta en Andorra. Les sigue Josep Pujol, para quien solicita 14 años.

Al resto de hijos del expresidente de la Generalitat —Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta—, el ministerio público les pide ocho años de cárcel y cinco para cada uno de los nueve empresarios acusados de pagar a la familia Pujol a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado su acusación de delitos de falsedad documental contra Francesc Ribes, a quien la Fiscalía considera testaferro de los Pujol, por lo que le pide cinco años de cárcel por facilitar presuntamente el blanqueo de las comisiones ilícitas.

Las defensas, excepto alguna pequeña modificación en relato de hechos, también han mantenido sus peticiones de absolución.

El trámite de conclusiones definitivas ha seguido a los interrogatorio de los últimos empresarios que faltaban por declarar: Luis Delso, de Isolux Corsan, Josep Cornado, de Copisa, Carles Sumarroca, del grupo EMTE, y el promotor inmobiliario Alejandro Guerrero Kandler.

Los cuatro directivos, a quienes la Fiscalía acusa de pagar comisiones a Jordi Pujol Ferrusola camufladas como trabajos de asesoramiento e intermediación ficticios, han defendido la legalidad de esas facturas, con las que mantienen remuneraban servicios del primogénito como "lobby", "broker" o suministrador de "información". "Ya han visto que estaba en todas partes", ha dicho Cornado en su interrogatorio.

Los empresarios, además, han negado que sus pagos tuvieran como objetivo la adjudicación de obra pública y, en ese sentido, han destacado que sus contratos con la administración catalana se incrementaron en la etapa del gobierno tripartito que encabezó el socialista Pasqual Maragall.

"El principal cliente de Copisa es el Ministerio de Transporte y después la Generalitat, pero estamos también en la Comunidad de Madrid. Cuando tuvimos más suerte fue con el tripartito", ha explicado Josep Cornado, tras añadir: "Con los socialistas facturamos mucho más".

Cornado, por otra parte, se ha desvinculado del día a día de la gestión de Copisa, que según su versión era responsabilidad del exconsejero delegado Xavier Tauler, quien está a la espera de juicio por el caso 3% de presunta financiación ilegal de CDC. En su día, declaró como testigo en el juicio y afirmó que desconocía por qué Pujol Junior cobró 1,3 millones de euros de la constructora en tres años.

Por su parte, tras negar que cualquier vinculación con "la política o el independentismo" y formar parte de los empresarios "afines" a CDC a los que alude la Fiscalía en su escrito, Luis Delso, que presidió Isolux de 2000 a 2012, ha exhibido los datos de facturación de la empresa entre esos años para demostrar que su empresa no obtuvo un trato de favor con el expresident Jordi Pujol.

Según el acusado, en la década de los 2000 Isolux logró adjudicaciones de obra pública por valor de 881 millones, 105 en la etapa de CIU y otros 776 con los gobiernos tripartitos que encabezaba el PSC. En la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, ha agregado, bajaron a 92 millones si se descuentan las licitaciones de ayuntamientos gobernados por el PSC.

Asimismo, Carles Sumarroca, que fue consejero delegado de EMTE entre 2003 y 2009, ha admitido que su padre era amigo del expresidente de Cataluña y que ambos participaron en la fundación de CDC pero ha negado que EMTE pagara comisiones por conseguir adjudicaciones públicas.

"En 60 años de la historia de EMTE ninguna de sus adjudicaciones públicas han sido cuestionadas en ese sentido", ha asegurado.

En la misma línea, el promotor inmobiliario Alejandro Guerrero Kandler ha defendido la legalidad de las comisiones pagadas a Jordi Pujol Ferrusola tras insistir en que nunca ha tenido "relación" con de obras públicas en Cataluña. "Jamás en mi vida me he presentado a ninguna licitación ni he tenido contratos con la Administración, todos mis negocios han sido privados", ha recalcado. 

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la familia.

Pujol, de 95 años, está a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre, y justamente esta semana un médico forense examinó al expresidente para enviar un informe a la Audiencia Nacional, que deberá valorar su estado de salud para decidir si puede ser juzgado y acudir presencialmente al juicio en Madrid.

Fue el mismo equipo legal de Jordi Pujol quien solicitó a la Audiencia Nacional que valorara su capacidad para ser juzgado y de afrontar el rol dialéctico de la defensa, o si puede no asistir presencialmente al juicio y seguirlo e intervenir de manera telemática.

De hecho, Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán, ha asegurado recientemente en una entrevista a Catalunya Ràdio que su padre "tiene ganas" de ir a juicio, si bien su cuerpo "no aguanta".

La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 24 de noviembre el inicio del juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

Según Oriol Pujol, a su padre a veces "le cuesta recordar los nombres de los hijos" y, de hecho, presenta "marcadores de alzhéimer". "Cognitivamente, es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien", precisó.

"No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar", agregó Oriol Pujol, que detalló que su padre "arrastra dolor" y que, a pesar de que su cuerpo está "castigado, débil, frágil", no quiere eludir el juicio: "En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio".

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias.

La Abogacía del Estado, por su parte, no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol i Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

La investigación judicial sobre el patrimonio oculto de la familia Pujol Ferrusola ya ha concluido y está a la espera de juicio. De momento, las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción están claras: un entramado delictivo que se extendió en el tiempo durante décadas y que estaba organizado a tres niveles. El primero, la obtención de la enorme fortuna que manejaron, que los fiscales sitúan en el cobro de comisiones ilegales; el segundo, la creación y gestión por parte del primogénito de una compleja red de empresas sin actividad para mover ese dinero; y el tercero, la apertura de cuentas bancarias en Andorra a nombre de la mujer del expresidente catalán y los siete hijos para ocultar los fondos al fisco español.

Así lo explica el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que los fiscales del caso exponen el papel que tuvo cada miembro del clan en una trama que considera una organización criminal dirigida al enriquecimiento y la ocultación de una fortuna de la que, sin embargo, no se ha podido establecer un origen concreto. El escrito comienza con el comunicado que Jordi Pujol envió a los medios de comunicación en verano de 2014 en el que hablaba de una supuesta herencia que su padre habría dejado a su mujer y sus hijos en 1980 y de la que "nunca se encontró el momento adecuado para regularizar". De la investigación posterior, tal y como concluye Anticorrupción, no hay ni rastro de esa herencia y sí muchas actividades supuestamente ilícitas que implican posibles delitos de blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y falsificación de documentos, entre otros.

Aunque el comunicado del expresident Pujol es de julio de 2014, la familia ya era objeto de titulares por la denuncia que había presentado un año y medio antes la examante del primogénito. Ahí radica el origen de la investigación que ha acabado con el clan al completo a punto de ser enviado al banquillo en la Audiencia Nacional –el juicio se hará esperar un poco más–. Tal y como recuerda Anticorrupción en su escrito, en diciembre de 2012 Victoria Álvarez denunció que Jordi Pujol Ferrusola "disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor que introducía en España desde Andorra", que "tenía negocios en países como Andorra, el Reino Unido, Argentina y México", y que había escuchado conversaciones entre el hijo mayor, su esposa y su madre "sobre dinero que se encontraba en el extranjero”.

