La nueva presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo público este lunes sobre las 17.15 horas de este miércoles la composición de su nuevo Gobierno, monocolor, que se amplía de 11 a 13 consejerías, mantiene a Manuel Jiménez Barrios como hombre fuerte como vicepresidente e incorpora ocho caras nuevas, entre ellos el fichaje de los rectores de las universidades de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, y de Málaga, Adelaida de la Calle, y a la exministra Rosa Aguilar al frente de la recuperada Consejería de Cultura.

Díaz afronta una profunda renovación de su Gabinete, de composición paritaria con mayoría masculina –ocho hombres por seis mujeres– en el que, además de Jiménez Barrios, también repiten María Jesús Montero en Hacienda y Administración Pública; María José Sánchez Rubio, ahora en Igualdad y Políticas Sociales; José Sánchez Maldonado, ahora en Empleo, Empresa y Comercio; y Emilio de Llera en Justicia e Interior.

Entre las novedades del Ejecutivo destaca la incorporación de dos independientes, el rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, como nuevo consejero de Economía y Conocimiento, y la rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle, como consejera de Educación, y el retorno de Rosa Aguilar al Gobierno andaluz ahora como consejera de Cultura tras ocupar su etapa en la Junta bajo la presidencia de José Antonio Griñán. La UMA, con De la Calle al frente, investigó el contratodel secretario político de Podemos, Íñigo Errejón. El instructor del caso elevó en abril la propuesta definitiva de sanción a De la Calle. La pasada semana, la Universidad anunció que mantiene la propuesta de sanción contra Errejón. 

El resto de caras nuevas son el hasta ahora viceconsejero de Salud, Aquilino Alonso, que asume la titularidad de este departamento; el senador del PSOE por Jaén Felipe López como consejero de Fomento y Vivienda; el exdelegado de la Junta en Sevilla y parlamentario andaluz, Francisco Javier Fernández, como consejero de Turismo y Deporte; la presidenta del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), María del Carmen Ortiz Rivas, como consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; y el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Fiscal, como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Alonso, Víboras y Serrano salen del Gabinete

La ampliación de 11 a 13 consejerías provoca que sólo queden fuera del último Ejecutivo de Susana Díaz el malagueño Luciano Alonso, la jiennense Elena Víboras y la cordobesa María Jesús Serrano. Por su parte, cambian parcialmente de competencias Sánchez Rubio, que mantiene Igualdad y Políticas Sociales sin Salud, y Sánchez Maldonado, que cede las áreas de Economía y Conocimiento para gestionar Empleo, Empresa y Comercio.

El nuevo Gabinete de Susana Díaz introduce cambios en la estructura de seis departamentos con los que recupera la Consejería de Cultura en exclusiva, de acuerdo con el compromiso asumido en su programa electoral y en su discurso de investidura, y asigna consejerías más específicas a tres áreas que considera prioritarias: Economía, Educación y Salud.

La composición del nuevo Ejecutivo incluye a representantes de las ocho provincias, cinco de ellos de la provincia de Sevilla, la propia presidenta Susana Díaz y los consejeros Antonio Ramírez de Arellano, María Jesús Montero, Francisco Javier Fernández y Emilio de Llera. Granada y Málaga cuentan con dos representantes cada uno –Aquilino Alonso y María José Sánchez Rubio y Adelaida de la Calle y José Sánchez Maldonado–. El resto de provincias cuentan con un consejero, María del Carmen Ortiz (Almería), Manuel Jiménez Barrios (Cádiz), Rosa Aguilar (Córdoba), José Fiscal (Huelva) y Felipe López (Jaén).

Esta es la composición del Gobierno andaluz que se amplía de 11 a 13 consejerías, hecho público a las 17.15 horas de este miércoles por el Gobierno andaluz, que se compone de la siguiente manera:

–Vicepresidente y consejero de la Presidencia y de Administración Local, Manuel Jiménez Barrios.

–Consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano López.

–Consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

–Consejera de Educación, Adelaida de la Calle Martín.

–Consejero de Salud, Aquilino Alonso Miranda.

–Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.

–Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado.

–Consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López García.

–Consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández Hernández.

–Consejera de Cultura, Rosa Aguilar.

–Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

–Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, María del Carmen Ortiz Rivas.

–Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.

La candidata a la Presidencia de la Junta, la socialista Susana Díaz, no superó este viernes la segunda votación ante el pleno del Parlamento para ser investida presidenta de la Junta, tras contar únicamente con el apoyo de los 47 diputados del PSOE-A y el voto en contra de los 62 diputados de los cuatro grupos de la oposición (PP, Podemos, Ciudadanos e IU). Habrá una tercera votación el jueves 14, según informó ante el pleno el presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán.

El de este viernes es el mismo resultado que Díaz obtuvo en la primera votación que se celebró el martes y en la que requería una mayoría absoluta de la Cámara. De nada han servido los continuos llamamientos a la "responsabilidad" de los partidos que reiteradamente ha hecho la candidata socialista, quien este mismo jueves volvía a pedir que la dejen gobernar y advertía de que quien "bloquee, intente paralizar u obstruir las instituciones públicas en Andalucía se lo va a tener que explicar a los ciudadanos, porque la gente no lo va a entender".

Frente a la mayoría absoluta que requería en la primera votación, la candidata socialista necesitaba en esta segunda una mayoría simple –más votos positivos que negativos–, según establece el Reglamento del Parlamento y el Estatuto de Autonomía.

