La candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha defendido ante la candidata del PP en las elecciones europeas, Dolors Montserrat, la diplomacia de Pedro Sánchez mientras que la conservadora ha criticado que el Gobierno español haya roto la unidad europea con el reconocimiento del Estado de Palestina, reprochando además que el PSOE entregara la gobernabilidad de España a "un prófugo de la justicia", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont, que "tiene vínculos" con Putin, el "mayor enemigo de Europa" y que está siendo investigado por el Parlamento europeo.

En el marco del debate cara a cara organizado por La Sexta antes de las elecciones europeas, Montserrat, que también ha afeado los "bulos" del presidente Sánchez, cuando negaba la amnistía o sus pactos con independentistas, ha lamentado que el Ejecutivo haya roto los consensos en política internacional en el Parlamento español, a la vez que ha asegurado que el PSOE ha roto la unidad de los 27 con el reconocimiento de Palestina, en contraposición al consenso que hubo en Europa para apoyar a Ucrania frente a la guerra de Rusia.

"Lo han hecho solitos, una iniciativa individual en campaña electoral para tapar la amnistía, que rompe la igualdad de los españoles, y para tapar la corrupción del Gobierno de Sánchez", ha recriminado la candidata popular, una declaración que ha sido rebatida por la candidata socialista, quien la ha acusado de activar "la máquina del fango, bulos, mentiras y juego sucio" que ejecutan desde que el PP no consiguió gobernar tras las elecciones del 23J.

En este sentido, Ribera ha contrapuesto la posición de Montserrat al defender el liderazgo de Sánchez para defender "los valores, la libertad y la carta de Naciones Unidas". Así, ha interpelado a la dirigente del PP a que conteste si hay violación de Derechos Humanos en Gaza. "La única aparición internacional de un gobierno del Partido Popular en los últimos años es esa foto de las Azores del señor Aznar", ha indicado, en referencia a la instantánea del expresidente 'popular' junto al exmandatario estadounidense, George Bush y el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair.

Por otra parte, Ribera ha criticado al PP por decir que el Gobierno español ha sobreactuado con una reacción "electoralista" tras las palabras del presidente argentino, Javier Milei, en el acto de Vox en Madrid, recordando que el PSOE apoyó a Mariano Rajoy en 2016 cuando llamó a consultas al embajador en Caracas tras los insultos de Nicolás Maduro o que Zapatero defendió Aznar ante Hugo Chávez. "Se les pide que defiendan la legalidad y el honor de las instituciones españolas", ha defendido Ribera algo que, según ha dicho, el PP no "está acostumbrado" porque solo "mezcla, insulta y acusa sin fundamentos".

Los pactos han sido uno de los puntos que más han encendido el cara a cara siendo de hecho la primera pregunta formulada en el debate a la candidata conservadora, que ha sido preguntada precisamente sobre el aumento que dan las encuestas de un "avance de la ultraderecha" y cuál será la relación con estos partidos en el Parlamento, a lo que Montserrat ha deslizado que el PP es un partido "europeísta, reformista" y que "gobierna desde la centralidad".

Por su parte, Ribera, ante esta respuesta, ha incidido en la cuestión a su rival formulándole si la "derecha va a seguir rindiéndose ante la ultraderecha". Al hilo, ha asegurado que el crecimiento de las derechas en Europa no supondrán un plebiscito para Pedro Sánchez aunque sí sobre Europa. "¿Queremos más Europa o vamos a mirar para atrás (...)? Hemos roto ese modelo tradicional, ese mantra liberal de que era imposible construir más economía, conseguir más empleos, sobre la base de una agenda social más justa o sobre la base de una agenda verde, así que eso es lo que necesitamos. Más Europa", ha reivindicado.

Posteriormente, la ley de amnistía y los pactos con Junts también se han colado en el debate. Para Montserrat, "lo más radical que hay en Europa" es que Sánchez "haya entregado la gobernabilidad" a un "prófugo de la justicia" que tiene "conexiones con Putin", el "mayor enemigo de Europa". "Eso es la radicalidad", ha insistido, para recordar después que el Parlamento europeo acordó investigar las conexiones del independentismo catalán con el Kremlin.

Ribera también ha expresado la necesidad de no ser "equidistante" con el auge de la extrema derecha ni con los negacionistas del cambio climático o la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. "Hay que defender la democracia. No vale jugar con las palabras, no vale jugar con esos bulos que acaban generando fango alrededor", ha señalado la vicepresidenta, que también ha planteado a Dolors Montserrat una declaración conjunta a nivel europeo para frenar los extremismos y que, según Ribera, el PP no ha respaldado todavía.

Por contra, Montserrat ha insistido en que "lo primero" que hay que hacer en Europa es que "no se normalice que el Gobierno haya entregado la gobernabilidad de España por siete votos a un prófugo de la justicia", en una investidura que se pactó "fuera" de la UE, "entregando" la igualdad de los españoles y "dando privilegios a pocos". Además, ha denunciado la reforma del Código Penal español que "está reduciendo el delito de corrupción" cuando en Europa, a su juicio, se pide "ampliar y aumentar las penas". "Frente a los populistas y populismos, lo que tenemos que hacer es defender los principios firmes y soluciones reales", ha zanjado.

La economía también ha sido otro punto central del cara a cara. La candidata del PSOE ha apostado por exportar el modelo económico de España a Europa apostando por una economía moderna y competitiva, mientras que la cabeza de lista del PP le ha rebatido su "actitud triunfalista y fuera de la realidad". "Nuestra propuesta para Europa es lo que estamos haciendo aquí. Construir una economía que funcione, empleos para todos y de calidad", ha explicado Ribera durante su intervención en el bloque de economía.

En su turno de réplica, la candidata popular le ha recriminado su actitud "triunfalista" y ha expuesto que uno de cada cuatro jóvenes carece de empleo, que la cesta de la compra se ha "disparado un 30 por ciento" y que los jóvenes "se han empobrecido un 25 por ciento". Dicho esto, ha citado algunas de las propuestas y "soluciones reales" que recoge el programa electoral del PP como la exención del pago de impuestos para los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral. Además, ha trasladado una pregunta a su rival política cuestionando si van a bajar el IVA de la carne, el pescado o las conservas.

A estas afirmaciones ha contestado la vicepresidenta tercera recriminando que "se nota cuando hay elecciones" porque el PP "anuncia bajada de impuestos", algo que, a su juicio, "no es la solución" y "genera confusión". "Están acostumbrados en fijarse en aquello que puede hacer daño", ha apostillado.

Por su parte, Montserrat ha negado este hecho asegurando que "siempre" se van a alegrar de los "buenos datos" de España, si bien ha rebatido a Ribera que si "todo va tan bien, ¿por qué uno de cada cuatro jóvenes no tiene empleo; por qué sube la cesta?", ha preguntando, mostrando un gráfico al alza sobre el empobrecimiento de las familias españolas.

Era la primera sesión de control de la legislatura después de siete meses y la noticia estaba en Estrasburgo. El doble juego de Félix Bolaños y Óscar Puente frente a la dirección más dura de Feijóo iba por un lado mientras surgía el debate más poderoso e inconcluso de Europa. El enfrentamiento de Pedro Sánchez y el líder del PP europeo, Manfred Weber, en la sesión plenaria del Europarlamento contiene la esencia de la encrucijada actual, la raíz del temblor que recorre las democracias comunitarias y va desde el Brexit a las próximas elecciones de mayo. Pedro Sánchez comparecía para dar cuenta de la presidencia española del Consejo de la UE y acabó en un choque frontal con la derecha de Weber en su pugna personal por ocupar el sitio de la actual presidenta de la Comisión. Pero fue más allá, Weber replicó el argumentario del PP para diferenciarse de Úrsula Von der Leyen abrazando a Vox. 

El pecado capital de Weber no es cargar contra la amnistía y las políticas de la coalición, es buscar su sitio colocando a España al nivel del eje húngaro. Tachar al país que ha ganado a la extrema derecha el 23-J como la Polonia iliberal previa a Donald Tusk necesitada de “devolver el Estado de derecho” al país. Una trivialidad impropia en Europa. El intento de desprestigio de Weber tuvo su KO en la respuesta donde la derecha europea más allá de Feijóo no puede frivolizar: “¿Devolverían a Berlín las calles dedicadas al II Reich como hace Vox?”.  

A Europa le ha ido mejor con el cordón sanitario. Desde la presidencia de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, se ha mantenido firme expulsándoles de todo espacio. Una señal insuficiente para su avance pero sí necesaria. Macron ganó a Le Pen en segunda vuelta y fue un triunfo comunitario, casi global. En Alemania es impensable que los conservadores (la unión de CDU, la formación de Angela Merkel, y la CSU, su partido hermano bávaro) se alíen con los neonazis de Alternativa por Alemania (AfD). El conservador Donald Tusk ha recuperado Polonia aguantando el tirón del cordón durante 8 años, apostando por la vuelta a Europa sacudiendo a la extrema derecha hermanada con Hungría. En España, el voto de las mujeres y la reacción catalana a la amenaza de Vox fueron definitivos para dejarles fuera. El frenazo, la ‘aldea gala’ en palabras de Pedro Sánchez, ha servido de dique a la corriente ultra que antes de verano entraba por las puertas abiertas de Europa. Meloni en Italia, Trump a la cabeza de las encuestas, ahora Milei en Argentina…

A Weber y a Feijóo les une el mismo dilema. El precio de alcanzar el poder pasa por la capitulación con la extrema derecha. Aceptar gobernar con los ultras como atajo para hacerse con las presidencias de turno. El líder del PP europeo confronta el liderazgo de Ursula Von der Leyen hacia una futura candidatura de la Comisión quitando ese muro. Feijóo ya lo hizo el 28 de mayo con un pacto de gobierno estructural a todos los niveles. 

Bajo esta alianza, lo más grave del viaje de Santiago Abascal a Argentina no ha sido la proclama de "colgar de los pies” al presidente —que lo es— sino el reconocimiento público de la estrategia conjunta con el autócrata Viktor Orban para las elecciones europeas. El grueso de las amenazas verbales de Abascal tapan el pacto antieuropeo del socio del PP. Feijóo no es responsable de las embestidas dialécticas de Vox, pero sí de los pactos con quien da la mano a Hungría, el miembro de la UE que más amenaza el Estado de derecho de la Unión.

España está en minoría en Europa, con 3 gobiernos socialdemócratas de 27 países. Pero Sánchez acierta en señalar el muro a Vox en la cuna del Parlamento Europeo. A Europa le ha ido mejor confrontando y aislando a la extrema derecha que integrándola, como hace Alberto Núñez Feijóo y avala Manfred Weber. La pugna en 2024 hasta la cita de mayo, de cara a la conformación de la gobernabilidad europea en una geopolítica con amenazas complejas, se juega en mantener el dique ultra o en bajar las compuertas. A las futuras sesiones plenarias en Estrasburgo y Bruselas les pasará como esta semana, tendrán más peso que nuestras esperadas sesiones de control. Cada vez nos jugamos más fuera que dentro. Y también viceversa, lo nacional cada vez se juega más fuera.

En política se puede destacar por tu capacidad organizativa, por tu habilidad para transmitir tus ideas o por algo tan intangible como el carisma, cualidad compartida con otras profesiones como los vendedores de coches usados o los solistas de música ligera. Miguel Tellado ha sido nombrado por Feijóo como portavoz del PP en el Congreso, estimamos, en base a dos características diferentes de las anteriores: permanecer al lado de tu jefe suceda lo que suceda y no tener reparos en morder. Ser, en definitiva, más que un buen escudero, un esbirro entregado.

Tras dos décadas de carrera, donde más ha destacado Tellado (Ferrol, 49 años) ha sido en las declaraciones que ha hecho en estas últimas semanas. Ha calificado de “anomalía democrática” a la mayoría parlamentaria que ha investido a Sánchez, al que deseó que saliera “del país en un maletero”. Por supuesto se ha apuntado a la moda de decir que España no es una democracia ya que el presidente “prostituye la Constitución con tal de satisfacer su ego”. Además, justificó el acoso a Óscar Puente al considerar que los socialistas eran “matones de patio de colegio”, por lo que no podían “ni salir a la calle”.

El nuevo portavoz parlamentario del PP, que no sabemos si contará con jaula en el escaño o tan sólo se dejará ver con correa y bozal, representa fielmente la transformación del conservadurismo en España. De un partido gris donde lo que importaba era el recorte y el negocio, no siempre legal, a otro donde lo que se valora es la capacidad de mimetización con la retórica ultra. Así, el PP es ahora capaz de deslegitimar a sus rivales utilizando la mentira y negar los procesos democráticos cuando el resultado no les favorece. Lo que en el pasado hubiera creado controversia ahora pasa por actividad convencional.

Feijóo confirma varias cosas con el nombramiento de Tellado. La primera de ellas es su completa sumisión al aparato mediático capitalino y su dueña, Isabel Díaz Ayuso. Como les tiene más miedo que a cualquier otra cosa, se deja mecer por esa deriva populista que tan bien maneja la baronesa de la Puerta del Sol. Como hemos insistido por aquí unas cuantas veces, más allá de los deseos de Feijóo está su hipoteca por la manera en que llegó a Génova y el contexto de una derecha que no es capaz de marcar perfil propio frente a los ultras, los que tiene fuera de su partido pero también dentro.

Así, no sólo nombra a un Tellado que, además de sus salidas de tiesto, le recuerda al confort de su etapa como presidente de la Xunta, sino que también degrada a Elías Bendodo, relegando a la cuota andaluza a una posición secundaria: Moreno Bonilla puede tener una mayoría absoluta como Ayuso, pero carece de un cuerpo de columnistas armados a su servicio. Gamarra, que sigue siendo secretaria general pero pierde la portavocía, llegó de la mano de Casado para sustituir a la también locuaz Álvarez de Toledo. Cinco años después estamos en el mismo lugar donde comenzó todo esto, ese donde había que quitarse los complejos.

