El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este jueves en su debate de investidura que, si es elegido president, sus primera palabras en el cargo serán para "pedir perdón" a las familias de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, según informa EFE.

"Sí señorías, pedir perdón. Perdón a todas las personas y familias que aún sufren las consecuencias de las riadas del 29 de octubre, a aquellas que lo perdieron todo y a aquellas que perdieron demasiado", ha aseverado en su discurso ante Les Corts Valencianes.

A su juicio, "ha sobrado mucha gresca y mucho insulto", de manera que si es elegido president pedirá perdón en nombre de la Generalitat, pero exigirá lo mismo de otras Administraciones "por todas las vías que sean posibles", pues el Gobierno de España "aún no ha reconocido ningún error, no ha dado explicaciones y no ha asumido ninguna responsabilidad".

El también secretario general del PP de la Comunitat Valenciana ha insistido en que, desde "la más absoluta humildad", hay que pedir perdón porque las Administraciones "no han estado a la altura que merecían todos los ciudadanos".

Pérez Llorca ha asegurado al inicio de su debate de investidura que llega a esta sesión "sin ningún acuerdo cerrado con ninguna formación política", pero con la determinación de acabarla con un pacto que propone llamar "el pacto de Les Corts".

Un pacto, ha dicho al inicio de su discurso en Les Corts Valencianes, que asegure la gobernabilidad de las instituciones y la estabilidad de una legislatura y que se apoye sobre una mayoría parlamentaria "real que ha funcionado" y que quiere seguir al servicio de esta tierra.

"Formo parte de un proyecto político de mujeres y hombres que han hecho realidad propuestas para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos", ha aseverado Pérez Llorca, quien necesita de los votos de Vox para poder ser elegido president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón.

Pérez Llorca ha defendido en su discurso de investidura "la necesidad de ordenar la inmigración con sentido común", y ha planteado medidas como el retorno de los menores no acompañados a sus países de origen o conocer la nacionalidad de los delincuentes.

"Ninguna persona decente puede pensar que un menor estará en mejor situación" que con su familia, ha señalado el candidato, que necesita los votos de Vox para su investidura, y ha dicho que por ello se oponen al decreto de reparto de esos menores, que ha sido "una tremenda irresponsabilidad" y lo seguirán haciendo, porque usan a esos menores "como mercancía política" para hacer "chantaje".

Pérez Llorca ha señalado que trabajará en fórmulas legales para que esos menores que han llegado a la Comunitat valenciana vuelvan con sus familias; ha exigido políticas basadas "en la legalidad y en la seguridad", y ha defendido que no hay que "tener miedo a defender los datos reales de delincuencia y de origen de quienes cometen los delitos".

Ha afirmado que "la transparencia es esencial" para poder adoptar medidas "proporcionadas, mejorar la prevención y ofrecer respuestas serias y eficaces" a los problemas de la ciudadanía, y ha acusado al Gobierno de España de repartir a esos menores "como penalización de las regiones que considera hostiles".

Pérez Llorca ha señalado en Les Corts que los efectos de una inmigración "masiva y mal gestionada" no pueden recaer en la comunidad autónoma, y ha señalado que hablar de "la convivencia, la seguridad y la preservación" de la identidad "no es ser racista ni alarmista, es ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público".

Ha señalado que el president de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ha defendido que no se puede decir "que venga todo el mundo" y hay que regular e integrar, un discurso que en Cataluña dicen que es "de integración" pero en este hemiciclo la izquierda tacha de "racista".

A su juicio, no se puede mirar "a otro lado" cuando llegan personas que pretenden mantener prácticas que "chocan brutalmente con nuestros valores de igualdad y de libertad, o de dignidad de la mujer, y que no respetan la ley", y ha defendido que todo esto "no va de ideologías, va de proteger un marco de convivencia".

El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha justificado su ausencia en el pleno de investidura de este jueves de Juanfran Pérez Llorca como su sustituto en que hoy "es fundamental que este proceso se desarrolle con el máximo protagonismo para el candidato, respetando así el curso natural del debate". 

En su cuenta de X, Mazón ha explicado que por ello ha decidido que acudirá al pleno de Les Corts Valencianes "una vez finalicen las intervenciones de los grupos" y antes de la votación de la candidatura de Pérez Llorca, prevista para esta tarde. 

Por este motivo, en la bancada del Gobierno en el hemiciclo de Les Corts están los consellers pero está vacío el escaño del dimitido president.

Tuvo los votos a su alcance, dijo, pero no los quiso. Este 26 de septiembre se cumple un año desde la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular daba por descontada la victoria al calor de las encuestas del 23J. Ganó en votos y escaños, pero no pudo conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Eso, sin embargo, no le frenó a la hora de presentarse a la investidura, que se saldó con 172 votos a favor —los de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria — y 178 en contra —los de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts y BNG —, quedándose a cuatro escaños de obtener la mayoría absoluta.

Con un discurso de una hora y 45 minutos desde la tribuna del Congreso, Feijóo trató de mantener la ficción de su victoria en las elecciones del 23J y sembró dudas sobre la legitimidad del Gobierno de Sánchez —que fue ratificado por la Cámara Baja apenas unas semanas después— insistiendo en que si los ciudadanos hubiesen votado sabiendo que el PSOE estaba dispuesto a aprobar una amnistía el resultado hubiese sido muy distinto. Además, aseguró que él nunca habría estado dispuesto a consentir tal "aberración jurídica", aunque sí se lo llegó a plantear.

Durante su discurso, el líder del Partido Popular combinó críticas muy duras contra el Gobierno de Sánchez y sus políticas con explicaciones acerca del rumbo que le daría a España si fuera elegido presidente del Gobierno y las cuestiones que no permitiría bajo ningún concepto. También se comprometió a liderar una oposición responsable con los acuerdos por bandera. Un año después, infoLibre recopila las mentiras, cambios de opinión e incoherencias de Feijóo.

El líder del PP aseguró que tenía a su alcance los votos para ser presidente del Gobierno, obviando que el apoyo de Junts o el PNV es incompatible con el de Vox, como todos los partidos implicados han dejado meridianamente claro. De hecho, a lo largo de este último año el líder del PP también ha abierto la puerta a impulsar una moción de censura contra Sánchez, para lo que también necesitaría unir los votos de la extrema derecha a los del nacionalismo vasco o catalán. De nuevo, unos y otros han negado esa posibilidad, desmintiendo así a Feijóo.

Feijóo también presumió de que él no estaba dispuesto a "pagar el precio" que Junts le pedía para ser presidente y dedicó buena parte de su discurso a cargar tintas contra la amnistía y las concesiones a los dirigentes del procés, recalcando en todo momento que el PP nunca aceptaría someterse a ese "chantaje". Un relato que ha quedado en entredicho después de que durante la campaña gallega trascendiera que el líder del PP estuvo dispuesto a estudiar durante 24 horas concederle la amnistía a Junts y sopesó la posibilidad de un indulto condicionado a Puigdemont, lo que encendió los ánimos en el partido, especialmente en el PP catalán, que rechaza cualquier pacto con ellos. Es más, en este último año se han sucedido las declaraciones contradictorias sobre el tipo de relación que deben mantener con los miembros de la antigua Convergència.

En su discurso de investidura, el líder del PP aseguró que no quería "controlar" la justicia. Sin embargo, tras más de cinco años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Feijóo accedió el pasado mes de junio a pactar con el Gobierno base a la ley actual, que Feijóo ha criticado en infinidad de ocasiones, lo que le ha permitido elegir a los magistrados conservadores que forman parte del órgano de gobierno de los jueces. Como parte de esa misma negociación el líder de la oposición también acordó situar al magistrado José María Macías en el Tribunal Constitucional. De hecho, Feijóo defendió la elección de Macías y se lo anotó como propio, acusando al Ejecutivo de haber "impedido" hasta ahora "proponer el miembro que le correspondía" a su formación.

El expresidente de la Xunta de Galicia afirmó que él no iba a participar en las campañas de "señalamientos" a jueces y magistrados y acusó al Gobierno de hacerlo tras la aprobación de la ley del 'sí es sí'. Sin embargo, el Partido Popular lleva meses trabajando en la deslegitimación del Constitucional por tener una mayoría progresista y de la Fiscalía General del Estado, acusando a Álvaro García Ortiz de ejercer como el "abogado particular" de Sánchez. Hace solo unos meses el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, llegó a llamar "cáncer del Estado de Derecho" al Alto Tribunal, unas declaraciones que luego se vio obligado a rectificar.

Otra de las claves del discurso de Feijóo fue presentarse como un hombre de Estado, dispuesto a a huir de "un frentismo motivado por intereses personales que acabará por no beneficiar a absolutamente nadie" y abierto a rubricar "grandes acuerdos" con el PSOE en diversas materias. Sin embargo, en esta legislatura la prioridad ha sido no dar a Pedro Sánchez ninguna victoria, incluso en cuestiones que benefician a sus propios ayuntamientos y comunidades como, por ejemplo, la ley del suelo o la senda de déficit. En estos 12 meses el PP solo ha accedido a pactar con Sánchez la reforma del artículo 49 de la Constitución, la ley de ELA y la renovación del CGPJ.

El conservador también desdeñó "el partidismo" a la hora de hacer política. "Si todo lo reducimos al partidismo entonces poco queda del verdadero significado de la política. Desde luego, que nadie cuente conmigo para eso", aseguró. Sin embargo, en estos meses ese ha sido el principio que ha guiado la política del PP, priorizando sus intereses partidistas en materias como la migración, los fondos europeos o la política exterior. Es más, recientemente los populares avanzaron que votarían en contra de la designación de la vicepresidenta Teresa Ribera como comisaria y 'número dos' de Ursula Von der Leyen.

Aunque el líder del PP se planteó conceder a Junts la amnistía, al menos durante 24 horas, durante su discurso de investidura aseguró que se trataba de una "aberración jurídica" y afirmó, de manera tajante, que estaba fuera de los límites de la Constitución. Tanto el PP como los distintos presidentes autonómicos la han recurrido ante el Tribunal Constitucional, que será el que tenga la última palabra ya que existe un enorme debate jurídico sobre si la amnistía tendría encaje. Esta medida de gracia, a diferencia del indulto, no extingue sólo la pena, sino el delito en sí mismo. Es un borrón y cuenta nueva por la vía rápida. Y que puede aplicarse tanto en aquellos casos en los que aún no hubiera sentencia firme como en los ya condenados.

El conservador criticó la influencia que las formaciones independentistas tuvieron a la hora de decantar la balanza en favor de Sánchez. "Los españoles no votaron que los independentistas fuesen decisivos al otorgarles solo el 5,5% de los votos”, afirmó. Pero en un sistema parlamentario como el español cada voto cuenta, especialmente cuando ningún partido tiene la mayoría por si solo. El Congreso nacido de las elecciones del 23J se saldó con 28 diputados (el 8% de la Cámara) elegidos en candidaturas nacionalistas o regionalistas, una de las cifras más bajas de la democracia, pero también les convirtió en más decisivos que nunca.

El líder del PP también manifestó que su vocación pasaba por "recuperar el consenso" en la política exterior de España. Un compromiso que se ha dejado por el camino en este último año. Recientemente su formación llevó al Congreso una proposición no de ley para reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia, el rival de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio, que fue aprobada gracias a los votos del PNV. El PSOE votó en contra ya que el plan del Ejecutivo es esperar junto con el resto de países de la UE, hasta conocer las actas oficiales del resultado electoral. Sin embargo, el PP lleva semanas acusando al Gobierno de ser "cómplice" del Gobierno de Maduro e incluso de "participar en el golpe de Estado" contra la oposición.

El problema de acceso vivienda no ha estado entre las prioridades del PP esta legislatura, pero sí las okupaciones. El líder del PP suscribió el alarmismo por la okupación en su discurso de investidura y lo hizo basándose en datos falsos. Según el Sistema Estadístico de Criminalidad de Interior, en 2022 se presentaron 16.726 denuncias por okupaciones, incluyendo usurpaciones y allanamientos, es decir, un 3,2% menos respecto el año anterior. En los cinco primeros meses de 2023 las okupaciones se redujeron un 11,1% respecto al mismo periodo de 2022.

Salvador Illa quiere ser el president catalán que protagonice "la tercera gran transformación de Cataluña" después de la de Jordi Pujol y la de los últimos gobiernos progresistas de Pasqual Maragall y José Montilla, predecesores en la presidencia de la Generalitat. Esas fueron las palabras que utilizó en su discurso de investidura el pasado jueves para resumir su programa de cara a los próximos cuatro años de legislatura, una intervención que utilizó para desgranar brevemente esos ejes y en la que reivindicó el legado republicano Pere Aragonès, cuyo partido ha permitido su presidencia.

Illa aseguró la Cataluña que hereda "es mejor" que la que se encontró Aragonès y aseguró que no tiene intención de "desmontar nada" sino que su objetivo "aprovechar" todo lo que pueda de los gobiernos anteriores. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, Illa no quiere hacer de su confrontación con el Estado central su seña de identidad, todo lo contrario. Quiere que la colaboración impere en sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para arrancar nuevas inversiones y abrir esa ansiada "nueva etapa" entre ambas administraciones.