No antes de septiembre

Ello exigía que se abstuviera el PP andaluz –33 diputados– o Podemos y Ciudadanos –15 y 9, respectivamente–. Tras no haberse conseguido la mayoría simple, se podrán tramitar sucesivas propuestas que podrán ser sometidas a votación cada 48 horas, siendo competencia del presidente del Parlamento la convocatoria de las mismas. En este caso, Durán fijó una nueva votación en próximo jueves, en plena campaña por las elecciones municipales del 24 de mayo.

Según establece el artículo 118 del Estatuto, si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación –es decir, el 5 de julio–, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y la presidenta de la Junta en funciones deberá convocar nuevas elecciones.

El plazo de dos meses que marca el Estatuto finalizaría el 5 de julio y la Ley Electoral de Andalucía establece en su artículo 14 que la fecha de las elecciones autonómicas "no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio a 31 de agosto", por lo que el decreto de convocatoria no podría fijar la fecha de nuevos comicios antes de septiembre.

Extremos "surrealistas"

Díaz manifestó, después de no haber superado la segunda votación, que espera ser investida "cuanto antes" y alertó de que Andalucía no puede esperar a que pasen las elecciones municipales del día 24. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Díaz consideró que la situación está llegando ya "a extremos surrealistas" porque cómo es posible que si no hay una alternativa ni otra opción de Gobierno para Andalucía por parte del resto de partidos no se deje gobernar a quien los andaluces votaron mayoritariamente en las urnas, según expresó.

Dijo ayer se pudo comprobar en palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es él quien "dirige" este "bloque del no". A su juicio, este es el camino que él quiere, "el del no a Andalucía", mientras que los partidos nuevos, en alusión a Podemos y Ciudadanos, están haciendo "seguidismo" de la posición del Partido Popular.

El debate de investidura en el Parlamento de Andalucía se abrió este lunes pasadas las doce de la mañana. Y ya desde el principio la candidata socialista advirtió en su discurso [léelo aquí en PDF] de que es un mal negocio bloquear su investidura incluso para los grupos de la oposición: PP (33 diputados), Podemos (15), Ciudadanos (9) e IU (5). "Tal vez sea necesario recordar que para que pueda haber oposición es imprescindible como condición previa que haya Gobierno", pues de lo contrario "ni unos ni otros" pueden "dar cumplimiento al mandato de los ciudadanos" expresado en las urnas el pasado 22 de marzo, y se haría un "flaco favor" a Andalucía. "Muchos ojos están depositados en Andalucía porque se ha adelantado al nuevo tiempo político que se va a abrir en España", reconoció, porque la recomposición del mapa, en el que tendrán un peso capital Podemos y C's, se reproducirá en ayuntamientos y comunidades autonómas el 24 de mayo y después en las generales. 

Díaz insistió en que todos los grupos se podrían ver "reconocidos" en su programa de gobierno. Pero el anzuelo iba indudablemente dirigido a los dos nuevos actores, como se evidenció en varios pasajes de su discurso. Para empezar, en el primer bloque que desgranó ante la Cámara: el de medidas contra la corrupción, "un lastre inaceptable para la democracia" y causa del "desprestigio" de la política. Por eso propuso un acuerdo para dar "tranquilidad y confianza" a los ciudadanos, evitar que casos como el de los ERE y el de los cursos de formación no vuelvan a "repetirse" y que sirva "de modelo" al resto de España, y así "combatir la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública hasta lograr exterminarla". 

Oficina de Prevención del Fraude

El primer grupo de medidas [consulta aquí las 135 iniciativas] se lo dedicó a los partidos. Así, estos estos estarán obligados a "separar de inmediato" a los cargos públicos imputados por corrupción –no dijo ya lo de imputados con delito, que aplicó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán–. "También a quien mienta o manipule sobre su currículum o cualificación personal o académica. Los imputados por corrupción política no formarán parte de las listas electorales". 

Los partidos deberán remitir a la Cámara de Cuentas de Andalucía, y publicarlo en sus respectivas webs, su estructura orgánica y sus retribuciones. Los cargos institucionales que perciban sueldos públicos no podrán recibir de sus formaciones ninguna remuneración complementaria (esto es, no podrán cobrar sobresueldos) y los cargos electos tendrán que hacer públicas la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales de IRPF y de sus cónyuges. Además, Díaz planteó que los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de la corrupción de sus cargos habrán de hacerse responsables patrimonialmente de estos actos (una demanda de los emergentes). La presidenta en funciones también propuso que las formaciones cuenten con órganos internos anticorrupción con funciones "preventivas y de control" y que los candidatos sean elegidos mediante primarias (otra exigencia de C's). 

En el ámbito de la Administración, Díaz ofertó crear una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, para prevenir, detectar y denunciar malas prácticas, con capacidad para instar procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo y para acudir a la Fiscalía. Se aprobará una Ley de Buen Gobierno y un Estatuto de Altos Cargos, que regule con mayor precisión los aspectos relativos al código ético, las incompatibilidades y las sanciones posibles. Además, los socialistas promoverán que no sea posible ser parlamentario y al tiempo mantener el "ejercicio de cualquier otra actividad profesional". "Quien tiene la misión de defender a todos no puede defender a unos pocos", subrayó.  Respuesta evidente al caso de los conservadores Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo, que en la pasada legislatura cobraron sustanciosas percepciones por asesorar a la constructora Collosa. Se reforzará en el ámbito andaluz la normativa para "evitar las puertas giratorias" y para avanzar "en la eficiencia y control de los fondos públicos", para lo cual se aprobará una ley de subvenciones y se modificará la Cámara de Cuentas para introducir la obligatoriedad de colaboración de las administraciones públicas, estableciendo la posibilidad de imponer multas a los responsables que no rindan cuentas. 