Tanto que el propio Feijóo, que llegó con la promesa de la moderación, ya no deja pasar una semana sin saltarse una de esas líneas que marcan la diferencia entre una oposición conservadora y una disruptiva. En esta, en la reunión del PP europeo en Barcelona, ha declarado que "solo Sánchez es aplaudido por Hamás, apoyado por herederos del terrorismo e indulta el terrorismo". Al buscar el límite declarativo no es raro que derrapes en cada curva: Biden se mostraba partidario, también este lunes, de la solución de los dos Estados para Israel y Palestina, la misma por la que abogó Sánchez la pasada semana. No es que a Feijóo no le salgan las cosas porque sea torpe, es que cuando eliges el despropósito como norma tienes más posibilidades de quedar retratado.

El problema de la época es que volverse rupturista no es sólo una decisión de Feijóo. Manfred Weber, presidente de los populares europeos, declaró que no iban a permitir que “España siga el mismo camino que Hungría y Polonia”. Precisamente el líder que busca que los conservadores europeos se alíen con la ultraderecha siempre que no tenga aspiraciones de quebrar la UE. La llegada de Vox a la Moncloa hubiera supuesto afianzar estas tesis, de ahí que tras el pinchazo de julio ahora se piense ya en clave de las próximas elecciones europeas: del resultado dependerá que Weber pueda acabar con Von der Leyen.

En Weber no hay intención, siquiera, de pastorear a los ultras, sino de normalizarlos siempre y cuando no atenten contra los intereses de los financieros alemanes. Su objetivo es enterrar definitivamente los principios con los que Ángela Merkel marcó una línea divisoria entre conservadores y ultras. Del fracaso de Weber, de Feijóo y de Ayuso no dependerá tan sólo el resultado eventual de algunos gobiernos, sino el carácter de la democracia europea en las próximas décadas. 

Primero los sillones y después el programa. PP y Vox tardaron tres meses en ponerse de acuerdo para repartirse los puestos en el nuevo gobierno de la Región de Murcia y apenas tres días en cerrar un programa común de gobierno. Las diferencias, hasta hace poco insalvables, que separaban a los dos partidos, en especial en torno al Mar Menor, han desaparecido o han sido aplazadas. 

El documento final, firmado este martes por representantes de los dos grupos, sigue el guion de otras comunidades también con gobiernos de coalición PP-Vox al incluir las principales banderas ideológicas de la extrema derecha y varias demandas dirigidas al Gobierno central que escapan de las competencias de la comunidad.

El acuerdo sostiene que “la recuperación del Mar Menor es una prioridad de la acción del Gobierno Regional”. Y para atenderla, PP y Vox, que llevan meses enfrentados por el régimen de protección de la zona, se comprometen genéricamente a seguir “desarrollando todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación. Pondremos en marcha nuevos mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas para que cada euro público invertido redunde en el máximo beneficio para el ecosistema”. 

Ni una medida concreta que anticipe el futuro del Mar Menor. Y ni una palabra sobre la modificación dela Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del mar Menor, que Vox quiere recortar en contra de la voluntad, hasta ahora, del PP. 

Los grandes temas de los de Abascal, sean o no competencia autonómica, están presentes en el acuerdo. Desde, según Vox, una vía para poner en marcha un pin parental (la posibilidad de que los padres puedan vetar contenidos académicos en función de sus creencias sobre religión, sexualidad o ciencia) a través de un compromiso con la “neutralidad ideológica del currículo escolar”, hasta la invisivilización de la violencia machista, definida como “violencia contra las mujeres” y situada al mismo nivel que “la que sufren los niños y los mayores”.

La ambigüedad del texto acordado es tal que Vox da por sentado haber pactado acabar con el dinero destinado a sindicatos y organizaciones empresariales porque a partir de ahora las subvenciones se repartirán por “concurrencia competitiva”, algo que el PP limita a un control “más eficiente” del gasto público.

Vox ha conseguido incluir también en el programa de gobierno la voluntad de enfrentarse a las normas comunitarias que considera perjudiciales para los agricultores, ganaderos y pescadores de la región, algo que ya provocó disturbios en Castilla y León a cuenta de las medidas contra las enfermedades del ganado vacuno. En el mismo sentido, PP y Vox se comprometen a otorgar ayudas a la a las empresas para paliar el incremento de los costes de producción, una medida que desafía abiertamente las normas de la UE destinadas a evitar que los Estados miembros puedan conceder ayudas a las empresas que les permitan situarse en una situación ventajosa respecto a sus competidores.

Más ayudas, sí, pero menos impuestos. El pacto se compromete también a reducir el IRPF de los salarios “medios y bajos” y a aumentar las deducciones por hijos, así como a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, la fiscalidad del turismo, al tiempo que reclama más dinero al Estado a través de un nuevo modelo de financiación autonómica. 

Las demandas al Gobierno central son numerosas. Un Plan Hidrológico que garantice agua para Murcia y mantenga el trasvase Tajo-Segura, en línea con las promesas de agua sin fin para la agricultura ya pactadas en plazas como Comunitat Valenciana, Baleares y Aragón y que evidencian una total coincidencia en un enfoque que ignora las crecientes alertas sobre la insostenibilidad del modelo, más aún en plena sequía y aceleración del cambio climático.

Los socios de la derecha murciana piden también al Estado más efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para luchar contra “las bandas organizadas y las mafias de la inmigración ilegal”, cambios legislativos contra la ocupación de viviendas y la culminación del Corredor Mediterráneo, incluido el AVE, cercanías y mercancías.

Para que no haya dudas, el documento recoge también el reparto del Gobierno y quién decide su composición. Tendrá 11 miembros y Vox, no el presidente de la comunidad, será quien decida el nombre de dos de ellos. El de Interior, Seguridad y Emergencias, que además tendrá rango de vicepresidente, y el de Fomento. Los ultras designarán también al presidente del Consejo de Transparencia con atribución de Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

El pacto en Murcia abre la puerta a la investidura de Fernando López Miras el próximo jueves y garantiza además a Alberto Núñez Feijóo que los 33 diputados en el Congreso le respaldarán como candidato a la Presidencia del Gobierno en la sesión convocada para los días 26 y 27 de septiembre. El líder de Vox, Santiago Abascal, sugirió este martes que la cesión del PP en la región, después de tres meses negándose a compartir el gobierno con Vox, ha sido clave para que la ultraderecha mantenga el compromiso de respaldar la investidura de Feijóo.

El plan de Abascal siempre fue exhibir la utilidad de Vox para derechizar y radicalizar al PP compartiendo programas y tareas de gobierno. Así que la entrada, en diferentes niveles, en los ejecutivos de Castilla y León, Aragón, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia —seis de sus diez gobiernos autonómicos— confirma que su hoja de ruta se está cumpliendo a rajatabla. Y que su ambición de entrar a forma parte de un futuro gobierno en España permanece intacta.

En esta representación de la unidad de acción, de la colaboración política y hasta de la sintonía personal, el líder de Vox se anotará este martes otro tanto haciéndose la foto con Feijóo que el presidente del PP lleva evitando desde que tomó las riendas de Génova.

Las semanas van pasando, el candidato del PP no consigue tejer nuevas alianzas y el marcador provisional sigue igual: 172 votos a favor, 178 en contra. Y no parece que se vaya a mover a corto plazo, porque esta semana Feijóo solamente tiene previsto reunirse con Abascal y con el líder de Coalición Canaria, presidente a su vez del gobierno de su comunidad, Fernando Clavijo, y ambos hace tiempo que comprometieron su voto favorable.

El presidente del PP no pudo este lunes tener la foto de unidad que buscaba con sus barones por culpa de las lluvias torrenciales, pero Abascal no tuvo ningún problema en reunir a sus cinco vicepresidentes autonómicos para celebrar la guinda del pastel político que le ha dado el PP: el acuerdo para gobernar juntos la Región de Murcia, que será una realidad a finales de esta semana. 

“Se ha impuesto la cordura. Nos habría gustado que esto se produjese antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena”, declaró el presidente de Vox en rueda de prensa. “El Gobierno de Murcia también verá ese cambio de rumbo que nosotros anhelamos para toda España y que ya se está produciendo en muchas regiones”, se felicitó. 

Abascal sacó pecho de las medidas que está imponiendo al PP. Desde la eliminación de la obligatoriedad del conocimiento del catalán para acceder a puestos en la sanidad pública balear, que priva a los ciudadanos de su derecho a ser atendidos en la lengua oficial que elijan, al desafío a las normas sanitarias agroganaderas en Castilla y León que a punto estuvo de poner en peligro la seguridad de la cabaña en esta comunidad. Sin olvidar la reducción de subvenciones a los agentes sociales, cuya protección está garantizada por la Constitución. 

Cerrado el acuerdo de Murcia, Vox da por abierta “una nueva etapa de entendimiento” con el PP a pesar de la oferta de Feijóo a Sánchez para llegar a un acuerdo de gobierno que le garantice la presidencia durante dos años, del que Abascal sigue sin querer hablar hasta después de su reunión prevista con el líder del PP, este martes en el Congreso.

En todo caso, sus condiciones para votar a favor de la investidura, que el propio Feijóo ya aceptó hace unos días, no han cambiado. Entre ellas está “la normalización de lo que es normal”, los pactos PP-Vox, explicó Abascal.  

Claro que no todo va como la seda. En vísperas de esa reunión, el líder de la extrema derecha no quiso hacer sangre, pero sí dejó claro que no comparte la decisión del PP de sentar a hablar con Junts. Su posición, explicó, es la del presidente del Partido Popular en Cataluña: “Junts no es un interlocutor válido”. Por eso, añadió, Feijóo tiene que explicar “cómo es posible, con la Constitución encima de la mesa, con el respeto a la legalidad constitucional y a la igualdad de los españoles, establecer cualquier contacto de esa naturaleza. Estamos a la expectativa”.

Del mismo modo, Abascal criticó al presidente andaluz, Juanma Moreno, por mostrarse dispuesto a hablar con el PNV del Plan Urkullu, que el lehendakari planteó la semana pasaba para intentar resolver de una vez del debate territorial acordando una metodología para reinterpretar la Constitución y avanzar hacia una España plurinacional. “La posición de Vox es igual en toda España”, remarcó. “Habrá que ver si el Partido Popular tiene una posición unitaria, pero la nuestra la conocen ustedes, la conoce el Partido Popular y la reiteraremos” a Feijóo. 

La tranquilidad no parece que vaya a presidir esa nueva etapa entre los dos partidos. “Nosotros confiamos en nosotros mismos”, confesó el líder de Vox. “En la relación con el Partido Popular hay lugares donde los pactos se han producido in extremis” y en ellos, espera que “se pueda avanzar, se pueda conocer mejor lo que es Vox y algunos puedan estar más tranquilos”. “Tenemos la obligación de entendernos”, resumió.

Feijóo trasladará a Abascal en su reunión de este martes en el Congreso el mismo documento que entregó a Pedro Sánchez, según explicó en rueda de prensa el portavoz del comité de dirección del partido, Borja Sémper. A pesar de que Vox, en principio, se ha comprometido a apoyar su investidura. Y de que en ese texto se hace una defensa explícita del Estado autonómico, que Vox quiere reducir o incluso eliminar.

El candidato del PP plantea continuar con su lenta agenda en busca de apoyos para ganar una investidura que, si nada cambia, tiene perdida desde antes de ofrecerse al rey Felipe VI. Pese a haber constatado, en palabras de Sémper, que del PSOE no le apoyará y que está intentando negociar una mayoría en el Congreso con otros partidos, entre ellos Junts. 

En esos contactos ven “el interés del señor Sánchez en ser presidente del Gobierno a cualquier precio”, pero no en los que el PP quiere mantener con el mismo partido. “Hay una diferencia sustancial”, aseguró Sémper, porque ni Feijóo ni lo suyos hablarán con el líder de Junts, un “prófugo de la justicia” española, sino con sus representantes en el Congreso. “Con Junts nos vamos a ver para decirles cuál es el proyecto de España, cuál es el proyecto de reformas para los españoles que tenemos y que quiere impulsar Feijóo en el supuesto de ser investido presidente. No para hablar de los intereses de un prófugo de la justicia. Esto no solo es inédito, es un escándalo”. 

Más de tres meses después de las elecciones autonómicas y municipales, y después de repetir por activa y por pasiva que querían gobernar en solitario, el PP ha acabado cediendo ante Vox en todas las instituciones en las que la extrema derecha era decisiva. Pero no admite haber fracasado. Lo más parecido a una autocrítica la enunció este lunes Sémper en la sede del partido al reconocer que les “hubiera encantado tener un resultado lo suficientemente amplio” como para gobernar en solitario, pero los españoles no les “dieron esa mayoría suficiente” y han “necesitado acuerdos para conformar gobiernos”. Sin la ayuda del PSOE, admitió, únicamente les quedaba la opción de Vox, “quedarse en la oposición o condenar a los ciudadanos a una repetición electoral”. 

“Y la decisión que se ha adoptado por parte de nuestros dirigentes territoriales [Sémper subrayó esto, tratando de marcar una diferencia con Feijóo] es conformar gobiernos, en este caso un Vox, que permitan dar estabilidad”.