Administraciones controladas por Convergència

Para la Fiscalía, la historia se enmarca en los tiempos en que Pujol ejerció como presidente de la Generalitat de Cataluña, diputado en el Parlament y presidente del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), cargos con los que "aprovechó" para tejer una "red de clientelismo" con la que construyó un "entramado" a través del cual tanto él como "determinados empresarios afines" a la formación política se repartieran "sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". Los fiscales no concretan desde qué año hasta qué año estuvo en marcha esa red clientelar, pero sí destacan que Pujol estuvo en lo más alto de la política catalana durante más de treinta años.

"Así consiguió un patrimonio, ajeno a sus ingresos legales, que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y, en particular, a la sociedad catalana", explica el escrito. He aquí donde entran el resto de miembros de la familia, con cuya "connivencia" y de forma "coordinada" a lo largo de "muchos años" se mantuvo un entramado para "ocultar el auténtico origen del dinero", a través de cuentas bancarias en Andorra, y "disfrutar del mismo, una vez oscurecido su origen". En la cúspide de esa trama, el propio expresident, su esposa, Marta Ferrusola; el hijo mayor de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, y la mujer de éste, Mercé Gironés. El resto se dedicaron a beneficiarse "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a ocultarlas".

Pero si hay un verdadero protagonista del escrito de acusación de la Fiscalía es el primogénito. Jordi Pujol Ferrusola aparece como el artífice de las operaciones bancarias y societarias que mantuvo durante años para ocultar el patrimonio familiar, con la participación de su entonces esposa y siempre "en cumplimiento de lo acordado por sus padres". No en vano, Pujol Ferrusola es el único del clan que ha pasado por prisión provisional, donde estuvo ocho meses en 2017, y es el que se enfrenta a una petición más alta de pena: 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el padre, Anticorrupción pide nueve años y para el resto de los hijos, entre 8 y 17 años. Marta Ferrusola no ha sido acusada al habérsele archivado las diligencias por enfermedad.

Contrataciones ficticias con ingentes ingresos

En lo que respecta a la ocultación del dinero en Andorra, los miembros del clan y la esposa del primogénito fueron "titulares y/o dispusieron de fondos en cuentas bancarias" desde 1990 en la entidad Andbank y después en la Banca Privada de Andorra (BPA) "que al tiempo de cumplimentar la solicitud ya habían sido canceladas, a excepción de cuentas de Josep Pujol Ferrusola". Y en lo referente a las sociedades mercantiles investigadas, todas tenían como socios, apoderados o administradores a Pujol Ferrusola y Gironés. Del análisis realizado en los ocho años de pesquisas, los fiscales concluyen que no había diferenciación alguna de actividades entre ellas y no reflejan ninguna justificación económica y jurídica de las operaciones que declaraban realizar. En resumen, la Fiscalía habla de "contrataciones ficticias" con las que Pujol Ferrusola y Gironés percibieron "ingentes ingresos".

Esas sociedades, que Anticorrupción analiza una por una, no tenían personal –a excepción de una de ellas, una única trabajadora en muy corto periodo de tiempo– y los servicios que afirmaban prestar eran los de “asesoramiento/consultoría e intermediación” en "conocimientos en ingeniería, construcción, inmobiliaria, incluso industria fotovoltaica". Las empresas a las que supuestamente prestaban asesoramiento sí tenían capacidad tanto material como de personal cualificado para realizar tales funciones y todas presentaban una característica común: habían resultado adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas de Cataluña.

"La realidad es que la actividad de esas sociedades se confunde con la de los propios acusados. Y todo ello significa que tanto los intereses como sus patrimonios se confunden con los de los propios acusados, acreditado ello al actuar los acusados Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés bajo el principio de unidad de caja, consiguiendo de esta manera tributar a través del Impuesto de Sociedades, lo que la realidad ha determinado que son actividades imputables a las personas físicas. La finalidad de las sociedades, por tanto, no era el ejercicio de sus propias actividades mercantiles, por lo que las ganancias obtenidas por las sociedades deben imputarse a estos a razón de su participación en las mismas", explican los fiscales.

Millones en euros, pesetas, libras, marcos y dólares

En lo que respecta a las cuentas en Andorra, el Ministerio Público estima que los Pujol llegaron a amasar al menos 38,79 millones de euros, más de 8 millones de dólares, más de 2,7 millones de marcos y más de 95.000 libras. Es lo que se ha conseguido acreditar. El escrito refleja las numerosas entradas y salidas de dinero que se han podido acreditar con la información facilitada en las comisiones rogatorias enviadas al Principado. Entradas y salidas que, según el año, aparecen tanto en pesetas como en dólares, marcos, libras o euros. En una de las cuentas, por ejemplo, la Fiscalía expone que "se produjeron numerosos abonos millonarios, algunos por transferencias internas de la propia entidad, otros por transferencias desde Suiza, así como ingresos en efectivo o bien ingresos de cheques", aunque "de la mayoría se desconoce su origen". En los ingresos cuyo origen sí se pudo determinar, se ha podido establecer en algún caso la procedencia del cobro de comisiones ilegales.

En muchas ocasiones había "repartos" entre las cuentas de los miembros del clan Pujol Ferrusola, y en esos casos utilizaban en las órdenes de transferencia entre ellos y su gestor bancario la nomenclatura “SAGRADA FAMILIA””. La misma operativa se repetía con origen en una cuenta que recibía una gran cantidad de dinero, tras lo cual las demás recibían exactamente los mismos fondos, haciendo un reparto equitativo entre los hermanos y los padres. Unas cuentas estaban abiertas dos años; otras, más de diez. Aparte de las cuentas de Andorra, Jordi Pujol Ferrusola fue titular de una cuenta en Suiza entre 2002 y 2004 que se abrió con más de siete millones de euros que sirvieron para adquirir un fondo de inversión al que transfirió 4,4 millones más. El fondo fue cancelado y se tranpasaron tanto títulos como dinero a cuentas en Delaware y a otras en Luxemburgo y Ginebra.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado prorrogar hasta el 23 de marzo de 2021 la instrucción del llamado caso Pujolcaso Pujol, que investiga el origen de la fortuna de la familia del expresidente catalán y en el que están investigadas 36 personas, entre ellas el expresidente de la Generalitar Jordi Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos por delito fiscal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 argumenta su decisión asegurando que "siguen concurriendo muchas de las mismas circunstancias que motivaron las prórrogas anteriores", y añade que algunas no dependen de la Audiencia Nacional, sino del "grado y celeridad de la cooperación facilitada por otras jurisdicciones", ya que la mayor parte de la actividad empresarial y de la fortuna del clan Pujol ha sido localizada fuera de España.

El magistrado ya acordó en 2016 la complejidad de esta causa en tanto que la investigación recae supuestamente sobre una organización criminal, tiene por objeto numerosos hechos punibles, muchos investigados y por tanto es necesario analizar abundante documentación y realizar actuaciones en el extranjero.