No a indultados por corrupción

La candidata socialista planteó también una serie de medidas que no son competencia de Andalucía, sino del Estado. Su intención, señaló, es promover un acuerdo parlamentario para instar al Gobierno central a adoptar varias iniciativas: crear un registro público estatal que centralice la información de los representantes políticos o reformar el Código Penal para ampliar la prescripción de los delitos por corrupción, que los cargos públicos respondan con su patrimonio o que la responsabilidad patrimonial sea "imprescriptible". También se reclamará que se impida por ley que se indulte a cualquier condenado por corrupción, y que se legisle en materia de transparencia para "hacer extensible" a todo el país el compromiso que se adquiere en Andalucía.

Díaz también anunció que se planteará una iniciativa legislativa autonómica para que en el Congreso se adopten "cuantas reformas sean necesarias", incluido el cambio en la Constitución, para que las alcaldías, presidencias de comunidades autónomas "e incluso la Presidencia del Gobierno" sean "elegidas por sufragio universal", estableciendo una segunda vuelta si en la primera algún candidato no alcanza la mayoría absoluta. También se incluirá una petición de reforma del sistema electoral para que se desbloqueen las listas. Dos compromisos que ya adelantó la semana pasada con objeto de atraerse el apoyo de C's.

"Si todos queremos, acabaremos con la corrupción"

"Si todos queremos, acabaremos con la corrupción. Si hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Si hacemos lo que decimos, acabaremos con la corrupción. Si hacemos lo que tenemos que hacer, acabaremos con la corrupción", enfatizó. "Hay pocas excusas", dijo, para no "compartir", aun con matizaciones, el paquete anticorrupción propuesto. 

El segundo eje del discurso de Díaz pivotó en torno a la creación de empleo –la tasa de paro es del 33,62%, de las más altas de España– y la reforma del modelo productivo. Así, defendió la necesidad de un nuevo modelo económico basado en el valor añadido y "no en salarios bajos ni en malas condiciones laborales", priorizando la economía "real" sobre la especulativa. La Junta movilizará unos 3.000 millones de euros de recursos públicos para favorecer la creación de empleo. Se comprometió con establecer una política de apoyo al trabajo de los autónomos, con un plan para aflorar la economía sumergida y otro de lucha contra el fraude fiscal. 

La presidenta prometió rebajar entre 2 y 3,5 puntos el tramo autonómico del IRPF para las clases medias y bajas, y bajar el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Además, se incrementará en un 20% el gasto público en I+D+i, y se destinarán en torno a 1.000 millones hasta 2020 de manera que el gasto total en innovación supere el 2% del PIB. 

Blindaje de la sanidad y la educación

Tercer bloque: avances en medidas sociales, un "auténtico rescate ciudadano", señaló, copiando la terminología de Podemos. Aquí Díaz prometió incrementar a lo largo de la legislatura en 12.000 las plazas de educación infantil de 0 a 3 años, que se añadirán a las 3.000 que se ofertan para 2015-2016; contratar para sustituciones a entre 400 y 500 profesores de infantil, primaria y secundaria y promover un pacto por la educación para "blindar" un sistema de calidad y un plan para el éxito escolar.

Para garantizar la prestación universal de los servicios sanitarios y blindar el sistema, Díaz propuso una Ley de Garantía y Sostenibilidad. También puso sobre la mesa cifras concretas: reducir a 90 días el tiempo de espera para aquellos pacientes que tengan que ser intervenidos por enfermedades cardiacas, establecer un plazo máximo para acceder a técnicas de reproducción asistida, hacer extensivo el cribado de cáncer colorrectal y extender el consejo genético para prevenir y detectar el cáncer de mama. La presidenta propuso contratar a entre 400 y 500 efectivos de personal sanitario para los servicios de urgencia y otros servicios prioritarios. 

Díaz adelantó su intención de elevar un 10% la inversión en dependencia en Andalucía y proponer al Gobierno central un pacto de Estado para blindar su aplicación. 

Contra la pobreza energética

Díaz buscó el acercamiento con Podemos en dos medidas claves. Propuso reducir en un 10% el número de altos cargos y contratos de alta dirección y personal eventual existente en el Gobierno regioanl y elaborará un plan de eficiencia del sector público. La semana pasada, el PSOE plasmó por escrito su compromiso de rebajar en un 5% el volumen de cuadros. La formación morada pretende una reducción drástica, de tal forma que de directores generales hacia abajo los puestos sean ocupados por funcionarios. 

Además, Díaz prometió incentivar por todos los medios al alcance de la Administración autonómica, "apurando" las competencias de la Junta, que las entidades financieras "busquen alternativas para evitar el drama de las familias desahuciadas y sin alternativa de un lugar donde vivir". 