El paso lento que Alberto Núñez Feijóo ha impuesto a las negociaciones con otros partidos en busca de apoyos para ser investido presidente a finales de septiembre ha descolocado a muchos dirigentes del Partido Popular que no están en la cocina de Génova, el lugar en el que el equipo más próximo al candidato toma las decisiones. Desde que el rey Felipe VI le propuso como candidato a la investidura, el pasado 22 de agosto, Feijóo apenas ha movido ficha. En diez días únicamente se ha entrevistado con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para pedirle que le hiciera presidente durante dos años y dedicar ese tiempo a negociar e intentar aprobar seis pactos de Estado que el PP considera imprescindibles. Y en línea con el ritmo extremadamente lento que Génova ha impuesto, en el calendario siguen sin fecha las reuniones pendientes con Vox, Sumar, el PNV, el BNG y Junts. 

De la agenda de Feijóo solo se conocía que este lunes reuniría en la sede de Génova a sus barones en una nueva cita de la Junta Directiva Nacional del partido. En ella, a pesar de las reservas de algunos dirigentes, no se esperaba que nadie cuestionase el liderazgo del candidato, aunque sí hay quien creía que el presidente catalán del partido, Alejandro Fernández, y animados por él tal vez otros miembros de la Junta, aprovechasen para discutir la decisión de incluir a Junts en la ronda de contactos.

Porque de nada han servido las explicaciones de Feijóo y de los suyos diciendo que “hablar no es negociar” y de enmarcar el encuentro con el partido de Carles Puigdemont en el ámbito del respeto institucional y de la “normalidad democrática”. Quienes no entienden la decisión sostienen que tratar a Junts como a los demás partidos no solamente es inútil, sino que supone “blanquear” el “golpismo” de una formación que considera a España “una dictadura”.

La reunión, sin embargo, fue suspendida en la tarde del domingo a la vista de las ausencias de los barones con responsabilidades de gobierno en las comunidades más afectadas por las lluvias torrenciales de este fin de semana. En su lugar, Feijóo sí presidirá una reunión ordinaria de su comité de dirección.

A pesar de las críticas, el líder del PP mantiene su criterio. Feijóo lleva tiempo tratando de encontrar la manera de ampliar el perímetro de sus alianzas, condicionadas desde 2019 por sus cada vez más numerosos y estrechos vínculos con Vox, y en las últimas semanas ha subrayado en varias ocasiones la coincidencia ideológica en lo económico con el partido matriz de Junts —la antigua Convergència— y con el PNV. 

De momento, la estrategia no ha tenido éxito —ninguno de los dos partidos nacionalistas está dispuesto a investir al candidato del PP—, pero Feijóo mantiene la intención de que su portavoz, Cuca Gamarra, se reúna con ambos para mantener así la ficción de que todavía puede convencer a alguien y ser investido presidente.

Ese empeño tampoco goza de la comprensión de todos en un PP en el que no falta quien cree que Feijóo debió evitar el desgaste de una investidura condenada al fracaso y concentrarse desde el primer momento en liderar la oposición a un Pedro Sánchez dispuesto a bajar aún más el listón de las cesiones al independentismo.

La hoja de ruta de Génova desmonta el discurso del PP en Cataluña y resta credibilidad al partido cuando critica que el PSOE haga lo mismo, según los más críticos con la estrategia del candidato. E insistir en pactar con el PSOE, como hizo esta semana Feijóo en su reunión con Sánchez, no hace otra cosa que profundizar, según los mismos dirigentes, en los errores de la campaña, por los que todavía nadie ha asumido responsabilidades, haciendo creer a los electores que es posible llegar a acuerdos con Sánchez y poniendo en duda la viabilidad de una alianza con Vox. La expresidenta Esperanza Aguirre ya expresó con cierta contundencia hace un mes que ese error pudo costarle muchos votos al PP. Es además una "bisoñez" propia de alguien sin experiencia, reprochó este jueves Isabel Díaz Ayuso en un acto en Collado Villalba (Madrid) en el que pidió a Feijóo que “abra los ojos”, porque no puede esperar nada de los socialistas.

Génova, sin embargo, ha decidido hacer oídos sordos. Necesita mantener viva la oferta al PSOE para poder seguir reprochando a Pedro Sánchez su supuesta falta de respeto al resultado electoral y su voluntad de seguir en el cargo “a toda costa”.

A la dirección del PP no le preocupa en estos momentos otra cosa que conseguir que Feijóo salga bien parado de su investidura fallida. Y para conseguirlo necesitan que Vox no recule, de nuevo, como amagó hace unos días, y mantenga hasta el final su apoyo a la candidatura del PP. El peor de los escenarios para Génova es que en la votación final Feijóo no pase de los 139 votos (PP, UPN y Coalición Canaria), como ya le ocurrió a Cuca Gamarra en la sesión constitutiva de la mesa del Congreso cuando los conservadores presentaron su candidatura a la presidencia de la Cámara. Aquel revés todavía escuece en el PP y, si se repite, abrirá una indisimulable grieta en el liderazgo del expresidente de la Xunta.

Esa es la razón por la que el equipo de Feijóo se ha empleado a fondo para forzar un acuerdo en Murcia que dé entrada a Vox en el gobierno del PP, aun a costa de humillar a Fernando López Miras, como ya sucedió con María Guardiola en Extremadura. 

Porque, más allá de eso, Feijóo sigue sin mostrar interés alguno por las decisiones que van tomando sus barones en las comunidades que acaban de conquistar y en las que las primeras medidas se están viendo condicionadas por las posiciones extremistas de Vox, como las relativas a la violencia machista. Aunque algunas de ellas no estén haciendo más que revelar las contradicciones de un partido que hace una cosa en un territorio y la contraria en otro.

Es lo que acaba de pasar en Illes Balears, donde el Gobierno de Marga Prohens ha eliminado la exigencia del conocimiento del catalán para prestar servicios en la sanidad pública y se está planteando extender la medida a todos los funcionarios. Es una decisión que contraviene el artículo 14.3 del Estatut de Autonomía, que reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración en cualquiera de las lenguas oficiales. El derecho de opción lingüística de los ciudadanos acaba de ser derogado en las islas.

Es algo que conocen bien en Galicia, la comunidad de origen de Feijóo, donde tanto él como su sucesor, Alfonso Rueda, no han tenido más remedio que mantener la exigencia de conocer el gallego para prestar servicios en la función pública precisamente en virtud del mismo principio, avalado además por los tribunales de justicia.

Que cada barón va por libre se hizo evidente el jueves cuando el lehendakari Iñigo Urkullu hizo pública su propuesta metodológica para avanzar hacia un Estado plurinacional. El presidente andaluz, Juanma Moreno, la saludó diciendo que “está bien dialogar para avanzar en autogobierno, pero sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución”, en línea con Feijóo, “abierto a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España”, con la libertad de poder “aceptar aquello que cabe en la Constitución y decir que no a aquello que excede la Constitución”. Una actitud en las antípodas de la reacción de Ayuso, que situó el Plan Urkullu en “la antesala de una república federal laica” que por supuesto está dispuesta a combatir. O del presidente aragonés, Jorge Azcón, según el cual la iniciativa del lehendakari es “ilegítima” e “inconstitucional” y generaría “desigualdad entre los españoles”.

A tantas diferencias y contradicciones, el PP únicamente ha sabido reaccionar diciendo que no son “una secta, sino un partido político”. Y están a otra cosa. “Nosotros no estamos ahora mismo en ese asunto”, confesó la secretaria general, Cuca Gamarra, en una entrevista en la cadena COPE el pasado viernes, restando trascendencia a “todo lo que tiene que ver con lo orgánico”. “Ahora mismo estamos en una investidura y, por tanto, no estamos en ello ni hay abierto ningún proceso congresual en estos momentos en ningún sitio en España”, aseguró en referencia a las opiniones críticas del presidente del PP en Cataluña.

La historia se repite. Como ya sucedió en Extremadura, la extrema derecha de Vox ha doblado el brazo al PP y estará en el gobierno de la Región de Murcia a pesar de la oposición de su presidente en funciones, Fernando López Miras.

El candidato del PP, según fuentes del PP, ya ha ofrecido a Vox formar parte de su próximo Gobierno a cambio de sus votos en la sesión de investidura que necesariamente tendrá que celebrarse la semana que viene para evitar una repetición de las elecciones que, unidas a las generales, serían las terceras en menos de seis meses.

López Miras da marcha atrás para salvar su elección como presidente, igual que sucedió con su homóloga en Extremadura, María Guardiola, y pone fin a dos meses de incertidumbre durante los cuales los días iban pasando y PP y Vox seguían sin anunciar un acuerdo que desbloquease la situación y evitase la repetición electoral. 

La marcha atrás del PP deja por los suelos el argumentario que hasta ahora habían defendido Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras. El líder nacional del partido siempre dijo que el candidato murciano del PP estaba “legitimado” con el 43% de los votos para gobernar en solitario en Murcia y llegó a a advertir al presidente de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, de que “no hay razones objetivas para que Vox niegue el Gobierno al Partido Popular” en esa región. “No hay razones objetivas para que Vox niegue el gobierno al PP en Murcia, salvo el interés por el follón que tenemos en España y que continúe el mismo”, denunció Feijóo el pasado 3 de julio en un acto en Madrid.

El líder del PP siempre aseguró que el caso de Murcia era diferente del de otras comunidades, que no se podían poner como ejemplos a seguir. En su opinión, tenía sentido que Vox pidiese entrar en el Gobierno de Extremadura o de la Comunitat Valenciana porque eran necesarios sus votos para la investidura, lo que no pasa en Murcia. 

No es la primera vez que el PP se tiene que tragar las reglas con las que intenta explicar comportamientos diferentes en situaciones semejantes. Ocurrió antes en el caso de Extremadura, donde Feijóo pasó de decir que Vox no tenía derecho a entrar en el Gobierno de esa comunidad porque sólo representaba al 8% de los votantes a tener que defender una coalición.

Tampoco el discurso de López Miras sale bien parado con la cesión a Vox. “Con el resultado que se ha obtenido en la Región de Murcia teniendo el 43% de los votos, el 47% de los diputados regionales, lo legítimo en una democracia es gobernar en solitario. Esto no es nuevo, ya que así gobernó Aznar en el 1996, Zapatero durante sus dos mandatos, Rajoy en 2015 y Pedro Sánchez en estas últimas legislaturas”., alegaba hasta hace pocos días.

Exigir consejerías y una vicepresidencia, decía el presidente murciano en funciones, es “chantajear a un partido que se ha quedado tan solo a dos diputados de la mayoría absoluta”. “No necesitamos el sí de Vox”, aseguraba López Miras. “Ni el apoyo explícito de Vox; solo necesitamos una abstención, es decir, que no bloqueen”.

Génova siempre ha dicho que lo que pasase en la Región de Murcia sería responsabilidad de su barón local, el actual presidente en funciones. Tanto si llegaba a un acuerdo con Vox como si no lo conseguía y la región no tenía más remedio que repetir elecciones.

El equipo de Alberto Núñez Feijóo intervino en su momento para obligar a su candidata por Extremadura a llegar a un acuerdo con la extrema derecha dándole entrada en el Gobierno a pesar de que se había comprometido públicamente a hacer todo lo contrario. 

El equipo de Feijóo siempre ha sostenido que las dos situaciones no eran comparables: Guardiola ni siquiera fue la candidata más votada en las elecciones extremeñas de mayo, mientras que López Miras no solamente ganó, sino que se quedó a únicamente dos escaños de la mayoría absoluta. La primera era una recién llegada; el segundo es un barón consolidado que lleva seis años gobernando su comunidad.

Todo indica, sin embargo, que ha sido Feijóo el que ha impuesto una solución que evite no sólo la repetición electoral sino también un nuevo conflicto entre el PP y Vox justo cuando el presidente del PP se prepara para defender su investidura en el Congreso de los Diputados y más necesita del apoyo de la extrema derecha.

La única salida al pulso entre ambos partidos era que una de las partes diese su brazo a torcer y ese, al final, ha sido López Miras, que no quería tener a Vox en el gobierno. El gato al agua se lo han llevado los ultras, que siempre dijeron que no votarían a favor de la investidura del candidato del PP murciano si no les garantizan presencia en el nuevo ejecutivo. Consiguieron casi el 20% de los votos en las elecciones y quieren que eso se refleje entrando en el gobierno, como ya ha ocurrido en Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Aragón.

“Celebramos el acercamiento de posturas que hacen posible desatascar la negociación. Creemos importante que Vox esté en el gobierno con tres consejerías, una de ellas la de Agricultura, donde entendemos que podemos aportar un gran valor añadido en esta nueva etapa”, declaró José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, nada más conocer la noticia.

A pocos días de la fecha límite —el jueves 7 de septiembre—, las direcciones nacionales de PP y Vox buscaban la manera de desbloquear unas negociaciones estancadas a escala regional, mientras López Miras se preparaba para poner en marcha un segundo intento de investidura que comenzaría el miércoles, la víspera de la fecha límite.

El pasado 7 de julio, los votos en contra de los nueve diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia tumbaron el primer intento de López Miras, de ser investido.

El candidato del PP no consiguió la mayoría simple (más síes que noes) necesaria en la segunda votación para ser elegido presidente de la comunidad. Sólo contó con 21 votos a favor, los del PP, y 24 en contra, correspondientes a PSOE, VOX y Grupo Mixto —Podemos—.

La firmeza de Vox se hizo patente este viernes en la asamblea regional, en la que no dudó en tumbar, junto a PSOE y Unidas Podemos, el decreto-ley con el que el Gobierno de López Miras y el PP pretendían para evitar la caducidad de la moratoria urbanística del Mar Menor. 

La decisión tensó la cuerda para forzar a los de Feijóo a presionar a López Miras y obligarle a dar entrada a la extrema derecha en su gobierno aprovechando que el líder del PP necesita los 33 votos de Vox en el Congreso para no verse superado en la investidura por la alianza de PSOE y Sumar (152 escaños) como ya ocurrió en la elección de la mesa de la Cámara Baja.