Nuevos informes y comisiones rogatorias

Atendiendo ahora la petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez explica que actualmente está pendiente de informes de auxilio judicial en relación con el menor de los hijos del expresidente, Oleguer Pujol Ferrusola, y otros investigados que originarán nuevas órdenes europeas de investigación y nuevos informes de la Agencia Tributaria sobre esta parte de la causa.

Además, De la Mata recuerda en su auto que en la parte central de la investigación, la referida a la organización criminal integrada por los miembros de la familia, está aún pendiente de practicar diligencias como las comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a Andorra y Luxemburgo y otra de Dinamarca pendiente de cumplimentar. También está pendiente la solicitud de diligencias solicitadas por la entidad Gran Tibidabo, personada como acusación popular.

Por último, el juez recuerda que recientemente se ha descubierto una nueva Fundación, denominada Paty, vinculada a Josep Pujol Ferrusola, en un banco de Andorra en el que se ha identificado un ingreso de 600.000 euros y que ha motivado una nueva petición de la Fiscalía para cursar otra comisión rogatoria internacional al Principado "a fin de obtener información sobre este nuevo instrumento societario opaco tras el que se parapetaba" el investigado.

Según el último informe de la UDEF incorporado al sumario de la causa, al que tuvo acceso Europa Press, en la dirección de la Fundación Paty figura la sociedad panameña Gesfund INC, en la que estaban como apoderados Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés y Manuel Domingo Narvarte, todos ellos "vinculadas en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith y Advocats i Consultors Associats.

En la cuenta de la fundación, añade el informe, se contabilizó el abono mediante transferencia de 600.000 euros, cantidad cuyo origen radica en la cuenta que Josep Pujol tenía en el banco andorrano Andbank.

Por todo ello, De la Mata concluye que procede fijar un plazo máximo de instrucción final adicional en esta causa, visto que por las "circunstancias sobrevenidas a la investigación ésta no puede razonablemente completarse en el plazo estipulado".

Eso sí, aclara que esta ampliación no significa que se vaya a agotar el nuevo plazo, sino que el instructor tiene la "obligación de concluir la instrucción total o parcialmente mediante la incoación de las correspondientes piezas separadas tan pronto como considere que la instrucción haya cumplido su finalidad".

Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente Jordi Pujol, llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y medio de euros entre los años 1993 y 2000 a través de 69 movimientos que incluyen ingresos en efectivo de origen desconocido, según un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que también ha identificado una nueva fundación del clan radicada en Panamá y en la que se llegaron a inyectar 600.000 euros.

Según el nuevo informe policial incorporado al sumario de la causa que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, de 193 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, Josep Pujol fue quien realizó la transferencia a la denominada 'Fundación Paty', de la que era su "primer beneficiario".

La UDEF ha redactado este informe en base a la documentación que se le ha remitido desde Andorra en respuesta a la comisión rogatoria emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que es el que instruye este caso.

Según el documento, alguno de los ingresos que suman dicha cantidad fueron realizados en efectivo por el propio Josep Pujol, pero también por el que fuera director de la antigua banca Reig Antoni Zorzano y por María Pallerola, a quien la Policía vincula con otras operaciones realizadas por el primogénito del clan y presunto 'cerebro' de la trama familiar, Jordi Pujol Ferrusola.

De hecho, alguno de los ingresos analizados en este informe, como uno por importe de 244.953,16 euros, se realizaron en cuentas en las que figura como titular el propio Jordi.

En otro de los puntos del informe, y como contestación a una de las comisiones rogatorias internacionales impulsadas por el juez De la Mata, se ha podido constatar que una de las transferencias realizadas en 1997 fue ordenada por la sociedad Colil Capital NV desde la entidad Banco Zaragozano. Añade que la entidad Bank of New York actuó como banco corresponsal de la operación.

Dicha mercantil se encuentra domiciliada en Curaçao, territorio autónomo de los Países Bajos y que la UDEF identifica como paraíso fiscal en el que la banca offshore offshorecontinúa siendo un importante sector de su economía. El director general de la compañía se identifica en el informe como Juan Manuel Rosillo.

Promotor hallado muerto en Panamá

Según recuerda la UDEF, esta persona fue un empresario que se introdujo en España representando a la promotora inmobiliaria Kepro para desarrollar el barrio de Diagonal Mar en Barcelona, cuando tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, siendo condenado a más de 6 años de cárcel en 1999 por delitos relacionados con un fraude inmobiliario masivo en la compra de terrenos. Huyó de España y se le localizó en Panamá, donde fue encontrado muerto en octubre de 2007 en el Hotel Ambassador.

La Policía destaca las conexiones entre Jordi Pujol Ferrusola y el conocido como 'John Rosillo' que aparecen referenciadas en publicaciones de prensa escrita, blogs de Internet e incluso en la sentencia en la que Rosillo fue condenado en España, puesto que el asesor fiscal de la familia Pujol fue testigo en la citada causa.

En otras de las subcuentas analizadas en este informe figuran abonos o cargos, contabilizados bajo el concepto 'Arbit', que generan una serie de cargos por comisión de cambio de divisa y que la policía identifica con algún tipo de moneda que no puede precisar.

Posible préstamo ficticio

Los investigadores dan especial importancia en su informe a un movimiento en especial, un supuesto préstamo de 2009 que, según la propia declaración de Josep Pujol, realizó al empresario Jorge Barrigón, dueño de Cat Helicopters, compañía que habría obtenido contratos públicos a cambio de trasladar "en múltiples ocasiones" a la familia Pujol a Andorra, según la Policía.

Pues bien, ese préstamo por importe de 960.000 euros, de los cuales 900.000 iban a ser empleados para una opción de compra de las acciones de una sociedad andorrana denominada Heliand S.A., es puesto en duda por la UDEF en su informe, ya que sospecha que fue ficticio y su fin verdadero era el blanqueo de capitales.

Según la UDEF, el objetivo era "dificultar y ocultar el origen y destino de los movimientos de dinero" que iban a quedar registrados en la cuenta de BPA que usaba Josep Pujol así como en dos cuentas de su hermano mayor Jordi, ya que el mismo día que el primero retiró el efectivo para el supuesto préstamo el segundo recibió en su cuenta una cantidad idéntica.

A pesar de que tanto Josep Pujol como Jorge Barrigón han tratado de justificar estos movimientos, los investigadores sospechan que "el destinatario final de esos 900.000 euros podría haber sido Jordi Pujol Ferrusola".

El préstamo, añaden, permite a ambos hijos de Jordi Pujol desvincular el dinero ingresado en sus cuentas del Andbank, cuyo origen es desconocido, para ingresarlo en la cuenta del BPA de Josep, justificando dichos ingresos a través de las dos devoluciones del préstamo, cuando en realidad "no procedería de la devolución del préstamo, sino de una serie de ingresos y retiradas de fondos cuyos orígenes son desconocidos y que intentan enmascararlos gracias al citado préstamo, el cual genera la cobertura necesaria para desvincular y ocultar la procedencia real de los ingresos realizados en la cuenta del BPA", resume el informe.