Así, se promoverá una reforma de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias para lograr que las entidades financieras incluyan en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario la adhesión al sistema arbitral de consumo. Se incluirá en esas condiciones de las contrataciones que realice la Administración con los bancos la obligación de adherirse a ese sistema arbitral. Esa formulación no responde exactamente a la exigencia de la formación morada, que quiere que la Junta no convenie con bancos que desahucien. 

Díaz propuso que el Parlamento, por acuerdo de todos los grupos, se dirija al Gobierno de España para que retire su recurso a la Ley Antidesahucios de 2013. 

La presidenta en funciones se comprometió a plantear un proyecto de ley para asegurar los suministros vitales, como agua y luz, a las familias con menos recursos. Una medida, por tanto, para combatir la pobreza energética. 

Entre otras medidas, incluyó la extensión de la paridad a todos los niveles de la Administración andaluza, la mejora de la Ley de Igualdad, un pacto social y una ley contra la violencia de género, una ventanilla única para la atención a las víctimas de la violencia machista y la aprobación de leyes del cine, del sector audiovisual y de las artes escénicas. 

"Cumplamos con nuestra obligación"

"Todos cometemos errores. Yo, la primera, y ustedes harán bien en reprochármelos porque la razón siempre está repartida, igual que está repartida la confianza que los ciudadanos han depositado en todos y cada uno de nosotros –señaló Díaz, como alegato final–. No los defraudemos. Me permito pedirles que devolvamos a los andaluces esa confianza que los andaluces han puesto en nosotros. Que cumplamos cada uno con nuestra obligación, en el Gobierno o en la oposición". Así que la decisión ahora es de los grupos, que han de pensar, les apremió, en la gente que está fuera.

Porque a Andalucía, insistió, le urge tener un nuevo Ejecutivo ya: "Yo presento mi candidatura, mi programa de gobierno y honestamente creo que, tras los resultados electorales y el apoyo recibido en las urnas, soy la única que está en condiciones de hacerlo. Por eso les pido que permitan que Andalucía cuente de inmediato con un nuevo Gobierno. Prometo solemnemente y me comprometo ante todos ustedes. y ante todos los andaluces, a gobernar desde el diálogo y el acuerdo, buscando la unidad, la concordia y el bienestar de los andaluces".

Este martes los grupos responderán a partir de las diez de la mañana, y luego se producirá la primera votación, en la que Díaz previsiblemente no saldrá investida presidenta. A las 48 horas, la segunda ronda. Ciudadanos podría abstenerse, pero Podemos por ahora mantiene su negativa. 

Podemos se mantiene en el 'no'

La secretaria general del partido, Teresa Rodríguez, expresó de hecho su insatisfacción con el discurso de Díaz, porque entiende que no tiene "voluntad" de acuerdo  y porque no contesta a sus exigencias. "No hay respuesta a nuestros planteamientos ni garantías para cambiar de posición. No hay voluntad de Díaz de gobernar con la mano tendida para escuchar las propuestas del resto de grupos. Queremos un giro en algunas políticas y seguimos en la misma posición", dijo a los periodistas, informa Europa Press. Rodríguez dijo que la intervención de la jefa del Ejecutivo en funciones "no parece" la de una presidenta, sino más bien la de alguien que "acaba de llegar, es nueva y no ha diseñado el marco de austeridad y recortes en Andalucía". La dirigente subrayó que muchas de las promesas son "repetidas" de la anterior legislatura y que "ha vuelto a desempolvar". Podemos demanda "hechos, actos" y no sólo palabras, y tampoco rebajará sus condiciones, expresó. Es decir, persiste en su línea roja de que se apruebe algo tan sencillo como "cambiar" las cuentas corrientes de la Junta con las entidades que ordenan desahucios y que la Administración funcione "con independencia" del Gobierno. 

El líder de C's en Andalucía, Juan Marín, sí aplaudió los "guiños" a su partido, con un "copia y pega" de su pacto anticorrupciónpacto anticorrupción. Pero de momento votará mañana no en la primera ronda porque Díaz no les sacó "de la desconfianza". "Muchas propuestas, de muchas leyes, de mucha gestión, pero que ya hemos escuchado en muchas ocasiones y que no nos sacan de la desconfianza y dudas que hasta ahora se han producido porque después no se han cumplido", indicó. Pero el partido analizará esta tarde el discurso para decidir qué hacer en las siguientes votaciones. 

PP e IU se mantienen en su no. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, calificó de"decepcionante" y "poco ambicioso" el discurso de investidura de la candidata socialista, al tratarse de "viejas promesas" de los Chaves y Griñán. "No encontramos ningún aliciente y no nos acerca a facilitar la investidura, en la que previsiblemente votaremos mañana no", comentó.

Antonio Maíllo, coordinador regional de IU, vio "flojísimo en el ámbito económico y de empleo" el discurso, y advirtió de que "es evidente que el acuerdo con la derecha, sea económica o política, está ya cerrado" y se verá en la votación.

Los socialistas dicen que "poquito a poco" se va despejando la investidura de Susana Díaz, que se "sigue avanzando" en las negociaciones y que confían en que se consume su elección la próxima semana, pero lo cierto es que por el momento Podemos y Ciudadanos, además del PP e Izquierda Unida, siguen instalados en el nono. Ninguno se ha movido aún oficialmente hacia la abstención, un corrimiento que serviría para allanar el encumbramiento de la presidenta de la Junta en funciones. 

El presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán, abrió este lunes la ronda de contactos con dos grupos parlamentarios: PSOE –47 diputados– y PP (33). Y hoy martes continuará con Podemos (15), Ciudadanos (9) e IU (5). Con ello, se da cumplimiento al Reglamento de la Cámara, que exige que los partidos informen de si van a presentar candidato a la Presidencia de la Junta. Los socialistas dieron el nombre de Díaz y los conservadores, ninguno. La semana próxima, se celebrará el debate de investidura. En la primera votación, previsiblemente el 5 de mayo, Díaz necesitaría la mayoría absoluta, 55 escaños, para la que no hay condiciones. En la segunda, que se fijaría para las 48 horas siguientes, requeriría la mayoría simple. Es decir, que si ningún grupo vota a favor, tendrían que abstenerse o el PP o bien Podemos y Ciudadanos o Podemos e IU. Si al cabo de dos meses de la primera ronda no se lograra investir a ningún candidato, el Parlamento quedaría disuelto y se convocarían nuevas elecciones. 

A su vez, PSOE y PP reanudaron este lunes sus entrevistas bilaterales con vistas a la investidura, con nulo resultado. No, dijo el líder de los conservadores, Juanma Moreno. Su partido no tiene "argumentos nuevos" para facilitar la elección de Díaz, porque no ha habido ninguna propuesta del PSOE-A que haga posible un "cambio de actitud" del PP. 

El efecto de la dimisión de Chaves y Griñán

Los negociadores del PSOE –el secretario de Organización, Juan Cornejo, y el portavoz en la Cámara, Mario Jiménez–  se mostraron, no obstante, "optimistas". Emplearon el mismo argumento que llevan blandiendo desde hace semanas: que el PP es un "partido de Gobierno" que tiene la "obligación de aportar estabilidad" a Andalucía. Ambos, junto con Díaz, han reiterado hasta la saciedad que no buscan tejer alianzas con ningún partido, porque su deseo es gobernar en minoría, sino que le dejen estar al frente de la Junta, facilitando su investidura, puesto que no cabe la posibilidad de acuerdos alternativos, ya que pasarían por un entendimiento entre PP y Podemos. Con ese mensaje en los labios, trabajan en lograr el triunfo de Díaz en segunda votación. O sea, para finales de la semana próxima. 

Los socialistas calculan que los conservadores terminarán por moverse de su enrocamiento si ven cómo Podemos y Ciudadanos van mudando de posición. Porque estos dos últimos, tal y como conciben en la Junta, sí se han movido después de la dimisión en diferido de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera reclamaban que los dos expresidentes, que ya han declarado como imputados ante el Supremo en el caso de los ERE, dejaran sus escaños de diputado en el Congreso y senador. Una condición necesaria para poder seguir conversando. Griñán, tras pasar por el Alto Tribunal, comunicó a Díaz por escrito que se echaba a un lado y dejaba la política activa, una decisión que trascendió la semana pasada y que confirmó posteriormente él mismo. El movimiento acabó empujando a su predecesor en el Ejecutivo autonómico: Chaves acabó anunciando que no iría más en ninguna lista de su partido, aunque agotaría la legislatura, que concluye a finales de este año. 

Albert Rivera celebró que el PSOE hubiera "movido ficha", aunque exigió las renuncias de los dos exjefes del Gobierno por escrito. Teresa Rodríguez, líder andaluza de Podemos, sostuvo que las "renuncias diferidas" de los son "consecuencia directa" de las exigencias de su formación, que ha arrancado "victorias para la limpieza de la vida política". En definitiva, se apuntó el tanto de la retirada. "Esta primera victoria nos alienta aún más a remarcar con fuerza las otras dos condiciones que hemos puesto sobre la mesa", aseguró. 

Esas palabras hicieron pensar al PSOE que ya se había removido un obstáculo fundamental para la investidura de Díaz. Pero la marcha atrás de Chaves y Griñán era condición necesaria, que no suficiente. Tanto Podemos como Ciudadanos, en declaraciones en público y en privado, insistieron en que nada está hecho ni hay ningún pacto cerrado. 

Condiciones de los emergentes

Rodríguez negó "tajantemente" que hubiera alcanzado "ningún tipo de acuerdo con el PSOE" para facilitar la investidura de Díaz. "La presidenta confunde el deseo con la presión. Es una forma de presionar y yo no la veo sana. Trasladar a los ciudadanos que no hay Gobierno de la Junta y que hay un bloqueo es reconocer la incompetencia propia", lanzó la secretaria general del partido morado. Rodríguez ha recordado que no basta con la salida de Chaves y Griñán: que su partido puso otras dos condiciones sobre la mesa, "asumibles y a coste cero". A saber, que la Junta no trabaje con bancos que ejecuten desahucios y la reducción de altos cargos (quiere que la Administración funcione sólo con consejeros y viceconsejeros). 

"De esas otras dos condiciones no se ha hablado aún, ni se han movido aún", se quejaban a infoLibre fuentes próximas a la secretaria regional de Podemos, que recalcan que en la primera votación emitirán, con toda seguridad, su no. ¿Y para las siguientes? Desde el entorno de la líder autonómica se señalaba que tampoco sería extraño que la formación convocase un referéndum entre sus bases para que digan qué hacer. 