Feijóo ya cedió la semana pasada ante Vox asumiendo públicamente y por primera vez su alianza con la extrema derecha, que hasta ahora atribuía exclusivamente a sus barones. Y admitiendo que necesita su apoyo para optar a la investidura. Es ya una “relación de normalidad democrática” “en el objetivo compartido de proteger nuestra nación y defender la Constitución”. “No cabe duda de que la relación de colaboración se mantendrá”, aseguró el presidente del PP después de visitar al rey Felipe VI para ofrecerse como candidato el pasado 22 de agosto.

La decisión del PP de pactar con Vox también en Murcia dará acceso al gobierno al líder local de la extrema derecha, José Ángel Antelo. Un dirigente que considera una “ley comunista” la que, con rango estatal, protege el contaminado Mar Menor. Antiguo jugador de baloncesto, el discurso ambiental de Antelo sigue con pulcritud las normas del negacionismo. En una entrevista concedida en la recta final de campaña a La Opinión de Murcia, lanzó el aviso cuando el periodista le hizo la siguiente pregunta:

– Si Fernando López Miras no toca la Ley del Mar Menor, ¿será presidente?

Antelo respondió así:

– Si depende de nosotros, será oposición. Y nosotros, también.

El autor de la entrevista abundó en el tema:

– Habla como si no hubiera cambio climático 

Y Antelo, que ya en otras ocasiones había ridiculizado el concepto –por ejemplo, en su cuenta de Twitter–, respondió así: “El clima lleva cambiando desde que existe el mundo, hace más de 4.500 millones de años, y lo seguirá haciendo”.

Concejal en el Ayuntamiento de Murcia, la estrella interna de Antelo comenzó a brillar cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox le nombró en noviembre de 2019 jefe de la gestora constituida en Murcia tras la bronca con los tres diputados autonómicos que habían sido elegidos en la lista del partido. “El CEN –relata el periodista Xavier Rius en su libro Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron (Akal, 2023)– nombra una gestora presidida por el concejal en el Ayuntamiento de Murcia, el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo, vinculado a José Luis Mendoza, miembro de los ultracatólicos neocatecumenales, los "kikos", y presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia”, la UCAM. Fallecido en enero de este año, Mendoza se convirtió en un baluarte del sector que en Vox procede del catolicismo más conservador. 

Antelo ha hecho bandera del pin parental, que ya aplicó el PP en Murcia a requerimiento de Vox. Los padres –sostiene el candidato– deben tener información de si lo que pretende una charla escolar es “enseñarle a un niño de tres, cuatro o cinco años cómo masturbarse”. O si a un niño “que se llama Juan le van a tratar como María”.

Las contradicciones ahogan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras intenta sobrevivir a la investidura con la vista puesta en una eventual repetición electoral que le otorgue una segunda oportunidad de llegar a la Moncloa. Primero pidió urgencia para formar un ejecutivo; ahora ha retrasado ahora todo lo posible la votación. Del rechazo inicial a pactar con fuerzas independentistas, ha pasado a explorar la abstención de Junts. Critica las cesiones a los socios del PSOE, pero asume las demandas de los nacionalistas canarios. Sigue defendiendo que debe gobernar el partido más votado, según la "costumbre", obviando que la Constitución consagra el sistema parlamentario. Rechazaba a Vox como socio, pero ahora escenifica su sintonía con Abascal. Y condena los préstamos de diputados para formar grupo parlamentario, que ya utilizó Aznar.

El candidato del PP llegó prometiendo “derogar el sanchismo", pero desde las elecciones, e incluso antes, pide la abstención socialista para aplicar su programa. En su camino hacia La Moncloa, Feijóo modula posiciones, relativiza principios y cambia el discurso en función de la coyuntura y la búsqueda de apoyos parlamentarios.

El líder del PP salió de las elecciones generales pidiendo reuniones urgentes con los partidos políticos y en particular con el presidente Pedro Sánchez con el argumento de que había que agilizar los plazos. España, decía, tiene problemas que no pueden esperar, así que anunció el inicio de un “diálogo para negociar un Gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada en las urnas”. El 9 de agosto la secretaria general Cuca Gamarra anunció reuniones urgentes para pactar con Coalición Canaria y cinco días después el coordinador general, Elías Bendodo, defendió una investidura rápida antes de que terminase el mes. “Es bueno para el conjunto de los españoles”. “Estamos en plena presidencia de la Unión Europea y cuanto antes haya un gobierno fruto de esa investidura, mejor para todos”, argumentó. Un ejecutivo “que empiece a rodar cuanto antes, ya que hace falta que así sea”.

Ahora, en cambio, con el encargo del rey de presentarse a la investidura, Feijóo ya no tiene ninguna prisa. De hecho, en vez de solicitar una investidura rápida, pidió a la presidencia del Congreso demorarla hasta finales de septiembre con la excusa de que necesita ese tiempo (35 días) para negociar con otros partidos en busca de apoyos. El propio candidato decidió tomarse libre toda la semana alegando que los grupos parlamentarios aún no se habían constituido, algo que no le impidió firmar un pacto con Coalición Canaria.

“Parece razonable” que “se le dé un tiempo razonable a quien ha ganado las elecciones para que pueda hablar con el resto de formaciones políticas y conseguir los cuatro votos que le faltan al Partido Popular para poder aspirar a esa investidura”, aseguró hace unos días su vicesecretario general Borja Sémper.

La primera reacción del PP, después de conocer los resultados electorales y la intención de Pedro Sánchez de intentar armar una mayoría en el Congreso que le permitiese mantener la coalición de Gobierno, fue denunciar que pactar con Junts sería tanto como trasladar la capital de España a Waterloo, la localidad belga en la que vive el líder de esta formación, Carles Puigdemont, desde que huyó de la justicia española hace casi seis años. La alternativa que propone Pedro Sánchez, según Feijóo, es que, “al final, la capital de España pase a estar en Waterloo” y que “un huido de la Justicia”, decida “cómo va a ser el Gobierno de España”.

Un mes después, cuando el PP se dispone a pedir una reunión a los diputados de Junts en el Congreso para explorar la posibilidad de que se abstengan en la investidura de Feijóo —lo que le daría automáticamente la presidencia del Gobierno—, Génova ya no habla de los independentistas en esos términos. Más bien al contrario, defiende la legitimidad de negociar con el partido de Puigdemont porque, en palabras del vicesecretario Esteban González Pons, “Junts es un grupo parlamentario que, al igual que Esquerra, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Si hay una idea que los dirigentes del PP repiten en todas sus intervenciones es que el partido más votado es el que debe gobernar. Aunque no tenga mayoría suficiente en el Congreso. Es una tesis incompatible con el sistema parlamentario español, que es el que consagra la Constitución que los de Feijóo dicen defender.

Se apoyan en la idea de “la costumbre” como fuente de derecho: debe gobernar el partido más votado porque “siempre ha sido así”.

La tesis del PP esconde en realidad la intención de negar legitimidad a cualquier Gobierno que nazca del acuerdo entre partidos en el Congreso. Y contradice el criterio que el PP ha aplicado allí donde ha tenido oportunidad, desde el actual Gobierno de Extremadura, a los de Castilla y León, Murcia y Madrid después de las elecciones de 2019.

El PP defiende, además, que la regla no rige cuando el más votado no le gusta: es el caso de Junts y EH Bildu —impidió con sus votos que ambas formaciones se hiciesen con las alcaldías de Barcelona y Vitoria.

En plena campaña electoral, cuando trataba de quedarse con todo el espacio posible a la derecha del PSOE, Feijóo decía que Vox no era una “buena idea como socio”. No le gustaba. “Creo que Vox, en este momento, no es un buen socio para la gobernabilidad de mi país. Provocaría unas tensiones innecesarias y España tiene que ocuparse de lo importante. Y algunas discusiones que Vox pone encima de la mesa es alejarnos de lo importante. Nunca he hablado con los ideólogos de Vox y algunos me producen mucha intranquilidad. Por tanto, no me siento cómodo con ese partido”, llegó a declarar en una entrevista publicada por El Español.

Ahora Feijóo ya no dice lo mismo. Necesita los 33 votos de la extrema derecha para soñar con una investidura y ha asumido escenificar la sintonía entre su partido y el de Abascal. “Tenemos una relación de normalidad democrática en el objetivo compartido de proteger nuestra nación y defender la Constitución. La relación de colaboración se mantendrá”, admitió el martes pasado.

Durante la campaña electoral, Feijóo pidió con insistencia respaldo electoral para evitar un Gobierno “secuestrado por las minorías”. El discurso del presidente del PP se apoya constantemente en la idea de que no es legítimo, como hace Pedro Sánchez, llegar a acuerdos con partidos minoritarios y pactar sus votos a cambio de determinados compromisos.

Ahora sigue diciendo lo mismo, cuando pronostica cesiones del PSOE y de Sumar a sus potenciales socios en Cataluña, Euskadi y Galicia. Pero, en cambio, acepta las peticiones de Coalición Canaria a cambio de su único voto en el Congreso. Un pacto, conocido como la agenda canaria, que no solamente incluye demandas propias de las islas que se ejecutarán a través de convenios bilaterales, sino un compromiso para que el Gobierno canario tenga presencia en las reuniones de España con Marruecos. Además de dar a Coalición Canaria capacidad de influir en la legislación estatal en materia de oportunidades para jóvenes, acceso a vivienda, lucha contra la violencia machista, derechos LGTBI, educación, formación profesional dual, pensiones, dependencia y salarios.

Es esta una contradicción que ya pusieron de manifiesto durante la campaña electoral los dirigentes de Vox y que algunas voces del PP, en particular Esperanza Aguirre, han destacado después de la votación. Feijóo intentó atraer al PP a todos los descontentos con el Gobierno de coalición proclamando, como resumen de su programa, la voluntad de “derogar el sanchismo”, entendiendo por tal la práctica totalidad de las leyes y proyectos impulsados durante los últimos cuatro años.

Ahora, sin la mayoría en el Congreso que buscaba para cumplir su promesa, está pidiendo al propio Pedro Sánchez que le haga presidente para hacer lo mismo, derogar el sanchismo. Del reduccionismo de esa idea, que Génova ha decidido enterrar por lo menos hasta que se vote la investidura de su líder, el PP ha pasado ahora a defender la necesidad de “recuperar un proyecto común y compartido de política que proyecte lo mejor de nosotros mismos”. “Que la dialéctica política, que el tono, que la profundidad del debate sea tal, no sea epidérmico”, en palabras de su vicesecretario Borja Sémper.

El PP ha criticado que Sumar y el PSOE vayan a prestar diputados a Esquerra y a Junts para que ambas formaciones puedan constituir grupos parlamentarios. Sin esta ayuda externa no podrían conseguirlo, porque no cumplen los criterios establecidos en el reglamento del Congreso. Hacen falta al menos 15 diputados o, en su defecto, haber obtenido al menos el 15% de los votos en todas las circunscripciones donde se haya presentado candidatura o un 5% de los votos en el conjunto del Estado.

Lo que van a hacer los partidos de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz “fuerza las costuras de la norma" y “es un poco fraude”, según el PP. Los de Feijóo sostienen que de ese modo se “altera el resultado de las elecciones”, se “maquilla”.

Lo que no dicen es que José María Aznar hizo lo mismo en 1996. El entonces líder del PP necesitaba los votos de los cuatro diputados nacionalistas de Coalición Canaria para su investidura y su grupo no puso entonces ningún reparo para que hubiera un préstamo y facilitarles tener grupo propio. Lo hicieron a través de UPN, cuyos dos parlamentarios, socios del PP en la Comunidad de Navarra, se unieron a los canarios durante el primer periodo de sesiones. La misma situación se repitió en el año 2000, también con el beneplácito del Partido Popular, que ahora, en cambio, habla de alteración del resultado electoral.

El PP sigue jugando sus cartas para intentar atraer el apoyo que necesita para que Alberto Núñez Feijóo sea investido presidente. Los contactos formales con los grupos que, en principio, han anunciado su negativa a respaldar un gobierno de la derecha no comenzarán hasta la semana que viene, pero, en ausencia de Feijóo, desaparecido desde el martes, su equipo va dando pistas sobre qué está dispuesto a poner encima de la mesa y qué no.

Convencer al PNV para que cambie de postura sigue siendo el principal objetivo fijado por los estrategas de la calle Génova. Para lograrlo, el número tres del partido, Elías Bendodo, remarcó este viernes en Marbella (Málaga) un mensaje que el propio Feijóo ya lanzó el martes después de entrevistarse con Felipe VI: si es elegido presidente, se compromete a formar un Gobierno exclusivamente formado por ministros del Partido Popular y sin ningún representante de la extrema derecha de Vox.

La alianza del PP con los extremistas de Santiago Abascal es el obstáculo insalvable que los nacionalistas vascos han planteado para negarse siquiera a considerar la posibilidad de apoyar a Feijóo. Así que el PP se propone diluirlo comprometiendo no solamente un gobierno en solitario sino un proyecto político de “moderación”.

Con Feijóo, subrayó Bendodo, “habrá un gobierno de moderación, de diálogo, de recuperar los valores de la transición democrática en nuestro país, que falta hace. Ese es el planteamiento que el presidente Feijóo va a intentar impulsar a partir de la ronda de contactos que se iniciará a partir de la semana que viene con todos los grupos parlamentarios”.

Un gobierno contrapuesto a la coalición “ingobernable” que, según el PP, nacería de una investidura de Pedro Sánchez que para salir adelante necesita el apoyo de “24 partidos”. “Eso es imposible de gobernar e imposible de poner de acuerdo, exigiendo o vicepresidencia del Gobierno o ministerios o amnistías o referéndum o presupuesto”.