Sobre la 'Fundación Paty', la UDEF ha concluido que en la dirección de la misma figura la sociedad panameña Gesfund INC, en la que figuraban como apoderados Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés y Manuel Domingo Narvarte, todos ellos "vinculados en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith y Advocats i Consultors Associats".

En la cuenta de la fundación, añade el informe, se contabilizó el abono mediante transferencia de 600.000 euros, cantidad cuyo origen radica en la cuenta que Josep Pujol tenía en Andbank.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol volverá a prisión después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Barcelona haya estimado un recurso de Fiscalía contra su clasificación, por parte de instituciones penitenciarias, en tercer grado.

En un auto recogido por Europa Press, la magistrada acuerda revocar el tercer grado al considerar que no es conforme a Derecho e indica que la resolución es ejecutable, después de que el Ministerio Público presentara en abril un recurso al ver "trato privilegiado" a Pujol –condenado a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil por el caso ITV–.

Fuentes fiscales han informado de que este jueves por la mañana se ha notificado a la Fiscalía la aceptación del recurso contra el tercer grado y que "ello implica su ingreso inmediatamente en prisión".

La jueza ha valorado que en el caso de Pujol "no concurren favorablemente calificadas todas las variables" que el Reglamento Penitenciario establece para que se pueda clasificar al penado inicialmente en tercer grado.

Ha indicado que "ni tan siquiera habían transcurrido dos meses desde su ingreso, por lo que no puede afirmarse que se ha cumplido con un periodo razonable de observación que permita al Equipo Técnico estudiar al interno", lo que ve indispensable para la clasificación inicial en tercer grado.

Ha añadido que concurren circunstancias favorables como su primariedad delictiva, asunción y reconocimiento de los hechos, pago de las multas, bajo riesgo de reincidencia o adaptación socio familiar y tener un empleo, entre otras, pero que estos datos no son determinantes porque "no se observa que se haya producido durante el escaso periodo de ingreso cambio alguno en los déficits tratamentales determinantes de su comportamiento delictivo".

La jueza ha considerado que el tiempo que Pujol ha estado realizando un programa sobre moral y valores desde el 19 de febrero no es suficiente, y que no consta valoración, consolidación y seguimiento que se hayan alcanzado "ni si han tenido algún efecto reeducador en relación a su conducta delictiva centrada, según los informes, 'en la codicia y la posible repercusión en su estatus social y sus relaciones de poder".

Además, ha asegurado que la infracción de Pujol tiene especial relevancia en términos de repercusión social e institucional porque era diputado del Parlament y generó descrédito en las instituciones, y actuó "aprovechando su privilegiada condición política y actividad pública para cometer los hechos delictivos que se prolongaron durante varios años y que deben ser objeto de un importante reproche".

El tercer grado a Pujol suponía que desde el viernes 29 de marzo pudiera salir de la cárcel durante el día entre semana y estar en su casa los fines de semana, pero Fiscalía presentó un recurso en el que pedía que se le clasificara en segundo grado, y lamentaba que se transmitía "un peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir" y que la ley no es igual para todos.

La Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia, que dirige Ester Capella, aprobó el 21 de marzo la clasificación inicial de tercer grado de Pujol, una propuesta que había sido elevada por decisión unánime de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

El fiscal recordaba en su recurso que Pujol, entre 2010 y 2012 se aprovechó de su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU y de secretario general de CDC para urdir un plan para beneficiarse económicamente del aumento de estaciones de ITV que iban a ser adjudicadas, y también usó "la influencia de su posición política a fin de conseguir actos administrativos favorables a sus propios intereses" y percibió comisiones a través de su esposa.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de cárcel por el caso ITV y en prisión desde el 17 de enero, ha salido este viernes a las 8.17 horas de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), al haberle concedido el tercer grado penitenciario, ha informado la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat, según Europa Press.

Pujol, condenado por delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil, será trasladado a un centro de régimen abierto, donde deberá ir a dormir entre semana, y durante la jornada saldrá para ir a trabajar, y podrá pasar los fines de semana en su casa.

El exdiputado convergente lleva desde el 17 de enero en la cárcel de Brians 2, en concreto en el módulo 7, y previsiblemente será trasladado, al ser de Barcelona, al módulo de régimen abierto de Brians 1 o a los centros abiertos de Barcelona: Trinitat y sección abierta de Wad Ras.

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat ha concedido el tercer grado inicial al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de cárcel por el caso ITV y en prisión desde el 17 de enero, informa Europa Press.

Según han informado fuentes de la Conselleria de Justicia, que dirige Ester Capella, la Secretaría ha ratificado la propuesta de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), y el tercer grado será efectivo a partir de la próxima reunión de la Junta, que celebra un encuentro ordinario todos los jueves. Pujol, condenado por delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil, será trasladado en las próximas semanas a un centro de régimen abierto, donde deberá ir a dormir entre semana, y durante la jornada saldrá para ir a trabajar, y podrá pasar los fines de semana en su casa.

El exdiputado convergente lleva desde el 17 de enero en la cárcel de Brians 2, en concreto en el módulo 7, y previsiblemente será trasladado, al ser de Barcelona, al módulo de régimen abierto de Brians 1 o a los centros abiertos de Barcelona: Trinitat y sección abierta de Wad Ras. Ahora la Fiscalía, que abogó desde el principio por que Pujol entrara en prisión para cumplir los dos años y medio y no se le sustituyera la pena por trabajos en beneficio de la comunidad, puede presentar recurso a la decisión, que dependerá de un juez de vigilancia penitenciaria.

En caso de que se revocara el tercer grado, la decisión de dicho juez puede tener efectos suspensivos de manera inmediata pese a que el preso recurriera ante la Audiencia de Barcelona, o no tenerlos hasta que se resuelva dicho recurso. La clasificación en tercer grado supone que el interno puede salir de día a trabajar, formarse o seguir algún tratamiento para su reinserción, y debe regresar entre semana a dormir al centro abierto, pasando como mínimo 8 horas, mientras que los fines de semana puede estar en su casa.

Para obtener el tercer grado se tiene en cuenta la longitud de la pena, el riesgo de reincidencia y quebrantamiento de condena, las características personales y sociales del penado, si es su primer ingreso, el apoyo familiar, si tiene trabajo, la conducta dentro del centro y su participación y compromiso en el programa individual de tratamiento. Según cifras de la Conselleria de Justicia, el año pasado, una de cada tres clasificaciones iniciales fueron de tercer grado: 799 sobre 2.635 y, en Catalunya, de las 8.484 personas que cumplen pena de prisión, el 26% son en tercer grado (1.640).

La magistrada encargada de resolver la ejecución de la condena impuesta a Pujol por haber amañado adjudicaciones de estaciones de ITV acordó en un auto del 8 de enero denegar la petición de suspensión de la pena de prisión que solicitó la defensa y ordenar su ingreso en prisión. Pujol defendió, en una vista convocada el 10 de diciembre en la Audiencia, sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos –"Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo"–.