La misma actitud rocosa también se halla en Ciudadanos. "No ha ocurrido nada que nos haga cambiar de postura", indicaban en el círculo de quien fue candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín. El partido naranja, como pidió Rivera el sábado, quiere que conste "por escrito" la renuncia de Chaves y Griñán y que el PSOE-A acepte el decálogo de medidas contra la corrupción que la formación le trasladó el pasado 4 de abril. "Y aún no ha habido respuesta", denuncian. "La responsabilidad de que no haya Gobierno será de quien convocó las elecciones anticipadamente, cuando tenía un Ejecutivo de coalición [con IU] y unos Presupuestos aprobados", abundan en el entorno de Marín, que precisan que en cualquier caso no votarán en ninguna de las rondas sí a Díazsí . En caso de acuerdo, podrían cambiar su no por la abstención. 

La federación, más aferrada al 'no'

IU, mientras, considera "superficial" el debate de la marcha de Chaves y Griñán –así lo calificó el coordinador regional, Antonio Maíllo– y mantiene su apuesta por el rechazo a la investidura en todas las votaciones. "No vemos posible votar abstención, incluso si fuéramos necesarios. Que cada cual tome de su propia medicina", expresa un alto cargo de la federación andaluza. 

Los socialistas insisten en que no están "preocupados" por las palabras del resto de fuerzas políticas. "Poquito a poco", recalcan, con las mismas palabras, dos miembros del Gobierno en funciones. "Como pasa con las masas tectónicas, el desplazamiento es lento pero irreversible", ilustra uno de ellos. 

El PSOE-A cree que hay mimbres para el acuerdo, tanto con Podemos como Ciudadanos. Con los primeros, está dispuesto a "buscar fórmulas" para evitar más desahucios, partiendo de la base de que la ley que aprobó el bipartito está paralizada porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy la llevó al Constitucional. Y subraya que ha eliminado más altos cargos que ninguna otra comunidad y más entes instrumentales de los comprometidos. "Seguramente se pueda reducir algo más. Pero no estamos de acuerdo con que todos los directores generales sean funcionarios, con que haya una Administración de funcionarios". Respecto a las condiciones de C's, los socialistas responden que "se quedan cortos", porque la Junta quiere ir un paso más allá en materia de transparencia y lucha anticorrupción. 

Usar la campaña electoral

"Esta es la semana crucial –asegura otro de los consejeros del Gobierno–. Estamos bajando al detalle. Y aunque ellos digan que no hay acercamientos, sí que se está hablando, otra cosa es que no radiemos lo que se dice". 

Los socialistas trabajan con la hipótesis de que la investidura no será posible a la primera, pero sí intentarán que prospere en la segunda intentona, hacia finales de la próxima semana. Atrayendo hacia la abstención a Podemos y Ciudadanos, "sin perder de vista al PP", que "empieza a estar apretado", si finalmente son los emergentes los que posibilitan la elección de Díaz, quedaría desplazado, entienden, de la centralidad del tablero. 

En el partido y en la Junta se estima que se podrá convencer a los de Iglesias y los de Rivera porque ambos están en plena "pugna" por hacerse con la corona de laurel del cambio y, a la vez, aparecer en la moderación. Por eso, los socialistas creen alejarse la posibilidad de que la investidura llegue tras las municipales y autonómicas del 24 de mayo. 

No obstante, si la elección de Díaz no se produjera la semana próxima, el PSOE-A está dispuesto a aumentar la presión y a convocar plenos en el Parlamento durante la campaña electoral, que se prolongará del 8 al 22 de mayo. Con ello, obligaría a retratarse varias veces a todos los partidos, sin esperar por ello "un desgaste". Todo lo contrario. Anticipa que la presidenta saldría reforzada, ya que los ciudadanos, alega, no entenderían que se prolongase "el bloqueo". Mario Jiménez ya dejó ver el sábado que se podría habilitar la campaña para convocar tantas sesiones plenarias como fueran suficientes, con el argumento de que el PSOE-A defiende una "agenda propia", al margen del 24-M. "No vamos a consentir que nadie pretenda mezclar los procesos. A partir del comienzo de la campaña, el proceso de investidura, si no está culminado, va a seguir, y la campaña no va a ser un impedimento para que Andalucía tenga un Gobierno. El mandato para que el Parlamento le dé un Gobierno a Andalucía no puede paralizarse por nada ni por nadie", aseveró.

Dos semanas para negociar

"Podemos y C's no podrán aguantar tanto, y tampoco el PP. Podemos necesita gestos de moderación y de responsabilidad institucional", razona un miembro de la Junta.

La imagen que devuelve el espejo es diferente, pues, según a quién se pregunte. La oposición sigue anclada en el no. El PSOE, mientras, ve "más receptivos" a Podemos y C's, y más "cerrados" al PP y a IU, "despechada" por la ruptura del Ejecutivo de coalición y la convocatoria de elecciones para el pasado 22 de marzo. Aún quedan días para negociar, reitera. Cerca de dos semanas. "Una eternidad en política", señala un alto cargo, quitando importancia a la sensación de rechazo generalizado a la presidenta. Díaz tiene una herramienta poderosa en la mano: a nadie, en principio, parecen convenirle unos nuevos comicios en septiembre. 