En el PP quieren convencer al PNV de que es necesario impedir tanto ese escenario como una repetición electoral y de que, para conseguirlo, es necesario investir a Feijóo. “En eso vamos a trabajar en las próximas fechas. Hay un mes de diálogo, de acuerdos, de intentar lanzar el mensaje no sólo a los grupos parlamentarios, sino al conjunto de los españoles, de que la única opción constitucional de Gobierno en España es la que lidera el presidente Feijóo”.

El diálogo será con todos los que quieran sentarse con el PP —Esquerra ya ha dicho que no lo hará—, incluido Junts, aunque eso no significa que vaya a abrirse una negociación ni mucho menos que sea posible un pacto con el partido de Carles Puigdemont, advirtió Bendodo tratando de tranquilizar al PP catalán. El presidente de la derecha en Cataluña, Alejandro Fernández, compartió el miércoles su opinión contraria a incluir a Junts en la ronda de contactos, de la que Génova únicamente ha excluido a EH Bildu, con el argumento de que “se avecinan movimientos (y fotos) que van a destruir la reputación de quien los impulse. Porque no hay nada más valioso que ser coherente con tu pasado, tus principios y tus opiniones”.

“En el Partido Popular no hay sectores”, replicó Bendodo cuando una periodista le preguntó por las diferencias de opinión dentro de su partido. “Quiero dejar claro que una cosa es el diálogo parlamentario necesario que implica presentarse a una investidura”, que situó en el terreno de la “cortesía”, y “otra es negociar y pactar. Son tres cosas distintas. Hablaremos con todos los que quieran hablar. Conocen nuestras líneas rojas”.

El diálogo parlamentario “es sano” y “necesario en una democracia como la nuestra”, argumentó el número tres del PP. Pero “hablar con todos o con casi todos no significa que vayamos a negociar ni a pactar con todos”, no “significa tragar con todos. El Partido Popular es un partido de Estado”, remarcó.

Entretanto, el PP sigue empeñado en imponer en la opinión pública el marco de que Feijóo debe ser presidente porque es el que ha ganado las elecciones. “En los 45 años de nuestra joven democracia en España siempre el que ha ganado las elecciones generales ha gobernado. Eso es lo que se va a intentar, que siga siendo así”. Y conseguirlo depende únicamente de “cuatro escaños”, los que le faltan a Feijóo para conseguir la mayoría absoluta de la Cámara (también puede conseguirla si se producen siete abstenciones).

La política tiene mucho de representación. Y el PP quiere hacer de la sesión de investidura y de sus prolegómenos una ceremonia en la que apuntalar la idea de que son ellos quienes ganaron las elecciones y, por consiguiente, quienes tienen derecho a gobernar. Aunque sepan desde el principio, a pesar de que Génova no lo reconozca en público, que la ronda de contactos que el equipo de Alberto Núñez Feijóo tiene previsto iniciar a partir del próximo lunes es un callejón sin salida.

Casi todos los aludidos (PNV, Esquerra, BNG, PSOE y Sumar) ya se lo han hecho saber, a la espera de que Junts confirme oficialmente que el encargo del rey a Feijóo no ha cambiado su intención, manifestada la semana pasada, de votar también en contra.

De ahí que Génova haya empezado a situar la ronda de contactos que quiere organizar a partir del próximo lunes en el terreno de la “normalidad institucional” más que en un intento serio de buscar los cuatro votos favorables que le faltan. “Vamos a intentar hacer algo normal, que es un proceso de conversaciones institucional con los grupos representados en la Cámara”, explicó este jueves el vicesecretario del PP Borja Sémper en declaraciones a RNE.

“Eso no prejuzga nada, simplemente es intentar recuperar una institucionalidad y una normalidad, con luces y taquígrafos, con una fecha clara, sabiendo de qué se está hablando, con todas las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados”.

Porque, por mucho que se hable, “todo el mundo sabe dónde está el Partido Popular y dónde están el resto de formaciones políticas, entre otras Junts”, admite el que fuera portavoz electoral del PP dando por imposible un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont. “Obviamente, todo el mundo sabe lo lejos que estamos Junts y el Partido Popular y lo materialmente imposible que es llegar a acuerdos”. Sobre todo “porque el objetivo prioritario de Junts es conseguir la independencia de Cataluña. Eso hace muy difícil, por no decir imposible, cualquier tipo de acuerdo”.

A pesar ello, y en nombre de la “normalidad institucional”, el PP se dispone a hablar con los independentistas catalanes. El mismo partido al que el también vicesecretario del PP Esteban González Pons defendió el martes pasado diciendo que sus diputados, “más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Feijóo quiere utilizar esas reuniones, que los interlocutores del PP consideran inútiles, para mostrar lo conveniente que, en su opinión, sería un gobierno de la derecha aunque no tenga mayoría en el Congreso. “Llevamos demasiado tiempo hablando de autodeterminación, de amnistías, de insultos; llevamos demasiado tiempo hablando del ombligo de los políticos y no estamos hablando de las necesidades del país y yo creo que la agenda hay que corregirla”, argumenta Sémper. “Para eso vamos a utilizar este proceso de conversación con el resto de formaciones políticas y el debate de investidura, para poner otra vez el protagonismo donde tiene que estar, que es en España y en los españoles”.

Con todo, el guion redactado por el equipo de Feijóo para ignorar la aritmética parlamentaria y tratar de presentar a su líder como un candidato al que los demás partidos quieren robar su derecho a presidir España, no gusta a todo el mundo en el Partido Popular. El presidente del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, advirtió este miércoles del riesgo que corre su partido: “Se avecinan movimientos (y fotos) que van a destruir la reputación de quien los impulse. Porque no hay nada más valioso que ser coherente con tu pasado, tus principios y tus opiniones”.

Conscientes de que no hay nada que hacer con Junts, con Esquerra o con el BNG, y de que el PNV difícilmente cambiará de opinión y se sumará a una mayoría en la que esté Vox, los estrategas de Génova quieren aprovechar las próximas semanas para presionar al PSOE en busca de cuatro tránsfugas con los que sumar la mayoría absoluta que las urnas les negaron. No tanto porque confíen en encontrar diputados socialistas dispuestos a traicionar a su partido como por alentar una supuesta incomodidad de una parte del PSOE con la posibilidad de resolver la situación judicial de las personas que afrontan procesos en los tribunales por su participación, directa o indirecta, en la declaración unilateral de independencia del 1 de octubre de 2017.

Feijóo ya ha anunciado que planea hacer girar su investidura en torno este asunto, no sobre la situación económica, el desempleo o los fondos euros. Los “pilares básicos” de su candidatura, explicó el martes, después de entrevistarse con Felipe VI, serán “la defensa de la Constitución, el impulso del Estado autonómico”, preservar “la independencia de las instituciones y la igualdad de todos los ciudadanos” y “el respeto escrupuloso a las sentencias judiciales y a los procedimientos judiciales”.

La idea que el PP tratará de proyectar en las próximas semanas y meses es que Feijóo no se queda “cruzado de brazos en casa” resignado a ver cómo se constituye un nuevo gobierno de Sánchez apoyado esta vez por Junts y que sería, afirman, “muy perjudicial para España”. El presidente del Gobierno, aseguran siguiendo el mismo argumentario que Génova utiliza desde hace cinco años, no persigue “el interés general” sino única y exclusivamente mantenerse en el poder. 

La candidata socialista María Chivite ha sido investida este martes presidenta de Navarra, en la segunda jornada del pleno celebrado en el Parlamento, al recibir el apoyo de PSN, Geroa Bai, Contigo Navarra y la abstención de EH Bildu, lo que le ha dado la mayoría simple necesaria en la segunda votación para su investidura, ha recogido Europa Press.

La votación ha tenido lugar a las 17.20 horas de este martes festivo en el salón de plenos del Legislativo navarro y ha sido secreta nuevamente. Cada uno de los representantes de la Cámara ha depositado su voto, tras ser llamados por orden alfabético, con un 'sí/bai', 'no/ez' o 'abstención/abstentzioa' en una urna.

Después de que el lunes en la primera votación Chivite no alcanzara la mayoría absoluta, pasadas 24 horas los parlamentarios de EH Bildu se han abstenido, tal y como estaba previsto, para posibilitar la investidura de María Chivite. UPN, PPN y Vox han mantenido su voto en contra a la candidata socialista. De esta forma, Chivite ha sumado 21 apoyos, ha recibido 20 votos en contra y ha tenido 9 abstenciones.

La líder del PSN renueva así otros cuatros años en la Presidencia de Navarra tras haber acordado un programa de legislatura con Geroa Bai y Contigo Navarra, una negociación que se ha alargado hasta el pasado 7 de agosto tras las diferencias mostradas entre Geroa Bai y PSN.

Chivite presidirá un Gobierno de coalición que estará formado por 13 departamentos, ocho para el PSN, cuatro para Geroa Bai y uno para Contigo. El Gobierno no tendrá mayoría en el Parlamento de Navarra, como en la pasada legislatura, ya que suma 21 de los 50 escaños del Legislativo.

Al finalizar la votación, María Chivite se ha abrazado el portavoz del grupo socialista, Ramón Alzórriz, y con las portavoces de sus socios de Gobierno, Uxue Barkos (Geroa Bai) y Begoña Alfaro (Contigo-Zurekin).

Ya como presidenta, Chivite ha declarado que esta nueva legislatura tiene "grandes retos por delante" y que tendrá "como bandera la igualdad, en todos los términos, la igualdad social, la territorial y la igualdad entre hombres y mujeres".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha agradecido a "los grupos parlamentarios que han apoyado" el acuerdo de legislatura y al equipo que le ha "acompañado estos cuatros años, a todos los consejeros y consejeras por todo su trabajo y su esfuerzo que ha sido mucho porque ha sido una legislatura especialmente complicada, sobre todo marcada por la covid-19; y especialmente a la consejera de Salud, que es la que estuvo al frente de la pandemia".

"Comenzamos una nueva legislatura, tomamos el testigo de la anterior, porque el acuerdo que hemos firmado, en algunas partes es un acuerdo continuista", ha declarado. "Tenemos grandes retos por delante, el reto de la transformación digital, el reto de la sostenibilidad...", ha añadido, para "agradecer" también "a las personas que entrarán en breves días a formar parte del nuevo Gobierno".

Además, ha querido agradecer "al conjunto de la ciudadanía navarra, la que ha dado la fortaleza al Partido Socialista tanto en las elecciones autonómicas como en las generales, porque eso ha dado la legitimidad y la fuerza suficiente para seguir liderando el Gobierno de Navarra".

La ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha vuelto a atar su destino a Vox" con el "pacto de la vergüenza" en el Gobierno de Aragón.

"Primero fue la Comunidad Valenciana, le siguieron Extremadura y Baleares y ahora insiste con estos pactos de la vergüenza que la ciudadanía ha rechazado claramente en las urnas", ha lamentado la también secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en un vídeo recogido por Europa Press.

Así ha afeado el acuerdo que PP y Vox firmaron este viernes para compartir gobierno en Aragón bajo la presidencia del conservador Jorge Azcón, con Vox al frente de la vicepresidencia primera del Ejecutivo, con las competencias de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, y como titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Morant ha recordado que "hace solo dos semanas en las elecciones del 23 de julio España dijo claramente no" a la "propuesta de involución" de los pactos PP-Vox que "recortan derechos y libertades".

El PSOE de Ceuta ha asegurado este jueves en medio de las negociaciones que mantenía abiertas con el Partido Popular de la ciudad autónoma para formar un ejecutivo de coalición que "en la actualidad no hay ni puede haber un pacto de Gobierno con el PP de Feijóo".

En un comunicado a los medios recogido por Europa Press, el secretario general de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez, ha negado "rotundamente" que "exista acuerdo alguno con los populares para formar Gobierno en Ceuta".

"Los socialistas ceutíes hemos demostrado sobradamente nuestra apuesta por el diálogo y nuestro compromiso con la estabilidad de Ceuta, pero ahora no es momento de pactos", ha señalado el líder del PSOE de la ciudad autónoma, que aspiraba a hacerse con la titularidad de al menos tres consejerías y las riendas de varias empresas municipales para entrar en el Gobierno que lidera Juan Vivas (PP).

El PP ganó las elecciones del pasado 28 de mayo y obtuvo nueve de los 25 diputados de la Asamblea, como la pasada legislatura. El PSOE logró seis (uno menos), Vox cinco (antes tenía seis), MDyC tres (uno más) y Ceuta Ya! dos (desde 2019 solo contaba con uno).

Vivas ha descartado a Vox como posible socio para alcanzar ningún acuerdo, ya que entiende que sus posiciones suponen una amenaza para la convivencia en Ceuta, y se ha debatido entre alcanzar pactos más o menos puntuales con el PSOE (como la pasada legislatura salvo en 2020, cuando se arrimó a los de Abascal) o con las formaciones localistas.

Durante la última semana el PP de Ceuta y los socialistas, que se negaban a seguir respaldando al Ejecutivo local desde fuera, habían dejado perfilado un acuerdo de gobierno de coalición que el presidente de la Ciudad esperaba cerrar "en septiembre" y al que el Gobierno no descartaba incorporar también al MDyC pese a las reticencias del PSOE.

Alberto Núñez Feijóo prefirió poner tierra de por medio con los llamados pactos de la vergüenza del PP con Vox en la Comunitat Valenciana y Extremadura y apuntarse al tema de ETA que tan buenos resultados le dio en las elecciones municipales y autonómicas. 

A la misma hora en la que el líder valenciano del PP, Carlos Mazón, se sometía a la investidura en las Corts Valencianes de la mano de una extrema derecha que niega la violencia machista y el cambio climático, Feijóo protagonizaba un acto conmemorativo del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en el municipio de Ermua (Bizkaia).