La Audiencia rechazó la petición argumentando que cometió hechos "muy graves" alegando que, en vez de prestar el servicio social inherente a sus cargos políticos –fue presidente del grupo parlamentario de CiU, secretario general adjunto y secretario general de CDC–, se aprovechó en beneficio propio. "No actuó en interés del pueblo al que representaba (era diputado) sino en el suyo propio", y no fue de forma aislada sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirma la Audiencia.

El tribunal aseveró que su actuación "ha supuesto un ataque muy importante" al Estado de derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha aprobado por unanimidad una propuesta de clasificación en tercer grado para el exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol, lo que le permitiría salir de día para trabajar o hacer actividades de reinserción y dormir en la cárcel entre semana. Esta decisión se produce cuando el recluso ni siquiera ha cumplido dos meses de prisión, ya que ingresó en la misma el pasado 17 de enero.

Tras recibir la propuesta, el Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, que depende de Amand Calderó, deberá estudiar la propuesta y decidir si la valida, lo que puede producirse en los próximos días, ha informado la Conselleria de Justicia este viernes. Pujol ingresó en este centro el 17 de enero de este año para cumplir la condena de dos años y medio impuesta por la Audiencia de Barcelona por el caso de amaños de concesiones de ITV.

La magistrada de la Sección 20 de la Audiencia de Barcelona ha ordenado que el exdiputado de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, ingrese en prisión para cumplir la pena de dos años y medio de prisión a la que fue condenado por el caso ITV.

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la magistrada encargada de resolver la ejecución de la condena impuesta a Pujol por los delitos de tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y de falsedad en documento mercantil ha acordado denegar la petición de suspensión de la pena de prisión solicitada. El TSJC ha precisado que sobre esta resolución cabe recurso, que suspendería el ingreso efectivo hasta la firmeza de la resolución.

Oriol Pujol defendió, en una vista convocada el 10 de diciembre en la Audiencia, sustituir su pena de dos años y medio de cárcel por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, y reiteró su arrepentimiento por los hechos: "Me he visto con ojos de este procedimiento y no me he gustado a mí mismo", llegó a decir. El abogado de Pujol, Xavier Melero, argumentó que la suspensión de la pena de cárcel técnicamente es posible —porque Pujol no es reo habitual y las penas de los tres delitos por los que fue condenado por separado no superan los dos años—, y defendió ante los medios que los trabajos en beneficio a la comunidad tienen "eficacia ejemplarizante y comunicativa una vez se ha producido la confesión y la reparación del daño".

La defensa también argumentó en la vista que Pujol había reparado en buena parte el daño simbólico por el reconocimiento público de los hechos, y destacó que había renunciado a su actividad política y pública, comportando una'pena natural que implicó la "destrucción" de su carrera política y profesional, lo que elimina el riesgo de reincidencia, según recoge el auto. Pujol alegó que su ingreso en prisión perjudicaría gravemente su entorno familiar —tiene a tres hijos a su cargo— y su arraigo laboral y social, en plena recomposición ya que había conseguido "esforzadamente" rehacer su vida laboral, y que estaba trabajando como voluntario en entidades sociales. En la vista, según detalla la Audiencia, Pujol reconoció su error, recordó que había colaborado con la justicia, y explicó que ha notado "el desprecio y la decepción de mucha gente", además de resaltar su vocación política y cómo se había truncado su proyecto vital y está estigmatizado socialmente.

Hechos muy graves

La Audiencia ha rechazado la petición argumentando que Pujol cometió hechos "muy graves" porque en lugar de prestar el servicio a la sociedad inherente a sus cargos políticos —fue presidente del grupo parlamentario de CiU, secretario general adjunto y secretario general de CDC— se aprovechó en beneficio propio. "No actuó en interés del pueblo al que representaba (era diputado) sino en el suyo propio", y no fue de forma aislada sino que actuó desde su privilegiada posición política y actividad pública hasta el 2010 a 2012, percibiendo comisiones dinerarias a través de empresas regentadas por su esposa, afirma la Audiencia.

El tribunal asevera que su actuación "ha supuesto un ataque muy importante" al Estado de derecho, pues a su entender afecta a su propia esencia y provoca desconfianza en la ciudadanía hacia sus representantes. Insiste en que no hay ningún elemento que aconseje suspender la pena y atender a la petición de Oriol Pujol ya que, con su ingreso en prisión para cumplir su condena, "se restablece la confianza del ciudadano en la norma jurídica, lo que no se lograría en caso contrario, por cuanto ante la suspensión de las penas de prisión impuestas por la comisión de tan graves hechos se vería desprotegido por el ordenamiento jurídico". Así, se alinea con la tesis de la Fiscalía, que se había opuesto a la suspensión al tratarse de una condena por delitos relacionados con la corrupción política, "por la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho".

La Fiscalía ha pedido para el exdiputado de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, el ingreso "inmediato" en prisión para cumplir su condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del amaño del concurso para obtener estaciones de ITV, y lo basa en que es una condena por delitos vinculados con la corrupción. Informa Europa Press.

En su escrito, la Fiscalía especial contra la corrupción se opone a que se suspenda el ingreso en prisión del hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol acogiéndose al beneficio de la suspensión de la pena, que se permite cuando la persona no es un delincuente habitual y las penas a las que es condenado, por separado, no son superiores a dos años.

La Fiscalía tiene en cuenta que Oriol Pujol fue condenado por delitos relacionados con la corrupción política y económica, y que luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas porque es "una lacra para la sociedad y un ataque a la estructura democrática de cualquier estado", por lo que ve más necesaria la ejecución de la condena. Así, recuerda que ni las circunstancias personales ni la conducta de Oriol Pujol tras la comisión de los hechos "pueden contrarrestrar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue".

La fiscal Teresa Duerto recuerda que este tipo de beneficio tiene "naturaleza discrecional" pese a que concurran los requisitos previstos por la ley, y que en este tipo de casos, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción, se tiene en cuenta la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho, y evitar que se perciba el beneficio como una injustificada indulgencia. 

Oriol Pujol solicitó no ingresar en prisión teniendo en cuenta que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho, y un año y cinco meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Alegó que su ingreso en prisión "perjudicaría gravemente" a su entorno familiar y su arraigo laboral y social en plena recomposición, debido a que tiene tres hijos -dos mayores de edad de los que costea los estudios universitarios-, y los pagos de una hipoteca, además de que había reconocido los hechos y ha renunciado a la actividad política y pública.

Sin embargo, la fiscal rechaza estos argumentos porque la esposa de Oriol Pujol tiene estudios superiores y una profesión que le permite encargarse de sus hijos y los gastos familiares, y además de tener una segunda residencia en la Cerdanya (Girona), pertenece a la familia Pujol-Ferrusola "siendo de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos". Además, argumenta que en modo alguno se puede considerar que con el cumplimiento de las penas de inhabilitación "se repare en su totalidad el daño causado a la sociedad, como tampoco que ello suponga la eliminación del riesgo de reincidencia".

Condena a Oriol Pujol

El 27 de julio, el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó en firme al exdiputado a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años. Asimismo, la Audiencia condenó al hijo del expresidente a ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena de un año y cinco meses de cárcel y 21.000 euros de multa.