Sin sorpresas pero con sobresalto. El Parlamento de Andalucía resultante de las autonómicas del pasado 22 de marzo se constituyó este jueves sin que el PSOE, el partido ganador de las elecciones, se encontrase con ningún susto en las votaciones. Eligió como nuevo presidente de la Cámara a Juan Pablo Durán, secretario general de los socialistas cordobeses y vocal de la ejecutiva federal. Fue en segunda vuelta, al no lograr en la primera la mayoría absoluta. También logró su objetivo de lograr una vicepresidencia y una secretaría. Eso sí, la sesión quedó envuelta en una monumental bronca, la primera de esta legislatura, entre el presidente de la Mesa de Edad, el socialista Luis Pizarro, y los diputados del PP. 

Durán (Córdoba, 1964) era la propuesta que la presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, había guardado con el máximo celo hasta este mismo 16 de abril. Fiel a su estilo de no anticipar nombres y enemiga de las quinielas. Durán, también coordinador del Consejo Territorial del PSOE andaluz, es uno de los dirigentes de la confianza de la baronesa andaluza. Durán fue uno de los 38 exconsejeros de CajaSur, entidad cordobesa intervenida en 2010, y fue condenado por la Audiencia Nacional al pago de una multa de 64.000 euros que le impuso el Ministerio de Economía en 2012, informa Efe.

El nuevo presidente salió elegido en segunda ronda con los 47 votos de su grupo, y su nombre fue anunciado exactamente a las 13.02 horas. El PP, a su vez, propuso al diputado por Huelva Manuel Andrés González Rivera, que sólo logró los 33 apoyos de su partido. También se registraron 29 blancos. Al final, no cuajó ninguna maniobra para arrebatar al PSOE el puesto principal del órgano de gobierno de la Cámara. En la primera vuelta, el resultado fue exactamente el mismo: 47-33-29. El hemiciclo se compone de 109 escaños. 

A continuación se eligió a los tres vicepresidentes y a los tres secretarios. Las tres primeras plazas las ocupan Teresa Jiménez (secretaria general del PSOE granadino), como vicepresidenta primera; la malagueña Esperanza Oña (PP) como su segunda y al diputado por Sevilla Juan Moreno Yagüe como vicepresidente tercero. La secretaría primera recae en Verónica Pérez –líder de los socialistas sevillanos–, la segunda en Julio Díaz (Ciudadanos) y la tercera en José Antonio Castro (IU). Es decir, la composición final es de tres puestos para el PSOE y uno para el resto de partidos. Todos los integrantes de la Mesa fueron investidos con los únicos votos de sus respectivos grupos. 

Amenaza de recurso al TC

Cuando el presidente de la Mesa de Edad estaba leyendo los nombres de los secretarios elegidos, el portavoz del PP, Carlos Rojas, pidió insistentemente la palabra, con la intención de que no se llegasen a proclamar como secretarios a Díaz y Castro, que pese a tener menos votos que la propuesta por los conservadores, Patricia del Pozo, tenían reservada plaza dado que el reglamento de la Cámara garantiza presencia en el órgano de gobierno a todos los partidos con representación parlamentaria.

Rojas denunció que se estaba "conculcando" un derecho constitucional, al "hurtar" el puesto de la Mesa a Del Pozo, y atacó a Pizarro por "interpretar" las normas de la Cámara pese a no ser él el presidente elegido. Podría "incurrir en un ilícito perseguible penalmente", le lanzó. El socialista se defendió alegando que le tocaba ejercer de presidente del Legislativo "hasta que el elegido [Durán] tome posesión". "No tiene legitimidad. No puede fabricarse una mayoría absoluta en la Mesa. Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional este atropello, este despropósito", chilló el portavoz de los conservadores.

También Del Pozo protestó a gritos e intentó que Pizarro le diera la palabra, pero no se la concedió. Superada la tensa refriega, los diputados elegidos ocuparon sus puestos en la Mesa y se procedió a la jura o promesa de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. La presidenta de la Junta en funciones, por ejemplo, optó por jurar. 

A la sesión de constitución del nuevo Parlamento andaluz se llegó sin acuerdos, pese a que el resultado de las urnas –47 escaños el PSOE, 33 el PP, 15 Podemos, 9 Ciudadanos y 5 IU– apelaba, precisamente, al consenso. Los socialistas dejaron claro desde el principio que querían tres puestos en la Mesa, porque eran los que les correspondías por sus resultados. Y también porque el sistema de votación del órgano de gobierno del poder legislativo les favorecía, ya que según el reglamento, hay tres votaciones consecutivas –primero, se elige al presidente de la Cámara; luego, a los tres vicepresidentes y, por último, a los tres secretarios–, en las que quien primero sale nombrado es el que tiene un mayor número de votos. Además de exigir que todos los grupos estén representados (y ello permite que se sienten los representantes de C's e IULV-CA), las normas del Parlamento obligan a que se respete la paridad, y se cumple: hay cuatro hombres y tres mujeres.

Garantía por los resultados

Que no haya acuerdo y que no haya sido posible tejer una extraña alianza entre los partidos de la oposición garantizaban al PSOE esos tres puestos. El PP, que quería dos –a lo que el PSOE se negaba–, se queda con uno, igual que Podemos, Ciudadanos e IU. Los socialistas habían ofrecido a los conservadores una vicepresidencia de mayor rango, pero estos sólo aceptaban dos plazas. Otra posibilidad que se exploró era ampliar la Mesa a ocho miembros –como ocurrió en la VIII Legislatura, entre 2008 y 2012–, pero Podemos se negó.  