La agenda no es casual. Feijóo lleva desde el lunes, el día del debate con Pedro Sánchez, marcando distancias con Vox y la elección como presidentes autonómicos de Carlos Mazón y de María Guardiola, esta última en Extremadura, con los votos de Vox. En ambos casos los ultras entrarán además en el gobierno, tal y como había pedido su presidente, Santiago Abascal, y continúa exigiendo en el caso de Murcia y de Aragón, las dos comunidades cuyo futuro ejecutivo depende todavía de un acuerdo.

En su afán por aparentar que él no tiene nada que ver con eso, el líder del PP llegó al extremo de negar, en una entrevista publicada por El Confidencial, haber acordado nada con la extrema derecha: “Yo no he pactado con ellos. Lo han hecho mis compañeros de partido. Cada uno asume sus responsabilidades”.

Mucho más cómodo en el relato de que ETA sigue viva —12 años después de que la organización terrorista pusiese fin a la violencia— y en la denuncia permanente de cualquier coincidencia con EH Bildu, la primera fuerza política del País Vasco, Feijóo aprovechó su estancia en Ermua para insistir en ETA. Cuando sea presidente, prometió, someterá “a consideración del Consejo de Estado” una reforma legal para impedir que las personas condenadas por terrorismo puedan presentarse a las elecciones aunque ya hayan cumplido todas sus penas. 

El matiz es importante. El líder del PP se lava las manos y deja la reforma, muy demandada por la derecha mediática, el ala más radical de su partido y las asociaciones de víctimas de ETA, en manos de un organismos consultivo para no comprometerse en un asunto sobre cuya legalidad Génova tiene más dudas de las que está dispuesto a reconocer en público.

Entretanto, la investidura en la Comunitat Valenciana seguía su curso. La portavoz de Vox en Les Corts, Ana Vega, garantizó lealtad al candidato del PP, pero siempre que siga “estando a la altura” de lo que la extrema derecha espera de él. Lo que significa, precisó, que no admitirá acuerdos con el PSOE valenciano o que el Govern tome medidas contrarias a las ideas que defienden muchos de los líderes ultra en materia de violencia machista o cambio climático.

Mazón se ha convertido en el modelo que Vox echa en cara a Feijóo en Murcia y Aragón: “Ha demostrado la valentía que en otros lugares aún no ha tenido el PP”, subrayó Vega.

Con todo, advirtió, no habrá cheques en blanco. Estarán “vigilantes” para que se cumplan los objetivos del pacto, en especial la derogación de la legislación sobre memoria democrática, la erradicación de las políticas específicas contra la violencia machista de las prioridades del Govern, el control ideológico de la enseñanza y el final de la equiparación del valenciá con el castellano. 

Es urgente, advirtió a Mazón, defender la agricultura y la ganadería “del delirio climático” y de la competencia desleal de la que los ultras culpan a los acuerdos de la Unión Europea con terceros países.

Mazón no los contradijo en nada. Aceptó sus votos sin puntualizar una coma del discurso de su portavoz. “Vaya por delante mi más sincero agradecimiento a los 13 representantes de estas Cortes del grupo Vox”, declaró.

El único gesto de divergencia que tuvo fue el anuncio de que las competencias de igualdad dependerán de una vicepresidencia encargada de aplicarlas de manera transversal. Eso sí, en línea con sus socios ultras, situó la violencia contra las mujeres como una más.

En Extremadura, mientras tanto, la candidata del PP que se había comprometido a no gobernar nunca con Vox pronunció también su discurso de investidura, si bien en esta comunidad la votación no tendrá lugar hasta el viernes.

Sometida a las exigencias de Vox que, con la ayuda de la dirección nacional de Feijóo, la obligaron a compartir el gobierno con los ultras, la candidata del PP insistió en que no habrá “ni un paso atrás”. Lo dijo desde la tribuna del Parlamento a pesar de que ya ha firmado un acuerdo con la extrema derecha que combate las medidas contra el cambio climático, defiende la intervención ideológica de los padres en la educación y limita la lucha contra la violencia de género a “los discursos machistas”.

Según Guardiola, no hay motivos para la alarma que ella misma alimentó. “Alguien anunciará con tono catastrofista un retroceso en derechos sociales”, anticipó. “Fruto de la desesperación política se recurrirá a la hipérbole”. “Alguien basará su discurso en el manido cuento de ‘que viene el lobo”, pero “los ciudadanos ya no se dejan engañar por el cuento del temor”.

A pesar de los avisos, que la propia Guardiola difundió cuando se negaba a gobernar con Vox, “el lobo no apareció por Andalucía, no apareció por Madrid y tampoco se le verá por Extremadura”. En su discurso ante la asamblea extremeña, y en un intento de disipar las dudas que plantea su compromiso de la coalición derechista, anunció que ella será quien ejerza las competencias de igualdad, cuya consejería será suprimida en cuanto tome posesión de la presidencia de la comunidad. Será, dijo, un eje “prioritario” en su gobierno, una materia que “debe ser abordada de una manera transversal”.

Superado con éxito (según celebran en su equipo) el debate con el presidente Pedro Sánchez, una cita que preocupaba en la calle Génova, Alberto Núñez Feijóo echa ahora las redes a los votantes de Vox. De hecho, el candidato de la derecha está convencido de que el cara a cara servirá para atraer a electores que estaban pensando en elegir la papeleta de los de Santiago Abascal porque se habrán sentido identificados con los mensajes del líder del PP, especialmente cuando acusó a Sánchez de estar dispuesto a gobernar aunque no consiga que su lista sea la más votada. 

En el PP hay euforia. Tanta que el propio Feijóo ha tenido que hacer un llamamiento a la calma y a entender que ganar un debate no es ganar las elecciones. Pero eso no le ha impedido burlarse de su adversario: “¿Para qué señor Sánchez?, Explíquenos para qué” preparó el debate durante varios días. “La respuesta está ahí, para nada”, se respondió a sí mismo.

En el PP se muestran convencidos de que, después del debate, el votante de Vox tiene dos posibilidades: o ha cambiado ya el voto ante las generales o está estudiando hacerlo. ”Si los votantes de Vox reparten el voto, es más difícil que Sánchez se vaya”, advirtió Feijóo haciendo por primera vez en la campaña un llamamiento expreso al voto útil al PP.

“¿Qué haría Sánchez sin Vox y qué haría Vox sin Sánchez?”, interpeló retóricamente a los participantes en un mitin en Ciudad Real. Vox y el PSOE son aliados, en el argumentario del candidato Feijóo, como vendría a demostrar que los dos partidos votaron en contra de la investidura de Fernando López Miras en la Región de Murcia. Un argumento más, destacó el líder del PP, para reagrupar todo el voto del espacio de centroderecha en torno a su partido.

Feijóo pide ahora apoyo para tener “un gobierno sin intermediarios”, que es su manera de proponer un gobierno sin Vox. “Tenemos que tener muy claro lo que elegimos el 23 de julio, advirtió. “Para que siga Sánchez” existen, entre otras opciones, la de Vox, aseguró sin mencionar a los de Abascal por su nombre. “Se puede votar a aquellos que dicen que quieren que gobierne el PP para después bloquear cuando gana el PP en un comunidad autónoma”, acusó en referencia a Murcia.

A Vox “se le puede votar para que no haya cambio, para que todo continúe igual y que el sanchismo se quede”. “Eso de que gobierne el PP pero no votes al PP es una broma sanchista”. Es “el voto útlil a Sánchez”, porque “si alguien quiere que gobierne el PP, la única papeleta que lo garantiza es la del PP", según él. 

Poco a poco, el candidato del PP va a afinando sus mensajes en busca de los votantes donde sabe que Vox encuentra eco. Este martes le tocó el turno a los agricultores y los ganaderos, a los que pidió expresamente el voto. “No es de recibo lo que han hecho con los ganaderos haciendo una publicidad engañosa y negativa de la carne en España”, proclamó rememorando las críticas a la ganadería extensiva que hizo el ministro de Consumo a finales de 2021. “La proteína es perseguida por el Gobierno”, denunció a pleno pulmón entre aplausos de los asistentes. Y eso es “lamentable”, igual que enfrentar “a los pueblos de España por el agua” y llamar “especuladores” a los agricultores y decir que “son los culpables de la inflación”. 

En una charla informal con los periodistas que cubren su campaña, Feijóo puso el ejemplo de Ciudad Real para ilustrar lo que, según él, ocurre en otras 18 provincias de España. En esta circunscripción, explicó, hay posibilidad de que Vox se haga con el quinto escaño a costa del PP, de forma que serían dos para el PSOE, dos para el Partido Popular y el último para los de Santiago Abascal. En total, explicó, estarían en juego una veintena de escaños.

“Salimos a por todas, salimos a ganar para gobernar y a gobernar en solitario, y esa es la oferta electoral que le planteamos a la sociedad española, si aglutinamos todo el voto del cambio en torno a Alberto Núñez Feijóo, en España puede haber un gobierno que solo se deba a los españoles y a nadie más, y en España puede haber un Gobierno que no dependa de ningún partido extremista, ni de izquierdas ni de derechas”, resumió en Salamanca el lugarteniente de Feijóo, Miguel Tellado, su mano derecha dentro del partido. 

En la misma línea se pronunció también José María Aznar en una conferencia en Madrid. Es imprescindible, defendió, que el PP logre una mayoría suficiente en las elecciones para poder conformar un Gobierno en solitario “sin condicionantes y lo más fuerte posible”. 

Por esa razón, pidió a los presentes, hay que agrupar todos los votos posibles en torno al PP. “Yo uní a todo lo que estaba a la derecha de la izquierda y significó grandes victorias y triunfos”. El PP, remató, es el único partido capaz de garantizar que los principios básicos de la convivencia y la Constitución sigan en pie.

Obligar a que un PSOE en plena crisis, previsiblemente sin Pedro Sánchez a la cabeza, facilite con su abstención la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ese es el plan B en el que trabajan los estrategas de la calle Génova para después del 23J. Tanto si los diputados del PP y de Vox suman mayoría absoluta, como predicen algunas encuestas, como si los votos de la extrema derecha no son suficientes para llevar a Feijóo a la Moncloa.

Para hacerlo realidad, el PP cuenta con el apoyo de la derecha mediática. Y, llegado el caso, espera atraer a esa posición a otros medios más centrados, especialmente si la distribución de escaños en el Congreso de los Diputados a partir del 23 de julio deriva en un nuevo bloqueo institucional porque ni la derecha ni la izquierda sean capaces de plantear una investidura viable. Es una segunda edición de lo que pasó en 2016, cuando la vieja guardia socialista forzó la caída de Sánchez para dar el Gobierno a Mariano Rajoy.

El plan, naturalmente, parte de la convicción de que la candidatura más votada en las elecciones generales será la del PP. Por eso, porque están seguros de que eso es lo único posible, su líder repite, siempre que tiene oportunidad, su compromiso de dejar gobernar al PSOE de Pedro Sánchez si los socialistas tienen más escaños en el Congreso. Algo que el PP no ha hecho ni en Extremadura ni en Canarias, donde ha preferido pactar con Vox y con Coalición Canaria en vez de permitir gobernar a los socialistas.

“Sánchez es el primer presidente que aspira a serlo perdiendo y debe ser el último. En lo que de mí dependa, así será: si gano las elecciones, llamaré al líder del PSOE, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus barones para que le convenzan”, declaró Feijóo hace unos días en el acto de presentación del programa electoral de su partido.

De momento, dentro del PSOE sólo apoya la idea el expresidente Felipe González, al que Feijóo ha convertido en la antítesis de lo que él llama “sanchismo”. En un artículo publicado por la Nueva Revista de la Universidad de la Rioja por Internet (UNIR), González defendió esta semana “soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto”.

Feijóo insinúa a menudo que hay barones socialistas, en alusión directa al más crítico de todos ellos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, dispuestos a respaldar una abstención del PSOE para facilitar la investidura del candidato del PP. Hay dirigentes socialistas con “experiencia” y “responsabilidad” de gobierno que “entienden” que si el PP tiene un resultado “muy claro” y “contundente” en las urnas “lo lógico sería dejarle gobernar”, ha dicho Feijóo en más de una ocasión, aunque Page ha negado de inmediato que esté en esa disposición. 

Entre ellos no está, desde luego, el presidente de la Junta de Extremadura en funciones y líder del PSOE en esta comunidad, Guillermo Fernández Vara, que no ha dudado en tachar de “indecencia” que Feijóo amenace con presionar a los barones socialistas para que después del 23J obliguen a Sánchez a dejarle gobernar. “Que diga eso quien ha pactado con Vox en Extremadura me parece una indecencia. Lo de la derecha en este país es una broma. Que apelen a la conciencia de los socialistas cuando ellos pactan con la ultraderecha sin respetar la lista más votada, me parece una broma”, denunció.

A la idea, sin embargo, acaba de sumarse el PNV, descontento con la rentabilidad que EH Bildu está obteniendo de la decisión de Sánchez de incluir a la izquierda abertzale entre los partidos con los que llegar a acuerdos para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso. El portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, explicó esta semana que la “prioridad” de los dos grandes partidos debería ser “mantener a la ultraderecha” fuera de los gobiernos y animó al PSOE a llegar a acuerdos con el PP y facilitar que gobierne en el caso de que la de Feijóo fuese la lista más votada el próximo 23 de julio y los socialistas no tengan una mayoría alternativa para la investidura.

La razón no es otra, según Esteban, que el PNV ve a Feijóo “absolutamente decidido a incluir a la ultraderecha cueste lo que cueste con tal de alcanzar el poder”. En vez de seguir el ejemplo de la CDU alemana, explicó, el líder del PP ya rompió en 2022 los diques de contención contra Vox en Castilla y León.