Según la sentencia, en 2011 el entonces secretario general de la Conselleria de Industria Enric Colet nombró a Josep Tous como encargado de solucionar los litigios judiciales suscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Cataluña, por una "sugerencia activa" de Pujol, que usó para ello su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido para conseguir el nombramiento. El interés de designar a Tous en este cargo por parte de Pujol partía de que se lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que "favoreciese los intereses privados" del empresario de las ITV Ricard Puignou en las negociaciones para diseñar el nuevo plan territorial de las ITV que quería impulsar el Govern.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha aceptado este martes ante el Tribunal del Jurado la pena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política para favorecer a empresarios en el caso del concurso amañado para obtener estaciones de ITV.

En una vista ante el Tribunal del Jurado, Pujol se ha ratificado en el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción aceptando una pena de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, y la magistrada ha afirmado que el caso queda visto para sentencia, que se dictará en estos términos.

El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha suscrito un pacto con la Fiscalía ahora ratificado en el que consigue que su mujer, Anna Vidal, también acusada, eluda la cárcel a cambio de una multa, un acuerdo al que finalmente se han adherido los otros acusados: el exnúmero dos de la Diputación Josep Tous, y los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación planteado por Joan Antón Sánchez Carreté, ex asesor fiscal del clan de los Pujol, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó la desestimación de su demanda contra Google Spain para que retirase de sus indexaciones la información personal sobre la condena que se le impuso por delito contra la Hacienda Pública (por hechos cometidos en 1991) y el indulto que le concedió el Gobierno en el año 2009, informó Europa Press.

En su recurso, el exasesor de los Pujol, que figuraba en la denominada lista Falciani facilitada a las autoridades españolas por el ingeniero informático suizo, señalaba que Google había cometido una intromisión en su intimidad y honor y que debía indemnizarle con 12.000 euros por daño moral.

La Audiencia de Barcelona, en la sentencia ahora ratificada, destacó que el caso planteado por el recurrente no estaba amparado por el "derecho al olvido" porque se trata de un "personaje público", ya que compareció en la Comisión de Investigación sobre Fraude Fiscal del Parlament de Cataluña y figuraba en la lista Falciani.

De hecho, Sánchez Carreté compareció en varias ocasiones ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el patrimonio de los Pujol. La última vez que lo hizo fue el pasado mes de julio, cuando afirmó que él no tuvo conocimiento de la existencia de un patrimonio del clan en el extranjero hasta que fue convocado a una reunión con los abogados de la familia el 7 de julio de 2014, apenas 18 días antes de que el exmandatario reconociera la existencia de este patrimonio sin declarar, mediante un comunicado público.

En un auto, el Supremo inadmite el recurso porque su único motivo carece manifiestamente de fundamento, por no atender a la verdadera razón de decidir de la Audiencia de Barcelona. En ese sentido, el Supremo destaca que la sentencia recurrida declaró que no era pertinente acceder a la petición del recurrente, ya que lo trascendente era establecer si podía considerarse "un personaje público, atendiendo a los hechos sin duda de interés público en los que se vio inmerso".

Personaje público

"No puede dudarse –indicó la Audiencia de Barcelona– de la trascendencia pública de la Comisión Investigadora sobre Fraude Fiscal, constituida en el Parlament de Cataluña y del interés que suscitó su desarrollo y el nombre de los que acudieron a la misma, entre los que se encuentra el apelante, lo que siendo objeto de la debida cobertura por los medios de comunicación, coloca a la (parte) recurrente en la situación de personaje público y justifica la publicación de los hechos a que alude el apelante, sobre su pasado en cuanto a la comisión del delito contra la Hacienda Pública, que no vienen centrados sin más en los años 90", ya que la sentencia al respecto de la Audiencia Provincial fue de 2003, la definitiva del Supremo de 2006, y el indulto de 2009.

El asunto investigado en la Comisión era público y de trascendencia general, concluyó la Audiencia. Añade que la inclusión del apelante en la lista Falciani le puso nuevamente en el punto de vista público.

Para el alto tribunal, "el recurso no puede ser admitido, porque se construye en base a sus propias valoraciones, sin sustento en infracción normativa y eludiendo, en definitiva, su "ratio decidendi" o razón decisoria. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial aprecia los hechos objeto de enjuiciamiento y valora jurídicamente los mismos, atendiendo a la jurisprudencia constitucional y a la doctrina de esta Sala".

La Audiencia de Barcelona, confirmada ahora, se basó en la doctrina del Supremo, fijada en sentencia de de 15 de octubre de 2015, que estableció que "el llamado 'derecho al olvido digital', que es una concreción en este campo de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de datos personales, no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos".

El TS dijo en la misma sentencia que el derecho al olvido ampara que el afectado, "cuando no tenga la consideración de personaje público", pueda oponerse al tratamiento de sus datos personales que permita que una simple consulta en un buscador generalista de Internet, utilizando como palabras clave sus datos personales tales como el nombre y apellidos, haga permanentemente presentes y de conocimiento general informaciones gravemente dañosas para su honor o su intimidad sobre hechos ocurridos mucho tiempo atrás, de modo que se distorsione gravemente la percepción que los demás ciudadanos tengan de su persona.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol será juzgado por un tribunal popular por el conocido como caso ITV después de que la Audiencia de Barcelona no acepte el pacto que había suscrito con la Fiscalía en el que aceptaba dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, soborno y falsedad documental.

La magistrada de la Audiencia de Barcelona que enjuiciará el caso de las ITV ha rechazado el acuerdo de conformidad que firmó Oriol Pujol, su esposa Anna Vidal y otros dos acusados con el fiscal al no haberlo suscrito todos los encausados, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En el pacto, Pujol aceptaba una pena de cárcel por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y evitaba que su mujer fuera condenada a penas de cárcel.

En una audiencia preliminar el 14 de julio de 2017 en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que instruyó el caso, los cuatro acusados mostraron su conformidad con las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Según explicaron fuentes judiciales ese día, el pacto preveía que Anna Vidal aceptara pagar una multa de 47.250 euros como condena, evitando la prisión y, Pujol, tres condenas que sumaban 30 meses por los delitos de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, y también aceptaban penas de multa Sergi Pastor y Ricard Puignou.

El 28 de septiembre, la Fiscalía, en su escrito de personación ante la Audiencia, solicitó que la magistrada presidente del Tribunal del Jurado fijara fecha para la celebración de una comparecencia en la que los acusados ratificaran este pacto, y se dictara sentencia, continuándose el proceso para los dos acusados que no lo habían suscrito: Josep Tous y Sergi Alsina.

Sin embargo, el letrado de Tous planteó como cuestión previa —y Alsina se adhirió— que este pacto vulneraba el derecho fundamental de defensa porque las conformidades de cuatro acusados podían presumir su culpabilidad al estar dos acusados de estar en connivencia.

La Fiscalía se opuso a esta petición alegando que sería "contrario a la lógica y al principio de economía procesal" demorar la sentencia si hay conformidades, y negando que supusiera conculcación del derecho de defensa.