La sesión comenzó a las 12 horas con la conformación de la Mesa de Edad, integrada por Luis Pizarro (PSOE), el diputado mayor en la Cámara, como presidente, y los dos parlamentarios más jóvenes, los también socialistas María Márquez y José Latorre, en calidad de secretarios. 

Durán: "Altura de miras, honradez y trabajo"

Durán, en su primer discurso como presidente del Parlamento, subrayó que la presencia de cinco fuerzas en la Cámara muestra la "pluralidad, riqueza y diversidad" de la sociedad andaluza, por lo que pidió a los grupos una política "más cercana y comprensible" basada en el diálogo. Los andaluces, dijo, esperan de sus representantes "altura de miras, honradez y trabajo", y que sean "útiles, transparentes, ejemplares en sus actitudes y comportamientos". 

El nuevo presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán (izqda.), con Susana Díaz y su número dos en el Ejecutivo, Manuel Jiménez Barrios, este 16 de abril | EFE

El diálogo será la piedra angular de esta X Legislatura, entre los partidos y también con los ciudadanos, en un Parlamento "lleno de sensibilidades". "Queda camino para mejorar y profundizar en esa necesaria proximidad y cercanía" con los andaluces, así que hay que tapar "cualquier hueco a la corrupción", potenciar la transparencia y fortelecer el pluralismo, la participación y la "claridad". "Hay que dialogar siempre, confrontar lo que haga falta y no desdeñar ningún espacio de acuerdo posible", apremió. La centralidad del Parlamento como corazón de la vida política en Andalucía es "más necesaria que nunca" porque se viven "momentos de cambio" a los que las instituciones tendrán que "saber adaptarse". 

La necesidad de "diálogo, negociación y  consenso" también estuvo presente en la intervención de Pizarro. Estas son las tres palabras "claves" de esta complicada X Legislatura, en la que se sientan cinco partidos (y, a diferencia del mandato anterior, a todos sus líderes), lo que conforma un hemiciclo "más plural" que el de etapas anteriores, aunque "con igual legitimidad democrática", la que recibe de las urnas. Ese consenso ha de ser el objetivo de este nuevo tiempo, "sin renunciar al papel de Gobierno u oposición". El presidente de la Mesa de Edad confió en que la Cámara siga siendo "una herramienta institucional útil", y el foro donde puedan canalizarse "las demandas y problemas de los andaluces". 

Investidura sin despejar

Arranca una legislatura en la que sigue sin despejarse la principal incógnita: cuándo logrará Susana Díaz ser reelegida como presidenta de la Junta. Porque la investidura sigue totalmente empantanada. Podemos y Ciudadanos incluyen entre sus exigencias que los dos expresidentes andaluces imputados por el caso de los ERE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, abandonen sus escaños de diputado en el Congreso y senador. Ambos ya han declarado ante el Supremo, pero el juez instructor no se ha pronunciado aún. El PSOE asume que una posibilidad nada descartable es que la investidura se produzca tras las elecciones del 24 de mayo. Si a los dos meses de la primera votación aún no hubiera logrado el nombramiento, Díaz tendría que disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. 

El fracaso de las negociaciones para la constitución de la Mesa preludia una legislatura complicada y en la que los pactos, la palabra estrella, se antojan muy cuesta arriba. Al menos hasta que termine la maratón electoral de 2015. 

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz (PSOE-A) acordó este jueves, a propuesta de su secretaria general y presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, presentar al secretario provincial del partido en Córdoba y diputado electo, Juan Pablo Durán, como candidato a la Presidencia del Parlamento andaluz en la X Legislatura, informaron a Europa Press fuentes socialistas.

Este jueves, a partir de las 12.00 horas, se celebra la sesión constitutiva del nuevo Parlamento. Se elegirá la Mesa de la Cámara, integrada por la Presidencia, tres vicepresidencias y tres secretarías, y en la que los cinco grupos parlamentarios tienen que estar representados, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento.

Previamente a la sesión constitutiva, se reunió la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, que dio luz verde a la propuesta de Durán para la Presidencia del Parlamento. 

Además de secretario provincial del PSOE cordobés, Durán es senador en representación de la comunidad autónoma desde marzo de 2014 y fue nombrado como coordinador del Consejo Territorial del PSOE-A tras el último congreso regional que aupó a Susana Díaz a la Secretaría General del partido. También es vocal de la ejecutiva federal, pilotada por Pedro Sánchez.

Se estrena como parlamentario autonómico

Se da la circunstancia que Juan Pablo Durán debuta precisamente en esta legislatura como parlamentario autonómico, ya que hasta ahora se había centrado principalmente en el ámbito orgánico y municipal.

Nacido en Córdoba en 1964, Durán está casado y es padre de dos hijas y un hijo. Fue portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba tras encabezar la lista del PSOE en las elecciones municipales de 2011, reto que asumió siendo ya secretario provincial del partido, responsabilidad a la que accedió en 2008 y para la que fue reelegido en julio de 2012.

En el ámbito profesional, ha sido gerente y consejero delegado de la empresa de gestión de residuos Rimacor y desde los 20 años ha desarrollado una actividad empresarial como trabajador autónomo de la madera. Desde el año 1996 milita en el PSOE, partido en el que ha ocupado la Secretaría de Administración en el período 2000-2004 y la Secretaría de Organización en un mandato (2004-2008). En la actualidad también forma parte del Comité Federal del PSOE.