“Se trata de hablar y no de ir a bloqueos siempre”, porque “lo que faltaba” sería ir a una repetición electoral. Hay que afrontar el panorama que salga de la urnas “y dar una solución sin normalizar a Vox”. “Cada uno verá lo que hace, pero hay que llegar a acuerdos”, insistió.

La “mayoría suficiente” con la que Feijóo pretende invocar su supuesto derecho a gobernar en solitario, sin dar a a Vox ministerios, pasa por obtener más escaños que la suma de los del PSOE y Sumar. Es lo que le pronostican algunas encuestas, como las que están publicando El Mundo (Sigma 2) y Abc (GAD3), por no la de El País (40dB). 

Las cuentas que traslada Génova, sin embargo, tienen trampa. Para tener más escaños que la izquierda hay que tomar en consideración a Esquerra, Bildu y BNG, al menos, a quienes las mismas encuestas otorgan entre 17 y 20 escaños y que votarán siempre contra una investidura del PP. De manera que, al menos de momento, todo hace suponer que Feijóo va a necesitar el voto afirmativo de Vox, no su simple abstención. Algo que hasta él vincula a la entrada de los ultras en su gobierno.

Esa es la razón por la que el PP ya trabaja en trasladar a la opinión pública la idea de que el PSOE se abstenga para facilitar la investidura de Feijóo. Algo que el actual presidente y secretario general del PSOE ya ha descartado recordando que el PP no sólo no hizo lo mismo en las dos convocatorias electorales de 2019 —a pesar de que los socialistas sí dieron la presidencia a Rajoy en 2016— sino que no está respetando la lista más votada en las comunidades y ayuntamientros en las que no fue primera fuerza.

En Génova, no obstante, esperan que si el PSOE sufre el castigo que predicen las urnas, la caída de Sánchez será inevitable. Y en ese escenario es en el que confían en que los socialistas acaben cediendo a su demanda, presionados además por el riesgo de una repetición electoral a la que llegarían sin liderazgo. Y si no lo hacen, razonan en el PP, Feijóo tendrá la excusa perfecta para justificar sus pactos con Vox.

Una puesta en escena sobria, que recordaba vagamente una sala del prensa del Gobierno. Dos banderas, una de España y otra de Europa, igual que en las comparecencias oficiales de un presidente. Un atril sin logo de partido ni lema de campaña. Y una enorme fotografía de La Moncloa como telón de fondo. El mismo planteamiento, salvando las distancias que van de 2009 a 2023, utilizado para la presentación de los compromisos de Feijóo con Galicia en su primera campaña autonómica. Aunque entonces la bandera española era la gallega y en vez de una foto de La Moncloa se podía ver Montepío en el horizonte, la residencia oficial del presidente de la Xunta en la que el líder del PP acabó viviendo durante trece años.

Ese escenario fue el que el equipo de campaña del PP, muy aficionado a los talismanes políticos, eligió para que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, presentase oficialmente el que hasta ahora era uno de los secretos mejor guardados en Génova: el programa electoral que los conservadores se proponen desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años si el 23J los ciudadanos les dan escaños suficientes para gobernar.

Claro que para cumplir las 365 propuestas que han incluido a los largo de 108 páginas, el PP va a necesitar de verdad una mayoría absoluta. De otro modo, una parte muy significativa de sus promesas quedará a expensas de lo que negocie con Vox, porque contradicen algunas de las líneas rojas de la extrema derecha.

La mayoría de esos compromisos están en las antípodas, además, de los acuerdos que el PP ha firmado con Vox en cuatro comunidades autónomas (Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura e Illes Balears). Como los que hacen referencia a la violencia machista, al cambio climático, a la Agenda 2030, a las política europea en materia de migraciones, a la reforma de la ley trans o a la utilización de las lenguas cooficiales en la enseñanza.

Para “erradicar la violencia machista”, una realidad que según el PP no se puede “negar”, el PP propone dar cumplimiento íntegro al pacto firmado en 2017, ampliar los recursos para luchar contra ella, aprobar una ley contra la explotación sexual de las mujeres y castigar a los proxenetas, reforzar los medios de auxilio a las mujeres o mejorar los controles telemáticos de los maltratadores. En los pactos autonómicos con Vox, en cambio, no hay una sola referencia a la violencia machista, todo lo más a los “discurso machistas”. En ellos el PP ha asumido el discurso de la extrema derecha, que pasa por invisibilizar la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo diluyéndola en el concepto mucho más amplio de la “violencia intrafamiliar”. La justificación de Feijóo fue, en ese caso, que era un tema “obvio”, lo que no ha impedido, en cambio, su inclusión en el programa para las elecciones generales.

El PP asume en su programa la existencia del cambio climático (“un desafío que debemos afrontar”, dice textualmente) y propone medidas para luchar contra él. Y mantiene como propia la Agenda 2030 (un proyecto internacional que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible destinados a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo en el horizonte de los próximos siete años). 

Son dos asuntos contra los que Vox mantiene una batalla frontal desde su fundación. La mayoría de los dirigentes de la extrema derecha niegan la existencia de una crisis climática y, por tanto, rechazan tomar medidas contra ella. En paralelo, consideran que la Agenda 2030 es en realidad una conspiración secreta para imponer un nuevo orden mundial en el que los “grandes poderes” que la han promovido determinarán cómo hay que vivir. ”Es una imposición de forma de vida que busca acabar con la actual”, reza uno de sus documentos ideológicos. No sólo lo creen, sino que han conseguido trasladar esa filosofía a sus acuerdos con el PP, sobre todo, en Extremadura, donde plantean revisar y cancelar medidas y políticas de protección ambiental con el argumento de que perjudican el desarrollo económico.

El programa de Feijóo para la próxima legislatura incluye mantener algunas leyes clave de la etapa de Pedro Sánchez (contra las que la extrema derecha mantiene una batalla frontal) y sólo se compromete a reformarlas. Es el caso de la Ley de Eutanasia, de la Ley del Aborto o de la ley trans, que los pactos autonómicos plantean borrar del Boletín Oficial del Estado y que son una línea roja declarada de la extrema derechas en caso de un acuerdo de investidura de Feijóo.

Y plantea aprobar otras, como una Ley de Pandemias, de la que Vox desconfía desde que en 2021 Feijóo la planteó desde Galicia incluyendo en ella la posibilidad de llevar a cabo vacunaciones obligatorias (destacados dirigentes de la extrema derecha militaron activamente en contra de la campaña de vacunación de la covid 19). 

El PP tampoco ha incluido en su programas electoral para el 23J medida alguna que permita a los padres decidir los contenidos de la educación que reciben sus hijos en función de sus creencias o de su ideología, lo que Vox ha bautizado como el pin parental. Pero sí ha hecho suya esta idea en los pactos autonómicos con la excusa de sacar la ideología y el adoctrinamiento de los colegios proponiendo incluso que la inspección educativa someta a vigilancia a los profesores. 

En contra de lo pactado con Vox en Illes Balears y la Comunitat Valenciana, donde el PP ha aceptado facilitar itinerarios educativos exclusivamente en español para alumnos cuyos padres así lo soliciten, en su programa electoral Feijóo opta por la solución que aplicó en Galicia y promete poner al mismo nivel las lenguas cooficiales de cada comunidad. “En las comunidades con más de una lengua oficial, ambas tendrán la consideración de vehiculares en la enseñanza”, establece el documento presentado este martes. El pacto valenciano, por ejemplo dice exactamente lo contrario, que es lo que defienden Vox y la derecha mediática: “Garantizaremos la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”.

En su discurso de presentación del programa, Feijóo mencionó otro compromiso que choca frontalmente con los objetivos de Vox: garantizar la universalidad de la educación y de la atención sanitaria, dos derechos que los que la extrema derecha quiere expulsar a los migrantes irregulares que viven en España.

No es la única contradicción en la que incurre el PP en materia de migraciones. Mientras sus pactos autonómicos defienden políticas claramente xenófobas, alientan la delación y promueven la persecución y expulsión de las personas que han llegado a España de manera irregular, en muchos casos huyendo de la pobreza pero también de países en los que su vida corre peligro, el programa de Feijóo para las generales defiende que la Unión Europea tenga una política común en esta materia. 

Ese es un objetivo al que se opone firmemente Vox, alineado con los partidos ultras que gobiernan Polonia y Hungría, los dos países que están bloqueando precisamente el pacto migratorio que la presidencia española tiene que sacar adelante en los próximos meses.

No es casualidad que la extrema derecha española defienda una reforma de la UE que devuelva soberanía a España y haga retroceder el proceso de construcción de la unidad europea que, al menos formalmente, sigue defendiendo el PP español. Feijóo, en su discurso, hizo una alusión muy clara a esta circunstancia que parecía señalar a Vox y a un hipotético gobierno de coalición con el PP: “Que nadie cuente conmigo para nombrar en ningún sitio a españoles contrarios a la Unión Europea”.

En su afán por trasladar a la opinión pública la distancia que separa al PP de Vox y que desmienten los acuerdos que ha alcanzado con la extrema derecha en ayuntamientos y comunidades autónomas, Alberto Núñez Feijóo repite desde hace unos días que ha favorecido más veces al PSOE después de las elecciones del 28M que pactos ha suscrito con los de Santiago Abascal. “Yo le he dado más alcaldías y diputaciones al PSOE que he pactado con Vox; esos son los hechos”, repitió el lunes en dos entrevistas concedidas a un programa de Telecinco y al diario La Razón. 

“Los hechos” a los que se refiere Feijóo no son ciertos. Los únicos cargos ejecutivos socialistas cuya elección ha favorecido el PP son los del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y de Vitoria, Maider Etxebarria. En un caso para que no fuese elegido el candidato de Junts y en el segundo para que no se hiciese con el bastón de mando el aspirante de EH Bildu. Tanto el uno como el otro encabezaban las listas más votadas. El otro que cita en sus declaraciones, el presidente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Eider Mendoza, es del PNV. 

Por el contrario, el PP ha pactado con Vox al menos en unos 150 ayuntamientos y, hasta la fecha, en cuatro comunidades autónomas, en tres casos dándoles entrada en sus gobiernos (Castilla y León, Comunitat Valenciana y Extremadura) y en uno de ellos firmando un pacto de legislatura (Balears) que incluye cargos institucionales y la entrada en los gobiernos insulares. Está por ver todavía lo que pasa con dos comunidades en la que está negociando: Aragón y Murcia.

Para disimular esa realidad, con la que cree que el presidente del Gobierno trata de aventar “el miedo” entre los ciudadanos, Feijóo hace unas cuentas que no encajan: “Estamos en nueve comunidades autónomas [la cifra correcta es diez; se olvida de contar Balears]. De las nueve, en cinco el PP gobierna en solitario [en realidad son cuatro, Madrid, Galicia, Andalucía y La Rioja; el presidente se equivoca en sus cifras porque contabiliza Castilla y León como un gobierno en solitario, cuando en realidad se trata es una coalición con Vox], en dos gobierna con fuerzas distintas a Vox [se refiere a Canarias, donde pactó con Coalición Canaria, y a Cantabria, donde la abstención del PRC le dio un gobierno en minoría], en dos gobernaremos con Vox [Comunitat Valenciana y Extremadura] y en Aragón y en Murcia estamos en plena negociación”.

En su razonamiento, Feijóo acaba incluso culpando al PSOE de que Vox entre en gobiernos del PP: “Si el partido socialista tuviese algún interés en que Vox no estuviese en el gobierno [de ninguna comunidad autónoma] sería muy sencillo”, bastaría con que facilitase investiduras del PP en minoría. Lo que pretende Sánchez “no tiene un pase”. Lo que quiere es “gobernar perdiendo”, dice.

Las matemáticas de Estado de Alberto Núñez Feijóo no son una ciencia exacta. Si hace apenas unos días el líder del PP explicaba que Vox no tenía derecho a entrar en el Gobierno extremeño porque sólo representaba al 8% de los votantes, y sí tenía sentido que formase parte del Govern de la Generalitat en la Comunitat Valenciana porque en este caso había obtenido el 12%, ahora esas reglas han cambiado. 

Forzado por la necesidad de torcer el brazo a la candidata extremeña, María Guardiola, para que aceptase una coalición con la extrema derecha, el líder del PP ha tenido que buscar una nueva fórmula para explicar por qué su partido actúa de manera diferente en comunidades distintas. La regla ahora es: la entrada de Vox en gobiernos liderados por el PP sólo tiene sentido allí donde la investidura depende del voto favorable de Vox y no donde basta con la abstención.

“Hacen falta principios”, remarcó obviando su propio cambio de opinión. “Mi criterio [en Extremadura] es que hace falta que Vox vote ‘sí’ porque no tenemos votos suficientes y no superamos a toda la izquierda, así que lo lógico es que forme parte del gobierno para el que vota ‘sí’. Sin embargo, para aquellos otros en los que no necesitamos el ‘sí’ [Murcia] lo lógico es que se mantengan fuera del gobierno. En València y Extremadura necesitábamos el ‘sí’ de Vox y este era mi criterio”.

La ventaja de este replanteamiento es que da soporte argumental a la estrategia del PP en Murcia, donde pretende gobernar en solitario porque tiene más escaños que la izquierda a pesar de que Vox obtuvo en la región nada menos que un 17% de los votos.

Las nuevas matemáticas de Feijóo tratan de presionar a Vox en vísperas de que Fernando López Miras se someta a la investidura en el parlamento murciano. “No puedo creer que Vox vote con el PSOE, es un error que pagarán en las urnas”, dijo el lunes por la tarde en un acto organizado por el diario La Razón.

Es lo mismo que el líder del PP hará si el 23J le depara entre 150 y 160 escaños, que según sus cálculos serían más que los que obtendrían PSOE y Sumar (Feijóo nunca contabiliza como izquierda los votos y los diputados de ERC, Bildu, la CUP o BNG). En una entrevista en El Programa de Ana Rosa (Telecinco), explicó por primera vez dónde está el límite en escaños por debajo del cual aceptará meter a Vox en su gobierno y por encima del cual intentará gobernar en solitario: “Tener más escaños que la izquierda, que está en los entornos de 150. Pero mi objetivo no es sacar 150, es sacar una mayoría suficiente para gobernar, que es superior a 150”. “¿160?”, el preguntó la conductora del programa. “Sí, y a partir de ahí empezamos a hablar para tener un gobierno sólido”, respondió. 

Los ultras no lo ven así. Su secretario general, Ignacio Garriga recordó que la mayoría absoluta de Mariano Rajoy “no sirvió”, en su opinión, “absolutamente para nada” y aseguró que lo mismo sucedería con un Gobierno en solitario de Alberto Núñez Feijóo con 150 o 160 escaños.

“El PP obtuvo mayoría absoluta después de uno de los peores presidentes que ha padecido España, José Luis Rodríguez Zapatero, y no sirvió absolutamente para nada. Imagine para qué pueden servir 150, 160 o cuantos escaños considere Feijóo para gobernar en solitario. Para nada”. Para evitar dudas, reafirmó la posición de su partido: Vox no va a “regalar ni un voto a nadie”.

El propio Feijóo confirmó haber hablado con Santiago Abascal sobre los pactos pendientes en Murcia y Aragón y que Vox sigue insistiendo en entrar en los gobiernos. Y lanzó una advertencia: “Los votantes están tomando nota del tema”, que Vox pone en peligro la formación de gobierno en Murcia o Aragón. “Si no votan al PP es que están a favor del sanchismo”, acusó. Y eso tiene consecuencias: “Si bajan en las encuestas es porque hay votantes de Vox que no están de acuerdo” con lo que están ordenando sus líderes. 

Desde que Sánchez convocó elecciones anticipadas el PP se ha visto condicionado por su dependencia de Vox y la necesidad de llegar a acuerdos para consolidar su poder municipal y autonómico. Los ultras les han marcado el paso en la Comunitat Valenciana y en Extremadura, forzando además en este caso una humillación de la líder del PP, a cuya “intensidad emocional” atribuyó Feijóo que en un primer momento rechazase el pacto. Santiago Abascal está marcando el paso de los acuerdos, exigiendo más allí donde el PP se muestra más reticente (Extremadura y Murcia) y soltando hilo en el resto (Comunitat Valenciana y Balears). 

A 19 días de las elecciones, Génova sigue intentando librarse de esa estrategia y hacer creer a los votantes que un gobierno en solitario de Feijóo es posible. Incluso uno con mayoría absoluta. Feijóo lo apuntó este lunes diciendo que el PP está “a 25 escaños” de conseguirla y repitiendo que ese es su modelo, por más que ninguna encuesta le acerque a esa posibilidad. Y pone como ejemplo a Isabel Díaz Ayuso, que según él fue capaz de movilizar “el voto útil de los madrileños” precisamente cuando más presión estaba recibiendo del Gobierno de Sánchez y de Vox, que se negó a apoyar sus presupuestos. 

De momento, Génova no ha conseguido imponer estas narrativa. Los pactos con Vox y la dependencia de la extrema derecha siguen dominando el escenario y todo apunta a que lo seguirán haciendo en los próximos días de la mano de la investidura de Marga Prohens en Balears y de Fernando López Miras en Murcia.

Ya no es una hipótesis. Las políticas de la ultraderecha han empezado a hacerse realidad en ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España impulsadas por las cesiones de un Partido Popular dispuesto a asumir un amplio abanico de propuestas radicales con tal de garantizarse los apoyos que necesita para conquistar gobiernos autonómicos y alcaldías con los que asfaltar el camino de Alberto Núñez Feijóo hacia La Moncloa.

En los últimos días se suceden las noticias que reflejan la ola de conservadurismo e intolerancia que viene. Que ya está aquí. A veces, inducida por el contexto político, como la decisión, estrictamente personal, de un policía local de Murcia que decidió castigar a una cantante por quitarse la camiseta durante un concierto. Otras, las más, por decisiones de las instituciones que han sido sometidas al extremismo de la ultraderecha gracias a los pactos con el PP.

Es el caso, por ejemplo, del anuncio de la concejal de Festejos de Gijón, representante de Vox en un gobierno liderado por Foro e integrado también por los de Feijóo, de vetar a partir de ahora actuaciones que utilicen la lengua asturiana. Del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid), que ha suspendido la función que tenían programada de la obra Orlando, de Virginia Wolf, por motivos ideológicos. O del Ayuntamiento de Náquera (València), que a partir de ahora ya no se concentrará contra la “violencia machista”, sino para decir únicamente “No a la violencia” o “Condenamos toda violencia”. Un gesto de invisibilización de la violencia ejercida contra las mujeres en el que este pequeño municipio valenciano no esta solo. El Ayuntamiento de Burgos ha dejado de guardar un minuto de silencio contra la violencia machista y ahora lo hace “contra la violencia familiar”. 

Los cambios se multiplican también contra la la comunidad LGTBi. Náquera también ha prohibido colgar las banderas que representan a este colectivo con motivo del Orgullo en ventanas o balcones, igual que otras instituciones ahora controladas por Vox gracias al PP, como las Cortes de Castilla y León. Los ejemplos empiezan a ser incontables.

Otros gestos de la derecha en su estreno municipal son menos ideológicos pero igualmente significativos: subidas de sueldo para alcaldes y concejales que desmienten los compromisos de la austeridad expresados durante en campaña.

En la mayoría de los ayuntamientos en los que PP y Vox han unido fuerzas —un centenar y medio, aproximadamente, según los cálculos de la formación ultraderechista— todavía no han trascendido las políticas concretas que se disponen a aplicar los nuevos gobiernos municipales. Pero entre los que sí han publicado sus pactos y, sobre todo, con los compromisos que sí han hecho públicos ambas formaciones en las comunidades autónomas en las que han llegado a acuerdos (Castilla y León, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Extremadura) ya es posible hacer un primer balance de las cesiones que el PP ha hecho a cambio de conseguir poder institucional. 

Aquí la pauta, diluir la violencia machista en el difuso concepto de la violencia intrafamiliar para negar que exista una violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, se repite en todas partes. Vox lo exige y el PP lo acepta. En Castilla y León en forma de compromiso para aprobar una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar que sitúe al mismo nivel la que sufren las mujeres con la que padecen “menores, mayores, personas con discapacidad o personas vulnerables”, según el documento aprobado en su día por el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) y su vicepresidente Juan García Gallerdo (Vox).

Es una idea similar a la que ha aceptado Carlos Mazón (PP) para obtener los votos que necesita de Vox para convertirse en president de la Comunitat Valenciana: “Promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas”. Feijóo lo justificó en una entrevista en la Cadena Ser: no hay referencia en este acuerdo a la violencia machista porque es “es una obviedad y lo obvio no debe llamarnos la atención que no esté en los textos”. 

En Extremadura, pese a la supuesta oposición inicial de la candidata del PP, María Guardiola, los de Feijó tampoco hablan de violencia machista. Todo lo más se muestran en contra “de los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.

Una fórmula copiada literalmente del acuerdo de Illes Balears, en el que, sin embargo, PP y Vox garantizan “toda la asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores”. Eso sí, situándola dentro de la “violencia intrafamiliar”, al lado de “la que sufren los niños y los ancianos”, y al mismo nivel que “la creciente violencia filio parental”.

Son expresiones, todas ellas, diseñadas para dejar en segundo plano la violencia machista que también pueden rastrearse en acuerdos municipales. Como el de Guadalajara, donde las principales referencias del acierto entre PP y Vox son “la persona, la familia, su calidad de vida, seguridad y convivencia, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y la solidaridad y la dignidad de los mayores y la protección de la infancia y la adolescencia”. 

En algunos sitios ya están tomando forma en medidas concretas: Torroledones (Madrid) ha eliminado los puntos violetas, creados para auxiliar a las mujeres que sufren violencia; y Gijón se proponer revisar toda su ordenanza de igualdad. En todos los ayuntamientos y en las comunidades autónomas desaparecen los departamentos que en los últimos años han desarrollado las políticas de igualdad y son sustituidos por concejalías y consejerías “de familia”.

Vox quiere que las comunidades autónomas y los ayuntamientos desarrollen políticas activas contra los migrantes. A todos los niveles. Extremadura, al menos en el acuerdo hecho público el viernes, se ha quedado fuera. Pero es la excepción.

En el caso de la Generalitat Valenciana supone un compromiso, aceptado por el PP, para denunciar ante “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas”, entre las que la ultraderecha incluye a las ONG de rescate y auxilio de migrantes, a las que el nuevo Govern tratará de asfixiar económicamente: “Eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas”.

Hay en este pacto una evolución sobre lo enunciado en el de Castilla y León en 2022, donde el acuerdo prometía promover “una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales”.

En este capítulo el acuerdo más drástico es el de Balears, que vincula además migraciones y delincuencia. “Aprobaremos un plan de choque inmediato contra la inmigración ilegal, la ocupación y la creciente inseguridad, garantizando la atención humana que las víctimas de las mafias deben recibir. Dicho plan incluirá la colaboración documental necesaria con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de personas en situación ilegal en las islas con el objetico de que se proceda a su repatriación conforme a la ley”. También la prohibición de recibir ayudas públicas si no se tienen documentos y la supresión de subvenciones a las ONG, que Vox (y ahora el PP) tacha de “organizaciones que colaboran con las mafias de tráfico de seres humanos”.

Con la excusa de sacar la ideología y el adoctrinamiento de los colegios, el PP ha comprado el discurso de Vox que pretende autorizar a los padres a vetar, en nombre de sus creencias personales, contenidos educativos. “Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares. Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos”, dice el pacto firmado en la Comunitat Valenciana. 

La puerta a la prohibición a la carta de contenidos que hablen de la diversidad sexual, la crisis climática o la violencia machista, está abierta. En Castilla y León hace tiempo que, en nombre de la lucha contra el “adoctrinamiento ideológico” (una demanda peculiar en una comunidad en la que la educación hace décadas que depende del PP), también apostaron por “el derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos”. 

En Extremadura han prometido garantizar “la neutralidad ideológica de la enseñanza”, aunque no explican cómo piensan hacerlo. Eso sí, también dejan claro que respetarán “el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”. 

La escuela balear también estará ahora, proclaman PP y Vox, “libre de adoctrinamiento ideológico”. Aquí si apuntan cómo lo harán: sometiendo a vigilancia a los docentes a través de la inspección educativa “para preservar la calidad de la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas”. De nuevo, también aquí, la derecha promete poner en marcha “mecanismos para garantizar la voluntariedad, conocimiento y aprobación previa de materias”, en este caso sólo “extracurriculares”.

Que Vox ha hecho bandera de la inexistencia del cambio climático y se opone frontalmente a la Agenda 2030, la hoja de ruta mundial para avanzar en igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, no es novedad. Sí sorprende, en cambio, que el PP haya abrazado las propuestas de la ultra derecha que tratan de desproteger el medio ambiente. 

Extremadura, en esto, se ha puesto a la cabeza. María Guardiola (PP) ha firmado con el líder local de Vox, Ángel Pelayo, un acuerdo que propone primar “el desarrollo social y económico” sobre el “cuidado de nuestro patrimonio natural”. Para ello se disponen a revisar “las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura, una red ecológica europea cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa y que, a día de hoy, es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. Y apuestan por cambiar la política forestal con el objetivo de recuperar “las actividades tradicionales que están desapareciendo por las limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales”, así como por “una revisión de las políticas verdes ”que afectan a la agricultura y la ganadería. 

“Eliminaremos cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños”, proclama el acuerdo que será de aplicación a partir de ahora en Extremadura. 

No son teorías. En algunos lugares el desprecio de Vox a las políticas medioambientales se hará pronto realidad gracias al PP. Gijón se dispone a “reducir al mínimo legal la Zona de Bajas Emisiones” dentro de la ciudad para “que todos los vehículos, independientemente de su distintivo ambiental, puedan circular y estacionar en igualdad de condiciones”. Y demorará su aplicación, un mandato de la Unión Europea, todo lo que sea posible legalmente. Valladolid de dispone a hacer lo mismo y son cada vez los municipios, algunos de ellos tan relevantes como Elche, Valladolid, Gijón o Palma, que planean deshacer carriles bici para dar más espacio a los vehículos privados.

Entre las cesiones que el PP ha hecho a Vox para garantizarse poder municipal y autonómico también hay desafíos a las políticas que se deciden a través de la Unión Europea. La referencia a impulsar cambios, “en los organismos que correspondan”, para “la protección de nuestros productos frente a la competencia desleal de terceros países” son constantes. 

El acuerdo de Balears es el que más se detiene a la hora de explicar este planteamiento. “Protegeremos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores en todas las instancias, especialmente frente a las normativas comunitarias que les perjudican y dificultan la viabilidad de su actividad. Apoyaremos legislativa, judicial y políticamente la eliminación de las normas que obstaculizan su lucha contra plagas y especies invasoras”. 

PP y Vox se han comprometido también a presionar “al Gobierno de España para que exija a las instituciones comunitarias la paralización” de la orden que limita la explotación de las especies que viven en el lecho mediterráneo y la revisión de la normativa comunitaria respecto a las restricciones en la pesca de arrastre. 

Para cerrar mercados, algo prohibido por las normas de la UE, PP y Vox han prometido buscar fórmulas que“primen e incentiven el producto local sobre las importaciones” y poner bajo sospecha a “los productos de países terceros”.