Sin embargo, la magistrada ha admitido la petición de Tous porque si se aceptaran las conformidades planteadas por Pujol, su esposa, Ricard Puignou y Sergi Pastor, y se dictaran sentencias separadas —una para los conformados sin celebración de juicio y otra para los no conformados tras su celebración— "dividiría aquella continencia y podría causar indefensión a los no conformados".

Hace hincapié en que esto se producía especialmente porque el conjunto de la imputación del escrito de acusación del Ministerio Fiscal "considera que existió un entramado de acuerdos entre todos los acusados con la misma finalidad delictiva".

Impugnación de escuchas

Sobre otra cuestión previa planteada por la defensa de Tous y a la que se adhirió Sergi Alsina, pide impugnar las escuchas telefónicas por considerar que hay vulneración de los derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías en relación al secreto de las comunicaciones.

La magistrada desestima esta petición y afirma que no existe motivo de nulidad de los autos dictados en la causa relativos a las intervenciones, grabaciones y escuchas telefónicas y sus prórrogas.

La jueza ha enviado a juicio al exdiputado de CiU en el Parlament y exsecretario general de CDC, Oriol Pujol, y a su esposa, Anna Vidal, por el caso de las ITV, al haber usado su influencia política para favorecer a determinados empresarios de este sector y cobrar los servicios a través de su mujer, han explicado a Europa Press fuentes judiciales.

Según el auto, publicado este viernes por La Vanguardia, con el que el que el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona ha remitido la causa a la Oficina del Jurado, Oriol Pujol "era el político que, valiéndose de su cargo en beneficio propio y traicionando el interés público, asumió y ejecutó las pretensiones formuladas" por los empresarios.

Aunque el caso deberá ir a juicio, con tribunal popular, Pujol ya ha llegado a un pacto con la Fiscalía por el que reconoce los hechos y ha aceptado dos años y medios de cárcel por tráfico de influencias, soborno y falsedad documental, mientras que su mujer en principio evitaría entrar en prisión al aceptar una pena inferior a dos años; ambos, deberán pagar una multa.

Otros dos acusados han pactado también la Fiscalía -los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou- pero ni el ex número dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous ni el empresario Sergi Alsina, amigo de Oriol Pujol, han alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público.

Pujol acepta una pena de cárcel superior a los dos años y la Fiscalía tiene previsto pedir su ingreso en prisión, si bien el abogado del expolítico, Xavier Melero, ya anunció que pedirán que no entre en prisión teniendo en cuenta que son tres penas diferentes inferiores a dos años.

Esta decisión, en cualquier caso, dependerá del magistrado presidente del jurado, que deberá decidir si acepta la petición de la Fiscalía o a la defensa; en un principio, la Fiscalía pedía cinco años y dos meses de cárcel para Pujol y tres años y cuatro meses para su mujer.

Oriol Pujol será así el primer hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en ser juzgado, mientras la causa contra el resto de la familia continúa instruyéndose en la Audiencia Nacional; el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, está en prisión provisional.

El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha aceptado una condena de dos años y medio de cárcel por el cobro de comisiones y usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, este viernes se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia una audiencia preliminar en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona -que ha llevado este caso-, paso previo en los trámites para un juicio con jurado.

En esta vista, la mujer, Anna Vidal, ha aceptado pagar una multa de 47.250 euros como condena, y evitaría la prisión, después de que ambos hayan alcanzado un pacto con la Fiscalía, que ha modificado sus conclusiones y sus peticiones de penas.

El exdiputado de Convergencia Oriol Pujol ha declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el origen del patrimonio de la familia del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, que cedió a su hermano mayor Jordi entre finales de 2009 y principios de 2010 la titularidad de una cuenta en Andorra en la que había 500.000 euros ya que le "incomodaba" tener esa cantidad de dinero a su nombre en el momento en que ejercía como portavoz de CiU en el Parlament y secretario general de CDC.

Según han informado fuentes jurídicas, Oriol Pujol, que ha declarado por primera vez en el marco de esta causa que se instruye en la Audiencia Nacional, no ha aportado ningún documento que demuestre la cesión de esta cuenta a su hermano mayor, pero ha asegurado que el dinero correspondía al legado que dicen haber recibido por parte de su abuelo y que estaba oculto en cuentas en Andorra.

Oriol Pujol ha estado declarando algo más de una hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 después de que lo haya hecho también su hermana Marta, que regularizó sus fondos ante Hacienda en 2014. Ambos están siendo investigados por delito continuado de blanqueo de capitales.

Las fuentes consultadas presentes en la declaración han explicado que en 2010 manifestó a Jordi que le "incomodaba" tener esa cuenta, así que su hermano mayor le propuso que se la "donara". "Dóna-m`ho" -dónamelo en catalán-, ha dicho el expolítico que le dijo entonces su hermano.

Tanto el juez instructor como el abogado de la defensa han insistido en preguntar a Oriol Pujol si tiene documentos que acrediten la cesión de esta cuenta o del supuesto legado de su abuelo Florenci, pero ha respondido que no dispone de ellos.

Del mismo modo se ha pronunciado previamente su hermana Marta, según las fuentes informantes, que además han remarcado que ella ha insistido en que al ser arquitecta no tiene tantos conocimientos sobre finanzas.

Mañana declara Mireia Pujol

En su investigación, el juez apunta a que parte del dinero era distribuido por el mayor de los hermanos, Jordi Pujol Ferrusola, al resto de hijos del exdirigente catalán y a la madre, Marta Ferrusola. El magistrado De la Mata ha citado mañana, martes, a las diez de la mañana a Mireia, otra de las hijas del expresident, quien junto con su hermana Marta ya había declarado por estos hechos ante el juez de Barcelona que llevaba el caso antes de

inhibirse ante la Audiencia Nacional.

En el auto en que citó a declarar a los tres hermanos, De la Mata señala todos los movimientos de cuentas y destaca la mayoría de sus ingresos a partir de 1992 proceden de transferencias del primogénito desde 12 cuentas abiertas en el Andbank de Andorra.

"Un alto porcentaje de los ingresos lo son en efectivo sin que conste razón alguna que lo justifique", explica el magistrado en su auto, que añade que todos ellos recibían las mismas cantidades de forma simultánea.

El juez se refiere a la documentación facilitada por las autoridades andorranas a través de comisión rogatoria en la que se detalla que la primera cuenta se abrió en la citada entidad con un depósito 307.000 pesetas y se

acompañó de un escrito del expresident que detallaba que esos fondos eran de su propiedad. "Siendo que el ingreso lo fue en efectivo, se desconoce el origen de tales fondos", detalla De la Mata en su resolución.

En cuanto a la esposa de Pujol, Marta Ferrusola, De la Mata destaca que tuvo tres cuentas en Andorra, una en Andbank y dos en BPA. En la primera ingresó, mediante transferencias, un total de 659.098,92 euros, de los que 217.786 procedían de cuentas de su hermano mayor y 239.786 de su hermano Pere.

Desde este depósito también se produjeron envíos de dinero en el sentido contrario. Así, se reintegraron entre transferencias y reintegros en efectivo 176.369,02 euros, de los que 94.080,97 fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola y 12.020,242 a la cuenta bancaria de Pere Ferrusola.