Es más, según explican a infoLibre fuentes del PSC en los primeros días de Illa al frente de la Generalitat se prevé realizar "anuncios de medidas que pongan en evidencia, sin criticar a nadie, que antes estaba todo parado y que ahora se pone en marcha". Aunque todavía no han trascendido todos los nombres que conformarán el gabinete del nuevo Govern, estas fuentes inciden en que habrá una mezcla de perfiles políticos y técnicos.

De momento se sabe que el Alicia Romero, número dos en el Parlament, será la consellera de Economía. Albert Dalmau, gerente del Ayuntamiento de Barcelona, ocupará Presidencia, Silvia Paneque, diputada por Girona, será la portavoz del Govern y encargada de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y Mònica Martínez Bravo, quien actualmente es secretaria general del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, será la responsable de Derechos Sociales e Inclusión. En Salud, la responsabilidad recaerá en Olga Pané, Eva Menor, exalcaldesa de Badia del Vallès, será la nueva consejera de Igualdad, Òscar Ordeig, diputado del PSC por Lleida, será el encargado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y la diputada socialista en el Parlament Esther Niubó, asumirá la Consellería de Educación.

Además, Illa añade a dos perfiles cercanos al espacio de la antigua Convèrgencia: Miquel Sàmper, exconsejero de Junts, quien asumirá la cartera de Trabajo y Empresa y Ramon Espadaler, exdirigente de CiU y ahora diputado socialista, que será el nuevo consejero de Justicia. Sàmper, quien se desvinculó de Junts hace varios meses debido a la dirección que tomó el partido, ha estado trabajando como abogado del exconsejero Lluís Puig, que permanece en Bélgica para evitar su encarcelamiento por parte de la Justicia española,

Por otra parte, se espera que Núria Parlon, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, asuma Interior con el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, como director de la policía. El departamento de Interior será clave, y más tras la nueva huida de Puigdemont. Illa había anticipado cambios profundos, ya que además quiere convertir la lucha contra la inseguridad en uno de los ejes del futuro Govern, reivindicando que también es una preocupación de la izquierda. A esto se le suman otros grandes retos como la vivienda, la crisis climática, la educación y la sanidad, la lucha contra las desigualdades o la puesta a punto de las infraestructuras del país.

En la pasada campaña electoral, Illa se comprometió a aumentar la plantilla hasta alcanzar los 22.000 policías autonómicos en 2030 —570 Mossos más cada año, es decir, 2.280 más en total—. El socialista aseguró que también crearía una unidad especial para hacer frente a las mafias, la multirreincidencia y las ocupaciones ilegales. Además, planteó crear una comisaría general de la mujer después que desde 2018 hayan crecido un 20% los delitos de violencia sexual.

Illa ha defendido en varias ocasiones que hay que concebir la seguridad como una "política de izquierdas" para que la ciudadanía pueda gozar del espacio público y su intención es revertir la tendencia que apunta que uno de cada tres ciudadanos dicen haber sufrido un delito. Su referente en esta materia es la citada Nuria Parlón, que en estos años ha puesto en marcha equipos de mediación del ayuntamiento, que muchas veces atajan conflictos vecinales o situaciones que pueden solucionarse sin la necesidad de la actuación policial y ha creado el servicio de serenos contratando a parados de larga duración a través de la empresa municipal para que ayuden a los vecinos en las tareas cotidianas.

Illa también incidió especialmente en las medidas sobre vivienda acordadas con En Comú Podem. "Desplegaremos la política de vivienda más ambiciosa de la democracia: 50.000 pisos nuevos de protección", aseguró el socialista, que lamentó que el acceso a la vivienda se haya convertido "en la mayor barrera de desigualdad, especialmente entre la gente joven": "Mi compromiso es garantizar que la vivienda sea para vivir, y por eso me comprometo a regular los efectos del alquiler de corta duración, así como del conjunto de pisos turísticos", dijo.

A esto se le suma que el PSC quiere poner en marcha una ley de barrios para "cohesionar a los más vulnerables" en una comunidad en la que casi una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza. En su programa electoral, la formación se comprometió también a impulsar un Plan Renove "para mejorar las viviendas de más de 50 años de antigüedad —puertas, baños y ascensores— de personas mayores de 65 años y dependientes, para poder adaptar las viviendas a sus circunstancias vitales" y a crear "un portal público de vivienda con pisos de propiedad privada para promover el alquiler juvenil con rentas inferiores a 30.000 euros".

Otra de los ejes que estuvieron presentes durante el discurso de investidura del socialista fue el cambio climático. Illa se comprometió a desplegar durante su mandato "el vertical verde climático", lo que implicaría dotar a Cataluña de las infraestructuras necesarias para hacer frente a los retos ambientales como la sequía. A su juicio, la comunidad actualmente "no está preparada para afrontar el reto climático" y considera que hacen falta infraestructuras para que la economía catalana sea climáticamente neutra en 2030.

La crisis ambiental, agudizada en Cataluña por una sequía extrema en los últimos meses, tuvo un protagonismo capital y fue uno de los nervios que ha recorrido la legislatura que se acaba. El PSC es consciente de hay fenómenos como la sequía que no puede revertir, pero sí demandan contar con "actuaciones de adaptación" a estos "fenómenos extremos”, junto con la "climatización de todos los servicios públicos" y la utilización del "100% de las infraestructuras en materia de agua para que nadie se tenga que preocupar por abrir el grifo", en alusión a la sequía.

En el programa para las elecciones del pasado mes de mayo, el PSC incluyó medidas como el aumento del presupuesto de sanidad un 7%, desarrollar el Pacto Nacional de Salud de Cataluña e impulsar un Plan Integral de Salud Mental de Cataluña. En esa línea, Illa se comprometió a "una Cataluña que garantice la mejor salud a todo el mundo": "Completaremos las infraestructuras sanitarias, haremos una apuesta por la dotación de personal sanitario y haremos una especial atención en la atención primaria", aseguró.

Dentro de su promesa de relanzar los servicios públicos también se enmarcan propuestas como potenciar el inglés en las escuelas desde la etapa de infantil y, en ese ambito, los socialistas también se comprometieron a incrementar la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas para mejorar la formación en lengua extranjera y a ampliar en 10.000 plazas la oferta pública de programas de Formación Profesional de grado medio y superior.

Otra de las cuestiones en las que los socialistas quieren marcar la diferencia es en las inversiones. Su programa recuperaba la inversión de 1.704 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat para convertirlo en un "'hub' internacional", proyecto del que consideran que depende la "internacionalización" de la economía catalana y que cuenta con la oposición de sus socios Su propuesta continúa siendo alargar 500 metros la tercera pista aunque afecte al parque de la Ricarda. Illa evitó hacer referencias específicas y únicamente aseguró que "la conectividad vial, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y digital es esencial para la generación de prosperidad" y prometió "reforzarlas".

En materia de infraestructuras, además de garantizar la construcción de la B-40 entre Sabadell y Terrassa, los socialistas explicitan su voluntad de culminar el cuarto cinturón desde Sabadell y hasta la Roca del V.  A su juicio, además "hay que coser Catalunya en transporte público y esto requerirá mayor ambición en la red ferroviaria del país". Y eso, aseguró, incluye la gestión del Rodalies y del Tram de Tarragona.

En primera votación y sin ningún contratiempo, más allá de la vuelta —y posterior desaparición—de Carles Puigdemont, el socialista Salvador Illa fue elegido este jueves como president de la Generalitat con 68 votos gracias al apoyo de su formación, los comuns y Esquerra Republicana. El socialista logró su objetivo sin que se tuviera que aplazar el pleno, como muchos temían, aunque la aparición de Puigdemont a primera hora de la mañana parecía indicar lo contrario. El expresident catalán reapareció en Barcelona tras siete años en Bélgica, donde se marchó, al igual que ahora sin ser detectado por las autoridades policiales, para evitar ser juzgado por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia.

Puigdemont había prometido estar presente en la investidura de Illa y por ese motivo la policía catalana había blindado el Parlament con la intención de detenerlo en cuanto lo intentara. Previamente, arropado por la plana mayor de su partido, aparecía en un escenario improvisado en el Arco del Triunfo, situado a pocos metros de la Cámara, en el que lanzaba un breve discurso ante sus simpatizantes: "He venido para recordarles que todavía estamos aquí porque no tenemos derecho a renunciar", dijo, presentándose como la víctima de "una durísima represión" que todavía sufre en sus carnes.

Tras finalizar su intervención, el expresident bajó del escenario y desapareció rápidamente, mientras la comitiva de Junts avanzaba hacia el Parlament. En un primer momento se dio por hecho que recorría el mismo camino que sus compañeros de partido, pero cuando tanto los medios como sobre todo los Mossos d'Esquadra comprobaron que no fue así, ya fue demasiado tarde. Le perdieron la pista e iniciaron la 'Operación Jaula' para tratar de encontrarle, pero fue en balde. Sin embargo, su desaparición no alteró los planes en el Parlament aunque su partido sí trató de aplazar la sesión de investidura hasta en dos ocasiones.

La sesión, pese a la tensión inicial y el intento de Junts de aplazar el pleno, transcurrió con normalidad en un Parlament cuyas intervenciones han pasado de hablar sobre cómo lograr la independencia a hacerlo sobre cómo mejorar los servicios públicos de Cataluña. Ese fue el hilo conductor del discurso de investidura Illa. En apenas cuarenta minutos de intervención íntegramente en catalán, dibujó algunos de sus planes para Cataluña reivindicando la necesidad de "abrir una etapa de consenso" tras los convulsos años del procés. Con la tesis de la desjudicialización de la política presente, demandó que la la ley de amnistía se aplique "íntegramente": "Pido respeto a la esfera de decisión, al poder legislativo y la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley", afirmó.

El socialista prometió no "desmontar nada" y reivindicó el legado recibido. "Yo vengo a construir y aprovecharé todo lo que pueda de los gobiernos precedentes", manifestó. En esa línea agradeció al actual president, Pere Aragonès, su trabajo en los últimos años. "Me encuentro un país mejor que el que usted heredó al principio de su mandato", afirmó Illa, en un tono conciliador con los republicanos que mantuvo a lo largo de toda la jornada.

También defendió el acuerdo de financiación singular para Cataluña alcanzado con Esquerra —pese al silencio que ha imperado tanto en su organización como en el seno del Gobierno hasta la fecha—como condición para contar con su apoyo en la investidura. Illa definió el acuerdo como "un paso adelante sustancial y necesario para nuestro autogobierno", al igual que agradeció los esfuerzos de la formación de Jéssica Albiach y destacó las políticas de vivienda acordadas.

Todos los diputados de Esquerra Republicana dieron su 'sí' a Illa ignorando la presión ejercida por Junts, que buscaba un 'verso suelto' que se rebelara contra su organización. El portavoz de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, defendió el acuerdo alcanzado y, en un claro mensaje a Junts, sostuvo que "ningún independentista puede votar en contra" al incluir el concierto catalán.

Aunque las relaciones con su antiguo socio no pasan por su mejor momento, pidió también que el independentismo deje de estar "fragmentado" para que Cataluña "pueda volver a votar en un referéndum". Para el portavoz de Junts, Albert Batet, los republicanos cometen "un error histórico invistiendo a un presidente españolista, sucursalista y poco fiable". "Nos hubiera gustado explorar otras alternativas, nada fáciles, pero ustedes no han querido", le reprochó al president Aragonès, al tiempo que acusaba a su partido de "poner la alfombra roja" a Illa.

La portavoz de los comunes, Jéssica Albiach, también reivindicó el pacto con los socialistas: "Es una oportunidad para que Cataluña pueda avanzar en resolver los retos cotidianos que tiene la ciudadanía", afirmó, e insistió en que el eje de la legislatura y de las políticas del nuevo Govern debe ser el de la vivienda. "En esta legislatura tiene que haber un antes y un después en las políticas de vivienda. Es uno de los factores no solo de desigualdad sino de pobreza", señaló.

Con todo, tanto Jové como Albiach dejaron claro que la legislatura no será fácil. "Nuestro sí es en guardia, es vigilante, tiene muchos noes, muchas preocupaciones”, afirmó el republicano, que también señaló que "los incumplimientos tendrán consecuencias". Por su parte, Albiach subrayó que hay materias en las que están abiertamente en contra como la ampliación del aeropuerto de El Prat. "Haremos una oposición directa y decidida contra la ampliación", prometió.

El portavoz del PP catalán, Alejandro Fernández, acusó a los socialistas de decidir "resucitar" a Puigdemont y de ser "los únicos responsables" de lo que calificó como un "humillante esperpento", en referencia a la reaparición de Puigdemont. Además, el conservador recordó a Illa que, con 68 votos en el Parlament, no "se puede siquiera modificar el Estatuto de autonomía".

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Garriga, tiró del manual habitual de la extrema derecha en un discurso en el que relacionó inmigración y delincuencia con la migración: “El islamismo es incompatible con occidente. Dicen defender la identidad y las tradiciones de Cataluña, pero importan culturas que no respetan y arrasan con todo. Su lealtad está más hacia la media luna que a nuestra señera”, dijo.

Un discurso en el que encontró como aliada a la diputada de Alianza Catalana, Silvia Orriols, que puso el foco en las "mezquitas abiertas" que amenazan la convivencia pacífica de Cataluña. Desde el primer momento Illa subrayó que desea "extender la mano" a todos los grupos, incluido Junts, la CUP o el PP, pero que mantendrá un veto a aquellos que, en sus palabras, utilizan un "discurso de odio", en referencia a Vox y Alianza Catalana.

Con los ojos de la política catalana —y española— situados en Carles Puigdemont tras su repentina desaparición después de su llegada a Cataluña siete años después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), el candidato a la presidencia de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, comenzaba su intervención en el Parlament catalán según el guion previsto. Un discurso de cuarenta minutos íntegramente en catalán en el que dibujó algunos de sus planes para Cataluña, incidiendo en la mejora y potenciación de los servicios públicos.

El candidato a la presidencia de la Generalitat reivindicó que Cataluña "necesita abrir una etapa de consenso y afrontar sin prejuicios los conflictos políticos". Sin citar directamente a Puigdemont, demandó que la la ley de amnistía se aplique "íntegramente": "Pido respeto a la esfera de decisión, al poder legislativo y la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de las disposiciones de esta ley", afirmó.

Toda una declaración de intenciones teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo mantiene activa la orden de detención contra el líder de Junts, que también lamentó en su intervención de este jueves que no se le haya aplicado la medida de gracia: "Cataluña ha de mirar adelante, no puede perder tiempo y debe contar con todos", añadió Illa.

En esa línea, el socialista prometió no "desmontar nada" y reivindicó el legado recibido. "Yo vengo a construir y aprovecharé todo lo que pueda de los gobiernos precedentes", manifestó. Sí que se dirigió directamente al actual president, Pere Aragonès, al que le agradeció su trabajo en los últimos años. "Me encuentro un país mejor que el que usted heredó al principio de su mandato", afirmó Illa. E insistió: "No pretendo que todo comience de nuevo, sé que heredo un legado que asumo y que es de todos y todas".

El candidato a la presidencia de la Generalitat catalana también defendió el acuerdo de financiación singular para Cataluña alcanzado con Esquerra Republicana —pese al silencio de su organización hasta la fecha—como condición para contar con su apoyo en la investidura. "Un paso adelante sustancial y necesario para nuestro autogobierno que no pone en riesgo el principio de la solidaridad”, afirmó. "Mi objetivo es unir y servir para todos los catalanes".

También se refirió brevemente al acuerdo con los comunes, destacando las políticas de vivienda "ambiciosas" que quiere poner en marcha. Illa aseguró que se trata de acuerdos que "enriquecen, mejoran y contribuyen" a mejorar la política y que su objetivo es también cuidar la lengua y la cultura. "Nuestra nación tiene que ser abierta, plural y diversa que se implica en una España plurinacional. Ese es mi planteamiento y el contexto", destacó.

Con todo, Illa destacó que los acuerdos ratificados tanto con Esquerra como con los comunes son "acuerdos de investidura, no de legislatura": "Soy consciente de que necesitaré seguir buscando acuerdos, y así lo haré”, afirmo el socialista. En esa línea, subrayó que desea "extender la mano" a todos los grupos, incluido Junts, la CUP o el PP, pero sí mantiene un veto a aquellos que, en sus palabras, utilizan un "discurso de odio", en referencia a Vox y Alianza Catalana.

El presidente del Parlament catalán, Josep Rull, ha constatado que no hay ningún candidato que tenga suficientes apoyos para someterse a una investidura para presidir la Generalitat, y ha activado la cuenta atrás de dos meses para que se produzca una investidura o, si no es así, que se disuelva la Cámara y se repitan las elecciones, según ha informado Europa Press.

En su intervención este miércoles ante el pleno del Parlament, Rull ha comunicado al pleno la "imposibilidad" de presentar un candidato ante el hemiciclo en el plazo inicial de 10 días tras la constitución del Parlament, después de haber hecho una ronda de consultas con todos los representantes de los partidos políticos.

Ha explicado que sí ha habido dos grupos que "han trasladado su voluntad de explorar las vías" para construir un acuerdo de investidura en los próximos dos meses, por lo que da comienzo este plazo hasta el 26 de agosto para que alguno de estos grupos —PSC y Junts— intente recabar apoyos.

Los diputados de Junts, ERC y la CUP han mostrado desde sus escaños imágenes de Aurora Picornell después de que el presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne (Vox), arrancase fotos de esta sindicalista balear durante un debate de una ley.

Además, en el escaño donde debería sentarse el diputado de ERC Ruben Wagensberg se ha colocado una camiseta con el lema Xàtiva renaix de les cendres, que otros diputados independentistas se han puesto en anteriores sesiones constitutivas "como gesto antirrepresivo", han explicado fuentes republicanas.

También se han colocado lazos amarillos en los escaños del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, y del exconseller Lluís Puig.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que trabajará para recabar el apoyo de ERC y Comuns con el objetivo de ser investido presidente de la Generalitat, alegando que es "la única posibilidad" que permite el resultado de las elecciones. "La única posibilidad es un pacto progresista, la única aritméticamente y políticamente viable a mi entender. Pacto progresista o repetición electoral, no hay más opciones. Así son las cosas, gusten o no", ha sostenido en su intervención en el pleno que activa la cuenta atrás de dos meses para una posible investidura.

Tras constatar haber logrado una mayoría de 42 diputados que son insuficientes para poder gobernar, ha asegurado que le toca liderar y se ha comprometido a buscar el diálogo "anteponiendo los intereses de Catalunya y el bien común". "Quiero un pacto progresista sólido, ambicioso y hecho desde el convencimiento. Un buen pacto progresista acordado entre el PSC, ERC y Comuns", ha subrayado, destacando que éste es el motivo por el que pidió al presidente del Parlament disponer de más tiempo para intentar sumar esta mayoría.

Para Illa, este pacto debe servir para generar prosperidad y distribuirla de forma equitativa, para reafirmar dichos valores en un contexto "en que los discursos de odio, de la derecha radical y la extrema derecha, se desacomplejan y ganan posiciones", para desplegar políticas públicas ambiciosas, para mejorar la financiación y para fortalecer el potencial de la cultura catalana, entre otros objetivos.

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha instado al candidato del PSC a no "deslegitimar" la aritmética parlamentaria tras las elecciones del 12 de mayo, y ha defendido que harán todo lo posible para investir a Puigdemont. En su intervención en el pleno este miércoles, ha asegurado que "el 'pressing Junts' no funciona, ni en Madrid ni aquí", y ha insistido en que el resultado de las elecciones hace posible una mayoría independentista que lidere el Govern, según él.

"La realidad es la que es, y vayan con cuidado al deslegitimarla, porque el señor Collboni no ganó las elecciones y es alcalde de Barcelona, con los votos del PP y Comuns, o el señor Pedro Sánchez no ganó las elecciones y es presidente, entre otros, gracias a los votos indispensables de Junts", ha avisado Batet.

Ha preguntado al PSC si deslegitiman los resultados de las elecciones generales o municipales: "¿O cuando es el PSC todo vale, señor Illa? Seamos serios y seamos responsables", ha reclamado Batet, que ha reivindicado que Cataluña tenga un Govern de estricta obediencia catalana, ha dicho textualmente. Ha sostenido que el próximo Govern "debería de permitir desarrollar con la máxima potencialidad el acuerdo de Bruselas" entre Junts y PSOE para la investidura de Sánchez, y ha defendido que evitar unas nuevas elecciones es una responsabilidad compartida.

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha llamado este miércoles a Junts y PSC a asumir la responsabilidad de evitar una repetición electoral y a no dar "por descontado" su apoyo a una eventual investidura de uno de sus candidatos. "No den por descontado nuestros votos sencillamente porque ustedes son independentistas como lo somos nosotros", ha dicho a los juntaires durante su intervención en el pleno que celebra el Parlament para activar la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente. A su vez, ha hecho un aviso a los socialistas: "No den tampoco por descontados nuestros votos porque ustedes se consideren de izquierdas como lo somos nosotros".

Jové ha tachado de incapacidad e irresponsabilidad el hecho de que ni Junts ni PSC no hayan presentado una candidatura: "Si hoy estamos aquí sin un candidato a la Presidencia es porque les ha faltado valentía y coraje para cambiarlo." El dirigente republicano ha exigido a ambas formaciones la responsabilidad y valentía de "postularse tantas veces como haga falta" y llegar al 26 de agosto -fecha límite para un debate de investidura- con, textualmente, el trabajo hecho y no abocar a los ciudadanos a nuevas elecciones.

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado al PSC de aplicarles un cordón sanitario, de no querer saber nada de los constitucionalistas catalanes y de seguir "alimentando el procés" independentista. En su intervenció , se ha preguntado para qué sirve votar al PSC y ha concluido que para nada, porque considera que los socialistas han "vuelto a engañar" a sus votantes con la promesa de abrir una nueva etapa en Catalunya.

Fernández ha ironizado diciendo que se ha preguntado insistentemente para qué sirve votar al PSC: "No es sencillo ponerme en este papel. Nunca he votado al PSC y solo bajo los efectos de una virulenta fiebre tropical haría tal horror", y ha añadido que si estuvieran en disposición de decidir si se tienen que repetir o no las elecciones, harían lo contrario de lo que dijese el PSC. "También les prometieron que si se votaban al PSC los separatistas se convertirían en Bambi, mimoso y zalamero. El chiste se explica solo viendo lo que está pasando", ha afirmado el dirigente popular.

Fernández ha recordado que dijo que investiría solo a quien "se comprometiera a acabar con el procés, aquí y en Madrid", y ha subrayado en que lo va a cumplir y no va a cambiar de opinión como asegura que hacen los socialistas.

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentado el "circo" en el que se ha convertido el Parlament de Cataluña de la mano de PSC, Junts y ERC y ha cargado contra el PP por el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Junts y ERC aparentemente están muy enfadados pero hace escasos días han pactado la Presidencia del Parlament de Cataluña; Junts y el PSC aparecen muy disgustados pero llevan años gobernando en Madrid y legislando semana tras semana", ha criticado en el pleno que celebra la Cámara catalana para activar la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente.

También ha reprochado que, según él, PSC y ERC dicen que no se llevan bien pero llevan tres años gobernando y pactando las políticas de Cataluña: "Rufián se ha convertido en el mejor bastón de apoyo del señor Pedro Sánchez."

Por otro lado, Garriga ha asegurado que el PP también escenifica indiferencias, pero ha acusado a los populares de "asaltar y pactar" el CGPJ para, textualmente, dar más alas al peor presidente del Gobierno de la historia. Garriga no tiene ninguna duda de que "más pronto que tarde" se impondrá una mayoría social en las urnas.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha apelado este miércoles a Illa a moverse para lograr una mayoría que le permita ser investido como presidente de la Generalitat, y cree que ello sólo puede ser posible si se configura un tripartito. En el pleno, ha considerado que el resultado de las elecciones sólo permite dibujar un posible acuerdo entre su formación, ERC y PSC o un escenario de repetición electoral, tras lo que ha pedido "no disfrazar la realidad y generar falsas expectativas", en alusión implícita a Junts.

Según Albiach, sobre Illa recae la máxima responsabilidad de intentar sumar esta mayoría para que Cataluña disponga de un Govern, por lo que ha reclamado a los socialistas que se esfuercen, se muevan y tengan una actitud "proactiva". Más allá de las discrepancias que puedan tener, se ha mostrado confiada de que pueden compartir políticas y negociar para lograr un buen acuerdo: "Aquí nadie se puede equivocar. Esto no va de cheques en blanco, de rodillo ni de tacticismos. Va de voluntad negociadora".

A su juicio, Cataluña necesita un Govern estable, con mayorías sólidas y que lleve a cabo políticas por la planificación ecológica y que afronte la crisis educativa, en materia de desigualdad y de vivienda, destacando que ésta última debe ser una prioridad en la próxima legislatura.

La líder de Aliança Catalana, diputada y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha reclamado una constitución catalana y una ley de extranjería "potente" para dar apoyo a la investidura de un candidato a la Presidencia de la Generalitat. "Nuestro modesto apoyo tiene precio, un precio alto: la constitución del estado catalán y el control estricto de sus fronteras", ha exigido durante su intervención .

Orriols ha llamado a no dejarse engañar por las apariencias y, pese a tener 2 diputados, ha dejado claro que representan a cerca de 120.000 catalanes: "Pese a las difamaciones, la censura y las sanciones de 10.0001 euros y los cordones sanitarios, ya estamos aquí", ha reivindicado.

También ha asegurado que el grupo ha entrado en la Cámara catalana para preservar la civilización: "Si esto es fascismo o extrema derecha, cojan el diccionario y arranquen la hoja, porque la descripción que hay allí no coincide en absoluto con el extraño concepto que ustedes tienen de fascismo y de extrema derecha", ha añadido.

A su vez, Rull ha avisado de que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión no ampara el discurso de odio o que incite a la discriminación o violencia y que la Cámara será "escrupulosa" a la hora de advertir a Orriols, textualmente, tantas veces como haga falta.

La Comisión Electoral de India ha confirmado que el Partido Popular de India (BJP), encabezado por el primer ministro, Narendra Modi, ha sufrido un golpe inesperado en los comicios al perder la mayoría parlamentaria, lo que le obligará a negociar con los socios de coalición a pesar de haber sido la formación política más votada, según ha recogido Europa Press.

Con todos los votos contados a primera hora del miércoles, los resultados se han distanciado de la victoria del BJP prevista en las encuestas, al hacerse con 240 escaños, según aparece en la página web del organismo electoral. Esta cifra está por debajo de los 272 necesarios para lograr una mayoría parlamentaria y materializa una pérdida de 62 escaños respecto a 2019.

Sin embargo, con sus socios de Alianza Democrática Nacional (NDA, por sus siglas en inglés) la coalición suma 292 escaños, lo que le permitirá un Gobierno en mayoría durante los próximos cinco años, consiguiendo un tercer mandato. Ya en la víspera, con resultados parciales, se declaró vencedor, calificando de "hazaña histórica" su victoria, si bien los resultados han mejorado la posición de la oposición frente a los sondeos.

Frente a NDA ha tomado protagonismo la coalición opositora de centro-izquierda Alianza Inclusiva para el Desarrollo Nacional de India (INDIA), que se ha hecho con más de 230 escaños. Esta formación política, integrada por 25 partidos, ha unido fuerzas por primera vez en estos comicios para hacer frente al primer ministro.

El principal partido de INDIA, el Congreso Nacional Indio (INC), ha obtenido 99 escaños, llegando a duplicar su resultado de 2019, cuando obtuvo 46. El Partido Socialista (SP) tendrá 37 diputados, después de que en la anterior legislatura no tuviera representación. La coalición ha sido impulsada por partidos regionales como el Congreso Trinamool (TMC) con 29 escaños o el Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) con 22.

Alrededor de 642 millones de personas participaron en las elecciones parlamentarias a lo largo de los 44 días que han durado los comicios, que concluyeron el sábado, y contó con una cifra sin precedentes de electores, entre las que hay 312 millones de mujeres.

La carta abierta a la ciudadanía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicada este miércoles donde afirma que se tomará unos días para "reflexionar" y decidir si deja el cargo, ha supuesto un terremoto político en España. Por primera vez en décadas, un presidente del Gobierno se plantea abiertamente dimitir, algo que no sucedía desde que Adolfo Suárez lo hiciera allá por el año 1981 en un mensaje grabado y emitido por televisión. La situación, por tanto, es tan inédita y novedosa que, de producirse, España se adentraría en un terreno prácticamente desconocido.

Sin embargo, y pese a no existir apenas precedentes, los pasos a dar están previstos en la Constitución, concretamente, en su artículo número 101 y son muy similares a lo que sucede cuando un Gobierno pierde las elecciones y tiene que abandonar el Palacio de La Moncloa. "El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente", dice la Carta Magna sobre una circunstancia de este tipo, por tanto, en cuanto Sánchez anunciara su dimisión, el Gobierno cesaría y pasaría a estar en funciones.

En esta coyuntura, el actual Ejecutivo perdería prácticamente todas sus facultades legislativas y solo podría actuar para cuestiones coyunturales. La Ley de Gobierno establece que, en esencia, un Ejecutivo en funciones solo debe dedicarse al despacho ordinario de los asuntos públicos o, en otras palabras, tan solo se tiene que limitar a evitar la parálisis de la Administración y de los servicios públicos. Un gobierno en funciones sí estaría capacitado para aprobar decretos-ley por motivos de "extraordinaria y urgente necesidad", pero no proyectos de ley ni, por supuesto, unos Presupuestos Generales del Estado. En resumen, se debe limitar a que no haya un vacío de poder y todo siga funcionando con normalidad.

Pero quizás, lo más relevante en este contexto es que, una vez dimitido Sánchez, el Gobierno en funciones no puede convocar elecciones generales. De querer llamar a unos nuevos comicios, el presidente del Ejecutivo tendría que hacerlo antes de dimitir, algo que es imposible porque el próximo lunes no habría pasado el año que, obligatoriamente, debe transcurrir entre una convocatoria de elecciones y la siguiente. Por este motivo, si quiere convocar nuevas elecciones, el líder socialista tendría que esperar a dimitir al 30 de mayo. En este sentido, tampoco puede proponer al rey la disolución de las Cortes Generales y, por este motivo, todo el tiempo que pase desde la dimisión de Sánchez hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, la composición del Congreso de los Diputados no podrá cambiar.

Otra de las opciones que tendría el actual presidente del Gobierno, siempre antes de llevar a cabo su dimisión, sería proponer a la Cámara Baja una cuestión de confianza. Esta figura, recogida también en la Constitución, sería algo parecido a una investidura 2.0, donde Sánchez se sometería a un debate y a una posterior votación donde el Congreso tendría que decidir si mantiene o no su apoyo al Ejecutivo que preside. Para superar la cuestión de confianza, Sánchez necesitaría una mayoría simple, es decir, obtener más 'síes' que 'noes', sin embargo, de perderla, la Constitución prevé que el presidente está obligado a dimitir. Así lo especifica la Carta Magna: "Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99". Si se lleva a cabo sería la primera vez en la historia democrática que se usa la cuestión de confianza, que, por otra parte, es una figura puramente simbólica.

Una vez descartada la convocatoria electoral, y si Sánchez no opta por realizar la cuestión de confianza y dimite directamente, se activaría inmediatamente el artículo 99 de la Constitución. En él se recoge la ronda de contactos que debe llevar a cabo el rey con todos los representantes de los partidos políticos con el objetivo de proponer a un candidato para una nueva investidura.

La cuestión importante es que la Constitución no prevé ningún tipo de plazo para estas consultas por lo que podrían demorarse sine die. Una vez realizadas, el rey, al igual que hace después de unas elecciones generales, debería proponer a un candidato. Este no tendría que ser necesariamente un diputado y podría incluso optar por alguien extraparlamentario o sin relación con la política. Por ejemplo, una de las posibilidades sería recurrir a un perfil más técnico que gozara del apoyo de los diferentes partidos. Sea quien sea, el candidato debe presentarse a una sesión de investidura, donde tendrá que conseguir o mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda para lograr ser elegido.

De no conseguir la confianza de la Cámara en ninguna de las dos votaciones, se abriría un plazo máximo de dos meses en el que, de no lograr la investidura de ningún candidato, Felipe VI podría disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Sin embargo, si el candidato o la candidata lograra ser investida, tendría dos opciones: la primera, formar su propio Ejecutivo nombrando nuevos ministros y gobernar con la actual composición del Congreso de los Diputados o bien, la segunda, podría convocar elecciones generales.

Uno tras otro, los ladrillos con los que Alberto Núñez Feijóo había construido su discurso de supuesta firmeza frente al independentismo, el mismo que según él le costó el acceso a la Moncloa, han terminado por derrumbarse. Después de meses defendiendo “la igualdad de todos los españoles”, un error de cálculo ha terminado por destapar que el argumentario feroz del PP en contra de cualquier solución política al conflicto en Cataluña no era otra cosa que una estrategia para impedir la formación de Gobierno y, una vez consumada la investidura de Pedro Sánchez, para torpedear la legislatura y forzar una repetición electoral.

Nada era lo que parecía. Después de meses echando en cara al PSOE su cambio de opinión sobre la amnistía (los socialistas pasaron de rechazarla a apoyarla, siempre que se tramitara en términos constitucionales), el propio Feijóo ha confesado que él mismo consideró durante 24 horas la posibilidad de acordar la misma medida de gracia que le pedía Carles Puigdemont como condición para apoyar su investidura. Y que no fue hasta pasado ese plazo cuando, con ayuda de los juristas consultados por el partido, llegó a la conclusión de que la amnistía era ilegal, confirmando implícitamente que hasta entonces tampoco él sabía que el perdón era contrario al ordenamiento jurídico.

Tampoco era verdad que el PP estuviese en contra de buscar una solución política al conflicto en Cataluña, a pesar de que el principal partido de la oposición lleva medio año organizando una ofensiva en toda regla para desbaratar cualquier iniciativa que trate de desjudicializar las consecuencias del procés. Durante este tiempo, Feijóo y los suyos, con el respaldo de Vox, de la derecha judicial y de la prensa afín, han impulsado manifestaciones multitudinarias por toda España defendiendo que la única solución válida a este problema pasa por el procesamiento, la condena y el cumplimiento íntegro de las penas por parte de quienes los jueces acaben considerando culpables de haber actuado, en mayor o menor medida, en favor de la proclamación unilateral de independencia o de cualquier actividad relacionada con ella.

En realidad, y en contra de lo que decía en público, el propio Feijóo ha revelado estar a favor de un plan de “reconciliación” para Cataluña. Y de la aprobación de indultos condicionados que suspendan las condenas a las que puedan ser sentenciados Carles Puigdemont y los demás ciudadanos pendientes de juicio, siempre y cuando unos y otros muestren su arrepentimiento y se comprometan a no volver a contravenir las leyes.

Y no solo eso. Primero, el PP llegó a plantear un proyecto de ley para ilegalizar a los partidos independentistas, en la estela del ideario de la extrema derecha de Vox. Después, defendió la idea de que Puigdemont y determinados actores independentistas cometieron actos de terrorismo, en particular en 2018, coincidiendo con las disturbios que tuvieron lugar tras conocerse la sentencia del procés. Pero ahora sabemos que en realidad cree que la acusación de haber cometido actos de violencia organizada tiene escaso fundamento y muy pocas posibilidades de motivar condena alguna. Y eso que en público Feijóo y sus portavoces han defendido todo lo contrario en España y en las instituciones europeas con el objetivo de que Bruselas se convenza de ello y acabe impidiendo la entrada en vigor de la amnistía.

El intento de llegar a acuerdos con Junts para buscar la investidura —una ecuación imposible, porque los independentistas y los extremistas de Vox se consideran mutuamente incompatibles para hacer presidente a Feijóo— tiene que ver con el sueño del actual líder del PP de reconstruir puentes con quienes hace años, cuando ese espacio político lo ocupaba Convergència, fueron sus socios en el Congreso.

Es una referencia que Feijóo ha reivindicado en numerosas ocasiones y que el PP llegó a poner encima de la mesa el pasado mes de agosto cuando Esteban González Pons, vicesecretario de Política Institucional del partido, justificó los contactos con Junts apelando a que sus siete diputados, “más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

En medio del charco que ha supuesto la revelación de que detrás de la aparente dureza contra Junts y Puigdemont se ocultaba una estrategia definida para llegar, por otra vía, al mismo escenario que el PSOE, Sumar y la mayoría absoluta del Congreso están impulsando para normalizar la vida política en Cataluña, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, reveló este martes que también los republicanos fueron contactados por el PP cuando Feijóo buscaba apoyos para su investidura.

Génova intentó desmentirlo tajantemente, remarcando que “nunca hubo conversaciones o negociaciones con ERC en el marco de la investidura”, algo que Esquerra tampoco ha dicho. Eso sí, el PP admite que uno de sus diputados, Carlos Floriano, llegó a pedirle a una parlamentaria republicana que dejasen “gobernar a la lista más votada”. Pero “de manera informal y coloquial”, subrayan, y sin seguir instrucciones de la dirección del partido, aunque no hay constancia de que Génova se lo reprochase en ningún momento. Lo que sí se sabe es que el PP sí buscó reunirse con ERC en agosto para pedir su apoyo a la investidura de Feijóo, pero los republicanos lo rechazaron.

Las revelaciones sobre Junts y Esquerra se suman a las ya conocidas en relación con el PNV, una formación a la que Feijóo trató de atraer repetidamente pese a la conocida oposición de los nacionalistas vascos a llegar a ningún acuerdo con el PP mientras mantenga pactos con Vox.

El líder del PP, que durante años, cuando presidía Galicia, presumió de su buena relación con el lehendakari Iñigo Urkullu, llegó a tentar al PNV, además de con transferencias pendientes y cuantiosas inversiones económicas, con la posibilidad de nombrar un ministro de su gobierno. Una oferta que no supimos hasta muchos meses después y que los nacionalistas vascos rechazaron sin titubear.

Entonces fue su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quien amagó con revelar los cantos de sirena que llegaban desde el PP. “Algún día contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses”, anunció desde la tribuna del salón de plenos. Una expresión que recuerda a la utilizada el jueves por Carles Puigdemont en una carta dirigida a los eurodiputados de Estrasburgo: “Si mi partido hubiera permitido la investidura de Feijóo, o hubiera impedido la de Sánchez, todos estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de esto también hablaremos cuando toque. Como en la ‘trama rusa’, todo se sabrá”, señaló crípticamente. 

Como telón de fondo de los recados que Feijóo dirige a Junts y al PNV en secreto mientras dispara en público contra ellos, está el deseo del líder del PP de armar una mayoría contra el Gobierno con la ayuda de ambas formaciones, especialmente en materia económica. Su objetivo no solo es que le ayuden a tumbar algunos proyectos del Ejecutivo. En Génova no están en eso, pero no descartan buscar el respaldo del independentismo para realizar una moción de censura contra Sánchez en algún momento de la legislatura.

La única línea roja que aparentemente el PP sigue manteniendo es la de no hablar con EH Bildu. Aunque ya se sabe que en todo hay excepciones. El pasado noviembre, mientras Feijóo acusaba a Sánchez de mantener pactos “encapuchados” con los abertzales, el PP alcanzaba cuatro acuerdos con EH Bildu y también con la coalición Elkarrekin (Podemos, IU, Equo y Alianza Verde) en las Juntas Generales de Álava, el Parlamento foral provincial. Tres transacciones en materia de atención sanitaria rural, prevención del suicidio y servicios sociales.

La estrategia que Feijóo defiende en secreto en relación con el independentismo y que su equipo más próximo y él mismo dieron a conocer el sábado en medio de la campaña de las elecciones gallegas, ha destrozado el discurso oficial de los últimos meses y ha sumido a los barones del PP en el más profundo de los desconciertos. Especialmente al ala más dura, encabezada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Todos, los más comprensivos con Feijóo y los que son sus adversarios internos, han cerrado filas para no empeorar las cosas en una convocatoria electoral que, según las encuestas, se va a jugar en un puñado de votos. Unos y otros, en particular los más radicales, han aplazado pedir explicaciones al presidente del partido hasta después de las elecciones. Si el PP sale bien parado y conserva el Gobierno de la Xunta, Feijóo sobrevivirá, según fuentes del partido. En caso contrario, nadie duda de que tendrá que hacer frente a duras críticas internas que pueden poner en peligro la continuidad de su liderazgo.

A su favor tiene el calendario electoral: hay elecciones europeas en junio y parlamentarias vascas en algún momento a lo largo de los próximos meses. Ni siquiera quienes se mantienen a la espera de un tropiezo de Feijóo para disputarle la presidencia del PP creen tener margen suficiente para llevar a cabo un relevo con éxito hasta después de las europeas y las vascas.

Entretanto, Feijóo utiliza sus mítines de campaña para tratar de reconstruir la credibilidad perdida. Desde el domingo, en todos sus actos, intenta convencer a quien quiera escucharle que él está en contra de la amnistía y de los indultos. Y que la hoja de ruta oculta de su partido, que se dio a conocer el sábado siguiendo sus propias instrucciones, es en realidad un “bulo” creado por el PSOE y por Sumar.

Cómo va a saber Melchor si el libro de Pedro Sánchez se lo está dejando a Cayetana Álvarez de Toledo o a Yolanda Díaz, cuando el zapato que van colocar en la terraza la noche del día 5 de enero es exactamente igual. Unos stilettos de vértigo, que podrían ser de Mango, pero tienen más pinta de Jimmy Choo o Prada.

Igual de canutas las pasará Baltasar con Sánchez y Feijóo, y es que sus zapatos también se confunden. Tanto el presidente como el líder del PP comparten su querencia por los Oxford negros de piel de becerro con los cordones ciñéndolos al empeine. No hay nada que hermane más a los políticos que un par de zapatos. Si se mirasen más a los pies, dirían ‘Anda, pero si lleva los mismos que yo’ y entenderían que el exabrupto de turno es fruto de que le roza el meñique igual que a él en ese momento. Eso pudo ser lo que le pasó a Felipe VI en la jura del nuevo presidente. La interpretación del ceño fruncido quizá se debía a que los mocasines con borla le estaban matando, y así es muy difícil sonreír.

Los que son muy aficionados a borlas y hebilla doble son los de Vox, que cuando posan juntos parecen un catálogo de Scalpers. Solo con que cambiaran los mocasines de la marca pija española por unos de Dr Martens con calcetines blancos, se convertirían en modernos woke. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Pero para qué van a querer ser modernos si exprimir el pasado les renta más. 

Qué tortura no le estarían provocando a Ortega Smith sus castellanos como para que se le fuera la mano con Fernández Rubiño en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. El dolor de pies continuo agria el carácter. Si le sumas la frustración por levantarte todos los días con el pie izquierdo siendo de un partido de ultraderecha, normal que ande cabreado por el mundo. 

Ahora que el fetichismo de pies se ha vuelto viral entre los más jóvenes en TikTok y la podofilia triunfa en Only Fans y desborda en wikiFeet, la imaginación vuela hacia cómo serán los pies maltratados del poder y por qué hay que calzarse modelos masoquistas según se escalan puestos, cuando las tendencias apuestan por los wrong shoes o zapatos políticamente incorrectos, como las chanclas de Jeniffer Lawrence vestida de Dior bajando las escaleras del festival de Cannes. 

La moda del poder nunca fue tan cómoda como ahora. Pero los políticos, proclives a avanzar más despacio que la sociedad, no se han parado a observar a Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, con sus sandalias tipo birkenstock ya sea verano o invierno —con calcetines calentitos de lana—. Le sobra poder como para no tener que subirse a unos andamios.

Acaba de arrancar la XV Legislatura, y si te asomas por una de las dos tribunas de prensa, que tienen vista cenital sobre la bancada socialista y la popular, se te encoge el corazón del sacrificio que hacen algunos y algunas. Sánchez suele sentarse con la pierna izquierda cruzada sobre la derecha, asomando el pinrel por la escalera lateral, con el cuero tan lustrado que hay que ponerse gafas de sol para observar los calcetines de topos rojos sin deslumbrarse. ‘Con lo a gusto que voy yo’, pensará Oskar Matute, de Bildu, que suele llevar el típico calzado eco de cordones burdeos, cuando al bajar los peldaños se topa con la extremidad presidencial.

“¿Desde cuándo tienen que ser cómodos los zapatos?”, me dice un diputado popular al percatarse de que estoy en el pasillo mirando a los pies en lugar de a la cara de los que entran y salen del hemiciclo. Debe tener algo de razón porque ni tan siquiera Irene Montero fue capaz de escapar a la dictadura de los zapatos de salón de 8 o 10 cm. 

Las que se están quitando son Margarita Robles y Ana Pastor, ambas de la misma quinta, que prefieren el tacón medio y ancho. A la que menos le ha durado el tacón de aguja es a Marta Lois. Comenzó la sesión de investidura con taconazos y por la tarde ya se los había cambiado por unos Mary Jane, que son tendencia a la par que llevaderos. Ahora que va a estar de campaña en Galicia, rescatará sus Converse para hacer kilómetros. 

Las razones por las que se asocian centímetros y edad son inversamente proporcionales, según sumas años disminuye la altura y en el caso de ellos, se ensanchan sin complejos. “Los zapatos de descanso van a acabar con el estilo en el Congreso” comenta otro diputado de derechas al paso de dos compañeras de bancada de más de 50, seguidas por José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital, tan contentos de gozar de una pisada amortiguada. Los Skechers, con su elástico a ambos lados del empeine, tienen club de fans entre los que se han dado cuenta de que comprimir los pies no logra que seas más respetado ni ganes en autoridad. Angela Merkel fue el mejor ejemplo del comfort shoe. 

Queridos políticos, ya que no os habéis portado tan bien este año, al menos tened consideración con los Reyes Magos y ponedles un zapato que os represente, en lugar del que usáis para disfrazaros. 

Discutimos respecto a la independencia de los tres poderes del Estado en España, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El intento de invadir las funciones de un poder por parte de otro es reprobable, la interconexión es obligada. Los tres están conectados y tienen influencia directa en sus actuaciones. Ahora todo se mezcla: jueces contra la amnistía, lawfare, García-Castellón, CGPJ, el súperministerio de Bolaños, etc. La polémica parece intencionadamente desvirtuada desde su origen. Estamos ante un claro intento de menospreciar el relevante papel de la soberanía popular en nuestra democracia.

El artículo 1 de la Constitución, que algunos quieren ver amenazada hasta el límite del absurdo, no puede decirlo más claro: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Todos los poderes del Estado dependen de los ciudadanos. Todos. La democracia tiene como base algo tan simple y fácilmente entendible como que ningún poder tiene autonomía propia, desconectada de la voluntad popular. 

El Poder Legislativo es la más pura muestra de la soberanía popular. Elegimos directamente a los diputados y diputadas que deseamos que nos representen. Cada vez que alguien descalifica a los políticos por desarrollar su trabajo está descalificándose a sí mismo, ya que él los ha elegido, y, además, está debilitando voluntaria o inconscientemente la columna vertebral de nuestra vida democrática.

El actual Gobierno ha salido legítimamente de las urnas. Cuenta con el apoyo de 179 diputados y diputadas que han sido directamente elegidos por más de 12,6 millones de electores. Decir que el presidente, un ministro o un grupo parlamentario toman decisiones pensando únicamente en sus intereses personales es absurdo. Son los representantes de millones de españoles. Es lógico que les interese detentar el poder. Para eso, precisamente, se les ha elegido.

Evidentemente, Feijóo no representa más al pueblo español que Sánchez. Cualitativamente, ambos tienen el mismo origen como diputados electos. Cuantitativamente, el peso de Sánchez es mayor al haber conseguido en su investidura reunir a 1,6 millones más de españoles que Feijóo. Criticar a Pedro Sánchez por una supuesta ambición desmedida implica negarse a reconocer su obligación de cumplir el encargo que le ha hecho la mayor parte de los electores ¿Qué sentido tiene que un líder renuncie a ejercer el poder tras conseguir el apoyo mayoritario de los ciudadanos?

El Poder Ejecutivo tiene una clara dependencia de la soberanía popular. El presidente es elegido directamente por el Poder Legislativo, los diputados y diputadas, es decir por aquellos a quienes los españoles han designado para que ejerzan esa función. Incluso, el presidente está sometido a juicio permanente por el Poder Legislativo, para impedir que se aparte de la voluntad generalizada de la ciudadanía. A través de una moción de censura, si existe una mayoría de españoles que quiera cesar a su presidente, puede hacerlo si considera que está haciendo mal su trabajo o incumpliendo el encargo que se le ha asignado. Rajoy puede atestiguarlo.

Es sorprendente que la campaña de la derecha se centre en acusar a Pedro Sánchez de gobernar de forma dictatorial. No cabe disparate mayor. El “autócrata”, como a veces le llaman, es el presidente que acumula menos poder de la historia democrática en España. Nadie ha gobernado con menos diputados de su propio partido como respaldo. Para alcanzar la necesaria mayoría parlamentaria, ha necesitado pactar con otras siete formaciones políticas. Todo lo que quiera hacer lo tendrá que llevar a cabo mediante negociaciones y pactos. Dispone de menos capacidad real para imponer su propio criterio que cualquier otro presidente anterior.

Además, hay que recordar que el poder ejecutivo tiene muy limitadas sus acciones sin el respaldo de la soberanía popular. Por mucho que Sánchez y Puigdemont desearan cerrar un acuerdo de investidura a cambio de amnistía, sólo pueden llevarlo adelante si cuentan con el apoyo explícito y público de más de 175 representantes de los españoles. No son 7 votos. La oposición se niega a mostrar esta realidad. Prefiere difundir la idea de que el Poder Ejecutivo actúa a espaldas de los españoles. Por el contrario, la derecha política sí que se atribuye la representación popular, incluso más allá de lo que le corresponde por los votos que obtuvo. De hecho, se indignan cuando les recuerdan que sólo representan a una porción minoritaria de la España actual.

La perversión lingüística malintencionada puede conducirnos a graves equívocos. Poca gente admitiría como buena la idea de que el Poder Judicial esté sometido al poder político. Ahora bien, nadie puede estar en contra de que el Poder Judicial esté sometido en una democracia a la soberanía popular. El Poder Judicial debe tener plena independencia para aplicar unas leyes que no elabora y que se deciden desde el poder político. El Poder Judicial cobra sentido en una democracia si juzga con independencia, pero, en todo momento, limitándose a cumplir disciplinadamente una legislación que cuente con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, expresada a través de sus representantes políticos. 

La soberanía nacional reside en el pueblo español y de él emanan los poderes del Estado. También el Poder Judicial. Un sistema de gobierno de los jueces sin dependencia alguna de la soberanía popular sólo sería admisible si así lo desearan los propios ciudadanos. Y no es el caso. El actual modelo de gobierno de los jueces fue impuesto por el PP cuando contaban con un apoyo social mayoritario en 2013, con Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. Si el PP quiere cambiar otra vez el sistema de elección de los jueces, que ellos mismos impulsaron, puede promoverlo siempre y cuando tenga el mandato del pueblo para hacerlo. Es decir, cuando vuelva a tener una mayoría parlamentaria que le respalde. Nada sería menos democrático que el Poder Judicial se autorregulara por encima de la soberanía popular. No se trata de un colegio profesional, de una asociación gremial o de un club de vacaciones.

La iniciativa de agrupar en un solo ministerio la coordinación de las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial adquiere especial importancia en mitad de esta interesada intentona de deslegitimar la dependencia directa de todo poder de la soberanía popular. Félix Bolaños tiene como una de sus principales funciones la de hacer una importante tarea divulgativa que permita entender a todos que los poderes deben trabajar con independencia, pero no son autónomos, sino que están entrelazados y tienen obligadas interdependencias.

La oposición trata de extender la falsa amenaza del intento del Poder Ejecutivo de usurpar el Poder Judicial. El planteamiento es absurdo. No sería viable. No es posible. Lo que sí que les corresponde a los poderes ejecutivo y judicial es aplicar lo que decida la mayoría popular en el lugar donde corresponde, el Congreso de los Diputados. Allí debe decidirse si una amnistía es conveniente o no en la España de hoy o promover la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que quienes usurpan el organismo llevan cinco años impidiendo. En resumidas cuentas, tal y como decía Baltasar Garzón en infoLibre este fin de semana: “En el CGPJ, el PP quiere cambiar el sistema que da el poder al Parlamento, depositario de la soberanía popular”.

Tras su trascendental victoria en el Palacio de las Cortes, el presidente Sánchez –providencial caudillo de nuestra nación– continúa avanzando, implacable, por la gloriosa senda del socialismo. Veintidós ministros, veintidós, desfilaron por los jardines de la Moncloa. Un comando de ujieres se ocupó de pastorearlos y adocenarlos en toriles: el paseíllo con maletín quedó de rechupete.

Los ministros pueden clasificarse en a) pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, l) etcétera), e) que acaban de romper un jarrón, n) que de lejos parecen mocas. Tras recibir la nómina con las nuevas carteras, el Comité de Exégesis y Silogismos de infoLibre se ha reunido para intentar clarificar el follón competencial. Usando ecuaciones complicadísimas y con el auxilio de innumerables tratados escolásticos, nuestros expertos han logrado distinguir, al fin, la Economía normal de la Social, que nada tiene que ver con el Comercio, ni con la Empresa ni la Industria, patrimonio de otro ministerio –que se ocupa del Turismo, pero no de la Transición Ecológica, dependiente de la vicepresidenta tercera, quien tendrá que coordinarse con el gerifalte de Transportes y Movilidad Sostenible en caso de querer tocar algún tubo de escape–. El de Reto Demográfico (sic) no se habla con el de Política Territorial y los Derechos Sociales están a quince ministerios de la ya mencionada Economía Social; ninguno conoce a quien lleva Agenda Urbana, pero quedarán en casa de la de Juventud e Infancia, que parece buena tipa.

Todo clarinete, ¿verdad? Solo queda abrocharse el cinturón y disfrutar del viaje. Para tranquilizar a las gentes sencillas y prudentes, la ministra de Vivienda ha prometido defender a los honrados propietarios de segundas viviendas de las acechanzas del Maligno, los piratas de Mozambique y la aluminosis. El pensionista rentista está más protegido que el lince ibérico. También ha comparecido el ministro de Cultura, que es un economista que ejerce de diplomático, para informarnos de que "la cultura es el aire que respiramos" y no se qué de frenar a la ultraderecha y combatir la censura. ¿Los trabajadores de la industria cultural? Esa gente no come, ¡son quimeras! ¡Los ángeles no tienen gastos! ¡Hacen lo que les gusta!

Pero no todo es felicidad en el nuevo gabinete. Dos espectros vagan por los desiertos pasillos de Igualdad y donde sea que trabajase Ione Belarra. «Nos echan», han dicho. «No puede haber progreso sin nosotras». ¡Me enfado y no respiro! Los canales propagandísticos comandados por el amadísimo señor don Pablo han difundido un embuste asqueroso y cínico: laminan a su secretaria general por su afición al pañuelo palestino. Fuentes bien informadas aseguran a este periódico que Canal Red prepara una docuserie que explicará cómo el verdadero damnificado de los bombardeos en Gaza es el mismísimo Podemos. Sánchez, en otro esfuerzo ninguneador, se ha plantado en Jerusalén para cantarle las cuarenta al cabrón de Netanyahu. Cuánta maldad, caramba.

Esta derecha ridícula e irracional  antes, durante y después de la sesión de investidura que argumenta sus discrepancias con irracionalidades, falacias cargadas de un talante antidemocrático  y de odio y crispación, alentando algunos de sus dirigentes a la ciudadanía a volver a épocas pasadas dictatoriales y permitiendo con su silencio o empujando a que se realicen actos punibles y que deben ser condenados y castigados pues quieran o no quieran existen leyes que no permiten esas acciones .

Es kafkiano ver cómo toda una presidenta de una comunidad autónoma insulta al presidente del Gobierno y después, de forma ridícula, riéndose de los valores propios de la democracia, se ríe descarada y cínicamente de la ciudadanía en sus propias narices justificando, cuando ya no tiene excusas, que "se lo merece". Es kafkiano observar cómo el jefe de la oposición se acerca al ganador de la investidura y nuevo presidente del Gobierno y, en vez de felicitarlo, hace el ridículo más antidemocrático y le amenaza y culpabiliza de que la democracia exista. Son de un ridículo antidemocrático las protestas de asociaciones empresariales, judiciales y la iglesia a la ley de amnistiá reconociendo que no la han leído pero que “seguro” que quita igualdad y libertad.

Es preocupante y demuestra el grave ridículo antidemocrático que hacen cientos de manifestantes que, utilizando de forma irracional su derecho a manifestarse y su derecho a la libertad de expresión, critican a un gobierno elegido democráticamente indicando que es una dictadura a la vez que enarbolan signos franquistas, cantos de la dictadura genocida y proclaman vivas y rezan con rosarios por una España nacionalcatólica y fascista, levantando la mano al estilo del nazismo. Y si eso fuera poco, más ridículo antidemocrático son los comunicados de algunas asociaciones militares y de la guardia civil que incitan al golpismo y a fusilar a sus contrarios  para llenar nuevamente las cunetas. Y lo peor es que estas proclamas son aplaudidas de manera directa por algunos partidos, que deberían ser ilegalizados, y con el silencio de unos dirigentes, de manera directa o indirecta, del partido mayoritario de la oposición.

Es ridículo hablar de golpe de Estado cuando se ha elegido democráticamente y decir que se busca libertad atacando todos los principios de los valores democráticos y atacando las sedes de aquellos partidos que son contrarios a su dictadura y a los miembros y familiares de todos aquellos que han votado a favor de continuar con la democracia y sus valores, como se reafirmó en el lugar de la soberanía nacional: las Cortes, con los 179 votos a favor. Por desgracia estamos observando cómo se está destruyendo la democracia, cómo se mira hacia otro lado sobre su destrucción no dando la verdadera importancia a la exaltación de los símbolos franquistas, al aumento del fascismo y nazismo, a cómo se destruye y ataca los valores democráticos, cómo se irracionaliza una ley de amnistiá que aún no se ha aprobado ni discutido en las Cortes y, lo  peor, cómo la institución más representativa de nuestro país, ante el ataque tan grave a la democracia y a su convivencia no dice nada, ni responde como hizo en octubre del 2017.

Pero no solo es la derecha más antidemocrática la que hace el ridículo; por desgracia, algún dirigente de izquierda, con su soberbia y egolatría pretende imponer su criterio irracional de que no hay cambio si no están ellos gobernando. Cierto es que algunos de estos dirigentes han sido vapuleados irracionalmente y no se les ha agradecido lo mucho que han hecho, pero, cuando se ve que la ciudadanía de izquierda quiere unión, intentar dividir, solo por mantener un ego y un estatus político y más cuando estos dirigentes con sus posicionamientos están disgregando y partiendo la unidad de la izquierda y la de sus mismos militantes y simpatizantes, roza su empecinamiento el ridículo antidemocrático por las formas y el momento tan grave que la democracia está viviendo con el resurgir del fascismo del PP y Vox y otros partidos y que lo que se necesita en estos momentos es la cordura y la unión, y no que se dé prioridad al egolatrismo. 

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Ximo Estal es socio de infoLibre .

La tribuna del Congreso. Bancadas llenas de gente invitada a la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Abajo desfilan diputados y diputadas. Cada cual a lo suyo. Voces que suenan como truenos en días de tormenta. Rayos y centellas, como se decía en los tebeos de cuando yo era un crío. Dónde el remolino embriagador de la palabra, la belleza de una frase que de repente nos cambia la percepción del mundo, lo que de hermoso tiene un diálogo que no suene a que se han puesto en marcha los tambores de guerra. Y de repente surge una de esas voces aguerridas. Pero no a lo bestia, muy bajito. Como cuando mi amigo Calero le ponía la sordina a la trompeta en la Banda Democrática de Pedralba, el pueblo valenciano del líder anarquista Narciso Poeymirau. Algún día habrá de homenajear ese pueblo la memoria del Tío Narciso. Algún día. No lo sé. La buena memoria brilla demasiadas veces por su ausencia. No pierdo el hilo. La voz que se escucha en la tribuna surge como en un susurro, como si le hubieran puesto la sordina en la embocadura para aliviar toda estridencia, apenas se escucha entre tantos rayos y centellas. La mujer mueve los labios. Y las cámaras desvelan lo que dice: “Qué hijo de puta”. Ahí queda para la historia de la infamia, una vez más, Isabel Díaz Ayuso. Una vez más esa mujer con sus palabras que alientan lo peor de lo humano. “La respiración del lenguaje establece / la sucesión de miserables / morales”, escribe Juan Gelman en un poema.

Luego vino lo peor. La burla. Que piensen que somos tontos del culo. Que todo les vale para que este país sea, porque a ella y los suyos les dé la real gana, una auténtica vergüenza. Y se quedan tan panchos cuando desde la cobardía han de dar una explicación. La presidenta madrileña, en la ridícula versión de sus servicios de prensa y propaganda, dijo una tontería gastronómica: “me gusta la fruta”. La rima perfecta. Como si el insulto, la carcoma que asuela la palabra, fuera lo mismo que un poema. Puta y fruta. La rima perfecta. Allí, en la tribuna, la mujer que a veces nos parece que flojea algo del entendimiento en su bochornosa simpleza. Y lo peor, cuando ella misma justificó el insulto: el candidato a ser investido presidente se había metido con su hermano. El timo de las mascarillas. La gente se moría y su hermano y un colega hacían el agosto comprando y vendiendo mascarillas por un tubo cuando la pandemia. Mientras tanto, el protocolo de la vergüenza bajo sus órdenes sanitarias: miles de muertes en las residencias de mayores. Carne de covid y de abandono inhumano para alimentar el delirio de una mujer que parece vivir en el delirio permanente. Puta y fruta. No son lo mismo. Claro que no. De nada le sirvió poner la sordina al exabrupto. La palabra, en el sitio donde gracias a ella ha de crecer la democracia, convertida en una tachadura que deja sin nobleza al sitio y la palabra.

Y después de los rayos y centellas en los asientos del Congreso, salimos a la calle. La han tomado los gritos, las banderas rojigualdas con un agujero de negrura, la horda que declara la guerra a la propia democracia. Lleva semanas la calle ocupada por quienes llaman dictadura a lo que ahora vivimos y sin embargo se sienten a gusto aplaudiendo sin rubor la dictadura franquista, una de las más crueles de la historia contemporánea. No se manifiestan contra la amnistía, sino contra una democracia cuyas reglas no les han permitido formar gobierno a la derecha y la extrema derecha. Cada vez más son una misma cosa la derecha y la extrema derecha. Casi nada las diferencia: Núñez Feijóo, Abascal, Díaz Ayuso… Rayos y centellas en el Congreso. Rayos y centellas en las calles que se mueven como si desde el subsuelo empujaran hacia arriba las ratas que salían en La venganza, uno de los más estremecedores relatos de Jean Ray, el maestro del horror en la literatura. Y al mismo tiempo, como un brazo añadido a los que enarbolan las banderas, unos guardias civiles que darían hasta la última gota de su sangre para defender la unidad de España. Y un rato después, sale medio centenar de altos cargos militares en la reserva para exigir al Ejército que destituya a Pedro Sánchez y convoque nuevas elecciones. Ya no guardan las formas. Ni eso guardan. Un golpe de Estado, proclaman en su manifiesto dado a conocer por infoLibre. Como si en vez de en el siglo XXI estuviésemos en los años treinta del pasado siglo. 

No van a parar de ocupar las calles, dijo Núñez Feijóo. Cada vez con más violencia. Lo estamos viendo todos los días. Agreden a periodistas que están ahí haciendo su trabajo. Señalan a personas de izquierdas para convertirlas en blanco de su ira. Las manifestaciones son legítimas, claro que lo son. Pero la violencia las convierte en otra cosa bien distinta. Para quienes se manifiestan con esa violencia lo que se vive en España es una guerra. Hasta amplios sectores oficiales de la Iglesia bendicen ese levantamiento con hechuras fascistas, nazis en algunos de los símbolos exhibidos sin reparos de ninguna clase. Y un buen número de jueces hacen lo mismo. Todo vale para el salvamento de la Patria. Los viejos lenguajes. El regreso a los tiempos del miedo. Nunca los abandonaron, ni el lenguaje ni esos tiempos. Curas, jueces, militares, empresarios… Todos a una en su guerra para salvarnos del abismo en que España se deshace sin remedio. No sé si algunos de esos salvapatrias habrán leído el Quijote. Seguramente sí: “ésta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra”, le dice “el valeroso don Quijote” a Sancho Panza en su lucha contra unos gigantes que Sancho no veía por ninguna parte. Para rendir hondo servicio a Dios y a la Patria salen a la calle los nuevos y viejos fascismos: que la historia regrese a los tiempos más crueles de la infamia. 

El susurro que rimaba el insulto como un falso poema en la bancada invitada del Congreso se hace carne en las algaradas callejeras del PP y Vox para que la democracia quede en agua de borrajas. Serán años difíciles para el Gobierno progresista y buena parte de la ciudadanía. Muy difíciles. Pero si a algo estamos acostumbrados en la izquierda es a vivir en lo difícil. Y no les será fácil, a los facciosos de nuevo y viejo cuño, “fusilar” a tantos “hijos de puta” como exigían otros altos cargos militares hace unos meses. ¿O tendría que haber escrito “a tantos de los que nos gusta la fruta”? Plantar cara al fascismo con la democracia por bandera, en la playa más cercana y el horizonte que se apunta por encima de los rayos y centellas, en lo cotidiano más próximo y en lo más decente de la política, en la dignidad de una memoria insobornable para que quienes nos enseñaron a ser lo que somos no se avergüencen de lo que hacemos con lo que nos dejaron en herencia. Ahí nos van a encontrar los del odio permanente. Los de la guerra. Los salvadores de una Patria que sólo existe en sus cabezas enloquecidas. Los de siempre.

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro es Maquis (Edición 25 aniversario en Piel de Zapa).

 Una tarta partida en raciones desiguales. Más de un cuarto para Cataluña, un cuarto para el País Vasco, un octavo para Canarias y Galicia, otro octavo para España en conjunto y unas migajas para Soria. Así interpreta el “pastel de los presupuestos” el partido Soria ¡Ya! tras los acuerdos de investidura del presidente Pedro Sánchez. En una imagen para redes, el partido sentencia: “Para Soria: ajo y agua”. Un sentimiento de agravio que formaciones y ciudadanos de la España despoblada han expresado estos días con menos altavoz que las protestas contra la ley de amnistía.

“Todo el debate sobre la amnistía no hace más que ocultar los acuerdos en temas económicos, con los que tenemos una discrepancia total, porque conllevan el riesgo de acrecentar las diferencias entre territorios muy desarrollados y otros a su servicio”, indica a infoLibre Tomás Guitarte, que ocupó la pasada legislatura el primer y único escaño del movimiento de la España Vaciada en el Congreso, con Teruel Existe. “Surgimos para evidenciar que había un problema estructural profundo al que no se le había prestado atención a propósito. En cuanto ha sido necesario por una cuestión de investidura, se olvida todo eso, pasa a un cuarto plano y volvemos al esquema de España de siempre: los que no quieren ser España son los que se llevan más tajada de España”, afirma el ahora diputado en las Cortes de Aragón.

Soria ¡Ya! quiso emular en las elecciones del 23 de julio el éxito de Teruel Existe, pero las dos formaciones, las de mayor trayectoria y éxito de la plataforma España Vaciada, se quedaron fueran de la Cámara Baja. “Con muy pocos votos, en otros territorios, se consiguen cosas muy interesantes, como el Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria. Con muy pocos votos se pueden conseguir muchas cosas, y nosotros hemos perdido esa oportunidad”, admite Ángel Ceña, candidato del partido soriano a las generales y su portavoz en las Cortes de Castilla y León. “La campaña se radicalizó entre el ‘derogar el sanchismo’ y ‘el ojo que viene Vox’, y esa polarización nos perjudicó”, analiza.

Los partidos de la España Vaciada aseguran que lo suyo no es un “qué hay de lo mío”. “El 70% del territorio de España está despoblado, quizás nosotros tengamos un proyecto nacional de país muy superior a los partidos nacionales, que están volcando su proyecto de país en las zonas más desarrolladas de las costas este y sur, el País Vasco y Madrid”, argumenta Ceña. Y precisa: “Los intereses de esa España despoblada tienen que estar representados, no sólo como representación territorial de Soria o Teruel, sino como la de una parte de España que es muy significativa y cuyo abandono tendrá consecuencias para todos”. 

España Vaciada critica especialmente que un tema como el de la deuda de las comunidades autónomas no se haya negociado primero con todos sus representantes en conjunto. “Se va a provocar un agravio comparativo incomprensible”, señala la plataforma en su último comunicado sobre la legislatura que ahora comienza. Guitarte pide a Cataluña y el País Vasco una “solidaridad mínima” con los territorios despoblados. “Que hagan las cuentas, pero que las hagan desde los años 40. ¿Cuánto valen las decisiones del Estado de asentar la industria en Cataluña y el País Vasco? ¿Toda la emigración forzada en nuestros territorios?”, reflexiona. Y apostilla: “Cataluña y el País Vasco no pueden hacer como que esto no fuese con ellos, son la cara positiva de la moneda en la que nosotros somos la negativa. Son los favorecidos del modelo de desarrollo y nosotros los olvidados que les aportamos materias primas, gente, conocimiento, mano de obra”. 

Sin la capacidad de arrancar compromisos que les daba el escaño entonces decisivo de Guitarte, la España Vaciada teme que no se desarrollen los acuerdos que “quedaron en mantillas” y que se ahonde en el desequilibrio territorial. “Muchos nos tememos que vamos a ser olvidados de nuevo, que al no tener presencia en el Congreso no se atiendan nuestras demandas”, dice Ceña. Una de las dudas que les rondan es si se mantendrá el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “No tenemos esa capacidad de presión que teníamos cuando al menos estaba Tomás, que consiguió la Secretaría General para el Reto Demográfico, aunque se quedó más en una oficina que en algo realmente práctico”, considera. Y lamenta: “Los recursos del ministerio han ido más a la otra pata, a la Transición Ecológica, porque en el fondo no teníamos suficiente presencia política para presionar”.

Partidos de izquierda como Más País defienden que la transición verde es precisamente la esperanza de la España despoblada. “El desastre climático va a obligar a volver a principios de cercanía, a volver a producir aquí, a que lo pequeño se revalorice, a que se viva de otra forma sin tanta necesidad de transporte; y este Gobierno es el único que puede hacer algo por esa transición verde”, esgrime Braulio Llamero, escritor y coordinador de Más País Castilla y León. Y continúa: “Ahí hay una esperanza que llegará, pero justo este tipo de ideas donde no calan nada es en la España despoblada, Vox ha conseguido presentar a los ecologistas como enemigos del campo”. 

Llamero, de Zamora, resta importancia a los pactos con Junts, ERC y el PNV. “Hay un sentimiento de agravio y ha pasado siempre. Los nacionalistas e independentistas siempre pasan la factura cada vez que hay un Gobierno estatal en minoría, eso de novedad tiene bien poco”. La sensación de agravio “aumenta exponencialmente cuando discutimos sobre los temas que tienen que ver con el clivaje centro-periferia, tanto en unos como en otros, y es muy fácil para los partidos políticos recurrir a este tema, porque moviliza mucho a sus votantes”, apunta Carolina Plaza Colodro, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. 

En los comentarios al gráfico del “pastel de los presupuestos” de Soria ¡Ya!, algunas personas recordaban también el papel de la Comunidad de Madrid. “Madrid lleva varias décadas funcionando como una aspiradora. Tengo 56 años, cuando yo terminé de estudiar, la gente se iba a Barcelona o al País Vasco, y ahora todo el mundo a Madrid. Aspira todo el talento y la energía de todas las comunidades circundantes”, afirma Ceña, secretario general del partido. “A Madrid no se le reconoce como nacionalismo, pero a efectos reales actúa como un polo de este tipo”, anota Guitarte.

“Al final, el dinero, las inversiones y las oportunidades fluyen hacia Madrid, por su propio peso demográfico, y a Cataluña y el País Vasco por esa capacidad de coacción parlamentaria”, concluye R., profesor de la escuela pública que ha expresado en redes su rechazo a los acuerdos de investidura. “En lugares como Zamora –continúa– sufrimos un doble abandono, tanto por parte del Gobierno central como del autonómico y por la misma razón. La ley electoral hace que el reparto de escaños en la provincia sea muy difícil de cambiar, por lo que PP y PSOE piensan que ya tienen todo lo que pueden conseguir, independientemente de lo que hagan”. 

Ya no es una sorpresa: TVE ha sido líder de audiencia durante la investidura de Pedro Sánchez por delante del resto de las televisiones, y se consolida así como referente cada vez que se produce un hecho de carácter institucional. Decimos que se consolida, pues en los dos últimos años ha sido capaz de superar las coberturas de La Sexta en debates y campañas electorales, en las que la cadena de Atresmedia había sido la más seguida durante el lustro anterior. El precedente más cercano se producía el pasado octubre con la cobertura de la jura de bandera de la Princesa de Asturias (22,3% de cuota), el Día de la Fiesta Nacional (48,4% de cuota y 2.526.000 espectadores, mejor dato en cuota desde 2007), los "Premios Princesa de Asturias", con su mejor dato desde 2010 o el especial Jura de la Constitución de la Princesa Leonor que logró un 24,2 global en la programación durante toda la mañana, con un 32,5 en el momento central.  

Al particularizar en las cifras de seguimiento de los debates de investidura de esta semana, conviene resaltar que nos referimos a datos globales de emisión en simultáneo de La 1 y el Canal 24 horas, ya que se trata de espectadores distintos y suman, por tanto, su porcentaje y número. Resulta así, que en la jornada del miércoles la cobertura informativa promedió en las sesiones de mañana y tarde 1.357.000 telespectadores y un 16,1% de cuota; en la mañana, el discurso de investidura del candidato fue lo más seguido, líder de su franja, con un 21% y casi 900.000 telespectadores; en algún momento fue visto por algo más de dos millones de personas (2.080.000). La sesión de la tarde, que se prolongó de 15:30 a 21:00 horas, fue seguida por 1.511.000 telespectadores y un 15,4% de cuota  En algún momento fue vista por casi 8 millones de espectadores (7.774.000). La cobertura informativa del debate en RTVE alcanzó en algún momento los 9.277.000 telespectadores, lo que supone un 20,1% de la población, y el minuto más visto de la sesión se produjo a las 20.49 horas, con 1.568.000 personas y un 12,8% de cuota de pantalla.

El jueves, el debate y la votación lograron un promedio del 25,7% de cuota y 5,6 millones de espectadores únicos siguieron la retransmisión en algún momento; por parcelas, el debate de investidura logró un 24,8% de cuota y 753.000 espectadores, y la votación fue seguida por 1.442.000 espectadores y un 29% de cuota. En algún momento fue vista por 2.322.000 espectadores. Como es habitual, en esta jornada se produjo un importante efecto arrastre sobre el resto de los informativos de TVE: El Telediario Matinal anotó un 18,1% de cuota y 220.000 espectadores. El TD-1 logró un 13,1% de cuota (1.371.000 espectadores) y el TD-2 un 12,6% y 1.634.000 espectadores. Por su parte, el espacio "La noche en 24 Horas", que dirige y presenta Xabier Fortes, y que se ha consolidado como espacio referente de debate político en las últimas horas de la noche, se elevó el miércoles hasta el 3,7 de cuota, y el jueves hasta el 2,9, a pesar de la competencia que suponía la transmisión de los Premios Grammy en La 1. 

En total, algo más de once millones de personas (11.097.000) han seguido en RTVE a lo largo del miércoles y el jueves algún momento de la cobertura informativa del debate, que ha alcanzado casi 16 horas de retransmisión. 

¡Por fin! Todos los desvelos han merecido la pena y todas las tribulaciones han sido consoladas, porque el colosal estadista Sánchez ha cumplido su destino manifiesto. ¡Gloria al titán de la socialdemocracia!

La felicísima entente progresista avanza con paso firme por la senda de los bienaventurados. ¡Dios los guarde muchos años! Los señores del pe ene uve se tientan el erre hache: "don Alberto, algún día contaremos lo que nos ofreció", dicen los guasones, como si ellos tuviesen costumbre de rechazar tajadas. Más. La chispeante portavoz de Junts (¡compañeros reconciliados!) pidió más competencias de inmigración (joder con la izquierda) y el simpatiquísimo Rufián, que vino para unos días pero al final decidió quedarse, levantó el dedito y se puso digno.

Mientras tanto, prosiguen las edificantes sentadas en Ferraz. La otra tarde, en el canal de un cejipoblado prócer del fascismo, un heroico constitucionalista quiso organizar una colecta para arrendar un sicario. El magnicidio: la moción de censura de la gente decente. Lo mejor de las protestas de derechas es que no incluyen batucada, ahí se nota la hidalguía. Con tanto aguilucho y brazo estirado, habrá quien los acuse (¡los ofendiditos!) de intransigentes, pero hay que reconocerles un prodigio integrador: yuxtaponer los avemarías y una procesión de muñecas hinchables no es algo que consiga cualquiera. Tengo que consultar con los teólogos, pero lo de pedirle a María Santísima que enchironen a Puigdemont me parece problemático. Más vale que la jugada surta efecto o toca reconocer que Dios Altísimo está por la amnistía. ¡Penitenciagite!

Bip, bip, ¡última hora! Pésimas noticias frente a la puerta de los leones. El valeroso patriota encadenado ha agotado su reserva de magdalenas y se ha rendido ante los rigores del otoño y las hambres. En su honor, la presidentísima del libertad se acercó al hemiciclo y llamó hijoputa al candidato rompe Españas. ¡Justicia para nuestro Prometeo!

En un giro inesperado de los acontecimientos, Beltrán, Cayetana, Bosco y Covadonga han descubierto la ferocidad del brazo represor del Estado. Pobres, una semana se les cae el rey (¡felpudo!, ¡masón!) y a la siguiente nuestros cuerpos y fuerzas. Ay, qué duros son los desengaños. En esta columna (Joaquín, el estilita) estamos contra la violencia policial y a favor de que los muchachitos de la u i pé se hagan un psicotécnico y un antidoping cada tanto; así que, camarada Pelayo, ¡compatriota Martina!, unámonos. Si el pesoe ha podido encamarse con la derecha burguesa y xenófoba, nosotros también podemos colaborar. Miradme, soy como vosotros, ¡blanco y católico!

Pero no todo es paz y armonía en los reinos de Su Sanchidad (Losantos dixit). Una amenaza quintacolumnista se yergue desde las entrañas de la coalición. Indignado por el ninguneo a sus cinco diputados (no importa el tamaño, sino el uso que se le da), el editorialista de Canal Red ha comparecido en cadena nacional: "desde el corazón del averno, te asesto esta daga". Al instante, la acorazada Echenique ha tocado a zafarrancho: puyitas en redes, pero quietecitos en los escaños. Si la cosa escala, no descarto que Monedero nos avergüence (otra vez) a ritmo de rap.

En fin, toda la Galia está pacificada. ¿Toda? Pues ya lo veremos. Viendo el ejemplo de los señoritos del tres per-cent, no descarto incitar a los muchachos del cantón de Cartagena o enrolarme en las milicias independentistas leonesas. En este país, si quieres que te hagan caso, tienes que armar jarana. Quien dice nación de naciones dice estados provincianos, oiga. Imaginen: la Serenísima República de Albacete. ¡Gloria bendita! Amigos de Teruel existe, gracias por señalarnos el camino.

La tercera investidura de Sánchez ha salido adelante con una mayoría más amplia, pero al tiempo con una composición más compleja y ajustada que las anteriores, ya que depende del binomio contradictorio de ERC y Junts en el independentismo catalán y que por otra parte carece del último recurso de un puñado de escaños para ejercer la manida geometría variable, aunque ya hace tiempo que ésta no era operativa por la sumisión de Ciudadanos a la estrategia de deslegitimación del conjunto de las derechas.

Un debate de investidura que ya se preveía tenso y polarizado, y que se ha correspondido con las expectativas y asimismo con los precedentes de la persistente delegitimación por parte de las derechas, ya desde la moción de censura y ahora con más contundencia aún frente a la coalición de izquierdas y con más saña contra los apoyos parlamentarios de investidura. Ahora, con el acicate del ajustado resultado electoral y del largo y polarizado periodo de investidura y de gobierno en funciones, lo que hace prever una legislatura con una oposición más dura si cabe.

Finalmente, la nueva mayoría de investidura integra por primera vez a los independentistas del Junts de Puigdemont, que se suman a ERC en torno al compromiso de la ley de amnistía. Amnistía que no solo significa el paso obligado para el apoyo de Junts, sino que supone también dar continuidada la estrategia política y de reconciliación, pero sobre todo como forma de evitar la llegada de la ultraderecha haciendo, en palabras del propio Sánchez, de la necesidad virtud.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no se ha esmerado en explicar la amnistía como una evolución lógica de los indultos y de la reforma penal realizadas, que fueron parcialmente bloqueadas por los tribunales, y que de haber tenido éxito la hubieran hecho poco menos que innecesaria.

El que suscribe ha sido partidario de una respuesta constitucional al Procés, pero he sido crítico con la aplicación del artículo 155 y ante todo contrario a la judicialización y a las largas penas dictadas por sedición y malversación. Una respuesta desproporcionada en clave del tan querido género de la tragedia nacional. Esa es la razón por la que también apoyé en su momento la reforma conjunta del código penal y de los indultos, como alternativa a la reivindicación de la amnistía por parte de los independentistas, algo que sin embargo el Gobierno de coalición fue desgranando a lo largo de la pasada legislatura, dando con ello la oportunidad a su desactivación parcial por parte de la derecha política y judicial. Una razón por la que ahora comparto la solución de la amnistía como el camino más rápido y eficaz para pasar página de las consecuencias penales del Procés y retomar la vía de la solución política a los problemas de naturaleza política.

Se trata de otra novedad de las que le ha tocado lidiar al Gobierno de coalición, otro reto que se añade a la novedad de la moción de censura que dio lugar al Gobierno Sánchez, para más adelante sumar la novedad del primer gobierno de coalición progresista. Como si no fuera suficiente con los desafíos provocados por la cadena de catástrofes de la pandemia, la guerra y la crisis climática.

Es a partir de ahora cuando la derecha tiene que digerir la contradicción entre su proclamada mayoría electoral y el dogma de su derecho a gobernar, frente a la realidad de la derrota por parte de una mayoría de investidura alternativa, alcanzada por la capacidad de pacto de la izquierda y el rechazo a la ultraderecha. Una gestión del duelo que posiblemente le costará años.

La oposición conservadora ha acentuado hasta el límite la polarización acusando al presidente en funciones de fraude, de corrupción y de mercadeo, con el único objetivo de mantenerse en el poder. Sin embargo, sigue jugando a combinar la imagen de radicalidad y la de moderación, pero en realidad al rebufo de la estrategia de la ultraderecha, todo para no despegarse de sus hermanos separados. Tan solo ha llegado a reconocer in extremis la legitimidad del nuevo gobierno primero con la palabra y finalmente con un gesto de felicitación, ambas también a medias.

En este marco, la ultraderecha ha seguido haciendo cosas de ultraderecha, ya sin prejuicios, con acusaciones de golpe de Estado y saliendo del Congreso a manifestarse ante la sede del PSOE, a pesar de los hechos violentos de cada noche. Y de nuevo con la amenaza y el chantaje al PP de provocar la inestabilidad en las CCAA que gobiernan si finalmente no impide la tramitación de la ley de amnistía en el Senado.

Mientras tanto, entre la mayoría de investidura se consolida la alianza con Sumar y se expresa en el debate el relato de la desconfianza del independentismo, aunque manteniendo el voto y la estabilidad, a pesar de la dinámica de competencia entre Junts y ERC.

Una vez elegido el presidente y el Gobierno de coalición, queda por delante una legislatura en la que se mantiene una perspectiva positiva de crecimiento e inflación a lo que se suma la gestión de los voluminosos fondos europeos pendientes. Una legislatura con más desarrollo reglamentario que con exigencias legislativas. Un periodo en que será necesario mantener la iniciativa social para evitar el monólogo territorial y de los tribunales.

En resumen, una mayoría de investidura más amplia pero más compleja y contradictoria que anuncia más incertidumbre, aunque con unos partidos ya experimentados en la gestión de la pluralidad parlamentaria, y con una oposición que se sitúa entre la confrontación manteniendo la tentación de la estrategia de deslegitimación.

Se demuestra que lo decisivo es saber sumar dentro de los partidos y en el Gobierno de coalición, así como con la mayoría de investidura.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sacado pecho de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña que aplicó su Ejecutivo y ha arremetido contra el socialista Pedro Sánchez por ir "contra la Constitución y contra la ley". Dicho esto, ha llamado a la "resistencia cívica" frente al "proyecto de mutación constitucional" que pretenden el PSOE y sus socios, ya que, según ha dicho, están ante la legislatura "más decisiva" de las últimas décadas.

En la presentación del desayuno del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, organizado por el foro Nueva Economía, Rajoy ha recalcado que hay que "seguir defendiendo la necesaria igualdad de los españoles" ante "tanto ruido y tanta falsedad" de Sánchez.

Rajoy ha recalcado que un Gobierno y una mayoría parlamentaria "no pueden ir contra la ley ni contra la Constitución" y ha subrayado que "eso es lo que está en juego en esta legislatura" después de que los socios de Sánchez hayan "dejado explícito su chantaje": amnistía y autodeterminación.

"Todos sabemos que ninguna de las dos cabe en la Constitución, hasta tal punto que han hecho una ley de amnistía que en su exposición de motivos se dedica a explicar por qué la ley es constitucional. Nunca había visto yo esa suerte de técnica jurídica", ha exclamado.

Rajoy ha recordado que cuando estaba en Moncloa tuvo que tomar decisiones "relacionadas" con lo que hoy están viviendo, tras la declaración unilateral de independencia en 2017, y ha subrayado que sus decisiones "fueron distintas e incompatibles con lo que está sucediendo hoy en España". "No estoy de acuerdo en nada", ha proclamado.

En este sentido, ha señalado que él aplicó el 155 y defendió la ley y la Constitución, con decisiones que "tuvieron el apoyo del Poder Judicial y de la inmensa mayoría de los ciudadanos". "Aplicar el artículo 155 sirvió para defender la Constitución y la ley. Lo que se está haciendo ahora va en la dirección contraria, va contra la Constitución y contra la ley", ha proclamado, para avisar que Sánchez ha "generad la mayor etapa de polarización y división" que él ha visto a lo largo de su vida.

"El artículo 155 supuso un mensaje nítido y claro, y es que la democracia española tiene instrumentos para defenderla y cuando se le ataca, si hay un Gobierno serio al frente, se defiende", ha dicho, para añadir que ahora el mensaje que se ha dado es "dar alas a quienes pretenden liquidar" el texto constitucional.

Rajoy ha asegurado que se ha dicho que estos años se ha producido "una pacificación gracias al inicio de una etapa de diálogo" y ha rechazado esa manifestación del Gobierno de Sánchez porque, a su juicio, "la pacificación consiste en aplicar la ley". "La pacificación consiste en aplicar la ley y cuando se aplica la ley, cuando se puso en marcha el 155, nadie volvió a intentar liquidar la Constitución y la ley porque sabían exactamente que había un instrumento que los podía poner, como se hizo en su día, en su sitio", ha declarado.

Rajoy ha reconocido que están ante la legislatura "complicadísima" en la que la economía "se está parando" y llevan "mucho tiempo sin hacer reformas", con "serios problemas de desajustes en el mercado de trabajo y crecientes desequilibrios económicos". "Pero por encima de todo esta es la legislación más decisiva de las últimas décadas porque se van a poner a prueba la fortaleza y la dependencia de nuestras instituciones, el coraje de la sociedad civil y la responsabilidad de todos. Estamos ante una legislatura decisiva para el futuro de nuestra comunidad y para la vigencia de nuestro texto constitucional", ha aseverado.

Tras asegurar que a Sánchez le toca gobernar para el conjunto de la sociedad, y no para su mayoría parlamentaria, ha indicado que "convendría una rectificación y no hacer más daño del que se está haciendo en estos momentos". Es más, ha señalado que un gobernante "no debe engañar" ni hacer de forma "sistemática" lo contrario de lo que prometió a sus votantes, ni tampoco debe "levantar muros entre españoles".

Así, ha dicho que la "principal propuesta que se le ha hecho a la sociedad" en el debate de investidura "es levantar un muro contra al menos 11 millones de españoles", abriendo "la mayor etapa de división y polarización de la reciente historia de España".

Rajoy ha señalado que en España hay libertad de expresión "hasta para las mentiras más grotescas" pero ha alertado de que "lo peor de esa mentira es que busca justificar un plan deliberado para socavar la independencia de la justicia en España". "Esto es lo que negro sobre blanco se plasma en los acuerdos políticos que han permitido la investidura. Esos acuerdos son una descalificación intelectual y moral de la democracia española", ha avisado.

Tras asegurar que será en Bruselas donde se haga el control al Gobierno de Sánchez y "donde se le ponga fin", ha indicado que "lo que define el arranque de esta legislatura es la protesta masiva e inédita en democracia de los jueces españoles por unos acuerdos políticos que liquidan la separación de poderes y el principio del imperio de la ley".

"Eso y las propuestas multitudinarias y pacíficas de cientos de miles de ciudadanos que han dicho que no quieren que les cambien por la puerta de atrás su modelo de convivencia y también la reacción de todo el mundo de las asociaciones de todo tipo de personas a título individual de ideologías diferentes algo que nunca hemos visto en democracia desde que ésta volvió a España a finales de los años 70", ha destacado.

De hecho, Rajoy ha destacado que este sábado se verá en la calle otro testimonio de "ese coraje democrático", en alusión a la protesta de la sociedad civil en Cibeles y ha resaltado que en España hay "talento, energía e inteligencia suficientes" para "para resistir ese proyecto de mutación del pacto constitucional". "Creo que tenemos instituciones sólidas y ciudadanos comprometidos con su democracia", ha aseverado, para añadir que gente "de todo tipo" ha expresado su "oposición total" y su "indignación", "muy justificada", ante lo que está sucediendo en España.

Dicho esto, el expresidente del Gobierno ha indicado que el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo -presente en este foro- es el "mejor instrumento para dar la respuesta política a esta situación y para liderar la resistencia cívica al desafío planteado". A su juicio, el presidente del PP es la persona "más preparada, intelectual, política y social y moralmente para tirar abajo ese muro de sectarismo que algunos empeñan en construir".

"Frente a una mayoría parlamentaria que es un sindicato deslavazado de intereses contradictorios, el Partido Popular ofrece el mismo compromiso con la Constitución y el bienestar en todos los rincones de España", ha manifestado. Finalmente, ha dicho estar "muy honrado" de presentar la conferencia de Alfonso Rueda, al que ha retratado como una persona de "fiar" y un político "moderado, sensato y equilibrado", "cualidades muy importantes en un gobernante" y que hoy son "poco abundantes".

Vivimos a tal velocidad que a los cinco minutos de resolverse la investidura más compleja de la historia democrática (a excepción de la del 23F) ya saltan en todas las pantallas las quinielas sobre la formación de Gobierno. Vayamos por partes. Porque en los últimos dos días han ocurrido algunas cosas trascendentes para España.

Cambio de pantalla. Conoceremos en los próximos días el dibujo del nuevo Gobierno, que aportará pistas sobre prioridades y también sobre liderazgos, en especial el de Yolanda Díaz en Sumar y sobre la gestión de las tensiones con Podemos. Pero se equivocará (creo, y disculpen la osadía) quien crea que lo que se juega en esta legislatura es la dirección de un partido o de una facción. Lo trascendente es quién se pone al frente de una nueva comprensión democrática de España: la que refleja (sin rupturas ni violencias ni aspavientos) una realidad plurinacional.

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(Aquí y aquí se pueden leer las anteriores entregas de estos 'Apuntes de investidura').