Además del caso de la fortuna de la familia, Oriol Pujol está pendiente de juicio ante un jurado popular de la Audiencia de Barcelona, donde se enfrentará a una petición de cinco años y dos meses de cárcel por su presunta implicación en el caso ITV.

En este procedimiento se le acusa de usar su influencia política para beneficiar a determinados empresarios del sector de las ITV y, además, de cobrar de un empresario amigo por su intermediación con pagos camuflados como trabajos de asesoría a su mujer, que presuntamente ella nunca hizo.

La "familia-organización" Pujol, tal y como la definió el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, abrió al menos tres cuentas en Andorra el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, según consta en un auto hecho público este lunes, en el que el instructor del caso Pujol llama a declarar como imputados por blanqueo de capitales a tres de los hijos del expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley, en concreto Oriol, Marta y Mireia. De esta forma, los siete hijos de Pujol Soley están imputados en la Audiencia Nacional.

La primera cuenta de la familia en el Andbank andorrano la abrieron en 1992 el primogénito Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, que llegaron a disponer de 12 cuentas, mientras que Oriol Pujol fue titular del primer contrato bancario en Andorra en plenos Juegos Olímpicos, ya que la fecha de apertura es el 8 de agosto, cuando el evento deportivo finalizó un día después, el 9 de agosto de 1992.

Mireia ha sido titular de una cuenta en Andorra desde el 21 de septiembre del mismo 1992, apenas un mes después de que se clausuraran los Juegos de Barcelona, durante los que su padre, Jordi Pujol Soley, ejercía de presidente de la Generalitat de Cataluña, cargo que abandonó en diciembre de 2003.

En el auto, De la Mata recuerda que un alto porcentaje de los fondos que entran en la cuentas de los Pujol "lo son en efectivo, desconociéndose el origen de los mismos y no consta razón alguna que los justifique". En concreto, el magistrado sostiene que la "familia-organización" ingresó desde 1992 un total de 48 millones de euros en tres bancos del país pirenaico, la mayoría en efectivo.

El primogénito repartía

El modus operandi del clan a la hora de cobrar presuntamente las comisiones consistía en que el primogénito recibía el dinero, que posteriormente repartía a partes iguales entre sus hermanos: "Tal distribución se hace mediante transferencias a cuentas bancarias de todos y cada de uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana", completa el magistrado en el mencionado auto.

De esta forma, De la Mata constata que la actuación del grupo familiar conserva "un patrón similar de comportamiento, manteniendo los fondos en Andbank hasta 2010, en que los pasaron a BPA. En BPA los mantuvieron hasta 2012, en que los ocultaron tras fundaciones panameñas hasta 2014, con la excepción en lo que ahora interesa de Oriol Pujol Ferrusola, que lo reintegró en efectivo metálico, desconociéndose su destino final", especifica la resolución judicial.

En cuanto a la esposa de Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola Llados, el magistrado destaca que tuvo tres cuentas en Andorra, una en Andbank y dos en BPA. La primera de ellas ingresó mediante transferencias 659.098 euros de los que 217.786 euros procedían de cuentas de su hermano mayor y 239.786 de su hermano Pere. Desde este depósito también se produjeron envíos de dinero en el sentido contrario. Así reintegró entre transferencias y reintegros en efectivo 176.369 euros, de los que 94.080 fueron destinados a cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola, y 12.020 euros a la cuenta bancaria de Pere.

El juez alude también a otra cuenta bancaria que está a nombre de la fundación Kopeland, "pero de la que su beneficiario final fue Marta Ferrusola Llados, que ingresó en 2012 166.834 euros y 916.995 dólares de EEUU, de los que 5.000 dólares fueron reintegrados en metálico, y 838.995 euros se transfirieron a nombre de la propia Marta Ferrusola Llados en el Banco Madrid de España para regularizar el dinero con la Hacienda española.

Una fundación panameña

El auto aporta nuevos datos sobre las cuentas de los tres hermanos imputados este lunes, que están citados a declarar el 27 y 28 de marzo. Así, Marta Pujol Ferrusola fue titular desde el noviembre de 1991 y hasta diciembre de 2010 de cuatro cuentas corrientes, cada una de ellas asociada a un tipo de moneda. Y en 2010 transfirió el dinero al Andbank para traspasarlos en 2012 a la fundación panameña Doral o Doneran. El 11 de julio de 2014 Marta regularizó en España 532.029 euros procedentes de cuentas bancarias andorranas.

Mireia fue titular, al menos desde el 21 de septiembre de 1992 y hasta el 15 de diciembre de 2010 de un contrato con Andbank. El 11 de julio de 2014, Mireia regularizó con la Hacienda española 1.072.767 euros procedentes de cuentas andorranas. 

Por su parte, Oriol abrió su primera cuenta bancaria con 25 años en Andorra junto a su mujer, Ana Vidal Maragall, en plenos Juegos Olímpicos de Barcelona '92. En concreto fue el 8 de agosto de ese año, y esa cuenta permaneció activa hasta el 18 de noviembre de 2010. Oriol reintegró su dinero del exterior en metálico.

El juez destaca en su auto que el informe de riesgos que elaboró Andbank, "probablemente en 2008, se indicó que Oriol no era una Persona Políticamente Expuesta (PEP)", cuando desde 1993 Oriol Pujol Ferrusola ya ejercía cargos en la Generalitat de Cataluña. Oriol fue portavoz de CiU en el Parlamento catalán desde 2007, llegando a ser secretario general de la formación nacionalista hasta su dimisión.

El comunicado del expresident

El auto de De la Mata resalta, además, que en el año 2000 la familia abrió otra cuenta en la Banca Reig en la que figura como titular de la misma el primogénito: Jordi Pujol Ferrusola, con un primer ingreso de 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros). La entidad bancaria aportó al magistrado un escrito en el que el hijo mayor especifica que el titular real de los fondos es su padre, Jordi Pujol SoleyJordi Pujol Soley.

"La entidad bancaria también ha remitido un segundo documento, manuscrito de Jordi Pujol Soley, de mayo de 2001, en el que afirma ser propietario de la cuenta y declara que para el caso de su defunción, todo lo que haya en esa cuenta ha de pasar a Marta Ferrusola Lladós. El documento está firmado por Pujol Soley de dos formas, su propia grafía y el número de la cuenta manuscrito y en letras, tal y como consta en la cartulina de firmas ya referida. Siendo que el ingreso lo fue en efectivo, se desconoce el origen de tales fondos", destaca el auto.

Ante estas pruebas, De la Mata constata que el comunicado público realizado por el expresident catalán, en julio de 2014 en el que atribuía su dinero en Andorra a la herencia de su padre, "no se compadece con los datos ahora acreditados. No consta la realidad del legado mismo salvo por esas manifestaciones Pujol Soley, y el comunicado referido es en sí mismo un mero relato, sin contenido determinante alguno, ya que de otra manera contendría datos tales como la cantidad del legado, el lugar -“extranjero”- en el que se encontraban esos fondos, etc… acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones".